300Corte SupremaCorte Suprema30030009296JULIO SALGADO VASQUEZ197621/10/1976JULIO SALGADO VASQUEZ_1976_21/10/197630009296DERECHO DISCIPLINARIO Tutela la lealtad de los servidores públicos para con la administración oficial desde Jo ángulos: Cumplimiento de los deberes a su cargo y comportamiento social. - TRIBUNA DISCIPLINARIO. - Tiene competencia para sancionar disciplinariamente a los Magistral dos de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros de Estado y Procurador General, limitada en cuanto a la posibilidad de imponer sanción de destitución Corte Suprema de Justicia .- Sala Plena. (Magistrado ponente: doctor Julio Salgado Vásquez). Aprobado acta número 34 de 21 de octubre de 1976. Bogotá, octubre veintiuno de mi] novecientos setenta y seis. Vistos: 1976
FELIX J LIEVANO BALAYANumeral 3 del artículo 97 del Decreto-ley 250 de 18 de febrero de 1970 Y El artículo 108 del mencionado Decreto-ley 250 y el numeral l9 del artículo 7º de la Ley 20 de 1972Identificadores30030009297true82108Versión original30009297Identificadores

Norma demandada:  Numeral 3 del artículo 97 del Decreto-ley 250 de 18 de febrero de 1970 Y El artículo 108 del mencionado Decreto-ley 250 y el numeral l9 del artículo 7º de la Ley 20 de 1972


DERECHO DISCIPLINARIO

Tutela la lealtad de los servidores públicos para con la administración oficial desde Jo ángulos: Cumplimiento de los deberes a su cargo y comportamiento social. - TRIBUNA DISCIPLINARIO. - Tiene competencia para sancionar disciplinariamente a los Magistral dos de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros de Estado y Procurador General, limitada en cuanto a la posibilidad de imponer sanción de destitución

Corte Suprema de Justicia .- Sala Plena.

(Magistrado ponente: doctor Julio Salgado Vásquez).

Aprobado acta número 34 de 21 de octubre de 1976.

Bogotá, octubre veintiuno de mi] novecientos setenta y seis.

Vistos:

Cumplido el trámite previsto por el Decreto 432 de 1969, se procede a fallar la demanda formulada por el ciudadano colombiano Félix J. Liévano Balaya, en ejercicio de la acción de inexequibilidad consagrada por el artículo 214 de la Codificación Constitucional, contra las siguientes normas legales:

a) Numeral 3 del artículo 97 del Decreto-ley 250 de 18 de febrero de 1970, por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio Publico, en cuanto sanciona con la destitución a los Magistrados de la Corte Suprema de .Justicia, a los Consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación, por faltas disciplinarias.

b) El artículo 108 del mencionado Decreto-ley 250 y el numeral l9 del artículo 7º de la Ley 20 de 1972, por la cual se determinan la competencia y el funcionamiento del Tribunal Disciplinario, en cuanto facultan a dicha corporación para destituir, por faltas disciplinarias, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los Consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación.

El texto de las normas acusadas es el siguiente:

"DECRETO-LEY 250 DE 1970

"Artículo 97, Independientemente de las sanciones penales a que hubiere lugar a los funcionarios y empleados judiciales y del Ministerio; Público que incurran en las faltas enunciadas en este título, se les aplicará, según la gravedad, de la infracción, los antecedentes y lo dispuesto expresamente en la ley, una de estas sanciones:

"1. ...

"2. ...

"3. Destitución".

"Artículo 108. Corresponde al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas disciplinarias de los Magistrados de la .Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado".

"LEY 20 DE 1972

''Artículo 7º Son atribuciones del Tribunal Disciplinario:

"1. Conocer en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias que se adelanten contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado, el Procurador General de la Nación..."

Fundamentos de la demanda.

Estima el demandante que las normas acusadas, violan el artículo 97, reglas 2ª y 4ª él y artículo 102, atribuciones 4ª y 5ª de la Codificación Constitucional, porque esos textos le confieren competencia exclusiva al Senado de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes para juzgar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los Consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación, por una parte; y le dan atribución de imponerles la pena de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. En cambio, las normas demandadas desconocen la ordenación constitucional contenida en los articulos supradichos, porque la atribución otorgada al Senado, se la adscriben al Tribunal Disciplinario.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador General de la Nación ha conceptuado en el sentido de que las normas acusadas son exequibles, por ser simples desarrollos del artículo 73 del Acto legislativo numero 1 de 1968 (articulo217 de la actual Codificación Constitucional), que modifico los articulos 102, atribución 4ª, y 92 regla 2ª de la Carta, al asignarle al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Se considera

El derecho disciplinario tutela la lealtad de los servidores públicos que deben tener para con la administración oficial. Esta lealtad tiene dos variantes: la una hace relación al estricto cumplimiento de los deberes que el servidor público tiene a su cargo, a efecto de que la administración no sufra perturbaciones en su funcionamiento, o sea, que los servicios públicos funcionen normalmente; la otra apunta hacia el comportamiento social de los servidores públicos, a fin de que el decoro de estos no sufra desmedro.

La Administración Pública resulta lesionada, de manera directa, cuando sus servidores no cumplen a cabalidad, los deberes inherentes al servicio a su cargo, de tal manera que los usuarios sufran las consecuencias de su mal funcionamiento. En cambio, no obstante que tales servidores cumplan tales deberes, la administración seria perjudicada, de madera indirecta, cuando sus funcionarios actúan dentro el ámbito social de manera indecorosa, porque el prestigio del Estado se ve seriamente mermado cuando sus funcionarios han adoptado una conducta incompatible con su misión. Esta conducta desviada puede consistir en la comisión de delitos y contravenciones, o en comportamientos contrarios a los buenos usos sociales, tales como ejecutar acciones inmorales, que acarrean la desaprobación social.

Constitución de 1886 dispuso, en su artículo 160:

"Los Magistrados y Jueces no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos sino á virtud de sentencia judicial".

La norma general del articulo 160 fue exencionada por el artículo 102, numeral 4, al establecer que la acción penal únicamente podrá ejercitarla la Cámara de Representantes contra el Presidente y el Vicepresidente de la Republica, los Ministros del Despacho, los Consejeros de Estado, el Procurador General de la Nación y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero la acusación debía ser formulada ante el Senado, cuya misión consistía en juzgar a los acusados, cuando la incriminación se refería a "delitos cometidos en ejercicio del cargo, o indignidad por mala conducta", y, cuando la acusación se fundaba en delitos comunes, "el Senado se limitara a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa" ante la Corte Suprema.

En los casos de juzgamiento por indignidad por mala conducta, lo mismo que cuando se trate de delitos oficiales, el Senado tiene la atribución de destituir a los acusados.

Este sistema siguió vigente hasta cuando entro a regir el Acto legislativo numero 1 de 1945 cuyo artículo 64 introdujo un importante modificación, consistente en distinguir los casos de sanciones penales originados en delitos de las que provenían del derecho disciplinario:

"Los Magistrados y los Jueces no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que determine la ley, ni dispuestos por causas de infracciones penales sino a virtud de sentencia judicial proferida por el respectivo superior.

"Los Magistrados y Jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias impuestas por el respectivo superior, que podrán consistir en multas, suspensión o destitución en la forma que determine la ley.

Los textos trascritos forman parte de la actual Codificación Constitucional, pues son los incisos primero y segundo del artículo 160, cuya finalidad no es otra que la de asegurar la independencia de los administradores de la justicia ante los posibles desmanes de los encargados de la Rama Ejecutiva del poder Público.

Un nuevo principio trajo el artículo 64 del Acto legislativo numero 1 de 1945, cual es el de que el legislador, al dictar las normas procesales sobre la competencia para el juzgamiento de los Magistrados y Jueces, tiene la obligación de conferirla al respectivo superior del funcionario judicial acusado.

Así lo ha entendido la Corte Suprema como se demuestra con el fallo del 4 de abril de 1974, que declaro inexequible el artículo 7º de la Ley 20 de 1972 "en la parte que adscribe al Tribunal Disciplinario el conocimiento de los procesos que se tramitan contra los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial" y con la sentencia de 13 de noviembre de 1975, que también declaró inexequible el mencionado artículo 7º de la Ley 20.de 1972, "en la parte que adscribe al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas disciplinarias que se tramiten contra los Magistrados de los Tribunales Superiores de Aduanas y Seccionales de lo Contencioso Administrativo'''. En estos .casos la ley violó el artículo 160 de la Carta porque dio competencia, para el juzgamiento de los acusados por faltas disciplinarias, a una corporación, como lo es el Tribunal Disciplinario, que no es el superior jerárquico de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de Aduanas y seccionales de lo Contencioso Administrativo, pues los integrantes de los dos primeros Tribunales son elegidos por la Corte Suprema de Justicia y los del último por el Consejo de Estado.

Por el artículo 68 del Acto legislativo número 1 de 1945 se dispuso que "la ley establecerá y organizará un Tribunal de Conflictos encargado de dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdicción común y la administrativa". Nunca funcionó dicho Tribunal.

Por último, este artículo 68 que ocupó el lugar del 217 de la Codificación Constitucional, fue reemplazado por el artículo 73 del Acto legislativo número 1 de 1968, en los siguientes términos:

"El conocimiento de las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corresponde al Tribunal Disciplinario, el cual estará también encargado de dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdicción común y la administrativa. La ley determinará su composición y demás funciones".

En un principio se consideró que tal norma había creado la jurisdicción disciplinaria, con competencia excluyente para conocer de toda suerte de procesos por faltas disciplinarias. Y partiendo de tal supuesto se dictó la Ley 20 de 1972, entre cuyos ordenamientos se incluyeron determinaciones contrarias al precepto del respectivo superior que consagra el artículo 64 del Acto legislativo número 1 de 1945 (artículo 160 de la Codificación Constitucional). Pero se cayó en la cuenta de que el artículo 73 del Acto legislativo número 1 dé 1968 se limitó a adscribirle al Tribunal Disciplinaria el conocimiento de procesos por faltas disciplinarias de los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sin que derogara el precepto del juzgamiento de los Magistrados y Jueces por el respectivo superior.

De parejo modo, la competencia del Tribunal Disciplinario para el juzgamiento de los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado lo mismo que del Procurador General de la Nación, no implica la modificación de la garantía política que tienen tales funcionarios de no ser destituidos sino por el Senado en los únicos casos en que la acusación verse sobre delitos cometidos en ejercicio del cargo ó por indignidad proveniente de mala conducta.

Cuando la acusación se funda en delitos comunes, los funcionarios mencionados serán justiciables por la Corte Suprema de Justicia, y podrán ser destituidos por ésta si la ley penal contempla tal clase de sanciones para el delito porque se Ies juzga conforme al auto de proceder.

La competencia del Tribunal Disciplinario para conocer de los procesos por faltas disciplinarias de que sean acusados los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado y el Procurador General de la Nación se encuentra limitada por al mandato de la regla segunda del artículo 97, y de la atribución cuarta del artículo 102 de la Carta institucional, en cuanto les garantizan a esos funcionarios que solamente pondrán ser destituidos de sus empleos por el Senado en los casos de delitos oficiales y de indignidad por mala conducta. De tal manera que el Tribunal Disciplinario no puede destituirlos, porque esa sanción la reserva la Constitución para que la fulmine el Senado, en los dos casos mencionados.

Por regla general el Tribunal, Disciplinario únicamente puede sancionar con las penas de multa y suspensión del cargo a los Magistrado, de la Corte Suprema, a los Consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación, cuando sean procesados por faltas disciplinarias, porque la regla segunda del artículo 97 de la Carta.les; ha acordado la garantía de que sólo pueden ser destituidos en los siguientes casos:

a) Por el Senado de la República cuando son procesados por "delitos cometidos en ejercicio de funciones" o por "indignidad por mala conducta", y

b) Por la Corte Suprema de Justicia cuando se les juzga por delitos comunes, siempre que la ley penal señale la sanción de destitución para el delito por el cual sea juzgado cualquiera de los aludidos funcionarios.

Pero el Tribunal Disciplinario tiene, como competencia excepcional, la atribución de destituir a Magistrados de la Corte Suprema en los casos de mora en la tramitación de las acciones de exequibilidad referentes a los decretos dictados por el Gobierno en uso de las facultades otorgadas por los artículos 121 y 122 de la Constitución.

El artículo 214, referente a la mora en que incurran el Procurador General de la Nación, la Sala Constitucional y la Corte Suprema, de Justicia, en la tramitación, de las acciones de inexequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de todas las leyes y decretos-leyes cuando fueren acusados de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano, se limita a expresar que esa mora "es causal de mala conducta que será sancionada conforme a la ley", sin indicar la pena imponible.

Dos interpretaciones podrían surgir para fijar el alcance del artículo 214:

a) Como la mora en la tramitación, de las acciones de inexequibilidad de los decretos dictados por el Gobierno, en uso de las facultades que le confieren la declaratoria del estado de sitio y del estado de emergencia, trae la consecuencia de la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia responsables de la mora, por el Tribunal Disciplinario, resulta lógico predicar que el incumplimiento de los términos para tramitar las acciones de inexequibilidad consagradas por el artículo 214, debe equipararse a la mora que los artículos 121 y 122 sancionan con la destitución, de los Magistrados que en ella hayan incurrido. Por tratarse, en los tres casos contemplados por los mencionados textos constitucionales, de incumplimiento de los términos dentro de los cuales deben tramitarse las acciones cuya, finalidad es "la, guarda de la integridad de la Constitución", y si dos de esos casos implican la destitución de los responsables, por analogía debe también concluirse que la ley debe sancionar con la destitución a los Magistrados de la Corte Suprema y al Procurador General de la Nación cuando incurren en la mora descrita por la segunda fracción del último inciso del artículo 214.

b) La analogía en materia punitiva es herejía jurídica que encuentra en el artículo 26 de la Carta insalvable obstáculo. En efecto, pará, que un ateto pueda ser imputado como infracción penal o disciplinaria se requiere, entre otros requisitos, que una ley preexistente a la comisión del acto describa la conducta como punible y señale la sanción imponible. Si el artículo 214 de la Constitución describe la mora en la tramitación de las acciones de inexequibilidad contempladas en él como "causal de mala conducta que será sancionada conforme a la ley", y como el artículo 97, regla cuarta, ha consagrado la garantía política de que los Magistrados de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación sólo pueden ser destituidos por el Senado y la Corte, la ley no podría sancionar con la destitución la falta cuya descripción típica suministra el último inciso del artículo 214, porque violaría el artículo 97.

Tesis de la Procuraduría General de la Nación.

Ha aducido varias tesis que no las comparte la Corte, como son la de que las normas constitucionales pueden ser derogadas tácitamente por otros preceptos de la misma categoría, o, expresamente, por una ley ordinaria, cuando el texto constitucional defiere a la ley la reglamentación de sus ordenaciones.

Si la Constitución es el código fundamental, por cuanto organiza institucionalmente el Estado, cada una de sus normas es de característica excepcional, porque sirven de pauta para que el legislador estructure el orden jurídico en sus notas esenciales. La derogatoria tácita de las normas constitucionales plantearía situaciones dé confusión y de anarquía, porque cada una de ellas encierra una decisión política, que ha sido adoptada de manera consciente por los partidos políticos, a través de los cuales se canaliza la opinión de los ciudadanos. El derecho público descansa sobre acuerdos de las colectividades políticas. Cada texto constitucional es el resultado de una decisión de esa estirpe cuya vigencia se extiende hasta el momento en que otra decisión de similar carácter la reemplace, pero no por la puerta falsa de la derogatoria tácita que se prestaría para que fuera desconocida la organización jurídica proveniente de las determinaciones expresas del poder constituyente.

Cuando un texto constitucional faculta al legislador para que reglamente sus ordenaciones, resulta obvio entender que la ley que se dicte en cumplimiento del texto de la Carta no puede modificar o derogar preceptos constitucionales, porque tal ley estaría violando el artículo 218 de la Constitución.

Cuando el artículo 73 del Acto legislativo número 1 de 1968 (artículo 217 de la Codificación Constitucional vigente), dispuso que la ley determinaría la composición y demás funciones del Tribunal Disciplinario, no autorizó a la Ley 20 de 1972, "por la cual se determinan la composición y el funcionamiento del Tribunal Disciplinario" a reformar el artículo 97, regla segunda, de la Constitución, entre otras razones, porque la ley no puede derogar o modificar la Carta, por ocupar ésta el vértice de la pirámide que conforma el orden jurídico.

También considera la Procuraduría General de la Nación que el artículo 73 del Acto legislativo número 1 de 1968 (artículo 217 de la Codificación Constitucional), por haber sido aprobado con posterioridad a la fecha en que comenzó a regir el artículo 97 de la Constitución de 1886, modificó, el mencionado texto.

La Procuraduría acierta cuando sostiene que la norma posterior puede reformar la que regia con anterioridad, si lo hace en forma expresa, pero desacierta cuando afirma que el artículo 73 del Acto legislativo número 1 de 1968 ¡reformó la regía segunda del artículo 97, y consecuencialmente, la atribución cuarta del artículo 102 de la Carta, porque el texto de 1968 se limitó afijar la competencia del Tribunal Disciplinario para conocer de las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en tanto que los artículos 97 y 102 señalan condiciones de procedibilidad indispensables para el juzgamiento de los mencionados Magistrados y del Procurador General de la Nación, y les garantiza la permanencia en sus .cargos, mediante la atribución exclusiva al Senado y a la Corte Suprema de poder destituirlos como ya quedó explicado:

Consideraciones finales.

Las razones expuestas son suficientes para concluir que las normas acusadas son exequibles en cuánto adscriben al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; de los Consejeros de Estado y del Procurador General de la Nación, pero resultan inexequibles en cuanto atribuyen al Tribunal Disciplinario el juzgamiento de dichos funcionarios en los casos de indignidad por mala conducta, y en cuanto desconocen la garantía constitucional de que solo pueden ser destituidos por el Senado y la Corte Suprema de Justicia, salvo las excepciones establecidas por los artículos 121 y 122 de la Carta.

Este fallo no es incompatible con la sentencia de 4 de abril de 1974, que declaró la exequibilidad del numeral del artículo 7º de la Ley 20 de 1972" en la parte que adscribe al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas que cometa el Procurador General de la Nación", porque en esta oportunidad se estudia ese mismo texto desde un punto de vista diverso, como lo es el de que la ley no le puede adscribir al Tribunal Disciplinario una competencia que la Constitución le ha otorgado al Senado, ni puede desconocer la garantía que la Carta le ha acordado al Jefe del Ministerio Público de no poder ser destituido sino únicamente por el Senado y la Corte Suprema de Justicia.

La decisión.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

1. Es EXEQUIBLE el artículo 97, numeral Decreto extraordinario número 250 de 1970, en cuanto se refiere a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la sanción de destitución de los mismos funcionarios por faltas disciplinarias pero únicamente cuando la destitución tenga por fundamentó la mora en la tramitación de las acciones de inexeqilibilidad contempladas por los artículos, 121 y 122 de la Constitución Política de Colombia, y se declara INEXEQUIBLE en relación con las demás faltas disciplinarias en cuando ellas impliquen la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal Disciplinario. .

2.Es EZEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 20 de 1972, en la parte que dice: "1. Conocer en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias que se adelanten contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia..", pero únicamente cuando la destitución tenga por fundamento la mora en la tramitación de las acciones de inexequibilidad contempladas por los artículos 121 y 122 de la Constitución Política de Colombia y se declara INEXEQUIBLE en relación con las demás faltas disciplinarias, las cuales no pueden ser sancionabas por el Tribunal Disciplinario con la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

3. Es INEXEQUIBLE el artículo 97, numeral 3º del Decreto extraordinario número 250 de 1970 en cuanto se refiere a los Consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación, porque tales funcionarios solamente pueden ser destituido por el Senado y la Corte Suprema de Justicia.

4. Es exequible el artículo 7º de la Ley 20 de 1972, en la parte que dice: "Conocer en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias que se adelanten contra... los Consejeros de de Estado... el Procurador General de la Nación", pero dicha competencia queda restringida a la aplicación de las sanciones de multas y suspensión del cargo.

Publíquese, comuníquese al Gobierno e insértese en la Gaceta Judicial.

Alejandro Córdoba Medina,

Mario Alario D'FIippo,

Jerónimo Argáez Castello,

Jesús Bernal Pinzón,

Aurelio Camocho Rueda,

José Gabriel de la Vega,

José María Esguerra Samper,

Germán Giralda Zuluaga,

José Eduardo Gnecco Correa,

Gustavo Gómez Velásquez,

Juan Manuel Gutiérrez Lacouture,

Juan Hernández Sáenz,

Álvaro Luna Gómez,

Humberto Murcia Ballén,

Alberto Ospina Botero,

Hernando Rojas. Otálora,

Luis Enrique Romero Soto,

Julio Salgado Vásquez,

Luis Sarmiento Buitrago,

Eustorgio Sarria,

Pedro Elías Serrano Abadía,

Ricardo Uribe 'Holguín,

José María Velasco Guerrero,

Rodrigo Noguera Laborde, Con juez.

Ángel Antonio Cardozo González, Secretario.

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Salvamento de voto.

Con el respeto que nos merece la corporación y los distinguidos colegas de la mayoría, nos vemos en la necesidad de salvar voto en relación con el fallo que precede, acogiendo la ponencia aprobada unánimemente por la Sala Constitucional, con la aclaración de que contiene una consideración más, que resume el criterio del Conjuez doctor Rodrigo Noguera Laborde y de los Magistrados doctores Ricardo Uribe Holguín y Aurelio Camacho Rueda, expuestos en las sesiones de la Sala Plena.

Consideraciones:

Primera.

1. El actor estima quebrantados por las normas que acusa, los artículos 97 y 102 de la Constitución Política.

2. Después de exponer su criterio sobre el contenido y alcance de los anteriores preceptos, textualmente dice:

"En otros términos, el Tribunal Disciplinario no tiene competencia constitucional para ejercer las funciones que la misma Constitución señala como de competencia privativa de la Cámara de Representantes, para acusar, y las que, también en forma privativa, le señala al Senado para juzgar y sancionar.

"De este análisis también se desprende que los artículos 97 y 108 del Decreto 250 de 1970 y el artículo 7º de la Ley 20 de 1972…, son parcialmente inconstitucionales, en cuanto señalan sanción de destitución, sin excluir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los Consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación, por causales de indignidad por mala conducta, lo cual resulta contrario a la reserva del fuero constitucional de que gozan estos altos funcionarios, por mandato expreso de Constitución.

"Creo que es de claridad meridiana que cualquier falta disciplinaria, que en el fondo entrañe mala conducta por parte de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de un Consejero de Estado o del Procurador General de la Nación, que genere la destitución del empleo, tiene que ser forzosamente una falta, contra la dignidad del cargo, cuyo juzgamiento y sanción corresponde, por competencia constitucional y privativa, al Senado de la República, El legislador no puede, porque la Constitución no lo permite, atribuir al Tribunal Disciplinario el conocimiento de faltas que acarreen la destitución de un Magistrado de la Corte, de un Consejero de Estado o del Procurador General de la Nación".

Segunda.

1.El artículo 160 de la Constitución, 65 del Acto legislativo 1 de 1945, prescribe que los Magistrados no pueden ser suspendidos en el ejercicio de su cargo "sino en los casos y con las formalidades que determine la ley, ni depuestos por causa de infracciones penales (sé subraya), sino en virtud de sentencia judicial proferida por el respectivo superior". Mas, el inciso 2° del mismo artículo advierte que " los Magistrados... estarán sujetos a sanciones disciplinarias impuestas por el respectivo superior, que podrán consistir en multas, suspensión o destitución, en la forma que determine la ley" (se subraya). Este último precepto corresponde al artículo 64 del expresado Acto legislativo1 de 1945.

2.Del cotejo de las dos disposiciones anteriores, se deduce que lo prevenido en el artículo 55 del A.L. 1 de 1945, se refiere a "infracciones penales", verdaderos delitos, y lo reglado en el artículo 64, a faltas disciplinarias, de contenido y entidad diferentes, como también lo es "la indignidad por mala conducta".

Tercera.

1 Es verdad que conforme a los artículos 96 y 97 de la Carta, corresponde al Senado conocer y fallar las causas que promueva la Cámara de Representantes," por razón de delitos cometidos en ejercicio de funciones o por "indignidad por mala conducta" contra los Magistrados de la ' Corte Suprema de Justicia y el Procurador" General de la Nación. Mas también lo es que la "in-dignidad por mala conducta" a que este precepto se refiere, no excluye el juicio y la sanción por la denominada "falta disciplinaria que es conducta diferente de la primera, y los cuales son del resorte del Tribunal Disciplinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del mismo estatuto superior y en las normas de la Ley 20 de 1972, en-relación con las del Decreto-ley 250 de 1970, que desarrollan el último citado mandato constitucional. Precisamente, el actor incurre en esta confusión, y por ende, sus conclusiones son equívocas.

2. Esta ha sido la interpretación jurídica y la doctrina de la Corte sobre la materia. En armonía con ellas profirió el fallo de 4 de abril de 1974; que en su parte positiva declaró: "En síntesis, el juzgamiento del Procurador General de la Nación corresponde constitucionalmente al Congreso cuando se trata de delitos o de indignidad por mala conducta. Respecto de faltas disciplinarias de menor entidad, que no autorizan para calificarlo de indigno, el Código Institucional no señala la autoridad competente para ejercer esa función, por lo cual bien pudo la ley atribuirla al Tribunal Disciplinario".

3. Hacen parte de esta importante decisión jurisdiccional de la Corte, los siguientes conceptos:

"La indignidad derivada de mala conducta es calificación por acto o actos especialmente graves, que, sin encontrarse descritos como delitos comunes o de responsabilidad (oficiales), afectan la distinción, el decoro y merecimiento del funcionario, cualidades de donde viene el acatamiento y respeto comunes hacia una persona, y, consecuentemente, hacia sus decisiones. Por tanto, tales actos no pueden confundirse con otros de menor significación, o sea, las faltas que no alcancen a demeritar el agente, ni deslustran la administración que dirige o de que forma parte, como serian, por ejemplo, al inasistencia al despacho, la mora en el desempeño de determinada tarea y aun la descortesía en el trato con quienes le buscan o necesitan. Aquellos actos, es decir los que generan indignidad por mala conducta, se enjuician ante el Senado, siguiendo la tramitación constitucional establecida. Los otros de menor entidad, no podrán ventilarse en el mismo recinto, pues debido a su naturaleza están sujetos a medidas correctivas que, como todas las de su índole, buscan normalizar las actividades públicas para mejor realización de los servicios correspondientes. Aquellos se vinculan al desarrollo de una gestión de repercusiones amplias, al paso que los demás se fijan en un tornadizo ámbito local. La calificación de indignidad tiene penas fijas, como son la destitución del empleo o la pérdida absoluta o privación temporal de os derechos políticos. La calificación de las faltas, según lo visto, no conlleva tan gravosas consecuencias. De allí que su corrección pueda quedar de cargo del Tribunal Disciplinario, y que la disposición legal que así lo autoriza no rompa ni desobedezca el artículo 217 de la Constitución.

"Fuera de lo expuesto, sería excesiva la movilización de tan extraordinario mecanismo político para preciar una falta menor del Procurador, sino que al admitir públicamente la acusación, este funcionario quedaría de suspendido del empleo. "Lo cual destaca que el cargo de indignidad resulta de conductas escandalosas, o de incumplimiento muy notorios o cuando menos de actos cumplidos en desmedro del decoro oficialy por ello merecedores de sanciones públicas (Se subraya), (Poro Colombia! no número 58, pág. 397 y. ss)

Cuarta.

1. En el salvamiento de voto al anterior fallo de la Corte, suscrito por seis Magistrados, en este aspecto no hubo discrepancia alguna, y sí, por el contrario, uniformidad de criterios.

2 En efecto, en tal documento se lee:

a) "La 'falta disciplinaria' se diferencia sustancialmente del 'delito'. Este quebranta un derecho y ofende de inmediato el orden social; aquélla, por lo general, sólo viola el reglamento del servicio. Hasta el extremo de no poder desvincular el cumplimiento de los deberes propios del funcionario público de las medidas acordadas en dicho reglamento. Por eso se dice que la vigilancia judicial tiene por objeto velar porque la justicia se administre oportuna y eficazmente y conlleva el examen de la conducta de los funcionarios y empleados, y el cuidada del cumplido desempeño de sus deberes". (Decreto extraordinario 250 de 1970, artículo 88).

b) "De otra parte, la sanción disciplinaria se aplica con independencia de la sanción penal; ir que haya lugar (artículo 97 ibídem); y la existencia de un proceso penal no da lugar a supervisión del proceso disciplinario. (Artículo 105, ibídem).

c) "Son la naturaleza misma del servicio, la permanente necesidad común de que funcione regularidad las determinantes de un régimen disciplinario que opere con prontitud y restablezca, de igual manera, la normalidad, administrativa, con autonomía del régimen represivo penal, qué se sustenta en otros conceptos,

d) "Se perfila entonces una evidente diferencia entre el poder disciplinario para los gobernantes y agentes públicos, y el poder represivo penal que comprende a éstos y a los particulares; ya se trate de delitos comunes o de delitos de tipo político u oficial. El primero se ejerce para asegurar de inmediato la regular prestación de los servicios públicos el segundo para tutelar y proteger a la sociedad en general y de modo singular a la persona humana y sus derechos.

e) "Es verdad que conforme a los artículos 96 y 102 de la Constitución, corresponde al Senado, por acusación de la Cámara, juzgar al Procurador .General de la Nación cuándo hubiere causas constitucionales o legales para ello. Mas también lo es, y así se colige de aquellos textos y del artículo, 97, que tal procedimiento y competencia rigen cuando se trata de la comisión de delitos, comunes o políticos, 'o de indignidad por mala conducta que no de meras faltas disciplinarias. No se concibe, con razón, cumplir un dilatado y solemne proceso para sancionar actos irregulares de gravedad menor". (Foro Colombiano número 58, pág. 397 y ss.).

Quinta.

1. Como se-anotó, el inciso segundo del artículo 160 de la Constitución prevé que las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte pueden sancionarse con la "destitución".

2. Las faltas disciplinarias no han sido definidas en la Carta; luego cabe deducir que el constituyente dejó la normación de esta materia al legislador, a quien corresponde, lógicamente enumerar y establecer las respectivas, sanciones, dentro de la escala fijada en el mismo artículo 160-2.

No puede aceptarse que la sanción de "destitución", a cargo del Tribunal Disciplinario, sólo proceda en los casos contemplados en los artículos 121,122- y 214, por cuanto la Constitución no ha dicho que ellos sean los únicos que puedan regularse por la ley. Por ende, ésta puede definir otros diferentes.

3. Además, obsérvese que tanto él parágrafo del artículo 121 como el del 122, se limitan a reprimir una conducta morosa, con la sanción disciplinaria de destitución.

4. Hasta la expedición de la reforma constitucional de 1968 y siguiendo la doctrina tradicional de que el "superior" es la entidad que hace el nombramiento, se venía entendiendo que la Corte en pleno era competente para sancionar disciplinariamente a los Magistrados de la misma; pero habiéndole asignado el Acto legislativo número 1 de 1968, en su artículo 73 (precepto 217 de la .Codificación), al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas sancionables conforme al precitado artículo 160-2 no hay duda de que dicho Tribunal puede imponer la pena de destitución por conductas de esa clase, "en la forma que determine la ley".

De lo anterior se deduce:

a) Que no todas las indignidades de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son sancionables y juzgables por el Senado de la República, mediante acusación de la Cámara de Representantes: únicamente las derivadas de "mala conducta".

b) Que las indignidades provenientes de faltas disciplinarias, son de, competencia del Tribunal Disciplinario, el cual, además, puede destituir a los dichos Magistrados cuando no cumplan los términos señalados en los artículos 121 y 122 de la Constitución, los cuales tienen como novedad el haber suspendido la graduación de las penas: en tales casos, no caben las de multa y suspensión.

c) Que siendo una de las peñas por faltas disciplinarias la de destitución, el Tribunal Disciplinario puede imponerla "en la forma que determine la ley". Si antes de la reforma de 1968 no se dijo que la Corte Plena, al ejercer la facultad del artículo 160-2 de la Constitución, no podía imponer la sanción en referencia por cuanto era de exclusiva aplicación por el Senado de la República en virtud del precepto 77-2ª ibídem, mal se puede decir ahora que el Tribunal a quien pasó esa competencia no está colocado en iguales condiciones.

Esta es la manera de interpretar las normas constitucionales, con aplicación del principio de hermenéutica jurídica contemplado en el artículo 30 del Código Civil, según el cual "el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía", en vez de interpretarlas, como se hace en la sentencia de la mayoría, distinguiendo cuando la ley no distingue.

Sexta.

1. Como en ocasiones anteriores lo ha observado la Corte, el Decreto con fuerza de ley número 250 de 1970, debe contener normas precisas, de carácter disciplinario, por tratarse del estatuto orgánico de la carrera judicial y del Ministerio Público, todo en consonancia, con el texto y el espíritu de los artículos 160 y 162 de la Carta, y 12 del Plebiscito de 1957.

2. Y así la sanción disciplinaria de la "destitución" a que se refiere el artículo 97, en relación con el 108, del, Decreto 250, corresponde a faltas cuya gravedad no implica el concepto de "indignidad por mala conducta" a que expresamente se refiere la regla del artículo 97 de la Constitución.

3. La solución acertada dependerá, entonces, del grado de gravedad de la falta o conducta del Magistrado, calificación, que como es obvio precederá a toda otra actuación y determinará la competencia.

En cuanto a Magistrados de la Corte y Consejeros de Estado, legalmente corresponde, en principió, calificar su conducta al Procurador General de la Nación, y si estima procedente promover ante el Tribunal Disciplinario el juicio del caso, en armonía con normas del mismo Decreto 250 de 1970 (artículos 92 y 93), y de los preceptos sobre vigilancia judicial, que la ley y la Constitución lo han encomendado. O se de indignidad por mala conducta, y no de falta disciplinaria, se trata, presentar queja documentada ante la Cámara de. Representantes. Esto es lo indicado y la forma regular de eliminar inicialmente todo error, que a la postre pueda significar agravio a la justicia y a las personas.

De que ello sea así, no se sigue, ni lógica, ni jurídicamente, que las normas indicadas por el actor quebranten los artículos 97 y 102 de la Constitución, ni otro alguno. Los argumentos expuestos aquí no han sido desvirtuados, y conservan, por tanto, el valor jurídico pleno.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluimos:

1º Son exequibles los artículos 97, numeral 3º, y 108 del Decreto extraordinario número 250 de 1970, en cuanto se refieren a los Magistrados de la. Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado y el Procurador General de la Nación, y a la sanción de destitución de los mismos funcionarios por faltas disciplinarias.

2º Es exequible el artículo 7º de la Ley 20 de 1972, en la parte que dice: "1. Conocer en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias que se adelanten contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado. ..", sancionables con la "destitución" por falta disciplinaria.

3º Respecto de la-parte del mismo artículo 7º de la Ley 20 de 1972 que dice:'' Conocer en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias que se adelanten contra… el Procurador General de la Nación", estese a lo resuelto en sentencia de 4 de abril de 1974.

Aurelio Camacho Rueda, José Gabriel de la Vega,

José María Esguerra Samper,

José Eduardo Gnecco C,

Juan Hernández Sáenz,

Humberto Murcia Bailen,

Rodrigo. Noguera Laborde, Conjuez;

Alberto Ospina Botero,

Luis Sarmiento Buitrago,

Eustorgio Sarria,

Ricardo Uribe Holguín,

Adición de voto.

Comparto íntegramente la anterior sentencia, tanto en su parte motiva como en la resolutiva y, por ello, le di mi voto afirmativo. Pero tal como tuve oportunidad de expresarlo en las discusiones de Sala Plena, estimo que debió adicionársela con la siguiente consideración:

El inciso 2º del artículo 160 de la actual Codificación Constitucional, si alguna vez fue aplicable a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los Consejeros de Estado, dejó de serlo, a partir del Acto legislativo número 1 de 1968, mediante el cual se les sometió a un régimen disciplinario especial, creándose el Tribunal Disciplinario, con atribución para juzgarlos por faltas de esta naturaleza (artículo 73 del legislativo 217 de la Carta). En este ordenamiento no se reprodujo la escala de sanciones prevista en el artículo 160-2; En cambio, el propio constituyente, en el mismo Acto legislativo en que adopta el nuevo sistema, se ocupa de señalar de manera precisa, singular y específica (artículos 42 y 43 de la referida enmienda y 121 y 122 actuales). Los únicos casos en que la sanción de destitución puede ser impuesta, por el Tribunal Disciplinario a los Magistrados de la Corte. Lo que quiere decir que se reservó para sí la regulación de esa materia, absteniéndose de delegarla o deferirla a la ley.

Si la intención del constituyente hubiera sido, como piensan algunos, la de facultar ampliamente al Tribunal Disciplinario para aplicar toda clase de sanciones, inclusive la de destitución, acuerdo con lo que la ley dispusiera al respecto, carece en absoluto de sentido que él mismo, simultáneamente con la delegación, hubiera nado algunos preceptos de la Carta Fundamental para consagrar la sanción de destitución imponible por dicho Tribunal, por faltas típicamente disciplinarias, en determinados casos.

Pero sí resulta razonable entender que el propósito del constituyente fue el de respetar y mantener vigente el fuero establecido en los articulos 97 y 102-4, introduciéndole apenas excepciones que consignó en los textos 121 y 122, casos en los cuales autorizó de modo expreso al Tribunal Disciplinario para imponer, la pena de destitución. La competencia, en relación con las demás sanciones, le fue otorgada con .amplitud;

Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.