Sentencia de 1970

300Corte SupremaCorte Suprema30030009271Jos� Gabriel de la Vega197019/08/1970Jos� Gabriel de la Vega_1970_19/08/197030009271ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO P�BLICO Errores de t�cnica en las acciones de inexequibilidad. - Constitucionalidad de los art�culos 16, en su inciso primero y numeral 8� (condicionada); 38 y 50, inciso tercero, del Decreto-ley 250 de 1970. "8� Las personas respecto de las cuales exista la convicci�n moral de que no observan una vida p�blica y privada compatible con la dignidad del cargo". Es de todo punto plausible que el estatuto de la carrera judicial y del ministerio p�blico trate de no incluir en el seno de �sta a quienes observan mala vida. Las meras ne�cesidades del servicio, y aun la conveniencia de no contaminarlo por obra de costumbres depravadas, tan propensas a derramarse, es�pecialmente en oficios en que a veces insur�ge el esp�ritu de cuerpo, imponen precaucio�nes que el legislador debe tomar en este campo. 11. Ser�a absurdo declarar inexequible un mandato legal por el hecho de exigir buena conducta a los postulantes al desempe�o de una funci�n p�blica. Pero una interpreta�ci�n demasiado libre del numeral 8� del ar�t�culo 16 del Decreto 250, inspirada en ais�lados conceptos o imprecisas clasificaciones de algunos tratadistas, podr�a llevar a la err�nea conclusi�n de que las entidades lla�madas a decidir sobre ingreso a la carrera judicial, bien podr�an negarlo a quienes re��nan las condiciones necesarias, pero sean considerados, sin prueba ni fundamento alguno, "por convicci�n moral", que "no observan una vida p�blica y privada com�patible con la dignidad del cargo". Una apreciaci�n tan subjetiva y discrecional, tan peligrosa para leg�timos derechos, no se compadecer�a con el art�culo 23 de la Cons�tituci�n, a cuyo tenor nadie podr� ser mo�lestado ni leg�timo inter�s desconocido, sino con arreglo a motivos claramente determi�nados en las leyes y cumplimiento previo de garant�as, formalidades y actuaciones. La convicci�n, a�n moral, en el caso que se es�tudia, no excluye que se allegue prueba de los hechos pertinentes a la estimaci�n de una conducta personal, ni se observen for�malidades necesarias, ni se prescinda de o�r al posible perjudicado, requisitos m�nimos exigidos por la Carta para tomar medidas contra una persona. La aplicaci�n del nu�meral 8� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970 supone el cumplimiento de tales con�diciones. As� se dir� en la decisi�n de esta sentencia. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogot�, D. E., agosto diecinueve de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Jos� Gabriel de la Vega). 1970

Norma demandada: �Control constitucionalidad a los art�culos 5�, inciso primero 16, numeral 8� 38, 50, en su inciso tercero 57, 62, 65, 71, 72 y 128 del Decreto-ley 250 del 18 de febrero de 1970, "por el cual se expide el estatuto de la carrera judicial".

Errores de t�cnica en las acciones de inexequibilidad. - Constitucionalidad de los art�culos 16, en su inciso primero y numeral 8� (condicionada); 38 y 50, inciso tercero, del Decreto-ley 250 de 1970.

"8� Las personas respecto de las cuales exista la convicci�n moral de que no observan una vida p�blica y privada compatible con la dignidad del cargo".

Es de todo punto plausible que el estatuto de la carrera judicial y del ministerio p�blico trate de no incluir en el seno de �sta a quienes observan mala vida. Las meras ne�cesidades del servicio, y aun la conveniencia de no contaminarlo por obra de costumbres depravadas, tan propensas a derramarse, es�pecialmente en oficios en que a veces insur�ge el esp�ritu de cuerpo, imponen precaucio�nes que el legislador debe tomar en este campo.

11. Ser�a absurdo declarar inexequible un mandato legal por el hecho de exigir buena conducta a los postulantes al desempe�o de una funci�n p�blica. Pero una interpreta�ci�n demasiado libre del numeral 8� del ar�t�culo 16 del Decreto 250, inspirada en ais�lados conceptos o imprecisas clasificaciones de algunos tratadistas, podr�a llevar a la err�nea conclusi�n de que las entidades lla�madas a decidir sobre ingreso a la carrera judicial, bien podr�an negarlo a quienes re��nan las condiciones necesarias, pero sean considerados, sin prueba ni fundamento alguno, "por convicci�n moral", que "no observan una vida p�blica y privada com�patible con la dignidad del cargo". Una apreciaci�n tan subjetiva y discrecional, tan peligrosa para leg�timos derechos, no se compadecer�a con el art�culo 23 de la Cons�tituci�n, a cuyo tenor nadie podr� ser mo�lestado ni leg�timo inter�s desconocido, sino con arreglo a motivos claramente determi�nados en las leyes y cumplimiento previo de garant�as, formalidades y actuaciones. La convicci�n, a�n moral, en el caso que se es�tudia, no excluye que se allegue prueba de los hechos pertinentes a la estimaci�n de una conducta personal, ni se observen for�malidades necesarias, ni se prescinda de o�r al posible perjudicado, requisitos m�nimos exigidos por la Carta para tomar medidas contra una persona. La aplicaci�n del nu�meral 8� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970 supone el cumplimiento de tales con�diciones. As� se dir� en la decisi�n de esta sentencia.

El ciudadano Herm�n Gans Abello pide que se declaren inexequibles los art�culos 5�, inciso primero; 16, numeral 8�; 38, 50, en su inciso tercero; 57, 62, 65, 71, 72 y 128 del Decreto-ley 250 del 18 de febrero de 1970, "por el cual se expide el estatuto de la ca�rrera judicial".

"por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio P�blico.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorg� el art�culo 20 de la Ley 16 de 1968 y atendiendo el concepto de la Comi�si�n Asesora establecida por el art�culo 21 de la misma Ley,

"Art�culo 5� Para desempe�ar en propie�dad cargo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio P�blico, se requiere el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos para �l, y adem�s haber sido seleccionado mediante concurso; sin embargo las corpo�raciones y funcionarios a quienes correspon�de la provisi�n en propiedad, podr�n hacerla prescindiendo de la selecci�n de candidatos por medio de concurso, respecto de los car�gos reservados a su libre designaci�n, y en los dem�s casos, cuando no se haya realiza�do el concurso o se haya agotado la lista de quienes lo aprobaron, conforme a los ar�t�culos 64 a 66.

"Art�culo 16. No podr�n ser designados para cargo alguno en la rama jurisdiccional ni en el Ministerio P�blico, a cualquier t�tulo.

"8. Las personas respecto de las cuales exista la convicci�n moral de que no observan una vida p�blica y privada compatible con la dignidad del cargo".

"Art�culo 38. Para ser admitido a la Ca�rrera Judicial se exigen los siguientes requisitos concurrentes:

"2. Haber ejercido cargos dentro del res�pectivo escalaf�n en propiedad o interinidad pero con el lleno de los requisitos constitu�cionales, por tiempo no menor de tres a�os.

"Tambi�n se conceder� valor propio a la antig�edad y a la permanencia en el servi�cio�

"Art�culo 57. Los concursos de ingreso a servicio y de ascenso en la Carrera se contraer�n a los cargos de provisi�n por dicho sistema, dejando a salvo la reserva de libre elecci�n y nombramiento.

"Art�culo 62. En la elecci�n que hagan las corporaciones judiciales y en la postulaci�n que concierne hacer a los Fiscales de Tribunal para la provisi�n de varios cargos de una misma categor�a, para una misma o diferentes corporaciones, especialidades o lugares, cada cargo se proveer� individualmente y el candidato no se considerar� designado o escogido sino cuando re�na el setenta por ciento de los votos afirmativos de los miembros: de la corporaci�n o de los Fiscales.

"Las votaciones ser�n secretas, con prohibici�n absoluta de cualquiera distribuci�n de los cargos entre los magistrados o fiscales.

"Art�culo 65. El Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia comunicar�, a quien corresponda la provisi�n, la totalidad de los nombres a quienes hayan aprobado el concurso para su consideraci�n.

"Art�culo 71. La Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Naci�n y el Gobierno podr�n designar sin subordinaci�n a los concursos la cuarta parte de los Magistrados, Fiscales y funcionarios correspondientes a cada Distrito.

"El Consejo de Estado y la Procuradur�a podr�n en la misma forma y en su orden, designar a Magistrados y nombrar Fiscales de lo Contencioso-Administrativo en la mitad de unos y otros.

"Los Tribunales Superiores y el de Aduanas y los Fiscales de ellos, podr�n designar o postular, seg�n el caso, en la misma forma una cuarta parte de los jueces y fiscales, guardando estricta proporci�n dentro de las categor�as de cargos, grados de esca�laf�n, especialidades y divisiones territo�riales.

"En cuanto a empleados, el Reglamento indicar�, una vez hecha la clasificaci�n de los cargos y su graduaci�n, la proporci�n de libre designaci�n, seg�n los grados y des�pachos, y el procedimiento para escogerlos.

"Art�culo 72. Cuando un cargo pertene�ciente a la reserva de libre designaci�n sea provisto con funcionarios de Carrera no ha�br� lugar a ascenso de �ste en el escalaf�n, y su permanencia en el cargo estar� subor�dinada a la duraci�n del per�odo, sin per�juicio de la reelecci�n.

"Art�culo 128. Mientras el Consejo Supe�rior de la Administraci�n de Justicia organiza los concursos, la Corte Suprema de Jus�ticia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito y de Aduanas, el Go�bierno y el Procurador General de la Na�ci�n har�n los nombramientos de los Ma�gistrados, Jueces y Fiscales a ellos corres�pondientes conforme a las reglas del pre�sente estatuto, pero con prescindencia del concurso".

Hecho un esfuerzo de clarificaci�n, puede afirmarse que los cargos de inconstitucionalidad son los siguientes:

Respecto del inciso primero del art�culo 5, que permite en algunas hip�tesis la libre provisi�n de cargos, sin concursos, por con�trariar el art�culo 162 de la Constituci�n, en virtud del cual, afirma el actor, "todos los empleados en la rama jurisdiccional y en el ministerio p�blico deben proveerse mediante concurso".

En relaci�n con el numeral 8� del art�cu�lo 16, a cuyo tenor no podr�n ser designa�dos en la rama jurisdiccional ni en el mi�nisterio p�blico, "las personas respecto de las cuales exista la convicci�n moral de que no observan una vida p�blica y privada compatible con la dignidad del cargo", por quebrantar el inciso primero del art�culo 28 de la Carta, que veda la imposici�n de pe�nas ex post facto sin arreglo a la ley, orden o decreto previos.

En lo que hace al art�culo 38, que no in�cluye entre los requisitos necesarios para ser admitido a la carrera judicial el haber ejercido durante determinado tiempo la profesi�n de abogado, el actor invoca como infringidos los preceptos 154, 155, 156, 157 y 158 de la ley fundamental, y agrega: "es�tas normas equiparan el ejercicio de cargos, para efectos de llenar los requisitos para desempe�arlos, con el ejercicio de la abo�gac�a, la cual deber� por lo anotado tener�se en cuenta para el ingreso a la Carrera Judicial".

En lo concerniente al inciso tercero del art�culo 50, a cuyas voces "Tambi�n se con�ceder� valor propio a la antig�edad y a la permanencia en el servicio y en la especia�lidad, y a los resultados obtenidos en todos los concursos anteriores", para calificar a los candidatos a la carrera judicial o del ministerio p�blico, se reputan asimismo in�fringidos los art�culos constitucionales que, seg�n el actor, capacitan a quienes hayan ejercido por lapsos determinados la aboga�c�a para ser designados en los cargos de la carrera judicial y del ministerio p�blico (Arts. 154, 155, 156, 157 y 158). Dice el de�mandante. "Las mismas normas citadas fueron violadas por el Legislador Delegado cuando en el art�culo 50 estableci� un valor propio a la antig�edad en el desempe�o de empleos, lo que m�s o menos quiere decir que habr� prelaci�n, concedi�ndoseles enor�mes ventajas, a quienes desde tiempo atr�s vienen siendo jueces o fiscales, lo cual, sin entrar a considerar ciertas anomal�as en sus ingresos y permanencias, viola a la Constituci�n en forma patente'. Y agrega: "en definitiva no puede fijarse a la anti�g�edad en el desempe�o de empleos un va�lor propio sino el valor que le da la Consti�tuci�n y proporcionado al valor constitu�cional para el ejercicio profesional".

Frente al art�culo 57 se repite la objeci�n de desconocer el art�culo 162 de la Cons�tituci�n, por dejar de libre nombramiento y elecci�n, sin concursos, parte de los car�gos de la carrera.

De igual vicio se acusa al art�culo 62, el cual prescribe para elecciones o nombramientos, "que el candidato no se conside�rar� designado o escogido sino cuando re��na el setenta y cinco por ciento de los vo�tos afirmativos de los miembros de la cor�poraci�n o de los Fiscales". Apunta el de�mandante: "En lo que se refiere a votacio�nes, ellas son inconstitucionales, ya que si la Constituci�n establece concursos para la provisi�n de todas las plazas, malamente se puede escoger funcionarios por medio de votos, porque el concurso obliga al nominador en sus resultados".

En lo atinente al art�culo 65 no se men�ciona inconstitucionalidad, pese a que fi�gura entre los demandados.

En cuanto al art�culo 71, por autorizar nombramientos o elecciones sin sujeci�n a concursos, se reitera la acusaci�n de infrin�gir el art�culo 162 de la Constituci�n.

Y lo propio se asevera del art�culo 72, que contempla hip�tesis de designaci�n sin con�curso.

Sobre el art�culo 128, es pertinente re�producir el tenor literal de la acusaci�n que se formula.

"Finalmente tenemos que se da facultad a las entidades nominadoras para nombrar de acuerdo al estatuto in comento derog�n�dose el Decreto 901 de 1969, con todo lo cual parece decir que los nombramientos hechos en propiedad y por el per�odo que se�al� la norma derogada quedan vigentes y en propiedad, pero que se podr� volver a nom�brar en propiedad, con prescindencia de los concursos cuando ocurran vacantes o el vencimiento de los per�odos si para ese en�tonces el Consejo Superior de la Adminis�traci�n de Justicia no ha organizado los concursos. En verdad, ordenar nombramien�tos en propiedad por medio de decretos in�terinos es desacertado. Y como t�citamente el art�culo 128 del Decreto 250 de 1970 deja el per�odo para los Magistrados establecido en el Decreto 901 de 1969, vale decir, el fi�jado el 1� de agosto de 1969 como inicia�ci�n de �l, este precepto es inconstitucional porque el Acto legislativo n�mero 3 de 1910, art�culo a), in fine, fij� como fecha de comienzo de per�odo para esas corpora�ciones el 1� de mayo de 1911. Y es contrario asimismo el numeral 8� del art�culo 118 de la Constituci�n porque el Presidente no ejerci� la facultad que le dio el Congreso con precisi�n, en el inciso segundo del ordinal 4� del art�culo 20 de la Ley 16 de 1968 ni la del numeral 10 ib�dem".

El jefe del ministerio p�blico pone en cotejo los art�culos acusados con la Constituci�n, y escribe:

"1. Concept�o que son exequibles los ar�t�culos 16 -numeral 8�, 38, 50 en la par�te del inciso 3� que dice: 'Tambi�n se con�ceder� valor propio a la antig�edad y a la permanencia en el servicio...', 62 y 128 del Decreto-ley 250 de 1970;

"2. Y que no hay lugar a decidir de fon�do respecto de los art�culos 5�, inciso 1�, 57, 65, 71 y 72 del mismo Decreto-ley 250 de 1970, por ineptitud de la demanda".

1. Como se desprende de la relaci�n an�terior, los ataques de inconstitucionalidad contra las disposiciones acusadas pueden dividirse en varios grupos, as�:

A. Los referentes al inciso primero del ar�t�culo 5� y a los art�culos 57, 62, 71 y 72 del Decreto 250, todos tildados de contra�rios al art�culo 162 del estatuto fundamen�tal, por prescindir, en determinadas hip�tesis, de la celebraci�n de concursos como requisito previo para ser designados en un careo o empleo de la carrera judicial o del ministerio p�blico. A esta serie de textos puede agregarse, y adelante se ver�, la acu�saci�n relativa al art�culo 128 del decreto, la cual comprende, adem�s del fundado en el art�culo 162 de la Carta, otros reparos de inexequibilidad.

B. La acusaci�n contra el numeral 8� del art�culo 16 del Decreto 250, por traspasar el art�culo 28, inciso primero, de la Constituci�n.

C. Los cargos contra los art�culos 38 y 50, numeral tercero, que invocan los art�culos 154, 155, 156 y 158 de la Carta.

D. Contra el art�culo 65, que no designa V disposici�n constitucional violada ni alega motivo de violaci�n.

2. A. Disposiciones que se dicen contra�rias al art�culo 162 de la Constituci�n.

Es Tales son el inciso primero del art�culo 5 del Decreto 250 (que permite designaciones para la rama jurisdiccional o del ministerio p�blico, sin concurso, "respecto de los cargos reservados" a "libre designaci�n"); el art�culo 57 (deja fuera del requisito del concurso "la reserva de libre elecci�n y nom�bramiento"); el 62 (que s�lo tiene en cuenta para el escogimiento o elecci�n de un candidato a la carrera que �l "re�na el se�senta y cinco por ciento de los votos afir�mativos", sin hablar de concursos); el ar�t�culo 71 del mismo Decreto 250 (permite a la Corte Suprema, al Procurador General de la Naci�n, al Gobierno, al Consejo de Es�piado, a los Tribunales Superiores y al de Aduanas y a los Fiscales de ellos elegir, pos�tular o nombrar en determinadas propor�ciones a miembros de la rama jurisdiccio�nal o del ministerio p�blico y a sus emplea�dos. libremente, sin concursos) y el 72 (que aplica el mismo principio de la libertad parcial de designaci�n y la confirma en determinado caso).

3. Como atr�s se vio, el cargo com�n con�tra las disposiciones citadas en el p�rrafo precedente es el de violar el art�culo 162 de la ley fundamental, en la parte que dice: "La ley establecer� la carrera judicial y re�glamentar� los sistemas de concursos para la selecci�n de los candidatos que hayan de desempe�ar los cargos judiciales y los del Ministerio P�blico".

4. Se ha se�alado que el actor interpre�ta lo transcrito as�: Todos los empleos de la Rama Jurisdiccional y en el Ministerio P�blico deben proveerse mediante concursos. Luego la reserva que establecen las dis�posiciones acusadas son inconstitucionales y as� debe declararse".

"Por su parte la Ley 16 de 1968, invoca�da en el Decreto acusado parcialmente, en su art�culo 20 invisti� de facultades extra�ordinarias al Presidente de la Rep�blica para los siguientes efectos, entre otros:

4. Introducir las reformas necesarias a las disposiciones vigentes sobre carrera judicial, para determinar la proporci�n de cargos que deben proveerse libremente y los que deben serlo mediante el sistema de concursos; para incluir el sistema de entre�vistas, oposiciones (ex�menes) u otras prue�bas como factores de calificaci�n de ingre�so o ascenso; para crear o determinar las entidades calificadoras de los concursos; pa�ra regular la estabilidad en el empleo; para se�alar la edad de retiro forzoso en cada cargo judicial y, en general, para hacerla m�s adecuada a sus propios fines...'.

"Es notorio en el texto legal que la pro�visi�n libre de una parte de los cargos judiciales -sin sujeci�n al sistema de con�cursos- es norma de car�cter imperativo y que, por consiguiente, la determinaci�n de esa cuota o parte era de forzoso cumpli�miento por el Gobierno al estatuir sobre las materias contempladas en el precepto transcrito de la ley de facultades extraor�dinarias".

"Fue entonces el legislador ordinario quien al desarrollar el precepto constitu�cional sobre carrera judicial y concursos entendi� que estaba autorizado para dispo�ner que una parte de los empleos se prove�yeran libremente, como en efecto lo hizo, y sobre esto orden� al Gobierno mediante facultades extraordinarias que determinara la proporci�n entre tales empleos y los so�metidos a concursos. As�, el Decreto 250 en la parte examinada no es sino trasunto fiel y obligado de aquel entendimiento consa�grado en norma legal preexistente, con la cual se vincula estrechamente.

"Y como �sta no es objeto de la acci�n de inexequibilidad, considero, no sin reconocer que la cuesti�n aparece dudosa, que con base en acusaciones contra s�lo el Decreto 250 de 1970, aisladamente de la Ley 16 de 1968 en el precepto que le dio origen, no es jur�dicamente posible examinar y deci�dir sobre la tacha de inconstitucionalidad formulada en la demanda, la que as� debe estimarse afectada en esta parte de inepti�tud sustancial: Ser�a impropio tratar como inexequible la ley que contiene el manda�to, con s�lo demandar de inexequible la nor�ma que lo cumple".

6. Ante una situaci�n como la planteada en la vista fiscal, cuyos pasos principales se dejan copiados; teni�ndose en cuenta los t�rminos precisos e imperativos de la Ley 16 de 1968, con subordinaci�n a los cua�les deb�an dictarse los preceptos del Decre�to 250 que ahora se examinan; y habida consideraci�n de que las facultades extra�ordinarias de que trata la Ley 16 est�n vi�gentes y m�s todav�a, facultan al Gobierno para tomar medidas semejantes a las dic�tadas por tres a�os contados desde el 7 de junio de 1968, resulta notorio que, en este caso especial, no es dable al juzgador deci�dir sobre la constitucionalidad de los ar�t�culos 5 (inciso primero), 57, 62, 71 y 72 del Decreto 250 de 1970 sin emitir tambi�n un juicio sobre la constitucionalidad de di�cha Ley 16, la cual no ha sido materia de la demanda.

7. En tales condiciones se fortalecen las consideraciones que han motivado a esta Corporaci�n, en circunstancias parecidas a la que hoy se contempla, para resolver lo siguiente:

"La Corte ha sentado repetidas veces la doctrina de que cuandoquiera que un decreto tenga por fundamento una ley, no hay lugar a fallar la demanda de inexequibilidad que contra el primero se formula, en tanto que no se haya acusado tambi�n la ley en que �ste se apoye, por cuanto no es dable en tales circunstancias decidir acer�ca de la inexequibilidad del acto guberna�tivo, sin juzgar el punto relativo a la cons�titucionalidad de la ley que lo sustenta". (Sentencia septiembre 26 de 1933, G. J., T. 40).

Por ello no se decidir� en el fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en el inciso primero del art�culo 5 y en los art�culos 57, 62, 71 y 72 del De�creto-ley 250 de 1970.

8. Cabe se�alar que el art�culo 128, acu�sado tambi�n, lo ha sido por infringir el mismo precepto 162 de la Constituci�n, y que al propio tiempo se le reprocha concul�car el art�culo a) transitorio del Acto Le�gislativo 3 de 1910 y el 118, numeral 8� de la ley fundamental.

El examen de la primera causa aducida contra el art�culo 128 del Decreto 250, en cuanto parece admitir, en determinada si�tuaci�n, que se hagan nombramientos "con prescindencia del concurso", no ser�a realizable, como tampoco lo es en los dem�s ca�sos comprendidos en este aparte A) de las presentes consideraciones, sin comparar di�cho art�culo 128 con la Ley de autorizacio�nes n�mero 16 de 1968 y emitir sobre �sta un juicio; averiguaci�n fuera de lugar en esta sentencia, ya que no ha sido acusada la ley referida, en todo ni en parte.

9. Cuando se formulan en conjunto va�rias tachas de inconstitucionalidad contra una misma disposici�n, y es improcedente estudiar una de ellas, conviene dejar en suspenso la totalidad del estudio, pues rea�lizarlo de manera fragmentaria podr�a re�sultar inconducente en relaci�n con la ac�ci�n de inexequibilidad, cuyo objetivo es el de obtener un fallo definitivo sobre el m�rito constitucional de un texto, en un mo�mento dado. Aunque, por caso, una dispo�sici�n fuera constitucional bajo uno o va�rios aspectos censurados en la demanda, a nada conducir�a declararlo as�, quedando forzosamente sin resolver otra faz del asun�to. Tales decisiones, por mancas e incom�pletas, dar�an asidero a confusiones noci�vas a la firmeza del orden jur�dico.

De consiguiente, tampoco se decidir� de m�rito relativamente al art�culo 128.

10. B. Acusaci�n contra el inciso primero y el numeral 8' del art�culo 16 del Decre�to 250.

"No podr�n ser designados para cargo alguno de la rama jurisdiccional ni del Ministerio P�blico, a cualquier t�tulo", entre otras:

"8. Las personas respecto de las cuales exista la convicci�n moral de que no observan una vida p�blica y privada compa�tible con la dignidad del cargo".

Es de todo punto plausible que el esta�tuto de la carrera judicial y del ministerio p�blico trate de no incluir en el seno de �sta a quienes observen mala vida. Las meras necesidades del servicio, y aun la con�veniencia de no contaminarlo por obra de costumbres depravadas, tan propensas a de�rramarse, especialmente en oficios en que a veces insurge el esp�ritu de cuerpo, impo�nen precauciones que el legislador debe tomar en este campo.

11. Ser�a absurdo declarar inexequible un mandato legal por el hecho de exigir buena conducta a los postulantes al desempe��o de una funci�n p�blica. Pero una interpretaci�n demasiado libre del numeral 8� del art�culo 16 del Decreto 250, inspi�rada en aislados conceptos o imprecisas cla�sificaciones de algunos tratadistas, podr�a llevar a la err�nea conclusi�n de que las entidades llamadas a decidir sobre ingreso a la carrera judicial, bien podr�an negarlo a quienes re�nan las condiciones necesa�rias, pero sean considerados, sin prueba ni fundamento alguno, "por convicci�n moral", que "no observan una vida p�blica y privada compatible con la dignidad del car�go". Una apreciaci�n tan subjetiva y discre�cional, tan peligrosa para leg�timos dere�chos, no se compadecer�a con el art�culo 23 de la Constituci�n, a cuyo tenor nadie po�dr� ser molestado ni leg�timo inter�s des�conocido, sino con arreglo a motivos clara�mente determinados en las leyes y cumpli�miento previo de garant�as, formalidades y actuaciones. La convicci�n, aun moral, en el caso que se estudia, no excluye que se allegue prueba de los hechos pertinentes a la estimaci�n de una conducta personal ni se observen formalidades necesarias, ni se prescinda de o�r al posible perjudicado, re�quisitos m�nimos exigidos por la Carta para tomar medidas contra una persona. La apli�caci�n del numeral 8' del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970 supone el cumplimien�to de tales condiciones. As� se dir� en la decisi�n de esta sentencia.

El art�culo 38 del Decreto 250 exige, para ser admitido a la carrera judicial, varios requisitos concurrentes: estar ejerciendo el destino en propiedad; haber desempe�ado cargos dentro del respectivo escalaf�n con el lleno de los requisitos constitucionales, tres a�os por lo menos; y haber aprobado el concurso de ingreso.

13. El actor observa que al tenor de los art�culos 154 y 155 de la Constituci�n, para ser Magistrado de los Tribunales Superio�res o de los Tribunales Administrativos se requiere, entre varias condiciones, "haber ejercido, durante cinco a�os por lo menos, la abogac�a, con buen cr�dito". Y que el ar�t�culo 38 del Decreto 250, al no reproducir tal requisito, entre los que deben satisfa�cerse "para ser admitido a la carrera ju�dicial", incurri� en transgresi�n de dichos textos constitucionales. Pero es evidente, a golpe de ojo, que cosa distinta es reunir con�diciones para ser Magistrado, y sin demos�trar las cuales nunca puede desempe�arse el careo, que "ser admitido a la Carrera Ju�dicial", como reza el art�culo 38 acusado. Se trata de dos aptitudes diferentes, rela�tivas, una de ellas, al desempe�o de una Magistratura de Tribunal Superior o Admi�nistrativo, para el cual puede ser �til y has�ta necesario el haber ejercido la abogac�a; y otra, a la admisi�n en la carrera judicial, capacidad que no excluye el ejercicio de la abogac�a, pero que tampoco lo requiere, pues tal condici�n no la establece la Carta para todos los cargos comprendidos en di�cha carrera y apenas la contempla, pero con otras, en el citado caso de los Magis�trados, y sin atribuirle car�cter indispen�sable.

14. Un individuo admitido a la carrera puede llegar a ser magistrado sin haber nunca ejercido la abogac�a, ni violarse por ello los art�culos 154 y 155 citados. Y pue�de tambi�n acceder a la magistratura, ya admitido en la carrera, precisamente por haber ejercido la abogac�a. Ejemplos que de�muestran a la clara que la aplicaci�n del art�culo 38 no implica violaci�n de las dis�posiciones superiores invocadas por el de�mandante. El planteo de �ste, seg�n lo ano�ta el Procurador, "confunde el ingreso al servicio con la admisi�n a la Carrera". Y como consecuencia, no repara en que la Constituci�n establece "requisitos o calida�des para la designaci�n, es decir para el in�greso al servicio, no para la admisi�n a la Carrera, que es lo regulado por el art�culo 38 acusado", seg�n dice tambi�n el jefe del ministerio p�blico.

Y concret�ndose al cargo referente al ar�t�culo 50 y a la tacha analizada en relaci�n con el 38, ambos del Decreto 250, el Pro�curador General expresa las siguientes opiniones, que la Corte acoge:

"Por an�logas razones carece de funda�mento el ataque al art�culo 50, aunque �ste se refiere a toda clase de concursos. Que al calificar �stos se conceda valor propio a la antig�edad y a la permanencia en el ser�vicio es norma que por s� misma no infringe ning�n precepto constitucional, pues im�plica apenas uno de los criterios y factores que deben tenerse en cuenta en la califica�ci�n; y que el art�culo omite consagrar tam�bi�n como factor de evaluaci�n el ejercicio de la abogac�a, no es motivo para declarar inexequible la parte acusada.

"Como observaci�n com�n a los dos car�gos precedentes, se anota que el legislador hubiera podido establecer que tambi�n el ejercicio profesional se tuviera en cuenta al calificar los concursos, tanto para el ingre�so al servicio como para admisi�n a la ca�rrera. como lo desea el actor, pero que la Constituci�n no lo obligaba a ello y que. de consiguiente, si no lo consider� convenien�te o necesario, nada hay objetable por este aspecto".

"Art�culo 65. El Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia comunicar� a quien corresponda la provisi�n, la totalidad de los nombres de quienes hayan aprobado el concurso para su consideraci�n".

16. El demandante es en este punto par�co en demas�a, pues incluye la disposici�n transcrita entre las acusadas, sin puntua�lizar violaciones ni razones concretas.

A vista de la deficiencia anotada, proce�de estimar que respecto de esta disposici�n la demanda es inepta, por no reunir los re�quisitos exigidos en los numerales 2� y 3� del art�culo 16 del Decreto 432 de 1969, sin que haya lugar, por tanto, a decisi�n de m�rito sobre este punto.

A. Acerca del inciso primero del art�culo 5 y los art�culos 57, 62, 71, 72 y 128 del Decreto 250 de 1970, no es el caso de fa�llar en el fondo, por depender tales disposiciones de un mandato contenido en la Ley de autorizaciones 16 de 1968, en virtud de la cual fueron dictadas, y no haber sido demandada dicha ley.

B. Acusaci�n contra el numeral octavo del art�culo 16. Es exequible y no entra�a facultades discrecionales.

C. Cargos contra los art�culos 38 y 50 (numeral tercero): Estos deben declararse exequibles, porque los c�nones constitucio�nales invocados (154 a 158), no significan en modo alguno que el ejercicio de la abo�gac�a sea requisito indispensable para in�gresar a la carrera judicial.

D. Acusaci�n contra el art�culo 65: Es inepta la demanda en este punto, por no se�alar el actor en su libelo disposiciones infringidas ni aducir razones de infracci�n.

A m�rito de lo expuesto, la Corte Supre�ma de Justicia, en pleno, previo estudio de .la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le atribuye el art�culo 214 de la Constituci�n, y o�do el Procurador Ge�neral de la Naci�n,

Primero. No es el caso de fallar en el fon�do sobre las peticiones de inexequibilidad referentes a los art�culos 5 (inciso primero) y 57, 62, 71, 72 y 128 del Decreto-ley 250 de 18 de febrero de 1970, "por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial";

Segundo. Es exequible el inciso primero del art�culo 16 del citado Decreto 250.

Tercero. Es exequible el numeral 8� del mismo art�culo 16, en cuanto no implica ning�n poder discrecional seg�n se observa en el n�mero 11 de la parte motiva;

Quinto. Es exequible el inciso tercero del art�culo 50 de dicho Decreto 250 en la parte demandada que reza: "tambi�n se con�ceder� valor propio a la antig�edad y a la permanencia en el servicio";

Sexto. No se resuelve sobre la demanda referente al art�culo 65 del Decreto 250 de 1970, por ineptitud.

Publ�quese, c�piese, notif�quese, comun�quese al Ministro de Justicia, a los Presiden�tes de la C�mara de Representantes y del Senado, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Guillermo Ospina Fern�ndez, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Hum�berto Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Pa�tr�n, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel An�gel, Jos� Gabriel de la Vega, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a, Jorge Gaviria Salazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Alfonso Pe�l�ez Ocampo, Edmundo Harker Puyana, Ignacio Reyes Posada, Conjuez, Alvaro Luna G�mez, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Luis Carlos P�rez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hern�n Toro Agudelo, Jos� Mar�a Velasco Gue�rrero.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogot�, D. E., 21 de octubre de 1970.

El ciudadano Herm�n Gans Abello pre�sent� demanda de inexequibilidad contra varios art�culos del Decreto-Ley 250 de 1970.

Al correrse traslado al Procurador Gene�ral de la Naci�n, �ste se refiri� a uno de los art�culos acusados, el 65, haciendo la si�guiente observaci�n:

"S�ptima. No expone el actor el concep�to en que el art�culo 65 del Decreto 250 puede ser violatorio de la Constituci�n, y ni siquiera cita precepto alguno de �sta como infringido.

"En rigor, puede estimarse que en esta parte la demanda adolece de ineptitud por no reunir requisitos exigidos por el Decre�to 432 de 1969 en su art�culo 16, numerales 2� y 3�".

Habi�ndose comprobado que el reparo del Procurador ten�a pleno fundamento, en la sentencia del 19 de agosto del a�o en cur�so, se resolvi� lo siguiente:

"Sexta. No se resuelve sobre la demanda referente al art�culo 65 del Decreto 250 de 1970, por ineptitud".

El actor en memorial de fecha 9 de sep�tiembre �ltimo manifiesta su inconformi�dad con el numeral sexto transcrito de la parte resolutiva de la sentencia referida, y declara:

"En cuanto a la ineptitud del art�culo 65 del Decreto 250 de 1970 por no haber se�alado el precepto constitucional infringi�do, aunque del contexto del libelo se dedu�ce que lo fue el art�culo 162 de la Superley, a m�s de la tacha de que la declaratoria de ineptitud es inoportuna y de la funda�mental de que el art�culo 214 de la Cons�tituci�n exige decisi�n definitiva con voca�blos que indican que se trata de salir de la duda o problema mediante un juicio fi�jo, lo que se�ala un proceso que termina, encontramos que el art�culo 29 del Decreto 432 de 1969 ordena a la Corte a confrontar los preceptos acusados con toda la Consti�tuci�n, debiendo hacer la declaratoria de inconstitucionalidad si encontrare violado alg�n mandato aunque no fuere el se�ala�do por el actor".

Relacionado lo transcrito con el art�culo 26 de la Carta, el mismo actor finaliza su memorial con las siguientes palabras:

"Pero si se insistiera en que la demanda es inepta, al menos en parte, se deber� entonces declarar nulo el juicio a partir de su aceptaci�n, para que luego haya proceso debido".

a) El tr�mite de los asuntos sobre cons�titucionalidad de las leyes, por ejercicio de la acci�n p�blica de que trata el art�culo 214 de la Carta, se encuentra establecido en esa norma y en el Decreto 432 de 1969, y consiste esencialmente en la admisi�n, si es del caso; el traslado al Procurador hasta por treinta d�as; la adopci�n de proyecto, dentro del t�rmino igual, por la Sala Cons�titucional; y la decisi�n final correspon�diente a la Sala Plena, dentro de los sesen�ta d�as siguientes.

b) Este tr�mite fue rigurosamente obser�vado en el caso que se examina. Durante el mismo ning�n Magistrado se declar� impe�dido para conocer del negocio, ni fue recusado por el Procurador o el demandante, como lo permite, obviamente antes de la decisi�n final, el art�culo 26 del Decreto en referencia.

c) La sentencia fue motivada, y si no hu�bo pronunciamiento de fondo, como en ella se explica, en lo relativo a una de las peti�ciones, fue porque la demanda adolec�a de tales defectos sustanciales, que era imposi�ble omitirlo.

d) Contra las sentencias en materia de constitucionalidad que profiere la Corte no existe recurso alguno; ni pueden aplicarse por analog�a, las normas sobre nulidad que consagran los art�culos 448 a 460 del C�di�go de Procedimiento Civil, y los art�culos 113 a 119 de la Ley 167 de 1941; ni en gra�cia de discusi�n las supuestas causales in�vocadas por el memorialista tienen algo que ver, ni por asomo, con tales disposiciones; ni en los juicios a que �stas se refieren ca�be el incidente de nulidad despu�s de pro�nunciada la sentencia definitiva.

No es admisible la solicitud del ciudada�no Herm�n Gans Abello sobre nulidad de la sentencia de diecinueve de agosto de mil novecientos setenta, o del juicio respectivo.

Hern�n Toro Agudelo, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humberto Ba�rrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Ernes�to Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, Jos� Gabriel de la Vega, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Tito Octavio Hern�ndez, Jorge Gaviria Salazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Alejandro C�rdoba Me�dina, Jos� Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna G�mez, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Luis Carlos P�rez, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmien�to Buitrago, Eustorgio Sarria, Ricardo Uribe Holgu�n, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.