Sentencia de 1975

300Corte SupremaCorte Suprema30030009263EUSTORGIO SARRIA197504/09/1975EUSTORGIO SARRIA_1975_04/09/197530009263CARRERA JUDICIAL Exequibilidad de los ordinales 5 y 7 del art�culo 18 del Decreto 250 de 1970, el primero en la parte que dice: "o hayan sido suspendidos por faltas graves contra la �tica o excluido! de aquella". - Estese a lo decidido respecto de los ordinales 6" y 89 del art�culo 16 del mismo Decreto n�mero 250 de 1970, en las sentencias del 21 de enero de 1971 y 19 de agosto de 1970, por las cuales fueron declarados exequibles. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). Aprobada por acta n�mero 27 de 4 septiembre de 1975. Bogot�, D. E., 4 de septiembre de 1975. I. Petici�n. 1975

los numerales 5� -parcialmente-, 6� 7� y 8� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970.Identificadores30030009264true82061Versi�n original30009264Identificadores

Norma demandada: �los numerales 5� -parcialmente-, 6� 7� y 8� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970.

Exequibilidad de los ordinales 5 y 7 del art�culo 18 del Decreto 250 de 1970, el primero en la parte que dice: "o hayan sido suspendidos por faltas graves contra la �tica o excluido! de aquella". - Estese a lo decidido respecto de los ordinales 6" y 89 del art�culo 16 del mismo Decreto n�mero 250 de 1970, en las sentencias del 21 de enero de 1971 y 19 de agosto de 1970, por las cuales fueron declarados exequibles.

1. El ciudadano William Parra Guti�rrez, invocando el art�culo 214 de la Constituci�n, solicita de la Corte declame inexequibles "los numerales 5� -parcialmente-, 6� 7� y 8� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970".

2. La demanda fue presentada el d�a 28 de abril del a�o en curso, y por providencia de 5 de mayo del mismo a�o, se admiti� y-se dispuso dar traslado de ella al Procurador General de la Naci�n para los efectos legales del caso.

"Por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio P�blico.

" El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgo el art�culo 20 de la Ley 16 de 1968 atendiendo el concepto de la Comisi�n Asesora establecida por el art�culo 21 de la misma Ley,

"Articulo 16. No podr�n ser designados para cargo alguno en la Rama Jurisdiccional ni en el Ministerio Publico, a cualquier t�tulo:

5. "Quienes se encuentren suspendidos en el ejercicio de la profesi�n de abogado, o haya sido suspendidos por faltas graves contra la �tica o excluidos por aquella".

6. " Quienes como funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Publico y por falta disciplinaria, hayan sido destituidos o suspendidos por segunda vez por falta grave o sancionados tres veces cualesquiera que sean las sanciones.

7. "Quienes por faltas graves hayan sido destituidos de cualquier cargo p�blico.

8. "Las personas respecto de las cuales exista la convicci�n moral de que no observan una vida p�blica compatible con la dignidad del empleo".

1 En relaci�n con el ordinal 5� antes transcrito, debe tenerse en cuentan que la acusaci�n solo comprende la parte que aparece subrayada; "o hayan sido suspendidos por faltas graves contra la �tica o excluidos de aquella".

1. El actor indica como violados por las nomas acusadas los art�culos 14, 15, 16, 17, 26, 30, 32, 76, 150, 157, 158, 160 y 163 de la Constituci�n Pol�tica.

De estos preceptos constitucionales, los art�culos 76, 120, afirma el actor, solo parecen quebrantados por el ordinal 6� del art�culo 16.

2. Considera el demandante que la prohibici�n de desempe�ar cargos judiciales y del Ministerio P�blico para quienes han sido objeto 'le sanci�n de conformidad con los ordinales 5� y 7� del art�culo 16, significa una pena adicional impuesta por Tribunal no competente, sin las formas propias del juicio, y sin que medie sentencia Judicial, con lo cual se viola el art�culo 26 de la Carta que define las garant�as .procesales, el 16 que determina los deberes de las autoridades, el 55 que establece la independencia funcional del las ramas del Poder P�blico y, los art�culos 150, 155 y 158, que exigen requisitos y calidades para el desempe�o de la Judicatura. Adem�s por considerar que la sanci�n tiene car�cter perpetuo, ya que no es posible la rehabilitaci�n, hay violaci�n de los art�culos 14 y 15 del mismo Estatuto, pues se disminuye la ciudadan�a y se hacen nugatorios derechos que de ella emanan. Tambi�n afirma el actor que hay violaci�n del art�culo 17 de la Constituci�n porque no se da protecci�n al trabajo; y del articulo 30 por que se desconoce un derecho adquirido.

1 El Jefe del Ministerio P�blico en vista numero 187 de 26 de mayo del a�o en curso, solicita:

"1. Que declare exequible la parte acusada del ordinal 5� y del ordinal 7� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970, y

"2. Que respecto de los ordinales 6 y 8 del mismo ordenamiento, disponga que se est� a lo decidido en las sentencias de enero 21 de 1971 y agosto 19 de 1970, por los cuales fueron declarados exequibles en su orden".

2. Entre los fundamentos de la anterior petici�n, el Procurador General de la Naci�n expone lo siguiente:

"La acusaci�n se funda en un supuesto equivocado, como es el de que los preceptos impugnados implican una pena.

"El art�culo 16 del Decreto 250 acusado parcialmente forma parte del T�tulo III, que reglamenta la provisi�n y desempe�o de los empleados de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Publico y al expresar que no podr�n ser designados para ninguno de estos cargos, a cualquier titulo, quienes se hallen en algunas de las situaciones que enumera, lo que haces es establecer impedimentos para ejercerlos, con la mira de evitar en lo posible el ingreso o la continuaci�n en el servicio de las personas que por circunstancias de orden f�sico, mental o moral, la misma ley no considera plena o suficientemente calificadas para cumplir o colaborar con la alta y delicada misi�n de administrar justicia.

"Y es razonable que en esto el legislador sea exigente en extremo, trat�ndose de un servicio p�blico tan importante y de caracter�sticas tan especiales.

"De todas maneras, normas legales como las impugnadas constituyen apenas desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto por la Constituci�n en sus art�culos 62 y 76-10, que atribuyen al legislador la regulaci�n del servicio p�blico y, para el caso, exigir cualidades y antecedentes para el desempe�o de ciertos empleados, en lo previsto por la misma Carta.

"De otra parte, conforme al art�culo 39-1 del mismo Decreto 250 de 1970, los impedimentos para el ingreso al servicio y desde luego los contemplados en el art�culo 16, impiden tambi�n la admisi�n a la carrera judicial, y el precipitado canon 76-10 agrega que es atribuci�n del Congreso dictar las normas correspondientes a esa carrera, as� como la administrativa y a la militar. Y es sabido que la Corte Suprema declaro exequible el mencionado articulo 39 (cf. sentencia de enero 21 de 1971)".

1. El Decreto n�mero 250 de 18 de febrero de 1970 "por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial", fue dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades extraordinarias que le' otorg� el art�culo 20 de la Ley 16 de 1968, en armon�a con lo previso en el art�culo 76-12 de la Constituci�n.

2. Por consiguiente, trat�ndose de un Decreto de esta naturaleza, la Corte tiene competencia para conocer y decidir el presente negocio de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2� del art�culo 214 del mencionado Estatuto.

1. El T�tulo XV del Decreto 250 contiene las normas del r�gimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional del Poder y del Ministerio P�blico.

Este r�gimen disciplinario mira, ante todo, a garantizar una normal prestaci�n del servido p�blico de justicia. Y por ello es independiente del r�gimen penal que se encamina a sancionar y reprimir los delitos. No es dable asimilar la "falta disciplinaria" al "delito", ni menos exigir un procedimiento previo igual para sancionar la una y el otro.

Igual apreciaci�n cabe hacer respecto de las sanciones disciplinarias provocadas por la comisi�n de faltas graves contra la �tica profesional que rige el ejercicio de la, abogac�a.

2 En cuanto a la sanci�n de la falta, los estatutos pertinentes se�alan normas procedimentales referentes al debido proceso, al funcionario competente y a la oportuna defensa.

Por estas razones el poder disciplinario, por lo general,- corresponde al inmediato superior ya pertenezca a una u otra rama del Poder P�blico, o a organismos especializados, y los actos que de ellos emanen son independientes de "las sanciones penales a que hubiere lugar".

1. Las disposiciones contenidas en el art�culo 16 del Decreto 250 de 1970 se relacionan con "las calidades y antecedentes necesarios" para desempe�ar cargos en la Rama Jurisdiccional y en el Ministerio P�blico. Sudefinici�n corresponde a la ley, como lo determina, el art�culo 62 de la Constituci�n.

2. De otra parte, es a esta misma ley a la que incumbe "dictar las normas correspondientes a las carreras administrativas, judicial y militar" (V. art�culo 76-10). Y ello en los casos 110 previstos en la Constituci�n.

3. Los art�culos 156, 157 y 158, precisamente, se�alan los requisitos indispensables para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores del Distrito; para ser Juez. Superior, de Circuito, de Menores, o Juez Especializado, o Juez de Instrucci�n Criminal y para ser Juez Municipal.

1 Los art�culos 14 y 15 de la Corte regulan la ciudadan�a y los efectos jur�dicos y pol�ticos que ella comparta. Tal calidad es indispensable "para desempe�ar empleos p�blicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci�n".

2. En nada se quebranta la ciudadan�a por el hecho de que los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Publico

Hayan sido sujetos de una sanci�n disciplinaria. Una cosa es la ciudadan�a, como conjunto de atributos personales, y la otra el celo o cuidado que el legislador, ordinario o extraordinario, que debe exigir a trav�s de la ley para brindar a la sociedad, la correcta prestaci�n de uno de los servicios b�sicos como lo es el de la justicia.

3. Menos puede afirmarse que las normas impugnadas infrinjan el art�culo 17, pues, como anota el Procurador, "el Estado no desprotege el trabajo por exigir que quienes pretendan ingresar al servicio p�blico o continuar en el, posean determinadas cualidades o cumplan ciertos requisitos, o que, para el caso, no se hallen afectados por circunstancias que les impidan ejercerlo con el m�ximo de garant�as", Por el contrario, estima la Corte, se cumple con uno de los deberes sociales y con la protecci�n de las personas,, en su honra, su vida y bienes, tal como lo ordena el art�culo 16.

4. Tampoco encuentra la Corte que las normas acusadas desconozcan un derecho adquirido, a menos que se pretenda que este radica en la facultad de ingreso al servicio de la justicia por el solo hecho de tener un t�tulo de abogado, con menosprecio de cualidades y antecedentes necesarios para la debida selecci�n moral y t�cnica de las personas que en �l participan.

5. Igualmente no se alcanza a ver y definir en qu� forma las dichas disposiciones del Decreto 250 de 1970, pueden desajustar con los preceptos del art�culo 32.

1. Por �ltimo y respecto de los ordinales 6 y 8 del art�culo 16 cabe decir que ellos se declararon exequibles por la Corte en sentencia de 19 de agosto de 1970 y 21 de enero de 1971.

2. Por tanto, se presenta el fen�meno jur�dico de la cosa juzgada, y a sus consecuencias deber� ce�irse el presente fallo.

La demanda es inexiquibilidad no prospera. Las normas acusadas no violan los textos constitucionales indicados por el actor, ni otro alguno.

De conformidad con las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n y o�do el Procurador General de la Naci�n,

1. Son EXEQUIBLES los ordinales 5� y 7� del art�culo 16 del Decreto 250 de 1970, el primero en la parte que dice: "o hayan sido suspendidos por faltas graves contra la �tica o excluidos de aquella".

2. Respecto de los ordinales 6� y 8� del art�culo 16 del mismo Decreto numero 250 de 1970, estese a lo decidido en las sentencias del 21 de enero de 1971 y 19 de agosto de 1970, por las cuales fueron declarados exequibles.