300Corte SupremaCorte Suprema300300090371009Manuel Gaona Cruz198328/04/19831009_Manuel Gaona Cruz_1983_28/04/198330009037FACULTADES EXTRAORDINARIAS. EL FALLO SOLO TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVO RESPECTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS Y RECHAZADAS DE EXTRALIMITACION. SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA . Exequible el Decreto número 130 de 1976 Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 61. Referencia: Proceso número 1009. 1983
José A. Pedraza Picón, Alejandro CastilloNormas acusadas: Las del Decreto Extraordinario numero 130 de 1976, sobre Sociedades de Economía Mixta.Identificadores30030009038true81803Versión original30009038Identificadores

Norma demandada:  Normas acusadas: Las del Decreto Extraordinario numero 130 de 1976, sobre Sociedades de Economía Mixta.


FACULTADES EXTRAORDINARIAS. EL FALLO SOLO TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVO RESPECTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS Y RECHAZADAS DE EXTRALIMITACION. SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA.

Exequible el Decreto número 130 de 1976

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 61.

Referencia: Proceso número 1009.

Normas acusadas: Las del Decreto Extraordinario numero 130 de 1976, sobre Sociedades de Economía Mixta.

Actores: José A. Pedraza Picón y Alejandro Castillo.

Magistrado ponente: Doctor Manuel Gaona Cruz.

Aprobada por Acta número 30 de abril 28 de 1983.

Bogotá D. E., abril veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y tres (1983).

De conformidad con lo prescrito en el artículo 214 de la Constitución se decide sobre la acción cíe inconstitucionalidad que ejercen los ciudadanos José A. Pedraza Picón y Alejandro Castillo contra el Decreto de la referencia.

I.TEXTO DEL DECRETO

DECRETO NUMERO 130 DE 1976
(enero 26)

Por el cual se dictan normas sobre Sociedades de Economía Mixta.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucio­nales y legales y en especial de las extraordinarias que le confiere la Ley 28 de 1974, oída la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

DECRETA:

I. De las sociedades en que participen la Nación y las entidades descentralizadas.

Artículo 1° De las Sociedades de Economía Mixta con carácter nacional. Para que una Sociedad de Economía Mixta pueda ser calificada como del orden nacional, en el acto de su constitución o en sus posteriores estatutos, se requiere que entre sus socios figuren la Nación o una de sus entidades descentralizadas.

Artículo 2° Del régimen aplicable a las sociedades con aporte nacional inferior al 90%. Las Sociedades de Economía Mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere inferior al 90% del capital social, se someten a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

Artículo 3° Delrégimen aplicable a las sociedades con aporte nacional igual o superior al 90% del capital social. Las Sociedades de Economía Mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere igual o superior al 90% del capital social, se sujetan a las normas previstas para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Cuando en estas sociedades la participación oficial fuere exclusivamente de entidades descentralizadas, en el respectivo contrato social se señalará quién elige o designa su Gerente y se determinarán la composición y Presidencia de sus Juntas Directivas.

Artículo 4° De la constitución de sociedades entre entidades públicas. Las sociedades que se creen por la participación exclusiva de entidades públicas con el fin de desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial, se someten a las normas previstas para las Empresas Industriales o Comerciales del Estado. Sus estatutos proveerán sobre las materias mencionadas en el inciso segundo del artículo anterior y, además, podrán disponer que un mismo órgano hará las veces de Asamblea de Accionistas o Junta de Socios y de Junta Directiva.

Artículo 5° De la tutela sobre las sociedades. En los estatutos de las sociedades a que se refieren los artículos anteriores, deberá precisarse su pertenencia a los órdenes nacional, departamental o municipal según la naturaleza y ámbito de los servicios y actividades que se les encomienden, la proporción de las participaciones y la intención de los creadores.

Si se calificaren como del orden nacional, se señalarán el sector administrativo al cual pertenecen teniendo en cuenta su objeto social y los mecanismos necesarios para controlar sus actividades y asegurar la coordinación de éstas con la política general del Gobierno.

II. De las Corporaciones y Fundaciones.

Artículo 6oDe las Corporaciones y Fundaciones de participación mixta. Sin perjuicio de lo que normas especiales tengan establecido para algunas de ellas, las personas jurídicas que se crean para fines de interés público o social, sin ánimo de lucro, con recursos o participación de entidades públicas y de particulares, se someterán a las normas previstas para las Corporaciones o Fundaciones, según el caso, en el Código Civil y demás disposiciones pertinentes.

Artículo 7° De las Asociaciones entre entidades públicas. A las personas jurídicas que se creen sin ánimo de lucro, por la asociación exclusiva de entidades públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo se les aplican las normas previstas para los Establecimientos Públicos, sin perjuicio de las particularidades que contengan los actos de su creación. En todo caso, sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos.

Artículo 8° De la tutela de las Asociaciones. Los estatutos de las Asociaciones que trata el artículo anterior deberán contener también las determinaciones previstas en el artículo 5° de este Decreto.

III.De la suscripción, adquisición y enajenación de acciones o cuotas sociales.

Artículo 9° De la suscripción de accionas. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución y las que posteriormente emita la Sociedad de Economía Mixta serán colocadas de acuerdo con el reglamento que con tal fin apruebe la Junta Directiva, el cual se expedirá con sujeción a las normas del Código de Comercio y demás disposiciones pertinentes y, si a ello hubiere lugar, se someterá a la aprobación de la respectiva Superintendencia.

Artículo 10. Del derecho de preferencia. Sin perjuicio de lo que sobre la materia dispusiere el acto que autorizó crear la sociedad, cuando un socio particular quiera enajenar sus cuotas o acciones en la sociedad, las ofrecerá por conducto del representante legal de la compañía, a las entidades públicas que sean socias o accionistas. Si éstas aceptaren la oferta, tendrán derecho a adquirirlas a prorrata de las cuotas o acciones que posean.

Artículo 11. Del precio, plazo y demás condiciones para la adquisición. Si las entidades públicas interesadas en la adquisición no aceptaren el precio, plazo y demás condiciones señaladas en la oferta, las partes designarán peritos cuyo dictamen será obligatorio.

Artículo 12. De la no aceptación de la oferta. Si dentro de los 15 días siguientes a la oferta, las entidades públicas no manifestaren interés en aceptarla, la misma se formulará a los demás socios privados.

"Si no hubiere otros socios privados o los existentes no quisieren adquirir las acciones o cuotas ofrecidas, éstas se podrán enajenar libremente.

Artículo 13. De la compra de acciones o cuotas. Cuando la Nación o sus entidades descentralizadas desearen adquirir las acciones o cuotas de los particulares, y éstas así lo aceptaren, el precio, plazo y demás condiciones de la negociación se determinarán conforme a lo previsto en el artículo 11 de este Decreto.

Artículo 14. De la expropiación de acciones privadas. Si los particulares no se avinieren a la venta, el Gobierno mediante Resolución Ejecutiva ordenará su expropiación a favor de la Nación. De igual manera se procederá cuando el propieta­rio se abstuviere de formalizar y cumplir la negociación acordada o dilatare injustifi­cadamente tal cumplimiento. En la expropiación no se podrá pagar por las acciones o cuotas sociales una suma mayor al valor de las mismas en libros, en bolsa de valores o en las declaraciones de renta de sus titulares, a elección de éstos.

Artículo15. De los casos en que hay lugar a expropiación. Cuando la Nación tenga separada o conjuntamente con otras entidades públicas el 50% o más de las acciones o cuotas sociales, podrá ordenarse la expropiación si:

a) La actividad desarrollada por la sociedad y sus productos y servicios son- indispensables para la defensa nacional y la seguridad del Estado;

b) El objeto de la sociedad es la explotación de recursos naturales a cualquier titulo;

c) La sociedad desarrolla actividades de interés público o beneficio social;

d) La sociedad, para la mejor ejecución y desarrollo de su objeto social, requiere aumentar su capital y los socios particulares no aceptan hacer nuevos aportes;

e) Hay necesidad de integrar la actividad de la sociedad con de otras entidades publicas.

Artículo 16. Del juicio de expropiación. Ejecutada la Resolución que decreta la expropiación se adelantará el proceso de que trata el Código de Procedimiento Civil. En la demanda podrá solicitarse que el juez decrete la inscripción de la enajenación de las acciones o cuotas, y así se ordenará tan pronto como el demandante consigne a disposición del juzgado el valor que éste le señale.

Artículo 17. De la transformación de las sociedades en Empresas.Cuando todas las acciones o cuotas sociales en poder de particulares sean transferidas a una o varias entidades públicas, la sociedad se convertirá, sin necesidad de liquidación previa, en Empresa Industrial o Comercial del Estado o en Sociedad entre entidades públicas. Los correspondientes órganos directivos de la entidad procederán a modificar los estatutos en la forma a que hubiere lugar.

Artículo 18. De la enajenación de acciones o cuotas sociales. Mediante autorización contenida en Decreto Ejecutivo o en acto de la respectiva Junta Directiva, según fuere el caso la Nación y sus entidades descentralizadas podrán ofrecer en venta sus acciones o cuotas sociales a otras entidades públicas, sean socias o no. Si éstas no aceptaren la oferta, podrán ser dadas en venta a personas de derecho privado.

El acto que autorice la enajenación establecerá las condiciones, modalidades y forma de pago de las acciones o cuotas sociales.

IV. De las disposiciones varias.

Artículo 19. De la participación de las Sociedades de Economía Mixta. Cuando en las Sociedades a que se refiere el presente, el aporte de capital público de ésta es proporcional a la parte del capital público que tenga dentro de su capital social y a su participación en la sociedad que se constituye.

Artículo 20. De la definición de Entidades Públicas. Para los efectos previstos en el presente Decreto son entidades territoriales, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales o Comerciales y las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen previsto para las Empresas.

Artículo 21. De la autorización para constituir asociaciones a sociedades. Las Entidades Públicas sólo podrán constituir las Asociaciones o Sociedades a que se refiere el presente Decreto cuando para ello se encuentren debidamente autorizadas. Si se trata de entidades nacionales, la autorización la confiere en forma expresa la ley o el Gobierno Nacional.

Artículo 22. Del cumplimiento del presente Estatuto. Los representantes de la Nación o de sus entidades descentralizadas en los órganos directivos de las sociedades o asociaciones aquí previstas promoverán las reformas estatutarias indispensables para ajustar la organización y el funcionamiento de dichas personas jurídicas a las normas de este Estatuto.

Articuló 23. De la vigencia del presente Decreto. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 26 de enero de 1976.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los actores consideran que el Decreto acusado es violatorio de los artículos 2°, 55, 76 ordinales 10 y 12 y 118-8 de la Constitución.

Su único cargo de inconstitucionalidad se apoya en que el Gobierno se extralimitó al expedir el Decreto acusado por cuanto lo hizo por fuera del tiempo señalado en la Ley de Facultades Extraordinarias número 28 de 1974. Sus planteamientos son éstos:

1. El poder público se ejerce por el legislador, por el administrador y por los jueces, con funciones separadas aunque armónicamente dirigidas a la realización de los fines del Estado (arts. 2° y 55).

Es pues el legislador el que tiene la competencia propia para dictar los estatutos básicos de las empresas de economía mixta, pudiéndolas delegar pro tempore y en forma precisa en el Presidente de la República, pero no en forma intemporal o indefinida.

2. Y concluyen:

"La Ley 28 de 1974, artículo l° dispuso su facultad extraordinaria que le atribuía capacidad para dictar normas sobre Sociedad (sic) de Economía Mixta al Presidente de la República por el término de doce (12) meses, y la ley se expidió el 28 de enero de 1974, este término o protemporalidad vencía el 26 de enero de 1975, vale decir, se agotaba el término de doce (12) meses (art. 76-12). El Decreto-ley número 130 de 1976 que en uso de esa facultad se expidió, lo fue con fecha 26 de enero de 1976, cuando ya se había vencido la temporalidad señalada en la ley de autorizaciones. Este quebranto irremisible e irremediable contraría el artículo 76-12 de manera directa, y en tal virtud, el acto acusado es evidentemente inexequible según el artículo 214 y el artículo 118-8, por no tener facultades".

III. El Procurador

El jefe del Ministerio Público considera que el fallo ha de contraerse al análisis de la extralimitación por razón del tiempo, según los fallos que al respecto ha proferido en casos similares la Corte, de mayo 6 de 1971, julio 25 de 1974 y mayo 27 de 1982.

A su entender el Decreto se ajusta a la Constitución respecto del término señalado en la Ley de Facultades número 28 de 1974, porque el artículo 5° de dicha ley determinó su vigencia "a partir de la fecha de su publicación", y ésta se produjo el 28 de enero de 1975 y no el 20 de diciembre de 1974, fecha de su sanción; no hubo extralimitación por razón del tiempo puesto que el Decreto número 130 de 1976 se dictó el 26 de enero, es decir, antes de transcurridos los doce meses de facultades señalados en el artículo 1° de aquella ley.

IV.CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El Decreto número 130 de 1976 es Extraordinario y por ende es competente la Corte para decidir sobre su demanda de inconstitucionalidad, según lo previsto en el artículo 214 de la Carta.

2. No prospera el único cargo de inconstitucionalidad formulado por los actores contra el Decreto número 130 de 1976, de extemporaneidad por haber sido expedido luego de vencido el término previsto en la Ley de facultades extraordinarias para hacerlo, por las consiguientes razones:

a) El artículo 1° de la Ley 28 de 1974, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedirlo, "por el término de doce meses, contados a partir de la vigencia de esta ley...";

b) Aunque dicha ley fue sancionada, como lo advierte el Procurador, el 20 de diciembre de 1974, sin embargo, los doce meses para ejercer las facultades concedi­das sólo podían ser contados a partir de su vigencia (art. 1° de la ley) y no de su sanción;

c) El artículo de la Ley 28 de 1974 que determinó la fecha de su vigencia y que constituye el presupuesto de contabilidad de los doce meses es el 5°, que dice: "la presente ley rige a partir de la fecha de su publicación", y dicha ley se publicó en la página 185 del Diario Oficial número 34244, el día 28 de enero de 1975; por lo cual la mentada vigencia comenzó el 29 de enero de 1975 (C. de R.P.M., art. 52) y no el 20 de diciembre de 1974;

d) Dado que el Decreto número 130 fue expedido el 26 de enero de 1976, se tiene que cuando el Gobierno lo dictó aún se hallaba dentro del plazo de los doce meses señalado en la ley de facultades extraordinarias;

e) No desconoce la Corte que aunque el Decreto acusado fue expedido el 26 de enero de 1976 dentro del término de vigencia de las facultades extraordinarias, sólo, entró a regir el 18 de febrero de 1976, o sea el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial número 34491 de 17 de febrero de 1976, según lo prescrito en el artículo 23 que ordenó su vigencia a partir de la fecha de su publicación. Pero se deja en claro que la preclusión de los términos previstos en las leyes de facultades extraordinarias no se predica respecto de la fecha aplazada de vigencia ni de la publicación oficial de los decretos extraordinarios que las desarrollan, sino exclusivamente en relación con la de su expedición.

En consecuencia, el Decreto número 130 de 1976 fue dictado dentro del plazo prescrito en el artículo 1° de la Ley de facultades extraordinarias 28 de 1974 y se ajusta por este aspecto a los mandatos constitucionales.

3. Tiene definido la Corte que cuando se acuse de inconstitucional un decreto expedido con fundamento en una ley de facultades extraordinarias, con el único cargo de parte del actor de extralimitación de lo prescrito en ella, de ser desvirtuado dicho cargo, como aquí se ha hecho, el fallo sólo tiene el carácter de definitivo, respecto de las circunstancias alegadas y rechazadas de extralimitación, pero no el de absoluto o total, puesto que a los ciudadanos les queda el derecho de ejercer de nuevo acción de inconstitucionalidad contra el Decreto, pero por razones diferentes a las que hayan dado lugar al rechazo del pretendido exceso.

Con ocasión de la demanda presentada contra el Código de Procedimiento Civil por extralimitación de la Ley de facultades extraordinarias 4ª de 1969, la Corte expresó mediante fallo de 6 de mayo de 1971, lo siguiente:

"Cuando se acusa el decreto extraordinario que comprende un código o estatu­to, por abuso de poder, en sus modalidades de exceso o desviación, en realidad de verdad no se cuestionan sus disposiciones frente a algunas o todas de las disposiciones de la Carta; se indican como violadas las referentes al ejercicio de las facultades extraordinarias, aunque indirectamente se puedan quebrantar otros preceptos, como los que definen la competencia y funciones de las ramas del poder;

"De otra parte, significaría una labor ímproba, que excede necesariamente los términos legales, confrontar todas y cada una de las disposiciones de un código (ahora 700 artículos), con todas las disposiciones de la Carta.

"En conclusión, en el caso sub judice, y en sus semejantes, la Corte define y fija el alcance del artículo 29 del Decreto número 432 de 1969 en los términos expuestos, o sea, que el fallo al respecto se profiera tiene el carácter de definitivo, mas no el de absoluto; y por tanto, sobre el aspecto del uso de las facultades extraordinarias no se puede volver, sin que ello obste para que en sentencias posteriores se contemplen y decidan otros cargos y tachas de inconstitucionalidad, acerca de alguna o algunas de las disposiciones del mismo código o estatuto, por razones distintas de las de exceso en el ejercicio de tales facultades extraordinarias".

4. En el caso sub lite persiste una particularidad que reclama otras precisiones, a saber, la de que los demandantes acusaron de inconstitucional el Decreto número 130 de 1976, únicamente por estimar que adolece del vicio de extemporaneidad, es decir, en reclamo exclusivo de sentencia que lo declare inexequible por haber sido expedido después de extinguido el término de doce meses que el artículo 1° de la Ley 28 de 1974 había señalado para que el Gobierno ejerciera su investidura extraordinaria sin aducir argumento adicional alguno, o sea que aquí la alegada extralimitación solo se refiere al plazo para ejercer las facultades.

En relación con el específico caso de acciones de inconstitucionalidad contra decretos extraordinarios por extemporaneidad, también se pronunció ya la Corte con ocasión de la que se formuló por igual razón contra el Decreto número 181 de 1981, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, mediante Sentencia de 15 de junio de 1981, en la que se dijo:

"Corno resultado de lo anterior, la Corte no encuentra que el Decreto-ley artículo 181 de 1981 haya quebrantado la Constitución por la expedición fuera del término que alega la demanda. Este fallo se contrae únicamente a la decisión de Exequibilidad del Decreto número 181 de 1981, en cuanto éste fue expedido dentro del término fijado Por la ley de Facultades. La demanda adujo su extemporaneidad como cargo único, y omitió formular otros cargos de forma o de fondo en que haya podido incurrir el Decreto cuestionado".

5. Tiénense pues como antecedentes jurisprudenciales esenciales, para el caso en examen, los fallos de esta Corporación de 6 de mayo de 1971 y de 15 de junio de 1981, para sustentar que la sentencia sólo tendrá el carácter de inexequibilidad del Decreto acusado en cuanto éste se expidió dentro del término previsto por la Ley 28 de 1974 para poder hacerlo, quedándoles a los ciudadanos el derecho a demandar el estatuto por razones y causas distintas de la específicamente delimitada por este fallo.

V.Decisión

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Constitución, oído el Procurador General de la Nación,

RESUELVE

DECLARAR que el Decreto Extraordinario número 130 de 1976 fue expedido dentro del término señalado por el artículo 1° de la Ley de Facultades Extraordinarias a 28 de 1974, y que, en consecuencia, es exequible por tal concepto.

Cópiese, comuníquese, publíquese, infórmese a! Congreso y al Gobierno, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

José E. Gnecco Coma,

Presidente;

Manuel Gaona Cruz,

Luis Enrique Aldana Rozo,

Jerónimo Argáez Castello,

Fabio Calderón Botero,

Ismael Coral Guerrero,

Manuel Enrique Daza A.,

José María Esguerra Samper,

Dante L. Fiorillo Porras,

Germán Giraldo Zuluaga,

Héctor Gómez Uribe,

Gustavo Gómez Velásquez,

Juan Hernández Sáenz,

Álvaro Luna Gómez,

Carlos Medellín,

Ricardo Medina Moyano,

Humberto Murcia Ballén,

Alberto Ospina Botero,

Alfonso Reyes Echandía,

Rafael Nieto Navia, Conjuez;

Jorge Salcedo Segura

Pedro Elías Serrano Abadía,

Fernando Uribe Restrepo,

Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario