300Corte SupremaCorte Suprema300300088091464Fabio Morón Díaz198609/10/19861464_Fabio Morón Díaz_1986_09/10/198630008809&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA NÚMERO 88. 1986
José Alberto Guiza RojasAcción de inexequibilidad contra los artículos 1º, inciso primero (parcial) 3º, inciso primero (parcial) 20, literal a)Identificadores30030008810true81475Versión original30008810Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra los artículos 1º, inciso primero (parcial) 3º, inciso primero (parcial) 20, literal a)


&&CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO 88.

REFERENCIA : Expediente número 1464

Acción de inexequibilidad contra los artículos 1L0064_78#1*º, inciso

primero (parcial); 3L0064_78#3*º, inciso primero (parcial); 20L0064_78#20*, literal a)

(parcial); 22L0064_78#22*, (literal c), y 23L0064_78#23*, inciso segundo (parcial), de

la Ley 64 de 1978. Definición y clasificación del ejercicio

de las profesiones de Ingeniería, Arquitectura y Auxiliares.

DEMANDANTE : José Alberto Guiza Rojas

MAGISTRADO PONENTE : doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobada por Acta número 60

FECHA : Bogotá, D.E., octubre nueve (9) de mil novecientos ochenta

y seis(1986).

TEMA : EL EJERCICIO DE LOS OFICIOS, AL CONTRARIO DE

LAS PROFESIONES, NO REQUIERE LA ACREDITACIÓN

DE TÍTULOS DE IDONEIDAD, NI LICENCIATURAS

ACADÉMICAS PORQUE SE TRATA DE APTITUDES

ADQUIRIDAS POR LA PRAXIS QUE OFRECE LA VIDA.

POR ELLO LA LEY REGLAMENTA Y EXIGE TÍTULOS DE

IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES

PERO NO PARA LOS OFICIOS QUE SOLO PODRÁN SER

INSPECCIONADOS POR LAS AUTORIDADES. EJERCICIO

DE LAS PROFESIONES DE INGENIERÍA, ARQUITECTU-

RA Y AUXILIARES.

Exequibles el inciso primero del artículo1L0064_78#1*º, los arts. 3L0064_78#3*º, 20L0064_78#20*, 22L0064_78#22* y 23L0064_78#23* en las partes acusadas de la Ley 64 de 1978.

I.- ANTECENTES

Ante esta Corporación el ciudadano José Alberto Guiza Rojas, presentó demanda de inexequibilidad contra los artículos 1L0064_78#1*º, 3L0064_78#3*º, 20L0064_78#20*, 22L0064_78#22* y 23L0064_78#23* de la Ley 64 de 1978. Se procede a resolver el asunto.

II.- TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS

"LEY 64 DE 1978

"Artículo 1º. Se entiende por ejercicio de las profesiones de ingeniería, arquitectura y auxiliares todo lo relacionado con el estudio, la planeación, asesoría, dirección, superintendencia, interventoría y en general con la ejecución o el desarrollo de cualquiera de las tareas, obras o actividades especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la "Clasificación Nacional de Ocupaciones adoptado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución número 1186 de 1970, ordenamiento que corresponde a los sub-grupos 'arquitectos, ingenieros y técnicos asimilados' de la clasificación internacional de ocupaciones, elaborada por la Oficina Internacional del trabajo.

"El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere dicha clasificación, teniendo en cuenta las características especiales del país.

"La presente reglamentación nos e aplicará al ejercicio profesional de las especialidades de la ingeniería, la arquitectura y profesiones auxiliares ya reguladas por medio de las Leyes 20L0020_71#1* de 1971, 14L0014_75#1* de 1975 y 18L0018_76#1* de 1976, así como en virtud de cualesquiera otras disposiciones legales que, al empezar a regir esta ley, estuvieren vigentes.

"Artículo 2L0064_78#2*º. ....

"Artículo 3L0064_78#3*º. Así mismo, con las excepciones consagradas en el inciso 3º del artículo 1L0064_78#1*º de esta Ley, para ejercer cualquiera de las profesiones auxiliares de la arquitectura o de la ingeniería, se requiere certificado expedido por un Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura, confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura de acuerdo con el reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno.

"El Certificado así expedido se presume auténtico".

"Artículo 20.L0064_78#20* Son funciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura las siguientes:

"a). Conocer por recursos de apelación o de consulta, las de las resoluciones que dicten los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura, y resolver sobre ellas. Serán consultadas en todos los casos, aquellas que versen sobre las matrículas y los certificados a que se refieren los artículos 2L0064_78#2*º y 3L0064_78#3*º".

"Artículo 22.L0064_78#22* Son funciones de los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura las siguientes:

"a). ....

"b). ....

"c). Expedir el certificado a los auxiliares que llenen los requisitos establecidos".

"Artículo 23.L0064_78#23* Para obtener el certificado de que trata el artículo 3L0064_78#3*º, el interesado debe presentar ante el Consejo Profesional seccional de Ingeniería y Arquitectura su título o la constancia de haber cursado y aprobado todas las materias que, de acuerdo con las normas vigentes, corresponden a su profesión, en universidad, instituto, escuela o establecimiento educativo reconocido por el Gobierno.

"Cuando previa consulta al Ministerio de Educación Nacional, formulada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, se comprobare que en alguna o algunas de las profesiones auxiliares a que se refiere el anterior inciso no existe en el país un número suficiente de egresados de universidades, institutos, escuelas o establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno, los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura podrán expedir certificados para ejercer tales profesiones auxiliares a las personas que, sin haber hecho los estudios correspondientes, hayan tenido una práctica comprobada de cinco (5) años por lo menos, y que demuestren por medio de exámenes presentados en una de las universidades oficiales, que tienen los conocimientos necesarios para su correcto ejercicio".

III.- NORMAS CONSTITUCIONALES CONSIDERADAS COMO INFRINGIDAS

Artículo 2CONS_P86#2*º y 55CONS_P86#55*, 17CONS_P86#17* y 39CONS_P86#39*, de la constitución Nacional.

IV. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA

Argumenta el actor la violación de la Constitución en los siguientes términos:

1.- Que el artículo primero demandado, desconoce el principio constitucional consagrado en el artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, al hacer extensiva la reglamentación que el Legislador consagró en la Ley 64L0064_78#1* de 1978, para el ejercicio de la Ingeniería y la Arquitectura, a todas las tareas, obras o actividades relacionadas con las mismas.

Desconoce igualmente los principios constitucionales mediante los cuales se consagra que en Colombia los jueces, el Gobierno y el Congreso tienen funciones separadas, y así mismo que los poderes públicos deben ejercerse en los términos que la Constitución establece al ordenar que el Consejo Profesional nacional de Ingeniería y Arquitectura podrá ampliar el alcance de las actividades que se consideran reglamentadas con la Ley 64L0064_78#1* de 1978, facultad que corresponde al Legislador.

Lo anterior, hace que el artículo demandado atente contra el libre ejercicio de una profesión u oficio al trasladar competencias del Legislativo a un órgano administrador.

2.- Que la norma acusada reglamenta el ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y las profesiones auxiliares, comprendiendo las actividades de planeación, asesoría, dirección, superintendencia, interventoría y en general cualquier tarea, obra o actividad en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

3.- Que los subgrupos 02 y 03 se refieren a Arquitectos, ingenieros y técnicos asimilados y se clasifican en este grupo primario, los arquitectos urbanistas, ingenieros civiles, ingenieros en electricidad y electrónica, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros de minas, ingenieros de organización industrial, ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes, agrimensores, dibujantes, técnicos en ingeniería civil, técnicos en electricidad y electrónica, técnicos mecánicos, técnicos en química industrial, técnicos metalúrgicos, técnicos en minas, técnicos de industrias no clasificados bajo otros epígrafes.

4.- Que de la anterior clasificación se excluye a especialidades y profesionales de la ingeniería, tales como: técnico constructor, ingeniero químico, profesionales agronómicos y forestales, y estos subgrupos 02-03, contienen una clasificación administrativa que incluye tanto profesiones como oficios.

5.- Que la reglamentación contiene vicios de inconstitucionalidad al incluir oficios de los cuales no se puede pregonar que sea el Estado el que ha impartido esa clase de educción y aprobado para clasificarlos como profesionales exigiendo títulos de idoneidad.

6.- Que por tales razones la ley sólo está facultada para reglamentar las profesiones mas no para dar el mismo tratamiento a los oficios auxiliares que sólo son objeto de inspección y vigilancia, ya que para ser desempeñados no requieren acreditar título de idoneidad alguno ni licenciatura académica, sino aptitudes empíricas y de práctica que favorecen a quienes cumplen requisitos menos rigurosos para ejercerlos.

7.- Que, generalizar, cuando el mismo Estado no ha proveído a la necesidad misma del país de dar la clase de educación que se supone incluye todos los oficios, tareas y actividades de que habla la Clasificación de los subgrupos 02 y 03, conlleva el coartar la libertad de trabajo de aquellas personas que escogieron una profesión u oficio en la que se hicieron prácticos y que para ejercerla se tienen que sujetar a una disposición legislativa que discrimina el libre ejercicio de la misma, concretándose entonces vicios de inconstitucionalidad por contravenir los postulados consagrados en los artículos 17CONS_P86#17* y 39CONS_P86#39* de la Constitución Nacional.

8.- Que al darle al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura la facultad de ampliar el alcance de las actividades a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones teniendo en cuenta las características especiales del país, y al darle el artículo 23L0064_78#23* demandado, la facultad de decidir sobre la expedición o no de un certificado para ejercer un oficio, se están contraviniendo los postulados de los artículos 2CONS_P86#2*º, 17CONS_P86#17*, 39CONS_P86#39* y 55CONS_P86#55* de la Carta, porque no puede dicho Consejo asumir válidamente la competencia legislativa de reglamentar el ejercicio de las profesiones y mucho menos de los oficios, por ser ésta una facultad del Congreso, indelegable en entidades del orden administrativo.

9.- Que los artículos 3L0064_78#3*º, 20L0064_78#20* y 23L0064_78#23* están contraviniendo los artículos 2CONS_P86#2*º, 55CONS_P86#55*, 17CONS_P86#17* y 39CONS_P86#39* de la Constitución, ya que el artículo 23L0064_78#23* demandado al señalar en el inciso segundo que cuando previa consulta hecha al Ministerio de Educación Nacional, se comprobare que en algunas de las profesiones auxiliares no existe en el país un número suficiente de egresados de universidades, institutos, escuelas o establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno, los Consejos Seccionales, podrán expedir certificados para ejercer su profesión u oficio a las personas que tengan una práctica comprobada de cinco (5) años, está asumiendo inválidamente una competencia legislativa: la de reglamentar el ejercicio de una profesión, que corresponde, como ya se ha dicho, únicamente al Legislador, el cual no puede válidamente, delegarla en un ente administrativo.

10.- Que los artículos 3L0064_78#3*º, 20L0064_78#20* y 23L0064_78#23* contravienen el artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, toda vez que esta norma constitucional tiene un triple significado:

a). Que dicha reglamentación es consecuencia del principio de constitucionalidad, según el cual es la Ley y no el acto de administración la expresión jurídica legítima y superior de garantía y regulación de las libertades de los gobernados, entre las que se encuentran la de escoger profesión u oficio y la de poder acreditar, con respaldo en ella, idoneidad o capacidad para desempeñarlos.

b). Que la constitución tiene por cometido proteger a quienes con esfuerzo y empeño se capacitan para ejercer a cabalidad una profesión, y

c). Que la constitución impone al Estado la obligación de proteger a los gobernados y a la Sociedad en su seguridad, salubridad, tranquilidad, integridad, patrimonio y bienestar y le da por objeto esencial el bien común, todo lo cual implica el deber constitucional de resguardar esos intereses individuales y colectivos y por ende el de tomar medidas que busquen evitar el indebido ejercicio de las profesiones por quienes no reúnan las aptitudes o capacidades suficientes o adecuadas para desempeñarlas.

V.- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación emitió concepto en los siguientes términos:

1.- Que ese despacho no comparte el argumento del demandante en el sentido de que el artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 no podía reglamentar el ejercicio de "todas las tareas, obras o actividades" relacionadas con la ingeniería y arquitectura, sin infringir el artículo 39CONS_P86#39* de la Constitución, porque la diferencia entre profesiones y oficios es relativa, ya que depende de la evolución dela sociedad en la cual éstos se desarrollan y de las nuevas técnicas utilizables para las diferentes labores, de tal manera que un oficio simple, que en una época no requería ninguna clase de estudio, con el tiempo puede convertirse en una profesión altamente calificada.

2.- Que, por otra parte, no puede argüirse que con la definición de nuevas profesiones se viole el artículo 17CONS_P86#17* de la Constitución, pues este canon consagra la protección del Estado al trabajo y es apenas obvio que éste debe desempeñarse dentro del marco de la legalidad más no por fuera de ella, por lo cual es necesario interpretarlo en concordancia con el artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, el cual señala las pautas para establecer la legalidad de las diferentes actividades.

3.- Que, teniendo en cuenta lo expuesto, ese Despacho considera que la parte demandada del inciso primero del artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 de 1978 es exequible, pues de acuerdo con lo señalado en el artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, es facultativo del Legislador determinar las profesiones y por tanto establecer, como lo hizo, que las tareas, obras o actividades especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, constituyen profesiones auxiliares de ingeniería y arquitectura, y reglamentar su ejercicio.

4.- Que, en cambio, el Despacho acoge el planteamiento del demandante respecto del segundo inciso del artículo 1L0064_78#1*º que autoriza al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura para ampliar el alcance de las actividades a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones, porque es evidente que de este modo la disposición acusada confiere a una entidad administrativa la facultad de definir las profesiones.

5.- Que, respecto de la facultad dada por la Ley 64 de 1978, mediante los artículos 3L0064_78#3*º, 20-L0064_78#20*a y 23L0064_78#23*, a los Consejos Profesionales Nacionales y Seccionales, de otorgar certificados que autoricen el ejercicio de las profesiones auxiliares, el Procurador General no encuentra que tales disposiciones violen las normas constitucionales citadas en la demanda, pues una cosa es definir y reglamentar las profesiones y señalar el organismo encargado de expedir los certificados de idoneidad, funciones que corresponden al legislador y otra muy diferente es expedir los certificados, pues esta es una medida propia de una entidad administrativa, a la cual corresponde la ejecución de la Ley.

6.- Que, respecto del segundo inciso del artículo 23L0064_78#23*, ese Despacho considera que la proposición jurídica es incompleta, porque la parte sustraída de la acusación es imprescindible para la unidad normativa de la disposición.

Efectivamente, con la simple lectura de la parte acusada se observa que no tiene ningún sentido sin la inclusión de la frase no demandada, pues ésta representa precisamente la acción cuestionada, mientras que las otras dos proposiciones son las circunstancias en las cuales se realiza. En consecuencia, todo el inciso está íntimamente relacionado, de manera que la supresión de una de sus partes implica una "irreparable ruptura de la continencia inescindible en la causa petendi, lo que determina, por evidente imposibilidad lógica, el pronunciamiento inhibitorio" (Sentencia número 22 del 19 de marzo de 1984).

7.- Que, no obstante lo anterior, si la Corte considera que del contexto de la demanda se puede inferir que está acusado todo el inciso, pues el actor en el concepto de violación parece no hacer discriminación alguna, su Despacho considera que esa disposición es inexequible, puesto que la determinación de las profesiones auxiliares que pueden ejercer sin exigencia de estudios y sólo con prácticas y exámenes implica una decisión sobre los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio profesional, la cual es privativa de la Ley, como se expuso ampliamente al analizarse el inciso segundo del artículo 1L0064_78#1*º.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Por mandato del artículo 214CONS_P86#214* de la Carta, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, como guardiana de la constitución conocer de la exequibilidad de las leyes cuando han sido acusadas ante ella. Le asiste pues, competencia a esta Corporación para pronunciarse al respecto.

La Ley 64 de 28 de diciembre de 1978 se refiere a la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y profesiones auxiliares; y teniendo en cuenta la acusación formulada contra los artículos 1L0064_78#1*º, 3L0064_78#3*º, 20L0064_78#20*, 22L0064_78#22* y 23L0064_78#23*, parcialmente, se encuentra que son tres temas los dignos de estudio.

a). Reglamentación establecida por la Ley acusada.

Efectivamente el inciso primero del artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 de 1978 establece que:

1.- Se entiende por ejercicio de las profesiones de ingeniería, arquitectura y auxiliares, todo lo relacionado con el estudio, la planeación, asesoría, dirección, superintendencia, interventoría y en general, con la ejecución o el desarrollo de cualquiera de las tareas, obras o actividades especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

2.- Los subgrupos 02 y 03 de dicha Clasificación Nacional de ocupaciones se refieren a:

0-21 Arquitectos y urbanistas

0-22 Ingenieros Civiles

0-23 Ingenieros en Electricidad y Electrónica.

0-24 Ingenieros Mecánicos

0-25 Ingenieros Químicos

0-26 Ingenieros Metalúrgicos

0-27 Ingenieros de Minas

0-28 Ingenieros de Organización Industrial

0-29 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

0-31 Agrimensores

0-32 Dibujantes

0-33 Técnicos en Ingeniería Civil

0-34 técnicos en Electricidad y Electrónica

0-35 Técnicos Mecánicos

0-36 Técnicos en Química Industrial

0-37 Técnicos Metalúrgicos

0-38 Técnicos en Minas

0-39 Técnicos en Industrias no clasificados bajo otros epígrafes.

Se puede observar que han quedado sometidas a regulación por la Ley 64L0064_78#1* de 1978 las profesiones de la Ingeniería, arquitectura y auxiliares, etc., que en la mayoría de los casos ya han sido reglamentadas por la ley, elevándolas a la categoría de profesión y estableciendo los requisitos académicos que deben reunir y llenar los estudiantes para optar al título correspondiente.

Lo anterior, en principio, está de acuerdo con el postulado del artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, pues la Constitución reserva a la ley la reglamentación de las profesiones, así como la de exigir títulos de idoneidad. De otro lado somete a los oficios y a las profesiones a inspección por parte de las autoridades en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas.

La diferencia entre profesión y oficio se encuentra en el hecho de exigir la profesión toda una reglamentación legal y que para obtener el título correspondiente, la ley exige el lleno de requisitos académicos cursados en universidades, institutos, escuelas, colegios o establecimientos similares, autorizados para impartir esa clase de instrucción. Por el contrario, los oficios no requieren la acreditación de títulos de idoneidad, ni licenciaturas académicas porque se trata de aptitudes adquiridas por la praxis que ofrece la vida. Por ello, le corresponde a la ley la reglamentación y exigencia de títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones, mas no para los oficios que sólo podrían ser inspeccionados por las autoridades.

Por otra parte, el inciso primero del artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 de 1978 incluyó en su reglamentación tanto a profesiones como a actividades auxiliares de las profesiones de ingeniería y arquitectura.

Como es de la competencia de legislador ordinario, por mandato del artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, la reglamentación del ejercicio de las profesiones, sin distinguir si son auxiliares o no, es claro que no hay disconformidad entre la Constitución y el inciso 1º del artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 de 1978.

No se advierte tampoco violación del artículo 17CONS_P86#17* de la Carta, ya que la disposición en comento de ninguna manera está restringiendo los derechos laborales consagrados en ella, sino que por el contrario su reglamentación permite un mejor desarrollo de las actividades relacionadas con estas profesiones.

El artículo 3L0064_78#3*º de la Ley 64 de 1978, en la parte acusada dispone que para el ejercicio de cualquiera de las profesiones auxiliares de la arquitectura o de la ingeniería se requiere de certificado expedido por un Consejo Profesional seccional de Ingeniería y Arquitectura, confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Lo anterior indica que precisamente esta exigencia está acorde con la constitución, pues tratándose de profesiones auxiliares puede la Ley exigir dichos títulos de idoneidad. Por ello, no se observa la violación que señala el actor no asistiéndole razón en este cargo. De ahí que ha de declararse exequible el artículo 3L0064_78#3*º de la Ley 64 de 1978.

De la anterior conclusión se observa entonces, que cuando la ley ha reglamentado lo relativo a los títulos de idoneidad, en este caso la expedición de los certificados, confiada a los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura, el artículo 20L0064_78#20* de la Ley 64 de 1978, al consagrar la consulta para las resoluciones que versen sobre certificados de que tratan los artículos 2L0064_78#2*º y 3L0064_78#3*º de la misma ley, no esta violando postulado alguno de la Carta, pues se trata de establecer una segunda instancia que el Legislador ha considerado necesaria para su correcta reglamentación.

Así mismo, y con iguales argumentos ha de concluirse que la acusación respecto del artículo 22L0064_78#22* de la Ley 64 de 1978, carece de fundamento, pues la ley puede asignar la función de expedir el certificado a los profesionales auxiliares que llenen los requisitos establecidos, al ente que mejor considere, siendo esto propio de dicha reglamentación. Por ello, no se advierte que este artículo viole el artículo 39CONS_P86#39* ni ningún otro de la Constitución.

b). Delegación de facultades

El inciso segundo del artículo primero de la Ley 64L0064_78#1* de 1978 dispuso que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones en los subgrupos 02 y 03, teniendo en cuenta las características especiales del país.

La Ley deja en manos del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura una ampliación de las tareas, obras o actividades que deben ser reglamentadas por la Ley acusada.

Esta clase de facultad en dicho Consejo infringe el artículo 39CONS_P86#39* de la Carta, pues tal reglamentación sólo le corresponde a la Ley y no puede ser delegada en un ente no autorizado por la Constitución. Por ello, le asiste razón tanto al demandante como al Procurador General de la Nación para pedir su inexequibilidad.

Así mismo, se observa violación del artículo 2CONS_P86#2*º de la Carta; ya que los poderes públicos no están ejerciendo la soberanía de acuerdo con la Constitución sino que por el contrario han dejado en un ente extraño al legislador una facultad que no es delegable en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura.

Por lo anterior el inciso segundo del artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 de 1978 se declarará inexequible.

c). Expedición de certificados sin el lleno de los requisitos académicos.

El actor acusa el artículo 23L0064_78#23* de la Ley 64 de 1978, parcialmente, cuando se autoriza al Consejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura, previa consulta al Ministerio de Educación Nacional, para expedir certificados para ejercer profesionales auxiliares, a personas que no cumplen con los requisitos académicos correspondientes, debido a una insuficiencia de egresados de los establecimientos de instrucción legalmente autorizados, siempre y cuando se sometan a la presentación de exámenes en universidades a fin de verificar idoneidad en tales materias y que hayan tenido una práctica comprobada de cinco años como mínimo.

La norma está autorizando al Consejo Profesional nacional de Ingeniería y Arquitectura, a que cuando las necesidades del país no sean atendidas suficientemente por los egresados, según concepto del Ministerio de Educación Nacional, tales deficiencias puedan suplirse por la habilitación de los prácticos, llenando unos mínimos requisitos para su ejercicio.

De lo anterior se observa, que para casos excepcionales, la ley precisamente está reglamentando y solucionando las necesidades presentadas en este evento, lo cual le corresponde por mandato de la Constitución, ya que la reglamentación del ejercicio de una profesión auxiliar no implica necesariamente que hay que dejar al país huérfano de prestación de un servicio mientras se obtienen egresados, pues como es lógico, entre la reglamentación del ejercicio y la obtención de un número suficiente de graduados media un lapso de tiempo en el cual las actividades deben seguir su curso normal y hay que entrar a suplir de alguna manera tal necesidad. La norma en comento se encamina a resolver esta situación excepcional al establecer una reglamentación especial que debe cumplirse en todos sus alcances.

De otro lado, hace énfasis el actor en la palabra "algunas" para indicar que la ley es vaga en este aspecto, pues no dice cuáles profesiones auxiliares son las que no tienen un número suficiente de egresados, a fin de darle el correctivo que establece el artículo 23L0064_78#23* de la ley acusada.

Es preciso aclarar, que no hay vicio de inconstitucionalidad por tal circunstancia. De lo que se trata simplemente, es que el Ministerio de Educación Nacional suministre la información del estado de insuficiencia de tales profesiones auxiliares y para que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura llene el vacío con los prácticos de tales actividades. Lo anterior no implica que haya quedado en manos del Consejo antes mencionado la expedición o no de certificados cuando le parezca, sino que necesita elevar consulta al Ministerio de Educación Nacional y que este comunique tal estado de insuficiencia de profesionales, lo cual indica que se trata de una competencia reglada y que en todo caso es indispensable esta consulta cuya absolución debe ser favorable para que pueda procederse a la expedición del certificado, previo el lleno de los demás requisitos de ley.

Por lo anterior, se declarará exequible el artículo 23L0064_78#23* dela Ley 64 de 1978.

VII. DECISIÓN

Con la anterior motivación, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

DECIDE:

Primero. Declarar EXEQUIBLES el inciso primero del artículo 1L0064_78#1*º, los artículos 3L0064_78#3*º, 20L0064_78#20*, 33L0064_78#33* y 23L0064_78#23* en las partes acusadas, de la Ley 64 de 1978, que disponen:

"Artículo 1L0064_78#1*º. Se entiende por ejercicio de las profesiones de Ingeniería y Arquitectura y Auxiliares, todo lo relacionado con el estudio, la planeación, asesoría, dirección, superintendencia, interventoría y en general con la ejecución o el desarrollo de cualquiera de las tareas, obras o actividades especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones adoptado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución 1186 de 1970, ordenamiento que corresponde a los subgrupos 'arquitectos, ingenieros y técnicos asimilados' de la Clasificación Internacional de Ocupaciones, elaborada por la Oficina Internacional del Trabajo.

"..........................

"........................."

"Artículo2L0064_78#2*º....

"Artículo3L0064_78#3*º. Así mismo, con las excepciones consagradas en el inciso 3º del artículo 1L0064_78#1*º de esta ley, para ejercer cualquiera de las profesiones auxiliares dela arquitectura o de la ingeniería, se requiere certificado expedido por un Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura, confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo con el reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno.

"El certificado así expedido se presume auténtico".

"Artículo 20.L0064_78#20* Son funciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura las siguientes.

"a). Conocer por recurso de apelación o de consulta, de las resoluciones que dicten los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura y resolver sobre ellas. Serán consultadas, en todos los casos, aquellas que versen sobre las matrículas y los certificados a que se refieren los artículos 2L0064_78#2*º y 3L0064_78#3*º.

"Artículo 22.L0064_78#22* Son funciones de los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura las siguientes:

"a). .....

"b). ....

"c).... Expedir el Certificado a los Auxiliares que llenen los requisitos establecidos".

"Artículo 23.L0064_78#23* Para obtener el certificado de que trata el artículo 3L0064_78#3*º, el interesado debe presentar ante el Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura su título o la constancia de haber cursado y aprobado todas las materias que, de acuerdo con las normas vigentes, corresponden a su profesión, en universidad, instituto, escuela o establecimiento educativo reconocido por el Gobierno.

Cuando previa consulta al Ministerio de Educación Nacional, formulada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, se comprobare que en alguna o algunas de las profesiones auxiliares a que se refiere el anterior inciso no existe en el país un número suficiente de egresados de universidades, institutos, escuelas o establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno, los consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura podrán expedir certificados para ejercer tales profesiones auxiliares a las personas que sin haber hecho los estudios correspondientes, hayan tenido una práctica comprobada de cinco (5) años por lo menos, y que demuestren por medio de exámenes presentados en una de las universidades oficiales, que tienen los conocimientos necesarios para su correcto ejercicio".

Segundo. Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 1L0064_78#1*º de la Ley 64 de 1978, que dispone:

"Artículo 1L0064_78#1*º. ....

"El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere dicha clasificación, teniendo en cuenta las características especiales del país.

"........."

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

FERNANDO URIBE RESTREPO

Presidente

RAFAEL BAQUERO HERRERA

JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO F.,

NEMESIO CAMACHO RODRÍGUEZ,

JORGE CARREÑO LUENGAS,

GUILLERMO DÁVILA MUÑOZ,

MANUEL ENRIQUE DAZA ALVAREZ,

JAO E. DUQUE PÉR,

GUILLERMO DUQUE RUIZ,

EDUARDO GARCÍA SARMIENTO,

JAIME GIRALDO ANGEL,

OSCAR PEÑA ALZATE,

Conjuez,

HÉCTOR GÓMEZ URIBE,

GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ,

JUAN HERNÁNDEZ SÁENZ,

RODOLFO MANTILLA JÁCOME,

HÉCTOR MARÍN NARANJO,

LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA,

FABIO MORÓN DÍAZ,

ALBERTO OSPINA BOTERO,

ALFONSO SUÁREZ DE CASTRO,

Conjuez,

RAFAEL ROMERO SIERRA,

EDGAR SAAVEDRA ROJAS,

GERMÁN VALDÉS SÁNCHEZ.

INÉS GALVIS DE BENAVIDES

Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia,

HACE CONSTAR

Que los Magistrados Jorge Carreño Luengas y Guillermo Dávila Muñoz, no asistieron a la Sala Plena celebrada el 9 de octubre del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

INÉS GALVIS DE BENAVIDES

Secretaria.