Sentencia 955 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030008593955Carlos Medell�n.198208/07/1982955_Carlos Medell�n._1982_08/07/198230008593CARENCIA DE RAZONES EN LOS CARGOS INVOCADOS EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Inhibici�n de la Corte, por ineptitud sustantiva de la demanda Corte Suprema de Justicia Sala Plena Ref.: Expediente n�mero 955. 1982

Alfonso isaza Moreno.demanda de incontitucionalilidad de el Art�culo 439, inciso 1� del Decreto n�mero 1400 de 1970, C�digo de Procedimiento Civil.Identificadores30030008594true81213Versi�n original30008594Identificadores

Norma demandada: �demanda de incontitucionalilidad de el Art�culo 439, inciso 1� del Decreto n�mero 1400 de 1970, C�digo de Procedimiento Civil.

CARENCIA DE RAZONES EN LOS CARGOS INVOCADOS EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Norma demandada: Art�culo 439, inciso 1� del Decreto n�mero 1400 de 1970, C�digo de Procedimiento Civil.

En uso del derecho que le concede la Consti�tuci�n Pol�tica de Colombia, el ciudadano Alfonso Isaza Moreno ha solicitado a la Corte que declare inexequible el inciso 1� del art�culo 439 del Decreto n�mero 1400 de 1970, C�digo de Procedimiento Civil, reformado por el ordinal 83, art�culo 1� del Decreto n�mero 2019 del mismo a�o, cuyo texto es como sigue:

"Art�culo 439. Declaraci�n de bienes votantes o mostrencos. La demanda para que se declaren vacantes o mostrencos determinados bienes, s�lo podr� instaurarse por la entidad a la cual deban adjudicarse conforme a la ley. Siempre que en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos figure alguna persona como titular de un derecho real principal sobre el bien objeto de la demanda, �sta deber� dirigirse contra ella. De la misma manera se proceder� cuando exis�tan personas conocidas como poseedoras de dicho bien. En los dem�s casos no ser� necesario se��alar como demandado a persona determinada".

El demandante indica como normas violadas los art�culos 2, 20, 30, 45, 55, 76 (2, 12 y concordantes en sus principios constitucionales respectivos), 120, ordinal 3�, y 215 de la Constituci�n, as� como la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, "ratificada por nuestra Na�ci�n por medio de la Ley 74 de 1968".

En el extenso memorial que constituye for�malmente la demanda, el actor afirma la violaci�n de "los derechos humanos contenidos en la Declaraci�n Universal de los Derechos del hombre y especialmente a la garant�a constitu�cional del debido proceso"; del "derecho adquirido a demandar como vacantes o mostrencos 'los bienes' que se encuentren dentro del terri�torio colombiano" ....... "por una ley que viola no s�lo el art�culo 30 de la Constituci�n sino tambi�n el principio de igualdad, �nsito en el t�tulo III de la misma". . y "tambi�n los principios constitucionales involucrados en los distintos c�nones de la Constituci�n, que consi�dero violados, tales como el 20, el 30, el 55, el 76 (ordinales 2 y 12, y, sobre todo, el 2 y 215), todos los cuales constituyen verdaderos derechos humanos del hombre (sic) y del ciudadano, cu�ya protecci�n y garant�a efectiva son necesarias para el ejercicio de las funciones separadas pero arm�nicas en que colaboran las distintas ramas del poder p�blico (art�culo 55 de la C. N.) ". El demandante cita y transcribe varias sentencias atinentes al debido proceso, al derecho de defen�sa, as� como al sentido y los alcances de la juris�dicci�n constitucional y sus decisiones de in�exequibilidad.

Considera el Procurador General de la Naci�n que en el presente caso se da la ineptitud sustantiva de la demanda porque "el bien en el es�crito del actor abundan los comentarios persona�les y citas doctrinales y jurisprudenciales sobre el alcance de algunos de los preceptos constitu�cionales que cita como violados, no expresa, en cambio, las razones por las cuales la norma acusada resulta violatoria de tales disposiciones". Agrega que "aunque el escrito del impugnante re�ne los requisitos externos de una demanda de inconstitucionalidad y por ello se admiti� como tal, se advierte que en �l simplemente se trans�cribe una norma de rango legal, se citan varias disposiciones de rango constitucional y, bajo el ep�grafe de 'principios constitucionales y nor�mas constitucionales violadas', se encadenan extensos p�rrafos de fallos de la Corte Suprema, yuxtapuestos con observaciones personales sobre distintos aspectos referidos al control jur�dico de constitucionalidad y al derecho de defensa, pero carece, en rigor, de una exposici�n clara de razones dirigidas a respaldar su conclusi�n de que la disposici�n acusada infringe los precep�tos constitucionales invocados". El Ministerio P�blico concluye que, en consecuencia, la Corte debe proferir fallo inhibitorio.

Son m�nimas las exigencias que el Decreto n�mero 432 de 1969, art�culo 16, prescribe para las demandas de inexequibilidad que se presen�ten a la Corte precisamente con el prop�sito de que la acci�n p�blica sea de f�cil ejercicio por cualquier ciudadano, en uso del derecho que la Carta concede para impugnar normas legales por razones de inconstitucionalidad. En general, tales requisitos se reducen a la transcripci�n li�teral de las disposiciones acusadas; la indicaci�n de las normas constitucionales que se considere han sido violadas; y las razones de la violaci�n que se aduce.

"Ha el momento de aceptar una demanda de esta naturaleza, apenas se realiza el examen previo de si ella contiene las partes relativas a tales exigencias, pero s�lo en lo formal, ya que las cuestiones de fondo y contenido, por ser de car�cter conceptual, llevar�an a un an�lisis de fondo que no es procedente en ese momento, porque corresponde al estudio sustancial de la de�manda, el cual se ha de realizar posteriormente, en las deliberaciones que conducen al fallo, y una vez que se haya o�do al Jefe del Ministerio P�blico. Tales son sus oportunidades procesales.

En el asunto sub examine, se encuentra que la demanda ha satisfecho los dos primeros requisitos, el de la transcripci�n literal de la nor�ma impugnada y el del se�alamiento de los textos de la Carta que se considera son objeto de violaci�n, mas no el tercero, que exige expresar las razones de �sta. En efecto, el demandante, no obstante la extensi�n material de su libelo, se li�mita a manifestar que la norma acusada es vio�latoria de varios art�culos de la Constituci�n, o de principios contenidos en algunos de ellos, co�mo el atinente a los derechos adquiridos, y que lesiona tambi�n ciertos derechos humanos, pero no expresa raz�n alguna de los cargos que invo�ca, dej�ndolos sin la indispensable fundamenta�ci�n".

Con base en las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de .Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, y o�do el Procurador General de la Naci�n.

DECLARARSE INHIBIDA para decidir de fondo en el presente negocio, por ineptitud sustantiva de la demanda.

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial v arch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica (Presidente), Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Jer�ni�mo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fa�bio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza A., Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiori�llo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gneeco C., Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, Alberto Os�pina Botero, Alfonso Reyes Echand�a, Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pe�dro El�as Serrano abad�a (se encuentra con permiso), Fernando Uribe Restrepo, Hugo Vela Camelo, Dar�o Vel�squez Gaviria.