Sentencia de 1946

300Corte SupremaCorte Suprema30030008396An�bal Cardozo Gait�n194628/02/1946An�bal Cardozo Gait�n_1946_28/02/194630008396SALA PLENA DECRETO NO. 136 DE 26 DE ENERO DE 1932 "SOBRE ASIGNACIONES CIVILES Y SOBRE REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1932", ACUSADO DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESPECIALMENTE EN CUANTO A SU ART�CULO 9� - PENSIONES DE RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SERVICIO P�BLICO - SU NATURALEZA JUR�DICA - LA PENSI�N COMO DERECHO ADQUIRIDO. 1.- Habiendo sido dictado el Decreto acusado de conformidad con el art�culo 4� de la Ley 99 de 1931, entonces es claro que el Decreto se expidi� en ejercicio de las facultades constitucionales de que habla el ordinal 10� del art�culo 76 de la Constituci�n y sustituye, dentro de las reglas constitucionales, la acci�n del Congreso y tiene el car�cter de Decreto-ley. 2.- La pensi�n de retiro es una retribuci�n pecuniaria pagada peri�dicamente, en principio hasta la muerte, a un agente p�blico que ha llenado todas las condiciones legales y que se halla investido de su funci�n en raz�n de una decisi�n regular que lo ha declarado en retiro de servicio. La pensi�n no tiene car�cter contractual y su r�gimen jur�dico es fijado por la ley y por los reglamentos. La pensi�n de retiro se distingue del sueldo, aunque se ha dicho que esto no es sino un sueldo especial. El sueldo supone el ejercicio activo de la funci�n. La pensi�n que el agente p�blico ha dejado de ejercer la funci�n y de recibir el sueldo. El r�gimen jur�dico de la pensi�n de retiro, como el del sueldo, depende de la naturaleza jur�dica de la pensi�n. En tanto que las condiciones legales no han llenado (pensi�n eventual) el agente p�blico se halla en una situaci�n legal y reglamentaria: cuando las condiciones legales se han llenado, aquel se encuentra en una situaci�n jur�dica individual. Siendo la pensi�n eventual a una situaci�n jur�dica objetiva, legal, puede ser modificada para el porvenir, en cualquier instante por la ley, sea en su cuant�a, sea en sus modalidades. Cuando las condiciones legales se han llenado, el funcionario tiene una acreencia propiamente dicha, por hallarse colocado en una situaci�n jur�dica individual. Desde que un agente p�blico ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido por los medios legales el reconocimiento de una pensi�n en su favor, tiene el STATUS que corresponde a una pensi�n ADQUIRIDA. El Derecho del agente p�blico es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la liquidaci�n, las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor en tal momento no podr�an ser modificadas en detrimento suyo. Pero, no obstante lo dicho, las pensiones ya decretadas pueden ser afectadas por suspensi�n en el goce de ellas o por p�rdida o caducidad definitiva del derecho a las mismas, en ciertos casos se�alados limitativamente, como sanci�n establecida en las leyes. La residencia fuera del territorio nacional de un pensionado militar sin autorizaci�n de su gobierno, suspende de ordinario el goce de la pensi�n. Y la p�rdida definitiva de la pensi�n ocurre en los casos de pensi�n de degradaci�n de los militares. 3.- El sueldo EVENTUAL y la pensi�n EVENTUAL se asemejan; pero la pensi�n ADQUIRIDA no puede confundirse con un sueldo eventual. Si, como lo dice Bonnard, la pensi�n es una prolongaci�n del sueldo, importa no aplicar a esa prolongaci�n de sueldo el concepto de su revocabilidad a voluntad del Estado, confundiendo situaciones jur�dicas diferentes y aplicando al r�gimen de las pensiones adquiridas el r�gimen de los sueldos eventuales; pues la l�gica impone que la aplicaci�n de esos principios se haga en forma distinga: el r�gimen del sueldo eventual a la pensi�n eventual, y el r�gimen del sueldo devengado a la pensi�n adquirida. No es igual la expectativa que tiene el empleado p�blico a los sueldos no devengados, que la que tiene un pensionado a las mensualidades de su pensi�n legalmente decretada. El sueldo no se debe sino cuando el agente p�blico a prestado el servicio propio de su funci�n, es decir, que el sueldo implica la prestaci�n del servicio despu�s del nombramiento y posesi�n del empleado; las pensiones se deben desde cuando se decreten porque ellas no est�n subordinadas a la prestaci�n de ulteriores servicios por parte del pensionado, pues �ste los prest� ya antes del acto de reconocimiento de su derecho. Una pensi�n decretada constituye una situaci�n jur�dica concreta que no se halla sometida a la ejecuci�n de acto alguno posterior por el pensionado para que ella se mantenga. La pensi�n equivale a un sueldo ya causado, es la retribuci�n de servicios prestados, no por prestarse. Es pues, evidente, por aplicaci�n de los principios generales del derecho p�blico que domina la materia, que el Estado est� en el deber de satisfacer la prestaci�n pecuniaria preestablecida, cuando el agente p�blico ha llenado las condiciones legales para merecer la pensi�n y esta se ha decretado por la autoridad competente. Tal ventaja personal del funcionario constituye un STATUS, una situaci�n jur�dica individual, intangible, respecto de las pensiones ADQUIRIDAS. A esta deducci�n se llega, seg�n se ha visto, atendiendo a la naturaleza de la pensi�n cuadros e trata de funcionarios o empleados p�blicos por su car�cter compensatorio o retribuci�n diferida de servicios prestados. Se acierte que esta conclusi�n no comprende otras pensiones que no tienen este car�cter, por no asignarse en raz�n de servicios sino por motivos distintos. 4.- Decretada la pensi�n en virtud de sentencia de la autoridad competente constituye un derecho "adquirido", garantizado en la Constituci�n e invulnerable por leyes o actos administrativos o jurisdiccionales posteriores. Esto sin perjuicio, naturalmente, de las acciones de revisi�n en los casos en que jurisdiccionalmente hay lugar a ellas (Arts. 164 y ss de la ley 167 de 1941), s�lo que al hacerse la revisi�n cuando sea procedente, se tendr� como base obligatoria la de que la cuant�a de la pensi�n reconocida no puede disminuirse, porque lo quebrantar�a el derecho adquirido. Siendo de advertir que la intangibilidad del derecho adquirido no se opone a la revisi�n en que se reconozca un aumento de la cuant�a fijada en el acto que decret� la pensi�n; porque la elevaci�n de las cuant�as dispuesta en una ley en otro medio general que no excluya expresamente del aumento a los ya pensionados, ha de aplicarse a todos, en atenci�n a su generalidad, a la voluntad que conlleva la ley un beneficio adicional o complementario de los ya reconocidos y por el esp�ritu social que informa la nueva disposici�n legislativa, el que impone la igualdad ante ella de todos los servidores del Estado que hayan llenado los presupuestos preestablecidos para merecer la pensi�n. 5.- El Estado act�a en sus relaciones con los particulares, bien por los procedimientos de derecho p�blico, bien por los de derecho privado. Pero en uno y otro caso, de los actos del Gobierno resultan relaciones de derecho con terceros y de ellas surgen derechos y obligaciones rec�procas a favor y a cargo de la Naci�n y de las personas con las cuales se relacionan los distintos actos del Estado. Estas obligaciones son igualmente respetables y comprometen de id�ntica manera a la Naci�n, as� provengan de actos suyos administrativos puramente o contractuales. Y los particulares que entran en relaciones con el Estado adquieren derechos tan dignos de respeto cuando emanan de actos del Estado como entidad de derecho p�blico, como cuando provienen de actos del Estado en su condici�n de persona jur�dica. 6.- El art�culo 16 del C�digo Civil permite estimar que las pensiones son bienes civiles de sus beneficiarios. 7.- Las pensiones se deben desde la demanda. 8.- Por todo lo expuesto el art�culo 9� del Decreto n�mero 136 de 1932 quebranta o puede quebrantar el derecho acreditado en fallos de la autoridad competente que reconocen o reconozcan pensiones a cargo de la Naci�n por una cuant�a mayor de la suma indicada y porque ello es inconstitucional. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Plena Bogot�, veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y seis. (Magistrado ponente doctor An�bal Cardozo Gait�n). 1946

DECRETO NO. 136 DE 26 DE ENERO DE 1932 "SOBRE ASIGNACIONES CIVILES Y SOBRE REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1932", ACUSADO DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESPECIALMENTE EN CUANTO A SU ART�CULO 9� - PENSIONES DE RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SERVICIO P�BLICO - SU NATURALEZA JUR�DICA - LA PENSI�N COMO DERECHO ADQUIRIDO.

1.- Habiendo sido dictado el Decreto acusado de conformidad con el art�culo 4� de la Ley 99 de 1931, entonces es claro que el Decreto se expidi� en ejercicio de las facultades constitucionales de que habla el ordinal 10� del art�culo 76 de la Constituci�n y sustituye, dentro de las reglas constitucionales, la acci�n del Congreso y tiene el car�cter de Decreto-ley.

2.- La pensi�n de retiro es una retribuci�n pecuniaria pagada peri�dicamente, en principio hasta la muerte, a un agente p�blico que ha llenado todas las condiciones legales y que se halla investido de su funci�n en raz�n de una decisi�n regular que lo ha declarado en retiro de servicio. La pensi�n no tiene car�cter contractual y su r�gimen jur�dico es fijado por la ley y por los reglamentos. La pensi�n de retiro se distingue del sueldo, aunque se ha dicho que esto no es sino un sueldo especial. El sueldo supone el ejercicio activo de la funci�n. La pensi�n que el agente p�blico ha dejado de ejercer la funci�n y de recibir el sueldo. El r�gimen jur�dico de la pensi�n de retiro, como el del sueldo, depende de la naturaleza jur�dica de la pensi�n. En tanto que las condiciones legales no han llenado (pensi�n eventual) el agente p�blico se halla en una situaci�n legal y reglamentaria: cuando las condiciones legales se han llenado, aquel se encuentra en una situaci�n jur�dica individual. Siendo la pensi�n eventual a una situaci�n jur�dica objetiva, legal, puede ser modificada para el porvenir, en cualquier instante por la ley, sea en su cuant�a, sea en sus modalidades. Cuando las condiciones legales se han llenado, el funcionario tiene una acreencia propiamente dicha, por hallarse colocado en una situaci�n jur�dica individual.

Desde que un agente p�blico ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido por los medios legales el reconocimiento de una pensi�n en su favor, tiene el STATUS que corresponde a una pensi�n ADQUIRIDA. El Derecho del agente p�blico es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la liquidaci�n, las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor en tal momento no podr�an ser modificadas en detrimento suyo. Pero, no obstante lo dicho, las pensiones ya decretadas pueden ser afectadas por suspensi�n en el goce de ellas o por p�rdida o caducidad definitiva del derecho a las mismas, en ciertos casos se�alados limitativamente, como sanci�n establecida en las leyes. La residencia fuera del territorio nacional de un pensionado militar sin autorizaci�n de su gobierno, suspende de ordinario el goce de la pensi�n. Y la p�rdida definitiva de la pensi�n ocurre en los casos de pensi�n de degradaci�n de los militares.

3.- El sueldo EVENTUAL y la pensi�n EVENTUAL se asemejan; pero la pensi�n ADQUIRIDA no puede confundirse con un sueldo eventual. Si, como lo dice Bonnard, la pensi�n es una prolongaci�n del sueldo, importa no aplicar a esa prolongaci�n de sueldo el concepto de su revocabilidad a voluntad del Estado, confundiendo situaciones jur�dicas diferentes y aplicando al r�gimen de las pensiones adquiridas el r�gimen de los sueldos eventuales; pues la l�gica impone que la aplicaci�n de esos principios se haga en forma distinga: el r�gimen del sueldo eventual a la pensi�n eventual, y el r�gimen del sueldo devengado a la pensi�n adquirida. No es igual la expectativa que tiene el empleado p�blico a los sueldos no devengados, que la que tiene un pensionado a las mensualidades de su pensi�n legalmente decretada. El sueldo no se debe sino cuando el agente p�blico a prestado el servicio propio de su funci�n, es decir, que el sueldo implica la prestaci�n del servicio despu�s del nombramiento y posesi�n del empleado; las pensiones se deben desde cuando se decreten porque ellas no est�n subordinadas a la prestaci�n de ulteriores servicios por parte del pensionado, pues �ste los prest� ya antes del acto de reconocimiento de su derecho. Una pensi�n decretada constituye una situaci�n jur�dica concreta que no se halla sometida a la ejecuci�n de acto alguno posterior por el pensionado para que ella se mantenga. La pensi�n equivale a un sueldo ya causado, es la retribuci�n de servicios prestados, no por prestarse. Es pues, evidente, por aplicaci�n de los principios generales del derecho p�blico que domina la materia, que el Estado est� en el deber de satisfacer la prestaci�n pecuniaria preestablecida, cuando el agente p�blico ha llenado las condiciones legales para merecer la pensi�n y esta se ha decretado por la autoridad competente. Tal ventaja personal del funcionario constituye un STATUS, una situaci�n jur�dica individual, intangible, respecto de las pensiones ADQUIRIDAS.

A esta deducci�n se llega, seg�n se ha visto, atendiendo a la naturaleza de la pensi�n cuadros e trata de funcionarios o empleados p�blicos por su car�cter compensatorio o retribuci�n diferida de servicios prestados. Se acierte que esta conclusi�n no comprende otras pensiones que no tienen este car�cter, por no asignarse en raz�n de servicios sino por motivos distintos.

4.- Decretada la pensi�n en virtud de sentencia de la autoridad competente constituye un derecho "adquirido", garantizado en la Constituci�n e invulnerable por leyes o actos administrativos o jurisdiccionales posteriores. Esto sin perjuicio, naturalmente, de las acciones de revisi�n en los casos en que jurisdiccionalmente hay lugar a ellas (Arts. 164 y ss de la ley 167 de 1941), s�lo que al hacerse la revisi�n cuando sea procedente, se tendr� como base obligatoria la de que la cuant�a de la pensi�n reconocida no puede disminuirse, porque lo quebrantar�a el derecho adquirido. Siendo de advertir que la intangibilidad del derecho adquirido no se opone a la revisi�n en que se reconozca un aumento de la cuant�a fijada en el acto que decret� la pensi�n; porque la elevaci�n de las cuant�as dispuesta en una ley en otro medio general que no excluya expresamente del aumento a los ya pensionados, ha de aplicarse a todos, en atenci�n a su generalidad, a la voluntad que conlleva la ley un beneficio adicional o complementario de los ya reconocidos y por el esp�ritu social que informa la nueva disposici�n legislativa, el que impone la igualdad ante ella de todos los servidores del Estado que hayan llenado los presupuestos preestablecidos para merecer la pensi�n.

5.- El Estado act�a en sus relaciones con los particulares, bien por los procedimientos de derecho p�blico, bien por los de derecho privado. Pero en uno y otro caso, de los actos del Gobierno resultan relaciones de derecho con terceros y de ellas surgen derechos y obligaciones rec�procas a favor y a cargo de la Naci�n y de las personas con las cuales se relacionan los distintos actos del Estado. Estas obligaciones son igualmente respetables y comprometen de id�ntica manera a la Naci�n, as� provengan de actos suyos administrativos puramente o contractuales. Y los particulares que entran en relaciones con el Estado adquieren derechos tan dignos de respeto cuando emanan de actos del Estado como entidad de derecho p�blico, como cuando provienen de actos del Estado en su condici�n de persona jur�dica.

6.- El art�culo 16 del C�digo Civil permite estimar que las pensiones son bienes civiles de sus beneficiarios.

8.- Por todo lo expuesto el art�culo 9� del Decreto n�mero 136 de 1932 quebranta o puede quebrantar el derecho acreditado en fallos de la autoridad competente que reconocen o reconozcan pensiones a cargo de la Naci�n por una cuant�a mayor de la suma indicada y porque ello es inconstitucional.

El doctor Francisco L�pez Falla present� demanda ante la Corte para que esta entidad declare inexequible por inconstitucional el Decreto 136 de 23 de enero de 1932 "Sobre asignaciones civiles y sobre reducciones en el presupuesto de gastos de 1932" y en particular el art�culo 9� que dice: "Art�culo 9�. Desde la aplicaci�n del presente Decreto ninguna pensi�n pagada por el Tesoro Nacional ser� mayor de $ 80.000 mensuales".

"D�cese que "las pensiones, recompensas o jubilaciones son gracias que el Estado concede y puede retirar cuando a bien tenga, confundiendo, como se ve, la fisonom�a legal de las liberalidades o meras gracias con la fisonom�a jur�dica de las jubilaciones, sin apreciar, siquiera con l�xico a la mano el distingo de que PENSION es RENTA y RECOMPENSA es remuneraci�n o retribuci�n de un beneficio recibido; premio de un servicio o de la virtud y el m�rito', (hay sin duda equivalencias). - Todo caso con cierto descuido en punto a que es de raz�n y a�n buen sentido que las pensiones jubilatorias, una vez decretadas y conferido el correspondiente t�tulo, entren por ministerio del derecho, -cosa propia de pueblos bien gobernados -en el rol de os derechos adquiridos a justo t�tulo con arreglo a las leyes positivas y no pueden ser desconocidas ni vulnerados; sin que cuadre en contra eso de las reformas, pues es potestativo del Parlamento, es verdad, introducirlas cuando a bien tenga, m�s no sobre derechos pret�ritos preconstituidos leg�timamente asignados, sino solo para lo porvenir.- Se legisla siempre para despu�s, y entonces s� las leyes rigen. Se modifican para lo futuro las leyes y cuant�as en ellas se�aladas pero jam�s los valores ya reconocidos y decretados por las judicaturas".

A�n cuando en la demanda se dice que se acusa en su totalidad el Decreto n�mero 136 de 1932, propiamente la acusaci�n no se refiere sino al art�culo 9�, porque la demanda solo contiene el comentario de la disposici�n mencionada, sin referencia alguna a otras del citado Decreto. Por estas razones la sentencia ha de concretarse al art�culo 9� aludido.

No se citan en la demanda la disposici�n o disposiciones constitucionales que se consideran violadas y que deben mencionarse al tenor de lo dispuesto en el art�culo 2� de la Ley 96 de 1936, pero como cuando �sta se expidi� ya la demanda se hab�a recibido en la Corte y respecto de ella estaba cumplida la tramitaci�n legal hasta poner el asunto en la mesa del sustanciador para el estudio del proyecto respectivo, no es el caso hacer reparo por este concepto al libelo.

El decreto n�mero 136 fue dictado, seg�n se expresa al principio del mismo, en uso de las facultades concedidas al Presidente de la Rep�blica por las leyes 99 y 119 de 1931 y aparece autorizado por el Presidente y todos sus Ministros.

"Art�culo 4�. De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 10� del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de las facultades extraordinarias que sean precisamente indispensables para conjurar la crisis porque atraviesa el pa�s. Pero el Gobierno no podr� en virtud de estas autorizaciones, establecer monopolios que no hayan sido decretados por leyes anteriores. - Par�grafo 1�. Para la adopci�n de dichas medidas, el Presidente de la Rep�blica consultar� previamente a una junta que nombrar�n las C�maras, y que se compondr� de seis miembros, elegidos tres por cada una de ellas. - Par�grafo 2�. De las autorizaciones que se conceden en el presente art�culo har� uso el Presidente de la Rep�blica hasta el 31 de diciembre del corriente a�o. - Par�grafo 3�. De las medidas que se tomen, el Presidente de la Rep�blica y la junta que se crea por esta ley, dar� cuenta al Congreso actualmente reunido, para informaci�n del pa�s'.

La Ley 11 del mismo a�o extendi� la vigencia de las autorizaciones hasta el 31 de julio de 1932.

De suerte que al dictarse el decreto al cual se refiere la acusaci�n, el 23 de enero de 1932, estaban vigentes las leyes de facultades al Presidente.

Estas iban encaminadas a conjurar la crisis porque atravesaban el pa�s. La reducci�n de los gastos p�blicos es medio adecuado para solucionar o atenuar los perjudiciales efectos de aquella en lo tocante a la administraci�n p�blica. Por esto las medidas que contiene el decreto n�mero 136, de disminuci�n de sueldos y pensiones, caben dentro del objeto que se busc� alcanzas con las leyes de autorizaciones.

Y como seg�n lo expresa el texto del art�culo 4� de la ley 99, las facultades se concedieron al Presidente "de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 10 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional", entonces vigentes, es claro que los decretos expedidos en su ejercicio sustituyen, dentro de las reglas constitucionales, la acci�n del Congreso y tienen el car�cter de decretos-leyes.

Deducci�n esta �ltima de importancia para juzgar acerca de la invalidez constitucional de las disposiciones del decreto 136 y en especial del art�culo 9� acusado; porque en tales circunstancias la acusaci�n de que se trate equivale, por la calidad del objeto, a la demanda sobre inconstitucionalidad de una ley.

Queda concretado el asunto al estudio de si una ley o decreto-ley puede reducir la cuant�a de las pensiones que han sido reconocidas y decretadas, como en el caso del doctor L�pez Falla, en virtud de sentencia de la autoridad competente.

En las leyes sobre pensiones vigentes al expedirse el Decreto acusado se hallaban las disposiciones que en seguida se transcriben:

"Ley 11 de 1928, art�culo 5�. Para gozar de la jubilaci�n de que trata el art�culo 3� de la ley 12 de 1907, solo se requiere: - 'Carecer de medios para congrua subsistencia.- Haber observado buena conducta el solicitante. - Haber llegado el Magistrado o Juez a la edad de sesenta a�os, aunque en ese momento no ejerza cargo judicial alguno. - Haber prestado el servicio de que trata esta disposici�n durante veinte a�os por lo menos, como Magistrado o Juez, el cual se acumular� acumulando (sic) el tiempo que se hubiere prestado en uno o varios de esos cargos; en este caso, la remuneraci�n ser� la que corresponda a la jubilaci�n por el puesto de mayor categor�a que se hubiere desempe�ado, por lo menos durante un tiempo equivalente a un per�odo legal. - Par�grafo. Para los efectos del c�mputo de que habla este art�culo, se tendr� tambi�n en cuenta el tiempo que el interesado haya servido como Fiscal de Juzgado Superior, de Tribunal de Distrito Judicial o como Procurador General de la Naci�n. - Par�grafo.- El derecho a gozar de jubilaci�n se perder� �nicamente por las siguientes causas: 1�. Si el agraciado observa conducta notoriamente inmoral. - 2�. Si fuere condenado a pena aflictiva".

La Ley 102 de 1927, art�culo 6�. Las pensiones de jubilaci�n a que tienen derecho los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales del Distrito Judicial, de acuerdo con las leyes 29 de 1905 y 12 de 1907, ser�n de doscientos pesos ($ 200.00) mensuales para los Magistrados de la Corte y de ciento cincuenta pesos ($ 150.00) para los de los Tribunales".

Dice el actor que las pensiones de jubilaci�n de los miembros del poder judicial decretadas de conformidad con las leyes vigentes en la �poca de su reconocimiento, otorgan derechos a sus beneficiarios que no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores.

Para defender la constitucionalidad del art�culo 9� denunciado, creo que no podr�a el suscrito Procurador presentar mejores razones que las tenidas en cuenta por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de diciembre 10 de 1915, publicada en la p�gina 35 del Tomo XXIV de la Gaceta Judicial, procedente de la Sala Penal (sic), y la sentencia proferida por la Sala de Negocios Generales el 26 de marzo de 1925, publicada en la p�gina 145 del Tomo XXII de la misma Gaceta. - "La Corte ha reconocido de modo constante que las pensiones no constituyen derecho adquirido por proceder de actos de Gobierno y tener el car�cter de gracias o recompensas gratuitas. No siendo ellas obligaciones de la Naci�n como entidad de derecho privado, y no teniendo el car�cter de onerosas o retributivas, es natural y l�gico que el Gobierno en cualquier momento puede suprimirlas, aumentarlas o rebajarlas. Respecto de las pensiones conviene distinguir tres momentos distintos, para apreciar los efectos de una nueva ley. - 1�. Cuando el aspirante llena las condiciones pero no se ha decretado a�n la pensi�n. - 2�. Cuando la Corte tiene ya decretada la pensi�n, el aspirante la est� devengando y no rige a�n la nueva ley que afecta a esta pensi�n, y 3�. Despu�s de la vigencia de la nueva ley. - En el primer caso hay una simple expectativa. - En el segundo hay un derecho adquirido respecto de los valores devengados ya, pero una simple expectativa para el porvenir. No podr�a la nueva ley afectar desfavorablemente el valor de la pensi�n, decretada por la Corte y devengada durante el tiempo transcurrido entre el decreto y la nueva ley. Afectarlos ser�a tanto como darle un efecto retroactivo, que no puede tener la nueva ley. Pero si puede efectuar a la pensi�n en cuanto ella no haya sido devengada todav�a, porque el hecho de no haber sido devengada, no se ha incorporado en los haberes del favorecido y contin�a por lo mismo siendo una mera expectativa, igual a la que tiene el empleado p�blico respecto de los sueldos no devengados. En el tercer momento desde que se pone en vigencia la nueva ley, es esta la que gobierna las pensiones, fijando un derecho perfecto all� donde no exist�a sino una simple expectativa. "En el caso presente del decreto 136 no podr�a desconocerse al doctor L�pez Falla el valor de las pensiones devengadas entre el 5 de agosto de 1930, fecha que la Corte reconoci� como punto de partida para su derecho, hasta el 5 de febrero de 1932, fecha en que se public� el decreto 136. Las pensiones devengadas durante este tiempo entraron al peculio privado del doctor L�pez Falla, fueron devengadas por �l, le fueron pagadas, o si no lo hubieran sido, ser�an un cr�dito a cargo de la Naci�n; constituyen pues, una situaci�n jur�dica perfecta, son un derecho adquirido. Cuando se pone en vigencia el decreto 136, el doctor L�pez Falla no tiene sino una simple expectativa para el tiempo venidero y por lo mismo la aplicaci�n de dicho decreto no injuria ning�n derecho que le debiera ser reconocido conforme al art�culo 31 de la Constituci�n. Creo que las razones que se hicieron valer en las sentencias invocadas, son suficientes para sostener la constitucionalidad del art�culo 9� del Decreto 136".

Es base del concepto de la Procuradur�a la afirmaci�n de que la Corte "ha reconocido de modo constante que las pensiones no constituyen derecho adquirido por proceder de actos de gobierno". Y como el propio concepto se remite, para su sustentaci�n a las razones que se hicieron valer en las sentencias dictadas por la Corte el 10 de diciembre de 1915 y el 26 de marzo de 1925, es conveniente, en orden a una mejor apreciaci�n de los puntos de vista del Ministerio P�blico, tener a la vista en las partes que sean pertinentes al punto de que se trata, los dichos fallos de la Corte. Sin embargo, s�lo se examinar� el primero, por ser �l el fundamental para la tesis que consagra, no siendo otras varias sentencias de la Corte, entre ellas la de 26 de marzo de 1925, sino la aplicaci�n de aquel.

El primero de los fallos a que alude la Procuradur�a fue dictado por la Corte Plena con motivo de haberle enviado el senado de la Rep�blica, en el a�o de 1915, un proyecto de ley, "sobre rebaja de sueldos y pensiones", para que se resolviera sobre su exequibilidad, por haber sido objetado de inconstitucional por el entonces Presidente de la Rep�blica doctor Jos� Vicente Concha.

El proyecto de ley objetado hac�a en su art�culo 1� una reducci�n de los sueldos se�alados en general a los empleados nacionales por leyes anteriores, con unas limitadas excepciones. Los art�culos 4� y 5� eran de este tenor:

"Art�culo 4�. - Las pensiones que se pagan del Tesoro Nacional tendr�n en lo sucesivo los descuentos siguientes: Las que excedan de cuarenta pesos ($ 40.00) sin pasar de sesenta pesos ($ 60.00) el quince por ciento (15%); las que excedan de sesenta pesos ($ 60.00) sin pasar de cien pesos ($ 100.00), el veinte por ciento (20%). - Art�culo 5�. Red�cense a cien pesos ($ 100.00) todas las pensiones que pasen de esta cantidad. - Esta reducci�n se har� efectiva desde el primero de enero de 1916".

El documento en que el primer Magistrado de la Naci�n propuso objeciones al proyecto mencionado, de fecha 13 de noviembre de 1915, dice as�:

Os devuelvo el proyecto de leyes 'sobre rebaja de sueldos y pensiones' que objeto parcialmente como inconstitucional, por las razones que respetuosamente someto a vuestra elevada consideraci�n. El art�culo 1� del proyecto, en sus primeros apartes, decreta la reducci�n, en las proporciones que expresa de los sueldos de los funcionarios p�blicos, y en el par�grafo segundo enumera los que quedan exentos de la medida sin incluir en la excepci�n a los Jueces y Magistrados de los Tribunales, cuyos sueldos no pueden ser disminuidos en el curso del per�odo para el cual han sido nombrados, conforme al segundo aparte del art�culo 160 de la Constituci�n. Por tal causa el decreto ejecutivo n�mero 23 de 1915 que hizo una reducci�n general de los sueldos dispuso que sus prescripciones no se aplicaran a los sueldos de los jueces y Magistrados sino desde el comienzo de un nuevo per�odo que va a principiar. Los art�culos 4� y 5� del proyecto ordenan reducir, en las cuotas que expresan, las pensiones del Tesoro P�blico, que existen actualmente. Tal disposici�n parece incompatible con el art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, seg�n el cual "los derechos adquiridos con justo t�tulo con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jur�dicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores".- La jurisprudencia administrativa reconoce, como doctrina indiscutible, que 'las pensiones concedidas a funcionarios civiles o militares, o a sus herederos, se deben considerar no como gracia a favor sino como deuda del estado para con quienes le sirven; reemplazan las econom�as que �stos podr�an hacer en las carreras civiles, ordinariamente m�s lucrativas que las p�blicas, y tienen por objeto atraer al servicio del Estado a hombres distinguidos y dignos de confianza p�blica, y as� han considerado las pensiones en su origen por la ley'. (B. Battiew, Trait� Theorique et pactique de Droit public et administratif.VI. III. Pag. 476). - Las pensiones que hoy paga el Tesoro, que hayan sido concedidas de conformidad con las leyes preexistentes por un Tribunal o entidad a quien el legislador confiri� tal atribuci�n, constituyen un derecho adquirido con justo t�tulo, que no se puede vulnerar por ley posterior, reduci�ndolas en cantidad alguna. Tal es el concepto del Poder Ejecutivo, que tengo el honor de exponer a las honorables C�maras para que sea debatido por ellas como lo disponen los art�culos 86 y 87de la Constituci�n de la Rep�blica. - Honorables Senadores y Representantes, Jos� Vicente Concha".

Importa considerar las razones que conformaron el fallo de la Corte que decidi� sobre la constitucionalidad de los art�culos 4� y 5� de proyecto de ley remitido a esa entidad por el Senado y que mereci� las objeciones consignadas en el anterior mensaje del Presidente.

El fallo de la Corte fue proferido cuando ella estaba formada por nueve Magistrados y se dict� con solo un voto de mayor�a, pues el personal sentenciador se dividi� as�: cinco votos favorables a la sentencia y cuatro desfavorables, habiendo los autores de los �ltimos expresado sus opiniones contrarias a las de la sentencia en el salvamento de voto que al efecto suscribieron.

Los apartes esenciales del fallo mencionado son estos: "Cumple examinar los art�culos 4� y 5� del proyecto son o no contrarias al precepto contenido en el art�culo 311 de la ley fundamental, o de otro modo, si las pensiones que hoy se pagan del Tesoro Nacional son derechos adquiridos con justo t�tulo con arreglo a las leyes civiles. - Es evidente que la Constituci�n da un mismo sentido a las expresiones "leyes civiles" y leyes (sobre materia civil", empeladas en los art�culos 31, 80 y 84. El art�culo 52 de la Carta, menciona que las disposiciones del T�tulo Tercero de la misma en la cual se halla el art�culo 31, sean incorporadas en el C�digo Civil como T�tulo Preliminar, lo que indica que el constituyente quiso que esos preceptos formaran parte de dicho c�digo. El comentarista de nuestra carta, doctor Jos� Mar�a Samper, aun cuando el vac�o que dej� el art�culo 76 de la Constituci�n respecto de la atribuci�n natural en el Congreso de legislar sobre materia civil, penal, comercial, de procedimiento, etc., observa que para resolver el punto debe tenerse en cuenta que en numerosos art�culos de la Constituci�n se alude a la grande atribuci�n que falta en el art�culo 76. Tales son ��. El 31, que se refiere a las leyes civiles, y los 35 y 36 relativos a leyes sobre la propiedad'. As�, para encontrar la materia o materias sobre que versan las leyes civiles es necesario buscarlas en el cuerpo de disposiciones �ltimamente citado, o en las de la misma naturaleza que se hallan consignadas en unos C�digos. En el art�culo 1� del C�digo Civil se expresa con toda claridad que dicho C�digo comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, pro raz�n del estado de las personas, de sus fines, obligaciones, contratos y acciones civiles". De modo que esta es la materia civil a que se refiere la Constituci�n en los art�culos antes mencionados todo lo dem�s que no est� comprendido en esta especificaci�n no tiene car�cter de civil en el sentido jur�dico que la Constituci�n y la ley le dan a ese vocablo en los preceptos que se contemplan.- El significado de la palabra civil, en el caso que se estudia, no es el amplio que comprende todas las leyes que regulan las relaciones jur�dicas de los habitantes de un pa�s, ya entre s�, ya entre el Estado sino el restricto que organiza, dentro del derecho privado, las materias especificadas en el art�culo 36 que se deja copiado. Ni tampoco se toma aqu� la expresi�n "leyes civiles" en contraposici�n a leyes eclesi�sticas o penales, sino en lo perteneciente a las relaciones e intereses privados en orden al estado de las personas, r�gimen de la familia y condici�n de los bienes, seg�n la primera acepci�n forense que a la palabra civil da el diccionario vulgar la lengua. En corroboraci�n de lo expuesto, respecto de la legislaci�n colombiana, viene el art�culo 35 de la ley 4� de 1933 sobre"R�gimen pol�tico y Municipal", precepto que encabeza el cap�tulo IV referente a "clasificaci�n de las reglas y leyes generales relativas a ellas", disposici�n que se halla concebida as�: "Art�culo 35. El ramo civil comprende las leyes relativas al estado civil de las personas y derechos y obligaciones concernientes a �l; adquisici�n, uso y goce de los bienes de propiedad p�blica o particular, sucesiones y donaciones; contratos y cuasi-contratos, disposiciones especiales sobre comercio o minas". Como se ve, en esta enumeraci�n no se halla lo relativo a pensiones, las cuales quedan incluidas en el ramo administrativo, seg�n lo dispuesto en el art�culo 40 de la ley que acaba de citarse, y las de militares en este ramo particular especificado en el art�culo 36 ib�dem. Respecto a estas �ltimas se halla la disposici�n contenida en el art�culo 169 de la Constituci�n, redactado as�: "Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley, lo que demuestra que las pensiones no est�n comprendidas ente los derechos civiles, desde luego que, si as� fuera, quedar�an incluidas en el art�culo 31 de la Constituci�n y ser�a redundante la garant�a especial consignada en el art�culo 169 citado. Es evidente que las pensiones concedidas conforme a la legislaci�n colombiana han tenido y tienen el car�cter de gracias o recompensas gratuitas que la naci�n concede a ciertas personas a quienes considera que se han hecho acreedoras a ellas, por servicios importantes. Nunca se ha cre�do que esas gracias se obtengan como derechos civiles que la Rep�blica tenga obligaci�n estricta de reconocer y pagar como parte civil y si en alg�n tiempo se han dictado leyes que autoricen a determinada entidad para su reconocimiento y han se�alado ciertos procedimientos y exigido algunos comprobantes para otorgarlas en algunos casos, es claro que esa tramitaci�n ha sido �nicamente con el fin de buscar la equidad, y de saber quienes las merecen para poder asignarlas con relativo acierto a los que son acreedores a ellas, m�s ello no quiere decir que el acto de otorgamiento constituya un derecho adquirido con justo t�tulo, conforme a las leyes civiles del pa�s. Tal doctrina se deduce del contexto de las leyes que sobre pensiones se han dictado durante la vigencia de la actual Constituci�n, desde la ley 50 de 1886 hasta la 144 de 1913. DE otro lado existen muchas pensiones decretadas directamente por la ley, sin que los agraciados hayan tenido que comprobar nada ni sujetarse a ninguna tramitaci�n. Si pues las pensiones de que se viene tratando o han sido asignadas e las leyes civiles, sino por la Naci�n, como entidad de derecho p�blico, en ejercicio de su soberan�a, es evidente que no est�n comprendidas en la disposici�n del art�culo 31 de la Constituci�n, y, por consiguiente, el legislador que las concret� puede modificarlas cuando lo tenga a bien conocen el caso del proyecto que se contempla, el cual no contrar�a la disposici�n constitucional que se deja citada �ltimamente".

Pueden concretarse as� las razones del fallo a que se refiere y en que basa su concepto el Se�or Procurador General de la Naci�n en orden a demostrar que las pensiones legalmente decretadas son gracias o recompensas gratuitas y que no otorgan lo que se llama derechos adquiridos a favor de sus beneficiarios:

1�.- Que por proceder las pensiones de actos de la Naci�n en su car�cter de entidad de derecho p�blico no implican a su cargo obligaciones de derecho privado.

2�. Que las pensiones por no haber sido asignadas en leyes civiles no otorgan derechos civiles, y que por lo tanto no est�n comprendidas dentro de los derechos protegidos por el art�culo 31 de la Constituci�n (30 de la actual codificaci�n).

Cree la Corte que antes de ir al examen de los actos constitucionales que garantizan derechos civiles para ver si se aplican o no a las pensiones que otorga el Estado, es necesario estudiar el car�cter de ellas, su naturaleza jur�dica, a la luz del derecho p�blico, que es el que les da origen y conforme al cual se configuran. Advirti�ndose que lo que va a verse se refiere exclusivamente a las pensiones de los funcionarios y empleados del servicio p�blico por causa y en raz�n de su ejercicio.

La mayor parte de las funciones p�blicas no son obligatorias en los estados modernos; en principio nadie est� obligado a entrar al servicio p�blico. Para obtener los colaboradores indispensables al buen funcionamiento de los servicios es necesario atraerlos por medio de ventajas personales.

Tal concurso de empleados y funcionarios juega en las democracias colectivas modernas un papel capital. Asegura el celo, la probidad en los servicios p�blicos, as� como la tecnicidad para los funcionarios de carrera.

Las ventajas personales son medidas que se toman por los Estados, no tanto a favor de los funcionarios, como en inter�s del buen funcionamiento de los servicios p�blicos. Ventajas personales son las contribuciones pecuniarias, como los sueldos, salarios, dietas, gastos de representaci�n.

Las ventajas personales referentes a la funci�n se determinan por las leyes y reglamentos sobre la organizaci�n de cada uno de los servicios p�blicos. Son elemento esencial de esa organizaci�n. En vista de una persona determina o para un agente p�blico en el momento en que entra en servicio sino objetivamente, por el buen funcionamiento de �ste, por la funci�n, y en consecuencia para todos los agentes p�blicos titulares, presentes y futuros, de una determinada funci�n. Forman una situaci�n jur�dica objetiva, general e impersonal, legal y reglamentaria.

Consecuencias de las relaciones jur�dicas del status ideal y reglamentario del agente p�blico son las que las ventajas personales tocantes con una funci�n pueden ser en todo momento modificadas, aumentadas, reducidas o suprimidas completamente, sin que sus titulares en ejercicio puedan oponer ninguna objeci�n jur�dica; y la de que cuando las condiciones legales se han cumplido, el funcionario puede exigir la ventaja personal tal como ella se ha fijado en las leyes y reglamentos.

El principio general sobre la naturaleza de las ventajas personales derivadas de la funci�n se aplican al sueldo y a la pensi�n.

El sueldo eventual, la pensi�n eventual, son status situaciones jur�dicas objetivas, generales y personales, legales o reglamentarias.

Tanto el sueldo como la pensi�n han sido organizadas por la ley con el objeto de asegurar el buen funcionamiento del servicio p�blico, y no en inter�s personal del funcionario, no se busca favorecer a un individuo o a tal clase de individuos. Se trata de poner en juego las ventajas pecuniarias en orden a obtener una buena gesti�n de tal o cual funci�n p�blica, o atracci�n hecha del titular de esa funci�n.

El sueldo es esencialmente el pago peri�dico de una suma de dinero seg�n una tarifa previamente establecida y mediante el cumplimiento de todas las condicione fijadas por las leyes y reglamentos para su colaboraci�n; en raz�n del ejercicio de una actividad personal para un servicio p�blico, durante el tiempo en que el agente efectivamente lo presente.

Por referirse el sueldo eventual a una situaci�n jur�dica legal o reglamentaria, puede ser modificado en todo momento, por la ley o el reglamento sea en su quantum, sea en sus modalidades.

Pero su supresi�n o reducci�n del sueldo no es posible m�s que para el porvenir. Desde que el sueldo sea devengado, cuando las condiciones para el reconocimiento de la acreencia se han llenado, ni la ley ni el reglamento pueden tocar esa acreencia; ser�an una ley y un reglamento retroactivos.

El derecho al sueldo por devengar es una situaci�n jur�dica general, impersonal.

El derecho al sueldo devengado es una situaci�n jur�dica, individual, intangible.

La pensi�n de retiro es una retribuci�n pecuniaria pagada peri�dicamente, en principio hasta la muerte, a un agente p�blico que ha llenado todas las condiciones legales y que se halla desinvertido de su funci�n en raz�n de una decisi�n regular que lo ha declarado en retiro del servicio.

La pensi�n no tiene car�cter contractual, y su r�gimen jur�dico es fijado por la ley y por los reglamentos.

La pensi�n de retiro se distingue del sueldo, aunque se ha dicho que ella no es sino un sueldo especial.

El sueldo supone el ejercicio activo de la funci�n. La pensi�n supone que el agente p�blico ha dejado de ejercer la funci�n y de recibir el sueldo.

El r�gimen jur�dico de la pensi�n de retiro, como el del sueldo, depende de la naturaleza jur�dica de la pensi�n. En tanto que las condiciones legales no se han llenado (pensi�n eventual), el agente p�blico se halla en una situaci�n legal y reglamentaria; cuando las condiciones legales se han llenado, aquel e encuentra en una situaci�n jur�dica individual. Siendo la pensi�n eventual una situaci�n jur�dica objetiva, legal puede ser modificada para el porvenir, en cualquier instante, por la ley, sea en su quantum, sea en sus modalidades.

Cuando las condiciones legales se han llenado, el funcionario tiene una acreencia propiamente dicha, por hallarse colocado en una situaci�n jur�dica individual.

Desde que un agente p�blico ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido por los medios legales el reconocimiento de una pensi�n en su favor, tiene el status que corresponde a una pensi�n adquirida.

El derecho del agente p�blico es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la liquidaci�n, las tarifas que resultan e los textos legislativos en vigor en tal momento, no podr�an ser modificadas en detrimento suyo.

Pero no obstante lo dicho, las pensiones ya decretadas pueden ser afectadas por suspensi�n en el goce de ellas o por p�rdida o caducidad definitiva del derecho las mismas, en ciertos casos se�alados limitativamente, como sanci�n establecida en las leyes. La residencia fuera del territorio nacional de un pensionado militar sin autorizaci�n de su gobierno, suspende de ordinario el goce de la pensi�n. Y la p�rdida definitiva de la pensi�n ocurre en los casos de pena de destituci�n y de pena de degradaci�n de los militares.

Los principios y reglas anteriormente expuesto son los que rigen en lo general el r�gimen jur�dico contempor�neo de los sueldos y pensiones que paga el Estado a los servidores p�blicos.

Es cierto que Roger Bonnard en su obra "Precis d Droit Administratif", edici�n de 1935, p�gina 414, refiri�ndose a los decretos legislativos de 6 de abril y de diez de mayo de 1934, considera que seg�n ellos la situaci�n del pensionado es actualmente en Francia apenas legal o reglamentaria, modificable por obra de leyes nuevas. "Y es l�gico que jur�dicamente ello sea as� -dice el expositor citado- ya que financieramente la pensi�n no es otra cosa sino la prolongaci�n del sueldo. Se podr�a y se deber�a admitir que el funcionario se halla en una situaci�n individual si la pensi�n constituyera una renta vitalicia. Pero se ha visto que la pensi�n no tiene ninguno de los caracteres de la renta vitalicia".

Bonnard encuentra justificado jur�dicamente un decreto que seg�n el, coloca a los pensionados franceses dentro de un status puramente legal y reglamentario, por considerar que no siendo las pensiones financieramente otra cosa que la prolongaci�n de un sueldo, su r�gimen se ha de confundir con el r�gimen legal y reglamentario de los sueldos. La raz�n no es convincente, porque antes que el car�cter financiero de la pensi�n est� la naturaleza jur�dica de ella.

Seg�n otros autores la pensi�n participa de varias caracter�sticas de los sueldos y de caracter�sticas tambi�n propias de la renta vitalicia; pero no es esencialmente ni lo uno ni lo otro. Houriou defin�a as� la pensi�n en la edici�n s�ptima de su obra Droit Administratif, p�gina 648, editada en 1911:

La pensi�n es un sueldo diferido, servido bajo forma de renta vitalicia al funcionario que se coloca en situaci�n de retiro, cuando ciertas condiciones se han llenado". Y el mismo autor, en l und�cima edici�n de su obra, p�gina 769, a�o de 1923, la define de esta suerte: "La pensi�n es una prestaci�n a t�tulo de sueldo diferido basado sobre retenciones, servido bajo forma de renta vitalicia, al funcionario colocado en situaci�n de retiro, cuando ciertas condiciones se han llenado".

Gast�n J�ze, en su obra Los Principes G�neraux du Droit Administratif, edici�n de 1930, p�ginas 824 y 825, ilustra la cuesti�n cuando expone aludiendo al r�gimen pensionario franc�s, que la retenci�n sobre el sueldo para la constituci�n de una pensi�n no es una condici�n del derecho a la pensi�n. Dice: 3�. Si la retenci�n debida legalmente se ha efectuado, ello no hace desaparecer el derecho a la pensi�n". DE donde se infiere que si en Francia las pensiones se pagan generalmente con fondos tomados a los funcionarios de sus sueldos, el derecho a la pensi�n es superior a esa circunstancia de la retenci�n independiente de ella. Y por este aspecto la pensi�n no tiene en Francia el car�cter de renta vitalicia.

Ella es, como lo ense�a Rolland (Pras de Droit Administratif, 1934, pagina 84) "una prestaci�n pecuniaria efectuada por el Estado, un Departamento, una Comuna, y destinada a remunerar los servicio de un funcionario".

Y que se distingue del sueldo y no puede confundirse con �l, porque los servicios que remunera son servicios ya prestados. El sueldo eventual y la pensi�n eventual se asemejan; pero la pensi�n adquirida no puede confundirse con un sueldo eventual. Si como lo dice Bonnard, la pensi�n es una prolongaci�n del sueldo, importa no aplicar esa prolongaci�n de sueldo el concepto de su revocabilidad a voluntad del Estado, confundiendo situaciones jur�dicas diferentes y aplicando al r�gimen de las pensiones adquiridas el r�gimen de los sueldos eventuales, pues la l�gica impone que la aplicaci�n de esos principios se haga en forma distinta el r�gimen del sueldo eventual a la pensi�n eventual, y el r�gimen del sueldo devengado a la pensi�n adquirida.

No es igual la expectativa que tiene el empleado p�blico a los sueldos no devengados, que la que tiene un pensionado a las mensualidades de su pensi�n legalmente decretada. El sueldo no se debe sino cuando el agente p�blico ha prestado el servicio propio de su funci�n, es decir que el sueldo implica la prestaci�n del servicio con posterioridad al nombramiento y posesi�n el empleado; las pensiones se deben desde cuando se decretan, porque ellas no est�n subordinadas a la prestaci�n de ulteriores servicios por parte del pensionado, pues este los prest� ya con anterioridad al acto de reconocimiento de su derecho. Una pensi�n decretada constituye una situaci�n jur�dica concreta que no se halla sometida a la ejecuci�n de acto alguno posterior por el pensionado para que ella se mantenga. La pensi�n equivale a un sueldo ya causado es la retribuci�n de servicios prestados, no por prestarse.

Es pues evidente, por aplicaci�n de los principios generales del derecho p�blico que domina la materia, a los cuales se ha hecho referencia, de el estado est� en el deber de satisfacer la prestaci�n pecuniaria preestablecida, cuando el agente p�blico ha llenado las condiciones legales para merecer la pensi�n y �sta se ha decretado por la autoridad competente. Tal venta personal del funcionario constituye un status, una situaci�n jur�dica individual, intangible respecto de las pensiones adquiridas.

A esta deducci�n se agrega, seg�n se ha visto, atendiendo a la naturaleza de la pensi�n cuando se trata de funcionarios o empleados p�blicos por su car�cter compensatorio o retribuci�n diferida de servicios prestados. Se advierte que esta conclusi�n no comprende otras pensiones que no tienen ese car�cter, por no asignarse en raz�n de servicios sino por motivos distintos.

Por deberes estas pensiones en raz�n de servicios prestados son compensatorias de ellos. La Sala Plena encuentra en este punto acertados los siguientes conceptos de los Magistrados de la Corte que salvaron sus votos en la memorada sentencia de 1915: "Tambi�n ha consignado la respetable mayor�a de la Corte el concepto de que las pensiones concedidas por las leyes colombianas tienen el car�cter de gracias o recompensas gratuitas. No es esta, a nuestro juicio, la naturaleza de las recompensas y pensiones que pueden concederse al tenor del inciso 5� del art�culo 78 de la Constituci�n. Al contrario, son ellas remuneratorias. Y por serlo, las leyes generales que reglamentan el ramo establecen las condiciones de la concesi�n, y entre ellas figuran la clase, naturaleza y duraci�n de los servicios prestados a la Rep�blica ya en empleos civiles, o en cargos militares�..".

An�lisis de las premisas en que se bas� el fallo dictado en 1915 - Revisi�n de pensiones

Las consideraciones anteriores ser�an suficientes para deducir, por la naturaleza jur�dica de la pensi�n jubilatoria en raz�n de servicios, que ella constituye cuando ha sido decretada esa virtud de sentencia de la autoridad competente, un derecho "adquirido", garantizado a la Constituci�n e invulnerable por leyes o actos administrativos, o jurisdiccionales posteriores. Es sin perjuicio, naturalmente de las acciones de revisi�n en los casos en que jurisdiccionalmente haya lugar a ellas (Art�culos 164 y siguientes de la Ley 17 de 1941), solo que al hacerse la revisi�n cuando sea procedente, se tendr� como base obligatoria, y de que la cuant�a de la pensi�n reconocida no puede disminuirse porque ello quebrantar�a el derecho adquirido. La revisi�n comprender� otros aspectos y en ellos operar�. Siendo de advertir que la intangibilidad del derecho adquirido no se opone a la revisi�n en que se reconozca un aumento de la cuant�a fijada en el acto que decret� la pensi�n; y porque la elevaci�n de las cuant�as dispuesta en una ley o en otro medio general que no excluya expresamente del aumento a los ya pensionado, ha de aplicarse a todos en atenci�n a su generalidad, a la voluntad que conlleva la ley en beneficio adicional o complementario de los ya reconocidos y por el esp�ritu social que informa la nueva disposici�n legislativa, el que impone la igualdad ante ella de todos los servidores del Estado que hayan llenado los presupuestos preestablecidos para merecer la pensi�n.

M�s es conveniente volver al examen de los postulados en que se bas� el fallo dictado por la Corte en 1915, de que da cuenta la primera parte de la presente decisi�n, o sea, que por proceder las pensiones de actos del estado en su car�cter de entidad de derecho p�blico no implican a su cargo obligaciones en el campo del derecho privado, y que por no haber sido asignadas en leyes civiles no otorgan derechos civiles amparados por la Constituci�n.

Obligan al Estado sus actos respecto de particulares como entidad de derecho p�blico

No es fundado el concepto e que por proceder las pensiones de actos del Estado en su car�cter de entidad de derecho p�blico no implican obligaciones a su cargo que deba cumplir.

Evidentemente las pensiones no obligan a la Naci�n como persona de derecho privado, pues esta siempre es una persona de derecho p�blico. Las pensiones son actos de gobierno ejecutados por �ste en su car�cter de entidad de derecho p�blico. Pero de que no tengan para el Estado el car�cter de obligaciones de derecho privado no se deduce que no tengan el car�cter de obligaciones.

El Estado act�a en sus relaciones con los particulares, bien por los procedimientos de derecho p�blico, o bien por los de derecho privado. Peor en uno y otro caso, de los actos del Gobierno resultan relaciones de derecho con terceros y de ellas surgen derechos y obligaciones rec�procas a favor y a cargo de la Naci�n y de las personas con las cuales se relacionan los distintos actos del Estado. Estas obligaciones son igualmente respetables y comprometen de id�ntica manera a la Naci�n, as� provengan de actos suyos administrativos puramente o contractuales.

Y los particulares que entran en relaciones con el Estado adquieren por raz�n de ellas derechos tan dignos de respeto cuando emanan de actos del Estado como entidad de derecho p�blico como cuando provienen de actos del Estado en su condici�n e persona jur�dica.

Ejemplos de orden pr�ctico sobre casos de mucha ocurrencia son por dem�s elocuentes. Tales, entre otros, la adjudicaci�n de minas a particulares, de conformidad con el C�digo de la materia, y la adjudicaci�n de bald�os a los mismos, en armon�a con el C�digo Fiscal. En uno y otro caso la propiedad minera y la de las tierras pasan a particulares por actos de concesi�n otorgados por el estado como entidad de derecho p�blico, despu�s que el interesado en la adquisici�n de las minas o de las tierras ha acreditado el cumplimiento de los requisitos que para obtener la adjudicaci�n tienen establecidas las leyes que regulan cada una de estas materias.

No podr�a afirmarse que por proceder las adjudicaciones de bald�os y de minas de actos de la Naci�n como entidad de derecho p�blico no implican obligaciones a cargo de aquella, porque la Naci�n est� en el deber legal de adjudicar las minas y los bald�os a las personas que han llenado las condiciones y los requisitos necesarios para que se le adjudiquen.

La referencia que hace la sentencia de 19154 a las expresiones "leyes civiles" y "leyes sobre materia civil" se dirige a buscar una aplicaci�n literal de los t�rminos de la Constituci�n de 1886, art�culo 31, cuando dice que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores los derechos adquiridos con justo t�tulo, "con arreglo a las leyes civiles"; principio que el Art�culo 10 del Acto Legislativo n�mero 1� de 1936 y el 30 de la actual codificaci�n reprodujeron diciendo que se garantizan la propiedad privada y los dem�s derechos adquiridos con justo t�tulo, "con arreglo a las leyes civiles".

Se ha dicho que por no haberse hecho menci�n especial dentro de las leyes de naturaleza civil a aquellas que autorizan el reconocimiento de las pensiones, estas �ltimas no tienen el car�cter de leyes civiles, y que por lo miso no dan nacimiento a derechos civiles.

Cabe observar, sin embargo, que el propio art�culo1o del C�digo Civil, al decir que comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan derechos de particulares por raz�n de sus bienes, permite estimar que las pensiones son bienes civiles de sus beneficiarios. Porque los bienes de las personas son cosas corporales o incorporales, siendo estas �ltimas las que consisten en meros derechos, como los cr�ditos y las servidumbres activas (art�culo 653 del C.C.). Porque sobre las cosas incorporales hay tambi�n una especie de propiedad (art�culo 670 C.C.). Y porque los derechos personales o cr�ditos son los que pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposici�n de la ley, han contra�do las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. (Art�culo 666 ib�dem). De los t�rminos de las leyes que otorgan el derecho a pedir pensiones del Estado se deduce la obligaci�n correlativa de �ste a atender a su servicio y pago cuando quiera que el particular ha llenado los requisitos exigidos por las mismas leyes y siempre que la autoridad competente haya decretado la pensi�n.

Y por este concepto puede estimarse que siendo las pensiones bienes de los particulares, son asimismo derechos personales suyos. Es decir, que las leyes sobre pensiones caben dentro de las que conceden o determinan derechos civiles e los particulares por raz�n de sus bienes.

De otro lado, no se ve el motivo que haya para limitar el concepto de "leyes civiles" al restricto que resulta de los t�rminos del art�culo del C�digo Civil. Porque leyes civiles son las que conceden un derecho sustantivo de car�cter privado, y ese reconocimiento puede hacerse en virtud de disposiciones legales consignadas en diversos c�digos, como el Fiscal, el de Minas y a�n el propio C�digo Judicial. El art�culo 1� del c.C. expresa que dicho C�digo comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan derechos de particulares por raz�n de sus bienes. Y nada se opone que compilaciones legales que no lo son por su naturaleza de leyes sustantivas, contengan disposiciones que reconozcan derechos privados. Pueden las pensiones estar incluidas en el ramo administrativo pero tal cosa no implica que ellas no confieran derechos privados a favor de los particulares beneficiados.

Los sueldos no los paga el Estado como parte civil (expresi�n del fallo de 1915) y nadie niega que constituyen derechos adquiridos los ya devengados. En igual situaci�n se hallan las pensiones legalmente decretadas: son prestaciones por servicios ya cumplidos. Como los sueldos dan origen a cr�ditos contra la entidad a cuyo cargo se decreta la pensi�n.

Por otorgar las pensiones derechos personal�simos, no transmisibles a los herederos sino ejercitables por los propios beneficiarios, si no se reclaman no hay por qu� satisfacerlas y se entiende que se dispensan entonces por quienes pueden pedirlas, al obligado a su pago. Se deben por tanto, solamente desde cuando se demandan en juicio y siempre que las condiciones para merecerlas se hayan llenado.

Todo lo expuesto lleva a deducir que el art�culo 9� del Decreto n�mero 136 de 1932, al disponer que desde su vigencia "ninguna pensi�n pagada por el Tesoro Nacional ser� mayor de $ 80.00 mensuales", quebranta o puede quebrantar el derecho acreditado en fallos de la autoridad competente que reconocen o reconozcan pensiones a cargo de la Naci�n por una cuant�a mayor de esa suma, y que por ello es inconstitucional.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la funci�n que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, o�do el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n, DECLARA inexequible el art�culo 9� del Decreto No. 136 de 1932 que fue objeto de acusaci�n en el presente juicio.

Publ�quese, notif�quese, c�piese, dese cuenta al Ministerio de Gobierno e ins�rtese en la Gaceta Judicial.

Hern�n Salamanca - Germ�n Alvarado C. - Francisco Bruno - An�bal Cardoso Gait�n - Pedro Castillo Pineda - Victor Cock - Agust�n G�mez Prada Jorge E. Guti�rrez A. - Ricardo HInestrosa Daza - Ricardo Jord�n - Ram�n Miranda - Jo� Antonio Montalvo - Domingo Sarasty M. - Eleuterio Serna R. - Arturo Tapias Pilonieta - Manuel Jos� Vargas - Pedro Le�n Rinc�n. Srio. En propiedad.