Sentencia de 1973

300Corte SupremaCorte Suprema30030008388Jos� Gabriel de la Vega197327/11/1973Jos� Gabriel de la Vega_1973_27/11/197330008388&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA FECHA: Bogot�, D.E., 27 de noviembre de 1973 ( MAGISTRADO PONENTE: doctor Jos� Gabriel de la Vega). Aprobado seg�n acta n�mero 38, 8 de noviembre de 1973. TEMA: IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO "Cuando el art�culo 58 CONS_P86#58* (de la C. N.) dice que la justicia es un servicio p�blico a cargo de la Naci�n, no hace sino aplicar a caso singular un principio sentado por el art�culo 203 CONS_P86#203* del C�digo Fundamental a cuyos t�rminos son de cargo de la Rep�blica 'los gastos del servicio p�blico". De entenderse la interpretaci�n del actor, ning�n impuesto, derecho o tasa, podr�a cobrar el Estado, as� fuere en m�nima cuant�a, por raz�n de los diferentes servicios p�blicos y a efecto de pagar, siquiera en parte, las erogaciones que causen". 1973

"Cuando el art�culo58CONS_P86#58* (de la C. N.) dice que la justicia es un servicio p�blico a cargo de la Naci�n, no hace sino aplicar a caso singular un principio sentado por el art�culo 203CONS_P86#203* del C�digo Fundamental a cuyos t�rminos son de cargo de la Rep�blica 'los gastos del servicio p�blico". De entenderse la interpretaci�n del actor, ning�n impuesto, derecho o tasa, podr�a cobrar el Estado, as� fuere en m�nima cuant�a, por raz�n de los diferentes servicios p�blicos y a efecto de pagar, siquiera en parte, las erogaciones que causen".

El ciudadano Tarcisio Rold�n Palacio pide que se declaren inexequibles, total o parcialmente, los art�culos 3D0284_73#3*o. del Decreto 284 de 1973, "por el cual se reajustan los impuestos de timbre y papel sellado", 1C_PCIVIL#1*o., 103C_PCIVIL#103* y 104C_PCIVIL#104* del C�digo de Procedimiento Civil, y 7D0712_73#7*o. y 11D0712_73#11* del Decreto 712 de 1973, "por el cual se dictan nuevas disposiciones sobre timbre y papel sellado".

Invoca como fundamento de la acci�n, el art�culo 58CONS_P86#58* de la Carta, que dice infringido, y seg�n el cual "la justicia es un servicio p�blico de cargo de la Naci�n".

Se copian los fragmentos y textos demandados, poni�ndolos en letras may�sculas. Dicen as�:

Del decreto 284 de 1973, por el cual se reajustan los impuestos de timbre y papel sellado:

"1o. Los escritos y actuaciones que se dirijan o se surtan ante los funcionarios, autoridades y organismos que integran o hacen parte de las ramas legislativa, ejecutiva y jurisdiccional del poder publico, del Ministerio P�blico y de las autoridades fiscales en lo nacional y en todas las entidades territoriales de la Rep�blica".

"Art�culo 1C_PCIVIL#1*o. Gratuidad de la justicia civil. El servicio de la justicia civil que presta el Estado es gratuito, CON EXCEPCION DEL IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO y de las expensas se�aladas en el arancel judicial para determinados actos de secretar�a.

"Art�culo 103.C_PCIVIL#103* Papel y copia de las actuaciones. Salvo disposici�n en contrario, toda actuaci�n judicial deber� extenderse en papel sellado.

"Art�culo 104.C_PCIVIL#104* Revalidaci�n. Si una parte no suministra el papel sellado que le corresponde, el secretario lo suplir� con papel com�n, sin que suspenda la actuaci�n; pero si requerida para que lo revalide no lo hiciere en el t�rmino de ejecutoria, no ser� o�da en el proceso hasta cuando suministre estampillas de timbre nacional por el doble del valor del papel debido, que se adherir�n al expediente y e anular�n por el secretario, con anotaci�n de la fecha en que fueron suministradas".

Del Decreto legislativo 712 de 1973, porel cual se dictan nuevas disposiciones sobre timbre y papel sellado:

"Art�culo 7D0712_73#7*o. El numeral 52 del art�culo 5D0284_73#5*o. del Decreto 284 de 1973, quedar� as�.

"52. Los aval�os con intervenci�n de peritos que se presenten o se practiquen en juicios civiles o diligencias administrativas, sobre el justiprecio liquido que exceda de cinco mil pesos ($ 5.000.00), un peso ($ 1.00) por cada cien pesos ($ 100.00) o fracci�n y en los juicios de sucesi�n, dos pesos ($ 2.00) por cada cien pesos ($ 100.00) o fracci�n, cuando por la naturaleza del negocio el valor sea indeterminado, doscientos cincuenta pesos ($ 250)".

"Art�culo 11.D0712_73#11* El numeral 71 del art�culo 5D0284_73#5*o. del Decreto 284 de 1973, quedar� as�.

"71. Las sentencias, facturas, vales, cuentas de cobro, recibos constitutivos de obligaciones y otros documentos an�logos, no gravados ni exentos espec�ficamente en este decreto, cuando se presenten como prueba en juicios civiles o en diligencias administrativas, aun cuando la obligaci�n que consta en ellos haya sido cancelada, treinta centavos ($ 0.30) por cada cien pesos ($ 100.00) o fracci�n de cien pesos de su valor. Si son de valor indeterminado, doscientos cincuenta pesos".

"Con referencia al �nico motivo de inconstitucionalidad alegado por el actor Rold�n palacio y no propuesto en la demanda del ciudadano Arteaga Carvajal - violaci�n del art�culo 58CONS_P86#58* de la Carta en cuanto establece que 'la justicia es un servicio p�blico de cargo de la Naci�n' y que, por consiguiente, seg�n el actual demandante, no puede ser gravado con impuestos porque deja de ser gratuito- anot� que ese canon no tiene el significado jur�dico ni la consecuencia pr�ctica que pretende atribuirle: ese precepto es originario del art�culo 47ACL01_45#47* del acto legislativo n�mero 1 de 1945 y tiene su explicaci�n en que anteriormente el dicho servicio era costeado en parte por los municipios, entidades que pagaban las asignaciones de los jueces municipales y de sus subalternos y sufragaban los dem�s gasto del funcionamiento de la justicia a este nivel. Y como el art�culo 61ACL01_45#61* del mismo Acto legislativo 158 de codificaci�n), dispuso que los jueces municipales fueran designados por los tribunales Superiores del Distrito Judicial y no por los concejos como lo establec�a el art�culo 62ACL01_10#62* del Acto Legislativo n�mero 1 de 1910, se consider� l�gico, adem�s de conveniente por motivos obvios, que un servicio p�blico tan importante como el de la justicia, regulado por normas de car�cter nacional y que se presta en todo el territorio de la Rep�blica, fuera costeado �ntegramente por la Naci�n y no por otras entidades oficiales regionales o locales, como los municipios. Obs�rvese que el precepto comentado no dice que la justicia ser� de cargo del estado sino de la Naci�n, contraponiendo �sta a los departamentos y a los distritos municipales, como lo hace la misma Carta en otra de sus disposiciones, verbi gratia en los art�culos 64CONS_P86#64*, 76-16CONS_P86#76*, 110CONS_P86#110*, 120-5CONS_P86#120*, 143CONS_P86#143* (el Ministerio P�blico defiende los intereses de otras entidades oficiales solo cuando no son contrarios a los de la Naci�n), 182CONS_P86#182* del inciso segundo y 187-3CONS_P86#187*".

La totalidad del Decreto 284 de 1973 fue acusada por extralimitaci�n en el ejercicio de facultades extraordinarias y consiguiente violaci�n del art�culo 118-8CONS_P86#118*, en concordancia con el 76-12CONS_P86#76* de la Carta. Esta corporaci�n, en sentencia de fecha 4 de septiembre de 1973, declar� exequible dicho acto, por no haber excedido las autorizaciones extraordinarias que le sirven de sustento, en globo, pero sin estudiar la constitucionalidad de cada uno de los art�culos de ese ordenamiento, analizados en concreto, por no haber sido objeto de impugnaci�n espec�fica. Como la presente demanda s� formula censuras constitucionales de naturaleza especial concret�ndolas a determinadas disposiciones y por otras infracciones, procede estudiarlas de manera particular.

1.- La capacidad de establecer impuestos nacionales corresponde a la ley (art. 76-13CONS_P86#76*, 210CONS_P86#210* C.N.), y por excepci�n se dan casos de tributos creados por otros actos revestidos de fuerza legal. Dicha potestad es muy extensa, y su ejercicio solo se desvirt�a cuando, en la pr�ctica conduce a violaciones de la Carta. La cual, por lo dem�s, fuera de esa hip�tesis gen�rica de incompatibilidad constitucional, apenas la sujeta a contadas restricciones como son las relativas a precisi�n de incorporar el tribuno que e trate de percibir en el presupuesto de rentas del a�o respectivo, fecha en que pueden cobrarse determinadas contribuciones o manera especial de varias sus tarifas, etc., (V. arts. 206CONS_P86#206*, 204CONS_P86#204*, 205CONS_P86#205*,C.N.).

2.- La correcci�n o irregularidad de los impuestos nacionales -aparte de las raras situaciones de inconstitucionalidad-a depende del legislador, al cual incumbe apreciar su conveniencia o eficacia, sea para obtener ingresos destinados al servicio p�blico, o bien por motivos de pol�tica econ�mica o social. Establecer, aumentar, disminuir, reajustar o suprimir impuestos son negocios que el estatuto fundamental remite ala decisi�n del Congreso como representante de la Naci�n. De ah� es que los reclamos ciudadanos y dem�s tr�mites concernientes a la materia tributaria deban, por lo com�n, adelantarse ante la Rama Legislativa del Poder.

3.- Las disposiciones acusadas someten al impuesto de timbre y papel sellado, en las circunstancias all� previstas, ciertos escritos y actuaciones que se tramitan por autoridades judiciales o administrativas. Dado que uno de los fines del impuesto es el de recaudar fondos para atender los servicios p�blicos, y como �stos, entre ellos el de la justicia, est�n a cargo del Tesoro Nacional (arts. 203CONS_P86#203*, 58CONS_P86#58* C.N.), es explicable que el Estado para sufragar las expensas correspondientes, acuda a la v�a impositiva y grave principalmente a quienes necesitan o importa que esas prestaciones oficiales se lleven a efecto, en procesos o en asuntos administrativos. Observaci�n que se formula en orden a comprender la raz�n y alcance de las medidas que se contemplan; que su fundamento constitucional, exento de consideraciones de conveniencia, solo cabe estimarlo al trav�s de la Carta, ninguna de cuyas prescripciones aparece vulnerada por las normas tachadas de inconstitucionalidad. Se repite que si ajuicio de la ciudadan�a o de algunos interesados, estas son injustas o excesivas, al Congreso y no a la Corte Suprema de Justicia, ata�e decidir la cuesti�n.

4.- El �nico reparo que el demandante arguye contra los textos censurados es el de contrariar un pretendido car�cter gratuito que, a su entender tiene la justicia, por reconocerle el art�culo 58CONS_P86#58* de la precepto que solo indica, como lo demuestra el Procurador en opini�n ya transcrita, que sus gastos debe cubrirlos el Tesoro Nacional. Cuando el art�culo 58CONS_P86#58* dice que la justicia es servicio p�blico a cargo de la naci�n, no hace sino aplicar a caso singular un principio sentado por el art�culo 203CONS_P86#203* del C�digo fundamental, a cuyos t�rminos son de cargo de la Rep�blica "los gastos del servicio p�blico". De atenderse la interpretaci�n del actor, ning�n impuesto, derecho o tasa podr�a cobrar el Estado, as� fuese en m�nima cuant�a, por raz�n de los diferentes servicios p�blicos y a efecto de pagar, siquiera en parte, las erogaciones que causen. Ser�a el desbarajuste de la administraci�n, por extra�o entendimiento de un mandato de la carta. No ha sido vulnerado el art�culo 58CONS_P86#58* ni otro alguno de la Constituci�n. Las disposiciones materia de la demanda son constitucionales.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n,

Primero. Es exequible el art�culo 103C_PCIVIL#103* del C�digo de Procedimiento Civil.

Segundo. Son exequibles los art�culos 7D0712_73#7*o. y 11D0712_73#11* del Decreto 712 de 1973, por los cuales se sustituyen los numerales 52 y 71 del art�culo 5D0284_73#5*o. del Decreto 284 de 1973.

Tercero. Es exequible el art�culo 3D0284_73#3*o. del Decreto 284 de 1973, en la parte que dice: "Se extender�n en papel sellado: 1. Los escritos y actuaciones que se dirijan o se surtan ante los funcionarios, autoridades y organismos que integran o hacen parte de las Ramas Jurisdiccionales del Poder P�blico..".

Cuarto. Es exequible el art�culo 1C_PCIVIL#1*o. del C�digo de Procedimiento Civil en la parte que dice: "con excepci�n del impuesto de timbre y papel sellado..".

Quinto. Es exequible el art�culo 104C_PCIVIL#104* del C�digo de Procedimiento Civil, en la parte que dice: "Si una parte no suministra el papel sellado que le corresponde, el secretario lo suplir� con papel com�n, sin que suspenda la actuaci�n; pero si requerida para que lo revalide no lo hiciere en el t�rmino de ejecutoria, nos ser� o�do en el proceso hasta cuando suministre estampillas de timbre nacional por el doble del valor del papel debido.."