Sentencia de 1979

300Corte SupremaCorte Suprema30030008309Luis Carlos S�chica197926/04/1979Luis Carlos S�chica_1979_26/04/197930008309&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA FECHA : Bogot�, D. E., 26 de abril de 1979. MAGISTRADO PONENTE : doctor Luis Carlos S�chica. TEMA : PRESTACIONES DE LOS MAESTROS Y PROFESORES NACIO- NALES. CONGELACI�N DE LAS PRIMAS DE ALIMENTACI�N Y ALOJAMIENTO La Corte Suprema procede a confrontar la compatibilidad del Decreto 2952 D2952_68#1* de 1968, con la Constituci�n Pol�tica. Aprobada por Acta n�mero 13. 1979

Jorge Lucas Tolosa Ca�asdeclar la inexequibilidad del Decreto 2952 de 1968Identificadores30030008310true80886Versi�n original30008310Identificadores

La Corte Suprema procede a confrontar la compatibilidad del Decreto 2952D2952_68#1* de 1968, con la Constituci�n Pol�tica.

El ciudadano Jorge Lucas Tolosa Ca�as, pide en acci�n p�blica se declare la inexequibilidad del Decreto 2952D2952_68#1* de 1968, cuyo texto dice:

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65L0065_67#1* de 1967,

"Art�culo primero. A partir del 14 de noviembre del presente a�o y hasta cuando se adopte el sistema definitivo de prestaciones de los maestros y profesores nacionales, la prima de alimentaci�n y alojamiento de que trata el art�culo 14D0030_48#14* del Decreto 30 de 1948, ser� la siguiente:

"Art�culo segundo. Los efectos de este decreto comenzar�n a regir el 14 de noviembre del presente a�o.

Pide, adem�s, que se suspenda el decreto acusado y, como consecuencia "se ordene la vigencia, del Decreto 30D0030_48#1* de 1948 (enero 12) que contempla el sistema de pago de prima de alimentaci�n, por porcentaje, a los profesores de ense�anza secundaria de car�cter nacional".

Como disposiciones violadas cita el actor estas normas constitucionales: el art�culo 30CONS_P86#30* que garantiza los derechos adquiridos y el 76CONS_P86#76*, numeral 12, que permite el otorgamiento de facultades extraordinarias. Adem�s, aduce que se han violado las Leyes 153 de 1887, articulo 12L0153887#12* y la 65L0065_67#1* de 1967 que contiene las facultades otorgadas al Gobierno.

Entre las pruebas invocadas en la demanda cita los Decretos 2689D2689_68#1* de 1968, 953D0953_70#1* de 1970, 729D0729_72#1* de 1972, 1921D1921_72#1* de 1972, 663D0663_74#1* de 1.974, 524D0524_75#1* de 1975, 1247D1247_77#1* de 1977, 715D0715_78#1* de 1978 y 898D0898_78#1* de 1978, am�n de otros expedidos por el Alcalde Mayor de Bogot�.

El Procurador General de la Naci�n, advierte que un defecto sustancial hace inane emitir concepto de fondo.

"Esta Procuradur�a observa que la materia del Decreto 2952D2952_68#1* de 1968 -prima de alimentaci�n y alojamiento-, ha sido objeto de ordenaciones posteriores y en primer t�rmino el Decreto 663D0663_74#1* de 1974, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 2L0002_73#1* de 1973 y que en lo pertinente expresa:

"Art�culo 7�. Los Rectores, Directores. Prefectos y Profesores de ense�anza media, normalista y educaci�n superior no universitaria, de tiempo completo, tendr�n derecho durante los doce (12) meses del a�o a partir del primero (1�) de enero de mil novecientos setenta y cinco (1975) a percibir una suma fija mensual de $ 324.00 por concepto de prima de alimentaci�n y alojamiento.

"Se��lase una suma de $ 300.00 mensuales por profesor de ense�anza primaria y durante el a�o escolar en planteles dependientes del Ministerio de Educaci�n para atender los servicios de economato. Cuando el profesor sin perjuicio de sus actividades docentes opte por percibir en efectivo esta subvenci�n s�lo le ser� cubierta a raz�n de $ 250.00 mensuales durante el a�o escolar.

"Texto �ste reproducido, sin ninguna variaci�n y bajo el mismo n�mero por el Decreto 524D0524_75#1* de 1975, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias de que fue investido el Presidente de la Rep�blica por la Ley 24L0024_74#1* de 1974.

"Puede citarse tambi�n el Decreto extraordinario 716 de 1978, por el cual se fija el sistema de clasificaci�n, remuneraci�n y nomenclatura de los empleos directivos y docentes de los Institutos Nacionales de Educaci�n Media Diversificada -INEM- y los Institutos T�cnicos Agr�colas -ITA-, por cuyo art�culo 6D0716_78#6*� se fija en $ 415.00 mensuales la prima de alimentaci�n de ese personal.

"Este Decreto 716 fue expedido con base en las facultades extraordinarias de la Ley 5L0005_78#1*� de 1978.

"Bien puede verse que todas estas disposiciones adoptan tambi�n el sistema de sumas fijas del decreto impugnado y no el de porcentajes del Decreto 30D0030_48#1* de 1948, que es la tacha de inconstitucionalidad formulada contra el primero.

"Y si este no es el que se halla en aplicaci�n porque perdi� su vigencia desde que fue expedido el citado Decreto 663D0663_74#1* de 1974 que lo sustituy� y que a su vez fue derogado expresamente por el art�culo 11D0524_75#11* del Decreto 524 de 1975 y subrogado por el art�culo 74D0716_78#74* de este y por el Decreto 716 de 1978, seg�n lo anteriormente anotado, entonces la demanda de inexequibilidad es sustancialmente inepta por referirse a un ordenamiento insubsistente ya cuando fue presentada".

Todo el sistema colombiano de control de la constitucionalidad est� enderezado a impedir o a eliminar la posibilidad de aplicar normas contrarias a la constituci�n. Sus cuatro mecanismos tienden a ello, as�:

a). El control preventivo de las objeciones presidenciales evita la vigencia de proyectos de ley inconstitucionales;

b). La excepci�n de inconstitucionalidad permite al juez implicar las leyes que estime inconstitucionales ;

c). La acci�n de inexequibilidad retira del orden jur�dico, de modo definitivo y con efectos erga omnes, la norma inv�lida por incompatibilidad con la Constituci�n, y

d). La revisi�n forzosa de los decretos de los estados de sitio y de emergencia econ�mica y social, mediante un procedimiento acelerado, busca tambi�n hacerlos inaplicables cuando vulneran preceptos constitucionales.

En consecuencia, el objeto fundamental buscado con este control y, por tanto, de la acci�n de inexequibilidad, no es otro que hacer inaplicable la regla jur�dica inconstitucional.

Por lo mismo, la confrontaci�n normativa en que consiste este control solo es posible entre normas vigentes, una constitucional y otra legislativa. Y, no es l�gico, pues carece de objeto, y no puede haber acci�n sin inter�s jur�dico actual que la justifique, el que la Corte se pronuncie sobre validez de una norma derogada.

Carecer�a de efecto un fallo te�rico, de alcances puramente morales o docentes, extrajur�dicas, declarativos de la inconstitucionalidad de una disposici�n ya inexistente, inaplicable de suyo por estar derogada.

De otra parte, cabe preguntarse si una tal declaraci�n destruir�a la seguridad jur�dica que la Corte ha protegido con sus decisiones inhibitorias.

En Colombia, la ley se presume constitucional e intangibles los efectos de su aplicaci�n, como derechos bien adquiridos, mientras la Corte no la juzgue inconstitucional. Por eso, sus sentencias en este campo solo pueden tener efectos futuros, que no son sino la inaplicabilidad de la norma inexequible, como sanci�n jur�dica del indebido ejercicio de la competencia constitucional del Gobierno o del Congreso, pero dejando a salvo las situaciones jur�dicas consolidadas bajo la vigencia de aqu�lla, en defensa de la seguridad jur�dica y de la buena fe de los gobernados.

La funci�n de la Corte como guardiana de la Constituci�n es espec�fica y exclusivamente judicial, aunque con implicaciones pol�ticas, y no puede transformarse en la de un poder moral, directivo, que la Constituci�n no le atribuye. La excepci�n del estado de sitio, como lo dijo la Corte en fallo de octubre 20 de 1977, obedeci� a razones distintas.

�nicamente con esta interpretaci�n se logra deslindar la inexequibilidad de fen�menos como la derogatoria y la declaraci�n de nulidad a los cuales se la ha querido asimilar.

Hay que agregar que la acci�n de inconstitucionalidad es una garant�a efectiva, la garant�a de las garant�as, un poder correctivo y conservador de la Constituci�n y no una simple facultad moderadora del ejercicio de las dem�s competencias. De lo que se trata en el juicio de validez constitucional es de contener dentro de sus competencias al ejecutivo y al legislativo, prescindiendo de los actos que las desbordan, no por amonestaciones orientadoras sino con decisiones con efecto inmediato y no meramente declarativas de principios, de modo que la norma constitucional violada recobre o tenga la plenitud de su eficacia.

El juez constitucional representa la voluntad del constituyente, sobrepuesta a la de los �rganos que deben darle aplicaci�n y desarrollo.

De lo cual se desprende que la acci�n de inexequibilidad caduca o precluye respecto de las normas derogadas, pues pierde su raz�n de ser, su naturaleza de garant�a, al perder actualidad la posible lesi�n sufrida por el orden jur�dico que aquellos trasgredieron. Los efectos de la derogaci�n eliminan dicha acci�n por innecesaria a los fines que le asigna la Constituci�n que es la de mantener su integridad.

Por las razones anteriores la Corte Suprema e Justicia, Sala Plena, previo estudio de la ala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n, RESUELVE : Declararse inhibida para decidir en el fondo la presente demanda, por sustracci�n de materia.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Salvamento de voto a la sentencia sobre el Decreto n�mero 2932D2932_68#1* de 1968, diciembre 2, demandada por Jorge Lucas Tolosa Ca�as.

1� La guarda de la Constituci�n Pol�tica, tomado este concepto desde la Carta de 1886, se limit� a los actos legislativos objetados por el Gobierno como inconstitucionales en cuyo caso ante la insistencia de las C�maras Legislativas correspond�a a la Corte Suprema decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los mismos (art�culo 90CONS_P86#90* y 151-4CONS_P86#151* Constituci�n Nacional).

Ante el silencio de la Carta de 1886 respecto de la supremac�a de la Constituci�n sobre la ley el legislador del a�o siguiente dio fuerza constitucional a la norma legal aunque pareciese contraria a la Constituci�n (Ley 153 de 1887, art�culo 6L0153887#6*�); por ello la Corte Suprema pudo decir "No est� establecido en la Rep�blica ning�n Tribunal o autoridad que tenga la facultad de declarar que una ley deje de ser obligatoria por ser contraria a un precepto constitucional". (Sentencia de 1889, Gaceta Judicial, Tomo III, p�gina 403).

El legislador constituyente de 1904 sent� las bases del control de los decretos expedidos por el Presidente durante el estado de sitio, facultando a cualquier ciudadano para impetrar la confrontaci�n de tales actos con la Constituci�n. Dice as� el art�culo 2L0002_73#2*� de la Ley 2 del citado a�o "La Corte Suprema de Justicia a solicitud de cualquier ciudadano y previa audiencia del Procurador General de la Naci�n, decidir� definitivamente en Sala de acuerdo, sobre la validez o nulidad de los decretos legislativos, de conformidad con el art�culo anterior y con lo dispuesto en la Constituci�n Nacional, en la materia".

Cabe anotar que este estatuto solo permit�a al Gobierno expedir decretos ejecutivos, durante el estado de sitio, para "defender los derechos de la naci�n o reprimir el alzamiento", pero orient� la normatividad actual de este r�gimen de excepci�n.

Esa ley, origen de la jurisdicci�n constitucional, sancionada por el Presidente Rafael Reyes, tuvo lamentablemente muy corta vigencia.

2�. La carencia de un mandato constitucional que consagrara la primac�a de la Constituci�n sobre la ley, y la falta de un �rgano que guardase la integridad de la Carta, cre� la necesidad de una reforma fundamental que supliera tales deficiencias en la organizaci�n jur�dica, del Estado.

Fue as� como se expidi� el Acto legislativo n�mero 3 de 1910, cuyos art�culos 40ACL03_10#40* y 41ACL03_10#41* establecieron la excepci�n de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de las leyes y el control jurisdiccional sobre todas las leyes y decretos que tuvieren incompatibilidad con el estatuto Supremo, pudiendo ser acusados ante la Corte Suprema por cualquier ciudadano como inconstitucionales. Surgi� as�, la guarda jurisdiccional de la Constituci�n sobre todos los actos del Congreso y del Ejecutivo, que tuviesen fuerza de ley.

3�. Varias reformas ha hecho el constituyente as�: en 1945 se precis� la competencia de la Corte y del Consejo de Estado para conocer de los decretos del Gobierno, por causas de inconstitucionalidad o ilegalidad, respectivamente ; en 1960, se dio a las C�maras legislativas la facultad de acusar los decretos de estado de sitio ante la Corte Suprema por razones de inconstitucionalidad; y en 1968 se ampli� la competencia a la Corte, previo estudio de una Sala especializada, para conocer de la exequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales, tanto en su contenido material, como por vicios de procedimiento en su formaci�n.

Subsiste, por tanto, intacta e invariable la competencia asignada a la Corte Suprema para "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y decretos dictados por el Gobierno . . . cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano ", seg�n lo estatuido por el constituyente en el Acto legislativo n�mero 3ACL03_10#1* de 1910.

4�. Motivo de largas discusiones y de diversas jurisprudencias ha sido para la Corte Suprema el ejercicio de su funci�n de decidir sobre la constitucionalidad de leyes y decretos que al tiempo de proferir la decisi�n definitiva, han sido sustituidos, suspendidos, incorporados a otras normas, derogadas expresa o t�citamente por otra de igual o superior jerarqu�a, o han perdido su efectividad por haber cumplido su objetivo.

En reiterada pero no uniforme jurisprudencia la Corte se ha declarado inhibida o se ha abstenido de proferir decisi�n de fondo cuando la norma deja de regir por cualesquiera de las causales anotadas antes, presentando como raz�n principal la de que perdida la vigencia "el orden constitucional, si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido autom�ticamente" y que el acto insubsistente ya no es susceptible de ejecuci�n.

"El fin de toda acci�n de inexequibilidad es el restablecimiento del imperio constitucional, que se considera perturbado por el acto acusado, es decir, evitar que �ste se ejecute o se contin�e ejecutando, y tal restablecimiento es pr�ctica u objetivamente innecesario, aun suponi�ndolo contrario a la Constituci�n, cuando siendo de car�cter transitorio dicho acto -como en el caso presente-, alcanz� o consum� ya completamente el objeto que persegu�a, pues si al tiempo de fallar no est�n en vigor la ley o el decreto acusado, porque hayan sido derogados, o porque hayan llenado �ntegramente los fines para que fueron dictados, el orden constitucional, si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido autom�ticamente, ya que el acto violatorio no tendr� fuerza ni eficacia en lo porvenir, y en tal evento, no persistiendo el menoscabo de la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendr�a a restablecer el imperio de la Carta y no se cumplir�a as� la misi�n que �sta se�ala. Podr�a decirse que cualquiera decisi�n en tales condiciones no se dirigir�a a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual tal vez no cabr�a dentro de las atribuciones de la Corte ni se ajustar�a al objeto que en s� tiene la acci�n de inexequibilidad". (Gaceta Judicial, Tomo LXXX, p�gina 644).

"La Corte, en jurisprudencia constante y uniforme ha decidido que esta Corporaci�n no puede pronunciarse sobre la inexequibilidad de leyes o decretos que hayan dejado de regir. La decisi�n de inexequibilidad no es otra cosa que la declaraci�n jurisdiccional de que el acto acusado no puede ejecutarse por vulnerar o menoscabar la norma constitucional de superior jerarqu�a. Tal declaraci�n, por consiguiente, supone la vigencia y operancia del decreto o ley inconstitucional, ya que el acto insubsistente por el solo hecho de serlo, no es susceptible de ejecuci�n. La decisi�n de inexequibilidad se proyecta sobre el futuro y no sobre el pasado en principio, ella no produce los efectos de una declaraci�n de nulidad absoluta sino los de una derogatoria de la norma acusada" (Gaceta Judicial, ib.).

5� No ha sido uniforme la jurisprudencia, porque ya en sentencia de 12 de junio de 1945 refiri�ndose a los decretos legislativos de estado de sitio, hab�a dicho: "En el esp�ritu de la Constituci�n est� el que pueda la Corte, aun despu�s de que se ha restablecido el orden p�blico, que se pueda cumplir el prop�sito de tutela constitucional que consagra el precepto a que se ha hecho menci�n . . . " (Gaceta Judicial, Tomo LIX, p�gina 30).

En sentencia de 9 de abril de 1970 la Corte dio un paso trascendental en orden a la guarda de la Constituci�n, aceptando la acci�n de inexequibilidad, no solo de leyes vigentes, sino tambi�n de las derogadas por nuevos preceptos con fuerza constitucional.

Fue el caso del literal c) del art�culo 11L0065_63#11* de la Ley 65 de 1963 que permit�a al Consejo Superior Universitario "elegir Rector para per�odos de tres a�os" en la Universidad Nacional, disposici�n contraria a lo preceptuado en la reforma constitucional de 1968.

"Pero ello no significa que en cuanto una ley anterior a un nuevo precepto constitucional resulte contraria a �ste, solo haya el camino de la excepci�n, el de desecharla como insubsistente y dejar de aplicarla en un caso concreto, con el riesgo de decisiones contradictorias y la consecuente incertidumbre, casi indefinida, sobre su vigor, porque tambi�n una norma constitucional posterior a dicha Ley 153L0153887#1* de 1887, el art�culo 41ACL03_10#41* del Acto legislativo n�mero 3 de 1910, organiz� un sistema general de control de la constitucionalidad para decisiones definitivas, en orden a preservar la integridad de la Carta, sin distinguir si se trata de un ataque directo a la norma superior en vigencia, o de uno sobreviniente, por la presencia de una disposici�n constitucional que no exist�a al momento de expedirse la ley.

"Del mismo modo que, seg�n lo ha sostenido la Corte, la exequibilidad de las leyes debe ser deducida o negada en presencia de los textos vigentes de la Constituci�n y as� una ley que al dictarse fue contraria a ella se convalida a la luz de un nuevo precepto; tambi�n una ley puede llegar a ser inconstitucional tiempo despu�s de ser expedida, por raz�n de reforma posterior de la Carta. Y si tal ley no ha sido derogada expresa o t�citamente por otra, sino que su eventual inaplicabilidad debe deducirse por entero de su confrontaci�n con los nuevos preceptos constitucionales; para decidir el asunto la Constituci�n ha organizado no solo el sistema exceptivo sino el del juicio de inexequibilidad, y ello hace pertinente el ejercicio de la acci�n respectiva, en orden a alcanzar un pronunciamiento de fondo y de efecto general ". (Gaceta Judicial 2338 Bis, p�gina 98).

"La Corte ha entendido siempre que la p�rdida de vigencia de una norma legal, que hace in�til el fallo de fondo sobre su constitucionalidad, es la proveniente de la derogaci�n expresa o t�cita de una ley por otra, o del hecho de que ya alcanz� plenamente su objeto o expir� el t�rmino durante el cual pod�a regir, pero no hay memoria de que se haya abstenido de fallar pretextando que la ley sometida a su examen deb�a reputarse derogada por su contradicci�n con un nuevo precepto de la Carta, precisamente porque tal juicio o deducci�n es la materia propia en los negocios de exequibilidad, que exigen un pronunciamiento positivo, firme y general, de la �nica autoridad que ha recibido competencia para ello, salvo lo dispuesto en el art�culo 215CONS_P86#215* sobre inaplicabilidad por v�a de excepci�n en ciertos casos particulares". (Gaceta Judicial, ib., p�gina 99).

Se pronunci�, entonces, la Corte Suprema respecto de la constitucionalidad de un precepto derogado por norma constitucional, y desde luego, sobre una norma carente de vigencia.

Finalmente, la Corte ya ha dado v�a libre para conocer de toda norma vigente o no al tiempo de presentaci�n de la demanda, con conceptos que, aunque encaminados a la regulaci�n del estado de sitio, tienen aplicabilidad general, c�mo estos: "De otra parte, la derogatoria de una norma no es obst�culo para el juzgamiento de su validez. Pi�nsese en que la misma Constituci�n establece control presidencial y, eventualmente jurisdiccional sobre los proyectos de ley no sancionados, que es otra forma de revisi�n de constitucionalidad sin acci�n, y que se efect�a antes de la vigencia del acto revisado". (Sentencia de 2 de abril de 1977).

A esta alusi�n, oportunamente tra�da en la sentencia transcrita, se debe agregar lo preceptuado en el art�culo 54CONS_P86#54* de la Constituci�n que exige: "declaraci�n previa del Consejo de Estado de que el proyecto satisface las condiciones exigidas en este art�culo" en cuanto a la formaci�n de nuevos departamentos. Esa declaraci�n previa de autoridad competente sin la vigencia de la ley, le da patente de constitucionalidad, por tal aspecto.

6�. La jurisprudencia de la Corte ha tenido como argumento fundamental el de que no puede violar la Constituci�n una norma carente de vigencia, pues la inefectividad virtual a�n por haber cumplido sus efectos, le impide la violaci�n de la Constituci�n, ya que la p�rdida de efectividad restablece autom�ticamente el imperio de la Carta, o dicho en palabras m�s t�cnicas lo que ya no puede de hecho ejecutarse es in�til declararlo inexequible judicialmente.

Si el fen�meno de la inexequibilidad se debe limitar a la interpretaci�n sem�ntica de que la norma acusada de inconstitucionalidad no puede seguir ejecut�ndose, la doctrina de la Corte es correcta y la autorrestricci�n en la guarda de la integridad de la Ley Suprema tiene validez.

Pero hay razones de superior categor�a: la facultad que la misma Carta da al Presidente es para objetar los proyectos de ley por inconstitucionalidad; y el derecho pol�tico que se consagra a favor de cualquier ciudadano es el de acusar "todas las leyes" cuando las considere inconstitucionales. Por tanto, es un derecho del Presidente de la Rep�blica o de cualquier ciudadano, obtener un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos de ley o de las leyes, que vulneren o hayan vulnerado la Constituci�n en cualquier tiempo, ya que el estatuto supremo es intemporal y omnipresente en el campo jur�dico del Estado Colombiano.

El concepto de exequibilidad o inexequibilidad, asume as� una mayor comprensi�n y una norma legal tendr� la protecci�n proferida por la Corte de exequibilidad, no porque pueda ejecutarse o no, sino porque se ci�e a una norma superior que es la Constituci�n.

Solo en esta forma el estado de derecho, que debe ser permanente aunque muchas normas legales var�en, como puede variar tambi�n su constituci�n, tendr� la protecci�n debida, merced a las decisiones de la Corte Suprema.

7�. Esta doctrina ha sido acertadamente aceptada por la Corte Suprema en relaci�n a los decretos de estado de sitio y desde luego debe aplicarse tambi�n a los estados de emergencia social o econ�mica, y no hay raz�n para que no se extienda a todas las leyes o decretos, como lo ordena el art�culo 214CONS_P86#214* de la Carta, sobre los cuales se pida una decisi�n de constitucionalidad, no de ejecutabilidad.

"El pronunciamiento de la Corte recae sobre la validez de la norma que se revisa no sobre sus efectos ni su vigencia, y consiguiente aplicabilidad o inaplicabilidad. La vigencia es condici�n para que la norma se realice, pero no es el origen o causa de la validez de una norma, la que solo dependa de su conformidad con la Constituci�n. Por tanto, el pronunciamiento sobre la validez, no exige que la violaci�n constitucional sea actual, presente, pues es juzgable como problema de puro derecho, en todo tiempo, y aunque la norma juzgada ya no rija, en trat�ndose de la situaci�n excepcional en que el Gobierno obra con los poderes extraordinarios del estado de sitio, porque hay para tal caso regulaci�n especial, contentativa de una forma de revisi�n excepcional, independiente de que est� aplic�ndose en el momento de su valoraci�n judicial. (Sentencia citada antes).

8�. Finalmente, en esta forma se armoniza la doctrina del Consejo de Estado, en el fallo de nulidad del art�culo 30D0432_65#30* del Decreto 432 de 1965 que dice: " . . . desde la reforma constitucional de 1968, rige el control autom�tico de los decretos dictados con base en los art�culos 121CONS_P86#121* y 122CONS_P86#122* de la Constituci�n, de manera tan perentoria que hasta le prescriben a la Corte el deber de aprehender directamente el conocimiento si el Gobierno omite o retarda su obligaci�n de remitirle, para su revisi�n, los mencionados decretos. Respecto de los dem�s actos, leyes o decretos previstos taxativamente en el art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n, la Corte conoce mediante acci�n p�blica o ciudadana, c�mo tambi�n de la exequibilidad de los proyectos de leyes objetados por el Gobierno como inconstitucionales.

En todos estos casos, la Constituci�n no consagra excepci�n alguna, ni distingue entre actos vigentes, derogados, agotados, sustituidos o subrogados, sino que: por el contrario, adscribe a la Corte, por principio general, la guarda de su integridad, mediante verificaci�n, por control autom�tico, o acci�n p�blica, de los proyectos de ley, leyes y decretos previstos en los art�culos 121CONS_P86#121*, 122CONS_P86#122* y 214CONS_P86#214* de la Constituci�n . . . ".

"Por consiguiente, si el acto fue derogado, dej� de regir o sus efectos se cumplieron, como entidad jur�dica persiste y regula las situaciones producidas durante su vigencia, por lo que no puede sostenerse jur�dicamente, que no existe en tales hip�tesis materia sobre la cual pronunciar decisi�n de fondo; m�ltiples ejemplos podr�an darse de c�mo mediante la aplicaci�n del art�culo 30D0432_69#30* del Decreto 432 de 1969, se har�a nugatoria la Constituci�n, mayormente en materias que, como las del estado de sitio o de la emergencia econ�mica y social, requieren la inmediata ejecuci�n de los actos, que podr�a efectuarse antes de que la Corte pueda verificar su constitucionalidad". (Anales del Consejo de Estado. I. LXXXII, p�gina 223).

Por estas consideraciones la Corte Suprema de Justicia debe proceder a confrontar la compatibilidad del Decreto 2952D2952_68#1* de 1968, con la Constituci�n Pol�tica.

A�n cuando estoy plenamente identificado con el luminoso salvamento de voto suscrito por varios colegas y encabezado por el Magistrado doctor Sarmiento Buitrago, sin embargo quiero expresar por aparte mi disentimiento, ya que en m� ocurre una circunstancia singular. Cual es la que desde hace muchos a�os en la c�tedra universitaria me constitu� en censor de la hasta entonces y hasta hoy todav�a doctrina tradicional de la Corte sobre la llamada sustracci�n de materia. Y luego, como Conjuez de la Corte en Sala Plena me toc� expresar contra aquella doctrina mi inconformidad solitaria.

En efecto, con fecha nueve (9) de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco (1955) expuse las razones de mi disidencia en salvamento de voto que corre publicado en el Tomo LXXXI, p�ginas 604 a 607 de la Gaceta Judicial.

Las razones en que me bas� en aquella hora y en que me fundo en la actualidad, son en s�ntesis las siguientes:

Si desde el a�o de 1910 hasta hoy ha habido una doctrina constante de la Corte, sin una sola excepci�n ni un solo quiebre, ha sido la de promulgar la inhibitoria, por sustracci�n de materia, cuando quiera que la ley o el decreto extraordinario acusados en acci�n directa de inexequibilidad han dejado de regir, bien por haber sido derogados, bien por haberse levantado el estado de sitio y dejado por ende de tener vigor los decretos extraordinarios que tuvieron su fuente en el art�culo 121CONS_P86#121*, bien por haberse cumplido a plenitud los fines perseguidos con el dictado de la norma acusada. Ha dicho la Corte desde entonces, y lo ha repetido hasta el cansancio cada vez que se le replantea el caso, que en tal evento no cabe pronunciamiento a fondo, ya que el fallo carecer�a de operancia jur�dica porque habr�a de recaer sobre la validez o invalidez de normas ya inexistentes, y por consiguiente ya no ejecutables. Y ha concluido la Corte con la declaraci�n de inhibitoria por sustracci�n de materia.

Con todo el respeto que me merece, por razones obvias, la Corte Suprema de Justicia, no solo en su composici�n actual sino en todos los tiempos para honor de Colombia, ha llegado a la conclusi�n de que quiz� aqu�lla cumplir�a mejor su misi�n de guarda de la integridad del estatuto adoptando la tesis contraria, en fuerza de las argumentaciones que enseguida y someramente tratar� de exponer.

Cuando el constituyente del a�o 10 confi� a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constituci�n, no quer�a ciertamente expresar una afirmaci�n literaria ni formular una frase ret�rica, sino cargar el acento, revestir de un tono especial la transcendencia (sic) de la misi�n confiada. Si la Asamblea Nacional Constituyente del a�o 10, como poder constituyente derivado, desaparec�a una vez dictado el nuevo estatuto, no quer�a que �ste, especialmente en punto de garant�as sociales y libertades p�blicas, quedara al azar de las caprichosas y no siempre aut�nticas interpretaciones del legislador y del gobernante. No era un vano temor el suyo si se tiene en cuenta que el estatuto de 1886 -monumento jur�dico de la m�s armoniosa arquitectura-, no hab�a regido en su plenitud por raz�n de las disposiciones transitorias que lo emascularon, y entonces los abusos a que ellas dieron lugar determinaron dos guerras civiles, la separaci�n de Panam� y la dictadura del Quinquenio.

Los patricios del a�o 10, fieles int�rpretes del movimiento de conciliaci�n nacional, conscientes de la tarea hist�rica de reconstrucci�n de las instituciones jur�dicas -solo a cuyo amparo pueden vivir en paz y en libertad los colombianos-, hicieron posible con las enmiendas acordadas la vigencia del estatuto de Caro. Pero dominados todav�a con el temor de que los legisladores o los gobernantes del futuro pudieran violar la Constituci�n, crearon la jurisdicci�n constitucional al adoptar, en forma arm�nica, los proyectos elaborados respectivamente por los doctores Nicol�s Esguerra y Hernando Holgu�n y Caro.

Y es bien sabido que desde entonces la cultura jur�dica nacional se enorgullece de haber consagrado normativamente, quiz� antes que cualquier otro pueblo, lo que llaman los tratadistas modernos el triple recurso, al sumar la acci�n y la excepci�n de inexequibilidad a la facultad para el ejecutivo de objetar la ley en proyecto por motivos de inconstitucionalidad, facultad que ven�a desde los pr�stinos textos de 86 tambi�n con la preciosa atribuci�n para la Corte de desatar, como cabeza de la tercera rama, el conflicto surgido entre los otros dos poderes.

Si el constituyente del a�o 10, como poder constituyente derivado, repito, temi� que al disolverse -ya agotada su funci�n-, el estatuto por �l adoptado con el consenso nacional y fruto de amarga y dolorosa experiencia, pudiese ser quebrantado por los legisladores o gobernantes del futuro, resolvi� en su sabidur�a encomendarle su guarda a un organismo permanente que, por la excelsitud de sus funciones, por su pericia en el manejo diario del derecho y por la serenidad de su esp�ritu modelado en el impartir cotidianamente la justicia, fuese la mejor garant�a en el mantenimiento inc�lume de las normas superiores. Y escogi� con sumo acierto a la Corte Suprema.

Vale la pena recordar, para subrayar la importancia de la misi�n atribuida a la Corte, dos cosas:

Cuando los revolucionarios franceses construyeron el nuevo orden jur�dico expresado en C�digos Napole�nicos Civil, de Comercio y Penal, tuvieron el temor de que los jueces ordinarios, labrados en la mentalidad del antiguo r�gimen romano-feudal, desvirtuaran la esencia y el sentido del derecho naciente, crearon el Tribunal de Casaci�n, pero no como cabeza del llamado cl�sicamente poder judicial, sino como una prolongaci�n del legislador para que en nombre de �ste mantuviera intacto el imperio de la ley frente a las sentencias de los tribunales ordinarios. Le confiaron al Tribunal Extraordinario de Casaci�n la guarda de la integridad de la ley revolucionaria.

Y con posterioridad al Acto Legislativo Colombiano n�mero 3 de 1910, nuevos ordenamientos jur�dicos como la Constituci�n Austriaca de 1920, elaborada por el genio de KELSEN, la Constituci�n Checoeslovaca del mismo a�o y la Constituci�n de la Rep�blica Espa�ola surgida de la revoluci�n de 1931, con ignorancia de seguro del valioso antecedente nuestro, consagraron la jurisdicci�n constitucional pero confiando la guarda de la ley de leyes a tribunales extraordinarios de garant�as, y no a la Corte Suprema ordinaria como entre nosotros.

Con lo anterior quiero destacar que la Corte Suprema de Colombia cuando procede en guarda de la integridad de la Constituci�n, no es, no puede serlo, un simple tribunal ordinario. Su estirpe es de m�s encumbrada jerarqu�a: es una prolongaci�n del constituyente derivado. De ah� se explica que tenga poderes suficientes para aniquilar o invalidar los actos del Congreso expresados en leyes, o los actos de los gobernantes expresados en decretos extraordinarios que tienen la fuerza de leyes.

La Corte Suprema, cuando declara inexequible una ley o un decreto extraordinario, es superior a legisladores y gobernantes, act�a en ejercicio de poderes superiores, es una emanaci�n del constituyente y viene a ser como si �ste, en estado de latencio, se irguiese s�bitamente para imponer el respeto a las normas superiores que �l en su hora, promulg�.

Realiza, en consecuencia, una funci�n equivalente a la que hizo en su tiempo en Francia el Tribunal Extraordinario de Casaci�n en defensa de la ley sustantiva. Una labor que quiz� no ser�a incorrecto llamar como lo hizo esa gloria del foro nacional que es el doctor Miguel Moreno Jaramillo, de casaci�n constitucional. Si se casa la sentencia violatoria de la ley, se casa aqu� la ley violatoria de la Constituci�n. Y una labor equivalente a la que en el pasado realizaron la Alta Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Extraordinario de Garant�as Constitucionales, respectivamente, en los extinguidos ordenamientos jur�dicos austriaco, checoeslovaco y espa�ol.

Por manera que la guarda de la integridad del estatuto atribuido a la Corte, escapa, por la naturaleza misma de las cosas, al cuadro de sus atribuciones jurisdiccionales ordinarias. No es, no puede ser lo mismo, una decisi�n de la Corte sobre un litigio de filiaci�n natural o sobre una disputa de aguas o sobre condenaci�n de un reo a quince a�os de presidio, que cuando procede a calificar la exequibilidad de una ley o de un decreto extraordinario.

Las reflexiones anteriores culminan en que el rigorismo de la t�cnica procesal no puede predicarse, en mi concepto, con toda su severidad a las demandas y sentencias de inexequibilidad. Hay en juego en �stas, valores muchos m�s altos a los simples que discurren en el proceso ordinario. Se trata de intereses que dicen relaci�n a la preservaci�n de nuestras instituciones, en lo cual est�n vitalmente comprometidos veinticinco millones de colombianos por un v�nculo infrangible de solidaridad social. Por eso considero que a la Corte no le est� vedado pronunciarse sobre si una norma legal o decretal ya inexistente, viol� o no en su hora la superley.

Estimo de una incalculable transcendencia (sic) la repercusi�n de un fallo de esta �ndole, como una suerte de Magisterio moral de la Corte en torno a la defensa de la integridad del estatuto. Ser�a un pronunciamiento moral, m�s que una simple decisi�n procesal. Si la ley o el decreto ya inexistentes, son considerados por la Corte como que estuvieron ajustados a los preceptos constitucionales, ello equivaldr�a a una refrendaci�n moral de la conducta del legislador o del gobernante que los expidieron, y a dejar expedito el camino para que en lo futuro puedan dictar normas de igual linaje. Y, en cambio, -lo que considero m�s importante- si la decisi�n de la Corte es la de que la norma acusada quebrant� mientras rigi� el precepto m�s valioso de nuestra jerarqu�a jur�dica o de nuestra escala de normas, no solamente equivaldr�a, a una censura moral para su autor -lo que no dejar�a de tener significaci�n-, sino algo m�s importante para la colectividad colombiana: una clara advertencia al pr�ncipe legislador o al pr�ncipe gobernante del ma�ana, acerca de que no pueden insistir en la expedici�n de un nuevo acto de tal naturaleza, porque la Corte habr�a de aniquilarlo.

Aqu� s� cabr�a el pensamiento plat�nico, que se ha considerado como fuente de la justicia penal moderna: Nemo prudens punit, quia pecatum est, sed ne pecetur. Esta sola prevenci�n para el pr�ncipe del futuro, hecha por quien tiene el cuidado de la Constituci�n, tendr�a una inmensa significaci�n moral y una indiscutible virtualidad pr�ctica porque prevendr�a el quebranto de la Carta.

Es universalmente sabido que una de las m�s gloriosas tradiciones jur�dicas de que se ufanan los Estados Unidos de Am�rica desde la famosa decisi�n del Magistrado Marshall en el caso Marbury contra Madison hace siglo y medio, ha sido la de no aplicaci�n de la ley, en un caso concreto, cuando aqu�lla pugna con una norma constitucional, origen de nuestro recurso de inaplicabilidad porque en ella se inspir� el proyecto Holgu�n y Caro. Que el Magistrado Marshall hizo una labor de jure ........... porque no hab�a un texto positivo expreso que lo facultara para ello sino que se bas� m�s bien en antecedentes de la Constituci�n de Filadelfia, con especialidad en los ensayos de Hamilton en el Federalista. Y, que no obstante que la decisi�n de la Corte Suprema Federal apenas tiene fuerza vinculante para las partes en litigio, inter partes, es tan poderosa la fuerza moral que en la gran naci�n estadinense tienen las sentencias de su tribunal supremo, que a pesar de no producir el fallo efectos erga omnes, si aquella alta entidad considera en una especie judicial concreta que una ley viola la Constituci�n, ello equivale en la pr�ctica a la derogaci�n de la ley. Tal as� ha acontecido no hace mucho tiempo cuando la Corte invalid� leyes o decretos de emergencia sobre el New Deal, bajo la administraci�n Roosevelt, o sobre la huelga sider�rgica, bajo la administraci�n Trumaon.

Si s�lo en funci�n de la fuerza moral que emana de una sentencia por venir del m�ximo tribunal ocurre dicho fen�meno en los Estados Unidos de Am�rica, pi�nsese en lo que debe ocurrir entre nosotros que tenemos consagrado te�ricamente el triple recurso, con toda su perfecci�n t�cnica, lo que no acontece normativamente en el derecho estadinense.

Y adem�s de ser, en la tesis que vengo sosteniendo, una clara advertencia para el futuro, llevar�a la confianza a las gentes que ver�an una actitud din�mica de la Corte en la protecci�n constitucional. Y nadie ser�a osado a sugerir siquiera que nuestro m�ximo tribunal soslay�, por inercia mental o por complacencia con el pr�ncipe legislador o con el pr�ncipe gobernante, la consumaci�n de un agravio a nuestra ley de leyes. Porque siempre habr�a jueces en Berl�n, como en la an�cdota cl�sica del humilde labriego de Sans Seoci enfrentado al poder�o del Emperador de Prusia.

Es f�cil imaginar la hip�tesis de que un legislador o un gobernante, poco celoso de los fueros de la persona humana, puedan dictar una norma violatoria de las garant�as sociales o de las libertades p�blicas, reposando tranquilamente en la convicci�n de que cuando alguien la acusa ante la Corte, o mejor a�n cuando �sta se pronuncie, ya la finalidad concreta por aquellos perseguida se haya satisfecho con mengua de la superlegalidad constitucional. Entonces la declaratoria de incompetencia de la Corte equivaldr�a t�citamente a cohonestar el ejercicio desviado de la actividad legislativa o de la actividad gubernamental, con grave quebranto de la tutela constitucional. Porque, apenas habr� para qu� advertirlo, resultar�a insuficiente el solo mecanismo de la inaplicabilidad de la ley o del decreto, en el ejemplo propuesto de un acto lesivo del T�tulo III de la Constituci�n, o de las disposiciones referentes a la organizaci�n y marcha de los poderes p�blicos.

Una actitud vigilante y din�mica de la Corte, en la custodia del sagrado dep�sito que le fue confiado, la har�a m�s prestigiosa a�n en el consenso p�blico y renacer�a la abolida confianza en la seguridad del comercio jur�dico, para bien de la comunidad.

Un eminente tratadista colombiano, el profesor L�pez Michelsen, ha dicho con acierto que el recurso de inexequibilidad ante la Corte, sustituye o es el equivalente en los tiempos modernos de los cl�sicos derechos "de insurrecci�n" o "de ciudadano, con un simple memorial elevado ante nuestra Suprema Corte, hace poner en marcha el mecanismo de la jurisdicci�n constitucional para obtener la aniquilaci�n y el desaparecimiento de la escena jur�dica de la norma lesiva de los intereses superiores.

He encontrado, y lo invoco como anteceden de mucho valor en pro de la tesis que sustento, un salvamento del entonces Magistrado, doctor Jos� Antonio Montalvo, que corre publicado con la sentencia que lo motiv� de fecha 6 de diciembre de 1935, en la Gaceta Judicial, Tomo LXII, n�mero 1899, p�ginas 206 y siguientes.

El distinguido jurista establece tres hip�tesis en punto a demandas de inexequibilidad: que se demande y falle durante la vigencia del acto acusado, que se demande durante su vigencia se derogue antes del fallo, y que se demande estando ya derogado. Sobre la primera hip�tesis no hay cuesti�n. Pero el doctor Montalvo considera que tambi�n es competente para conocer la Corte, y debe pronunciarse en las dos �ltimas hip�tesis porque "la integridad de la Constituci�n sufrir� mengua si de hoy en adelante sigue rigiendo una ley o decreto inexequible; pero sufri� ya esa mengua si la ley o el decreto rigieron por alg�n tiempo. Y el hecho de que haya cesado la vigencia no purifica de la inexequibilidad el art�culo de la ley o el decreto violatorio de la Constituci�n". Pensamiento que en su esencia har�a m�o, quiz� cambiando la expresi�n inexequibilidad por inconstitucionalidad, porque es claro que una ley o decreto ya inexistente pueden ser inexequibles porque ya no se ejecutan pero en cambio si fueron o pudieron ser durante su vigencia inconstitucionales.

En aquella remota oportunidad (1955) hubo tan solo en la Sala Plena un voto contrario a la doctrina tradicional de la sustracci�n de materia. Hoy en d�a, (mayo de 1979) sobre veinticuatro (24) Magistrados ya hubo once (11) contrarios a aquella interpretaci�n. Lo cual constituye una fundada y cercana esperanza de que muy pronto habr� de promoverse un cambio de rumbo en la jurisprudencia de nuestro m�ximo tribunal tendiente al desarrollo perfectivo de nuestras instituciones.

Las razones expuestas en la salvedad de voto suscrita por los M.M. Luis Sarmiento Buitrago, Gonzalo Vargas Rubiano y otros, las comparto integralmente. Quiero, s�, aprovechar la ocasi�n para agregar los siguientes comentarios:

1.- Se dice por la mayor�a que su tesis trata de evitar un fallo te�rico, de alcances puramente morales o docentes, extrajur�dicos y que se destruya la seguridad jur�dica que la Corte ha protegido con sus decisiones inhibitorias.

Y se afirma, igualmente, que los efectos de la aplicaci�n de una ley, por presum�rsela constitucional y por la buena fe de los gobernados, son intangibles, pues constituyen verdaderos derechos adquiridos. De ah� que las consecuencias de una declaratoria de inexequibilidad solo sean futuras.

2.- La atribuci�n consagrada en el art�culo 214CONS_P86#214* de la Carta ( ". . . exequibilidad de todas las leyes y decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los art�culos 76CONS_P86#76*, ordinales 11, 12 y 80CONS_P86#80* de la Constituci�n Nacional . . . "), no distingue si est�n vigentes o derogadas. Quien crea que una ley o decreto le ha inferido perjuicio, en virtud de ser contrarios al C�digo Fundamental, puede y debe recurrir a esta acci�n p�blica, para luego procurar el resarcimiento de sus da�os y la recuperaci�n plena de su derecho. Solo se exige que la ley o decreto derogados concomiten, temporalmente, con la norma Constitucional vigente que se se�ala como violada. Aun los que defienden, contra toda l�gica (y el aserto se intentar� demostrarlo m�s adelante), el efecto futuro de la declaratoria de inexequibilidad, no pueden determinar la inmediata cesaci�n de esas consecuencias ni menos establecer que las mismas no revelen inescindible v�nculo con situaciones anteriores, surgidas, precisamente, al amparo de la norma que se declara inconstitucional.

3.- As� como con la atribuci�n primera del art�culo 214CONS_P86#214*, al permitir una acci�n de inconstitucionalidad sobre proyectos de ley, busca prevenir deterioros futuros de la Carta, as�, al pronunciarse la Corte sobre las leyes o decretos derogados, impide que esas normas se reproduzcan en otras �pocas o en otros estatutos.

4.- La expedici�n de leyes o decretos inconstitucionales genera una responsabilidad especial para los funcionarios comprometidos en su emisi�n, la misma que est� bien definida en el art�culo 20CONS_P86#20* de la Carta, y extiende sus efectos a consecuencias de car�cter civil o patrimonial. Esta responsabilidad, que se destaca m�s con una declaratoria de inexequibilidad, no se excluye para los casos de leyes o decretos derogados, derogatoria que se cumple, muchas veces, para eliminar este juicio y dificultar sus secuelas, pues la acci�n que pueda emprender el particular se ver� sometida a mayores contingencias y riesgos si no cuenta, inicialmente, con una sentencia de inconstitucionalidad. En efecto, el organismo ante el cual dirige su reclamaci�n, empezar� por exigirle esta demostraci�n, la cual no puede aportarse con la tesis de la mayor�a, pues la Corte inhibe su pronunciamiento en casos de normas derogadas.

5.- Bien claro se ve que no puede tildarse la funci�n de la Corte, en estos casos, de simple faena moral, docente y abstracta, aspectos que nunca sobra tenerlos bien en cuenta. Se trata s� de un magisterio constitucional insomne, permanente e indefectible, rico en consecuencias pr�cticas y reales.

6.- En el a�o de 1915 (julio 17), la Corte afirm� que el m�rito de la sentencia de inexequibilidad se proyectaba solo hacia el futuro porque si su efecto fuera retroactivo y alcanzara a anular leyes desde su origen "ning�n derecho habr�a firme, y la inseguridad social y la zozobra ser�n permanentes y mayores cada d�a" (Gaceta Judicial, XXIII, p�gina 422). Esta manifestaci�n tan categ�rica, r�gida y absoluta, tiene el mismo acento de la que ahora se produce por mayor�a.

Pues bien, en 1922 (octubre 22) se ratifica el efecto futuro, distinguiendo la inexequibilidad de la nulidad, pues esta �ltima implica un fen�meno de insoslayable retroactividad. As� se mantiene la tesis en 1927 (febrero 23), fallo en el cual se indica que no se pueden desconocer las situaciones creadas o producidas (Gaceta Judicial, XXXIV, p�gina 127). Ya en 1929 (julio 31, Gaceta Judicial, XXXV, p�gina 289), en sesgo doctrinal de suma importancia y el cual puede considerarse como el criterio dominante, la Corte permite afectar asuntos pasados al indicar que los tribunales, por los tr�mites comunes, son los que deciden las cuestiones particulares generadas en la ley declarada inconstitucional. En 1955 (julio 30 Gaceta Judicial, LXXX, p�gina 265) se insiste en proyectar la decisi�n hacia el futuro, sin borrar en el pasado los efectos que la ley declarada inexequible ha producido regularmente mientras estuvo en vigor.

Por su parte el Consejo de Estado, en su �ltimo pronunciamiento (abril 26/73), ha cre�do encontrar una tercera posici�n, distante de la asimilaci�n a la nulidad, que propugn� en una �poca abiertamente, y de la derogatoria, sostenida por la Corte. "La sentencia de inexequibilidad, no deroga la ley, ni la anula. Simplemente dice que es inexequible, es decir, que en lo sucesivo no tendr� m�s vida, que desaparece de la normatividad jur�dica, porque es contraria a la Constituci�n, c�spide del ordenamiento jer�rquico establecido en nuestro derecho ..., la invalidaci�n implicar�a desconocer efectos desde, la expedici�n de la ley, inaceptable en un sistema de respeto a los leg�timos derechos, y de equilibrada distribuci�n de competencias, sin usurpaci�n de funciones y de autonom�a, entre las ramas del poder, p�blico, principios fundamentales en un estado de derecho . . . Est� definido que no tiene efecto retroactivo, sino hacia el futuro, y de consiguiente, que se reconocen los hechos o situaciones jur�dicas nacidas durante la vigencia de la ley, antes del pronunciamiento de la sentencia. El mundo de relaciones exige garant�a de estabilidad para las mismas cuando fueron concretadas bajo las normas que se presum�an v�lidas. Esa certidumbre comunica seriedad y seguridad a los actos jur�dicos, y tambi�n genera armon�a social, porque evita distorsi�n en el tratamiento de los derechos ya individualizados, en raz�n de ley jur�dicamente inexistente" (Ver "Foro Colombiano", agosto de 1973, n�mero 50, p�ginas 233 y siguientes).

7.- Con el respeto debido a estos an�lisis, debo manifestar mi rotundo disentimiento para criterios tan confusos, contradictorios y carentes de unidad y firmeza conceptual.

N�tese que al paso que la Corte sostuvo la relativa equivalencia entre inexequibilidad y derogatoria de normas, permit�a la revisi�n de situaciones pasadas. La tesis, por si le imped�a esta retroactividad. Pero el Consejo de Estado, cuando establec�a la afinidad jur�dica entre nulidad e inconstitucionalidad, imped�a volver sobre hechos o situaciones que subsiguieron al surgimiento de ese acto nulo. Pero las dos instituciones, a una, se unificaron en lo de la presunci�n de constitucionalidad, estabilidad de las relaciones jur�dicas, la seriedad y seguridad de los actos �dem.

No se advierte la trascendencia de la aludida presunci�n de constitucionalidad, para definir esta controversia. A no ser que se quiera transversalmente volver al derogado y famoso art�culo 6L0153887#6*� de la Ley 153 de 1887. Porque, obviamente, la presunci�n solo puede subsistir, a lo sumo hasta que se reconozca (por acci�n o por excepci�n, y m�s en la primera hip�tesis) su inconstitucionalidad. De nada vale ya la fenecida artificiosa y equivocada presunci�n de constitucionalidad. A partir de este entonces debe enderezarse el razonamiento, por todas sus consecuencias, y operando en forma aut�noma, y propia. Porque pensar que se puede seguir argumentando sobre una presunci�n que result� inv�lida, ineficaz e irreal, resulta un contrasentido por no decir una inocuidad.

Pero en la tesis de la Corte y del Consejo de Estado lo de seguridad jur�dica, es cuesti�n elaborada sobre un presupuesto falso. Se quiere hacer entender que hay derechos adquiridos contra la Constituci�n, cuando la verdad es que �stos, para que tengan categor�a y consecuencia de tales, tienen que ser conforme a ella. Ser�a tanto como afirmar que la Constituci�n reconoce el acto que la quebranta, que la menoscaba, que la omite y contradice y que tiene por derecho respetable y consolidado lo que de modo tan vicioso surgi�. A no ser que se piense que la Constituci�n resulta protegida con una declaraci�n nominal, que preserva la violaci�n en lo que el tiene de hecho producido o situaci�n creada.

La verdadera seguridad, para todo el que debe someterse a los dictados de una Constituci�n est� en saber que por mucho que tarde la restauraci�n de su pleno imperio, siempre encontrar� el reconocimiento de un derecho y una vuelta integral a la situaci�n que ten�a cuando, contra la Carta, le fue desconocida. Porque lo contrario s� ser�a inseguridad, inestabilidad y carencia de seriedad. �C�mo imaginar que basta que pase el tiempo (nunca se ha dicho si son horas, d�as, a�os) de violaci�n para que, en contra de la Constituci�n, surja un derecho, no obstante reconocerse el grave vicio que lo gener�, perdure como algo intocable y se invoque la misma Carta para su protecci�n (art�culo 30CONS_P86#30*).

�De manera que las imposiciones de fuerza, por ejemplo, que desconozcan la Constituci�n, generan un derecho adquirido que esta misma debe resguardar, para que as� el supremo valor de la seguridad jur�dica no sufra mengua Una estabilidad jur�dica de esta �ndole, que repugna a los claros dictados de la Constituci�n, estar� fundada en algo inestable, incierto, resquebrajable, que concita siempre su desconocimiento. La estabilidad y seguridad jur�dicas, para ser tales, se tienen que apoyar en el respeto a la Constituci�n, en lo l�cito, en lo justo, nunca en lo arbitrario y menos cuando esta violencia jur�dica toca con el menoscabo de la Constituci�n.

Por eso he cre�do siempre que la sentencia de inexequibilidad, por ser declarativa (ex-tunc), tiene que generar efectos desde el acto mismo de emisi�n de la ley o el decreto inconstitucionales. El que ha sufrido el perjuicio por normas de esta viciada naturaleza, debe ser restituido integralmente en su derecho. Y quien transitoriamente se aprovech� de sus efectos, que nunca pudo tener un derecho adquirido conforme a la Carta, podr�, a su vez reclamar la responsabilidad del Estado, o de sus servidores, y aqu�l de �stos, pero lo que no es admisible es que lo pasado, lo producido, devenga en evento inmodificable y a la v�ctima del desafuero constitucional, se le dispense una declaraci�n te�rica o se le insin�e la posibilidad de un juicio aleatorio en sus consecuencias.

As� esbozo los motivos que me llevaron a separarme de la decisi�n de mayor�a.