300Corte SupremaCorte Suprema30030007255Agustín Gómez Prada194710/04/1947Agustín Gómez Prada_1947_10/04/194730007255ACUSACIÓN DE INEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTICULOS 1º Y 2º DEL DECRETO EXTRAORDINARIO NÚMERO 1668 DEL 25 DE AGOSTO DE 1943.- DERECHOS CIVILES DE LOS EXTRANJEROS El artículo 11 de la Constitución Nacional consagra, en cuanto a los derechos civiles de los extranjeros y, en tesis general, el sistema de la IGUALDAD JURIDICA que, en sentir del Constituyente de 1936, es el "más acorde con el derecho moderno y con las mutuas conveniencias e intereses de los Estados, proveniente del desarrollo del comercio internacional". La Corte comienza por admitir lo primero que a la vista salta, esto es, que el régimen de administración fiduciaria establecido en Colombia con motivo de la última guerra mundial, implica una limitación del ejercicio de los derechos civiles sobre la propiedad de que en tiempos normales disfrutan los extranjeros. Pero esa limitación tiene su fundamento en la propia Carta, que la autoriza por razones de orden público, razones que de modo indudable fueron la causa de su implantación en el país, en virtud de las facultades que le fueron conferidas al Presidente de la República por la ley 7ª de 1943 parágrafo del artículo 13, y artículo 16 de la ley 128 de 1941. Los preceptos del Decreto no se refieren de modo directo a los colombianos, pues los obliga condicionalmente, o sea, en cuanto el Gobierno tenga "fundamentos para considerar los como pertenecientes en realidad a personas que conforme a las normas vigentes tengan o deban tener" sus bienes bajo ese régimen de administración fiduciaria. Pero de esos artículos acusados resulta que no se ha dejado a las autoridades correspondientes la decisión de si los bienes adquiridos por colombianos deben entrar a la administración fiduciaria por pertenecer a personas que deben tener los suyos bajo ese régimen, o si el traspaso de ellos se ha hecho con el fin de eludir las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros. Esa decisión se le ha dejado, en forma absoluta, al Gobierno Nacional. Tal decisión del Gobierno no versa sobre asuntos de su incumbencia, porque se trata nada menos que de resolver a quién PERTENECEN determinados bienes o si su adquisición por parte de nacionales colombianos se ha hecho con fraude de las disposiciones sobre administración fiduciaria. Es, pues, una DECLARACION DE PROPIEDAD lo que debe hacer el gobierno cuandoquiera que tenga que decidir si ciertos haberes han de pasar al llamado Fondo de Estabilización o, por el contrario, cuando determina que han sido adquiridos legítimamente, y esa declaración no puede hacerla la rama ejecutiva del poder público, sino solamente la rama jurisdiccional. Por tanto, las disposiciones acusadas quebrantan el artículo 26 de la Constitución Nacional, pues el resolver las controversias sobre propiedad entre los ciudadanos, o entre éstos y el Estado, es función privativa de la administración de justicia. Son, pues, inexequibles los artículos del Decreto acusado, pero sólo en cuanto sustraen el conocimiento de las controversias sobre derechos civiles de los colombianos a la rama jurisdiccional del poder público. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Plena Bogotá, abril diez de mil novecientos cuarenta y siete. (Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada) 1947
José Arturo Andradeartículos 1º y 2º del Decreto extraordinario número 1668 de 25 de agosto de 1943Identificadores30030007256true79518Versión original30007256Identificadores

Norma demandada:  artículos 1º y 2º del Decreto extraordinario número 1668 de 25 de agosto de 1943


ACUSACIÓNDE INEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTICULOS 1º Y 2º DEL DECRETO EXTRAORDINARIO NÚMERO 1668 DEL 25 DE AGOSTO DE 1943.- DERECHOS CIVILES DE LOS EXTRANJEROS

El artículo 11 de la Constitución Nacional consagra, en cuanto a los derechos civiles de los extranjeros y, en tesis general, el sistema de la IGUALDAD JURIDICA que, en sentir del Constituyente de 1936, es el "más acorde con el derecho moderno y con las mutuas conveniencias e intereses de los Estados, proveniente del desarrollo del comercio internacional". La Corte comienza por admitir lo primero que a la vista salta, esto es, que el régimen de administración fiduciaria establecido en Colombia con motivo de la última guerra mundial, implica una limitación del ejercicio de los derechos civiles sobre la propiedad de que en tiempos normales disfrutan los extranjeros. Pero esa limitación tiene su fundamento en la propia Carta, que la autoriza por razones de orden público, razones que de modo indudable fueron la causa de su implantación en el país, en virtud de las facultades que le fueron conferidas al Presidente de la República por la ley 7ª de 1943 parágrafo del artículo 13, y artículo 16 de la ley 128 de 1941. Los preceptos del Decreto no se refieren de modo directo a los colombianos, pues los obliga condicionalmente, o sea, en cuanto el Gobierno tenga "fundamentos para considerar los como pertenecientes en realidad a personas que conforme a las normas vigentes tengan o deban tener" sus bienes bajo ese régimen de administración fiduciaria. Pero de esos artículos acusados resulta que no se ha dejado a las autoridades correspondientes la decisión de si los bienes adquiridos por colombianos deben entrar a la administración fiduciaria por pertenecer a personas que deben tener los suyos bajo ese régimen, o si el traspaso de ellos se ha hecho con el fin de eludir las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros. Esa decisión se le ha dejado, en forma absoluta, al Gobierno Nacional. Tal decisión del Gobierno no versa sobre asuntos de su incumbencia, porque se trata nada menos que de resolver a quién PERTENECEN determinados bienes o si su adquisición por parte de nacionales colombianos se ha hecho con fraude de las disposiciones sobre administración fiduciaria. Es, pues, una DECLARACION DE PROPIEDAD lo que debe hacer el gobierno cuandoquiera que tenga que decidir si ciertos haberes han de pasar al llamado Fondo de Estabilización o, por el contrario, cuando determina que han sido adquiridos legítimamente, y esa declaración no puede hacerla la rama ejecutiva del poder público, sino solamente la rama jurisdiccional. Por tanto, las disposiciones acusadas quebrantan el artículo 26 de la Constitución Nacional, pues el resolver las controversias sobre propiedad entre los ciudadanos, o entre éstos y el Estado, es función privativa de la administración de justicia. Son, pues, inexequibles los artículos del Decreto acusado, pero sólo en cuanto sustraen el conocimiento de las controversias sobre derechos civiles de los colombianos a la rama jurisdiccional del poder público.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala Plena

Bogotá, abril diez de mil novecientos cuarenta y siete.

(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)

El doctor José Arturo Andrade pidió que se declararan inexequibles los artículos 1º y 2º del Decreto extraordinario número 1668 de 25 de agosto de 1943, que dicen así:

"Artículo 1º. - Además de los bienes enumerados en el artículo 1° del Decreto 59 de 1942, quedan sujetos al régimen de administración fiduciaria -cualquiera que sea la nacionalidad de la persona que figure como propietaria- aquellos sobre los cuales tenga el Gobierno fundamentos para considerarlos como pertenecientes, en realidad, a persona que, conforme a las normas vigentes tengan o deban tener los suyos bajo este régimen o bajo el del Decreto 1500 de 1942.

Artículo 2°- Quedan también sujetos al régimen de administración fiduciaria los bienes cuyo traspaso se haya hecho, en concepto fundado del Gobierno, con el fin de eludir el cumplimiento de las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros".

El primer precepto de la Constitución que el actor considera infringido con los estatutos acusados es el 16, que establece que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares".

Pero ningún argumento trae especialmente para hacer visible la violación del citado precepto, sino que pasa al estudio del amparo de la propiedad, y, en realidad, no se puede demostrar en forma directa el quebrantamiento de una norma como la del artículo 16 de la Carta, debido a su carácter general y abstracto. Ello sólo es posible acreditando la falta de tutela a un derecho concreto que, para el caso, resultaría del hecho de no prestar las autoridades la debida protección a la propiedad y derechos de los colombianos en sus relaciones con la propiedad y derechos de los extranjeros. Por tanto, lo propio es analizar lo relativo a esa protección constitucional.

El segundo precepto de la Constitución que el demandante estima quebrantado es el 30, según se garantizan la propiedad privada y los derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Arguye diciendo quo el régimen de administración fiduciaria de los bienes de extranjeros limita y restringe sustancialmente el uso, goce y disposición de las propiedades sometidas a sus normas; pero que si su aplicación a ellos tiene pleno respaldo en lo dispuesto por la Carta en su artículo 11, el extenderla a personas o entidades que no sean extranjeras resulta flagrantemente violatorio de la tutela debida a la propiedad, consagrada en el artículo 30, puesto que el citado tiene un carácter excepcional.

Por consiguiente, los artículos acusados son inconstitucionales, porque permiten aplicar a los colombianos las medidas de administración fiduciaria "que la Carta Fundamental autoriza únicamente para extranjeros".

La Procuraduría, por su parte, rebate las razones anteriores, diciendo, en síntesis:

a) Que no es exacto que las disposiciones acusadas se refieran a los colombianos de manera irrestricta, puesto que apenas son condicionales y los afectan de modo indirecto;

b) Que "al negarle a un extranjero el ejercicio de su derecho de dominio, póngase por caso, se le está haciendo incapaz de disponer de sus bienes, se está creando una nueva categoría de incapaces". Y que siendo las incapacidades de orden público, inciden sobre las operaciones jurídicas que los colombianos celebren y, por tanto, el régimen de restricción decretado para los extranjeros puede también afectar a los nacionales;

c) Que las disposiciones acusadas han consagrado las figuras de la simulación y del fraude a la ley, pues con ellas se quiere que el acto o contrato por el cual un extranjero ha hecho el traspaso de sus bienes a un colombiano, con burla de mandatos legales, no pueda producir efectos;

d) En fin, que la propiedad amparada por la garantía constitucional es la adquirida con justo título, con arreglo a las leyes, y mal puede ser tutelada la que se ha obtenido precisamente con desacato de las mismas.

"En una palabra -concluye- lo que se quiere obtener con lo dispuesto en los artículos acusados, es que se cumpla a cabalidad el régimen de administración fiduciaria de bienes de ciertos extranjeros".

Se considera:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución, se garantizan la propiedad privada y los derechos civiles, aunque no de manera absoluta, porque deben tenerse en cuenta las obligaciones sociales y la utilidad pública o interés general.

Pero como se trata de derechos de nacionales en relación con derechos de extranjeros, es preciso acudir al artículo 11 de la Carta, que dice que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales, pero que la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de algunos de ellos.

Esta última norma consagró, pues, en cuanto a los derechos civiles de los extranjeros, y en tesis general, el sistema de laigualdad jurídica que, en sentir del Constituyente de 1936, es el "más acorde con el derecho moderno y con las mutuas conveniencias e intereses de los Estados, provenientes del desarrollo del comercio internacional". No es sino "la fórmula consignada en el código de derecho internacional privado o Código Bustamante, aprobado por la VI Conferencia Panamericana, con el voto favorable de la delegación colombiana".

La Corte comienza por admitir lo primero que a la vista salta, esto es, que el régimen de administración fiduciaria establecido en Colombia con motivo de la última guerra mundial, implica una limitación del ejercicio de los derechos civiles sobre la propiedad de que en tiempos normales disfrutan los extranjeros. Pero, como la Procuraduría lo advierte y el demandante lo admite, de manera expresa, esa limitación tiene su fundamento en la propia Carta, que la autoriza por razones de orden público, razones que de modo indudable fueron la causa de su implantación en el país.

En efecto, el Decreto acusado se expidió "en uso de las facultades que le han sido conferidas (al Presidente de la República) por la Ley 7ª de 1943 (parágrafo del artículo 13)", que dice así:

"Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 1943, para adicionar o modificar los Decretos extraordinarios sobre administración y control de algunos bienes de extranjeros, dentro de las normas señaladas en el artículo 16 de la Ley 128 de 1941".

Y ese artículo 16 facultaba, a su vez, al Presidente de la República para tomar las medidas indispensables en el orden internacional o interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores de la Nación; y, en desarrollo de tales facultades para controlar todas las actividades de los extranjeros "y para prevenir, con toda eficacia, cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarrollo de la política internacional de Colombia". Lo cual se hizo, se repite, con motivo de la última guerra mundial, según lo dice la ley citada en varios pasajes.

También debe admitirse que los preceptos del Decreto no se refieren de modo directo a los colombianos. Siguiendo su texto se ve con claridad que sólo los obliga condicionalmente, o sea, en cuanto el Gobierno tenga "fundamentos para considerarloscomo pertenecientes en realidad a personas que conforme a las normas vigentes tengan o deban tener" sus bienes bajo ese régimen de administración fiduciaria, como dice el artículo primero; así como el segundo no ordena sujetar a dichas normas restrictivas haberes de nacionales, sino cuando su "traspaso se haya hecho, en concepto fundado del Gobierno, con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones sobre control de bienes de extranjeros".

En fin, ha de aceptarse que la limitación del ejercicio de los derechos civiles de los extranjeros puede incidir en el ejercicio de esos mismos derechos por parte de los colombianos, ya que, como lo dice el señor Procurador, si uno de aquellos, quebrantando el régimen restrictivo que se les ha impuesto, dispone de sus bienes a favor de colombianos, debe sufrir las consecuencias de esa operación ilegal, aunque el adquirente no tenga limitado el ejercicio de sus derechos civiles. Ese mismo fenómeno sucede con todos los estatutos limitativos o restrictivos: que no comprenden directamente sino a las personas que se hallan dentro de las condiciones contempladas en la ley, pero indirectamente afectan a todas las que tengan o adquieran nexos jurídicos con aquellas.

En consecuencia, no puede ser el fondo o sustancia de los preceptos acusados, en cuanto directamente afecta a nacionales colombianos, lo que ocasiona o puede ocasionar el quebrantamiento de las garantías constitucionales, en el caso actual sometido a la decisión de la Corte. Por tanto, no puede considerarse quebrantado el artículo 30 de la Ley Fundamental, al menos en esta forma o por estos aspectos, lo que hace inútiles cualesquiera otras consideraciones sobre los argumentos de la Procuraduría sobre el carácter o calidad de los actos o contratos celebrados por extranjeros con colombianos.

Pero resulta de los artículos acusados que no se ha dejado a las autoridades correspondientes la decisión de si los bienes adquiridos por colombianos deben entrar a la administración fiduciaria por pertenecer a personas que deben tener los suyos bajo ese régimen, o si el traspaso de ellos se ha hecho con el fin de eludir las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros. Por el contrario, tal decisión se ha dejado, en forma absoluta, al Gobierno Nacional. No solo lo establecen así los dos artículos del Decreto, que sería superfluo transcribir nuevamente, sino que lo confirman otras disposiciones.

Por ejemplo, el artículo 3º del Decreto extraordinario número 59 de 1942 estatuye que es el Ministerio de Hacienda, de oficio o a solicitud de parte interesada, o sobre la base de informaciones que reciba, la entidad que, mediante una resolución, dispondrá lo concerniente al sometimiento de los bienes al régimen especial establecido en aquel Decreto. Y continúa:

"Las resoluciones que sobre el particular dicte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no están sujetas al recurso ante el Contencioso-Administrativo, pero podrán ser apeladas ante el Presidente de la República, quien decidirá el recurso, previo concepto del Consejo de Ministros. Dichas resoluciones, lo mismo que las que las confirmen o infirmen, no hacen tránsito a cosa juzgada y podrán ser reconsideradas, cuando medien nuevas pruebas, de oficio o a solicitud de parte interesada".

Y el artículo 12 del Decreto extraordinario 1233 de 1943, estatuye:

"El recurso de apelación que se interponga contra las resoluciones por medio de las cuales se declare que determinados bienes están sujetos a administración fiduciaria, se concederá solamente en el efecto devolutivo; por consiguiente, el interesado procederá a hacer entrega al administrador fiduciario nombrado a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la publicación en el Diario Oficial de la resolución en que se declaren sus bienes sujetos al régimen indicado.

"Parágrafo, La no entrega de los bienes en el término señalado acarreará las mismas sanciones de que trata la disposición anterior".

Y esa disposición anterior sanciona con multas hasta de cinco mil pesos a la persona que se valga de cualquier medio para eludir las disposiciones sobre control de bienes.

Ahora bien, esa decisión del Gobierno no versa sobre asuntos de su incumbencia, porque se trata nada menos que de resolver a quiénpertenecen determinados bienes o si su adquisición por parte de nacionales colombianos se ha hecho con fraude de las disposiciones sobre administración fiduciaria. Es, pues, una declaración de propiedad lo que debe hacer el Gobierno cuandoquiera que tenga que decidir si ciertos haberes han de pasar al llamado Fondo de Estabilización o, por el contrario, cuando determina que han sido adquiridos legítimamente y esa declaración no puede hacerla la rama ejecutiva del poder público, sino solamente la rama jurisdiccional.

La Constitución establece que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se impute,ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas de cada juicio". (Articulo 26).

Y es obvio que las disposiciones acusadas no se compadecen con la naturaleza de los derechos controvertidos, que deben ser materia de decisión jurisdiccional y, por tanto, quebrantan la garantía social consignada en el citado artículo 26 de la Carta, porque el resolver las controversias sobre propiedad entre los ciudadanos, o entre éstos y el Estado, es función privativa de la administración de justicia.

El Congreso, el Gobierno y los Jueces deben colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado, pero "tienen funciones separadas" (artículo 55) y a éstos y no a aquéllos corresponde declarar o imponer los derechos en casos particulares de acuerdo con las leyes:

"La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y demás Tribunales y Juzgados que establezcan la ley, administran justicia". (Artículo 58).

En concordancia con estas disposiciones, existen otras, como las que señalan las funciones propias de la rama ejecutiva y de la legislativa, así como las que establecen casos particulares de jurisdicción: de esta suerte, el Senado puede ejercer "determinadas funciones judiciales", una expropiación en caso de guerra puede ser decretada "por autoridades que no pertenezcan al orden judicial", etc.

Pero se dirá que es la ley la que debe determinar "los casos particulares de incompatibilidad de funciones" y que los artículos acusados no han hecho otra cosa que atribuir al Gobierno Nacional el conocimiento de las cuestiones sobre control de bienes. El principio es cierto pero la consecuencia no puede admitirse, porque el hecho de haber fijado la Constitución las bases fundamentales de la competencia de cada rama del poder y de las incompatibilidades, significa que el legislador no puede atribuir funciones indistintamente y quebrantando esos preceptos generales.

De paso quiere explicar la Corte que el libre acceso a los tribunales de justicia de un Estado constituye una garantía social que se brinda en los países civilizados tanto a los nacionales como a los extranjeros, y que ella está reconocida expresamente a los extranjeros por el inciso segundo del artículo 11 de la Constitución, en los siguientes términos:

"Gozarán asimismo los extranjeros en el territorio de la República de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o las leyes".

No es materia del debate en el presente juicio el decidir si, tratándose de extranjeros y merced a la parte final de la disposición que se acaba de transcribir, puede una simple ley o un decreto con fuerza de ley, establecer limitaciones al contenido del artículo 26 de la Constitución, dada la facultad en abstracto que se encuentra en la parte final del citado precepto.

Mas de lo que en manera alguna puede dudarse es de la carencia de fundamento para tratar de sostener que tal género de limitaciones pueda extenderse a los nacionales colombianos. Y de ahí la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, en cuanto establecen que han de quedar sujetos a la simple decisión del Gobierno las cuestiones y casos en dichos preceptos contemplados.

Para terminar, debe advertirse que el presente fallo deja pendiente y por definir si las medidas de control de bienes de extranjeros, aun cuando exclusivamente toquen con éstos, son o no son constitucionales, por ser ello objeto de otra u otras demandas de inexequibilidad, de las cuales conoce también la Corte.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, oído el concepto del señor Procurador y en uso de la facultad que le otorga el artículo 214 de la Constitución, declara que SON INEXEQUIBLES los artículos 1º y 2º del Decreto 1668, de 25 de agosto de 1943, que han sido objeto de esta demanda, pero sólo en cuanto sustraen el conocimiento de las controversias sobre derechos civiles de los colombianos a la rama jurisdiccional del poder público.

Cópiese, publíquese, notifíquese, dése cuenta al Gobierno Nacional e insértese en la GACETA JUDICIAL.

Aníbal Cardoso Gaitán - Germán Alvarado. Francisco Bruno.- Pedro Castillo Pineda-Víctor Cock-Agustín Gómez Prada-Jorge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Hinestrosa Daza - Ricardo Jordán Jiménez- Ramón Miranda - José Antonio Montalvo-Hernán Salamanca-Domingo Sarasty M.-Eleuterio Serna-Alvaro Leal Morales - Manuel José Vargas-Pedro León Rincón, Srio.

SALVAMENTODE VOTO DE LOS MAGISTRADOS DOCTORES PEDRO CASTILLO PINEDA Y RAMÓN MIRANDA

En todo conformes con los fundamentos de la anterior decisión, en cuanto declara que no existe motivo de inconstitucionalidad en el acto acusado (Decreto 1668 de 1943, artículos 1º y 2º) por el aspecto de que pueda aplicarse a los bienes de personas de cualquier nacionalidad el régimen fiduciario establecido en los Decretos 59 y 1500 de 1942, nos vemos sin embargo en el caso de consignar nuestra opinión adversa a las conclusiones de la Sala Plena, que encuentra inexequibles aquellos textos por el solo motivo de que"sustraen en el conocimiento de las controversias sobre derechos civiles de los colombianos a la rama jurisdiccional del poder público".

Las razones de nuestro disentimiento con la ilustrada mayoría de la Corte son las que abreviadamente recogemos a continuación:

En primer lugar, la fórmula adoptada como resolución, es indudablemente demasiado lata, y no corresponde a la índole del negocio sometido a la consideración de la Corte. Si ésta encontró que el Decreto demandado es inconstitucional porque atribuye a las altas autoridades de la rama ejecutiva y no a la Jurisdiccional la competencia para resolver quién sea el verdadero dueño de determinados bienes -que el Gobierno considera sujetos a la administración fiduciaria- es obvio que el pronunciamiento de inexequibilidad ha debido referirse a esta única circunstancia y no expresar -como lo hace el fallo en forma excesiva- que el acto demandado es vicioso porque se sustraen del órgano jurisdiccional los conflictos "sobre derechos civiles de los colombianos" En efecto, de ser fundados los reparos de la Sala, ellos en ningún caso darían margen para una declaración semejante desde luego que el único derecho civil que podría estar comprometido como consecuencia de la aplicación del decreto 1668 es el de propiedad, y por ende, solamente a este debió referirse la decisión de la Corte, y no genéricamente a los derechos civiles de que gozan los ciudadanos de Colombia.

Los decretos 59 de 1942 y 1500 del mismo año contienen las disposiciones enderezadas a colocar bajo un régimen especial -el de administración fiduciaria- los bienes y valores de todas clases pertenecientes a individuos o entidades de nacionalidad alemana, italiana y japonesa, o de los países ocupados militarmente por tales naciones; y los actos acusados extienden el imperio del régimen excepcional a aquellos bienes que, aunque aparentemente poseídos por ciudadanos de nacionalidad distinta a las indicadas, tenga el Gobierno motivos fundados para considerar que en realidad pertenecen a individuos del eje o a nacionales de países ocupados por el mismo, y también los demás "cuyo traspaso se haya hecho, en concepto fundado del Gobierno, con el fin de eludir el cumplimiento de las disposiciones sobre control de bienes de extranjeros".

La mayoría de la Corte considera que la sujeción al régimen de administración fiduciaria es constitucionalmente inobjetable, cualquiera que sea la nacionalidad del dueño, o sea que la medida puede aplicarse tanto a los súbditos de Alemania, Italia y Japón como a los demás extranjeros y a los colombianos, con tal de que estén comprendidos dentro de las prescripciones señaladas en los decretos de 1942 y el 1668 de 1943.

En otros términos, la entidad falladora estima que sustancialmente las medidas de que se trata se ciñen a los preceptos de la Constitución Nacional, encuentran su fuente jurídica inmediata en las autorizaciones de carácter extraordinario que al Gobierno le fueron otorgadas por el Congreso y tuvieron como objetivo, en la época en que fueron dictados cumplir y desarrollar los compromisos internacionales adquiridos por Colombia para el mantenimiento leal y completo de a solidaridad y cooperación interamericana" que impuso al país la necesidad de la defensa en la última guerra mundial. En este sentido nuestra modesta opinión coincide exactamente con el pensamiento de nuestros colegas y por eso adherimos en forma irrestricta a la sanción de constitucionalidad del Decreto materia de la acusación.

Pero, también a nuestro juicio es infundado el vicio de inexequibilidad que la Corte Plena ha deducido de la facultad conferida al Gobierno para estatuir en cada caso si determinados bienes deben colocarse o no bajo administración fiduciaria o si los traspasos o transferencias de los mismos se han hecho con violación de las normas relativas al control de las propiedades de extranjeros.

No cita la decisión que nos ocupa cuáles sean los preceptos de la Carta que pudiera contrariar por tal motivo el Decreto 1668, pues apenas se limita a examinar los marcados con los números 59 de 1942 (artículo 3º) y 1233 de 1943 (artículo 12) -que no han sido demandados- para deducir con respecto al primero la conclusión de inexequibilidad. Desde este punto de vista es evidente que la Sala excede la órbita de su competencia, desde luego que si bien encaja dentro de ella la atribución de examinar cargos no deducidos con respecto a una norma que se acusa, en cambio le está vedado pronunciarse sobre disposiciones distintas de las que han sido materia de la demanda. Esto no es nunca posible, ya que la Corte no puede ejercer oficiosamente la guarda de la integridad constitucional de la República sino a instancia de los ciudadanos (art. 214), o del Gobierno si se trata de la objeción de proyectos de ley.

Pero admitiendo que esto fuera hacedero en el terreno de los principios y de los mandatos positivos del Código supremo, tampoco las disposiciones de los decretos extraordinarios que la Corte hace objeto de estudio sin haber sido acusados -los distinguidos con los números 59 de 1942 y 1233 de 1943- contienen ordenamiento alguno susceptible de ser declarado inconstitucional.

El primero establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la base de solicitud de los interesados, o mediante denuncio que reciba, levantará en cada caso una información y con fundamento en ella procederá a indicar, por medio de resolución si los bienes o valores a que tal providencia se refiera se encuentran en algunas de las previsiones del decreto y, "si se en centraren, el Ministerio dispondrá lo concerniente al sometimiento de los bienes así clasificados al régimen especial que aquí se establece".

Agrega el artículo que las resoluciones que al efecto se dicten por el Ministro de Hacienda no tienen recurso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero en cambio están sujetas a apelación ante el Presidente de la República, quien decidirá del recurso -previo concepto del Consejo de Ministros-. Y por su parte el artículo 12 del citado Decreto 1233 establece que la apelación interpuesta contra el acto por medio del cual se declara que un bien está sujeto a administración fiduciaria se concederá en el efecto devolutivo, debiendo el interesado hacer entrega de los bienes o valores al administrador fiduciario que se nombre, a más tardar en el término de diez días siguientes a la publicación del acto del Ministerio de Hacienda en el Diario Oficial, bajo sanción de multa que puede ascender hasta la cantidad de cinco mil pesos.

De conformidad con lo que aparece expuesto como motivación del fallo a que se refiere el presente salvamento de voto el vicio de inconstitucionalidad consiste en que se atribuye al Gobierno y no a los jueces ordinarios la calificación de los bienes para someterlos al régimen instituido en los decretos, y también en los procedimientos establecidos para alcanzar esa finalidad.

Erradamente, en nuestro concepto, se afirma que en ejercicio de esta facultad el Gobierno quedó encargado "de resolver a quién pertenecen determinados bienes", y según las palabras siguientes del fallo es"una declaración de propiedad lo que debe hacer el Gobierno cuandoquiera que tenga que decidir si ciertos haberes han de pasar al llamado Fondo de Estabilización o, por el contrario, cuando determina que han sido adquiridos legítimamente, y esa declaración no puede hacerla la rama ejecutiva del poder público, sino solamente la rama jurisdiccional".

No encuentran los Magistrados disidentes en el contexto del acto acusado ni en el de los otros Decretos que la Corte oficiosamente ha examinado esa pretendida autorización para formular declaraciones sobre propiedad de los bienes o valores que el Gobierno repute con fundamento como susceptibles de ser administrados fiduciariamente. Por el contrario del conjunto de las disposiciones citadas se desprende una regulación jurídica encaminada a hacer la simple calificación de los haberes y con la sola consecuencia de ser puestos bajo fiducia si de la actuación administrativa adelantada por el Ministerio de Hacienda se desprende que están comprendidos en las normas que consagran aquel régimen de excepción.

Tan cierto es lo que acaba de decirse que el mismo Decreto 59 de 1942, expresamente dijo que las resoluciones del Ministerio, lo mismo que las proferidas por el Presidente de la República, cuando conoce de las primeras por recurso de apelación "no hacen tránsito a cosa juzgada y podrán ser reconsideradas, cuando medien nuevas pruebas, de oficio o a solicitud de parte interesada". Lo que naturalmente elimina la posibilidad de dar a las resoluciones de aquellos funcionarios el alcance de una declaración sobre la propiedad de los bienes, como lo ha entendido la mayoría de la Corte, y mucho menos que ésta pueda hacerse con carácter definitivo e irrevocable. Ninguna dificultad hay entonces para comprender que si la declaración de las autoridades administrativas apenas califican la existencia o inexistencia de motivos que puedan originar la aplicación a determinados bienes del régimen de administración fiduciaria; que si los actos contentivos de la declaración pueden ser revisados a solicitud de las propias personas interesadas, y aun de oficio, mediante el aporte de nuevas pruebas en la actuación administrativa: y que si ésta no hace nunca tránsito a cosa juzgada, lógicamente las controversias sobre propiedad no han sido desplazadas de la jurisdicción ordinaria a la administración activa, y al ciudadano queda siempre expedito e intacto, el ejercicio de las acciones de derecho común.

La competencia y el procedimiento son objeto propio de la ley, salvo los casos en que la Constitución haya instituido fórmulas especiales, lo que aquí no ocurre. De donde se sigue que los decretos en mención podían válidamente radicar la competencia en el Ministerio de Hacienda y señalar los trámites de la actuación. Con ello no se infiere quebranto alguno al mandato de la Carta que ordena el juzgamiento "ante Tribunal competente y observando la plenitud de las fórmulas propias de cada juicio".

Por lo demás, entendiendo como debe entenderse el control de esta especie de bienes y el sistema de la administración fiduciaria que es su consecuencia, como institución de policía administrativa, según lo patentizan los considerandos del Decreto 59 de 1942, el ejercicio de los deberes jurídicos que al Gobierno competen está dentro de la órbita de las atribuciones que la Constitución Nacional señala a la rama ejecutiva del poder público, y dentro de la esfera de sus funciones esenciales. El carácter preventivo de las medidas y la esencia del régimen de control no justificarían la intervención de autoridades distintas de las administrativas ni procedimientos que no sean los propios de las finalidades buscadas con la expedición de los Decretos.

No sobra agregar que el punto de vista en que la mayoría se coloca conduce a hacer inoperante el ejercicio de la administración fiduciaria, ya que antes de someter los bienes a este régimen tendría el Gobierno que adelantar un dilatado y penoso litigio judicial para determinar la verdadera propiedad de acciones, acreencias, fondos provenientes de dividendos, títulos o documentos de deuda, cédulas, etc., lo que lleva derechamente a la inaplicabilidad práctica de la medida, y a su ineficacia absoluta, dejando sin efecto ninguno el querer del legislador que al investir al Presidente de la República de facultades extraordinarias se determinó por el propósito de controlar las actividades contrarias al interés del país durante el conflicto bélico "y para prevenir, con toda eficacia, cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarrollo de la política internacional de Colombia".

Con todo respeto y acatamiento por las opiniones adversas de nuestros distinguidos colegas dejamos consignadas las razones que en nuestro sentir justifican una declaración de constitucionalidad integral -y no parcial- del acto materia de la demanda.

Ramón Miranda-Pedro Castillo Pineda.