300Corte SupremaCorte Suprema30030006940Eleuterio Serna R194802/02/1948Eleuterio Serna R_1948_02/02/194830006940ACUSACIÓN DE INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 68 DE 1946 - INTERPRETACIÓN DE LA LEY 1.- Si la ley 68 de 1946 se limita sólo a interpretar la ley 28 de 1932 no es entonces retroactiva, porque conforme a los expresos ordenamientos de los artículos 58 del C.P. y M y 14 del C.C., las leyes que se limitan a declarar el sentido de otra, se entenderán incorporadas en ésta, aun que por tal fenómeno se afecten las resoluciones judiciales ejecutoriadas antes de la vigencia de ella. La interpretación de una ley proviene a veces del Legislador, quien por medio de otra declara el sentido y alcance de la que se presenta oscura u origina en su aplicación discusiones y dudas. Tal interpretación se denomina auténtica o realizada "con autoridad" como lo expresa el artículo 25 del C.C. y es la que se lleva a cabo de una manera general y obliga a todas las personas y en todos los casos que están sujetos al imperio de la ley interpretativa. La segunda clase de interpretación la denomina el artículo 26 del C.C. "por vía de doctrina", y es la que realizan los jueces y demás funcionarios, al aplicar las leyes en los casos concretos, de modo semejante como proceden los particulares al acomodar las normas legales a hechos e intereses propios. Pero, ora se hable de la auténtica o de la doctrinaria, es claro que el intérprete cualquiera que sea, debe tener presentes las reglas de la hermenéutica y acomodarse a ellas, pues de otro modo, ya no se tratan de interpretar una norma legal sino de crear otra, o de la derogación o reforma de la existente. No puede argüirse que a este respecto la obra del Legislador no reconoce límites y que a él le es dado fijar el sentido y alcance que mejor le parezcan, pues entonces la nueva disposición sería ya interpretativa sino verdaderamente constitutiva de derecho. De aquí que la Corte no acepte la tesis general del señor Procurador cuando asevera que la interpretación auténtica no es susceptible de esfuerzo hermenéutico alguno y que obliga necesariamente. Es obvio que la interpretación legislativa es obligatoria, pero si la ley que pretende ser interpretativa no lo es en realidad, porque es creación de una nueva norma, o bien reforma o deroga la interpretada, entonces ya no sería lógico considerarla como una mera interpretación y, en consecuencia, tener como incorporada en la otra o vigente de la promulgación de esta última. En tales condiciones dicha ley no podría aplicarse a aquellas cuestiones que hayan tenido origen en el lapso de tiempo comprendido entre la promulgación de la una y la otra norma legal, porque así podría haber retroactividad en contraposición a lo que previene el artículo 30 de la Constitución Nacional. 2.- No apareciendo una manifiesta oposición entre lo dispuesto por la ley interpretativa y la interpretativa, no es dado aseverar que la ley 68 acusada no es una interpretación auténtica, sino una derogación o modificación de las disposiciones de la ley 28 de 1932. De esto se infiere que los preceptos de la ley 68 deben considerarse incorporados a la ley 28 interpretada y vigentes desde que empezó a regir. Siendo ello así, no es posible jurídicamente hablar de retroactividad de la ley 68 a al frente de derechos adquiridos al amparo de la ley 28. En consecuencia, la ley acusada no es inexequible. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA Bogotá, febrero dos de mil novecientos cuarenta y ocho. (Magistrado ponente: doctor Eleuterio Serna R.). 1948
Ricardo A. Lara CLey 68 de 1946Identificadores30030006941true79172Versión original30006941Identificadores

Norma demandada:  Ley 68 de 1946


ACUSACIÓNDE INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 68 DE 1946 - INTERPRETACIÓN DE LA LEY

1.- Si la ley 68 de 1946 se limita sólo a interpretar la ley 28 de 1932 no es entonces retroactiva, porque conforme a los expresos ordenamientos de los artículos 58 del C.P. y M y 14 del C.C., las leyes que se limitan a declarar el sentido de otra, se entenderán incorporadas en ésta, aun que por tal fenómeno se afecten las resoluciones judiciales ejecutoriadas antes de la vigencia de ella.

La interpretación de una ley proviene a veces del Legislador, quien por medio de otra declara el sentido y alcance de la que se presenta oscura u origina en su aplicación discusiones y dudas. Tal interpretación se denomina auténtica o realizada "con autoridad" como lo expresa el artículo 25 del C.C. y es la que se lleva a cabo de una manera general y obliga a todas las personas y en todos los casos que están sujetos al imperio de la ley interpretativa. La segunda clase de interpretación la denomina el artículo 26 del C.C. "por vía de doctrina", y es la que realizan los jueces y demás funcionarios, al aplicar las leyes en los casos concretos, de modo semejante como proceden los particulares al acomodar las normas legales a hechos e intereses propios. Pero, ora se hable de la auténtica o de la doctrinaria, es claro que el intérprete cualquiera que sea, debe tener presentes las reglas de la hermenéutica y acomodarse a ellas, pues de otro modo, ya no se tratan de interpretar una norma legal sino de crear otra, o de la derogación o reforma de la existente. No puede argüirse que a este respecto la obra del Legislador no reconoce límites y que a él le es dado fijar el sentido y alcance que mejor le parezcan, pues entonces la nueva disposición sería ya interpretativa sino verdaderamente constitutiva de derecho. De aquí que la Corte no acepte la tesis general del señor Procurador cuando asevera que la interpretación auténtica no es susceptible de esfuerzo hermenéutico alguno y que obliga necesariamente. Es obvio que la interpretación legislativa es obligatoria, pero si la ley que pretende ser interpretativa no lo es en realidad, porque es creación de una nueva norma, o bien reforma o deroga la interpretada, entonces ya no sería lógico considerarla como una mera interpretación y, en consecuencia, tener como incorporada en la otra o vigente de la promulgación de esta última. En tales condiciones dicha ley no podría aplicarse a aquellas cuestiones que hayan tenido origen en el lapso de tiempo comprendido entre la promulgación de la una y la otra norma legal, porque así podría haber retroactividad en contraposición a lo que previene el artículo 30 de la Constitución Nacional.

2.- No apareciendo una manifiesta oposición entre lo dispuesto por la ley interpretativa y la interpretativa, no es dado aseverar que la ley 68 acusada no es una interpretación auténtica, sino una derogación o modificación de las disposiciones de la ley 28 de 1932. De esto se infiere que los preceptos de la ley 68 deben considerarse incorporados a la ley 28 interpretada y vigentes desde que empezó a regir. Siendo ello así, no es posible jurídicamente hablar de retroactividad de la ley 68 a al frente de derechos adquiridos al amparo de la ley 28. En consecuencia, la ley acusada no es inexequible.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Bogotá, febrero dos de mil novecientos cuarenta y ocho.

(Magistrado ponente: doctor Eleuterio Serna R.).

El señor Ricardo A. Lara C., en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 214 de la constitución, solicita en demanda fechada en Ciénaga el 12 de mayo de 1947, que se declare inexequible la Ley 68 de 1946.

Fundamentosde la acusación

El actor argumenta así:

Que la ley 28 de 1932 establece en su artículo 1º y 4º una separación de bienes práctica durante la existencia de la sociedad conyugal, y una sociedad latente, que se revela en los eventos en que aquella deba liquidarse conforme a las prescripciones del Código Civil; que el artículo 5º de dicha ley, en coordinación con los artículos 1º y 7º de la misma, estatuye la plena capacidad civil de la mujer casa y como consecuencia la cesación de la representación legal del marido, lo cual se verifica antes y después de la vigencia de aquellas normas ya que estas no hacen distinciones al respecto; que esa plena capacidad carecería de objetivo sobre que ejercerse, si la mujer casada no pudiera administrar, enajenar y gravar sus propios bienes adquiridos en su nombre a título onerosos durante la sociedad, de acuerdo con el artículo 1º de tal ley, y asimismo no pudiera hacer valer los derechos sobre la comunidad de bienes adquiridos antes del primero de enero de 1933, como lo reconoce el artículo 7º de la ley 28; que ésta no disolvió las sociedades conyugales anteriores al 1º de enero de 1933, como lo presupone en rigor lógico la liquidación definitiva posterior a la provisional, según lo indica el artículo 7º de todo lo cual se infiere que, habiéndose efectuado o no la liquidación provisional, que es potestativa y no obligatoria, las sociedades conyugales anteriores al mencionado 1º de enero quedaron sujetas al régimen de la sociedad latente a que alude el punto primero del libero; que la ley 28 derogó los artículos 1806 y 1808 del Código Civil; que el 7º de aquella no creó derechos sino que eliminó la ficción de que los bienes eran de propiedad exclusiva del marido; que como la ley 28 no disolvió las sociedades conyugales preexistentes, resulta innecesaria la primera parte del artículo 1º de la Ley 68 de 1946; que lo restante de esa disposición prescribe que vuelvan a reputarse como de propiedad exclusiva del marido todos los bienes sociales existentes antes del 1º de enero de 1933, de donde se colige que la ley acusada no es interpretativa o aclaratoria, sino derogatoria de la Ley 28, ya que el carácter de interpretativa o aclaratoria o derogatoria no depende de la denominación que se le dé, sino de su propio contenido.

El impugnador llega así a formular la afirmación de que la Ley 68 demandada vulnera situaciones concretas adquiridas por la mujer casada bajo el imperio de la Ley 28 de 1932, puesto que en virtud de aquellas se refiera al régimen civil anterior, lo cual implica un quebrantamiento del artículo 26 (hoy el 30) de la Carta Fundamental, el cual garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos.

Concepto del señor Procurador

Sostiene este alto empleado que la Ley 28 de 1932 no creó derecho alguno sobre los bienes sociales, que no existiera de parte de la mujer casada ya bajo el régimen civil anterior, sino que apenas varió la administración.

Expresa que de conformidad con los artículos 1805, 1806 y 1808 del C.C. era el marido el único jefe de la sociedad conyugal y dueño de los bienes sociales, mientras la mujer no tenía por sí sola derecho alguno sobre tales bienes. Dice que el artículo 1º de la Ley 28 estableció que durante el matrimonio cada cónyuge goza de la libre administración y disposición de los bienes, tanto de los que les pertenezcan al tiempo del matrimonio, como de los demás que por cualquier título o causa hubieren adquirido o adquieran, lo que está indicando que el marido deje de ser el único administrador, para dar campo a una administración dual. Agrega textualmente lo que sigue:

"Resultado de todo ello, es en opinión de este Despacho, que la Ley 28 de 1932 modificó, sí, el régimen de administración de la sociedad conyugal consagrada en el Código Civil, pero no creó ningún derecho efectivo de la mujer casada que antes no tuviera sobre bienes suyos o de la sociedad conyugal, distinto de la simple administración. Por esto, piensa la Procuraduría que la Ley 68, no pudo desconocer o vulnerar ningún derecho adquirido de la mujer casada por el solo hecho de modificar o interpretar en sentido distinto del que tenía establecido la jurisprudencia, la administración de los bienes sociales adquiridos antes del 1º de enero de 1933.

Insiste a continuación el que la ley 68 no es reformatoria sino aclaratoria e interpretativa, fundándose en que el Legislador así lo dijo. Seguidamente agrega que la Ley 28 fue objeto de varias interpretaciones, por lo cual "es lógico suponer que el Legislador quiera darle una interpretación auténtica si la interpretación jurisprudencial no se ajustaba al espíritu de la ley".

Se transcriben a continuación estos apartes del dictamen:

"Por lo demás, es incuestionable que el legislador es el genuino intérprete de las leyes. Es el único que las interpreta con autoridad. Por ello dice el art. 25 del Código Civil que "la interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, solo corresponde al legislador". Los arts. 27 y 28 del C.C. fijan las reglas que deben servir para interpretar la ley "por vía de doctrina". Respecto de la interpretación dada por el propio legislador no cabe, como es obvio, esfuerzo hermenéutico alguno. La interpretación del legislador obliga necesariamente. Todo ello unido a la oscuridad de la Ley 28 que suscitó tantas polémicas, hace pensar que el legislador lo que hizo, en verdad, fue interpretar con autoridad -y no reformar como pretende el demandante- la Ley 28 de 1932.

"Siendo esto último así, como lo es en concepto de la Procuraduría, la Ley 68 del año pasado no pudo desconocer o vulnerar ningún derecho adquirido, puesto que se limitó a interpretar- y hay que suponer que interpretar correctamente- y hay que suponer que interpretar correctamente- una ley preexistente. Por lo mismo la Ley 68 no creó ni reconoció derechos de la mujer casada. Hizo, simplemente y con suficiente autoridad para hacerlo, una interpretación de la Ley 58". (El subrayado es de la Corte).

Antecedentes de la Ley 68 de 1946

El proyecto aclaratorio de la ley 28 se presentó primitivamente en esta forma:

"El marido responderá con los bienes de la sociedad conyugal por las deudas contraídas por él o por la mujer con su autorización, antes de la vigencia de la Ley 28 de 1932". En la Comisión Primera de la Cámara le tocó la Ponencia del Proyecto al H.R. Dr. Jesús María Arias, quien se expresó así en el estudio respectivo:

"La brevísima exposición de motivos apenas si da una idea clara del artículo propuesto, pero se comprende que busca eliminar los pleitos que con injusticia manifiesta han provocado los abogados que interpretan desviadamente la letra y el espíritu de la Ley 28 de 1932, quienes al enterarse de juicios seguidos por los acreedores del marido y del remate de bienes adquiridos antes de la vigencia de aquella ley, verificados con posterioridad, pero sin el concurso de la mujer, han pedido y hasta obtenido en muchas veces la declaratoria de nulidad con perjuicio irreparable de quienes obraron con la mejor buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones o en ejercicio de sus derechos, amparados por un régimen patrimonial en el matrimonio, cuyo cambio o modificación no podía ni quiso perjudicarlos dentro del concepto y respeto de los derechos adquiridos.

"El problema que hoy existe es de mayor alcance y extensión a los contemplados en el artículo del Proyecto y debemos tratar de enfocarlo en todo su contenido. Además, el artículo citado resulta en términos peligroso e insuficiente, como lo demostraré luego, y por ello me permitiré modificarlo, sin dejar de reconocer explícitamente el acierto y oportunidad con que su autor nos brinda la ocasión de aclarar la Ley 28 de 1932, que en la práctica se ha prestado a interpretaciones y alcances que no quiso darle el Legislador de aquel año, según la historia y antecedentes muy abundantes de esa trascendental reforma civil que se estimo como un avance revolucionario de nuestras instituciones sobre el régimen de bienes en el matrimonio".

En otra parte de la ponencia se lee:

"Las dificultades han surgido en relación con las sociedades conyugales existentes antes de 1933, en presencia de los términos y espíritu de los artículos 1º y 7º de la Ley 28 de 1932, que para algunos son oscuros y entienden que esas sociedades quedaron disueltas y en caso de no haberse liquidado o de no liquidarse, los dos cónyuges tienen que obrar conjuntamente en todos los actos que las afectan activa y pasivamente, en tanto que otros sostienen que tal ley no las disolvió y dejó a voluntad de los cónyuges el declararlas disueltas al liquidarlas de común acuerdo o por solicitud al Juez competente, o dejarlas bajo el régimen anterior en caso de no proceder a liquidarlas".

Después de muchas otras razones la ponencia propone se dé primer debate al artículo modificado, así:

"La ley 28 de 1932 no disolvió las sociedades conyugales preexistentes y por consiguiente las que no se hayan liquidado o no se liquiden conforme a ella, se entiende que han seguido y seguirán bajo el régimen civil anterior en cuanto a los bienes adquiridos por ellas antes del primero de enero de 1933.

"En estos términos queda interpretada la citada ley".

Interpretación

El problema que ha de resolverse consiste en decidir si la ley acusada es realmente interpretativa de la ley 28 de 1932, o si, al contrario, contiene algunas disposiciones que en vez de definir el sentido y alcance de aquella, la reforman o derogan.

No cabe duda de que en el primer supuesto, la Ley 68 no sería retroactiva, porque conforme a los expresos ordenamientos de los artículos 58 del C.P. y M: del C. C., las leyes que se limitan a declarar el sentido de otra, se entenderán incorporadas en ésta, sin que por tal fenómeno se afecten las resoluciones judiciales ejecutoriadas antes de la vigencia de ella.

Importa definir la naturaleza de la interpretación y analizar, aunque sea someramente, sus distintas clasificaciones, destacando la llamada "interpretación auténtica".

Al decir del tratadista Francisco Geny (Método de interpretación y fuentes de derecho privado positivo), "interpretar las leyes es simplemente volver a buscar el contenido de la fórmula legislativa, auxiliado por la fórmula que la expresa". Pascuale Fiore, en su obra sobre retroactividad e interpretación de las leyes, afirma: "La interpretación de la ley se encamina generalmente a fijar la regla de una relación jurídica determinada mediante la percepción clara y exacta de la norma establecida por el Legislador".

Se concluye así que, como lo ha entendido la Corte, interpretar la ley no es otra cosa que fijar su sentido y alcance.

La interpretación de una ley proviene a veces del Legislador, quien por medio de otra declara el sentido y alcance de la que se presenta oscura u origina en su aplicación discusiones y dudas. Tal interpretación se denomina auténtica o realizada "con autoridad", como lo expresa el artículo 25 del C.C., y es la que se lleva a cabo de una manera general, y obliga a todas las personas y en todos los casos que están sujetos al imperio de la ley interpretativa.

La segunda clase de interpretación la denomina el artículo 26 del C.C. "por vía de doctrina", y es la que realizan los jueces y demás funcionarios, al aplicar las leyes a los casos concretos, de modo semejante a como proceden los particulares al acomodar las normas legales a hechos e intereses propios.

Pero, ora se hable de la auténtica o de la doctrinaria, es claro que el intérprete, cualquiera que sea, debe tener presente las reglas de la hermenéutica y acomodarse a ellas, pues de otro modo, ya no se trataría de interpretar una norma legal sino de crear otra, o de la erogación o reforma de la existente.

No puede argüirse que a este respecto la obra del Legislador no reconoce límites, y que a él le es dado fijar el sentido y alcance que mejor le parezcan, pues entonces, la nueva disposición no sería ya interpretativa sino verdaderamente constitutiva de derecho.

De aquí que la Corte no acepte la tesis general del señor Procurador cuando asevera que la interpretación auténtica no es susceptible de esfuerzo hermenéutico alguno que obliga necesariamente. Es obvio que la interpretación legislativa es obligatoria, pero si la ley que pretende ser interpretativa no lo es en realidad, porque es creación de una nueva norma o bien reforma o deroga la interpretada, entonces ya no sería lógico considerarla como una mera interpretación y en consecuencia tenerla como incorporada en la otra o vigente desde la promulgación de esta última.

En tales condiciones, una ley no podría aplicarse a aquellas cuestiones que hayan tenido origen en el lapso comprendido entre la promulgación de la una y la otra norma legal, porque así podría haber retroactividad, en contraposición a lo que previene el artículo 30 de la Constitución Nacional.

La Ley 28 y las sociedades conyugales preexistentes.

Sin lugar a duda, una de las cuestiones que suscitaron más disputas y dieron origen a los más diversos pareceres, fue la referente a la situación en que quedaron las sociedades conyugales preexistentes al 1º de enero de 1933, y primordialmente la de determinar a qué régimen habrían de someterse dichas sociedades cuando aún no se había efectuado la liquidación provisional consagrada en el artículo 7º.

Para unos era tesis inconclusa que al entrar en vigencia el nuevo estatuto se habían disuelto, por ministerio de aquella ley todas las sociedades conyugales constituidas con anterioridad. Tales doctrinantes argumentaban así: 1) Que al hablar el artículo 7º de definir las cuestiones relativas a los bienes y a la distribución de gananciales, no podía ser sino porque la sociedad se había disuelto, ya que no es posible concebir la liquidación sin disolución. 2) Que no puede coexistir, en cuanto a administración, la nueva sociedad con la del código civil, pues al paso que en este era unitaria, el nuevo estatuto la confiere por separado a cada uno de los cónyuges. 3) Que la facultad atribuida por la Ley 28 a la mujer casada para disponer tanto de sus bienes propios como de los sociales adquiridos por ella, a título oneroso, antes del mencionado primero de enero, es incompatible con la subsistencia de una sociedad que le negaba ese derecho de disposición.

Para otros, al contrario, las sociedades conyugales preexistentes no se disolvieron por entrar a regir la Ley 28.

Sus argumentaciones eran: 1) Que la sociedad del Código Civil no puede disolverse sino por las causales señaladas en el artículo 1820, ninguna de las cuales ocurría al regir el nuevo estatuto, el cual de otro lado, no estableció causal alguna especial, pues el artículo 1º hace referencia al C.C. 2) Que el artículo 7º de la susodicha Ley alude a la distribución de los bienes, lo que no supone la disolución de la sociedad. Además, el mismo artículo da carácter transitorio a la definición de esas cuestiones, cuando estatuye que si se reparten gananciales, deben imputarse "a buena cuenta de lo que hubiera correspondido en la liquidación definitiva", 3) Que esta ley solo consagra una nueva forma de administración. 4) Que si la liquidación definitiva solo se puede verificar en las circunstancias establecidas en el artículo 1820 del C. C. por disposición del artículo 1º de la Ley 28, si se admitiera la opinión de la disolución de las sociedades conyugales preexistentes, sucedería que aquella Ley toleraría una comunidad subsiguiente a la disolución, y en tal caso se llegaría al absurdo de una sociedad ilíquida al lado de otra en funcionamiento.

Los partidarios de la disolución estaban todos acordes en las consecuencias prácticas de tal doctrina, de la que colegían que las antiguas sociedades se habían convertido en una comunidad ilíquida, en la cual, como en cualquiera comunidad, ningún comunero podía disponer separadamente de un bien social. Los sostenedores de la tesis de la continuidad estaban divididos particularmente en lo relativo a las dificultades dispositivas de los cónyuges sobre los bienes que habían ingresado al patrimonio social antes del 1º de enero de 1933.

Así, mientras el Tribunal de Cundinamarca, por ejemplo, (sentencia de 22 de marzo de 1934) había sostenido que "en la sociedades conyugales pendientes al entrar a regir la Ley 28, el marido conserva ante terceros el carácter de dueño de los bienes sociales con la facultad, como antes, de enajenarlos y administrarlos libremente", la Corte, a partir de la sentencia de 20 de octubre de 1937, sentó la doctrina de que era precisa la intervención de ambos cónyuges para la eficacia de actos dispositivos atinentes a bienes que hubieran entrado al acervo social con antelación al 1º de enero de 1933.

La Ley 68 es interpretativa

Lo anterior está pregonando que la Ley 28 se prestaba para una interpretación auténtica que fuese un dique contra las opiniones divergentes. En consecuencia, no puede decirse como lo hace el demandante, que era absolutamente innecesaria la aclaración en que se sienta que la ley 28 no disolvió las sociedades conyugales preexistentes. El legislador tenía poder para acogerse a la exégesis que le pareciera más acorde con la naturaleza de las cosas o que, a su juicio, ofreciera menores inconvenientes en la aplicación práctica.

Por tanto, no apareciendo una manifiesta oposición entre lo dispuesto por la ley interpretada y la interpretativa, no es dado aseverar que la ley 68, no es una interpretación auténtica, sino una derogación o modificación de las disposiciones de la Ley 28.

Pero es quizás más conveniente, para demostrar que esas vacilaciones doctrinarias no eran tan sólo obra de los tratadistas, sino que afectaban las mismas decisiones judiciales, transcribir algunas jurisprudencias:

El Tribunal de Bogotá, en la sentencia de que ya se ha hablado, había dicho: "Ciertamente entraña una injusticia el hecho de que el marido sea hoy prácticamente, en las sociedades antiguas, quien pueda disponer de los bienes sociales ya que todos figuraban a su nombre. Empero la injusticia no nace del nuevo sistema que en las uniones posteriores a su vigencia produce todos sus benéficos resultados, en orden a la liberación jurídica de la mujer; en el tránsito de la legislación surge como proyección inevitable del sistema abrogado, en el cual el marido figuraba como único dueño de los bienes sociales; así habrá de continuar considerándosele mientras esos bienes no se fijen en cabeza de otra persona".

Pero la Corte desde el año de 1937 (fallo de 20 de octubre, G.J. No. 1928) había venido invariablemente sosteniendo que después de la vigencia de la Ley 28 de 1932, tanto en relación con las sociedades anteriores a ésta, como con las posteriores, perdió el marido sus facultades unitarias de disposición y administración.

Son de este Tribunal Supremo los siguientes conceptos:

"A la Corte esta doctrina se le presenta incuestionable y se impone ante el efecto inmediato que debe tener una ley encaminada a dar a la mujer capacidad plena, efecto que pugna abiertamente contra toda supervivencia del antiguo poder exclusivo del marido en relación con los bienes sobre los que la mujer tiene también su derecho indubitable de socia.

"Se impone asimismo por el espíritu general de la Ley, la cual no aparece, para los efectos de su aplicación, que se deban considerar dos categorías de mujeres casadas: sometidas unas, las casadas antes de la ley, a una situación de inferioridad con respecto a determinados bienes; otras las casadas bajo la vigencia de la ley, gozando en su plenitud de todas las nuevas facultades. Para admitir semejante diferencia de condiciones habría sido necesario un texto expreso que lo consagrara. Pero este texto excepcional no existe, y en ausencia de él, corresponde al intérprete darle a la Ley su alcance lógico".

Puede así concluirse que la ley acusada fue una interpretación o aclaración auténticas de algunas disposiciones de la Ley 28, de lo cual se infiere que al tenor de los artículos 14 del C.C y 51 del C.P. y M. los preceptos de la Ley 68 deben considerarse incorporados a la interpretada y vigentes desde que esta empezó a regir. Siendo ello así, no es posible jurídicamente hablar de retroactividad de la Ley 68 en frente de derechos adquiridos al amparo de la Ley 28.

La Ley 28 y la capacidad civil de la mujer casada.

Aunque los anteriores argumentos serían ya suficientes para afirmar la exequibilidad de la Ley acusada, estima la Corte conveniente analizar este tema, por cuanto el demandante asevera que con la dicha Ley 68 de 1946, se desconocieron derechos adquiridos por las mujeres casadas, de conformidad con la Ley 28 de 1932.

Ante todo, no está quizás por demás observar que el propio actor parece poseer dudas a este respecto, ya que en el punto 7º de su libelo contradice de manera sumaria lo que expresa en el punto 4º, pues a tiempo que en este sostiene que el artículo 7º de la ley 28 reconoce a la mujer casada derechos ciertos concretos, en aquellos dice que: "el artículo 7º no creó derechos".

El artículo 5º de la Ley 38 de 1932 concede, sin duda, a la mujer casada, mayor de edad, plena capacidad civil, cuando de manera expresa, la faculta para comparecer en juicio libremente y para disponer y administrar sus bienes, sin necesitar para lo primero de autorización del marido ni de licencia judicial, y cuando, además, dispone que "tampoco el marido será su representante legal".

Es desde todo punto de vista incuestionable que con la disposición el artículo 5º de la Ley 28 cambió fundamentalmente la situación jurídica de la mujer casada en orden a su capacidad y que con esa disposición quedaron derogados preceptos del Código Civil que consagraban una situación contraria, pero no puede decirse que si la cónyuge no tiene facultades administrativas ni dispositivas en relación con los bienes que componían el patrimonio social cuando entró en vigencia la ley que le otorgó la planea capacidad civil, esa capacidad carecería de objetos sobre que ejercerse y también que dicha capacidad originó derechos que antes no tenía la mujer.

En efecto: en parte alguna de la disposición mencionada o de los otros artículos de la ley se encuentran conferidos de manera expresa esos derechos, y además, aunque no se consideren existentes los referidos derechos, la capacidad civil de la mujer casada tendría siempre objetivos suficientes sobre que ejercerse, cuales son la libre administración y disposición de sus bienes propios y la de los bienes sociales que ella haya adquirido o adquiera con posterioridad al 1º de enero de 1933".

Doctrina de la Sala de Casación

En diversos pronunciamientos, la Sala de Casación Civil ha estimado que la ley acusada es interpretativa.

En fallo de 14 de julio de 1947 se pronunció así:

"Es decir, no se puede considerar, como en múltiples fallos lo entendió la Corte, que por haber perdido el marido desde el 1º de enero de 1933, el carácter de jefe de la sociedad conyugal, y por tanto el de dueño exclusivo ante terceros de los bienes sociales, perdió también de manera lógica y necesaria sus antiguas facultades dispositivas sobre el conjunto de los bienes de la anterior sociedad conyugal, los cuales vinieron así a quedar, por el fenómeno de la aparición de otro jefe, con iguales facultades del marido, bajo el gobierno simultáneo de los dos cónyuges. En esa forma se intentó impedir la supervivencia de textos abolidos, que conducían a la yuxtaposición de sistemas antagónicos, con fundamento en principios jurídicos consagrados en los artículos 19, 20 y 23 de la Ley 18 de 1887, que imponen la aplicación inmediata de las nuevas normas a todas las sociedades conyugales existentes al tiempo de su vigencia, concluyendo que las disposiciones de la Ley 28, de acuerdo con los propósitos que la inspiraron, favorecerían no solamente a las mujeres casadas con posterioridad al día inicial de su impero, sino también a las que se casaran antes.

Ahora bien, los preceptos de la Ley 68 de 1946, son disposiciones interpretativas de las normas consignadas en la Ley 28 de 1932 a las cuales le dio la Corte determinado entendimiento en cuanto se refiere a las sociedades conyugales que la ley en referencia encontró constituidas al entrar en vigencia. El Legislador de 1946 ha cambiado esa doctrina, con facultades suficientes para hacerlo, en razón de que "la interpretación legislativa de las leyes es la que fija con autoridad definitiva o alcance verdadero" (artículo 25 del C. C. ).

En fallo de julio del mismo año, dijo:

"Esta interpretación auténtica y legislativa hecha con autoridad y de manera general (arts. 14 y 25 del C.C.) al fijar obligatoriamente para la Corte el sentido y alcance de las disposiciones interpretadas, abarca todos los extremos de este litigio y desplaza hacia campo de completa inutilidad e inoperancia la tesis del recurso, que buscaba apoyo en la interpretación que por vía de doctrina había venido sosteniendo y explicando esta Sala de Casación Civil en sentido diametralmente contrario al impuesto por el Legislador en la llamada ley interpretativa de la que instituyó un nuevo régimen patrimonial en el matrimonio hace muy cerca de quince años".

En fallo de octubre último, se expresó así:

"Por medio de la interpretación auténtica, cuando el Legislador estima conveniente explicar e interpretar una ley de un modo generalmente obligatorio, fija y declara su sentido por medio de otras por efecto de una ficción legal, las dos forman un solo cuerpo para la decisión de las cuestiones que deben gobernarse por ellas y que no estén amparadas por la cosa juzgada.

"Al decir imperativamente como debe entenderse la ley interpretada, no dicta el Legislador una disposición propiamente retroactiva, porque el influjo que de este modo se ejerce o sobre hechos o sobre situaciones jurídicas anteriores a su vigencia es el mero efecto de la reiteración de in imperio legal ya existente al que solo se señala su sentido y alcance. No hay en realidad una nueva ley que rige el pasado. Dentro del fenómeno de la interpretación legal que se opera en la interpretación legislativa, es la antigua ley la que se aplica con la inteligencia que le pone la nueva. De todos sus efectos, la ley interpretativa se aplica desde la fechad e la interpretada".

En mérito de las consideraciones que anteceden a la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- en ejercicio de la función que el artículo 214 de la Constitución le otorga, DECLARA que no es inexequible la Ley 68 de 1946.

Notifíquese esta decisión al Procurador General de la Nación, comuníquese al Ministerio de Gobierno para los efectos de su publicación en el Diario Oficial. Cópiese.

Ramón Miranda - Germán Alvarado - Francisco Bruno - Aníbal Cardoso Gaitán - Pedro Castillo Pineda - Victor Cock - Agustín Gómez Parada - Jorge E. Gutiérrez Anzola - Ricardo Hinestrosa Daza - Ricardo Jordán Jiménez - Alvaro Leal Morales - Gabriel Rodríguez Ramírez - Hernán Salamanca - Domingo Sarasty M. - Eleuterio Serna R. Manuel José Vargas - Pedro León Rincón, Srio en Ppdad.