Sentencia 832 de 1981

300Corte SupremaCorte Suprema30030006868832Servio Tulio Pinz�n Duran198131/03/1981832_Servio Tulio Pinz�n Duran_1981_31/03/198130006868FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Exequibles los art�culos 59, literal f), 122, 123, y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y los art�culos 13, literal g) y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de 1980. No. 13 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogot�, D. E., marzo 31 de 1981. Magistrado ponente: doctor Servio Tulio Pinz�n Duran. Aprobada por Acta n�mero 30 de marzo 31 de 1981. 1981

Adalberto Carvajal Salcedo | John L�zaro Bustos.Demanda de inexequibilidad contra los art�culos 59, 122, 123 y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y contra los art�culos 13 y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de ese mismo a�oIdentificadores30030006869true79102Versi�n original30006869Identificadores

Norma demandada: �Demanda de inexequibilidad contra los art�culos 59, 122, 123 y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y contra los art�culos 13 y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de ese mismo a�o

Exequibles los art�culos 59, literal f), 122, 123, y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y los art�culos 13, literal g) y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de 1980.

REF.: Expediente n�mero 832. Art�culos 59, 122, 123 y 124 del Decreto 80 de 1980 (sistema de educaci�n post-secundaria). Actores: Adalberto Carvajal Salcedo y John L�zaro Bustos.

Los ciudadanos Adalberto Carvajal Salcedo y .John L�zaro Bustos formulan demanda de inexequibilidad contra los art�culos 59, 122, 123 y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y contra los art�culos 13 y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de ese mismo a�o, en la parte que se subraya.

Por tratarse de decretos-leyes, expedidos con fundamento en facultades extraordinarias con�feridas por la Ley 8^ de 1979, es la Corte -Sala Constitucional- competente para decidir defi�nitivamente sobre la demanda, seg�n la regla 4� del art�culo 214 de la Constituci�n.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y de las que le confiere la Ley 8� de 1979, o�da la Comisi�n de que trata el art�culo 3� de la misma ley,

"f) Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, a propuesta del Rector, la planta de personal de la institu�ci�n, con se�alamiento de los cargos que ser�n desempe�ados por docentes y por empleados y trabajadores oficiales del orden administrativo.

"Art�culo 122. El personal administrativo de las instituciones oficiales de educaci�n superior, est� integrado por empleados p�blicos y traba�jadores oficiales. Tienen la calidad de trabajado�res oficiales los obreros que desempe�en funcio�nes en construcci�n, preparaci�n de alimentos, actividades agropecuarias, jardiner�a, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos. Los de�m�s empleados administrativos tienen la calidad de empleados p�blicos.

"Los empleados oficiales del orden adminis�trativo que figuren actualmente como trabajado�res oficiales conservar�n dicha situaci�n mien�tras se expide por parte del respectivo Consejo Superior, la planta de personal prevista en el ar�t�culo 59, literal f) del presente Decreto.

"Las personas que prestan sus servicios en forma ocasional o por el tiempo de ejecuci�n de una obra o contrato, no son empleados p�blicos ni trabajadores oficiales; su vinculaci�n ser� por contrato administrativo de prestaci�n de servi�cios que se regir� por las disposiciones del De�creto 150 de 1976 y las normas que lo reglamen�ten, complementen o sustituyan.

"Art�culo 123. Necesariamente ser�n de libre nombramiento y remoci�n los empleados que co�rrespondan a la direcci�n administrativa o aca�d�mica de la instituci�n, los que tengan como funci�n principal el manejo de bienes o dineros, los que tengan asignadas funciones de vigilancia o supervisi�n y los que deban ser desempe�ados por personas que requieran confianza especial de los funcionarios directivos.

"Art�culo 124. En todo aquello no previsto en este Decreto sobre personal administrativo de las instituciones oficiales, se estar� a lo dispuesto en el Decreto 2400 de 1968 y en las normas que lo reglamentan, complementen o sustituyan y en las dem�s disposiciones de car�cter general apli�cables a los empleados nacionales de la Rama Ejecutiva y del Poder P�blico" (se ha subra�yado en la copia -dicen los demandantes- para destacar las partes que se consideran incons�titucionales).

"por el cual se establece el r�gimen org�nico de la Universidad Nacional, de Colombia y se dictan otras disposiciones.

"g) Crear, suprimir o fusionar cargos y ex�pedir, con arreglo al presupuesto y a propuesta del Rector, la planta de personal de la Universi�dad, teniendo en cuenta las solicitudes de los Consejos Directivos y del Comit� de administra�ci�n universitaria, seg�n el caso.

"Art�culo 43. El personal administrativo, t�c�nico y de servicios de la Universidad estar� in�tegrado por empleados p�blicos y trabajadores oficiales, de conformidad con las disposiciones legales que rijan para todas las instituciones de educaci�n superior".

En concepto de los demandantes, las normas acusadas son violatorias de los art�culos 55, 62, 76-10, 76-12 y 132 de la Constituci�n Nacional. Las razones en que se apoyan son, en s�ntesis, las siguientes:

El Congreso revisti� al Presidente de la Re�p�blica de facultades extraordinarias, por medio de la Ley 8� de 1979 (enero 24), por el t�rmino de un a�o, contado a partir de su sanci�n, para establecer la naturaleza, caracter�sticas y com�ponentes del sistema de educaci�n post-secundaria, se fijan requisitos para la creaci�n y fun�cionamiento de instituciones p�blicas y privadas de educaci�n post-secundaria, para reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las de�m�s universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario y para expedir las normas sobre escalaf�n nacional para el sector docente y para derogar el Decreto-ley n�mero 128 de 1977. Cons�ta de cinco art�culos, el 1� de los cuales dice:

"1� Definir la naturaleza del sistema de edu�caci�n post-secundaria tanto p�blica como priva�da en orden, entre otras cosas, a unificar el r�gi�men y los programas para que haya armon�a entre todos los centros educativos del sistema y las autoridades encargadas de la orientaci�n y vigilancia del funcionamiento de los mismos;

"La definici�n a que se refiere el inciso ante�rior deber� buscar una mayor diversificaci�n en el aprendizaje de carreras t�cnicas dentro de una planificaci�n de las necesidades de profesionales que tenga el pa�s.

"2�. Fijar los requisitos y procedimientos para la creaci�n y funcionamiento de instituciones p��blicas y privadas pertenecientes al sistema, en concordancia con los planes sectoriales de desa�rrollo, dentro de una pol�tica de democratizaci�n de la ense�anza universitaria y tecnol�gica y de mayor descentralizaci�n de la misma;

"3�. Reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las dem�s universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario, dictar sus es�tatutos org�nicos en los cuales se defina su na�turaleza jur�dica, la composici�n y funciones de sus �rganos de direcci�n, administraci�n, las ca�lidades y atribuciones de sus rectores y directi�vos, las normas a que estar�n sujetas para su manejo administrativo y financiero dentro de claros par�metros de planificaci�n, las disposi�ciones generales a que deber�n someterse, los es�tatutos internos que en materia de personal a su servicio y r�gimen estudiantil expida cada entidad, con el fin de lograr una �ptima calidad acad�mica y una adecuada organizaci�n admi�nistrativa" (subraya la Corte).

Consideran los libelistas que el Gobierno no s�lo desbord� el limite preciso de las facultades que le fueron conferidas por el Congreso, sino que subdeleg� varias de ellas en los Consejos Superiores de las universidades, "convirtiendo arbitraria e inconstitucionalmente a estos orga�nismos en legisladores".

Estos cargos los sustentan en que la clasifica�ci�n del personal de la Universidad Nacional, por ser un establecimiento p�blico, s�lo puede ha�cerla constitucionalmente el Congreso de la Re�p�blica. Por excepci�n, tambi�n el Presidente de la Rep�blica, mediante facultades extraordi�narias que le otorgue el Congreso, conforme al art�culo 76-12 de la Constituci�n Nacional. Pero el Presidente, a su turno, no puede subdelegar; de donde resulta que es completamente inconsti�tucional la facultad que �ste le da al Consejo Superior de expedir la planta de personal, en el literal f) de] art�culo 59 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980. "Las partes subrayadas -dicen los demandantes- convierten a los rectores de las universidades y a sus Consejos Superiores en legisladores por subdelegaci�n que les hace de las funciones delegadas por el Congreso al se�or Presidente de la Rep�blica". La facultad de reorganizar la Universidad Nacional, agregan, es demasiado gen�rica y no corresponde a la precisi�n que es indispensable en estos casos. De todos modos, no incluye la de "clasificar empleados p�blicos o trabajadores oficiales". Pero, admitiendo en gracia de discusi�n que del texto de la ley se desprendiera esta facultad, la clasi�ficaci�n s�lo podr�a haberla hecho el Presidente de la Rep�blica y nadie m�s. Por �ltimo, aducen violaci�n de convenios internacionales, en cuanto la parte que se acusa de los Decretos 080 y 082 elimina pr�cticamente el sindicato de trabajado�res de la Universidad Nacional.

Considera el se�or Procurador que en la de�manda no se halla integrada la proposici�n ju�r�dica completa, lo cual, en su concepto, lleva a que la Corte se abstenga de proferir fallo de m�rito por adolecer la demanda de ineptitud sus�tancial. Y es �sta su petici�n principal. Sin em�bargo, para el evento de que no sea aceptada, entra en materia sobre el fundamento de la de�manda y dice, en lo pertinente:

"Basta una simple comparaci�n o cotejo entre las partes de las disposiciones de los Decretos-leyes n�meros 080 y 082 de 1980, materia de la demanda y los apartes del art�culo primero de la ley de facultades que he destacado en may�s�culas, para concluir negativamente a las preten�siones de los actores, esto es, determinar que las normas acusadas no quebrantan la Constituci�n Nacional en su art�culo 118-8�, comoquiera que aqu�llas, las disposiciones demandadas, se ajus�tan a los par�metros o, lo que es lo mismo, que las materias desarrolladas en los Decretos-leyes -n�meros 080 y 082 en los art�culos sub judice est�n previstas precisamente en las facultades otorgadas al Primer Magistrado.

"Entre las diferentes facultades dadas al Pre�sidente por la Ley 8� est�n, como atr�s se vio, las de 'reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las dem�s universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario", seg�n lo dis�pone el ordinal 3� del art�culo 1� de la ley de facultades. Dicen los actores en su demanda que 'el verbo reorganizar es gen�rico, y por lo tanto opuesto al mandato constitucional, seg�n el cual el Congreso puede revestir de precisas faculta�des al Presidente de la Rep�blica . . . ' (ver ex�pediente: folio 8, in medio) con esto los deman�dantes se salen motu proprio del objeto espec�fico de su acci�n, puesto que est�n aqu� atacando a la ley de facultades, lo cual no es materia de su acci�n interpuesta; no obstante esto, conside�ro que si se aceptara, en gracia de discusi�n, el aserto de los accionantes, jam�s podr�a el Con�greso Nacional otorgar facultades al Presidente empleando el vocablo 'reorganizar' y ello no es as� ".

Para rechazar el cargo de los actores de que nadie m�s que el Presidente de la Rep�blica puede recibir delegaci�n de funciones que co�rresponden al Congreso, para hacer la clasifica�ci�n de trabajadores oficiales y empleados p��blicos, y que constitucionalmente en ning�n caso los rectores y los Consejos Superiores pueden ser legisladores, cita lo argumentado por la Cor�te en fallo de abril 26 de 1971. Pasando a la glosa que hacen los demandantes de que los es�tatutos de personal s�lo pueden contener dispo�siciones generales y no particulares, sostiene que las normas acusadas emplean giros generales o gen�ricos y no particulares o espec�ficos, y re�cuerda "que el art�culo 5� del Decreto-ley n�mero 3135 de 1968 hace la catalogaci�n o cla�sificaci�n gen�rica en empleados p�blicos y tra�bajadores oficiales de las personas que prestan sus servicios en los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y Estableci�mientos P�blicos, art�culo 5� �ste que fue declarado constitucional por la honorable Corte me�diante fallo de fecha 26 de abril de 1971".

En sentir, pues, del se�or Procurador, las disposiciones acusadas no quebrantan precepto alguno de la Carta. Por tanto, solicita que se declaren exequibles los art�culos 59, 122 y 123 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y 13 y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de 1980.

1� Aunque s�lo algunas de las disposiciones pertenecientes al Decreto 080 de 1980 fueron subrayadas, se entiende que la demanda de inexequibilidad se hizo extensiva a todas las que fueron transcritas, ya que los actores as� lo ad�vierten inequ�vocamente al trasladarlas textual�mente bajo el r�tulo de "normas que se acusan"; y, cuando hablan de "en la parte que se subra�ya", se refieren a las normas del Decreto 082 de 1980. Tal es el sentido de la puntuaci�n. Por lo tanto, a diferencia de lo que piensa el se�or Procurador, el art�culo 124 del Decreto 080 de 1980 s� es materia de la acci�n instaurada.

2� Tampoco tiene raz�n el se�or Procurador cuando deriva la proposici�n jur�dica incomple�ta de que el literal g) del art�culo 13 del Decreto- ley n�mero 082 de 1980, demandado, est� "en�lazado" con el literal a) del art�culo 20 del mismo Decreto, no demandado, en cuanto por aqu�l se faculta al Consejo Superior de la Universidad Nacional para "crear, suprimir o fusionar car�gos y expedir, con arreglo al presupuesto y a propuesta del rector, la planta de personal de la Universidad, teniendo en cuenta las solicitudes de los Consejos Directivos y del comit� de admi�nistraci�n universitaria, seg�n el caso", y por �ste se autoriza al Consejo Acad�mico para "proponer al Consejo Superior la creaci�n, su�presi�n o modificaci�n de unidades acad�micas y administrativas", porque, si bien es verdad que existe armon�a en las funciones que aparejan las dos disposiciones citadas, no es menos cierto que ambas son aut�nomas, no se integran mutua�mente y, en el evento de que una de ellas fuera declarada inexequible, no subsistir�an su aplica�ci�n ni sus efectos por virtud de la otra. La inaplicabilidad de una de tales normas y a�n el vac�o normativo que pudiera presentarse son cir�cunstancias extra�as que no llevan por ese ca�mino a la ineptitud de la demanda.

A esto se agrega la amplitud que ha denotado la Corte en el conocimiento y decisi�n de otros casos similares, consiente de la trascendental mi�si�n que se le ha confiado de guardar la supre�mac�a y la integridad de la Constituci�n.

3�. A prop�sito de las facultades del Congreso y del Presidente de la Rep�blica, en materia de educaci�n, conviene recordar que, como bien dijo la Corte en sentencia de febrero 5 de 1970, "ar�monizando las disposiciones constitucionales, se puede concluir que al Congreso corresponde adoptar, por medio de leyes, la pol�tica o crite�rios generales sobre la materia, y al Gobierno dirigir, vigilar e inspeccionar, de acuerdo con esas pautas o en su desarrollo". Pero bien pue�de el Congreso delegar en el Presidente de la Rep�blica la facultad que le ha sido otorgada por la Carta Fundamental (art�culo 76-10), pa�ra que sea �ste quien determine la pol�tica gene�ral en esa materia y expida los estatutos b�sicos, ci��ndose a los par�metros que le se�ale la ley (art�culos 76-12 y 118-8). En este evento, se con�centran en el Ejecutivo la funci�n general anotada y la espec�fica de reglamentaci�n, direc�ci�n e inspecci�n (art�culo 120-12).

4�. Un segundo aspecto, que no es ajeno a las inquietudes jur�dicas de los demandantes, a pe�sar de que no apuntan hacia �l la impugnaci�n, se refiere a la tacha de imprecisi�n que le formulan a la facultad de reorganizar la Uni�versidad Nacional de Colombia y las dem�s universidades e instituciones oficiales de nivel post-secundario, contenida en el ordinal 3� del art�culo 1� de la Ley 8� de 1979.

Aunque no es ese el punto central de inconformidad de los actores, ni el objeto de la acci�n que han instaurado, cabe anotar que esta Sala Constitucional, en reciente sentencia (de fecha 13 de mayo de 1980, Magistrado ponente: doctor Carlos Medell�n) se pronunci� sobre la precisi�n de la Ley 8� de 1979, y dijo en lo pertinente:

"... La precisi�n exigida por la Constituci�n pomo requisito esencial de las facultades extraor�dinarias que el legislativo puede conferir al Go�bierno en los t�rminos del art�culo 76-12, se ad�vierte de esta manera satisfecha, as� en la determinaci�n que de su objeto hace la Ley acu�sada, como en la especificaci�n de su objetivo concreto, salvo eso s�, la expresi�n ap�sita, 'entre otras cosas', que se lee en el numeral 1� del ar�t�culo 1�, la cual contradice a todas luces aquella ineludible exigencia, por la indeterminaci�n del vago objeto que ofrece".

5�. Aseveran los demandantes que la Ley 8� de 1979 no incluy� la facultad de "clasificar em�pleados p�blicos o trabajadores oficiales". Tal afirmaci�n sin embargo, no corresponde a los fines, al sentido ni a los t�rminos de la citada Ley 8� y de los Decretos 080 y 082 de 1980. Es preciso recordar, para demostrarlo, que en el nu�meral del art�culo 1� de la mencionada Ley el Congreso otorg� al se�or Presidente de la Rep�blica, facultades para "reorganizar la Uni�versidad Nacional de Colombia y las dem�s uni�versidades e instituciones oficiales de nivel post-secundario dictar sus estatutos org�nicos en los cuales se defina su naturaleza jur�dica ... las normas a que estar�n sujetas para su manejo administrativo y financiero dentro de claros pa�r�metros de planificaci�n, las disposiciones ge�nerales a que deber�n someterse, los estatutos internos que en materia de personal a su servicio y r�gimen estudiantil expida cada entidad�" (el subrayado es de la Corte).

La finalidad de lograr una �ptima calidad acad�mica y una adecuada organizaci�n admi�nistrativa responde a la necesidad de dotar a los colombianos de una cultura integral y de la ca�pacidad intelectual que les permita realizarse personalmente y contribuir al mejoramiento de la comunidad, como que la educaci�n es un ser�vicio p�blico, y uno de los m�s importantes, que cumple una funci�n social.

A este prop�sito apunta la ley de facultades, cuyos preceptos habilitaron al se�or Presidente de la Rep�blica para dictar los estatutos org�nicos, las normas para su manejo administrativo, las disposiciones generales a que deber�n some�terse, dejando a cada entidad la facultad de dic�tar sus propios estatutos internos.

En virtud de esa habilitaci�n, el Presidente dict� los Decretos-leyes n�meros 080 y 082 de 1980, por los cuales organiz� el sistema de edu�caci�n post-secundaria y la Universidad Nacio�nal.

Los verbos "reorganizar" y "dictar" denotan la actividad indispensable para el funcionamien�to de la entidad docente, el cual depende de una secuencia de actos que comienzan en los estatutos b�sicos y culminan en los reglamentos internos, aqu�llos dictados por el se�or Presidente de la Rep�blica y �stos por la respectiva entidad en desarrollo de los primeros, con facultad que di�mana de la propia ley.

La facultad espec�fica de "reorganizar" equi�vale, seg�n el significado de este verbo, a "orga�nizar de nuevo", es decir, a volver a organizar, a reformar. De ah� que, como ha dicho la Corte, "es obvio que toda reorganizaci�n administra�tiva modifica situaciones existentes. Debe modi�ficarlas para que el proceso se desarrolle a cabalidad. Pretender adelantar una reorganizaci�n dejando intactas las cosas objeto de ella, es anu�lar de antemano la decisi�n, o mejor, no cum�plirla, haci�ndola intrascendente" (sentencia de 8 de mayo de 1969).

La expresa autorizaci�n para dictar los esta�tutos org�nicos, llamados tambi�n b�sicos, �nti�mamente vinculada a la de reorganizar, permite cumplir los objetivos de la ley, ya anotados an�teriormente.

Se entiende por estatuto b�sico el que define la naturaleza org�nica, el origen, la estructura interna de la respectiva entidad y determina la competencia y funciones que le corresponden. En este caso, refi�rese a las instituciones p�bli�cas de educaci�n superior, y entre ellas a la Universidad Nacional, las cuales tienen el car�c�ter de establecimientos p�blicos. Tales son los creados normativamente, con personer�a jur�dica y autonom�a administrativa, con gobierno, patri�monio y rentas propios, como se predica de la Universidad Nacional en el art�culo 1� del De�creto 082 de 1980. Estos operan a trav�s de re�glamentos internos, sin los cuales los estatutos b�sicos no podr�n tener aplicaci�n. Es el "esta�blecimiento p�blico" uno de los entes utilizados en la administraci�n para lograr la descentrali�zaci�n funcional o por servicios. "La administraci�n p�blica cuya suprema autoridad es, constitucionalmente, el Presidente de la Rep�blica -expres� la Corte en fallo de octubre 20 de 1971-, se desarrolla unas veces a trav�s de de�pendencias directas o sea en forma centralizada y otras indirectamente, con organismos descen�tralizados, regionalmente o por servicios; se ope�ra as� el fen�meno de la 'descentralizaci�n de poder ' para facilitar y permitir el cumplimiento de las funciones que la complejidad del Estado moderno acumula diariamente sobre la adminis�traci�n".

Una de las caracter�sticas de los establecimien�tos p�blicos es su autonom�a administrativa, la cual les permite autorregularse dictando sus es�tatutos internos con la elasticidad que les facilite realizar el cometido para el cual fueron creados.

De la naturaleza de la entidad y de sus esta�tutos org�nicos y reglamentarios que permiten darle funcionamiento para que alcance los fines del sistema a que se refiere la Ley 8� de 1979, se desprende la atribuci�n de hacer categor�as en el personal de servicio y a�n de modificar la cla�sificaci�n de ese personal asign�ndole la calidad de empleados oficiales a quienes no la ten�an.

En este dispositivo se fue consecuente con lo previsto en normas anteriores que han venido gobernando la naturaleza, caracter�sticas y auto�nom�a de los establecimientos p�blicos, as� como el r�gimen y clasificaci�n de su personal, de que tratan, por ejemplo, los Decretos 1050 y 3135 de 1968. En este �ltimo se puede observar que en relaci�n con el r�gimen de personal se hace una clasificaci�n indicativa de que quienes prestan sus servicios en tales entidades son empleados p�blicos, con la salvedad que para ciertas activi�dades determinen sus propios estatutos. La Cor�te, por medio de sentencia de abril 26 de 1971, declar� exequibles los art�culos 5�, 6�, 7� y 31 del Decreto 3135 de 1968, "por el cual se prev� la integraci�n de la seguridad social entre el sector p�blico y el privado, y se regula el r�gi�men prestacional de los empleados p�blicos y trabajadores oficiales". El citado Decreto fue expedido con base en las facultades extraordina�rias otorgadas al Gobierno por la Ley 65 de 1967. Estim� la Corte que tales autorizaciones com�prend�an la de "hacer la clasificaci�n legal de los servidores de la administraci�n p�blica". El art�culo 5� mencionado hace esa clasificaci�n res�pecto de los Ministerios, Departamentos Admi�nistrativos, Superintendencias y Establecimien�tos P�blicos, y dispone que quienes prestan sus servicios a estas entidades son empleados p�bli�cos, excepto los trabajadores de la construcci�n y sostenimiento de obras p�blicas, a los cuales ubica en la escala de trabajadores oficiales, de�jando a los estatutos de los establecimientos p��blicos la precisi�n sobre las actividades que pue�den ser desempe�adas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Un cotejo entre lo dispuesto en los art�culos 5� del Decreto 3135 de 1968 -que como se ha dicho fue declarado exequible por la Corte- y 122 del Decreto 080 de 1980 es suficiente para ver que sustancialmente hay clara correspon�dencia entre ellos.

Los Decretos 2400 y 3074 de 1968 contienen disposiciones sobre el r�gimen de la funci�n p�blica, al cual tienen que estar sometidos los em�pleados p�blicos de la administraci�n. Precisa�mente al Decreto 2400 y a las normas que lo reglamentan, complementan o sustituyen, as� co�mo a las dem�s de car�cter general aplicables a los empleados nacionales de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico, se remiti�, en lo no previsto, el art�culo 124 del Decreto-ley 080 de 1980. Con ello, este �ltimo precepto no hizo sino preservar en el conjunto de reglas atinentes a los emplea�dos de la administraci�n p�blica, y es de recor�dar c�mo el Decreto n�mero 3074 de 1968 modific� el par�grafo 1� del art�culo 3� del Decreto 2400 del mismo a�o, dejando al Gobierno la po�testad para "modificar el car�cter de libre nom�bramiento y remoci�n o de carrera de determinados empleos, cuando as� lo aconsejen las conveniencias de la administraci�n, o�do el concepto del Departamento Administrativo del Servicio Civil y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado".

6�. De acuerdo con el numeral 9� del art�culo 76 del C�digo Fundamental corresponde al Congreso, por medio de la ley, determinar la estructura de la administraci�n nacional mediante la creaci�n de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos p�blicos.

La Universidad Nacional, como establecimiento p�blico que es, de creaci�n legal, disfruta de autonom�a administrativa y financiera, la cual se desenvuelve conforme con sus propios estatutos. Y el llamado estatuto de personal, en el cual se determinen las condiciones para la creaci�n, supresi�n y fusi�n de cargos y de acceso al servicio, al amparo de esa autonom�a administrativa, otorga respaldo al Consejo Superior de la entidad para ejercer como funci�n de su competencia la de "crear, suprimir o fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto y a propuesta del Rector, la planta de personal de la Universidad, teniendo en cuenta las solicitudes de los Consejos Directivos y del Comit� de Administraci�n Universitaria, seg�n el caso". As�, esta facultad la tienen sus directores de manera propia y no por v�a de subdelegaci�n.

7�. Pod�a, pues, el Gobierno Nacional, sin rebasar el l�mite de las autorizaciones, introducir cambios en el personal administrativo de las universidades e instituciones oficiales de educaci�n superior, y particularmente de la Universidad Nacional, asign�ndole la calidad de empleados p�blicos a algunos y a otros de trabajadores oficiales, entre �stos a los obreros dedicados a las actividades de construcci�n, preparaci�n de alimentos, agropecuarias, de jardiner�a, de aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos.

Y, a su turno, el Consejo Superior de la respectiva entidad pod�a realizar las funciones contempladas en el literal f) del art�culo 59 del Decreto 080 de 1980 y en el literal g) del art�culo 13 del Decreto 082 de ese mismo a�o, en desarrollo y como expresi�n de su autonom�a administrativa, acorde con el estatuto de personal.

La amplitud de la Ley 8� de 1979, sin dejar de ser precisa, permite llegar a esa conclusi�n. De ah� resulta que no se est� en presencia de subdelegaci�n de funciones, sino de una atribuci�n propia del Consejo Superior, que se afianza en el canon 63 de la Constituci�n Nacional, como organismo m�ximo de gobierno de la entidad, para adoptar esa clase de medidas encaminadas al desarrollo y aplicaci�n de las normas b�sicas acusadas. Un sistema, como el indicado en la Ley de 1979, de suyo extenso y complejo, re�quiere de la descentralizaci�n administrativa y de la distribuci�n de funciones entre los distin�tos organismos de gobierno de la instituci�n para la mejor prestaci�n del servicio.

En este orden de ideas, tampoco hay abuso ni desv�o en la regla trazada en el art�culo 123 del Decreto 080 de 1980, relativa a que necesaria�mente ser�n de libre nombramiento y remoci�n los empleados se�alados en ese precepto, porque esta ordenaci�n, de car�cter general y abstracta, no afecta situaciones subjetivas individuales, y est� formulada dentro del marco preciso de la reorganizaci�n y de la autonom�a administrativa a que se hizo menci�n. Siendo ello as�, no se ve desbordamiento por parte del se�or Presidente de la Rep�blica de las facultades que le fueron conferidas por el Congreso, con arreglo al ar�t�culo 76-12 de la Carta, lo que quiere decir que no ha existido violaci�n del art�culo 118-8 de �sta.

El argumento de los demandantes, enderezado a demostrar la infracci�n de normas de car�cter laboral, no prospera ante la facultad que tiene el legislador de modificar y reglamentar de ma�nera objetiva y general el servicio p�blico y el status personal de quienes lo prestan. No se vul�nera el derecho de asociaci�n, consagrado en el art�culo 44 de la Constituci�n, del cual no care�cen los empleados p�blicos. Y acerca de la violaci�n de convenios internacionales, a que aluden los accionantes, baste decir que la Corte no se ocupa del control de legalidad sino del constitu�cional que le ha encomendado la Carta, en los t�rminos del art�culo 214 de ella.

En consecuencia, los art�culos 59, literal f), 122, 123 y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y los art�culos 13, literal g) y 43 del Decre�to-ley n�mero 082 de ese mismo a�o no se oponen a las normas superiores, cuya violaci�n invocan los demandantes, ni quebrantan precepto alguno de la Constituci�n Nacional, ya que, de otro la�do, tales Decretos fueron dictados dentro del t�r�mino fijado en la ley de facultades (8� de 1979) y firmados por el Presidente de la Rep�blica y .sus respectivos Ministros.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Constitucional-, o�do el concepto del Procura�dor General de la Naci�n, declara exequibles los art�culos 59, literal f), 122, 123 y 124 del Decreto-ley n�mero 080 de 1980 y los art�culos 13, literal g) y 43 del Decreto-ley n�mero 082 de 1980.

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Gilberto Arango Londo�o (Conjuez), Mario Latorre Rueda, Ricardo Medina Moyano, Gre�gorio Becerra Becerra (Conjuez), Humberto Me�sa Gonz�lez, Servio Tulio Pinz�n Duran, Oscar Salazar Chaves.