300Corte SupremaCorte Suprema30030006721Luis Sarmiento Buitrago197423/04/1974Luis Sarmiento Buitrago_1974_23/04/197430006721ESTADO DE SITIO Decreto de levantamiento.-Competencia de la Corte para su examen.-Exequibilidad del Decreto legislativo número 2725 de diciembre 29 de 1973, "por el cual se declara restablecido el orden público y se levanta el estado de sitio". Corte Suprema de Justicia .- Sala Plena .-Bogotá, D. E., abril 23 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). 1974
Revisión oficiosa del Decreto legislativo 2725 del 29 de diciembre de 1973Identificadores30030006722true78951Versión original30006722Identificadores

Norma demandada:  Revisión oficiosa del Decreto legislativo 2725 del 29 de diciembre de 1973


ESTADO DE SITIO

Decreto de levantamiento.-Competencia de la Corte para su examen.-Exequibilidad del Decreto legislativo número 2725 de diciembre 29 de 1973, "por el cual se declara restablecido el orden público y se levanta el estado de sitio".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril 23 de 1974.

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago).

El Gobierno remitió a la Corte, por medio de comunicación número 18323 de fecha 29 de diciembre de 1973, firmada por el Secretario General de la Presidencia de la República, copia del Decreto legislativo 2725 del 29 de diciembre de 1973, cuyo tenor es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 2725 DE 1973

(diciembre 29)

"por el cual se declara restablecido el orden público y se levanta el estado de sitio.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de .la Constitución Nacional, y

Considerando:

"Que a juicio del Gobierno ha terminado la conmoción interior que dio lugar a la declaratoria vigente de turbación del orden público y de estado de sitio,

Decreta:

"Artículo 1° Declárase restablecido el orden público y levántase el estado de sitio dispuesto por el Decreto 250 de 1971.

"A partir de la fecha, dejarán de regir los decretos dictados en virtud del artículo 121 de la Constitución Nacional.

"Artículo 2° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 29 de diciembre de 1973".

(Firman el señor Presidente de la República y todos los Ministros).

La vista fiscal se expresa como sigue:

"3. Relacionados con esta materia del orden público y el estado de sitio (artículo 121 citado), pueden expedirsen (sic) tres clases de decretos:

"a) El que declara turbado el orden público y en Estado de sitio toda la República o parte de ella.

"Procede cuando, a juicio del Presidente de la República, exista una situación de guerra exterior o conmoción interior.

"b). Los que, con miras a restablecer el orden perturbado, se expidan en ejercicio de las facultades que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones. El Gobierno-dispone también el artículo 121-no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio.

"c) El que declara restablecido el orden público y levanta el estado de sitio.

"Es procedente cuando, a juicio del Presidente de la República, haya cesado la guerra exterior o terminado la conmoción interior.

"Su efecto, aunque no lo exprese, es la insubsistencia de los de carácter extraordinario dictados durante el estado de sitio o sean los incluidos en el grupo b anterior y la cesación de la facultad de expedirlos.

"4. El control constitucional atribuido a la Corte Suprema de Justicia según los artículos 90, 121, 122 y- 214 de la Carta no se ejerce en relación con el decreto mediante el cual se declara turbado el Poder Público (sic) y en estado de sitio todo o parte del territorio nacional, pues la misma Corte en acuerdo con la opinión de algunos tratadistas considera que, siendo el Presidente de la República responsable de la conservación del orden público y de su restable-" cimiento donde fuere turbado (artículo 120-7 ibídem), sólo a él corresponde apreciar la oportunidad y conveniencia de tomar esa medida y el control que ejerciera otro funcionario o entidad sería de tipo político y no jurídico. Este, que es el único de competencia de la Corte Suprema, quedaría reducido a verificar si se pidió y obtuvo el dictamen previo del Consejo de Estado-que según el citado artículo 141-1 no es obligatorio para el Gobierno-, cuando en el texto mismo del decreto no se expresa nada al respecto. Aún así pudiera alegarse la presunción de constitucionalidad del acto, destruible sólo con la prueba de que no se cumplió ese requisito.

"5. Este no se exige para el decreto que declara restablecido el orden público y levanta el estado de sitio. Considero aplicable aquí con mayor razón la conclusión sobre incompetencia de la Corte Suprema para ejercer su control constitucional.

"Y es que, de otra parte, en este caso no obran las razones que el constituyente debió tomar en cuenta para someter al control de la Corte Suprema los decretos que, vigente el estado de sitio, expida el Gobierno en ejercicio de los poderes extraordinarios que adquiere por esta declaración, susceptibles por su propia finalidad de afectar los derechos y garantías individuales y por ello de infringir la Constitución cuando no se mantienen dentro de los límites que la misma establece.

"6. Con base en. lo expuesto, solicito respetuosamente de la honorable Corte Suprema de Justicia se declare inhibida para revisar el Decreto número 2725 de 1973 (diciembre 29) por el cual se declara restablecido el orden público y se levanta el estado de sitio.

"Atentamente, honorables Magistrados, (fdo) Jesús Bernal Pinzón, Procurador General de la Nación".

Consideraciones:

El funcionamiento del régimen extraordinario del estado de sitio comprende tres clases de decretos, cada uno de los cuales es dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades especiales que le confiere el artículo 121 de la Constitución, "en caso de guerra exterior o de conmoción interior", decisiones cuyo contenido y efectos son los siguientes:

•El Gobierno puede "declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella", por decreto que debe consultarse previamente con el Consejo de Estado (art. 141 C. N.) y llevar la firma del Presidente y de todos los Ministros.

•Mediante tal declaración queda investido el Gobierno de capacidad para dictar decretos con carácter obligatorio, a efecto de restablecer el orden, siempre que dichos actos lleven la firma del Presidente y de todos los Ministros, y solo se limiten a suspender las leyes incompatibles con el estado de sitio.

•Tan pronto como haya cesado la guerra exterior o terminado la conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público, "y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado". El decreto de restablecimiento del orden también requiere la firma del Presidente y de todos los Ministros, no solo por deducirse así del contexto del articulo 121 y comportar la derogación de todos los actos anteriores expedidos con tal formalidad sino porque el artículo 57 de la Carta establece, como regla, que "el Presidente de la República y los Ministros del Despacho o los Jefes de Departamentos Administrativos", salvo la excepción de negocios particulares, "constituyen el Gobierno". Por ende todos ellos deben validar con su firma los decretos sobre asientos generales, como los referentes al estado de sitio, que les corresponde dictar.

Nótese que el requisito de la audiencia previa del Consejo de Estado no rige sino para el primero de los actos comentados, o sea, para el que declara la perturbación del orden y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

Es, pues, formalidad esencial y común a todos los decretos enumerados, la de ser suscritos por el Gobierno, a la cabeza del cual se halla el Presidente de la República, quien, por ello, y con todos los Ministros, responde de tales actos, en los términos del Código constitucional.

Y el parágrafo del artículo 121 dice, en orden a la validez constitucional de los decretos que se dicten en uso de las facultades que los sustentan y ya se han expresado, lo siguiente:

"El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de. Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento"

Y para brindar garantías a los ciudadanos en relación con la atribución dé la Corte de decidir definitivamente sobre el mérito constitucional de los actos contemplados en el artículo 121, el artículo 214 ordena:

"En los casos de los artículos 121 y 123 (sic), cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los decretos a que ellos se refieren".

Los decretos a que ellos se refieren, sin limitaciones, han de ser, por imperativo constitucional, todos los comprendidos en los textos que cita el constituyente, relación que reitera el artículo 216, cuando habla de aquellos "expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución", sin distingos ni sustracciones de ningún linaje. El examen de constitucionalidad asignado a la Corte en relación con todos los decretos de que trata el articulo 121, tiene que referirse, en el caso de autos, esto es de un decreto que declara restablecido el orden público, al requisito esencial de hallarse firmado por el Presidente de la República y todos los Ministros estatuido por los artículos 121 y 57 de la ley fundamental, lo que se cumplió al expedirse el decreto y por ello es constitucional. La revisión de la Corte no puede comprender el estudio de los motivos que haya, tenido el Gobierno para suspender el estado de sitio, pues tomar esa decisión es potestativo del Gobierno, de modo discrecional.

Por las razones-anteriores la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,

Resuelve:

Es exequible el Decreto legislativo número 2725 de diciembre 29 de 1973, "por el cual se declara restablecido el orden público y se levanta el estado .de sitio, por aparecer cumplidas las formalidades del artículo 121 de la Constitución, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.

Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D -Filippo, Juan Benavides Patrón, Humberto Barrera Domínguez, Alejandro Córdoba Medina, Aurelio Camacho Rueda, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, Miguel Angel García B., José María Esguerra Samper, Guillermo González Charry, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Liona Gómez, Humberto Murcia Bollen, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza,

Secretario.

Salvedad de voto.

Nos apartamos con todo respeto de la decisión anterior.

Estimamos que la. Corte no es competente para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto en cuestión, por las siguientes razones:

1a El Decreto por medio del cual el Gobierno declara restablecido el orden público y levanta el estado de sitio, se funda en que los hechos causantes de la perturbación han dejado de existir y en que el orden se ha restablecido. Es un acto de Gobierno esencialmente político, el examen y apreciación de cuyos fundamentos corresponde exclusivamente al Presidente de la República, y por el cual, junto con sus Ministros, debe responder ante el Congreso. (Inciso 8).

2aLa institución jurídica del estado de sitio se enmarca en dos actos primordiales: el decreto que declara turbado el orden público en todo o parte del territorio nacional y el decreto que le pone fin. Dentro de estos parámetros, el Gobierno, según las voces del primer inciso del artículo 121 de la Carta, puede ejercer, tres clases de facultades: las legales u ordinarias, es decir, las que puede ejercer en tiempo de paz; las que la Constitución autoriza expresamente para casos de guerra o de perturbación del orden público, y las que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen .para la guerra entre naciones. Estas dos últimas se ejercen por medio de decretos especiales que deben llevar la firma de todos los Ministros como condición de su obligatoriedad, y que la propia Carta (parágrafo) denomina "legislativos", porque, como su nombre lo indica, tienen porobjeto legislar o dictar normaciones exclusivamente encaminadas al restablecimiento del orden, mediante una substitución o suspensión temporal de las leyes normales que sean incompatibles con la necesidad de restablecer el orden.

3a El control jurisdiccional encomendado en la materia a la Corte Suprema por los artículos 121 y 214 de la Constitución, se refiere sólo a estos decretos legislativos. El afán del constituyente por precisar las atribuciones del Presidente dentro del estado de sitio y por someter luego de modo automático al control de la Corte el ejercicio de ellas, radica esencialmente en que es a través del examen de los citados decretos como se puede impedir la comisión de excesos o abusos en el ejercicio de tales facultades. Como por medio de ellos se puede suspender en lo pertinente la legislación ordinaria, tomar medidas represivas, limitar el ejercicio de garantías individuales y afectar otra clase de derechos, es por lo que la Constitución ha querido que la Corte los someta, aun de oficio, a su examen y decisión, para mantener el principio de que las facultades del estado de sitio hacen parte de un régimen jurídico cuyo patrón y medida sigue siendo la Constitución.

4a Cuando el segundo inciso del artículo 121 habla de "los decretos que dentro de esos precisos límites dicte el Presidente." se está refiriendo precisamente a los que puede dictar en desarrollo de las facultades contenidas en el primer inciso. Cuando establece en el tercer inciso que el Gobierno "no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos" sino solo suspenderlas, reafirma el mismo criterio, pues, aunque parezca redundante únicamente a través de esos decretos, se puede asumir la función legislativa limitada una vez que el estado de sitio ha sido declarado. Cuando el primer inciso del parágrafo dispone que "el Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad", vuelve a reafirmar el mismo criterio, pues, como ya se dijo, esos son los únicos decretos que emanan de las atribuciones excepcionales contenidas en el primer inciso del artículo 121. Y finalmente, cuando el artículo 214 de la Carta, al señalar la competencia de la Corte en esta materia (inciso 2 de la regla 2a) dispone que "en los casos de los artículos 121 y 123 cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los decretos a que ellos se refieren, está haciendo una clara e inequívoca referencia a los decretos legislativos, porque son los únicos que ha querido someter al control de la Corte Suprema.

5a El antecedente inmediato de la reforma de 1968, a que nos venimos refiriendo, fue el Acto Legislativo número 1 de 1960 que, respecto del control constitucional de los decretos dictados dentro del estado de sitio, lo limitó precisamente a los denominados legislativos, y aun no a todos, sino a aquellos que el Congreso considerara necesario enviar a la Corte Suprema. Así resulta del texto del segundo inciso del artículo 1° del acto mencionado que dice así:

"El Congreso, por medio de proposición aprobada por mayoría absoluta de una y otra Cámara, podrá decidir que cualquiera de los decretos que dicte el Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. La Corte fallará dentro del término de seis días y si así no lo hiciere, el Decreto quedará suspendido." En esta forma quedaba desde entonces excluida, por voluntad del constituyente, la posibilidad de un conflicto entre la Corte Suprema y el Gobierno por.1a extensión de la competencia de la primera respecto del ejercicio de una atribución que corresponde exclusivamente al segundo, y que se refleja tanto en el decreto que declara turbado el orden público como en el que declara que ha cesado la perturbación.

6aCiertamente la Corte es el supremo guardián de la Constitución, pero su competencia no es discrecional sino reglada y por lo mismo debe ejercerla con arreglo a preceptos expresos sobre la materia. El decreto por medio del cual el Gobierno declara restablecido el orden público y levanta el estado de sitio, no es un decreto legislativo porque no modifica transitoriamente ninguna ley ordinaria, ni reprime ningún derecho, ni limita ninguna garantía, sino que, por el contrario, abre plenamente la puerta a la legalidad normal y con su sola expedición, automáticamente dejan de regir los decretos de emergencia. Por lo mismo no está comprendido dentro de la categoría de los decretos sometidos al control constitucional de la Corte, y ésta carece, en consecuencia, de competencia para enjuiciarlo, así sea por el aspecto puramente formal, como lo dice el fallo. Si la Corte, sin norma expresa que se lo permita, asumiera el estudio de la exequibilidad de este decreto que pone fin al estadio de sitio, podría determinar con su decisión consecuencias de extrema gravedad en el orden político del país, como sería, para citar un solo ejemplo, la de mantener turbado el orden público y en estado de sitio a la Nación, en el caso de v.na conclusión adversa al decreto, por discrepancia con el Gobierno sobre las razones que lo llevaron a levantarlo y a retornar a la normalidad. T vendría a asumir, de este modo, la función que la Carta atribuye exclusivamente al Presidente de la República (art. 120-7) en todo tiempo, y de modo especial al Gobierno pleno en los casos del artículo 120-7. Y lo haría sin ninguna responsabilidad jurídica o política, pues, ésta, en concordancia con los preceptos mencionados, debe ser deducida por el Congreso a los funcionarios constitucionalmente responsables de mantener el orden (art. 121-8).

Guillermo González Charry, José Enrique Arboleda Valencia, Luis Eduardo Mesa Velásquez, José Eduardo Gnecco C., Germán Giraldo Zuluaga, Jorge Gaviria Solazar, Alvaro Luna Gómez, Miguel Angel García y Aurelio Camacho Rueda.