300Corte SupremaCorte Suprema30030006579José Gabriel de la Vega197314/12/1973José Gabriel de la Vega_1973_14/12/197330006579INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMUN "Visto el contenido de las disposiciones que consagra la Ley 93 de 1938, precisa inquirir su constitucionalidad; estudio que por lo común abarca dos aspectos: uno, que radica en verificar si las materias reguladas son propias del legislador; y otro, consistente en establecer si los puntos tratados en la ley, aunque fueren de su competencia, se pliegan, por su fondo y sustancia, a los mandatos de la Carta. En el negocio de autos conviente seguir el orden que acaba de anotarse".-Por medio de los reglamentos autónomos o, constitucionales el Presidente de la República ejerce inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, sin que el Congreso pueda entrometerse, de conformidad con el artículo 120 numeral 19 de la Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .-Bogotá, D. E., diciembre 14 de 1973. (Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la Vega). Aprobada según Acta número 45 de diciembre 6 de 1973. 1973
Alfonso MelukDemanda de inexequibilidad contra la ley 93 de 1938 y el artículo 1 del decreto 260 de 1957Identificadores30030006580true78778Versión original30006580Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra la ley 93 de 1938 y el artículo 1 del decreto 260 de 1957


INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMUN

"Visto el contenido de las disposiciones que consagra la Ley 93 de 1938, precisa inquirir su constitucionalidad; estudio que por lo común abarca dos aspectos: uno, que radica en verificar si las materias reguladas son propias del legislador; y otro, consistente en establecer si los puntos tratados en la ley, aunque fueren de su competencia, se pliegan, por su fondo y sustancia, a los mandatos de la Carta. En el negocio de autos conviente seguir el orden que acaba de anotarse".-Por medio de los reglamentos autónomos o, constitucionales el Presidente de la República ejerce inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, sin que el Congreso pueda entrometerse, de conformidad con el artículo 120 numeral 19 de la Constitución Nacional.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre 14 de 1973.

(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la Vega).

Aprobada según Acta número 45 de diciembre 6 de 1973.

El ciudadano Alfonso Meluk pide que se declaren inexequibles la Ley 93 de 1938 sobre vigilancia de instituciones de utilidad común y el artículo 1° del Decreto 260 de 1957, por el cual se dio una interpretación del artículo 5° de la mencionada Ley 93 de 1938.

Tenor de los actos acusados.

"LEY 93 DE 1938.

"(junio 11)

''Sobre vigilancia de instituciones de utilidad común.

"El Congreso de Colombia

"Decreta:

"Artículo l° El derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común que el ordinal 19) del artículo 120 de la Constitución Nacional confiere al Presidente de la República, consiste en la facultad de examinar libros, cuentas y demás documentos de' las instituciones y. aprobar o improbar los actos o contratos de valor mayor de $ 500.00 que celebren sus representantes sobre la aplicación de rentas, inversión de capitales o destinación de bienes para que tales actos .o contratos se acomoden al fin perseguido por la institución según sus estatutos. En consecuencia, este requisito será necesario para la validez de los referidos actos o contratos.

"Para los efectos del presente artículo se entiende por instituciones de utilidad común todas aquellas entidades que destinan un patrimonio determinado a una determinada finalidad social, sin ánimo de lucro.

"Artículo 2° La aprobación o autorización que solicite una institución para aplicación de rentas, inversión de capitales, destinación de bienes, adquisición de bienes y enajenación de finca raíz o de bienes muebles de valor mayor de $ 500.00, corresponde darla al Ministerio de Gobierno, quien solicitará el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Higiene o del Ministerio de Educación o del Departamento del Trabajo, según fuere el caso.

"Artículo 3° Todas las instituciones de utilidad común que hayan tenido origen en un acto de voluntad de los particulares estarán sujetas a la inspección y vigilancia del Gobierno, en orden al cumplimiento del propósito de sus fundadores, aunque no reciban auxilio del Tesoro Público y, en consecuencia, quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley.

"Artículo 4° Las comunidades o asociaciones de carácter religioso que tengan origen en un decreto canónico, no quedan sujetas a las disposiciones de la presente Ley, a menos que reciban auxilios del Tesoro Público.

"Artículo 5° Las instituciones de utilidad común organizadas en virtud de un acto administrativo del Poder Público (ley, ordenanza, acuerdo o decreto de autoridad), y que reciban auxilios del Tesoro Nacional, estarán sujetas a la vigilancia e inspección del Gobierno, para el efecto de que tales auxilios se inviertan efectivamente en los fines para que fueron decretados. En consecuencia, tales instituciones rendirán la cuenta de inversión de dichos auxilios a la Auditoría de Instituciones de Utilidad Común

"Artículo 6° Las Juntas de Beneficencia o de Lotería, Cruz Roja y demás entidades que encaminen actividades a la consecución y administración de fondos para aplicarlos a la asistencia social, estarán bajo la inspección y vigilancia del Gobierno, en la forma que se establezca en los decretos reglamentarios de la presente Ley.

"Artículo 7° En las juntas directivas de todos los establecimientos de asistencia pública, de beneficencia o higiene, oficiales y particulares, habrá un representante del Departamento Nacional de Higiene, bien sea designado directamente por tal dependencia, o por intermedio de las autoridades seccionales de higiene.

"Artículo 8° En las juntas de beneficencia departamentales o municipales habrá un delegado del Departamento Nacional de Higiene con voz y voto.

"Artículo 9° La Contraloría General de la República hará levantar un inventario completo de todos los bienes de las instituciones de utilidad común, y estudiará el origen de los que se hallen en poder de particulares y que hayan pertenecido antes a dichas instituciones. Copia de este inventario se enviará al Ministerio o Departamento Administrativo que tenga a su cuidado la inspección y vigilancia de las instituciones de que se trata.

"Artículo 10. Ninguna institución de utilidad común podrá hacer con sus dineros préstamos sin garantía de hipoteca. El préstamo hipotecario no se podrá realizar sin la previa autorización del Ministerio de Gobierno.

"Artículo 11. La inversión de las rentas públicas departamentales o municipales que en virtud de las leyes que autoricen su establecimiento, tengan destinación especial para las instituciones de utilidad común, queda sujeta al control del Gobierno Nacional a fin de evitar que los productos de tales rentas sean aplicados a objetos distintos a los autorizados en las leyes respectivas. En tal virtud, las Asambleas Departamentales y los Concejos destinarán en sus presupuestos generales las rentas de que se trata, única y exclusivamente para los fines previstos en la ley.

"Ni las asambleas y concejos, ni los gobernadores y alcaldes podrán verificar traslados en los presupuestos, para aplicar, los fondos públicos a objetos distintos de los señalados en las leyes especiales que hayan determinado su inversión.

"Para los efectos indicados en este artículo los gobernadores y los alcaldes pasarán a la Auditoría de Instituciones de Utilidad Común, copia de la liquidación de los presupuestos respectivos, así como de las ordenanzas, acuerdos o decretos en que se hagan traslados de los fondos de que se trata.

"Artículo 12. Para la mayor efectividad de lo dispuesto en el artículo anterior, los gobernadores y los alcaldes objetarán los presupuestos respectivos que no se ajusten a lo que en tal disposición se prescribe. El Gobierno podrá acusar, por conducto de los Fiscales de los Tribunales Administrativos Seccionales, las ordenanzas, acuerdos y decretos que contravengan o violen lo dispuesto en la misma disposición.

"Artículo 13. Los fondos provenientes de las loterías de beneficencia deberán manejarse en cuenta especial y no entrarán en ningún caso a formar parte del acervo común de la entidad que las hayas organizado.

"Artículo 14. Cuando una institución de utilidad común, que estando obligada a hacerlo, dejare de rendir sus cuentas a la Auditoría, o de suministrar los datos o informes que se le soliciten, o invierta sus bienes sin obtener la correspondiente autorización o aprobación del Gobierno, quedará privada de todo auxilio del Tesoro Público. En la misma sanción incurrirá la institución que impida o dificulte la práctica de las visitas ordenadas por cualesquiera de los Ministerios o Departamentos Administrativos que tengan a su cargo, en todo o en parte, el control de tales instituciones.

''Artículo 15. El Gobierno y la Contraloría General de la República podrán delegar, transitoria o permanentemente, en las Contralorías o Contadurías Departamentales o en los funcionarios que estimen convenientes, toda o parte de las funciones de inspección y vigilancia de que trata la presente ley.

"Artículo 16. Cuando se compruebe que el representante o representantes de alguna institución de utilidad común han violado sus estatutos o reglamentos, o las leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos relacionados con la institución, o que hayan efectuado actos con fines distintos de aquellos para los cuales fue creada, el Gobierno podrá decretar o pedir su separación, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar conforme a la ley.

"Artículo 17. En los primeros diez días del mes de diciembre de cada año, el representante de la institución presentará al Gobierno un balance completo y detallado de la situación financiera de ella, acompañado de un inventario, del activo y del pasivo de la misma. También presentará en la misma época el presupuesto de rentas y gastos para el año siguiente, el cual deberá ser revisado por el Gobierno, quien lo aprobará si lo encuentra debidamente formulado y, en caso contrario, lo devolverá con las observaciones que estime pertinentes, a más tardar el 20 del mismo mes. Si en esta fecha no hubiere sido devuelto se considerará aprobado.

"Artículo 18. Si del resultado de la inspección que ejerza el Gobierno de conformidad con lo establecido en esta ley, se encontrare que se han cometido hechos delictuosos, o que es necesario intentar acciones civiles contra el representante de la respectiva institución, se pasará copia de la diligencia o documentos pertinentes al Procurador General de la Nación para que promueva u ordene promover las acciones a que haya lugar.

"Artículo 19. Autorízase al Gobierno para crear la Sección de Asistencia Social, dependiente del Departamento Nacional de Higiene, así como para determinar su personal y señalarle funciones y remuneración.

"Artículo 20. Toda persona natural o jurídica, que se proponga la recaudación de fondos con destino a la beneficencia o para la construcción de cualquiera obra, ya sea de utilidad pública, de ornato o destinada a fines espirituales o morales, y cuyo valor estimado inicialmente sea mayor de quinientos pesos ($ 500.00), quedará sometida a las prescripciones que sobre el particular establezca el Gobierno en los decretos reglamentarios de la presente Ley.

"Artículo 21. La renuncia que hagan las instituciones de utilidad común a que se refiere el artículo 3° de esta Ley, al derecho de cobrar los auxilios decretados por leyes, ordenanzas o acuerdos, no impide el derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Gobierno sobre tales instituciones, ni exime a éstas del cumplimiento de las obligaciones que les impongan las leyes o decretos que regulan el ejercicio de ese mismo derecho.

"Artículo 22. Con el objeto de darles la mayor unidad posible a la inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común, el Gobierno procurará que las distintas dependencias de ese ramo, que actualmente funcionan separadamente, formen un mismo departamento o sección, bajo la dirección de un solo despacho ejecutivo.

"Artículo 23. El Gobierno queda autorizado para expedir los decretos reglamentarios de la presente ley.

"Artículo 24. Esta Ley regirá desde su promulgación".

(Diario Oficial número 23803, de 15 de junio de 1938).

"DECRETO NUMERO 260 DE 1957

"(octubre 22)

"Artículo l° Se interpreta con autoridad el artículo 5° de la Ley 93 de 1938, en el sentido de que la inspección y vigilancia por parte del Gobierno Nacional, de las instituciones de utilidad común que tienen o tengan origen en un acto administrativo del Poder Público (ley, ordenanza, acuerdo o decreto de autoridad), y que reciban auxilios del Tesoro Nacional, que se contrae únicamente a verificar que el producto de tales auxilios ingrese a ellas, y sea aplicado efectivamente a los fines para los cuales fueron creadas".

Concepto del Procurador General de la Nación.

El Jefe del Ministerio Público manifiesta que la acción incoada aparece viable en lo tocante a la Ley 93 de 1938, por reunir la demanda adecuados requisitos constitucionales y legales; pero estima que la acción no procede contra el Decreto 260 de 1957 por ser éste un decreto legislativo adoptado como ley por la 141 de 1961, de manera que no es dable apreciar su valor constitucional si no media, al mismo tiempo, demanda contra este último ordenamiento.

Importa advertir de una vez que el reparo propuesto es pertinente y, que solo se estudiará la exequibilidad de la Ley 93.

La vista fiscal analiza la Ley acusada, concluye que algunos de sus artículos son constitucionales. al paso que otros adolecen de inexequibilidad, y desarrolla, en apoyo de sus puntos de vista, interesantes consideraciones, las cuales se tendrán presentes en la parte motiva de esta decisión.

Violaciones invocadas por el actor.

Como cargo central, el demandante sostiene que todas las prescripciones de la Ley 93 son constitutivas de un reglamento autónomo que solo compete al Gobierno dictar en virtud del artículo 120-19 de la Carta. Sus reflexiones se tomarán en cuenta.

Contenido de la Ley 93.

Las disposiciones de la Ley 93 de 1938 tratan de materias diversas, relativas a inspección y vigilancia en instituciones de utilidad común, manera de ejercerlas y actos que comprenden, de estas mismas entidades pero sin contemplar las labores del Gobierno en cuanto a inspección y vigilancia; o, en fin, sobre asuntos distintos de los indicados, como se pasa a ver..

Normas sobre inspección y vigilancia de instituciones de utilidad común.

Los artículos 1°, 2°, 3° y su concordante el 21, 4°, 10, 11 (inciso primero), 14, 16, 17, 21 y 22 traen reglas sobre los siguientes puntos: comprensión del derecho de inspección y vigilancia a instituciones de utilidad común dado al Presidente de la República por la Constitución y su ejercicio respecto de rentas departamentales y municipales; contratos sobre rentas y capitales de dichas entidades sometidos a aprobación del' Gobierno; trámite de solicitudes; ejercicio de las facultades de inspección cuando las instituciones de utilidad común reciben o renuncian a auxilios del Tesoro Público; garantía hipotecaria que cumple otorgar al facilitarse préstamos de dinero perteneciente a una institución de utilidad común y licencia para celebrarlos; pérdida de auxilios del Tesoro Público por incumplimiento de requisitos sobre inspección y vigilancia; posibilidad de aplicar sanciones en casos de que representantes de instituciones de utilidad común violen estatutos o leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos relacionados con ellas; otros requisitos sobre vigilancia relativamente a balances y presupuestos de dichas entidades, deberes del Gobierno y sus efectos; y manera de ejercer con unidad la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.

Normas relativas a instituciones de utilidad común, que no contemplan las atribuciones de inspección y vigilancia.

Los artículos 9°, 11, en sus incisos segundo y tercero, y el 12 establecen que la Contraloría General de la República levantará un inventario de bienes de las instituciones de utilidad común; que las rentas departamentales o municipales destinadas por la ley a dichos organismos deben incluirse por asambleas y concejos en sus presupuestos, sin que esos cuerpos o gobernadores y alcaldes puedan trasladarlas para atención de otros cometidos; y obligación de expedir copias de los presupuestos respectivos ; se manda a los jefes de las administraciones departamentales y municipales que objeten los presupuestos que no se ajusten a las prescripciones referidas y, por último, se autoriza al Gobierno para acusar ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo las ordenanzas, acuerdos o decretos que contravengan los preceptos mencionados.

Materias diferentes.

Otros artículos de la Ley 93 (5°, 6°, 7°, 8°,13,15, 18) estatuyen que las entidades de utilidad común "organizadas en virtud de un acto administrativo del Poder Público" y que reciban auxilios del Tesoro Nacional estarán sometidas a vigilancia del Gobierno para que tales auxilios se inviertan en la forma decretada; que las juntas de beneficencia o de lotería, Cruz Roja y demás entidades de beneficencia estarán bajo inspección del Gobierno en la forma que establezcan los decretos reglamentarios de la ley; que habrá representación del Departamento Nacional de Higiene en todos 'los establecimientos de asistencia pública; que se nombrará delegado del Departamento Nacional de Higiene en las juntas de beneficencia departamentales o municipales; que los fondos provenientes de loterías de beneficencia se manejarán en cuenta especial; que el Gobierno y la Contraloría de la República podrán delegar el ejercicio de las funciones que les da "la presente ley"; en caso de hechos delictuosos o de necesidad de intentar acciones civiles se instruirá al Procurador General de la Nación para que promueva u ordene promover las gestiones pertinentes. En virtud de los artículos 19 y 20 se autoriza al Gobierno para crear una sección de asistencia social, determinar su personal y señalarle funciones y retribución; y se somete a las prescripciones que dicte el Gobierno por medio de decretos reglamentarios toda persona que se proponga recaudar fondos para la beneficencia o construcción de obras de utilidad pública, de ornato o destinadas a fines espirituales o morales cuyo valor supere $ 500.00. Por el artículo 23 se faculta al Gobierno para expedir decretos reglamentarios, y el 24 dice que la ley "regirá desde su promulgación".

Consideraciones.

"Visto el contenido de las disposiciones que consagra la Ley 93 de 1938, precisa inquirir su constitucionalidad; estudio que por lo común abarca dos aspectos: uno, que radica en verificar si las materias reguladas son propias del legislador; y otro, consistente en establecer si los puntos tratados en la ley, aunque fueren de su competencia, se pliegan, por su fondo y sustancia, a los mandatos de la Carta. En el negocio de autos conviene seguir el orden que acaba de anotarse".

A. Competencia para regular la inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común.

El Congreso, en derecho colombiano, permite, manda o prohíbe cuanto juzga propenso al bien colectivo. Su poderío rector "de hacer las leyes" domina el conjunto de las actividades. El artículo 76 y otros de la Constitución, al señalar ciertos cometidos a la ley, apenas traducen, en situaciones circunscritas, esa idea directriz y no son limitativos. Pero la Carta, al propio tiempo, reserva restrictivamente al constituyente y a otras autoridades, en circunstancias específicas, fuera del círculo legislativo, el conocimiento y resolución de algunos negocios públicos.

Con esta mira de limitar una supremacía el numeral 19 del artículo 120 de la Constitución estatuye que al Presidente de la República corresponde, entre diversas funciones, "ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores".

La atribución descrita se confiere directamente al Jefe del Estado y no está sometida a presupuestos ni condiciones previas. Es un deber que al Gobierno incumbe, de manera independiente y bajo su responsabilidad, en la cual incurre si omite desempeñarlo (arts. 20, 130 C. N.). Si se confía una tarea, es forzoso reconocer a su titular facultades suficientes a llevarla a término. Ante esa necesidad, que no se subordina a la ejecución de una ley, el Presidente ha de poner los medios adecuados para satisfacerla, dentro de los términos del ordinal 19.

Al Presidente no se da una misión que pudiera realizarse de cualquier modo discrecional, sino al través de providencias por él promulgadas y dirigidas a alcanzar los únicos objetivos de cuidar la aplicación de las rentas y cumplir la voluntad de los fundadores de las instituciones de utilidad común, esto es, de las entidades de derecho privado cuyo patrimonio se destina a finalidades de interés social, sin ánimo de lucro.

Si el Gobierno careciera de esa facultad de tomar medidas que le permitan, a su juicio, ejercer la inspección que le confía el ordinal 19) del artículo 120, éste se convertiría en mandato inane. Como lo ha dicho esta corporación en sentencia de 13 de noviembre de 1928:

1° Todos los poderes del Estado que tienen atribuciones constitucionales para ejercer una función y, la obligación de ponerla por obra, tienen también, de acuerdo con los dictados de la razón, la facultad de escoger los medios necesarios y adecuados a esos fines, siempre que no estén prohibidos y sean coherentes con la letra y el espíritu de la disposición constitucional a que acceden.

2° En consecuencia, una facultad se considerará implícita en la Constitución siempre que sea necesaria para dar efecto a una atribución conferida expresamente por ella misma". (G. J. to. XXXVI, p. 198).

De no existir el ordinal 19) del artículo 120, tal aptitud reguladora, indispensable al desempeño de la inspección de que habla la misma norma, sería ejercitable por el legislador, a quien atañe en general expedir reglas de derecho y, como consecuencia, regir los diversos aspectos de la Administración Pública (V. art. 76-9-10). Pero al establecer el numeral 19), como atribución constitucional propia del Presidente, la de inspeccionar las instituciones de utilidad común con fines precisos y por los canales jurídicos que considere necesarios, introdujo una excepción a la suficiencia legislativa que, en principio y con carácter universal, la Carta confiere al Congreso. Se instituyó así una distribución de competencias, en materia muy determinada, quedando ésta adscrita al órgano ejecutivo. A título excepcional el Gobierno es capaz de adoptar las medidas que él repute idóneas en orden a que se manejen e inviertan correctamente las rentas de las instituciones de utilidad común y se lleve a efecto la voluntad de sus fundadores; y es también capaz de prescribir cómo debe ejercerse la inspección necesaria para que esas finalidades se cumplan.

En caso de conflicto con la ley, prevalecen las providencias del Gobierno en los puntos que el ordinal 19) reserva a su decisión, porque el legislador no puede entrometerse en lo que solo pertenece a la reglamentación ejecutiva, que en el caso presente es autónoma y de fuente constitucional. De allí que los actos que el Ejecutivo adopte en desarrollo de la potestad comentada formen parte de los llamados reglamentos autónomos o reglamentos constitucionales, cuyos rasgos distintivos se deducen de la evolución de la jurisprudencia colombiana.

De las anteriores explicaciones se infiere que el numeral 19) del artículo 120 de la Carta atribuye al Jefe del Estado una función especial consistente en ejercer inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común; que dicho control debe referirse únicamente a las rentas de dichas entidades y a la manera de adquirirlas, administrarlas e invertirlas para que se conserven y sean debidamente aplicadas, o bien a cuidar que se respete la voluntad de sus fundadores; y en fin, que el Gobierno está habilitado para determinar de forma autónoma cómo deben desarrollarse sus actividades de inspección y vigilancia y realizarse los fines enumerados en el ordinal 19).

Según se vio los artículos 1°, 2°, 3° y su concordante el 21, 4°, 10, 11, en su inciso primero,

14, 16, 17, 21 y 22 se refieren conjunta o alternadamente a dos clases de actividades relacionadas con las instituciones de utilidad común, sea para prescribir cuáles son los organismos sometidos a la inspección atribuida por la Carta al Gobierno y manera de ejercerla, o bien para exigir el cumplimiento de requisitos encaminados a garantizar la inversión de sus rentas. Como estas materias, por ministerio del numeral 19) del artículo 120 de la Constitución, quedaron reservadas a la regulación autónoma del Ejecutivo, sin que la ley goce de potestad para reglamentarlas, es fuerza concluir que las disposiciones que aquí se enumeran son inconstitucionales, por infracción del mismo numeral 19), en armonía con el artículo 78-2 del código institucional.

Así se decidirá en la parte resolutiva de este fallo.

Los demás artículos de la Ley 93, en cambio, sí fueron dictados con la debida competencia del Congreso.

B. Cotejo de ciertas disposiciones de la Ley 93 con la Constitución.

Habida cuenta de que se ha llegado a la conclusión de que algunas disposiciones de la Ley 93 de 38 no podían ser objeto de decisión del legislador por carencia de capacidad para decretarlas, falta ver si los restantes artículos del mismo ordenamiento, regulares en cuanto a su expedición, casan en sí mismos con las prescripciones de la Carta.

El artículo 5° versa sobre "instituciones de utilidad común organizadas en virtud de un acto administrativo del Poder Público", organismos fuera de la aptitud que da al Ejecutivo el numeral 19) del artículo 120 de la Carta, el cual solo concierne a entes de derecho privado. Por tanto la ley, al disponer sobre materia administrativa no invade ninguna competencia del Jefe del Estado. Y al ordenar que los auxilios de que trata "se inviertan efectivamente en los fines para que fueron creados" en nada se opone a la Carta.

El artículo 6° se refiere a las juntas de beneficencia, de lotería, Cruz Roja y demás entidades que colecten fondos para la asistencia social, con lo cual no hace sino reglamentar una función del Estado, como lo atestigua el artículo 19 de la Carta.

El artículo 7° dispone que en las juntas directivas de los establecimientos de asistencia pública, de beneficencia o higiene, oficiales o particulares, habrá un representante del Departamento Nacional de Higiene. Se regida un aspecto de los servicios públicos, lo que es constitucional (art. 76-10 C. N.).

Parecida reflexión cabe respecto del artículo 8°, asimismo exequible.

El artículo 9° impone una obligación al Contralor General de la República, sin interferir en la potestad del Gobierno para regir asuntos concernientes a la inspección de instituciones de utilidad común, y se ajusta al inciso 1° del artículo 59 de la Constitución, a cuyo tenor las labores de vigilancia de la Contraloría General se ejercen "conforme a la ley", es decir, en la forma que ella prevenga.

El artículo 11, en sus incisos segundo y tercero, consagra normas sobre presupuestos departamentales y municipales, y .traza pautas sobre tales materias a las asambleas, los concejos y los alcaldes, con arreglo a los artículos 187-7, 197 (incisos 1 ° y numerales 5 ° y 8°), 194-10, 197-8 y 201 del código fundamental.

El artículo 12 se limita a dar efectividad al 11, en su parte exequible, y es constitucional.

Los artículos 13, 15, 18, 19 y 20, en lo cardinal, reglamentan aspectos del servicio público y de la administración; lo que se amolda a la índole rectora de la ley, y particularmente al artículo 76-10 de la Carta. Ningún texto constitucional se halla en pugna con ellos, y antes bien ciertas disposiciones superiores, en situaciones aisladas, los respaldan. Son exequibles.

El artículo 23 reitera el 120-3 de la Constitución sobre potestad reglamentaria del Presidente, y el 24 al disponer que la Ley 93 regirá desde su promulgación, encaja en el 85 del mismo estatuto fundamental.

Todos son correctos.

Resolución.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución, y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Primero. Son inexequibles los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 10, 14, 16, 17, 21 y 22 de la Ley 93 de 1938, sobre vigilancia de instituciones de utilidad común.

Segundo. Es inexequible el inciso primero del artículo 11 de la Ley 93 de 1938, cuyo tenor es el siguiente: "La inversión de las rentas públicas departamentales o municipales que en virtud de las leyes que autoricen su establecimiento, tengan destinación especial para las instituciones de utilidad común queda sujeta al control del Gobierno Nacional a fin de evitar que los productos de tales rentas sean aplicados a objetos distintos de los autorizados en las leyes respectivas. En tal virtud, las Asambleas Departamentales y los Concejos destinarán en sus presupuestos generales las rentas de que se trata, única y exclusivamente para los fines previstos en la ley".

Tercero. Son exequibles los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23 y 24 de la misma Ley 93 de 1938 sobre vigilancia de instituciones de utilidad común.

Cuarto. Son exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 11 de la Ley 93 de 1938, cuyo tenor dice así:

"Ni las asambleas y concejos, ni los gobernadores y alcaldes podrán verificar traslados en los presupuestos, para aplicar los fondos públicos a objetos distintos de los señalados en las leyes especiales que hayan determinado su inversión.

"Para los efectos indicados en este artículo los gobernadores y los alcaldes pasarán a la Auditoría de Instituciones de Utilidad Común, copia de la liquidación de los presupuestos respectivos, así como de las ordenanzas, acuerdos o decretos en que se hagan traslados de los fondos de que se trata".

Quinto. No procede dictar decisión de fondo sobre el Decreto 260 de 1957.

Publíquese, cópiese, comuníquese a los Ministros de Gobierno y de Salud Pública, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Solazar, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Jidio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza,

Secretario.