300Corte SupremaCorte Suprema30030006351Eustorgio Sarria197303/04/1973Eustorgio Sarria_1973_03/04/197330006351MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Sueldos básicos para el personal civil de este Ministerio. - Contenido y alcance de los artículos 55 y 57 de la Carta. - Estructuración funcional y armónica de las tres Ramas del Poder Público. - El artículo 2° del Decreto 2420 de 1970 demandado excedió a la Ley de Facultades número 7 del mismo año, en la frase que dice "y se regirán por normas orgánicas y estatutarias propias de cada entidad". - Facultad del Gobierno para señalar fecha en que deben empezar a regir los decretos-leyes. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .- Bogotá, D. E., abril 3 de 1973. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). Aprobado Acta número 10 de 22 de marzo de 1973. I. Petición. 1973
José A. PedrazaDemanda de inexequibilidad contra el decreto 2420 de 1970Identificadores30030006352true78546Versión original30006352Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el decreto 2420 de 1970


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Sueldos básicos para el personal civil de este Ministerio. - Contenido y alcance de los artículos 55 y 57 de la Carta. - Estructuración funcional y armónica de las tres Ramas del Poder Público. - El artículo 2° del Decreto 2420 de 1970 demandado excedió a la Ley de Facultades número 7 del mismo año, en la frase que dice "y se regirán por normas orgánicas y estatutarias propias de cada entidad". - Facultad del Gobierno para señalar fecha en que deben empezar a regir los decretos-leyes.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.- Bogotá, D. E., abril 3 de 1973.

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

Aprobado Acta número 10 de 22 de marzo de 1973.

I. Petición.

1° El ciudadano José A. Pedraza Picón, en escrito de l9 de diciembre de 1972, solicita de la Corte declare inexequible el Decreto extraordinario número 2420 de 11 de diciembre de 1970.

2° El Decreto en cuestión aparece publicado en el "Diario Oficial" número 33595 de 19 de mayo de 1972.

3° Admitida la' demanda por auto de 11 de diciembre de 1972, se ordenó traslado de ella al Procurador General de la Nación por el término de 30 días.

II. Disposiciones acusadas.

1º El texto del Decreto acusado es el siguiente:

DECRETO NUMERO 2420 DE 1970

(diciembre 11)

por el cual se fijan sueldos, básicos, se regulan comisiones al exterior y se dictan otras disposiciones para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere la Ley 7ª de 1970,

Decreta:

Artículo 1° La escala de sueldos básicos para los cargos de los empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional, será la siguiente:

Especialista Asesor I

$

3.270.00

Especialista Asesor II

2.980.00

Especialista Jefe

2.370.00

Especialista Primero

2.550.00

Especialista Segundo

2.230.00

Especialista Tercero

2.120.00

Especialista Cuarto

1.900.00

Especialista Quinto

1.760.00

Especialista Sexto

1.615.00

Especialista Séptimo

1.470.00

Adjunto Jefe

1.535.00

Adjunto Intendente

1.390.00

Adjunto Mayor

1.315.00

Adjunto Especial

1.250.00

Adjunto Primero

1.170.00

Adjunto Segundo

1.100.00

Adjunto Tercero

1.030.00

Adjunto Cuarto

960.00

Adjunto Quinto

890.00

Adjunto Sexto

800.00

Adjunto Séptimo

720.00

Adjunto Octavo

650.00

Auxiliar Primero

940.00

Auxiliar Segundo

850.00

Auxiliar Tercero

770.00

Auxiliar Cuarto

680.00

Artículo 2º Se entiende por personal civil del ramo de Defensa Nacional los empleados que prestan sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el presente artículo, el personal que presta sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional, no tienen la condición de empleados civiles del Ramo de Defensa y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada entidad.

Artículo 3° El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, queda clasificado en la categoría 28, de conformidad con el Decreto 2285 de 1968.

Artículo 4° El personal civil al servicio del Ramo de Defensa Nacional cuando sea destinado en comisión del servicio al exterior se regirá por lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto número 3306 de 1963 y demás disposiciones que lo adicionan o modifiquen.

Artículo 5° El aumento en dólares originado con la expedición • del presente Decreto por comisiones en el exterior, vigentes, causadas o que se causen hasta el 31 de diciembre de 1970, solamente regirá a partir del 1° de enero de 1971.

Artículo 6° El Presente Decreto rige a partir del 1° de noviembre de 1970 con excepción de lo determinado en el artículo anterior y deroga el Decreto 3186 de 1968, el parágrafo 1® del artículo 1° del Decreto 188 de 1968 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, D. E., a 11 de diciembre de 1970.

2° El Decreto impugnado fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere la Ley 7ª de 1970. El texto de ésta es el siguiente:

LEY 7ª DE 1970

(diciembre 4)

por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, pro témpore, para reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional y las entidades adscritas o vinculadas a éste, modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y las remuneraciones y prestaciones sociales de dicho personal,

El Congreso de Colombia

Decreta:

Artículo 1° De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado desde la vigencia de esta Ley, para los siguientes efectos:

a) Reorganizar el .Ministerio de Defensa Nacional;

b) Modificar las normas orgánicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa, con atribución para suprimir, fusionar o crear organismos de esta naturaleza;

c) Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y

d) Modificar las remuneraciones, así como el régimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Artículo 2° Autorízase al Gobierno para abrir los créditos y efectuar los traslados presupuéstales necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 3° Esta Ley rige desde su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos setenta.

4° La anterior Ley fue sancionada el 4 de diciembre de 1970 y publicada en el Diario Oficial número 33213 de 16 de los mismos mes y año.

III. Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la acusación.

1º El actor señala como infringidos los artículos 55, 57 y 76, ordinales 1º, 2º, 9º, 10 y 12, y 118, ordinal 8°, de la Constitución.

2° Después de afirmar que "nada hay que objetar en la letra o texto así como la materia autorizada por el legislador en la Ley 7ª de 1970", expone:

"a) De este modo el vicio de inconstitucionalidad cuya declaración demando ejerciendo la facultad del artículo 214 de la Carta, se contiene en el Decreto acusado 2420 de 1970.

"b) Los correspondientes artículos 1º, 2º, 3° y 4º de dicho Decreto en cuanto que rigen, según el artículo 6°, ibídem, a partir del 1° de noviembre de 1970, habiendo sido proferida la autorización solamente con fecha 11 de diciembre de 1970, son inconstitucionales, por desvío de poder o por abuso de él, en cuanto que, por una parte, extienden la vigencia retroactivamente al 1° de noviembre de 1970, es decir, a un tiempo anterior a la ley, lo cual es contrario a la autorización, ya que ésta no rige sino a partir de su sanción (art. 3°, Ley 7ª/70), luego en relación a su vigencia, al tiempo que comprende su imperio, tales disposiciones e inclusive el artículo 6° son franca y abiertamente inconstitucionales, violando directamente el artículo 118-8 y el artículo 76, numeral 12 de la Carta, e indirectamente, los artículos 1°, 2° y 55 de la Constitución ;

"c) El artículo 2° del Decreto 2410 acusado hoy, nuevamente, porque hubo fallo de inepta demanda, con fecha 14 de noviembre de 1972, tanto en la norma general, como en la excepción del inciso, viola expresa y directamente el artículo 57 de la Carta.

"Los empleados civiles que sirven los entes descentralizados de la Nación, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa, no podían ser excluidos del ramo respectivo, porque la legislación ésta instituida por ramos, según la atribución 2ª del artículo 76 de la Carta y porque el artículo 57, ib., constituye el Gobierno por el Presidente de la República y los Ministros del Despacho o Jefes de Departamentos Administrativos, y en cada negocio particular, por el Presidente y el Ministro o Jefe del Departamento Administrativo correspondiente y ningún acto, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Jefes de Departamentos Administrativos tiene valor, ni fuerza mientras no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Jefe de Departamento Administrativo correspondiente. Luego Ramo es el área de funciones adscritas al respectivo Ministro o Jefe de Departamento Administrativo; luego, si tales entes descentralizados están adscritos al Ministerio, no puede excluirse del ramo de tal personal.

"De manera que, el artículo 2º, D/2420/70, al excluir del régimen del Ramo de Defensa, al personal civil al servicio de los entes descentralizados de la Nación, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa, se viola el artículo 57 de la Carta, e indirectamente, la atribución 2ª del artículo 76, ib.

"d) En cuanto al artículo 5º del mismo Decreto acusado, también existe vicio de inconstitucionalidad, por desvío de poder, ya que, tratando esta disposición de una situación creada con anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 7ª de 1970, y disponiendo, por él, que solamente rija a partir del 1° de enero de 1971, es darle retroactividad a la ley, con lo cual se contraría el precepto del artículo 30 de la Constitución, que expresamente la prohíbe".

IV. Concepto del Procurador General de la Nación.

1º El Jefe del Ministerio Público, en vista número 096 de 17 de enero del año en curso, manifiesta a la Corte lo siguiente:

"En consideración a los razonamientos expuestos con fundamento en lo estipulado en el artículo 214. de la Constitución, solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia que declare inexequible, por ser inconstitucional, el artículo 6° del Decreto 2420 de 1970, pero solo en la parte que reza: "rige a partir del 1° de noviembre de 1970 con excepción de lo determinado en el artículo anterior y" quedando vigente entonces su parte restante en cuanto estipula que-, "El presente Decreto. deroga el Decreto 3186 de 1968, el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 188 de 1968 y demás disposiciones que le sean contrarias", y siendo entendido que el referido Decreto ha entrado a regir desde el 11 de diciembre de 1970, fecha de su expedición.

"Precepto que encuentro inexequible por considerar, de la manera vista, que es violatorio del artículo 118-8 en relación con el 76-12, y del 55-de la Constitución.

"Asimismo pido a esa honorable corporación que declare exequibles, por no ser inconstitucionales, los artículos lº y 5° (sic), del Decreto anotado, disposiciones aceptadas como acusadas, en razón de que conforme a los planteamientos arriba descritos, dichos preceptos no violan ninguna disposición constitucional".

V. Consideraciones:

Primera.

1. Para el necesario confrontamiento entre las normas legales acusadas y los textos constitucionales que se afirma infringidos, se debe exponer en forma resumida el contenido y alcance de éstos.

2. El artículo 55 de la Constitución define la estructura del poder público, con un criterio de unidad; mas, funcionalmente, establece tres Ramas: la Legislativa, la Ejecutiva y la Jurisdiccional. Y a la vez que afirma la independencia de ejercicio, hace obligatoria su colaboración armónica para la realización de los fines del Estado.

3. El artículo 57 contiene dos partes: en la primera, para los efectos administrativos del caso, explica y define qué debe entenderse por "gobierno"; en la segunda parte establece los requisitos indispensables para la creación de sus actos, y constituye como responsables ele ellos conjuntamente al Presidente de la República y al Ministro o Jefe del Departamento Administrativo, del ramo respectivo.

La expresión "ramo respectivo" a que se refiere este precepto, y otros de la Carta, debe entenderse en el sentido contemplado en el artículo 132, o sea como una distribución de los negocios "según sus afinidades", pero sin que ello signifique que constitucionalmente tenga otro valor con efectos legislativos distintos.

4. Y en cuanto a la Rama Legislativa, el artículo 76, en sus numerales de 1 a 24, desarrolla y concreta la competencia del Congreso para ejercer su función por medio de leyes.

Así, los ordinales 2°, 9°, 10 y 12, señalados por el actor como violados, en su orden, disponen:

Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones;

Determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales;

Regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los artículos 62, 132 y demás preceptos constitucionales; expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta y dictar las normas correspondientes a las carreras administrativa, judicial y militar;

Revestir, pro témpore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

5. Revestido el Presidente de esas "precisas facultades extraordinarias" debe ejercerlas "y dictar los decretos con la fuerza legislativa que ellos contemplan". Es decir, que la conducta del Jefe de la Rama Ejecutiva se ciña al texto y al espíritu del acto legislativo; no puede rebasar sus justos límites.

Segunda.

1. Con las excepciones que posteriormente se especificarán, el Decreto extraordinario número 2420 de 11 de diciembre de 1970, encaja dentro del marco de las facultades que el legislador le concedió al Presidente de la República por medio de la Ley 7ª de 4 de diciembre de 1970; y acata, además, el ordenamiento constitucional en su conjunto.

2. Los artículos 1º y 2° del citado Decreto están estrechamente vinculados, hasta el extremo de que no se pueden interpretar, ni menos aplicar, por separado. Como lo observa el Procurador, la Corte, en sentencia de 4 de noviembre de 1972 "se abstuvo de decidir en el fondo sobre la impugnación contenida en la demanda promovida por el mismo ciudadano contra los artículos 2° y 6° del Decreto 2420 de 1970, por ineptitud de dicha demanda, por no haber sido acusado también junto con aquellos el artículo 1° del mismo Decreto respecto del cual las otras normas impugnadas constituyen excepciones a la regulación general contenida en el primero" (se subraya).

Estos preceptos establecen las remuneraciones de los empleados civiles del Ministerio de la Defensa, en armonía con lo afirmado en el preámbulo del Decreto del cual son parte: "por el cual se fijan sueldos básicos, se regulan comisiones al exterior y se dictan otras disposiciones para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional" (se subraya).

3. Respecto del artículo 2°, lo advierte el Procurador, y así es, solo "ha habido apenas quizás una falta técnica en la redacción", lo cual no significa inconstitucionalidad.

Contiene sí una parte, la final "y se regirán por normas orgánicas y estatutarias propias de cada entidad", que al definir el régimen legal administrativo del personal que presta sus servicios en los organismos descentralizados del Ministerio, no se conforma con las facultades ínsitas en la Ley 7* de 1970, configurándose por ello un exceso en su ejercicio.

4. Los artículos 3° y 4° del Decreto 2420 contienen normas de organización administrativa interna, que no muestran particularidad alguna en cuanto a su viabilidad constitucional, bien porque excedan las atribuciones propias del legislador ordinario o extraordinario o bien porque no se conformen con el sentido de las facultades extraordinarias de que trata la Ley 7ª de 1970.

5. Para refutar el cargo de violación del artículo 30 de la Constitución que el actor formula en relación con el artículo 5° del Decreto, se acoge, por veraz, la argumentación del Ministerio Público:

"Por último, la acusación que hace el actor contra el artículo 5° del Decreto, consistente en que dicha disposición, relativa al aumento de dólares originado con la expedición del Decreto por comisiones en el exterior vigentes, causadas o que se causen hasta el 31 de diciembre de 1970, solamente regirá a partir del 1° de enero de 1971, es inconstitucional por darle retroactividad a la Ley, es producto de una confusión terminológica, o cuando menos de una indebida apreciación de lo que ha de entenderse por derecho adquirido según el artículo 30 de la Carta.

"Lo que la Constitución en su artículo 30 garantiza es la invulnerabilidad de los derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, por parte de leyes ulteriores a la consolidación de la situación jurídica concreta, pero ello no quiere decir que tales situaciones jurídicas individuales o derechos adquiridos no puedan mejorarse. Mejorar es precisamente todo lo contrario de "vulnerar", lo cual significa desmejorar, dañar, perjudicar o menoscabar. Es pues absurdo encontrar inconstitucional una norma retroactiva que en vez de vulnerar tiende a mejorar un derecho adquirido".

6. El artículo 6° dispone que el Decreto en cuestión "rige a partir del 1° de noviembre de 1970. . Es decir, se señala una fecha anterior a la de la ley de la cual deriva su valor legal. Tal providencia bien puede tomarla el legislador ordinario amoldándose a la ley orgánica del presupuesto; y también puede autorizar al Gobierno para ello, con la misma, restricción. Más si no lo hace, en una y otra forma, este último está incapacitado para hacerlo. Entonces, un decreto con fuerza de ley, como éste, solo rige para lo futuro.

En el fondo, como lo admite el Procurador, existe, igualmente, exceso en el ejercicio de las facultades.

VI. Conclusión:

1. Esta no es otra que la de la exequibilidad del Decreto número 2420 de 11 de diciembre de 1970, menos los artículos 2° y 6^ en las partes anotadas.

2. Los artículos 1°, 3° 4º y 5° del Decreto 2420 de 11 de diciembre de 1970, no violan los textos constitucionales señalados por el actor, ni otro alguno.

VII. Fallo:

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

1º Son inexequibles los artículos 2° y 6° del Decreto extraordinario número 2420 de 11 de diciembre de 1970, en las partes que dicen:

a) Artículo 2° "y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada entidad";

b) Artículo 6º "rige a partir del 1º de noviembre de 1970 con excepción de lo determinado en el artículo anterior y". En lo demás, son exequibles.

2° Son exequibles los artículos 1°, 3°, 4º y 5º del mismo Decreto número 2420 de 11 de diciembre de 1970.

Comuníquese a la Presidencia de la República y al Ministro de la Defensa Nacional.

Guillermo González Charry, Mario Alario D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Solazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez,

Secretario General.