300Corte SupremaCorte Suprema30030006334José Gabriel de la Vega197328/02/1973José Gabriel de la Vega_1973_28/02/197330006334IMPUESTO A CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS El solo hecho de exigir las normas acusadas, la expedición en papel sellado de las certificaciones sobre el estado civil de las personas, no incide en su valor probatorio, mi modifica sui régimen, legal vigente. - "De otra parte, cabe recordar que ningún texto de la Constitución permite a la Corte conocer de demandas sobre la exequibilidad constitucional de las leyes o determinados decretos por ser incompatibles con cláusulas de tratados públicos. La inexequibilidad de tales actos de derecho interno sólo es posible, conforme a nuestros ordenamientos sobre la jurisdicción constitucional, cuando se da violación de la Carta misma. Los asuntos que pueda suscitar ante los jueces una incompatibilidad entre actos del Estado y obligaciones que éste impongan convenios internacionales consisten en problemas de aplicación de la ley frente a reglas, también de mérito legal, consignadas en pactos internacionales debidamente ratificados. Esos conflictos no han sido previstos para ser resueltos por medio de la competencia especialísima que la Carta confiere a esta corporación para decidir sobre la exequibilidad de las leyes y algunos decretos cuando se les acusa por ser inconstitucionales, no por opuestos a tratados (V. Art. 214 C. N.). Ni se diga que nuestra jurisprudencia civil registra casos en que se reconoce primacía a estipulaciones de convenios internacionales sobre la ley, y que, en consecuencia y por analogía, debe darse valor constitucional a los tratados con el objeto de guardar su observancia por medio de la acción de inconstitucionalidad. No. Las normas atributivas de competencia son de derecho estricto y no sufren extensiones merced a interpretaciones por analogía. No hay competencia sin texto general o especial que la otorgue. Las demandas de inexequibilidad intentadas ante la Corte por violación de tratados no son admisibles. Deben rechazarse". Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .-Bogotá, D. E., febrero 28 de 1973. (Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la Vega). Aprobada según Acta número 6 de febrero 22 de 1973. 1973
Jaime Arteaga CarvajalDemanda de inexequibilidad contra el numeral 6 del artículo 3 del decreto 2908 de 1960 y el numeral 10, literal c) del artículo 13 del decreto 435 de 1971Identificadores30030006335true78529Versión original30006335Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el numeral 6 del artículo 3 del decreto 2908 de 1960 y el numeral 10, literal c) del artículo 13 del decreto 435 de 1971


IMPUESTO A CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

El solo hecho de exigir las normas acusadas, la expedición en papel sellado de las certificaciones sobre el estado civil de las personas, no incide en su valor probatorio, mi modifica sui régimen, legal vigente. - "De otra parte, cabe recordar que ningún texto de la Constitución permite a la Corte conocer de demandas sobre la exequibilidad constitucional de las leyes o determinados decretos por ser incompatibles con cláusulas de tratados públicos. La inexequibilidad de tales actos de derecho interno sólo es posible, conforme a nuestros ordenamientos sobre la jurisdicción constitucional, cuando se da violación de la Carta misma. Los asuntos que pueda suscitar ante los jueces una incompatibilidad entre actos del Estado y obligaciones que éste impongan convenios internacionales consisten en problemas de aplicación de la ley frente a reglas, también de mérito legal, consignadas en pactos internacionales debidamente ratificados. Esos conflictos no han sido previstos para ser resueltos por medio de la competencia especialísima que la Carta confiere a esta corporación para decidir sobre la exequibilidad de las leyes y algunos decretos cuando se les acusa por ser inconstitucionales, no por opuestos a tratados (V. Art. 214 C. N.). Ni se diga que nuestra jurisprudencia civil registra casos en que se reconoce primacía a estipulaciones de convenios internacionales sobre la ley, y que, en consecuencia y por analogía, debe darse valor constitucional a los tratados con el objeto de guardar su observancia por medio de la acción de inconstitucionalidad. No. Las normas atributivas de competencia son de derecho estricto y no sufren extensiones merced a interpretaciones por analogía. No hay competencia sin texto general o especial que la otorgue. Las demandas de inexequibilidad intentadas ante la Corte por violación de tratados no son admisibles. Deben rechazarse".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 28 de 1973.

(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la Vega).

Aprobada según Acta número 6 de febrero 22 de 1973.

El ciudadano Jaime Arteaga Carvajal pide que se declaren inexequibles el numeral 6° del artículo 3° del Decreto 2908 de 1960 y el numeral 10, literal c) del artículo 13 del Decreto 435 de 1971, "solamente en cuanto esos artículos se refieren a las copias de actas del estado civil expedidas por las autoridades eclesiásticas"

Los textos acusados.

"DECRETO NUMERO 2908 DE 1960

"Artículo 3° Se extenderán en papel sellado:

"6º Las copias y certificaciones que expidan las autoridades civiles y eclesiásticas, relativas al estado civil de las personas".

"DECRETO NUMERO 435 DE 1971

(marzo 27)

Artículo 13.

c) La cuantía del impuesto de timbre fijada por el Decreto 2908 de 1960 y la Ley 24 de 1963, en los casos enumerados a continuación, será la que en ellos se indica.

"Las copias de las actas civiles y eclesiásticas sobre el estado civil de las personas y las certificaciones sobre el mismo objeto, dos pesos ($2.00)".

Infracciones alegadas.

El actor pretende que las disposiciones transcritas son violatorias de los artículos 118-8 y 76-12 de la Carta, por haber excedido las autorizaciones legales en virtud de las cuales se dictaron, y de los artículos 53, 76-18 y 120-20 de la misma compilación, por hallarse en pugna con el Concordato de 1887 celebrado entre Colombia y la Santa Sede.

Precisa mirar esas dos series de cargos.

Ejercicio excesivo de facultades extraordinarias.

El Decreto 2908 de 1960 se dictó en virtud de las autorizaciones extraordinarias concedidas al Gobierno por la Ley 58 de 1960, en orden a dictar un estatuto sobre timbre y papel sellado, con atribuciones para reajustar tarifas, incorporar a 'dicho impuesto otros indirectos y extenderlo a nuevos actos y documentos.

Debe recalcarse que la norma contenida en el Decreto 2908 se ciñe a esas materias en lo que hace a copias y certificaciones de las autoridades civiles y eclesiásticas "relativas al estado civil de las personas". (D. 2908, arts. 3°, 6°). Comparados-objetivamente los dos mandatos -el de la ley y el formulado en el decreto- no aparece entre ellos disconformidad alguna. Se concluye, pues, que, a primera vista; no está demostrada la censura de falta de concordancia entre las facultades extraordinarias y lo dispuesto en el Decreto que se acaba de citar.

De otro lado, la Ley 20 de 1970 facultó al Gobierno para crear contribuciones con señalados fines, y de acuerdo con esa autorización, el numeral 10, literal c) del artículo 13 del Decreto 435 de 1971 sujetó las actas civiles y eclesiásticas sobre el estado civil de las personas al pago de $ 2.00. Tampoco en este caso la lectura de los textos indica ninguna discrepancia entre la Ley 20 y la disposición acusada del Decreto 435.

El Gobierno, al expedir las disposiciones acusadas, usó facultades especiales de origen legal y se mantuvo dentro de la órbita de la soberanía impositiva atribuida a la ley o al legislador extraordinario cuando lo autoriza el Congreso.

Por lo demás ambos decretos se expidieron dentro del plazo de las respectivas autorizaciones.

Pero el demandante no se limita, en esta parte, a exponer acusaciones genéricas de exceso en el ejercicio de los poderes excepcionales otorgados por las leyes referidas y considera la misma cuestión por otro aspecto, de la siguiente manera: "Ninguna de las leyes de facultades citadas dio en parte alguna autorización al Presidente de la República para reformar el régimen existente sobre actas del estado civil y registro de éste". Basta leer las disposiciones acusadas para comprobar que ellas se circunscriben a exigir que ciertas copias y certificaciones se extiendan en papel sellado, con más un impuesto de timbre de $ 2.00, asuntos que en nada tocan a la regulación del estado civil y su registro, punto sobre los cuales dichos textos guardan total silencio. Ante evidencia tan palmar sobra cualquier reflexión enderezada a poner de resalto la inanidad del cargo que en esta nueva forma se expresa. De ahí que la Corte no pueda menos de suscribir de todo en todo un concepto del Procurador General de la Nación expresado en estos términos: "Los preceptos acusados tienen un carácter exclusivamente fiscal o impositivo, y en nada inciden sobre la regulación del estado civil ni sobre el valor probatorio que normas preexistentes les haya asignado o suprimido, en relación con el mismo, a las copias o certificaciones que expidan los párrocos sobre bautismos, nacimientos, matrimonios y defunciones que consten en sus libros".

Violación del Concordato.

Dice el actor:

"El Decreto 2908 de 1960, artículo 3º, numeral 6° y el Decreto 435 de 1971, artículo 13, numeral 10, son también inconstitucionales porque violan el numeral 18 del artículo 76 y el numeral 20 del artículo 120 de la Constitución. De acuerdo con esas normas corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales de Colombia con los demás Estados y entidades de derecho internacional y al Congreso de la República por medio de las leyes aprobar o improbar esos tratados o convenios. Los decretos acusados violan también el inciso 4º del artículo 53 de la Constitución que se refiere a la facultad del Gobierno para' celebrar concordatos con la Santa Sede".

No se ve cómo podría el Presidente de la República infringir la Constitución en cuanto le faculta para celebrar tratados y en especial acuerdos concordatarios con la Santa Sede (arts. 120-20 y 53), por el hecho de dictarse un decreto sobre papel sellado y timbre, referente a documentos extendidos por autoridades civiles y eclesiásticas. Esa capacidad del Presidente para celebrar tratados continuaría incólume aun en el supuesto de que actos del Gobierno contraviniesen estipulaciones convencionales del derecho de gentes. La cita de los artículos 53, 76 y 120 del estatuto constitucional que invoca la demanda, es improcedente.

De otra parte, cabe recordar que ningún texto de la Constitución permite a la Corte conocer de demandas sobre la exequibilidad constitucional de las leyes o determinados decretos por ser incompatibles con cláusulas de tratados públicos. La inexequibilidad de tales actos de derecho interno solo es posible, conforme a nuestros ordenamientos sobre la jurisdicción constitucional, cuando se da, violación de la Carta misma. Los asuntos que pueda suscitar ante los jueces una incompatibilidad entre actos del Estado y obligaciones que a éste impongan convenios internacionales consisten en problemas de aplicación de la ley frente a reglas, también de mérito legal, consignadas en pactos internacionales debidamente ratificados. Esos conflictos no han sido previstos para ser resueltos por medio de la 'competencia especialísima que la Carta confiere a esta corporación para decidir sobre la exequibilidad de las leyes y algunos decretos cuando se les acusa por inconstitucionales, no por opuestos a tratados. (V. art. 214 C. N.). Ni se diga que nuestra, jurisprudencia civil registra casos en que se reconoce primacía a estipulaciones de convenios internacionales sobre la ley, y que, en consecuencia y por analogía, debe darse valor constitucional a los tratados con el objeto de guardar su observancia por medio de la acción de inconstitucionalidad. No. Las normas atributivas de competencia son de derecho estricto y no sufren extensiones merced a interpretaciones por analogía. No hay competencia sin texto general o especial que la, otorgue. Las demandas de inexequibilidad intentadas ante la Corte por violación de tratados no son admisibles. Deben rechazarse.

Resolución.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Son exequibles el ordinal 6° del artículo 3º del Decreto 2908 de 1960, "por el cual se expiden normas sobre impuestos de timbre nacional y papel sellado" y el ordinal 10, literal c) del artículo 13-del Decreto 435 de 1971 "por el cual se reajustan las pensiones y otras prestaciones de los empleados públicos y trabajadores del sector privado y se provee a su financiación en el sector público '

Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro de Hacienda y Crédito Público, insértese en la Gaceta- Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la, Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Bailen, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez O campo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, con salvamento de voto; José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario.

Salvamento de voto.

Disiento de la motivación de esta sentencia por las siguientes razones:

El actor funda su acción en dos supuestos: que las actas eclesiásticas sobre nacimiento, matrimonio y defunción, no son ya pruebas del estado civil por lo cual no se las puede gravar, positivamente; y qué al gravar con impuesto de papel sellado y timbre esas actas se viola el Concordato.

Para decidir sobre tales cargos, encuentro necesario hacer estas

Consideraciones:

Primera.

Debe establecerse, en primer término, qué es, en nuestro derecho, el estado civil de las personas. Lo precisa el artículo 1° del Decreto extraordinario 1260 de 1970 así:

"Artículo 1° El estado civil de una persona .es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley".

Semejante fue la definición dada en el artículo 346 del Código Civil, derogado expresamente por el artículo 123 del Decreto 1260 de 1970; "el estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles".

Según el artículo 349 (hoy derogado) del Código Civil se dispuso que en el registro del estado civil debían asentarse:

"1° Los nacimientos;

"2° Las defunciones;

"3° Los matrimonios;

"4º El reconocimiento de hijos naturales, y

"5° Las adopciones".

El artículo 5° del Decreto 1260 de 1970, a su vez, ordena:

"Artículo 5° Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones . de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimiento de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonios, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambio de nombre, declaraciones de seudónimo, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro".

Segunda.

En cuanto a los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil de las personas, dispuso el artículo 348 del C. C. (subrogado por el artículo 1º de la Ley 92 de 1938) que lo eran los notarios públicos o los funcionarios llamados a sustituirlos.

Tercera.

El inciso primero del artículo 22 de la Ley 57 de 1887, ordenó:

"Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades légales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellos a que se contrae este título, a las cuales se las asimila. La ley señala a los referidos párrocos, por derechos de las certificaciones que expidieren conforme a este artículo, ochenta centavos por cada certificación, sin incluir el valor del papel sellado, que será de cargo de los interesados". (Se subraya).

Y el artículo 22 de la Convención adicional al Concordato de 31 de diciembre de 1887, aprobada por la Ley 34 de 1892, establece:

"Para mejor proveer a ciertas necesidades especiales en lo civil, los párrocos y demás eclesiásticos encargados de llevar o custodiar los libros en que se registren los actos relativos a los nacimientos, matrimonios y defunciones, pasarán cada seis meses a la autoridad o empleados que designe el Gobierno de Colombia, copia auténtica de dichos asientos; pero estas copias no servirán de pruebas, sino en el caso de pérdida o de adulteración de los libros parroquiales. En la copia no se incluirán los actos o partidas que, conforme a las disposiciones de la Iglesia, deben ser reservados".

Es importante para el estudio de la presente demanda, que el texto habla de "actos relativos a los nacimientos" (y no bautismos).

Cuarta.

Este sistema lo cambió la Ley 92 de 1938.

El artículo 18 de dicha Ley estatuyó:

"Artículo 18. A partir de la vigencia de la presente Ley solo tendrán el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente Ley".

De manera que a partir de la vigencia de esta Ley 92 de 1938, o sea, desde su promulgación (art. 20) que fue el 15 de junio de 1938 (Diario Oficial 23803 de esta fecha), las partidas eclesiásticas relativas a nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones verificados con posterioridad a dicha fecha ya no fueron prueba principal de tales hechos constitutivos del estado civil, pero sí podían ser aducidas como prueba supletoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la misma Ley que dice:

"Artículo 19. La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas de partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia Católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil".

Quinta.

El Decreto 1260 de 1970 modificó el sistema del registro civil y suprimió, entre otras disposiciones, lo estatuido en el artículo 19 de la Ley 92 de 1938. Con otras palabras, para los hechos y actos relacionados con el estado civil de personas ocurridos con posterioridad al 15 de junio de 1938, las partidas de origen eclesiástico ya no constituyen prueba supletoria del estado civil, pero tales partidas continúan como prueba principal de los referidos hechos del estado civil de católicos ocurridos antes de la fecha citada.

Lo expresa, en forma clara, lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970:

"Artículo 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

"En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 160, complementado por el artículo 9º del Decreto 2158 de 1970 que dice.

"Y en caso de falta de dichas partidas o de los folios, el funcionario competente del estado civil, previa comprobación sumaria de aquélla, procederá a las inscripciones que corresponden, abriendo los folios, con fundamento, en su orden; en instrumentos públicos o en copia de partidas de origen religioso, o en decisión judicial basada ya sea en declaraciones de testigos presenciales de los hechos o actos constitutivos del estado civil de que se trate, ya sea en la notoria posesión de ese estado civil".

Sexta.

De manera que no es cierto, según lo afirma el demandante, que "desde el año de 1938 las partidas de origen eclesiástico no tienen carácter de certificados sobre el estado civil de las personas". Lo tienen con respecto a nacimientos, matrimonios y defunciones de católicos, ocurridos antes del 15 de junio de 1938.

Numerosos fallos de la Corte reconocen que las partidas de origen eclesiástico prueban el estado civil de los católicos con respecto a nacimientos, matrimonios y defunciones anteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938 (Sentencia de 15 de diciembre de 1941, L. II, 845; 8 de octubre de 1940, L. 364; 25 de junio de 1943, XL, 259; 30 de abril de 1930 XXXVII, 499; 30 de junio de 1927, XXXIV, .149, etc.).

Séptima.

Por otra parte es preciso agregar que las actas de origen eclesiástico respecto de matrimonios celebrados en cualquier tiempo de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento, tienen valor de prueba supletoria mientras no sea modificado el convenio o concordato celebrado con la Santa Sede (Ley 35 de 1888).

Al respecto la Corte (Sala de Casación Civil) ha dicho:

"Con todo, por ser norma consagrada en un tratado público, que por su abolengo superior 110 puede ser modificada unilateralmente, hoy en día, a pesar de la vigencia del Decreto-ley 1260 de 1970 y de lo expresamente dicho en su artículo 123 sobre derogatoria de normas contrarias, el estado civil de casados de quienes han celebrado matrimonio católico, faltando la prueba principal, puede demostrarse válidamente con la copia del acta del matrimonio expedida por el cura párroco respectivo, pues el artículo 18 del Concordato con la Santa Sede, aprobado por medio de la Ley 35 de 1888 y que aún está vigente, dispuso:

"Respecto de matrimonios celebrados en cualquier tiempo de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento .y que deben surtir efectos civiles, se admiten de preferencia como pruebas supletorias las de origen eclesiástico". (Sentencia de 13 de diciembre de 1972).

Octava.

Tampoco es cierto que la partida de bautismo anterior a dicha fecha carezca del carácter de prueba del estado civil "porque el bautismo, según el demandante, no tiene efecto civil alguno".

La partida de bautismo de una persona, nacida antes de la vigencia de la Ley 92 de 1938, es plena prueba de su nacimiento, porque no puede ser bautizada una persona que no ha nacido. Tal partida prueba dos cosas: el nacimiento y el bautismo. Por ello habla el artículo 22 de la Convención Adicional al Concordato de 20 de julio de 1892 (aprobado por la Ley 34 de 1892) de "los párrocos y demás eclesiásticos encargados de llevar o custodiar los libros en que se registran los actos relativos a los nacimientos, matrimonios y defunciones" Por lo mismo, menciona el artículo 19 de la Ley 92 de 1938:

"las actas de partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia Católica".

Novena.

Establecido, por lo tanto, que las actas eclesiásticas prueban, para hechos ocurridos antes del 15 de junio de 1938, el estado civil de las personas en el fuero civil, debe examinarse, si las normas acusadas que ordenan extender en papel sellado y con una estampilla de timbre nacional de dos pesos las copias y certificaciones de tales actas eclesiásticas violan el Concordato y el artículo 53 de la Constitución que prevé el régimen concordatario.

Es cierto, como lo anota el demandante, que según el artículo 9° del Concordato los Ordinarios y Párrocos podrán cobrar de los fieles "emolumentos" y proventos eclesiásticos canónica y equitativamente establecidos y que se funden, ya en la costumbre inmemorial de cada diócesis, ya en la prestación de servicios religiosos; y para que los actos y compromisos de este ori-.gen produzcan efectos civiles y la autoridad temporal les preste su apoyo los Ordinarios procederán de acuerdo con el Gobierno". Y es de dominio público, que la Iglesia cobra ciertos emolumentos por la expedición de partidas de bautismo,, matrimonio y defunciones. Pero ello no es óbice para-que si el Estado reconoce para nacimientos, matrimonios y defunciones de católicos, ocurridos antes del 15 de junio de 1938, las certificaciones de los párrocos como pruebas civiles del estado civil, pueda exigir que sean expedidas en papel sellado y lleven la misma estampilla de timbre nacional como las partidas expedidas por los funcionarios civiles encargados del registro del estado civil. Por lo tanto, los artículos acusados no violan ni el Concordato, ni el inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución.

Décima.

Por la misma razón, tampoco contravienen el ordinal 20 del artículo 120 de la Carta, toda vez que no desconocen el Concordato.

Undécima.

Tampoco violan el ordinal 8° del artículo 118, porque las normas acusadas no reforman, de manera alguna, el régimen existente sobre actas del estado civil y registro de éste, sino fijan el impuesto de timbre y ordenan que sean extendidas en papel sellado las copias y certificaciones que expidan las autoridades civiles y eclesiásticas relativas al estado civil de las personas. Se trata de disposiciones de carácter tributario para cuya expedición estaba autorizado el Gobierno conforme a las respectivas leyes de facultades, por lo cual no hubo extralimitación de las facultades extraordinarias.

En cuanto a la presunta violación del ordinal 12 del artículo 76, que rige la atribución constitucional del Congreso para conceder facultades extraordinarias al Gobierno no se encuentra pertinente, porque el actor no acusa las leyes que confieren las facultades invocadas por el Presidente al expedir las normas impugnadas.

Finalmente, encuentro que, por lo que se refiere al Concordato, la Corte ha modificado su jurisprudencia al afirmar en esta sentencia lo siguiente:

"De otra parte, cabe recordar que ningún texto de la Constitución permite a la Corte conocer de demandas sobre la exequibilidad constitucional de las leyes o determinados decretos por ser incompatibles con cláusulas de tratados públicos. La inexequibilidad de tales actos de derecho interno solo es posible, conforme a nuestros ordenamientos sobre la jurisdicción constitucional, cuando se da violación de la Carta misma".

En sentencia anterior había dicho:

"Teniendo la Iglesia Católica, por virtud del Concordato, la administración de los cementerios, y siendo constitucionalmente los asuntos tocantes con las relaciones entre el Estado y la Iglesia propios de pactos internacionales, es contrario a la norma ya comentada del estatuto, artículo 50, el que se expidan leyes como la acusada (92 de 1938), sin origen en un acuerdo previo de las partes". Con este argumento se pronunció sobre la inexequibilidad de los artículos acusados. (G. J. T. L. pág. 703).

Luis Sarmiento Buitrago.

Fecha ut supra.