300Corte SupremaCorte Suprema30030006205Eustorgio Sarria197206/07/1972Eustorgio Sarria_1972_06/07/197230006205EDUCACION Es un servicio público. - Definición de éste. - Aspectos fundamentales de la instrucción, regulados por el artículo 41 de nuestra Carta, - Facultad del Presidente de la República para "reglamentar, dirigir e inspeccionarla instrucción pública nacional" mediante reglamentos autónomos. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.- Bogotá, D. E., 6 de julio de 1972. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria). I. Petición 1972
Humberto Velásquez GalarzaDemanda de incostitucionalidad en contra del artículo 1 de la Ley 14 de 1971Identificadores30030006206true78397Versión original30006206Identificadores

Norma demandada:  Demanda de incostitucionalidad en contra del artículo 1 de la Ley 14 de 1971


EDUCACION

Es un servicio público. - Definición de éste. - Aspectos fundamentales de la instrucción, regulados por el artículo 41 de nuestra Carta, - Facultad del Presidente de la República para "reglamentar, dirigir e inspeccionarla instrucción pública nacional" mediante reglamentos autónomos.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.-

Bogotá, D. E., 6 de julio de 1972.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria).

I. Petición

1. El ciudadano Humberto Velásquez Galarza, en escritos de 7 y 9 de marzo del año en curso, solicita de la Corte declare inexequible el artículo l de la Ley 14 de 1971, "pero sólo en cuanto defiere al Gobierno Nacional o delega en él, la determinación de las circunstancias o condiciones en que se 'tendrán en cuenta' los títulos académicos y demás factores allí señalados para ingresar a los escalafones decentes o para ascender dentro de ellos". Por tanto, la disposición impugnada es la frase final del citado artículo, en la parte que dice: "todo de conformidad con los reglamentos que sobre el particular expida el Gobierno Nacional".

2. En escritos de 16 y 17 de los citados mes y año, un grupo de maestros o profesores de enseñanza secundaria y la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza Técnica, con fundamento en lo previsto en el artículo 45 de la Constitución y en el Decreto N9 2733 de 1959, derecho de petición, conlleva la anterior solicitud.

II. Indisposiciones acusadas

1. El texto de la disposición, acusada es el siguiente:

"Artículo l° A partir de la vigencia de la presente Ley, para ingresar al Escalafón de Enseñanza Primaria y al de Enseñanza Secundaria o para ascender en categoría, en cualquiera de los dos, se tendrán en cuenta los títulos en la docencia, la aptitud profesional y experiencia docente, el tiempo de servicio y los cursos de capacitación profesional o perfeccionamiento que determine el Ministerio de Educación, todo de conformidad con los reglamentos que sobre el particular expida el Gobierno Nacional".

2 Las disposiciones siguientes y el preámbulo de la misma ley, cuyo texto y contenido se deben tener en cuenta, son de este tenor:

"LEY 14 DE 1971

"(octubre 23)

"por la cual se determinan condiciones de ingreso y ascenso en el Escalafón Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria, y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reajustar asignaciones y fijar estímulos al profesorado dependiente del Ministerio de Educación Nacional.

"El Congreso de Colombia,

Decreta:

"Artículo 2° De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por un año, contado a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, para los fines siguientes:

"a) Reajustar las asignaciones básicas de los rectores o directores, prefectos y profesores de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista, dependientes del Ministerio de Educación Nacional;

"b) Establecer estímulos de diversa índole para los profesores de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista, dependientes del mismo Ministerio.

"Artículo 3 Autorízase al Gobierno Nacional para abrir los créditos y efectuar los traslados presupuéstales necesarios para el cumplimiento de esta ley.

"Artículo 4 El sueldo de los docentes de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista en los planteles particulares, no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para igual categoría a quienes trabajan en la rama oficial. La misma proporción regirá para la docencia por horas.

"Artículo 5° Esta ley rige a partir de su sanción".

III. Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la acusación

1. El actor señala como infringidos los artículos 55, 62, 76, ordinales 1°, 9, 10 y el 120, ordinales 2° y 3° de la Constitución.

2. El concepto de la violación lo expresa en los siguientes apartes del escrito de 9 de marzo del año en curso:

a) "Cuando la ley expresa que los factores selectivos ya aludidos se convertirán en requisitos para ingresar y ascender en el escalafón docente, "todo dé conformidad con .los reglamentos que sobre el particular expida el Gobierno Nacional", está confiriendo una delegación o autorización sin el necesario fundamento constitucional y más aún, con expresa violación de los artículos 55, 62, 76, ordinales l°, 9° y 10; y artículo 120, ordinales 2° y 3° de la Carta;

b) "El artículo 55 se estima violado por cuanto la norma acusada pretende trasladar al ejecutivo las funciones propias del legislador contempladas en los artículos 62 y 76, ordinal 10, que así mismo y por ello se consideran violados, atentando en esta forma contra el principio de la separación de las ramas del poder público o del ejercicio armónico pero separado de sus funciones. Igualmente es inconstitucional dicha autorización en cuanto tiene de permanente e indefinida en el tiempo. Las autorizaciones, cuando pueden ser conferidas para investir al Gobierno de ciertas facultades del legislador son siempre y necesariamente transitorias. Al respecto es excepcionalmente explícito el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional;

c)"Que la fijación de los requisitos para ingresar y ascender dentro del escalafón docente es competencia privativa de la ley dimana, (sic), como está dicho, de dos textos clarísimos de la Constitución Nacional: El artículo 76, ordinal 10, que atribuye al Congreso de la República la potestad de dictar las leyes o normas sobre la Carrera Administrativa, de la cual la docente es una parte y la de regular los otros aspectos del servicio público y el artículo 62 que también estatuye que es de la ley la facultad de determinación de las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, así como el señalamiento de las condiciones de ascenso y de jubilación en el servicio público;

d) "El artículo 76, ordinal l° se entiende violado por cuanto en él se establece que la interpretación de la ley y su reforma corresponden al Congreso. Cuando la norma acusada fija unas pautas tan generales, difusas y defiere al reglamento ejecutivo la determinación concreta de las situaciones allí vagamente contempladas, está trasladándole la facultad de interpretar tales pautas legales lo cual no es permitido, pues la interpretación de la ley con autoridad para fijar su sentido, si es vaga u oscura como la que se analiza, sólo corresponde al legislador (artículo 25 Código Civil). De otra parte, las facultades contempladas permitirían eventualmente al Gobierno modificar, sustituir, derogar leyes preexistentes lo cual también es facultad privativa del legislador;

e)"El ordinal 9° del mismo artículo se entiende violado por cuanto en él se fija al Congreso la competencia para fijar las escalas de remuneración y las distintas categorías de empleos y la norma acusada pretende asignar esta última función al Gobierno Nacional;

f)"El artículo 120, ordinal 2° se estima violado por cuanto en él se establece que al Presidente de la República le compete promulgar, obedecer y hacer cumplir las leyes y el acto acusado pretende asignarle además la facultad de interpretarla;

g)"El ordinal 3° del mismo artículo se estima violado por cuanto no es de la naturaleza de la potestad reglamentaria allí contemplada cumplir los actos y expedir las disposiciones a que se refiere el artículo 1° de la Ley 14 de 1971 cuya inexequibilidad se solicita".

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

1. El Jefe del Ministerio Público, en vista de 28 de abril de 1972, expone:

"Conceptúo así que es inexequible el artículo l° de la Ley 14 de 1971, norma acusada, en cuanto por su proposición final, que dice; .todo de conformidad con los reglamentos que sobre el particular expida el Gobierno Nacional", traslada a éste la facultad de organizar la carrera docente en sus escalafones de enseñanza primaria y secundaria, por los aspectos contemplados en la parte restante del mismo artículo. Con todo respeto solicito de la honorable Corte declararlo así".

2. Fundamenta el Procurador su solicitud en las consideraciones siguientes:

"a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 76 numerales 9° y 10 de la Constitución, corresponde al legislador proveer a la organización y funcionamiento del servicio público y al régimen del personal adscrito a éste y concretamente, en cuanto aquí interesa, fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, determinar las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de éstos en los casos no previstos por la misma Carta y las condiciones de ascenso, y, en general, organizar y reglamentar por sus demás aspectos la carrera administrativa;

"b) La docencia, instrucción o enseñanza es un servicio público y quienes lo prestan en establecimientos oficiales o por cuenta del Estado, tienen la calidad de empleados de la misma entidad en la Rama Ejecutiva o Administrativa;

"c) La carrera administrativa puede ser organizada para la generalidad de los empleados (Cf. Decreto-ley 2400 de 1968), pero también para ciertos servicios públicos como el de Notariado y Registro, y, desde luego, como el docente,' según los requerimientos y modalidades de cada uno.

"Los escalafones nacionales de enseñanza primaria y secundaria a que se refieren varios ordenamientos legales y entre ellos el precepto acusado, suponen una carrera administrativa especializada, la del ramo docente.

"d) Las normas constitucionales anteriormente citadas comprenden tanto el ingreso al servicio como la admisión o inscripción en las carreras -general y especializadas- y los ascensos en ellas. Los antecedentes, calidades y condiciones exigibles en tales casos deben ser determinados por el legislador, cuando la propia Carta no ha provisto al respecto. Y de una vez se anota que esta última es la situación por lo que hace al ramo, docente;

"e) Esa determinación, atribuida al Congreso por la Constitución, es de contenido legislativo y sólo puede realizarse mediante reglas jurídicas, actos de carácter general, abstracto e impersonal.

"El ejercicio de esta atribución por el Presidente de la República sólo puede cumplirse por la vía de las facultades extraordinarias o sea previa la expedición de una ley que establezca limitaciones de materia y de tiempo, según el artículo 76-12 del estatuto fundamental.

"f) El establecimiento de diversas categorías en el escalafón, vale decir, en la carrera, lleva aneja la fijación de escalas de remuneración, función ésta asignada también al Congreso (artículo 76-9 de la Carta), por lo cual le es aplicable la observación del literal anterior;

"g) Ahora bien: del artículo l de la Ley 14 de 1971 sólo se deducen estas previsiones: la carrera docente comprende varias categorías; no se ingresa a ella sin un título docente; no se asciende en categoría sino cumplido un tiempo de servicio en la inmediatamente inferior; en los ascensos influyen también los títulos, la aptitud profesional y experiencia docente y los cursos de capacitación o perfeccionamiento.

"Empero, quiso el Congreso mantener el número de categorías existente en-cada uno de los dos escalafones de la carrera docente, o ampliarlo, o restringirlo Imposible establecerlo con solo el texto analizado. Y ya se vio que la Constitución lo obligaba a establecer en concreto tales categorías, por su implicación en la escala de asignaciones y en la organización de la propia carrera.

"De otro lado, son varios los títulos profesionales docentes, que pueden ir, por ejemplo, desde el de institutor a maestro hasta el de Doctor en Ciencias de la Educación, pasando por dos o tres más,

"Y la Ley 14 no dijo cuál de esos títulos exigía para el ingreso al servicio o la admisión en la carrera (inscripción en el escalafón), ni cuáles para ascender en ésta, como lo prevé también la Constitución.

"h) En fin, la parte examinada del artículo l de la Ley 14 contiene normas tan generales e indeterminadas que puede afirmarse que es un ordenamiento en blanco y de todas maneras incompleto, en cuanto por sí solo no produce efectos jurídicos, ni tiene virtualidad para regular la materia a que se refiere ni regir la conducta de los gobernantes ni menos la de los gobernados interesados en ella.

"Así debió entenderlo el propio legislador que lo dictó, porque en la parte final del mismo artículo, creyó necesario disponer expresamente: "... todo de conformidad con los reglamentos que expida el Gobierno Nacional".

"Sino que tales reglamentos, que no son otros que los que pueda emitir el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reconocida en el artículo 120-3 de la Carta, no tienen posibilidad jurídica de llegar hasta suplir las omisiones y deficiencias de la ley y corregir sus errores por vaguedad o indeterminación, labor ésta que no compete sino al propio legislador ordinario o bien al extraordinario, según la anotado anteriormente.

"Por lo demás, para que el Presidente pueda obrar dentro del marco jurídico del citado artículo 120-3 en relación con una ley determinada, no requiere que ésta se lo indique, pues su competencia surge directamente de ese precepto constitucional.

"i) Y si lo que hace el artículo l de la Ley 14 es autorizar extraordinariamente al Presidente para realizar aquella labor, con base en el 76-12 de la Carta -única posibilidad constitucional de que sea el Jefe del Estado quien haga lo que debió hacer el Congreso-, aunque con falta de técnica e impropiedad de lenguaje (los decretos-leyes no son reglamentos de la ley de facultades), entonces también resulta violatorio del estatuto fundamental, porque le faltan los requisitos de precisión y sobre todo de temporalidad, ya que no señala límites en la expedición de los que denomina "reglamentos".

"7. En conclusión, además de los preceptos constitucionales invocados en la demanda y que han quedado examinados con respecto al que es objeto de impugnación, éste infringe también el artículo 76-12 de la Carta".

V. Consideraciones

Primera

El planteamiento que del problema hacen el demandante y el Procurador General de la Nación y la conclusión de inexequibilidad que de tal deducen, en sentir de la Corte son equivocados. En esta materia de la instrucción o educación pública existen en la Constitución preceptos especiales que regulan el servicio, y que ya han sido objeto de análisis y preferente aplicación en casos semejantes.

Segunda

1. La instrucción o educación pública es un servicio público, comoquiera que la actividad reúne los elementos que caracterizan a éste.

2. A falta de una definición legal de servicio público, se debe estar a la doctrina, á la jurisprudencia y a los preceptos del, derecho positivo relacionados con la materia. Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, 'bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas. Noción de igual contenido trae el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. La actividad propia de este servicio es la de la instrucción o educación en sus distintos grados: preescolar, primaria, secundaria, industrial, comercial, agropecuaria, vocacional femenina y superior, que comprende la universitaria y la pedagógica, y otros.

Dicha actividad, como es obvio, colma una necesidad de carácter general y existe respecto de todas las clases o estamentos sociales.

4. Y en cuanto al régimen jurídico especial, este no es otro que el previsto, en sustancia, en las normas de carácter constitucional.

5. Pero es evidente que dentro de la estructura u organización de este servicio, lo fundamental de él radica en el elemento humano, o sea, en parte, en el conjunto de personas vinculadas directamente a la docencia. En otras palabras, los maestros y profesores cuya dedicación es permanente y no esporádica.

6. Imposibilitado, como está el Estado para prestar de modo eficaz y oportuno todos los servicios públicos esenciales para el armónico desarrollo de la colectividad, necesariamente tiene que permitir que la iniciativa privada contribuya a su creación, acrecentamiento y mejora. Por ello, en el campo de la educación o instrucción pública, surgen los establecimientos docentes particulares, cuyo funcionamiento, no puede ser extraño a la actividad de los gobernantes.

Tercera

1. El escalafón docente comporta una operación administrativa que, de modo primordial, mira a una mejor organización y prestación del servicio público de la educación; por tanto, se le debe considerar como parte integrante de él.

2. Y es en este aspecto del problema, donde mejor se aprecia lo fundamental que para el servicio tiene la evaluación y reglamentación de lo que atañe al personal respectivo.

3. Las razones anteriores inducen a concluir que, sin menoscabo del acatamiento de preceptos generales que cobijan a los funcionarios públicos, para maestros y profesores rigen normas específicas, cuya adopción es de competencia del Presidente de la República.

Cuarta

1. Así, en la Constitución aparecen estos preceptos, base insustituible de toda reglamentación legal de la materia:

Artículo 41. Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá, sin embargo, la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura, y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos. La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado y obligatoria en el grado que señale la ley.

Regula tres aspectos fundamentales de la educación:

a) El de la libertad de enseñanza, que se opone a la enseñanza confesional, por parte del Estado;

b) La suprema inspección y vigilancia por parte del Estado de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos;

c) La enseñanza primaria, con las calidades de gratuita en las escuelas del Estado y obligatoria, en el grado que determine la ley.

En relación con el segundo aspecto, se observa: vigilancia es la acción o efecto de vigilar, y vigilar es velar sobre alguna cosa, atender exacta o cuidadosamente a ella. Por tanto, la vigilancia de los "institutos docentes públicos y privados", que autoriza la Constitución, es, o debe ser, su auténtico "control" para alcanzar la meta señalada. Por su naturaleza es una actividad de carácter administrativo.

La mejor formación intelectual, moral y física de los educandos se alcanza, principalmente, con una verdadera selección y calificación del personal del servicio, lo que a su vez, se traduce en la estructuración o composición de los escalafones respectivos.

2. Estrecha relación guarda el artículo 41 con los artículos 76, ordinal 10 y 120, ordinal 12, de la Constitución.

El primero atribuye al Congreso la regulación del servicio público y el segundo confiere al Presidente de la República, como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, la facultad de "reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional", mediante reglamentos autónomos.

Quinta

Los decretos emanados del ejercicio de las facultades que el ordinal 12 del artículo 120 otorga al Presidente de la República, como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, formalmente o por su procedencia, se pueden calificar como "actos administrativos"; pero, por su contenido material y efectos jurídicos, son "actos legislativos", que tienen la misma virtualidad e igual categoría de la ley: expresan una regla de derecho objetivo. Sobre el particular, Duguit observa: "El punto preciso que importa determinar y poner de relieve es únicamente el que sirve para establecer de manera incontrovertible el hecho de que los reglamentos, dictados en virtud de aquella competencia (la constitucional), tienen incontestablemente por objeto asuntos de orden legislativo, y que en manera alguna tienen el carácter de actos administrativos". (Manual de Derecho Constitucional N° 34).

Son decretos que la doctrina y la jurisprudencia nacional denomina reglamentos autónomos; se diferencian de los que provienen del ejercicio de la potestad reglamentaria de que trata el ordinal 39 del mismo artículo 120 constitucional. Estos presuponen una ley determinada, y deben ceñirse con rigor a sus términos para su "cumplida ejecución"; aquéllos, o sea los primeros, no tienen esa limitación, y solo deben respetar, "los criterios generales" que el legislador haya adoptado sobre la materia, de acuerdo con lo expuesto.

3. Los preceptos del derecho positivo ratifican la anterior clasificación, en estos términos:

"Ley 153 de 1887, Art. 11. Los decretos de carácter legislativo expedidos por el Gobierno a virtud de autorización constitucional (se subraya) tienen completa fuerza de leyes.

"Ibídem, Art. 12. Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes..."

Sexta

1. La ley al organizar el servicio de la educación o instrucción pública nacional, se ciñe, como no podía ser menos, a los preceptos constitucionales antes comentados, y los desarrolla. Y al hacerlo tiene en cuenta la armonía y coordinación que deben exigir entre los Arts. 41 y 120, ordinal 12. En efecto, el artículo 2 del Decreto extraordinario N 3157 de 26 de diciembre de 1968, "por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y S2 estructura el sector educativo de la Nación", dispone:

Art. 2° Corresponde al Ministro de Educación Nacional, conjuntamente con el Presidente de la República, y de conformidad con los Arts. 41, 57, 120, numeral 12 y 132 de la Constitución Nacional, garantizar la libertad de enseñanza, ejercer la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos. Igualmente, reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional.

2. Cabe observar al respecto, que la anterior norma legal fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en sentencia de 5 de febrero de 1970.

Séptima

1. El artículo l° de la Ley 14 de 1971, se integra con dos proposiciones:

a) La primera fija los requisitos indispensables para ingresar a los escalafones de enseñanza primaria y secundaria o para ascender en categoría. Es decir, define muy criterio legislativo general y adopta una política, sobre materia del servicio;

b).La segunda proposición, que es objeto de rechazo por pretensa inexequibilidad, envuelve, en sentir de la Corte, el reconocimiento de la competencia privativa que al Presidente de la República le confiere el ordinal 12 del artículo 120 de la Constitución, para que expida los reglamentos adecuados a la dirección, vigilancia e inspección de la educación o instrucción nacional que se compaginen con el expresado criterio y la señalada política. Sin perjuicio del ejercicio de la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes consagradas en el ordinal 3 del precitado artículo.

2. Y esto no es, como pudiera pensarse, una posición sin antecedentes en la legislación colombiana. Por el contrario, tiene, entre otros, uno inequívoco en la Ley 43 de 17 de diciembre de 1945, cuyo artículo 4 consagró el mismo pensamiento, en forma más explícita:

Artículo 4° El Ministerio de Educación determinará las categorías en que se dividirá el escalafón, especificará los títulos y años de servicio que se necesiten para pertenecer a cada una de ellas, así como para pasar de la una a la otra; indicará la manera de acreditar los estudios, certificados, especialidades y tiempo de servicio, y, finalmente, señalará las condiciones que deban llenar los establecimientos para la formación de profesores de enseñanza secundaria.

3. Como se comprende, no apeló el legislador, ni en el caso sub-judice ni en el del artículo 4° de la Ley 43 de 1945, al otorgamiento de facultades extraordinarias previstas en el ordinal 12 del artículo 76 de la Carta, como sí lo hizo para los fines señalados en el artículo 2° de la misma Ley 14. Obró así, seguramente, por cuanto estimó, con acierto, que la materia era de la competencia privativa del Presidente de la República de conformidad, se repite, con el ordinal 12 del artículo 120. Observó, entonces y ahora, lo mandado en el artículo 18 que dice, en lo pertinente: "Es prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras... 2°

Inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes..."

Octava

1.En estás condiciones, la proposición o parte segunda del artículo l° de la Ley 14 de 1971, objeto preciso de la acusación, no infringe los textos constitucionales invocados por el actor: el 55 que define las ramas que integran el poder público, consagra su autonomía funcional y su colaboración armónica en la realización de los fines del Estado; el 62, que en términos generales deja a la ley la determinación de las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, "en los casos no previstos por la Constitución"; el 76, ordinales 1°, 9° y 10, que asignan al Congreso las facultades de interpretar, reformar o derogar las leyes preexistentes, fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y dictar las normas pertinentes a la carrera administrativa; ni el 120, ordinales 2° y 3° que atribuyen al Presidente de la República la competencia necesaria para promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento, y ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones indispensables para su cumplida ejecución.

2. En conclusión, y como tampoco el precepto acusado viola otros textos de la Carta, es exequible, y así se debe declarar.

3. El artículo objeto de la acusación, en la parte indicada, encuentra su fundamento constitucional en el ordinal 12 del artículo 120, norma de preferente aplicación al caso.

VI. Fallo

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Es exequible el artículo 1° de la Ley 14 de 1971, en su parte final que dice: "todo de conformidad con los reglamentos que sobre el particular expida el Gobierno Nacional".

Publíquese, cópiese e insértese en la Gaceta Judicial. Transcríbase a quien corresponda.

Juan Benavides Patrón, Mario Alario Di Filip-po, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto

Barrera Domínguez, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, José Mana Esguerra Samper, Miguel Ángel García, Jorge Gaviria Salazar, Guillermo González Charry, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gneccó C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.