300Corte SupremaCorte Suprema30030006122Eustorgio Sarria197203/03/1972Eustorgio Sarria_1972_03/03/197230006122CODIGO DE COMERCIO Bolsa de valores: Facultadles y promociones de sus miembros en su condición de comisionistas. - Armonía con el artículo 39 de la Constitución referente a la libertad para escoger profesión u oficio. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.- Bogotá, D. E., 3 de marzo de 1972. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria). I. Petición 1972
Rafael Sanín MejíaDemanda de inexequibilidad contra el artículo 1304 de decreto 410 de 1971Identificadores30030006123true78312Versión original30006123Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el artículo 1304 de decreto 410 de 1971


CODIGO DE COMERCIO

Bolsa de valores: Facultadles y promociones de sus miembros en su condición de comisionistas. - Armonía con el artículo 39 de la Constitución referente a la libertad para escoger profesión u oficio.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.-

Bogotá, D. E., 3 de marzo de 1972.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria).

I. Petición

El ciudadano Rafael Sanín Mejía, en escrito fechado en Medellín el 16 de noviembre de 1971, y autenticado por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, solicita de la Corte declare inexequible el artículo 1304 del nuevo Código de Comercio, adoptado por el Decreto número 410 de 27 de marzo de 1971, Código que entró a regir a partir del 1° de enero del año en curso.

II. Disposiciones acusadas

1. El texto de la disposición acusada es el siguiente:

Código de Comercio. Artículo 1304. Sólo los miembros de una Bolsa de Valores, podrán ser comisionistas para compra y venta de valores inscritos en ellas.

2. La anterior disposición hace parte del Capítulo 4º, Título XIII, Libro Cuarto, del citado Código, dentro del cual, y a continuación, aparecen estas otras disposiciones complementarias:

Artículo 1305. Los comisionistas de Bolsa no podrán tener agentes ni mandatarios para la actividad que desarrollen. Así mismo, cuando entre los miembros de una Bolsa de valores haya sociedades, éstas deberán ser colectivas mercantiles y no podrán abrir sucursales.

Artículo 1306. Cuando un comisionista de bolsa reciba el encargo de comprar o vender valores bursátiles, sin que se determine el lapso durante el cual deba cumplir la comisión, ésta se entiende conferida por el término de quince días. Además, se presume que el precio de adquisición o de venta para el comitente será el que resulte de promediar las cotizaciones del respectivo título-valor en dicho lapso, si no se han estipulado los precios máximo y mínimo por el cual debe el comisionista efectuar la operación.

Artículo 1307. Prohíbase a los comisionistas de bolsa:

1. Adquirir para sí, directamente o por interpuesta persona, los títulos-valores inscritos en bolsa;

2. Representar en las asambleas generales de accionistas las acciones que se negocien en mercados públicos de valores; y

3. Sustituir los poderes que se les otorguen para representar las acciones a que se refiere el ordinal 2º.

Parágrafo. La infracción a cualquiera de las disposiciones contempladas en los artículos precedentes será causal de expulsión de la bolsa, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que puedan imponérsele.

III. Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la

acusación

1. El actor señala como infringidos los Arts. 31 y 39 de la Constitución, que disponen:

Artículo 31. Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita.

Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley.

Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles, y a vías de comunicación.

Artículo 39. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones.

Las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas.

La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y de las bebidas fermentadas.

También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentes de las empresas de transportes o conducciones y demás servicios públicos.

2. En síntesis, fundamenta el cargo en los siguientes términos:

"Así tenemos entonces que, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Nacional, la ley puede reglamentar el ejercicio del oficio lícito de corretaje de valores independientes, como lo ha hecho por medio de las disposiciones que acabo de mencionar; y puede también inspeccionar dicho oficio para los fines ya mencionados, como también lo ha venido haciendo de acuerdo con los expresados Decretos, por medio de la autoridad pública denominada Superintendencia Bancaria. Pero mío puede suprimir ni prohibirlo, como lo ha hecho o mejor ha tratado de hacerlo por medio del artículo 1304 del Decreto 410 de 1971 sobre nuevo Código de Comercio. Aquí está de bulto, ostensible, flagrante y frontal, la violación por dicha disposición del artículo 39 de la Constitución Nacional que establece la libertad en la escogencia de profesión u oficio.

"El artículo 1304 del Decreto 410 de 1971 sobre nuevo Código de Comercio, al preceptuar que sólo los miembros de Balsas de Valores pueden ejercer el oficio de corretaje de valores, consagra en forma clara, expresa e indiscutible, un privilegio, odioso e injusto como el que más, en favor de aquellos organismos, y con grave e ingente per-iuicio' para las personas que hoy ejercen v en el futuro quieran ejercer el aludido oficio lícito de corredores independientes de valores. Consagra un privilegio, porque, rompiendo la igualdad jurídica, hace a unos de mejor condición que a otros, al otorgar a los primeros permiso o facultad para ejercer un oficio, con exclusión de los demás. Porque confiere a unos pocos, con notable detrimento de los más, dentro de un régimen de libre competencia como es el nuestro, la facultad omnímoda de explotar lucrativamente la actividad lícita de corredor de valores, con exclusión de toda persona. Y privilegio abiertamente inconstitucional, por no referirse a inventos útiles o a vías de comunicación".

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

1. El Jefe del Ministerio Público, en vista de 11 de enero de 1972, llega a la conclusión de que la disposición acusada "no infringe ninguna norma constitucional" y en consecuencia, solicita se declare exequible.

2. Fundamenta el Procurador su solicitud en las siguientes consideraciones:

"Primera. La Constitución en su artículo 39, establece el principio general de que "toda persona es libre de escoger profesión y oficio".

"El anterior precepto se encuentra limitado en relación con las profesiones en cuanto que la ley puede reglamentarlas, inspeccionarlas y exigir respecto de ellas títulos de idoneidad. Los oficios, en cambio, están menos limitados en su ejercicio ya que la misma disposición sólo autoriza su inspección por parte de las autoridades y únicamente en lo atinente a la moralidad, seguridad y salubridad públicas; quedándole por consiguiente vedado al legislador ordinario o extraordinario exigir títulos de idoneidad respecto de tales actividades o reglamentar su ejercicio.

"En fallo resolutivo proferido en Sala Plena por la H. Corte el 5 de agosto de 1970, al interpretar el contenido y los alcances del artículo 39 de la Constitución se comentaba:

"La reglamentación y la idoneidad de los títulos miran a las profesiones; los oficios son objeto, únicamente, de inspección; y ambas constituyen una limitación al principio general de la libertad'.

"Y se agregaba más adelante para concluir sobre la inexequibilidad de una norma que reglamentaba indebidamente el oficio de dependiente de abogados: "El artículo 39, como está visto, autoriza al legislador para reglamentar, por medio de ley, las profesiones; y los dependientes de los abogados, únicamente ejercen un oficio"

"Sienta, pues, la H. Corte el presupuesto obvio de interpretación del artículo 39, y este Despacho lo acoge en su integridad, consistente en que ni por ley ni por decreto extraordinario con fuerza de ley se pueden reglamentar oficios, ni exigir respecto de ellos títulos de idoneidad.

"El actor considera inconstitucional la norma acusada precisamente en razón de que ella exige título de idoneidad respecto del oficio de corredor de valores.

"Cabe observar, sin embargo, que la actividad que desempeñan los corredores de bolsa es comercial y que por disposición de la propia ley se entiende que toda actividad de comercio implica un ejercicio profesional y no el desempeño de un simple oficio.

"Dispone en efecto el artículo 10 del Decreto 410 de 1971, que "son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley i considera mercantiles". Como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 ordinal primero del mismo estatuto la compra y venta de valores inscritos en las bolsas, de valores constituyen actividad' mercantil, resulta entonces que los corredores de valores son profesionales de comercio y por lo mismo su actividad puede reglamentarse. La naturaleza profesional de la ocupación del contrato dé valores se reitera además en forma específica en el artículo 1287 del Código de Comercio, según el cual "la comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena".

"Ha de entenderse de consiguiente, en armonía con los preceptos citados, que al disponer la norma acusada que "sólo los miembros de una bolsa de valores, podrán ser comisionistas para compra y venta de valores inscritos en ellas", se está reglamentando la actividad profesional mercantil relativa a los comisionistas de valores puesto que en relación con las personas que ejercen actos de comercio es la propia ley, y no la jurisprudencia ni la doctrina, la que determina que la naturaleza de la ocupación mercantil sea una profesión y no un oficio, susceptible, por ende, de reglamentación legal y administrativa.

"Se anota de otra parte que con la disposición acusada no se está exigiendo, como pretende el actor, ningún título de idoneidad para poder ser comisionista de bolsa sino que simplemente se exige un requisito previo para poder ejercer esa actividad comercial.

"Segunda. Acusa también el demandante de inconstitucional el precepto comentado por violación del inciso tercero del artículo 31 de la Constitución, según el cual "sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles, y a vías de comunicación", por considerar que al excluirse de la actividad comercial del corretaje de valores a quienes no sean miembros de alguna bolsa de valores, se está concediendo un privilegio prohibido por la norma constitucional que se invoca violada.

"Es preciso aclarar ante todo que el inciso tercero del artículo 31 de la Carta no concede ni prohíbe el ejercicio profesional, privilegiado, o excluyente de ninguna actividad comercial, sino que apenas regula las instituciones de la propiedad industrial y de la propiedad marcaría, así como la específica relativa a vías de comunicación. Esta disposición debe entenderse en sus alcances en armonía con lo estipulado en el artículo 120-18 del mismo estatuto que autoriza al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa nacional, para "conceder patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a las leyes". O sea que los "privilegios" a que hace relación el inciso tercero del artículo 31 de la Carta no se refieren, conforme lo da a entender el demandante, al ejercicio de profesiones u oficios, sino únicamente a la concesión temporal de un derecho exclusivo de propiedad industrial o marcaría sobre patentes de invención, con arreglo a las leyes 31 de 1925 y 94 de 1931.

"Por otra parte se observa que la norma acusada no quiere dar a entender que podrán seguir siendo comisionistas de bolsa únicamente las personas que se hallaren inscritas en alguna bolsa de valores cuando ella entró a regir, a exclusión de otro comisionista, sino que, para poder seguir siéndolo es indispensable constituirse miembro de alguna de tales entidades.

"No hay así, pues, ningún monopolio o privilegio al respecto ya que no se congeló la actividad comercial de los comisionistas de valores que no son miembros de alguna bolsa, sino que solamente se condicionó el ejercicio de su actividad profesional a la exigencia previa del ingreso a ellas".

V. Consideraciones

Primera

1. El artículo 39 de la Constitución, en-sus incisos y 2º, adopta tres normas fundamentales sobre la materia, que son pauta para legislar e interpretar la ley:

a) Libertad de escoger profesión u oficio;

b) Facultad del legislador de exigir, por medio de ley, títulos de idoneidad y de reglamentar el ejercicio de las profesiones;

c) Deber de las autoridades de inspeccionar, además de las profesiones, los oficios, en relación con la moral, la seguridad y la salubridad públicas, función que supone la existencia de reglamentos adecuados a ese fin.

2. Corresponde a la ley definir qué se entiende por profesión para los efectos de la reglamentación; la cual constituye un imperativo de la seguridad social y una garantía de-los derechos tamaños. Es necesario que para el ejercicio de algunas profesiones, como la medicina, el derecho, la ingeniería, etc., se exija la prueba de idoneidad por medio de títulos universitarios o académicos, para otras, puede el legislador estimar que tales títulos no son indispensables.

3. La inspección, como lo tiene aceptado la Corte, comprende, para que sea efectiva, la potestad de dictar reglamentos, cauces de las actividades correspondientes, y por ende, establecer las limitaciones adecuadas a la guarda de la moralidad, seguridad y salubridad públicas, elementos que son esencia del orden público. (Cf. sentencias de 9 de julio, 5 de agosto y 14 de diciembre de 1970).

Segunda

Conforme al inciso 3º del artículo 31 de la Constitución, el privilegio está excluido de la vida jurídica y legal del país, a menos que se trate de inventos útiles o de vías, de comunicación.

2. Como lo advierte el demandante, transcribiendo una doctrina de la Corte al respecto, "el privilegio es una institución jurídico-económica que supone que dentro de un régimen de libre competencia se otorga a alguien la facultad o derecho de ejercitar o explotar lucrativamente una actividad lícita dada, con exclusión de toda otra persona". Ese alguien debe ser un sujeto natural o jurídico determinado, y no un grupo de personas, naturales o jurídicas, que se hallen en iguales condiciones a las contempladas por la ley. (Cf. sentencia de 15 de noviembre de 1946. G. I., T. 61, Pág. 326).

3. Cuando se reglamenta el ejercicio de una profesión o cuando, para los efectos de su inspección, lo mismo si se trata de oficios, se expiden reglamentos que incluyen requisitos y calidades específicas para tal ejercicio, no se está otorgando privilegio alguno, sino, apenas, desarrollando una norma constitucional de tanta o mayor importancia a la contenida en el citado inciso S9 del artículo 31. Si se aceptara el criterio opuesto, en la práctica, las funciones de reglamentación e inspección del poder público, llegarían a ser nugatorias.

Tercera

1. Las bolsas de valores son una expresión del régimen de propiedad privada y de libertad de empresa e iniciativa privada que garantiza la Constitución, especialmente en sus artículos 30 y 32.

Mas ello, en su ejercicio, está atemperado por mandatos contenidos en los mismos preceptos: la supremacía del interés público; la función social de la ¡propiedad, que implica obligaciones; y el límite del bien común o social, sin menoscabo de la dirección de la economía, que está a cargo del Estado.

2. El Decreto número 2969 de diciembre de 1960, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confirió el artículo 69 de la Ley 130 de 1959, rige la creación, funcionamiento, inspección y control de las bolsas de valores, sin perjuicio de otras disposiciones como las del Decreto número 1273 de 1936, no derogadas expresamente o que le sean contrarias, y las del Decreto número 482 de 1961.

Hacen parte de este estatuto los siguientes preceptos:

a) Las bolsas de valores son establecimientos mercantiles cuyos miembros se dedican a la negociación de toda clase de valores y demás bienes susceptibles de este género de comercio;

b) El Superintendente Bancario ejerce la inspección y vigilancia de las bolsas de valores, en la forma y términos previstos en la ley;

c) Solo pueden ser empresarios de bolsas de valores las saciedades anónimas constituidas con tal objeto y autorizadas para funcionar por el Superintendente Bancario;

d) El Superintendente Bancario tiene respecto de los gerentes y directores de las bolsas de valores la facultad de calificación que le atribuye el artículo 27 de la Ley 45 de 1923 en relación con los organizadores de los establecimientos bancarios;

e) El Superintendente Bancario puede suspender o revocar el, permiso de funcionamiento de las bolsas de valores cuando no se ajusten a las leyes, a sus estatutos o reglamentos, cuando se dediquen a actividades ajenas a su objeto, o cuando no acaten sus providencias o decisiones motivadas;

f) Toda persona que habitualmente se dedique al corretaje de valores, sin ser miembro de alguna bolsa, debe solicitar permiso de la Superintendencia Bancaria, la cual sólo lo otorga cuando el postulante reúna las condiciones exigidas para calificar a los miembros de una bolsa, constituya caución suficiente a juicio de la misma Superintendencia y ante ella, para responder por el cumplimiento de sus obligaciones; presente para su aprobación el reglamento y la tarifa de su negocio, y en fin, ajuste sus obligaciones, en lo pertinente, a las previstas para los miembros de las bolsas;

g) Ninguna bolsa de valores puede establecerse con menos de diez (10) miembros o agentes inscritos en la misma. Podrán ser miembros de las bolsas de valores las personas naturales y las sociedades colectivas o de responsabilidad limitada constituidas con dicho objeto;

h) La admisión de miembros es un acto discrecional de la bolsa.

3. Así, las bolsas de valores, por ser sociedades anónimas, y principalmente por la actividad que desarrollan y el 'fin de interés público que cumplen dentro del conglomerado social, están sometidas a la vigilancia y control 'del Estado; y quienes dentro de ellas, en calidad de miembros, participan en las actividades que le son propias, desempeñan una actividad la1 cual es objeto de la reglamentación y de la inspección comentadas.

Cuarta

1. El artículo 1304 del Código de Comercio, que dispone "sólo los miembros de una bolsa de valores podrán ser comisionistas para compra y venta de valores inscritos en ella", es un precepto de tipo reglamentario de una actividad, que como profesión califica el mismo Código en sus artículos 10, 28 y 1287. Por lo mismo, no otorga ni crea privilegio alguno en favor de los miembros de las bolsas de valores.

El contenido y alcance de este precepto no es otro que el siguiente: toda operación de compra y venta de valores inscritos en una bolsa, que se haga a "través de ella, debe adelantarse por medio de sus miembros. Mas, si se trata de compra y venta por fuera de una bolsa, refiérase o no a valores inscritos, ésta puede ser libremente realizada, bien sea por los corredores independientes pero dedicados habitualmente a esta actividad, (cuya reglamentación se deja transcrita), o por quienes no siendo, profesionales de la actividad, son tenedores de dichos valores. Así se debe entender y aplicar la norma.

2. La inscripción de los títulos o valores para que puedan ser negociados en bolsa, es un acto que depende primeramente de la voluntad de la sociedad respectiva, quien debe formular la correspondiente solicitud, por conducto de sus directores o representantes legales, y en segundo lugar de la aceptación de la bolsa.

Tal acto se rige de: modo preferencial, por las normas del derecho privado, a las cuales incumbe todo lo atinente a la creación, funcionamiento, representación legal y extinción de las sociedades mercantiles o de comercio.

3. Pero este proceso de la inscripción de los títulos o valores bursátiles y la consiguiente venta o traspaso, de ellos en la forma señalada en el artículo 1304 del Código de Comercio, y en las demás disposiciones mencionadas, es reglamentación de una actividad que incide en la seguridad social y, desde luego, en el mantenimiento del orden público; y no equivale a la supresión o prohibición de que habla el actor. Be acuerdo con este criterio, es fácil comprender que lejos de infringir los preceptos del artículo 39 de la Carta, está en armonía con ellos.

Quinta

1. Es verdad que el artículo 24 del Decreto 2969 deja a la libre determinación de los órganos rectores de las bolsas de valores, la admisión de sus miembros. Tratándose, como se trata, de entidades de derecho privado, ello es procedente.

Sexta

De las consideraciones anteriores, y particularmente del alcance y efectos legales que se le da en la consideración cuarta al artículo 1304 del Código de Comercio, adoptado por el Decreto número 410 de 27 de marzo de 1971, se concluye que dicho precepto no viola los textos constitucionales indicados por el actor ni otro alguno.

VL Fallo

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Es exequible el artículo 1304 del nuevo Código de Comercio, adoptado por el Decreto número 410 de 27 de marzo de 1971.

Publíquese, cópiese e insértese en la Gaceta Judicial. Transcríbase a quien corresponda.

Juan Benavides Patrón, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Aurelio Camacho Rueda, Ernesto Cediel Angel, Alejandro Córdoba Medina, José María Esguerra Samper, José Gabriel de la Vega, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, Guillermo González Charry, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.