300Corte SupremaCorte Suprema30030006098Eustorgio Sarria197218/02/1972Eustorgio Sarria_1972_18/02/197230006098CONTROL CONSTITUCIONAL A LOS DECRETOS DE ESTADO DE SITIO El derecho de reunión garantizado en el artículo 46 de la Carta. - Suspensión de algunas normas del Código Nacional de Policía. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.- Bogotá, D. E., 18 de febrero de 1972. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria). I. El control constitucional 1972
La Presidencia de la República remitió a la Corte copia del Decreto legislativo número 078 de 28 de enero de 1972, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución.Identificadores30030006099true78289Versión original30006099Identificadores

Norma demandada:  La Presidencia de la República remitió a la Corte copia del Decreto legislativo número 078 de 28 de enero de 1972, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución.


CONTROL CONSTITUCIONAL A LOS DECRETOS DE ESTADO DE SITIO

El derecho de reunión garantizado en el artículo 46 de la Carta. - Suspensión de algunas normas del Código Nacional de Policía.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.-

Bogotá, D. E., 18 de febrero de 1972.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria).

I. El control constitucional

1. La Presidencia de la República remitió a la Corte copia del Decreto legislativo número 078 de 28 de enero de 1972, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución.

2. Recibida la copia, por auto de 1° de febrero del año en curso, se dispuso fijar en lista el negocio por el término y para los efectos previstos en el artículo 14 del Decreto 432 de 1969.

3. Durante el término de fijación en lista no hubo intervención alguna por parte del Procurador General de la Nación o de otro ciudadano, para defender o impugnar la constitucionalidad del decreto.

II. Texto del Decreto

1. El texto del decreto objeto de la revisión es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 078 DE 1972

"(enero 28)

"por el cual se dictan disposiciones sobre manifestaciones, reuniones y desfiles en lugares públicos.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto legislativo número 250 de 1971,

Decreta:

Artículo l° Mientras subsista el presente estado de sitio y con el fin de conciliar el derecho de reunión con la seguridad de los asociados y el derecho de libre tránsito por las vías públicas, las personas que quieran organizar manifestaciones, reuniones o desfiles de carácter político, o de cualquier otro orden, en lugares públicos, deberán dar aviso de su propósito a los Alcaldes respectivos, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, indicando la fecha, lugar, ruta y hora de la reunión.

Artículo 2° Al conceder el permiso, los Alcaldes podrán señalar, cuando lo consideren necesario, fecha, lugar, ruta y hora distintos a los indicados en el memorial de aviso. Igualmente, el Alcalde podrá por razones de orden público negar el permiso que se le solicite.

Parágrafo. Los Alcaldes estarán en la obligación de dar respuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del aviso e informar sobre esta novedad al Gobernador.

Artículo 3° Las decisiones de los Alcaldes deberán ser comunicadas por el respectivo Gobernador al Ministerio de Gobierno.

Artículo 4° Las autoridades de Policía disolverán las manifestaciones, reuniones o desfiles que degeneren en asonada o tumulto; las que se verifiquen en fechas, sitios, horas o por rutas distintas de los que se hayan señalado previamente y las que se realicen sin haber obtenido el permiso correspondiente.

Artículo 5° Los Alcaldes no podrán conceder permisos para realizar más de una reunión o manifestación en el mismo día, sitio, ruta y hora. Tampoco podrán conceder permisos para manifestaciones o desfiles que se proyectan realizar después de las 6 de la tarde.

Artículo 6° El uso de altoparlantes fijos o móviles debe ser igualmente autorizado por el Alcalde.

Artículo 7° En las reuniones que se celebren en recinto cerrado .se podrá hacer uso de altoparlantes dentro de él, sin necesidad de autorización previa. Pero en el caso de que los altoparlantes sean utilizados fuera del recinto, por este hecho la reunión asume carácter público, evento en el cual se deberá solicitar permiso con cinco (5) días de anticipación ante la autoridad respectiva.

Artículo 8° Los Alcaldes están obligados a conceder, en los términos de las solicitudes que se le formulen, iguales oportunidades a todos los partidos o grupos, de manera que no sean copadas las fechas por una misma colectividad o agrupación política.

Artículo 9° Este decreto rige desde la fecha de su expedición, modifica el Decreto legislativo 252 de 1971 y suspende las disposiciones qué le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 28 de enero de 1972.

2. El decreto está firmado por el Presidente de la República y todos los ministros del Despacho.

III. Antecedentes

Como antecedente inmediato del Decreto legislativo número 078, aparece el Decreto legislativo número 250 de 1971, por medio del cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio toda la República.

IV. Consideraciones

Primera

La Corte reitera su doctrina sobre la normación legal del estado de sitio; los poderes excepcionales del Presidente de la República durante éste y el alcance y el valor jurídico de las medidas que puede tomar, todo encaminado, necesariamente, al restablecimiento del orden público perturbado y a su preservación. Dicha doctrina está consignada, entre otros fallos, en los de 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre de 1969, 21 de Mayo y 28 de agosto de 1970 y 23, 31 de marzo, l° de abril, 27 de mayo y 3 de agosto de 1971.

Segunda

1. El artículo 46 de la Carta garantiza el derecho de reunión, de modo pacífico, como una emanación de la libertad humana. Pero advierte que "la autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas".

2. Esta garantía no tiene, como se ve, más limitación que la prevista en el mismo texto constitucional; y por lo mismo, el derecho de reunión no está condicionado por el cumplimiento de requisitos previos.

Tercera

Mas, para hacer efectiva, especialmente, la previsión contenida en la segunda parte del citado precepto, el Código Nacional de Policía, en su Libro II, Capítulo 3°, dispone:

"Art. 102. Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito.

"Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la primera autoridad política del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas.

"Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación. Cuando se trata de desfiles se 1 indicará el recorrido prospectado.

"Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del aviso, la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización.

"Si dentro de este término no se hiciere observación por la respectiva autoridad, se entenderá cumplido el requisito exigido para la reunión o desfile.

"Art. 103. Cuando durante la reunión se intercale un espectáculo, para efectuarlo se necesita previo permiso de la autoridad competente.

"Art. 104. Toda reunión o desfile públicos que degenere en tumulto o cause intranquilidad o inseguridad pública, será disuelto.

"No se adelantará procedimiento alguno centra las personas que acaten las órdenes de la autoridad.

"En caso contrario, serán puestas a disposición de la autoridad competente.

"Art. 105. La Policía, podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación.

"Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumplan los objetivos señalados en el aviso.

"Art. 106. Si en el momento de efectuarse reunión o desfile previamente anunciados, se advierte que las personas llevan armas, o cualesquiera otros objetos que puedan utilizar para agredir a otros o para dañar la propiedad pública o privada, se procederá inmediatamente a retirar tales armas u objetes a las personas que los porten o a disolver la reunión o el desfile, según las circunstancias.

"Art. 107. La persona que con ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes panales o de policía, será capturada y puesta a órdenes de la autoridad competente".

Cuarta

1. Las disposiciones anteriores, que rigen plenamente en época de normalidad, desarrollan el precepto constitucional contenido en el artículo 46, consagrando, en relación con la segunda parte de éste, la obligación para los interesados de dar aviso de la pretendida reunión a la primera autoridad política del lugar.

2. El decreto de estado de sitio que se revisa, sustituye este sistema del aviso por el del permiso o licencia previo de la misma autoridad política; lo cual sólo es posible constitucionalmente durante la subsistencia del estado excepcional dicho, como un medio eficaz para mantener y preservar el orden público.

3. En este sentido, se entiende modificado el Decreto 252 de 1971 y suspendidas transitoriamente las disposiciones del Código Nacional de Policía transcritas.

V. Decisión

Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 121 y 214 de la Constitución,

Resuelve:

Es constitucional el Decreto legislativo número 078 de 1972 (enero 28), "por el cual se dictan disposiciones sobre manifestaciones, reuniones y desfiles en lugares públicos".

Comuníquese al Gobierno y cúmplase.

Juan Benavides Patrón, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Aurelio Camacho Rueda, Ernesto Cediel Angel, Alejandro Córdoba Medina, José María Esguerra Samper, José Gabriel de la Vega, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, Guillermo González Charry, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto; Julio Ron-callo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.