Sentencia de 1971

300Corte SupremaCorte Suprema30030005853Eustorgio Sarria197131/03/1971Eustorgio Sarria_1971_31/03/197130005853CANALES Y FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISION Exequibilidad del art�culo 1� de la Ley 141 de 1961, en cuanto adopta como ley permanente el art�culo 5 del Decreto legislativo 3418 de 1954. - Dominio del Estado sobre el espacio a�reo, con relaci�n a frecuencias o canales que exploten los particulares. Naturaleza de tales concesiones. - Alcance de los art�culos 16 y 42 de nuestra Constituci�n. La libertad de opini�n. - Competencia de la jurisdicci�n Contencioso Administrativa de acuerdo con el art�culo 216 de la Carta. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA Bogot�, D. E., marzo 31 de 1971. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). I PETICION 1971

Jaime SotoDemanda de inexequibilidad contra el art�culo 1 de la ley 141 de 1961Identificadores30030005854true77969Versi�n original30005854Identificadores

Norma demandada: �Demanda de inexequibilidad contra el art�culo 1 de la ley 141 de 1961

Exequibilidad del art�culo 1� de la Ley 141 de 1961, en cuanto adopta como ley permanente el art�culo 5 del Decreto legislativo 3418 de 1954. - Dominio del Estado sobre el espacio a�reo, con relaci�n a frecuencias o canales que exploten los particulares. Naturaleza de tales concesiones. - Alcance de los art�culos 16 y 42 de nuestra Constituci�n. La libertad de opini�n. - Competencia de la jurisdicci�n Contencioso Administrativa de acuerdo con el art�culo 216 de la Carta.

1. Invocando el art�culo 214 de la Constituci�n, art�culo 71 del Acto legislativo n�mero 1 de 1968, los ciudadanos Jaime Soto Crespo, Hern�n Iglesias Benoitt, Gustavo C�rdenas y Jaime Obando V., solicitan de la Corte declare la inexequibilidad de las siguientes normas:

a) Art�culo l9 de la Ley 141 de 1961, en cuanto adopta como ley el art�culo 59 del Decreto legislativo n�mero 3418 de 25 de noviembre de 1954;

"Admitir la anterior demanda en lo que se refiere a la inexequibilidad propuesta del art�culo 1� de la Ley 141 de 1961, y rechazarla en lo dem�s". Fundament� la Sala esta decisi�n en las siguientes consideraciones:

"Conforme al art�culo 214 de la Constituci�n, la Corte tiene competencia para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de las leyes y de los decretos de que tratan los art�culos 76, ordinales 11, 12 y 80.

"De los dem�s Decretos, como el n�mero 1115 de 1970 acusado, por los mismos motivos, conoce la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el art�culo 216 de la Carta".

3. Por tanto, el presente fallo se refiere de modo exclusivo a la constitucionalidad del art�culo l9 de la Ley 141 de 1961, en relaci�n con el art�culo 5Q del Decreto legislativo n�mero 3418 de 1954.

"por la cual se adopta una legislaci�n de emergencia y se dictan otras disposiciones.

"Art�culo l1 Ad�ptense como leyes los decretos legislativos dictados con invocaci�n del art�culo 121 de la Constituci�n, desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), hasta el veinte (20,) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores'"

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, y

"Que el Decreto n�mero 3518 de 9 de noviembre de 1949, declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional,

"Art�culo 5� En caso de guerra exterior, o grave conmoci�n interna, o peligro inminente de que se presenten estas circunstancias, el Gobierno podr�, mientras dure la emergencia, recobrar el dominio pleno de las frecuencias o canales que de acuerdo con las normas del presente decreto hubiere cedido en explotaci�n a los particulares.

"Sin embargo, mediante acuerdo especial con el Gobierno, las empresas particulares podr�n operar sus equipos durante este t�rmino"

1. El actor se�ala como infringidos los art�culos 42 y 121 de la Constituci�n.

a) "No puede expedirse un decreto-ley, atribuyendo al Ejecutivo la facultad de ejercer, sin declarar el estado de sitio, poderes de los que confiere el canon 121, como textualmente lo indica el art�culo 5 del Decreto 3418 de 1954 cuando dice: en caso de guerra exterior, o grave conmoci�n interna, o peligro inminente de que se presenten estas 'circunstancias7, porque es tanto como pretermitir reglas constitucionales de forzoso cumplimiento y extender arbitrariamente su vigencia por un camino indirecto, que de soslayo quebranta las mismas disposiciones constitucionales que invoca.

b) "Las limitaciones a los derechos y garant�as sociales en caso de guerra exterior o grave conmoci�n interna tienen una doble garant�a con la instituci�n del estado de sitio: primera, que es necesario o�r al Consejo de Estado; y, segunda, que el Gobierno es responsable ante el Congreso por el abuso que haya hecho del poder excepcional que le confiere aquel estado con respecto a los derechos ciudadanos. Estas dos salvaguardias desaparecieron con el sistema del art�culo 5 demandado. Adem�s, la suspensi�n de .las libertades tiene' un t�rmino perentorio *cual es el del restablecimiento del orden p�blico. Con el art�culo 5, sucede que se habla de una 'emergencia7, indeterminada que le permitir�a a cualquier Gobierno recobrar sine die el dominio pleno de las frecuencias radiales.

c) "Viola igualmente el art�culo 42- de la Constituci�n-por cuanto la prensa es libre en tiempo de paz, entendiendo por tal la normalidad cuando no-hay estado de sitio declarado. Sustraerse a las disposiciones de ]a Ley 74 de 1966 sobre radiodifusi�n cultural y period�stica puede ocurrir, seg�n el art�culo 42, en tiempo de guerra; pero en tiempo de paz la norma es tan obligatoria para los ciudadanos como para la Administraci�n.

d) "Se ha violado, pues, y no de cualquier manera, sino en una ostensiblemente injur�dica, el mencionado art�culo 121, por cuanto con una extralimitaci�n de funciones, irreverente para con el principio de la separaci�n de funciones entre las Ramas del Poder P�blico -tambi�n quebrantado �ntegramente a lo largo y ancho de todas las disposiciones del T�tulo V de la Carta-, el Ejecutivo se prorroga, en su cabeza, con eficacia en la pr�ctica, tal como lo demuestra el Decreto 1115 de 1970, autorizaciones excepcionales y exorbitantes de que s�lo goza, precariamente, en estado de sitio o de emergencia econ�mica id�neamente declarados conforme a los c�nones constitucionales 121 o 122, respectivamente"

1. El Jefe del Ministerio P�blico, en vista de 10 de diciembre de 1970, se opone a las pretensiones del actor y concluye: "Es exequible el art�culo 1 de la Ley 141 de 1961 en cuanto adopt� como ley el art�culo 5 del Decreto extraordinario 3418 de 1954".

"1. El examen del precepto acusado referente a telecomunicaciones debe hacerse por su contenido mismo y con prescindencia absoluta de que originalmente hubiera sido expedido como parte integrante de un decreto extraordinario o sea con invocaci�n de las facultades del art�culo 121 de la Constituci�n, pues al ser adoptado por el Congreso como norma legal permanente desapareci� como decreto y qued� incorporado en la ley adoptante, adquiriendo as� la naturaleza jur�dica de las leyes formales.

"De ah� que la demanda de inexequibilidad se halle t�cnicamente formulada contra la Ley 141 de 1961 en cuanto adopt� como ley el art�culo 5 del Decreto 3418 de 1954, y que los actores no tachen este acto del Presidente de la Rep�blica de violatorio del art�culo 121 de la Carta que invoca, porque, por ejemplo, consideren que la norma no tiene relaci�n con el restablecimiento del orden p�blico. Por el contrario, admiten expresamente que como decreto legislativo que afecta la libertad de prensa y la radiodifusi�n de noticias es 'l�gico y constitucional durante el estado de perturbaci�n por obra y gracia de la misma Carta Fundamentar.

"Lo que parecer�a impertinente en la demanda son las afirmaciones de que �no puede concebirse c�mo se pueda dar el car�cter de permanentes, ni a�n por el Congreso, a aquellos decretos extraordinarios que versan sobre los derechos pol�ticos y las libertades ciudadanas7 y de que 'ni las C�maras Legislativas tienen atribuciones bastantes como para dai1 fuerza legal a decretos que tienen vigencia pro tempore, porque si as� lo hacen, como este es el caso, violan la estructura jer�rquica del Estado consagrada en la Constituci�n, en primer t�rmino ; y en segundo, los derechos individuales por ella misma garantizados",pero ellas deben entenderse en el sentido de que el Congreso no puede expedir directamente ni por la v�a de la adopci�n, para que rijan en tiempo de paz, normas autorizadas por la Constituci�n s�lo para el estado de turbaci�n del orden p�blico, consideradas �stas en su contenido mismo y confrontadas con las de la Carta que se estimen infringidas.

"Debe entonces estudiarse si, realmente, el recobro por el Estado del dominio pleno de los canales o frecuencias de telecomunicaciones, autorizado por la norma legal acusada, es medida que s�lo pueda tomarse bajo el estado de sitio o sea declarada la turbaci�n del orden p�blico seg�n el art�culo 121 de la Constituci�n.

"2. Teniendo en cuenta su estrecha vinculaci�n con el ejercicio de la soberan�a, es norma de derecho universal que todos los canales radio-el�ctricos utilizados o utilizables en las telecomunicaciones son propiedad exclusiva del respectivo Estado. En Colombia se halla as� expresamente consagrado en el art�culo 1 del Decreto extraordinario 3418 de 1954 -estatuto adoptado como norma legal por la Ley .141 de 1961- y, anteriormente, por ejemplo, en el art�culo 1 del Decreto extraordinario 2167 de 1953.

"Las telecomunicaciones son un servicio p�blico que, en principio, el Estado prestar� directamente (art�culo 3, inciso primero, ib�d). Sin embargo, la prestaci�n de ese servicio, que implica la utilizaci�n o explotaci�n de los canales o frecuencias, puede hacerse por los particulares mediante el procedimiento de derecho administrativo denominado concesi�n, en las condiciones y previo el cumplimiento de los requisitos previstos en leyes y reglamentos y por el t�rmino m�ximo de veinte a�os, prorrogable (incisos primero y segundo ib�d).

"Los servicios de telecomunicaciones se subordinan en lo internacional a las disposiciones de la Uni�n Internacional de Telecomunicaciones y de los convenios o acuerdos celebrados o que celebre el Gobierno, y en lo interno, desde luego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, 'sin perjuicio de aplicar tambi�n las normas internacionales en cuanto sean compatibles con aqu�llas7 (art�culo 7 ib�d).

"Como obvia consecuencia, tales servicios se hallan sometidos a la permanente inspecci�n y vigilancia del Gobierno, por conducto del Ministerio del ramo (mismo art�culo, inciso segundo).

"3. Por su �ndole misma, las telecomunicaciones y en especial la radiodifusi�n y la televisi�n, son especialmente susceptibles de ser abusivamente utilizadas contra la seguridad y la moralidad p�blicas, lo cual hace que ellas sean materias directa y fundamentalmente relacionadas con el cotidiano ejercicio del Poder de Polic�a que es atributo del Estado".

1. El Decreto legislativo n�mero 3418 de 25 de noviembre de 1954, "por el cual se dictan normas sobre telecomunicaciones en general", es un estatuto reglamentario de la materia, del cual hace parte el art�culo 5� objeto, en el fondo, de la acusaci�n. El art�culo 1� de la Ley 141 de 1961, lo adopt� como ley, o sea le dio car�cter de permanencia dentro del �mbito de la legalidad nacional.

2. Por tanto, el citado art�culo 5� debe valorarse en relaci�n con el conjunto de normas que integra, pues una interpretaci�n aislada, puede contribuir a reforzar tesis como las sostenidas por los actores.

3. El Decreto 3418 consta de 15 cap�tulos, comprensivos de las siguientes materias:

4. Las normas generales, como lo observa el Procurador, contienen los siguientes principios b�sicos del servicio:

a) Todos los canales radioel�ctricos que Colombia utilice o pueda utilizar en el ramo de telecomunicaciones son propiedad exclusiva del Estado;

b) Se entiende por telecomunicaciones, toda transmisi�n, emisi�n o recepci�n de signos, se�ales, escritos, im�genes y sonidos, o informaci�n de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagn�ticos;

c) Las telecomunicaciones son un servicio p�blico qu� el Estado prestar� directamente. Pero el Gobierno puede conceder en forma temporal su explotaci�n a personas naturales o jur�dicas, siempre que se re�nen los requisitos legales, reserv�ndose el control de su funcionamiento;

d) Las concesiones no exceder�n de 20 a�os; podr�n otorgarse por medio de contratos o en virtud de licencias, seg�n lo disponga el Gobierno, o prorrogarse en iguales condiciones;

e) Por ning�n servicio o instalaci�n de telecomunicaciones, ser� permitido transmitir nada que pueda atentar contra la Constituci�n y las leyes de la Rep�blica, la moral cristiana o las buenas costumbres, y

f) En caso de guerra exterior, o grave conmoci�n interna, o peligro inminente de que se presenten estas circunstancias, el Gobierno podr�, mientras dure la emergencia (subraya , la Corte), recobrar el dominio pleno de las fre-cuenci�s o canales que hubiere cedido en explotaci�n a los particulares, sin perjuicio de llegar a acuerdos amigables para continuar su explotaci�n. (Esta es la norma tachada de inconstitucional).

1. El citado Decreto 3418 fue modificado, parcialmente, por la Ley 74 de 1966 que "reglamenta la transmisi�n de programas por los servicios de radiodifusi�n". Dichas modificaciones se refieren de modo especial: a la libertad para transmisi�n de los programas period�sticos; a la determinaci�n de la responsabilidad por la violaci�n de los preceptos org�nicos del servicio, y las consiguientes sanciones, en los t�rminos del art�culo 17 que dispone:

"Por las infracciones a lo dispuesto en la presente ley y a sus reglamentaciones responder� el titular de la estaci�n de radiodifusi�n, salvo cuando se trate de infracciones cometidas dentro de los programas informativos o period�sticos que tengan licencia expedida conforme a lo dispuesto en el art�culo 7� de la presente ley, caso, en el cual el responsable ser� el director del programa respectivo.

"Tales infracciones ser�n sancionadas por el Ministerio de Comunicaciones, seg�n la gravedad de la falta cometida en la siguiente forma:

"c) Suspensi�n de la licencia de funcionamiento de la estaci�n de radiodifusi�n hasta por dos (2) meses;

"e) Cancelaci�n de la licencia de funcionamiento de la estaci�n de radiodifusi�n.

"Solo se podr� cancelar una licencia, cuando al sancionado se le hubiere impuesto con anterioridad por lo menos dos (2) suspensiones temporales.

"A quien le fuere cancelada una licencia, no le podr� ser concedida o renovada otra para ning�n servicio de radiodifusi�n.

"Transcurrido el t�rmino de dos (2) a�os de la fecha de la respectiva providencia, el sancionado podr� solicitar la expedici�n de nueva licencia.

"Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el C�digo Penal, cuando la infracci�n sea constitutiva de delito"

2. El art�culo 5� acusado, no fue objeto de modificaci�n, adici�n o sustituci�n.

1. De los principios se�alados se deduce, de modo inequ�voco, el dominio del Estado sobre todos los canales radioel�ctricos. Este dominio se descompone en dominio inminente y en dominio �til. El Estado siempre conserva el primero, y en algunos casos otorga a los particulares el segundo, mediante concesi�n o licencia de explotaci�n temporal.

2. Este aspecto de la materia es de suma importancia para la decisi�n del caso sub judice, comoquiera que el Estado goza de prerrogativas en la disposici�n y manejo de su patrimonio, en raz�n de que �ste est� expresamente vinculado a la organizaci�n y prestaci�n de los servicios p�blicos necesarios a la colectividad. Esta ha sido, al respecto, la doctrina permanente de la Corte.

1. La concesi�n es un tipo de contrato administrativo que tiene por objeto otorgar a una persona facultad legal suficiente para la prestaci�n, por su cuenta y riesgo, de un servicio a cargo de la Administraci�n, de �ndole econ�mico o industrial.

a) Cuando el Estado permite que un particular explote un bien de su propiedad, no busca simplemente una fuente de entradas para s�, sino que persigue con ello un fin que ha de traer provecho a la sociedad en general;

b) M�s que un contrato, un acto de estos es un permiso que el Estado concede a quienes han llenado ciertos requisitos y aceptado voluntariamente las prerrogativas que respecto de ellos ejercita la entidad p�blica, para que al explotar esos bienes y obtener un lucro particular tambi�n cumplan la funci�n social, y pongan en juego esas riquezas; todo, se entiende, dentro del orden jur�dico que el mismo Estado se ha dado.

3. Ya, de modo espec�fico, y en relaci�n con el concesionario del servicio, la misma Corte, en sentencia del a�o de 1940, afirm�: "El concesionario es un agente de la Administraci�n. No se comprender�a que los agentes de la Administraci�n se entregaran a especular. Si lo hiciesen, no tardar�an en perder de vista el inter�s del servicio que es la �nica raz�n de ser. No por estar concedido un servicio p�blico deja de ser p�blico". Ni menos, se agrega, se comprender�a que contribuyeran o pudieran contribuir con su actividad a la perturbaci�n del orden.

1. El art�culo 16 de la Constituci�n, como lo ha advertido la Corte en fallos anteriores, se�ala el fin supremo del Estado al decir que las autoridades de la Rep�blica est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y una de las maneras de realizar esta protecci�n esencial es la organizaci�n adecuada y la prestaci�n eficaz de algunos servicios p�blicos, manteniendo el orden y garantizando el imperio de la juridicidad.

2. En armon�a con este precepto, el ordinal del art�culo 120 de la Carta, prev� que corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado En consecuencia, la ley, lejos de negarle medios y recursos para ello, debe brind�rselos amplia y generosamente, para que pueda cumplir con este deber primario o fundamental. De lo contrario, se podr�an afectar intereses de superior categor�a.

1. El art�culo 5� del Decreto 3418 de 1954, no establece sanci�n o pena alguna por posibles violaciones del reglamento de telecomunicaciones y de las concesiones o licencias para el uso y explotaci�n de los canales radioel�ctricos, como lo sugieren los demandantes. Se trata de una norma que se limita a consagrar un procedimiento administrativo, de car�cter general, que el legislador estima necesario y conveniente para los casos en �l mismo contemplados. Procedimiento que se amolda en un todo a lo dicho en la consideraci�n anterior en orden al desarrollo y cumplimiento de lo previsto en los art�culos 16 y 120, ordinal 7�, de la Constituci�n.

2. De otra parte, tal procedimiento es-lo s�lito en casos semejantes, como puede comprobarse con el texto de disposiciones del C�digo de Hidrocarburos sobre uso de oleoductos y del C�digo de Minas sobre el uso de elementos y medios de comunicaci�n y transporte de los concesionarios. (Decreto N� 805 de 1947, art�culo 123).

1. La disposici�n del articulo 5� mencionado se debe considerar incorporada en las licencias o en las concesiones que el Gobierno otorgue al respecto, viniendo a ser una de sus cl�usulas. Be antemano el beneficiario conoce la situaci�n, y por consiguiente, est� en capacidad de proyectar el desarrollo de sus actividades sin riesgos imprevistos.

2. Es manifiesto que tal precepto hace referencia a medidas que podr�a tomar el Presidente, con la firma de todos los Ministros, dentro de un orden p�blico turbado y en estado de sitio, ele acuerdo con el art�culo 121 de la Constituci�n, Pero no se viola esta norma superior cuando, por medio de una ley ordinaria, el legislador prev� que en casos similares, fuera de estado de sitio, se puedan tomar esas medidas, y menos si se tiene en cuenta que el texto acusado presenta condiciones y limitaciones del mismo g�nero que las contenidas en el precepto constitucional.

1. Dispone el art�culo 42 de Id Constituci�n que la prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o la tranquilidad p�blica. Es la plena garant�a de la libertad de opini�n, que en tiempo de paz no es controvertible. Mas, al declarar la Constituci�n que la prensa es libre "en tiempo de paz", impl�citamente acepta que deja de serlo durante la perturbaci�n del orden p�blico.

2. La libertad de opini�n consiste en la facultad o poder del individuo de expresar p�blicamente, por cualquier medio, lo que piensa y cree. Por consiguiente, la palabra, expresi�n del pensamiento y del contenido ele la conciencia, es libre, tanto hablada como escrita. La escrita se denomina �(de imprenta" y se manifiesta en el libro, el folleto, el peri�dico, la revista, el cartel, etc.

3. Los medios modernos de difusi�n acrecientan el poder o dominio de la palabra hablada. A trav�s de la radio y de la televisi�n llega a todos los confines haciendo sentir, su influencia en las relaciones sociales y en el desarrollo de la comunidad. Mientras el pensamiento no se manifiesta por signos externos, escapa a las previsiones del derecho positivo. Mas, exteriorizado, se debe mantener dentro del marco del derecho, de la ordenaci�n jur�dica que garantiza su ejercicio. Fuera de �l, quebranta otros derechos que pueden ser, o los civiles del individuo, o los de la sociedad, vinculados al orden p�blico. (Sala Plena, sentencia de 13 de octubre de 1970).

4. Entonces, garantizando el art�culo 42 la libertad de prensa en tiempo de paz, �nicamente, y siendo el art�culo 5� acusado aplicable solo en los casos de guerra exterior o grave conmoci�n interna o peligro inminente de que se presenten estas circunstancias, no hay violaci�n del precepto constitucional por la norma objetada. Y cabe aclarar que, el peligro inminente", como es obvio, obliga a las autoridades a tomar medidas de previsi�n.

1. El art�culo 5� del Decreto 3418 entra�a, como est� dicho, un procedimiento administrativo de polic�a,_ cuya finalidad es eminentemente preventiva y no represiva. Encaja dentro del poder de polic�a que corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, seg�n las regulaciones acordadas por el legislador.

Aunque de algunos de los preceptos citados, en distintas oportunidades, ha. deducido la Corte, de modo particular, la exequibilidad de diferentes estatutos legales concernientes a materias pol�ticas, ha sido principalmente con relaci�n al numeral 7� del art�culo 120 de la Carta, que atribuye al Presidente de la Rep�blica la funci�n y obligaci�n de preservar el orden y de restablecerlo donde fuere turbado, del cual tanto la doctrina como la jurisprudencia han derivado la existencia del poder de polic�a, consustancial a la existencia misma de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico. Y ello como resultado de un an�lisis del concepto gen�rico del orden p�blico, material o externo, pol�tico y econ�mico, social en fin, o por el aspecto de las alteraciones de que es susceptible cuando con actos individuales, que tambi�n s�lo vulneran derechos reales o aparentes de particulares, se crean situaciones as� sean restringieras o Localizadas de perturbaci�n del orden, aunque solo importen de inmediato a un individuo, al que las autoridades est�n llamadas a proteger.

3. Y en el mismo fallo, la Corte, acogiendo conceptos del Procurador General de la Naci�n, dice:

"Si se predica del Estado la obligaci�n de conservar el orden y el normal decurso de la vida comunitaria, l�gicamente debe otorg�rsele la capacidad de intervenir, en forma coercitiva, en los tres momentos en los cuales desarrolla su acci�n administrativa: prevenci�n de los hechos, mantenimiento del statu quo y restablecimiento de la normalidad. Con esta base se ha elaborado en la teor�a, la jurisprudencia y la legislaci�n, el derecho penal administrativo, el cual versa sobre las medidas punitivas de que dispone el Estado para asegurar el orden p�blico y para lograr el eficaz funcionamiento de los servicios p�blicos y dem�s actividades que afectan el inter�s general.

"Tales medios son muy variados, como variados son los hechos que pueden alterar el orden o violar derechos ajenos. As� podr� la Administraci�n disponer el cierre temporal o definitivo de establecimientos, la confiscaci�n de publicaciones pornogr�ficas o moralmente da�osas, la destrucci�n de alimentos nocivos y, desde luego, la conminaci�n, la sanci�n pecuniaria y el arresto de los transgresores. Respecto de este �ltimo es com�n el sistema de la 'composici�n mediante el cual puede ser conmutado total o parcialmente por determinada cantidad de dinero, proporcional a los d�as de privaci�n de la libertad inicialmente impuesta". (Sentencia de 7 de abril de 1970).

Esta es la de la exequibilidad de la norma acusada, la cual no viola los preceptos constitucionales indicados por los actores, ni otro alguno.

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica y o�do el Procurador General de la Naci�n,

Es exequible el art�culo 1� de la Ley 141 de 1961, en cuanto adopta como ley el art�culo 59 del Decreto legislativo n�mero 3418 de 25 de noviembre de 1954.

Publ�quese, c�piese e ins�rtese en la Gaceta Judicial. Transcr�base al Ministro de Comunicaciones.

Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Ernesto Cediel Angel, Alejandro C�rdoba Medina, Jos� Gabriel de la Vega, Jos� Mar�a Esquerra Samper, Miguel Angel Garc�a, Jorge Gaviria Salazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Eduardo Gnecco C., Guillermo Gonz�lez Charry, Alvaro Luna G�mez, Alberto Ospina Botero, Guillermo Ospina Fern�ndez, Alfonso Pel�ez O campo, Luis Carlos P�rez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.