Sentencia de 1971

300Corte SupremaCorte Suprema30030005762Jos� Gabriel de la Vega197103/03/1971Jos� Gabriel de la Vega_1971_03/03/197130005762CONTROL DE PRECIOS Exequibilidad del Decreto 46 de 1965 sobre control de precios. Distinta naturaleza de las facultades del Congreso previstas en los numerales 11 y 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional entre otras, la primera de ellas carece de temporalidad y de precisi�n. Las Leyes cuadros 7 de 1943 y 155 de 1959, son aplicaci�n y desarrollo de los art�culos 32 y 76-11 de la Carta y por lo tanto son normas permanentes. - El decreto demandado no rebasa los lineamientos generales que en materia econ�mica trazan las mencionadas Leyes 7 y 155 citadas. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA Bogot�, D. E., marzo 3 de 1971. (Magistrado ponente: doctor Jos� Gabriel de la Vega). 1971

Exequibilidad del Decreto 46 de 1965 sobre control de precios. Distinta naturaleza de las facultades del Congreso previstas en los numerales 11 y 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional entre otras, la primera de ellas carece de temporalidad y de precisi�n. Las Leyes cuadros 7 de 1943 y 155 de 1959, son aplicaci�n y desarrollo de los art�culos 32 y 76-11 de la Carta y por lo tanto son normas permanentes. - El decreto demandado no rebasa los lineamientos generales que en materia econ�mica trazan las mencionadas Leyes 7 y 155 citadas.

Los ciudadanos Jorge A. Barrera Villamizar y Osear Alzate L�pez, en ejercicio de la acci�n que concede el art�culo 214 de la Constituci�n, piden que se declare inexequible el Decreto 46 de 1965 (enero 14), "por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios", en su totalidad, "o, en su defecto, el art�culo 9 de dicho estatuto".

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las autorizaciones que le confiere la Ley 7� de 1943,

"Art�culo 1� Sin la previa autorizaci�n de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica no podr�n modificarse los precios de los art�culos de primera necesidad, de consumo popular, o de uso dom�stico, de producci�n nacional o extranjera, vigentes en 1� de diciembre de 1964, ni variarse los descuentos o porcentajes concedidos por los productores, fabricantes o comerciantes a sus agentes o distribuidores que reg�an en la misma fecha. Dicha autorizaci�n deber� solicitarse y justificarse ante la Superintendencia, acompa�ando los estudios e informes sobre producci�n, costos, volumen de ventas y dem�s datos que la Superintendencia exija.

"Art�culo 2� La Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, cuando lo considere necesario, podr� solicitar informes escritos sobre producci�n, existencias y venta de cualquier clase de art�culos. Igualmente podr� practicar inspecciones sobre los libros y papeles de contabilidad, de las personas naturales o jur�dicas, para los fines indicados en el presente Decreto.

"Art�culo 3� La Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica podr� solicitar en cualquier tiempo de los productores, fabricantes o comerciantes toda la informaci�n que considere necesaria sobre los descuentos o porcentajes que tengan establecidos en favor de sus agentes o distribuidores, y si no los encontrare debidamente justificados, podr� de oficio rechazarlos, y en este evento determinar los porcentajes que se justifiquen y los precios correspondientes, as� como la fecha de vigencia de los mismos.

"Art�culo 4� La Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, no autorizar� modificaci�n de precios para aquellos art�culos que hayan sido objeto de especulaci�n o acaparamiento dentro de los dos meses anteriores a la fecha de presentaci�n de la respectiva solicitud.

"Art�culo 5� La violaci�n de lo dispuesto en los art�culos anteriores ser� sancionada por la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, sin perjuicio de la aplicaci�n de las dem�s sanciones previstas en el presente decreto y de las establecidas en el T�tulo IX del C�digo Penal, con la suspensi�n del derecho a obtener licencias de importaci�n, o con la cancelaci�n de registros de marcas y patentes, o con la cancelaci�n de la respectiva licencia de funcionamiento de industrial o comerciante o, inclusive, con el cierre del establecimiento respectivo.

"Art�culo 6� Las sanciones a que se refiere el art�culo anterior se impondr�n mediante resoluci�n motivada del Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, previa las pruebas conducentes que practicar� dentro de un t�rmino de tres d�as, prorrogable a juicio del Director Ejecutivo hasta por un t�rmino igual. La Superintendencia comunicar� la providencia correspondiente al organismo que deba ejecutar la respectiva sanci�n.

"Par�grafo. Contra las providencias dictadas por el Director Ejecutivo de la Superintendencia, a que se refiere este art�culo, proceder� el recurso de apelaci�n ante el Consejo Directivo de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, el cual deber� interponerse dentro de los dos d�as siguientes a su notificaci�n. El recurso de apelaci�n se conceder� en el efecto devolutivo, previa consignaci�n del valor de la multa cuando se hubiere impuesto tal sanci�n.

a) La venta por encima de los precios fijados o autorizados por la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica;

b) La venta, por industriales, fabricantes o distribuidores mayoritarios, a precios superiores a los vigentes el primero de diciembre de 1964, cuando la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica no hubiere autorizado su modificaci�n;

c) La venta de art�culos al consumidor final, a precios superiores a los fijados por la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, o cuando �sta no los hubiere se�alado, a precios superiores a los corrientes en primero de diciembre de 1964 en la respectiva .plaza. Cuando se trate de v�veres o de productos agr�colas primarios cuyos precios no hayan sido fijados por la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, las autoridades locales encargadas de aplicar este Decreto, podr�n autorizar modificaciones a los precios de tales art�culos, siempre que las circunstancias de producci�n lo hagan necesario, y sin perjuicio de que la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica revise o revoque esas modificaciones;

e) Cualquier alza en los precios so pretexto del impuesto a las ventas, de art�culos no gravados con este impuesto;

f) En casos distintos de los' anteriores, la obtenci�n de ganancias exorbitantes, a juicio de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica y de las autoridades encargadas de aplicar este Decreto;

g) En general, la contravenci�n a cualquier disposici�n que dicte la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica sobre precios, descuentos, porcentajes de utilidades, actos de competencia desleal, o sobre cualquier acto de comercio.

"Par�grafo. La no expedici�n de facturas comerciales,. la consignaci�n .de afirmaciones inexactas en las mismas, o la cotizaci�n de precios superiores a los oficiales, hacen presumir �nimo de especulaci�n.

"Art�culo 8� Se entiende por acaparamiento la adquisici�n y retenci�n de v�veres, g�neros, mercanc�as o efectos destinados al expendio o la no venta de los mismos, por parte de cualquier persona, natural o jur�dica, que no se justifiquen a juicio de las autoridades competentes, y que produzcan un aumento injustificado en su precio.

"Art�culo 9� De acuerdo con la gravedad de la infracci�n, los actos de especulaci�n y acaparamiento ser�n sancionados por los Alcaldes Municipales e Inspectores de Polic�a con una de las sanciones siguientes, sin perjuicio de las previstas en el T�tulo IX del C�digo Penal:

a) Multas de $ 1.000 a $ 500.000, seg�n la capacidad econ�mica del infractor;

c) Decomiso y venta al p�blico, a los precios oficiales de los art�culos que hayan sido materia de especulaci�n o acaparamiento;

f) Cancelaci�n definitiva de la licencia de funcionamiento de industrial o comerciante del infractor.

"Par�grafo. Las mismas sanciones se aplicar�n a quien disminuya el ritmo normal de producci�n de los g�neros esenciales de consumo popular sin 1a. debida justificaci�n.

"Art�culo 10. Para la imposici�n de las sanciones anteriores, los funcionarios competentes proceder�n de oficio o en virtud de denuncia. En tales- casos se har� comparecer inmediatamente al presunto responsable, quien deber� presentar sus descargos dentro de los tres d�as siguientes, y podr� quedar detenido por un lapso que no exceder� de dicho t�rmino de tres d�as, siempre que hubiere una prueba escrita o un indicio grave de la infracci�n. Vencido este t�rmino, el funcionario dictar� la providencia respectiva.

"Sin embargo, cuando el infractor fuere sorprendido infractor, la sanci�n se aplicar� de inmediato.

"Art�culo 11. Las resoluciones de sanci�n que se dicten de conformidad con este Decreto, deber�n notificarse personalmente; pero si dentro de las 24 horas siguientes a la expedici�n de la providencia no se hubiere podido hacer la notificaci�n personal, �sta se har� por edicto, que permanecer� fijado en el despacho respectivo durante dos d�as h�biles.

"Art�culo 12. Contra las resoluciones que impongan las sanciones establecidas en el art�culo de este Decreto, proceder�n los siguientes recursos:

a) El de reposici�n, en todos los casos; pero ]a interposici�n de este recurso no suspender� la ejecuci�n de la respectiva providencia;

b) El de apelaci�n, ante el Gobernador respectivo, cuando se trate de arresto o multa que exceda de $ 500.00, sin pasar de $ 25.000;

c) El de apelaci�n ante el Director Ejecutivo de Regulaci�n Econ�mica, .cuando se trate de multas que excedan de $ 25.000, o de una de las sanciones previstas en los literales d) e) y f) del art�culo 9�.

"Par�grafo. Para interponer cualquier recurso contra las resoluciones de multa, el .interesado deber� consignar previamente el valor de la misma, en alguno de los establecimientos se�alados por la ley, de acuerdo con el art�culo 8� de la Ley 1� de 1963.

"Los recursos de apelaci�n s�lo se otorgar�n en el efecto devolutivo; y los de reposici�n deber�n ser decididos en el t�rmino de dos d�as.

"Art�culo 13. Cuando se trate del decomiso de art�culos por actos de especulaci�n o acaparamiento, la resoluci�n se consultar� con el Gobernador respectivo, quien deber� decidir dentro del t�rmino improrrogable de dos d�as. Si la resoluci�n fuere confirmada, el Gobernador determinar� en la misma providencia la forma de venta de dichos art�culos, a trav�s del INA, de cooperativas o de consignatarios especialmente designados, y dispondr� que el producto de la venta, deducidos los gastos de administraci�n y expendio, se entregue al propietario de los art�culos, o se deposite a su orden en un establecimiento autorizado por la ley si aqu�l se negare a recibirlo.

"Art�culo 14. En los casos de especial gravedad, a juicio del Director Ejecutivo, de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, �ste podr� aplicar, a prevenci�n, el art�culo 9� de este Decreto, siguiendo el procedimiento se�alado en el art�culo 6�, y podr� comisionar a funcionarios de la citada Superintendencia para que adelanten las investigaciones respectivas en cualquier lugar del territorio nacional.

"Art�culo 15. Todos los funcionarios administrativos del orden nacional, departamental y municipal estar�n obligados a colaborar en la vigilancia de los precios y en el control de los brotes de especulaci�n o acaparamiento.

"Los Alcaldes y dem�s funcionarios encargados de la aplicaci�n de este Decreto proceder�n a organizar comit�s c�vicos de vigilancia para que cooperen con ellos en el cumplimiento de sus funciones sobre control de precios.

"Art�culo 16. Los establecimientos comerciales que expendan v�veres o art�culos de primera necesidad, deber�n mantener fijadas en lugar visible para el p�blico, listas de precios debidamente aprobadas por las autoridades. La infracci�n a lo dispuesto en este art�culo ser� sancionada con multa hasta.de $ 1.000, que impondr�n, los funcionarios encargados de la vigilancia y control de los precios.

"Art�culo 17. Los vac�os que se observen en el procedimiento establecido en el presente Decreto, ser�n llenados por aplicaci�n de las disposiciones .previstas en los C�digos de Procedimiento Penal, y de Procedimiento Civil.

"Art�culo 18. Los negocios actualmente en curso, se seguir�n tramitando de acuerdo con el procedimiento y competencia aqu� establecidos.

"Art�culo 19. Este Decreto subroga el Decreto n�mero 1479 de .1963, deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su expedici�n".

Respecto del art�culo 32 anotan los demandantes en primer t�rmino, que los art�culos 1 y 2 de la Ley 7� de 1943, bases del acto acusado, fueron derogados por los Decretos 102, 120, 140 y 378 de 1957; 1479 y 3307 de 1963.

"Del examen y comparaci�n de la Ley 7^ de 1943 con los Decretos legislativos n�meros 102, 120, 140 y 0378 de 1957, y los Decretos-leyes n�meros 1479 y 3307 de 1963, se llega a la conclusi�n, como ya se dijo, de que los art�culos 1� y 2� de la .citada ley se encontraban derogados en virtud de que dichos decretos regularon totalmente lo referente al control de precios de art�culos de primera necesidad, conforme a lo dispuesto expresamente por el art�culo 3� de la Ley 153 de 1887.

"En consecuencia, hall�ndose derogados los mencionados art�culos de la Ley 7� de 1943, el Gobierno Nacional carec�a de-facultades para expedir el Decreto 46 de 1965, en el cual se invoc� expresamente la referida ley y se regul� nueva y totalmente el control de precios de art�culos de primera necesidad.

"Ahora bien, como- el decreto acusado constituye un acto de intervenci�n del Estado en la industria y en el comercio, ya que sustancialmente establece restricciones a la distribuci�n y venta de ciertos bienes, el Gobierno Nacional, al expedir dicho decreto, infringi� directamente el art�culo 32 de la Constituci�n, el cual exige que la intervenci�n en las distintas etapas del proceso econ�mico (producci�n, distribuci�n, utilizaci�n y consumo), se haga 'por mandato de la ley"

"De otra parte el Gobierno Nacional viol� tambi�n el art�culo 76; ordinal 11, de la Carta Fundamental por cuanto que le arrebat� al Congreso la facultad que le concede dicha norma en concordancia con el art�culo 32 ib�dem, de 'ejercer otras funciones dentro de la �rbita constitucional.

"La observaci�n anterior no implica que desconozcamos que, conforme al art�culo 69 del Acto legislativo n�mero 1 de 1968, el Congreso puede actualmente revestir pro tempore al Presidente de la Rep�blica de precisas facultades extraordinarias para intervenir en la producci�n, ultimaci�n y consumo de los bienes y en los convenios p�blicos y privados, con el fin de racionalizar y planificar la econom�a. Pero como es lo cierto que no exist�an ni se invocaron tales facultades precisas y pro tempore, sino que el Gobierno Nacional invoc� una ley expedida por el Congreso con base en los art�culos 32 y 76, ordinal 11, de la Constituci�n, fueron �stos los preceptos infringidos".

Y concretando un cargo referente al art�culo 9� del Decreto 46, aseveran los demandantes que el inciso primero del art�culo 23 de la Constituci�n impide que se impongan penas como la de arresto, a menos que exista mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes; y que por ello solamente la ley, por modo privativo y no un decreto, tiene capacidad para imponer una sanci�n como la establecida en el art�culo 9� del Decreto 46, el cual incurre as� en violaci�n del texto invocado del estatuto fundamental.

"Con base en las razones expuestas, muy comedidamente reiteramos a la honorable Corte Suprema de Justicia la solicitud de que declare inconstitucional el Decreto acusado o, en su defecto, el art�culo 9� de dicho estatuto''

En relaci�n con el art�culo 76-11 del estatuto fundamental considera la procuradur�a que el acto impugnado no viola dicho precepto superior, porque tal contrariedad solo cabe cuando se dicta un decreto en ejercicio de presuntas autorizaciones especiales y legales, sin ley que, en verdad,, lo sustente, y eso -afirma-, no se da en el .caso que se estudia, ya que el reglamento materia del libelo se funda en la mencionada Ley 7� y, adem�s, en el art�culo 17 de la 155 de 1959. Para que prosperara una acusaci�n de esta �ndole ser�a preciso demostrar previamente que las normas legales citadas han dejado de regir, o que no estaban en vigor cuando se dict� el Decreto 46, vigencia que la vista fiscal considera intacta

Y como el cargo consistente en violaci�n del art�culo 32 de la Constituci�n estrib� en sostener asimismo que normas posteriores a la Ley 4� de 1943 la hab�an derogado por regular �ntegramente la misma materia, sin que el Jefe del Ministerio P�blico halle que se ha efectuado tal abrogaci�n, �l concluye que tampoco se ha infringido el art�culo 32 de la Carta, pues esa violaci�n no se confiere a su noci�n sino cuando el Ejecutivo dicta decretos sin "mandamiento de la ley", y �ste se halla en el texto actual de las citadas Leyes 7� de 1943 y 155 de 1959.

Finalmente, al examinar la acusaci�n particular contra el art�culo 9-b) del Decreto 46, por imponer una pena de arresto sin que sea el legislador quien lo establezca y estimarse que con ello se vulnera el art�culo 23 de la Carta, dice el Procurador:

"La acusaci�n del art�culo 9� del Decreto 46 se dirige particularmente en cuanto contempla como sanci�n el arresto inconmutable hasta por treinta d�as (literal b), y se basa en que �nicamente el legislador y mejor el Congreso, puede definir los actos constitutivos de infracciones y las correspondientes penas.

"A lo cual se anota que no s�lo por leyes formales sino tambi�n mediante decretos con fuerza legislativa (art�culo 118, numeral 8 de la Carta), que son leyes materiales, es posible cumplir la funci�n del Estado a que se alude en esta parte de la demanda, siempre que el acto del Presidente de la Rep�blica que as� provea cumpla los presupuestos constitucionales exigidos, seg�n su clase.

"Si el decreto acusado tiene ese car�cter, como ha quedado visto, y en las-normas legales que le sirven de fundamento se prev� el establecimiento de sanciones para los actos de incumplimiento de las medidas que ellas mismas contemplan o que autorizan al Gobierno para tomar, sin exceptuar ninguna clase de represi�n, es l�gico concluir que el art�culo 9-b de aquel ordenamiento no infringe el precepto constitucional se�alado por los actores".

El Decreto 46 de 1965 fue dictado por el Presidente de la Rep�blica, "en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las autorizaciones que le confiere la Ley 7� de 1943", autorizaciones �stas comprendidas en las que contempla gen�ricamente el numeral 11 del art�culo 76 de la Carta, cuando versan sobre el ejercicio de "funciones dentro de la �rbita constitucional", por parte del Gobierno, y en virtud de facultades expresamente concedidas por la ley. Por esta raz�n, la Corte es competente para conocer de la presente demanda, a tenor de la atribuci�n segunda del art�culo 214 de la Constituci�n.

1. Son dos los cap�tulos de impugnaciones formadas entre el Decreto 46, por el primero se tachan todas sus disposiciones de contrariar los preceptos 32 y 76-11 de la Constituci�n; y por el segundo, se tilda al art�culo 9� de ser incoherente con el 23 de la codificaci�n institucional. Se impone ver ambos reparos.

2. Seg�n el art�culo 32, al Estado es dable intervenir, por mandato de la ley, en la producci�n, distribuci�n, utilizaci�n y consumo de los bienes y en los servicios p�blicos y privados.

De acuerdo con el art�culo 76-11, el Congreso puede conceder autorizaciones al Gobierno para, entre diversos objetivos, ejercer funciones dentro de la �rbita constitucional, es decir, en la esfera de competencias que le son propias como ejecutor de las leyes.

En ambos casos se instituye la aptitud de la administraci�n para dar efectividad, en la pr�ctica, a fines especiales contemplados en texto legislativo.

3. Por esta raz�n, se reputa, de ordinario, que la habilitaci�n espec�fica que el legislador da al Gobierno para intervenir en los diversos aspectos de la actividad econ�mica, se halla incluida en las autorizaciones que permite otorgar el art�culo 76-11 citado. Lo cual explica que, como cargo de inconstitucionalidad, se agrupen ambas acusaciones, haci�ndolas descansar en que el Gobierno, al dictar ciertos decretos, ha procedido sin contar con una autorizaci�n del parlamento, sea por no haber existido el mandato legal respectivo, sea por hallarse �ste derogado. En el asunto que se resuelve la acusaci�n concreta consiste en que al expedirse el Decreto 46 de 1965, informado por la Ley 7 de 1943, �sta hab�a sido derogada.

4. Si el Decreto 46 careciere realmente de fuente legal, el cargo ser�a fundado. Por consiguiente, debe analizarse si existe o no mandato de ley que respalde el acto objeto de la demanda.

5. El Decreto 46 invoca expresamente las autorizaciones que concedi� al Gobierno la Ley 7 de 1943, cuyos art�culos 1, 2 y 3 rezan:

"Art�culo 1� No podr�n ser materia de indebidas especulaciones los art�culos de primera necesidad para el consumo del pueblo.

"Se entiende como art�culos de primera necesidad los v�veres, drogas y mercanc�as de ordinario consumo entre las clases populares.

"Art�culo 2� El Gobierno dictar� las medidas de control que sean necesarias para el cumplimiento de los fines que persigue esta ley, y as� podr� fijar: los precios m�ximos de venta o los m�nimos en los distintos mercados del pa�s de los art�culos se�alados en la disposici�n anterior; las condiciones para otorgar las licencias de importaci�n, exportaci�n y venta; las sanciones para la efectividad de las medidas que se acuerden y la creaci�n de los respectivos servicios.

"Art�culo 3� Cuando el Gobierno lo considere necesario, para evitar indebidas especulaciones, podr� ejecutar importaciones directamente o por medio de contratos, en los cuales se asegure un precio equitativo para los art�culos objeto d� la importaci�n.

"Se except�a de esta autorizaci�n la importaci�n de productos agr�colas.

"Par�grafo. Autor�zase igualmente al Gobierno para dictar las medidas necesarias a fin de establecer el control de los arrendamientos de las habitaciones y locales urbanos".

De otra parte, es de citar el inciso primero del art�culo 17 de la Ley 155 de 1959, cuyo tenor es as�:

"Art�culo 17. En cumplimiento del art�culo 32 de la Constituci�n Nacional, el Ejecutivo podr� intervenir en la fijaci�n de los precios con el fin de garantizar tanto los intereses de los consumidores como el de los productores y comerciantes. La fijaci�n de precios podr� realizarla el Gobierno como una de las medidas que se tomen con base en la investigaci�n que se haya verificado de acuerdo con esta ley y para los productos o servicios de la empresa objeto de la investigaci�n".

6. Le�dos los textos legales transcritos y cotejados con todas las disposiciones del Decreto 46, infi�rese que �ste se acomoda a los primeros en cuanto dispone, d�ndoles aplicaci�n: se�alamiento de precios de art�culos de primera necesidad y su modificaci�n, tr�mites, sanciones y sus procedimientos, noci�n de la especulaci�n indebida, concepto de acaparamiento, publicidad de precios.

7. La confrontaci�n indicada se amolda con justeza al doble mecanismo que regula el art�culo 32 de la Carta para imprimir validez a una intervenci�n estatal en materia econ�mica: de una parte, declaraci�n de orientaciones y lineamientos generales "por mandato de la ley"; y, de otra, aplicaci�n en detalle de tales directrices, adapt�ndolas a las mudables necesidades del movimiento econ�mico, al trav�s de medidas concretas del Gobierno consignadas en decretos.

La potestad de intervenir de tal modo atribuida a la administraci�n dura tanto como la ley que la confiere. Si �sta, y as� ocurre de ordinario, no fija t�rmino al uso 3,e las facultades correspondientes, la competencia del Ejecutivo carece de plazo. El Gobierno queda as� capacitado para dictar reglas de intervenci�n en las materias determinadas en la ley, por lapso indefinido. De consiguiente, el propio Ejecutivo se halla en actitud de cambiar, de modificar, de substituir unos decretos de intervenci�n por otros, con fuerza legal, sin agotar su capacidad normativa. En este aspecto es de indicar una diferenciar entre la intervenci�n autorizada de conformidad con los art�culos 32 y 76-11 de la Carta, cuando la ley no se�ala t�rmino para su ejercicio, y la misma posibilidad de intervenir, cuando viene de las precisas y temporales facultades extraordinarias que consagra el numeral 12 del art�culo 76 del cuerpo constitucional. En esta �ltima contingencia, las facultades tienen que darse por tiempo limitado, y por ende, el Gobierno puede dictar decretos extraordinarios equivalentes a una ley cuadro de intervenci�n, pero dentro de ese t�rmino.

8. Por los respectos que se dejan apuntados, el Decreto 46 y las Leyes 7 y 155 son* acordes y complementarios, de forma que dicho acto se arregla a los art�culos 32 y 76-11 de la Constituci�n. As� visto, se muestra exequible.

9. Pero, recu�rdese, los actores sostienen que los art�culos 1 y 2 de la Ley 7, que informan en parte el Decreto 46, han dejado de regir, pues, seg�n ellos, fueron sustituidos por los Decretos 102, 120, 140 y 378 de 1957; 2709 de 1962; 1479 y 3307 de 1963;

a) Los art�culos 1 y 2 de la Ley 7 de 1943, que forman un todo, proh�ben las indebidas especulaciones de los art�culos de primera necesidad, y a fin de reprimirlas y regular el mercado de dichos objetos, en particular su precio, autorizan al Gobierno para dictar las medidas de control "necesarias para el cumplimiento de los fines que persigue esta ley".

b) El art�culo 17 de la Ley 155 de 1959 precisa m�s las autorizaciones de la Ley 7, al prescribir que, '� en cumplimiento del art�culo 32 de la Constituci�n Nacional, el Ejecutivo podr� intervenir en la fijaci�n, de los precios con el fin de garantizar tanto los intereses de los consumidores como el de los productores y comerciantes".

c) Los Decretos 102, 120, 140 y 378 de 1957, 2709 de 1962, 1479 y 3307 de 1963, tratan de lo siguiente: acaparamiento y especulaci�n con art�culos de primera necesidad, enumeraci�n de los mismos y posibilidad de adicionar esa lista; precios de venta y sus modificaciones; obligaciones de los productores, fabricantes y comerciantes mayoristas de mercanc�as de primera necesidad ; precios m�ximos, tr�mites, procedimientos, sanciones y recursos, t�rminos, criterio para determinar la cuant�a de las multas, notificaciones, etc.

10. Aparece de resalto que los asuntos as� regulados versan �nicamente sobre la aplicaci�n y desarrollo de las medidas de intervenci�n que al Gobierno mandaron tomar las Leyes 7 de 1943 y 155 de 1959 en relaci�n con la especulaci�n indebida y el acaparamiento de cosas para el consumo del pueblo y la fijaci�n de los precios respectivos.

Dicho de otro modo: Los decretos cuyo contenido se ha visto no invalidan las autorizaciones y lineamientos generales sobre intervenci�n econ�mica en punto a especulaci�n, acaparamiento y, sobre todo, se�alamiento de precios, que trazan las Leyes Cuadros 7 de 1943 y 155 de 1959, y antes constituyen aplicaci�n de las directrices as� formuladas. Aquellos decretos, evidentemente conciernen a cuestiones de que tambi�n se ocupa el 46 de 1965, pero sin contrariar los mandatos fundamentales de las Leyes 7 y 155 tantas veces citadas. Por consiguiente, y mientras �stas conserven vigor, el Gobierno puede modificar o sustituir las normas expedidas por medio del Decreto 46, de acuerdo con el sistema de regulaci�n instaurado por el art�culo 32 de la Carta: necesidad de una ley cuadro sobre orientaciones relativas a la intervenci�n que deba cumplirse, y decreto ulterior del Gobierno dando cuerpo real a las pautas gen�rales del legislador. De esta manera las medidas concretas de intervenci�n que toma el Ejecutivo forman dentro de su �rbita constitucional. Y a falta de plazo especial para ejercerlas, ellas son modificables y sustitu�bles por la propia administraci�n que las dicte, mientras subsista jur�dicamente el troquel de la ley cuadro que las modele.

11. Como el Decreto 46 se ajusta al procedimiento intervencionista establecido por el art�culo 32 de la Constituci�n, y de modo particular a las leyes que lo sustentan y todav�a rigen, precisa concluir que no aparecen fundadas las acusaciones de la demanda, y que, en conjunto, es exequible.

12. El art�culo 9 del Decreto 46 de 1965, dice: Art�culo 9� De acuerdo con la gravedad de la infracci�n, los actos de especulaci�n o acaparamiento ser�n sancionados por los Alcaldes Municipales o Inspectores de Polic�a con una de las sanciones siguientes, sin perjuicio de las previstas en el T�tulo IX del C�digo Penal:

a) Multas de $ 1.000 a $ 500.000, seg�n la capacidad econ�mica del infractor;

c) Decomiso y venta al p�blico, a los precios oficiales, de los art�culos que hayan sido materia de especulaci�n o acaparamiento;

f) Cancelaci�n definitiva de la licencia de funcionamiento industrial o comercial del infractor.

"Par�grafo. Las mismas sanciones se aplicar�n a quien disminuya el ritmo normal de producci�n de los g�neros esenciales de consumo popular sin la debida justificaci�n.

13. La acusaci�n de los demandantes se lee en los siguientes p�rrafos del libelo:

"Por otro lado, el art�culo 9 del Decreto 46 de 1965 quebranta el art�culo 23 de la Constituci�n en cuanto establece la pena de arresto inconmutable hasta por treinta (30) d�as por la desobediencia de algunos de sus mandatos.

"El art�culo 23 de nuestra Carta Fundamental consagra en su primer inciso una garant�a a la libertad individual, consistente en prohibir que la persona o su familia sea reducida a prisi�n o arresto, a menos que exista un mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.

"Para efectos de esta demanda, analizamos solamente la �ltima exigencia del citado precepto, seg�n el cual el motivo de la detenci�n o arresto debe hallarse previamente contemplado en la ley.

"En nuestro concepto, el esp�ritu y alcance de la norma constitucional son claros en el sentido de que compete exclusivamente al legislador precisar no solo la conducta que debe ser reprimida, sino tambi�n la naturaleza y grado de la sanci�n que puede aplicarse, cuandoquiera que se trate de la privaci�n de la libertad del individuo. Solamente con esta interpretaci�n se hace realmente efectiva la protecci�n de la persona frente a los abusos de las autoridades que tienen el poder de limitar su libertad.

"Ahora bien, el art�culo 2� de la Ley 7� de 1943 autoriz� al Gobierno para dictar medidas de control sobre los art�culos de primera necesidad y para establecer sanciones, en orden a lograr los fines perseguidos por dicha "ley. El legislador no erigi� en delito ni en contravenci�n las infracciones a las medidas de control que adoptara el Gobierno Nacional. Tampoco estableci� la naturaleza y grado de las sanciones, ni menos autoriz� la creaci�n de penas privativas de de su libertad.

"No pod�a, pues, el Gobierno Nacional, so pretexto de ejercer las facultades otorgadas en el art�culo 2� de la Ley 7� de 1943, dar car�cter penal a las violaciones de las normas sobre control de precios.

"De esta suerte, el art�culo 9� del Decreto 46 de 1965 viola directamente el art�culo 23 de la Constituci�n, porque crea una pena privativa de la libertad sin que el legislador hubiera determinado previamente que la inobservancia de las medidas de control de precios que dictara el Gobierno, ser�a castigada con prisi�n o arresto"

14. Anota la Corte, y as� lo sostiene la vista fiscal, que no solo por leyes formales sino tambi�n a virtud de decretos con fuerza legislativa, que son leyes materiales, es dable cumplir la funci�n del Estado a que se alude en esta parte de la demanda, siempre que el acto del Presidente de la Rep�blica que as� provea cumpla los presupuestos exigidos por la Constituci�n, seg�n la clase de ellos conceptos �stos que se desprenden de los art�culos 76-11 y 118-89 de la Carta.

De acuerdo con tal planteo, a vista de la naturaleza del Decreto 46 y teniendo en cuenta que en las normas legales que le sirven de base se prev� el establecimiento de sanciones, "para la efectividad de las medidas que se acuerden" (Art. 2, Ley 7� de 1943), sin exceptuar ninguna clase de represi�n, es l�gico concluir que el art�culo 9-b de aquel acto no infringe el precepto se�alado por los actores. As� se declarar� en la parte resolutiva de esta sentencia.

15. A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio ;de la competencia que le atribuye el art�culo 214 de la Constituci�n, previo estudio de la Sala Constitucional, y o�do el Procurador General de la Naci�n,

Es exequible el Decreto 46 del 14 de enero de 1965, "por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios".

Publ�quese, c�piese, notif�quese ins�rtese en la Gaceta Judicial, notif�quese al Gobierno por conducto de los Ministros de Gobierno, Justicia y Desarrollo y a los Presidentes del Senado y de la C�mara de Representantes, dese cuenta al Procurador General de la Naci�n y arch�vese el expediente.

Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Ernesto Cediel Angel, Alejandro C�rdoba Medina, Jos� Gabriel de la Vega, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a, Jorge Gaviria Solazar, Guillermo Gonz�lez Charry, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna G�mez, Alberto Ospina Botero, Guillermo Ospina Fern�ndez, Luis Carlos P�rez, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.