300Corte SupremaCorte Suprema30030005588Hernán Toro Agudelo197013/04/1970Hernán Toro Agudelo_1970_13/04/197030005588REFORMA JUDICIAL. RETIRO FORZOSO La Corte se declara inhibida, por sustracción de materia, para decidir sobre el fondo de la demanda contra el artículo 3° del Decreto-ley 902 de 1969. Cuando se encontraba casi finalizado y para decisión el estudio de la demanda, el cual se adelantó sobre dos proyectos presentados por la Sala Constitucional para definir de fondo el asunto, el gobierno, en uso de las facultades extraordinarias de la Ley 16 de 1968, dictó un nuevo decreto-ley, el distinguido con-el número 250 de 1970 (febrero 18), cuyos artículos 31 y 33 sustituyeron, con evidentes modificaciones y supresiones, al 3° del Decreto 902 de 1969, especialmente en la parte objeto de acusación. En efecto, el artículo 31 del nuevo decreto señala la edad, de sesenta y cinco años para el retiro forzoso de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Disciplinario, del Consejo de Estado y de la fiscalía de éste, así como la de sesenta años en las demás magistraturas, juzgados, fiscalías y empleos subalternos; de su parte, el artículo 33 reglamenta el retiro por incapacidad -física o mental. Así, la edad máxima permisible para el servicio activo, alcanzada, por la cual se produce el retiro forzoso, quedó en 65 años para una categoría de cargos y en 60 años para otra, al paso que se eliminó la norma referente al retiro forzoso en cualquier edad, después de los cincuenta y cinco años en que el funcionario completara el tiempo dé servicios necesario para obtener la pensión de jubilación, todo lo cual comporta modificación sustancial y supresión de las normas acusadas. Además, mediante el artículo 131 del mismo Decreto-ley 250 de 1970, en forma expresa fue derogado el artículo 3° del Decreto 902 de 1969, parcialmente objeto de la demanda. Conforme al artículo 30 del Decreto 432 de 1969, cuando la Corte, al proceder al fallo, encuentre que la disposición acusada ha perdido su vigencia, deberá abstenerse de decidir en el fondo, por sustracción de materia. Como en este caso es claro que el artículo 3' del Decreto-ley 902 .de 1969 fue expresamente derogado y ha dejado de regir, según los preceptos de igual fuerza del Decreto-ley 250 de 1970; lo conducente es una providencia inhibitoria. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena . Bogotá, D. E., abril trece de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Hernán Toro Agudelo). 1970
César CastroDemanda de inexequibilidad contra losIdentificadores30030005589true77697Versión original30005589Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra los


REFORMA JUDICIAL. RETIRO FORZOSO

La Corte se declara inhibida, por sustracción de materia, para decidir sobre el fondo de la demanda contra el artículo 3° del Decreto-ley 902 de 1969.

Cuando se encontraba casi finalizado y para decisión el estudio de la demanda, el cual se adelantó sobre dos proyectos presentados por la Sala Constitucional para definir de fondo el asunto, el gobierno, en uso de las facultades extraordinarias de la Ley 16 de 1968, dictó un nuevo decreto-ley, el distinguido con-el número 250 de 1970 (febrero 18), cuyos artículos 31 y 33 sustituyeron, con evidentes modificaciones y supresiones, al 3° del Decreto 902 de 1969, especialmente en la parte objeto de acusación.

En efecto, el artículo 31 del nuevo decreto señala la edad, de sesenta y cinco años para el retiro forzoso de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Disciplinario, del Consejo de Estado y de la fiscalía de éste, así como la de sesenta años en las demás magistraturas, juzgados, fiscalías y empleos subalternos; de su parte, el artículo 33 reglamenta el retiro por incapacidad -física o mental.

Así, la edad máxima permisible para el servicio activo, alcanzada, por la cual se produce el retiro forzoso, quedó en 65 años para una categoría de cargos y en 60 años para otra, al paso que se eliminó la norma referente al retiro forzoso en cualquier edad, después de los cincuenta y cinco años en que el funcionario completara el tiempo dé servicios necesario para obtener la pensión de jubilación, todo lo cual comporta modificación sustancial y supresión de las normas acusadas. Además, mediante el artículo 131 del mismo Decreto-ley 250 de 1970, en forma expresa fue derogado el artículo 3° del Decreto 902 de 1969, parcialmente objeto de la demanda.

Conforme al artículo 30 del Decreto 432 de 1969, cuando la Corte, al proceder al fallo, encuentre que la disposición acusada ha perdido su vigencia, deberá abstenerse de decidir en el fondo, por sustracción de materia. Como en este caso es claro que el artículo 3' del Decreto-ley 902 .de 1969 fue expresamente derogado y ha dejado de regir, según los preceptos de igual fuerza del Decreto-ley 250 de 1970; lo conducente es una providencia inhibitoria.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., abril trece de mil novecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor Hernán Toro Agudelo).

El ciudadano, César Castro Perdomo, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución, y con el lleno de los requisitos legales, demanda que se declare la inexequibilidad en los literales a) y b) del artículo 3° del Decreto-ley 902 de 1969.

la demanda

La norma acusada es del siguiente tenor:

"Decreto número 902 de 1969

(Mayo 31)

por el cual se dictan normas sobre seguridad social y retiro forzoso de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

El Presidente de la República,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la Comisión Asesora, establecida por el artículo 21 de la misma ley,

Decreta

Artículo 3° Fíjanse como edades de retiro forzoso de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, las siguientes:

a) La de sesenta y cinco años, cualesquiera que sean las condiciones individuales.

b) Aquélla, después de los cincuenta y cinco años, en que el funcionario o empleado complete el tiempo de servicios necesario para la pensión de jubilación.

c) La edad en que el funcionario sufra quebrantos de salud tales que impliquen una seria y permanente disminución de su rendimiento en el trabajo".

Debe advertirse que, aunque se transcribe el texto íntegro del artículo i9, la acusación se limita a los literales a) y b).

2. La Ley 16 de 1968, en lo pertinente del artículo 20, invocado como fuente de las facultades extraordinarias, dice así:

"Artículo 20. Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de tres años a partir de la sanción de la presente ley para:

4. Introducir las reformas necesarias a las disposiciones vigentes sobre carrera judicial, para determinar la proporción de cargos que deben proveerse libremente y los que deben serlo mediante el sistema de concursos, para incluir el sistema de entrevistas, oposiciones (exámenes) u otras pruebas como factores de calificación de ingreso o ascenso, para crear o determinar las entidades calificadoras de los concursos, para regular la estabilidad en el empleo; para señalar la edad de retiro forzoso en cada cargo judicial y, en general, para hacerla más adecuada a sus propios fines.

6. Establecer un régimen especial de seguridad social para los mismos funcionarios y sus familias, de modo que por el aspecto material se cree un verdadero estímulo para ingresar y permanecer al servicio de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público".

3. En cuanto a las normas constitucionales que se dicen infringidas y al concepto de la violación, el demandante, en síntesis, expresa lo siguiente:

a) Mediante las normas acusadas se quebranta el artículo 162 de la Carta, en la parte en que éste ordena que la ley establecerá "las jubilaciones o pensiones que decrete el Estado para quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicio o se retiren forzosamente. También deberá retirarse obligatoriamente con derecho a las prestaciones sociales que determine la ley el funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminución por razones de salud, o que haya cumplido la edad máxima señalada en la ley .para cada cargo".

Estima el actor que el artículo 162 de la Constitución autoriza el señalamiento de la edad de retiro forzoso, con la condición de que sea diferente para cada cargo, esto es una para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, otra para los magistrados de los Tribunales de Distrito Judicial y de lo Contencioso-Administrativo, otra distinta para los Jueces Superiores, y así sucesivamente. Y por las normas acusadas en vez de fijar una edad para cada cargo, se han señalado distintas edades para todos los cargos, o sea la de sesenta y cinco años, cualesquiera sean las condiciones individuales y aquélla después de los cincuenta y cinco en que se complete el tiempo de servicios para obtener pensión de jubilación.

De otra parte, el actor considera que el artículo 162 de la Carta sólo permite una determinación de edad exclusiva para cada cargo, y sólo una, de manera que cuando se indican dos edades se quebranta la exigencia de singularidad que en esa materia preceptúa aquella disposición.

b) También estima el actor que resulta especialmente infringido el artículo 162 de la Carta, en cuanto éste dispone que la ley debe señalar "las jubilaciones o pensiones que decrete el Estado para, quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicios, o se retiren forzosamente…", y en el Decreto-ley 902 de 1969, parcialmente acusado, no se contemplan esos aspectos, esto es una pensión por cumplir cierto tiempo de servicios y llegar a una edad, y otra por el simple arribo a la edad de retiro forzoso, sin consideración al tiempo de servicios. Y como las normas acusadas disponen el retiro forzoso por llegar al límite de los sesenta y cinco años, sin prever simultáneamente una pensión especial, claramente quebrantan el artículo 162, en la parte citada que establece un requisito, el de las pensiones, para que pueda surgir la obligación del retiro.

Avanza el actor en su exposición para reforzar sus argumentos ya sintéticamente consignados e incluye copia de algunos conceptos del informe de la Comisión de los constituyentes de 1945 respecto a la carrera judicial, a la necesidad de prestaciones adecuadas para los funcionarios judiciales y a la inconveniencia de que esos cargos tengan el carácter de vitalicios, por lo cual es aconsejable dejar a la ley que fije la edad de retiro forzoso.

CONCEPTO DEL PROCURADOR

1. El Procurador General de la Nación empieza a puntualizar que el artículo 20 de la Ley 16 de 1968 facultó al Presidente de la República para "introducir las reformas necesarias a las disposiciones vigentes sobre carrera judicial... para señalar la edad de retiro forzoso en cada cargo judicial y, en general, para hacerla más adecuada a sus propios fines", y que en desarrollo de esas muy amplias autorizaciones, sin excederlas, el artículo 3° del Decreto-ley 902 de 1969 señaló las tres circunstancias de retiro forzoso que allí se contemplan.

De esa manera simplemente se reforman las disposiciones del título I, capítulo IV, del Decreto 1698 de 1964, sobre carrera judicial y específicamente sobre retiro forzozo "con el fin de hacerlas más adecuadas a sus propios fines teniendo en cuenta los diversos factores sociales, psicológicos, físicos y económicos que influyen notoriamente en la capacidad y rendimiento de los funcionarios", todo ello de conformidad con el espíritu que animó al constituyente de 1945 para establecer la carrera judicial y autorizar al legislador para fijar la edad de retiro forzoso en las diversas circunstancias que contempló.

"Es evidente -dice el Procurador- que el texto constitucional permite al legislador, además de señalar la edad máxima de desvinculación obligatoria, tener en cuenta el factor tiempo de servicios para establecer que éste, unido a determinada edad mí-mina, cause el derecho a una pensión del Estado e imponga el retiro del funcionario. En realidad no se trata de dos edades de retiro forzoso, porque una cosa es la edad máxima fijada sin consideración a ninguna otra circunstancia y distinta es la situación, indeterminada pero determinable, que se produce cuando el funcionario, después de cierta edad según lo dispuesto en la ley, completa la condición necesaria para tener derecho a la pensión de jubilación".

2. Estima el Procurador que no hay impedimento en el artículo 162 de la Carta para que la ley en vez de señalar distintas edades de retiro por cada cargo, determine una sola, común a todos ellos, lo cual es más congruente cuando se trata de funcionarios que cumplen labores similares, así sea en distintas categorías, porque todos se encuentran bajo el influjo de unos mismos factores biológicos, de clima, etc., de lo cual resulta que tanto el Magistrado de la Corte como el Juez Municipal que llegan a los sesenta y cinco años, se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto a disminución o pérdida de la capacidad de trabajo.

Insiste el jefe del Ministerio Público en que sólo hay una edad de retiro forzoso, propiamente, la de sesenta y cinco años, y una situación diferente es la que obliga a dejar el servicio cuando se dan dos condiciones: edad mínima de cincuenta y cinco años acompañada de veinte o más de servicios, que conjugadas causan también disminución en la capacidad de trabajo; y todas estas posibilidades de retiro caben perfectamente dentro de las previsiones del artículo 162 de la Carta.

Finalmente, y en cuanto al cargo de que se omitió prever el pago de algunas prestaciones por retiro forzoso, el Procurador pone de presente que el artículo 1° del Decreto 902 de 1969 sí contempla este aspecto, al extender a la rama jurisdiccional y al Ministerio Público el pago de pensión de vejez, por llegar al retiro forzoso a los sesenta y cinco años sin reunir las condiciones para tener derecho a jubilación, tal como se contempla en el artículo 2° del Decreto-ley 3155 de 1968, o sea un veinte por ciento del último sueldo más un dos por ciento por cada año de servicios, si se carece de recursos para la congrua subsistencia, y esto aparte de la previsión especial que consagra el artículo 4° del mismo decreto.

Por todo lo expuesto, el Procurador concluye solicitando que se declare la exequibilidad de las normas acusadas.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. Cuando se encontraba casi finalizado y para decisión el estudio de la demanda, el cual se adelantó sobre dos proyectos presentados por la Sala Constitucional para definir de fondo el asunto, el gobierno, en uso de las facultades extraordinarias de la Ley 16 de 1968, dictó un nuevo Decreto-ley, el distinguido con el número 250 de 1970 (febrero 18), cuyos artículos 31 y 33 sustituyeron, con evidentes modificaciones y supresiones, al 3° del Decreto 902 de 1969, especialmente en la parte objeto de acusación.

En efecto, el artículo 31 del nuevo decreto señala la edad de sesenta y cinco años para el retiro forzoso de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Disciplinario, del Consejo de Estado y de la fiscalía de éste, así como la de sesenta años en las demás magistraturas, juzgados, fiscalías y empleos subalternos; de su parte, el artículo 33 reglamenta el retiro por incapacidad física o mental.

Así, la edad máxima permisible para el servicio activo, alcanzada, por la cual se produce el retiro forzoso, quedó en 65 años para un categoría de cargos y en 60 años para otra, al paso que se eliminó la norma referente al retiro forzoso en cualquier edad, después de los cincuenta y cinco años en que el funcionario completara el tiempo de servicios necesario para obtener la pensión de jubilación, todo lo cual comporta modificación sustancial y supresión de las normas acusadas. Además, mediante el artículo 131 del mismo Decreto-ley 250 de 1970, en forma expresa fue derogado el artículo 3° del Decreto 902 de 1969, parcialmente objeto de la demanda.

Segunda. Conforme al artículo 30 del Decreto 432 de 1969, cuando la Corte, al pro--ceder al fallo, encuentre que la disposición acusada ha perdido su vigencia, deberá abstenerse de decidir en el fondo, por sustracción de materia. Como en este caso es claro que el artículo 3° del Decreto-ley 902 de 1969 fue expresamente derogado y ha dejado de regir, según los preceptos de igual fuerza del Decreto-ley 250 de 1970, lo conducente es una providencia inhibitoria.

FALLO

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declararse inhibida, por sustracción de materia, para decidir sobre el fondo de la demanda contra el artículo 3° del Decreto-ley 902 de 1969.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Ministro de Justicia y archívese el expediente.

Guillermo Ospina Fernández, Mario Alario DI Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Abel Naranjo Villegas, conjuez; Juan Benavides Patrón, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, Adán Arriaga Andrade, conjuez; Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, César Gómez Estrada, Rodrigo Noguera Labor de, conjuez; Gonzalo Vargas Rubiano, conjuez; Enrique López de La Pava, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis ' Sarmiento Buitrago, Esteban Bendeck Olivella, conjuez; Hernán Torres Agudelo, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretarlo General.