300Corte SupremaCorte Suprema30030005499Luis Sarmiento Buitrago197022/01/1970Luis Sarmiento Buitrago_1970_22/01/197030005499IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RENTA VITALICIA. COSTOS Y DEDUCCIONES DE LOS AGRICULTORES Son exequibles los artículos 1°, literal b), 10, parágrafos 2°, 15,16, 33, 36, numerales 3°, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, numerales 5° y 62, parágrafo 2°, del Decreto 1366 de 1967. - La Corte se inhibe respecto de los artículos 23, incisos 4° y 6°, 24, 26, 62, parágrafos 1? y 86 del mencionado Decreto. Afirma el actor que este ordinal "tiende a desconocer la naturaleza jurídica y económica del contrato de renta vitalicia". El Código Civil reglamenta el contrato de renta vitalicia diciendo que es aquél por medio del cual una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero; y considera este contrato como aleatorio. De la definición del Código se deducen por consiguiente los siguientes aspectos del contrato: el carácter aleatorio y oneroso; que la pensión consista en dinero y que haya un precio. Además, es un contrato solemne, que requiere el otorgamiento de escritura pública. El precio puede ser en dinero, o en cosas raíces o muebles; y la pensión puede determinarse libremente entre las partes sin que la ley exija proporción entre la renta y el precio. El literal b) del artículo del Decreto 1366, acusado, eleva al doce por ciento (12%) del precio o capital la estimación de la renta bruta para efectos fiscales. Esta estimación ha sido modificada desde el año de 1936 en que por medio del Decreto 818 se estimó en un tres y medio por ciento (3½%) del precio; la Ley 81 de 1960 elevó este porcentaje al seis; el Decreto 1366 lo aumenta al doce y la Ley 63 de 1967 ratifica esta estimación. El tratamiento que la ley da a estos contratos, según las normas citadas antes, se refiere exclusivamente al aspecto rentístico, sin modificar en nada la naturaleza jurídica y económica de los mismos. La aleatoriedad que el Código Civil asigna al contrato de renta vitalicia no se desvirtúa por el hecho de apreciar el precio de la renta en su valor real o comercial de acuerdo con las normas trazadas en las leyes fiscales. La renta puede ser fijada libremente por los contratantes sin sujeción al precio; pero para los efectos fiscales es necesario determinar el precio real y deducir el doce por ciento (12%) como renta bruta. El aumento que ha sufrido la estimación de esta renta bruta desde el año de 1936, sigue apenas la fluctuación del interés bancario, que rige las transacciones como lo anota el Procurador General. Corte Suprema de Justicia . - Sala Pierna. Bogotá, D. E., enero veintidós de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Luis Sarmiento Buitrago). 1970
Guilberto Sarmiento BarreraDemanda de inexequibilidad contra los artículos 1 literal b), 10 parágrafo 2, 15, 16, 26, 33, 36, 51, 52, 57 a 60, 61 numeral 5 y 62 parágrafo 2 del decreto 1366 de 1967Identificadores30030005500true77586Versión original30005500Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra los artículos 1 literal b), 10 parágrafo 2, 15, 16, 26, 33, 36, 51, 52, 57 a 60, 61 numeral 5 y 62 parágrafo 2 del decreto 1366 de 1967


IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RENTA VITALICIA.

COSTOS Y DEDUCCIONES DE LOS AGRICULTORES

Son exequibles los artículos 1°, literal b), 10, parágrafos 2°, 15,16, 33, 36, numerales 3°, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, numerales 5° y 62, parágrafo 2°, del Decreto 1366 de 1967. - La Corte se inhibe respecto de los artículos 23, incisos 4° y 6°, 24, 26, 62, parágrafos 1 y 86 del mencionado Decreto.

Afirma el actor que este ordinal "tiende a desconocer la naturaleza jurídica y económica del contrato de renta vitalicia".

El Código Civil reglamenta el contrato de renta vitalicia diciendo que es aquél por medio del cual una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero; y considera este contrato como aleatorio.

De la definición del Código se deducen por consiguiente los siguientes aspectos del contrato: el carácter aleatorio y oneroso; que la pensión consista en dinero y que haya un precio. Además, es un contrato solemne, que requiere el otorgamiento de escritura pública. El precio puede ser en dinero, o en cosas raíces o muebles; y la pensión puede determinarse libremente entre las partes sin que la ley exija proporción entre la renta y el precio.

El literal b) del artículo del Decreto 1366, acusado, eleva al doce por ciento (12%) del precio o capital la estimación de la renta bruta para efectos fiscales.

Esta estimación ha sido modificada desde el año de 1936 en que por medio del Decreto 818 se estimó en un tres y medio por ciento (3½%) del precio; la Ley 81 de 1960 elevó este porcentaje al seis; el Decreto 1366 lo aumenta al doce y la Ley 63 de 1967 ratifica esta estimación.

El tratamiento que la ley da a estos contratos, según las normas citadas antes, se refiere exclusivamente al aspecto rentístico, sin modificar en nada la naturaleza jurídica y económica de los mismos. La aleatoriedad que el Código Civil asigna al contrato de renta vitalicia no se desvirtúa por el hecho de apreciar el precio de la renta en su valor real o comercial de acuerdo con las normas trazadas en las leyes fiscales. La renta puede ser fijada libremente por los contratantes sin sujeción al precio; pero para los efectos fiscales es necesario determinar el precio real y deducir el doce por ciento (12%) como renta bruta.

El aumento que ha sufrido la estimación de esta renta bruta desde el año de 1936, sigue apenas la fluctuación del interés bancario, que rige las transacciones como lo anota el Procurador General.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Pierna. Bogotá, D. E., enero veintidós de mil novecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor Luis Sarmiento Buitrago).

I-DEMANDA

El ciudadano Gilberto Sarmiento Barrera, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.024.024 de Bogotá, presenta demanda de inexequibilidad contra las siguientes disposiciones:

"Decreto número 1366 de 1967

(Julio 20)

'Por el cual se dictan normas contra la evasión y el fraude al impuesto sobre la renta, complementarios, especiales y sucesorales y se adoptan otras disposiciones'.

"El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente de las que le confiere la Ley 28 del 19 de julio de 1967,

Decreta:

"Renta vitalicia

"Artículo 1° El artículo 33 de la Ley 81 de 1960 quedará así: Cuando se pacte renta vitalicia se tendrán en cuenta, para efectos fiscales, las siguientes normas:

"b) La pensión periódica es renta bruta para el beneficiario y se estimará en el 12 % anual del precio o capital;

"Artículo 10. Parágrafo 2° Para aceptar la deducción que soliciten por salarios los patronos obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), deberá acreditarse que se estaba a paz y salvo por tales conceptos en el último día del ejercicio fiscal, y acompañarse a la declaración de renta y patrimonio relación discriminada de los salarios denunciados al hacer los pagos o aportes.

"Artículo 15. El artículo 46 de la Ley 81 de 1960 quedará así: Unicamente se aceptarán como costo, deducción o exención, los salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones y en. general las compensaciones por servicios personales, los intereses, arrendamientos y regalías que han de constituir renta bruta para el beneficiario, cuando en la declaración de renta se le identifique por su nombre y apellido o razón social, y número de cédula de ciudadanía o de identificación tributaria (NIT), e indique el monto del pago o abono.

"La falta de cualquiera de estos requisitos sólo podrá suplirse comprobando que el beneficiario de la renta la había denunciado antes de haberse requerido o practicado la liquidación del impuesto al contribuyente que solicite el reconocimiento del respectivo costo, deducción o exención.

"En caso de que el beneficiario resida en el exterior, la cantidad pagada o abonada sólo será deducible si se acredita la consignación de lo retenido a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 27 de este Decreto.

"Serán deducibles sin que sea necesaria la retención:

"a) Los pagos a comisionistas en el exterior originados por la compra o venta de mercancías, materias primas u otra clase de bienes sin exceder del dos y medio por ciento (2½%) del valor de la operación.

"b) Los intereses sobre créditos a corto plazo derivados de la importación de mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios, sin exceder del cuatro por ciento (4%) del valor del crédito o sobregiro.

"La suma de los gastos a que se refieren los literales anteriores no podrán afectar en más de un cinco por ciento (5%) en cada ejercicio fiscal, la renta líquida computada antes de hacer la deducción.

"Los porcentajes indicados en este literal podrán ser modificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando las circunstancias así lo hicieren necesario.

"Artículo 16. A los contribuyentes dedicados a la agricultura que no pudieren cumplir los requisitos legalmente exigidos para la aceptación de costos y deducciones, se les tomará como tales el ochenta por ciento (80%) del valor de los ingresos que provengan de dicha actividad.

"Artículo 26. El artículo 60 de la Ley 81 de 1960 quedará así:

"La tarifa del impuesto sobre la renta para las personas naturales y sucesiones ilíquidas, es la siguiente:

tasa %

renta liquida gravable

impuesto

0.75

2.000.00

15.00

1.50

3.000.00

30.00

2.0

4.000.00

50.00

2.5

5.000.00

75.00

3.0

6.000.00

105.00

4.0

7.000.00

145.00

5.0

8.000.00

195.00

6.0

9.000.00

255.00

7.0

10.000.00

325.00

8.0

11.000.00

405.00

9.0

12.000.00

495.00

10.0

14.000.00

695.00

tasa %

renta liquida gravarle

impuesto

11.0

16.000.00

915.00

12.0

18.000.00

1.115.00

13.0

20.000.00

1.415.00

14.0

22.000.00

1.695.00

15.0

24.000.00

1.995.00

16.0

26.000.00

2.315.00

17.0

28.000.00

2.655.00

18.0

30.000.00

3.015.00

19.0

32.000.00

3.395.00

20.0

34.000.00

3.795.00

21.0

36.000.00

4.215.00

22.0

38.000.00

4.655.00

23.0

40.000.00

5.115.00

24.0

43.000.00

5.835.00

25.0

46.000.00

6.585.00

26.0

49.000.00

7.365.00

27.0

52.000.00

8.175.00

28.0

55.000.00

9.015.00

29.0

58.000.00

9.885.00

30.0

61.000.00

10.785.00

31.0

64.000.00

11.715.00

32.0

67.000.00

12.675.00

33.0

70.000.00

13.665.00

34.0

80.000.00

17.065.00

35.0

90.000.00

20.565.00

36.0

100.000.00

24.165.00

37.0

150.000.00

42.665.00

38.0

200.000.00

61.665.00

39.0

250.000.00

81.165.00

40.0

300.000.00

101.165.00

41.0

400.000.00

142.165.00

42.0

500.000.00

184.165.00

43.0

600.000.00

227.165.00

44.0

700.000.00

271.165.00

45.0

800.000.00

316.165.00

46.0

900.000.00

362.165.00

47.0

1.000.000.00

409.165.00

48.0

1.200.000.00

505.165.00

49.0

1.400.000.00

603.165.00

50.0

1.600.000.00

703.165.00

51.0

1.800.000.00

805.165.00

52.0

1.800.001.00

en adelante.

"Artículo 33. Los saldos no remesados, provenientes de ingresos sobré los cuales se haya hecho la retención, no se tendrán como patrimonio que implique la obligación de presentar declaración de renta y patrimonio en el año en que se obtengan.

"Artículo 36. El artículo 75 de la Ley 81 de 1960 quedará así:

"No están sujetos al impuesto complementario de patrimonio:

1) Los bienes improductivos, cuando por una absoluta imposibilidad física o jurídica, derivada de causas ajenas a la voluntad del contribuyente, no haya lugar a la obtención de renta en el ejercicio gravable de que se trate.

"Para gozar de este beneficio, deberá formularse la correspondiente solicitud junto con la declaración de renta y patrimonio, acreditando las causas de la improductividad; si se trata de socios, la solicitud la hará la respectiva sociedad. La exención se limitará proporcionalmente a la parte del año en que los bienes estuvieron afectados por la imposibilidad absoluta, de conformidad con los reglamentos.

"2. Los bienes originados en capitalización de rentas exclusivas de trabajo, prestaciones sociales, indemnizaciones por muerte, enfermedades o accidentes de trabajo, o bonificaciones reconocidas a los trabajadores. Se presume que las capitalizaciones que efectúe el contribuyente corresponden en primer término a estas rentas. Esta exención sólo rige para el año en que se obtenga y capitalice el respectivo ingreso.

"3. Los saldos no remesados ni reinvertidos en el país que tengan por origen ingresos sobre los cuales se haya practicado la retención ordenada en este Decreto, en el año en que se obtengan.

"4. Los objetos de arte y colecciones de autores extranjeros, cuyo precio de adquisición para cada objeto no exceda de $ 1.000.00, o para la colección completa de $ 10.000.00. Si el valor fuere superior a estas cifras se gravará el exceso.

"5. Los objetos de arte o colecciones de autores nacionales.

"6. Los muebles de uso personal o doméstico, salvo las joyas, en cuanto su valor comercial total no exceda de $ 10.000.00.

"7. Los bienes pertenecientes a personas que no sean gravables con el impuesto sobre la renta o los que produzcan rentas exentas de gravamen, salvo cuando la ley que conceda la exención excluya expresamente el impuesto complementario.

"8. Los cementerios públicos o privados, bóvedas y mausoleos.

"9. Los resguardos indígenas.

"10. Los primeros $ 20.000.00 de los patrimonios líquidos gravables que no excedan de $ 200.000.00.

"11. Los primeros $ 60.000.00 invertidos en acciones de sociedades anónimas colombianas.

"12. Los derechos patrimoniales de los asociados en corporaciones, asociaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro.

"13. Los patrimonios invertidos en minas de oro, plata y platino.

"14. Los demás bienes exentos en virtud de leyes especiales.

"Artículo 51. El artículo 17 del Decreto 1651 de 1961 quedará así:

"Cuando los funcionarios de impuestos encuentren alguna situación que sea necesario aclarar, deberán solicitar explicaciones al contribuyente fijando para ello un término prudencial; pero no podrán requerirlo para que cumpla formalidades que por ley ha debido llenar en la declaración de renta y patrimonio. Salvo disposición expresa en contrario, el incumplimiento de lo ordenado en este artículo no causa nulidad de la liquidación, sino las sanciones disciplinarias legales.

"Vencido el plazo sin que el contribuyente haya dado respuesta al requerimiento, el funcionario procederá de acuerdo con los elementos de juicio existentes.

"Artículo 52. El artículo 25 del Decreto 1651 de 1961 quedará así:

"Todo contribuyente puede corregir su declaración de renta y patrimonio ya presentada para adicionarla, modificarla o cumplir requisitos omitidos, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que vence legalmente el plazo para presentarla, o a la de su presentación, si ésta fuere extemporánea. Dichas correcciones no darán lugar a sanciones y se entenderán así cumplidos oportunamente tales requisitos.

"El plazo para la corrección oportuna se extingue por auto que ordene inspección ocular de la contabilidad, requerimiento o notificación de la liquidación oficial. Extinguido el plazo, los hechos materia de corrección deberán demostrarse plenamente.

"La liquidación privada que se presenta con la declaración de renta y patrimonio puede ser modificada por las Secciones de Liquidación o por el contribuyente, antes de que se practique la liquidación oficial definitiva.

Cuando se modifique la declaración, simultáneamente debe corregirse la liquidación privada.

"Artículo 57. Hacen parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes internos y externos que sirven de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con el negocio.

"Parágrafo. Se entiende por comprobante interno el documento que sirve para registrar operaciones que no afectan directamente a terceros, tales como movimiento de reservas, gastos diferidos, distribución de costos y gastos, etc., y debe contener: fecha, número de serie, descripción de la operación y cuantía de la misma.

"Comprobante externo es el documento que se produce para registrar operaciones realizadas con terceros, tales como: facturas de ventas, recibos por compras, ingresos y egresos de caja, etc., y debe contener la fecha de expedición, número de serie, nombre, cédula de ciudadanía o número de identificación tributaria (NIT) de la persona con la cual se realizó 1a, operación, detalles, valor y forma de pago.

"Artículo 58. El artículo 77 del Decreto 1651 de 1961 quedará así:

"Constituyen plena prueba los asientos de contabilidad en los libros del contribuyente debidamente registrados y llevados de acuerdo con las normas legales, cuando aparezcan respaldados por comprobantes internos o externos.

"Artículo 59. Los libros de contabilidad y sus comprobantes deberán presentarse conjuntamente a los funcionarios de Impuestos Nacionales legalmente autorizados para inspeccionarlos, en el momento en que éstos lo requieran.

"Artículo 60. El registro de los libros de contabilidad podrá hacerse en cualquier momento del período fiscal, pero el movimiento debe asentarse diariamente.

"Artículo 61. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad según el Código de Comercio, incurrirá en sanción en los siguientes casos:

5° Cuando sin justa causa se negaren a exhibir los libros y los documentos que forman parte integrante de la contabilidad, solicitados por los funcionarios de Impuestos Nacionales legalmente autorizados para revisarlos.

"Artículo 62…

"Parágrafo 2° Las multas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones por extemporaneidad e inexactitud y del desconocimiento de costos, deducciones de la renta bruta o pasivos patrimoniales, cuando esto resulte procedente de acuerdo con las normas tributarias".

II-NORMAS CONSTITUCIONALES QUE EL ACTOR CONSIDERA INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

Sin referirse a cada uno de los artículos acusados, el actor afirma que hubo exceso en el uso de las facultades conferidas al Gobierno por la Ley 28 de 1967, por lo cual se viola el numeral 12 del artículo 76 de la Carta; y que, al referirse a los contratos de renta vitalicia celebrados con anterioridad a la fecha del Decreto, se viola el artículo 30 en cuanto vulnera los derechos adquiridos.

Reiteradamente solicita el demandante la declaratoria de inexequibilidad o ilegalidad, fundando su argumentación en que varias de las normas acusadas violan preceptos legales o contradicen la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Igualmente omite la transcripción literal de algunos preceptos que acusa.

III- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Este funcionario hace un detenido estudio de las disposiciones acusadas; refiriéndose principalmente a la naturaleza jurídica del contrato de renta vitalicia, y a la facultad legal de aumentar el porcentaje que se debe declarar como renta bruta a título de pensión dice:

"En cuanto a que el aumento porcentual establecido en la norma acusada "genera retroactividad, y por consiguiente vulneración de derechos adquiridos", debe anotarse que el régimen legal del impuesto sobre la renta crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, y no individuales o concretas; por lo tanto, no puede hablarse de derechos adquiridos. Las situaciones jurídicas a que da lugar el régimen impositivo son eminentemente modificables, razón por la cual leyes posteriores pueden variar el sistema de tributación sin que el contribuyente pueda oponerse válidamente a ello".

Termina pidiendo:

"1° Declarar inexequible el artículo 26 del Decreto-ley 1366 de 1967, pero solamente en la parte en que señala la tasa del impuesto aplicable a las rentas líquidas gravables de dos mil pesos ($ 2.000.00) a cinco mil pesos ($ 5.000.00);

"2° Declarar exequibles las siguientes normas del mismo Decreto 1366 de 1967: literal b) del artículo 1°, el parágrafo 2° del artículo 10, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 33, el numeral 3° del artículo 36, el artículo 51, el artículo 52, el artículo 58 y el artículo 59;

"3° Declararse inhibida para decidir sobre la acusación formulada contra el artículo 86 del Decreto 1366 de 1967, por sustracción de materia; y

"4° Declararse inhibida para decidir respecto de los incisos 4° y 6° (sic) del artículo 23, el parágrafo del artículo 57, los incisos 1° y 3° del artículo 60, el artículo 61 y el artículo 62 del mencionado Decreto N° 1366 de 1967, por ineptitud de la demanda".

IV- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Sin tener en cuenta los argumentos sobre ilegalidad o violación de la jurisprudencia del Consejo de Estado que el actor desarrolla como fundamento principal de su demanda, la Corte en distintos apartes procede a hacer el estudio de cada una de las normas acusadas y su confrontación con los preceptos de la Carta, omitiendo decidir acerca de las disposiciones cuya transcripción literal no se hizo, porque este requisito, si bien de forma, es de necesario cumplimiento según el artículo 16 del Decretó 432 de 1969.

Primera. No se estudia la impugnación de los artículos 23, incisos 4° y 6°, 24 y 86, porque el actor no hace la transcripción literal de los mismos.

Segunda, a) El literal b) del artículo 1° del Decreto 1366 que dice:

"La pensión periódica es renta bruta para el beneficiario y se estimará en el doce por ciento (12%) anual del precio o capital".

Afirma el actor que este ordinal "tiende a desconocer la naturaleza jurídica y económica del contrato de renta vitalicia".

El Código Civil reglamenta el contrato de renta vitalicia diciendo que es aquél por medio del cual una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero; y considera este contrato como aleatorio.

De la definición del Código se deducen por consiguiente los siguientes aspectos del contrato: el carácter aleatorio y oneroso; que la pensión consista en dinero y que haya un precio. Además, es un contrato solemne, que requiere el otorgamiento de escritura pública. El precio puede ser en dinero, o en cosas raíces o muebles; y la pensión puede determinarse libremente entre las partes sin que la ley exija proporción entre la renta y el precio.

El literal b) del artículo 1° del Decreto 1366, acusado, eleva al doce por ciento (12%) del precio o capital la estimación de la renta bruta para efectos fiscales.

Esta estimación ha sido modificada desde el año de 1936 en que por medio del Decreto 818 se estimó en un tres y medio por ciento (3½ %) del precio; la Ley 81 de 1960 elevó este porcentaje al seis; el Decreto 1366 lo aumenta al doce y la Ley 63 de 1967 ratifica esta estimación.

El tratamiento que la ley da a estos contratos, según las normas citadas antes, se refiere exclusivamente al aspecto rentístico, sin modificar en nada la naturaleza jurídica y económica de los mismos. La aleatoriedad que el Código Civil asigna al contrato de renta vitalicia no se desvirtúa por el hecho de apreciar el precio de la renta en su valor real o comercial de acuerdo con las normas trazadas en las leyes fiscales. La renta puede ser fijada libremente por los contratantes sin sujeción al precio; pero para los efectos fiscales es necesario determinar el precio real y deducir el doce por ciento (12%) como renta bruta.

El aumento que ha sufrido la estimación de esta renta bruta desde el año de 1936, sigue apenas la fluctuación del interés bancario, que rige las transacciones como lo anota el Procurador General.

La norma acusada se ciñe estrictamente a la facultad concedida al Gobierno por el literal a) del artículo 1° de la Ley 28 de 1967 que dice: "Determinar la renta y patrimonio gravable de los participantes en contratos de renta vitalicia, tomando en consideración la naturaleza jurídica y económica de tales contratos".

b) Acusa el actor el parágrafo 2° del artículo 10 en cuanto exige el Paz y Salvo por concepto de los aportes o pagos que los patronos están obligados a hacer al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) y la relación discriminada de los salarios denunciados al hacer tales aportes o pagos.

El literal h) del artículo 1° de la ley de facultades autoriza al Gobierno a fin de: "establecer los controles necesarios para evitar la simulación en pagos deducibles de la renta bruta y en lo relativo a exenciones". La norma acusada encaja perfectamente dentro de la facultad conferida al Gobierno; y la exigencia que éste hace del paz y salvo por concepto de pagos al SENA y a los Seguros Sociales es admisible porque se trata de establecimientos públicos, de interés general, cuyo sostenimiento depende precisamente de los aportes que los empleadores hacen proporcionalmente a los sueldos o salarios que pagan a sus trabajadores.

De otra parte, este requisito estaba ya establecido en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 81 de 1960.

No hay exceso en el ejercicio de las facultades.

c) Acusa también el actor el artículo 15 del Decreto 1366.

Determina esté artículo los costos, deducciones, exenciones, salarios, etc., que afectan la renta bruta y la manera de demostrar tales deducciones o sea por medio de la identificación del beneficiario del pago o abono; acepta la prueba supletoria y reglamenta la comprobación cuando el beneficiario reside en el exterior.

El literal h) del artículo 1° de la ley de facultades permite al Gobierno establecer los controles necesarios para evitar la simulación en pagos deducibles de la renta bruta y en lo relativo a exenciones.

No se excede la facultad con la norma acusada.

Por otra parte debe observarse que esta norma sigue casi literalmente los lineamientos del artículo 46 de la Ley 81 de 1960 y que el artículo 25 de la Ley 63 de 1967 la modifica parcialmente.

d) El artículo 16 determina que a los contribuyentes dedicados a la agricultura que no puedan cumplir los requisitos legales exigidos para la aceptación de costos y deducciones "se les tomará como tales el ochenta por ciento (80%) del valor de los ingresos que provengan de dicha actividad".

La esencia de este precepto es, simplemente, señalar por vía de excepción a las normas generales sobre comprobación de costos y deducciones, un tanto por ciento de los ingresos brutos como costos o deducciones aceptables. Esto es, se trata del ejercicio, por vía exceptiva, de la facultad que el literal h) del artículo l9 de la ley otorgó al Gobierno para establecer los controles necesarios en orden a evitar la simulación en pagos deducibles de la renta, y ello en atención a las circunstancias de hecho en que normalmente se desarrolla la economía agrícola. La norma acusada, por lo tanto, encaja dentro de tales facultades.

Además, el artículo 25 de la Ley 81 de 1960 señala la manera de determinar los costos y faculta al Gobierno para hacer las reglamentaciones correspondientes, y el Decreto 437 de 1961, en su artículo 34 señala la manera de determinar los costos referentes a la agricultura. De lo cual resulta que la norma acusada tiene también sus antecedentes legales en estas disposiciones que se citan.

e) El artículo 26 del Decreto 1366 que señala "la tarifa dé impuestos sobre la renta para las personas naturales o sucesiones ilíquidas" ha sido ratificado por el artículo 16 de la Ley 63 de 1967, que dice: "la tarifa unificada de los impuestos para personas naturales y sucesiones ilíquidas de que trata el artículo 26 del Decreto 1366 de 1967, regirá durante la vigencia del impuesto especial de Fomento Eléctrico e Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) expirada la cual se reducirá en la misma proporción en que se hizo el ajuste al incorporar este impuesto en la mencionada tarifa".

Este impuesto especial creado por el artículo 101 de la Ley 81 de 1960 "regirá hasta el año gravable de 1969, inclusive" (artículo 108); y el Decreto 2814 de 1965 cambió la destinación del impuesto siderúrgico del país por el de Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS).

La ratificación que el artículo 16 de la Ley 63 de 1967 hace de la tarifa señalada en el artículo 26 del Decreto 1366 y la unificación de esta tarifa para personas naturales y sucesiones ilíquidas, deja sin base la acusación formulada por el actor contra el artículo 26, citado.

Hay, por consiguiente, una sustracción de materia.

f) Los artículos 33 y 36, numeral 3°, acusados, que recíprocamente se complementan porque el primero considera los saldos no remesados como patrimonio que no implica la obligación de presentar declaración de renta y patrimonio; y el segundo, en su numeral 39 establece que estos mismos "saldos no remesados" se tendrán como patrimonio no sujeto al impuesto complementario, se refieren a bienes sobre los cuales ya se han liquidado los impuestos de renta y complementarios y de los que se ha hecho la correspondiente retención en la fuente.

Por consiguiente si se tratara de incluir tales saldos no remesados dentro del patrimonio denunciable en la declaración de renta y patrimonio, se establecería una doble tributación que es lo que quiere evitarse con la facultad g) del artículo 1° dé la Ley 28 de 1967, que permite "dictar normas para evitar recargos provenientes de la tributación múltiple" cuando se trata de dividendos pagados o abonados en cuentas por sociedades anónimas domiciliadas en Colombia a favor de Sociedades de cualquier índole o de personas domiciliadas en el exterior

No hay rebajamiento de facultades.

g) El artículo 51, acusado, es una transcripción del artículo 17 del Decreto 1551 de 1961 que dice: "Siempre que el funcionario a quien corresponda practicar una liquidación del impuesto sobre la renta encontrare una situación que debe aclararse, partidas o información que requieran explicación, comprobación o adición, para salvaguardiar tanto los intereses del fisco como los del contribuyente, deberá solicitarlas señalando un término prudencial para la respuesta. Vencido dicho término podrá practicarse la liquidación por los elementos de juicio que obren en el expediente. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo no causa nulidad de la declaración sino la sanción disciplinaria prevista en el presente Decreto".

Este artículo 51 tiene su fundamento en la facultad concedida al Gobierno por el artículo 6° de la Ley 28 de 1967 para modificar las normas vigentes sobre tiempo útil para enmendar las declaraciones de renta y patrimonio y el reajuste de la declaración privada.

La prohibición de hacer requerimientos a los contribuyentes para que cumplan las formalidades exigidas por la ley tampoco implica un rebasamiento de las facultades legales.

h) El artículo 52 que señala el tiempo para corregir, adicionar, modificar o cumplir requisitos omitidos en la declaración de renta y patrimonio del contribuyente, corresponde exactamente a la facultad conferida en el artículo 69 de la Ley 28 de 1967 que dice: "las normas vigentes sobre tiempo útil para enmendar la declaraciones de renta y patrimonio y reajuste de la declaración privada serán modificadas por el Gobierno en cuanto sea indispensable para evitar fraudes y demoras en el pago oportuno del impuesto".

i) El artículo 57 determina que hacen parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes internos y externos que sirven de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con el negocio; el artículo 58 da el carácter de plena prueba a los libros registrados y llevados de acuerdo con las normas legales; y el 62 establece las sanciones para los contribuyentes que no tienen libros o los lleven en forma indebida.

Esta reglamentación de los libros de contabilidad, en cuanto a la manera de llevarlos y de presentar los comprobantes que justifiquen los asientos y la determinación de las sanciones, corresponde a la facultad otorgada al Gobierno en el literal 11) del artículo 1° de la Ley 28, que dice: "dictar normas sobre libros de contabilidad o de simples ingresos y egresos, comprobación de los asientos que se hagan en dichos libros y régimen de sanciones para los infractores.

j) Los artículos 59 y 71, numeral 5°, que obligan a los contribuyentes a presentar los libros de contabilidad a los funcionarios de impuestos nacionales legalmente autorizados para inspeccionarlos, y sancionan el incumplimiento, quedan comprendidos dentro de la facultad concedida al Gobierno en el literal 11) del artículo l9 de la Ley 28 de 1967, ya transcrito.

Por otra parte estas normas son un desarrollo del inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política.

k) Los artículos 60 y 62 (éste en cuanto no ha sido modificado por el artículo 27 de la Ley 63 de 1967) referentes a registro de los libros de contabilidad, a los asientos que en ellos se deban hacer y a las sanciones correspondientes, son igualmente una reglamentación emanada del literal 11) del artículo 1° de la ley de facultades, transcrito antes.

El parágrafo 2° de este artículo 62 también queda incluido dentro del literal 11) que se cita.

El parágrafo 1° del artículo 62 está expresamente modificado por el artículo 27 de la Ley 63 de 1967 que dice: "La cuantía de la sanción señalada en este artículo podrá graduarse en los reglamentos según la gravedad de la infracción y la capacidad económica del contribuyente, pero no podrá ser inferior a diez mil pesos ($ 10.000) ni exceder del veinticinco por ciento (25%) de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio fiscal".

V- FALLO

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, y, oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Primero. Declararse inhibida para decidir sobre la constitucionalidad de los artículos 23, incisos 4° y 6°, 24 y 86 del Decreto número 1366 de 1967, por ineptitud adjetiva de la demanda.

Segundo. Declararse inhibida para conocer de la acusación formulada contra los artículos 26 y 62, parágrafo 1°, del mismo Decreto, por sustracción de materia.

Tercero. Son exequibles los artículos 1°, literal b), 10, parágrafo 2°, 15, 16, 33, 36, numeral 3°, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, numeral 5° y 62, parágrafo 2° del Decreto 1366 de 1967.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, transcríbase al Ministerio de Minas y Petróleos y archívese el expediente.

J. Crótatas Londoño, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Juan Benavides Patrón, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, Gustavo Fajardo Pinzón, Jorge Gaviria Salazar, César Gómez Estrada, Edmundo Harker Puyana, Enrique López de la Pava, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Guillermo Ospina Fernández, Carlos Peláez Trujillo, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hernán Toro Agudelo, Luis Carlos Zambrano.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.