300Corte SupremaCorte Suprema30030005393Victor G. Ricardo196706/09/1967Victor G. Ricardo_1967_06/09/196730005393SUSTRACCION DE MATERIA La demanda se ha dirigido contra las disposiciones del decreto, con prescindencia del ordenamiento legal que le imprimió su fuerza obligatoria; la corporación no tiene materia sobre la cual proferir fallo de mérito, - No hay lugar a proveer en el fondo sobre las disposiciones acusadas. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., septiembre 6 de 1967. Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo. 1967
Hermenegildo Bonilla GómezDemanda de inexequibilidad contra el articulo 1, incisos 2, 3 y 4 y sus parágrafos 2 y 3 del decreto legislativo 2613 de 1956Identificadores30030005394true77471Versión original30005394Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el articulo 1, incisos 2, 3 y 4 y sus parágrafos 2 y 3 del decreto legislativo 2613 de 1956


SUSTRACCION DE MATERIA

La demanda se ha dirigido contra las disposiciones del decreto, con prescindencia del ordenamiento legal que le imprimió su fuerza obligatoria; la corporación no tiene materia sobre la cual proferir fallo de mérito, - No hay lugar a proveer en el fondo sobre las disposiciones acusadas.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, D. E., septiembre 6 de 1967.

Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo.

En ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución. Nacional el doctor Hermenegildo Bonilla Gómez, ha solicitado de esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1°, incisos 2°, 3° y 4° y sus parágrafos 2° y 3° del Decreto legislativo número 2613 de 30 de octubre de 1956, "por el cual se modifica el artículo 1105 del Código de Procedimiento Civil", publicado en el número 29198 del "Diario Oficiar1 de fecha 18 de noviembre de 1956 y que el peticionario estima violatorios "de los artículos 55, 76, Acto legislativo número 1 de 1945, 57, 2°, 52, 16, 26, inciso 1° del artículo 30, 56, 57, 61 y 121 de la Carta", según las alegaciones expuestas en su demanda.

Habiéndose corrido el traslado correspondiente al señor Procurador General de la Nación éste rinde su concepto solicitando a la Corte "que se sirva declarar que, por sustracción de materia, no es del caso considerar la demanda formulada por el doctor Hermenegildo Bonilla Gómez, sobre inexequibilidad de algunas normas del Decreto legislativo número 2613 de 1956", y al efecto argumenta de la siguiente manera:

"En sentir de la Procuraduría, no puede considerarse el fondo del asunto que plantea el doctor Bonilla Gómez, por cuanto el Decreto legislativo número 2613 de 1956, ahora parcialmente acusado, ya no existe ni está rigiendo como tal Decreto legislativo; en consecuencia, la honorable Corte Suprema de Justicia está en presencia del fenómeno de sustracción de materia.

"En efecto, primeramente las Leyes 2ª de 1958, 105 de 1959 y 79 de 1960 dieron temporalmente fuerza legal a los decretos de carácter extraordinario dictados durante esa emergencia. Y en vigencia de tales leyes, esa honorable Corporación sostuvo en doctrina reiterada que los citados decretos no podrán ser objeto de demanda de inconstitucionalidad pues habían dejado de regir sus disposiciones a ese título; y agregó que lo que podía acusarse era la ley, en cuanto hubiera dado fuerza legal a las normas de dichos decretos.

"Posteriormente la Ley 141 de 1961 dijo en su artículo 1°:

"'Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (.1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores'.

"Tales actos quedaron adoptados como leyes, con vigencia indefinida, por la Ley de 1961. De esta manera, se tiene que ya no están rigiendo los referidos Decretos legislativos, y entre ellos el número 2613 de 1956 que el doctor Bonilla Gómez demanda ahora. Sus normas, si no hubieren sido abolidas o reformadas por leyes posteriores, estarán rigiendo no a título de Decreto legislativo y como actos del Gobierno sino a título de ley emanada del Congreso Nacional y como voluntad del legislador.

"Para casos análogos ha sostenido la Procuraduría, y la honorable Corte Suprema de Justicia ha decidido repetidamente en varios fallos, entre los cuales me limito a citar el de 1° de diciembre de 1964 relativo a la demanda que el ciudadano Humberto Cortés Rojas formuló contra el Decreto legislativo número 003 de 1957, que en estas circunstancias se está en presencia del fenómeno de sustracción de materia, toda vez que el acto demandado no está vigente, aun cuando sus disposiciones -así no hubieren sido abolidas o modificadas- rijan como leyes permanentes de conformidad con lo ordenado por la Ley 141 de 1961.

"La referencia tangencial que a esta adopción hace el demandante en su escrito, al decir que 'en forma inexplicable, el Congreso Nacional dictó una ley acogiendo dicha legislación de emergencia, sin tener para nada en cuenta que se trataba de una legislación violatoria flagrantemente de los más nimios principios de la ciencia constitucional…' no es suficiente, en entender de la Procuraduría, para que la honorable Corte Suprema de Justicia entre a decidir sobre el fondo de la cuestión debatida. Y ello es así, por cuanto ni siquiera el doctor Bonilla Gómez cita la Ley a que se refiere vagamente, por lo cual la honorable Corte Suprema no podría pronunciarse respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley no demandada y por cuanto los argumentos centrales del actor se basan en la que él considera violación del artículo 121 de la Carta Fundamental del país, cargo que no puede hacerse respecto de una ley sino en relación con un Decreto legislativo; y como éste, para el caso que se estudia, no está vigente, hay imposibilidad de entrar al análisis de los argumentos que la demanda contiene".

Para decidir se considera:

El Decreto materia de la acusación, fue expedido por el Gobierno, invocando las facultades otorgadas por el artículo 121 de la Constitución Nacional y dejó de tener vigencia como Decreto legislativo para ser adoptado como Ley en virtud de lo dispuesto primeramente por la Ley 2ª de 1958 y luego por lo preceptuado en las normas consignadas en las Leyes 105 de 1959, 79 de 1960 y 141 de 1961 en "cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores".

Como la demanda en examen se ha dirigido contra las disposiciones del Decreto mencionado, cuyo carácter indica el acusador, con prescindencia del ordenamiento legal que le imprimió su fuerza obligatoria, es preciso concluir que la Corporación no tiene materia sobre la cual proferir fallo alguno de mérito.

De manera constante la Corte ha sostenido que "ésta no puede, por substracción de materia, decidir de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad de preceptos cuya vigencia ya cesó; por lo cual, las demandas de tal índole, a partir de la sanción de la Ley 2ª de 1959, contra los decretos a que ésta alude, en que se omite acusar la misma ley, no dan base a la Corte para dictar un pronunciamiento de mérito en el particular".

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción constitucional que le confiere el artículo 214 de la Carta, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, declara que no hay lugar a proveer en el fondo sobre las disposiciones acusadas.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese, previa comunicación a quien corresponda.

Eduardo Fernández Botero, Ramiro Araújo Gran, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Ignacio Gómez Posse, Crótatas Londoño, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L.

Secretario