300Corte SupremaCorte Suprema30030005384Arturo C. Posada196705/09/1967Arturo C. Posada_1967_05/09/196730005384FACULTADES EXTRAORDINARIAS El Ejecutivo no excedió las facultades que le fueron dadas para fijar los sueldos básicos del personal de las fuerzas militares. - Los decretos del Gobierno en ejercicio de facultades deben ceñirse a la Constitución desde el punto de vista de su contenido inmaterial y de la sujeción al régimen de la superlegalidad. (Sentencias de 15 y 28 de noviembre de 1947). Exequibilidad del Decreto 325 de 1959, parágrafo del artículo 1. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, 5 de septiembre de 1967. Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada. 1967
J. A. Pedraza PicónDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1 del decreto 325 de 1959Identificadores30030005385true77462Versión original30005385Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1 del decreto 325 de 1959


FACULTADES EXTRAORDINARIAS

El Ejecutivo no excedió las facultades que le fueron dadas para fijar los sueldos básicos del personal de las fuerzas militares. - Los decretos del Gobierno en ejercicio de facultades deben ceñirse a la Constitución desde el punto de vista de su contenido inmaterial y de la sujeción al régimen de la superlegalidad. (Sentencias de 15 y 28 de noviembre de 1947). Exequibilidad del Decreto 325 de 1959, parágrafo del artículo 1.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, 5 de septiembre de 1967.

Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada.

El doctor J. A. Pedraza Picón, en ejercicio de la acción pública concedida por el artículo 214 de la Constitución Nacional, presentó demanda de inconstitucionalidad del "parágrafo" del artículo 1° del Decreto 325 de 1959, expedido el 9 de febrero de ese año por el Gobierno Nacional, y publicado en el Diario Oficial número 30466, de 14 de marzo de 1961, del cual acompaña un ejemplar debidamente autenticado.

La norma demandada es del tenor siguiente:

"Parágrafo. Los Tenientes Primeros y Segundos de la Armada Nacional tendrán los mismos sueldos básicos fijados para Tenientes y Subtenientes, respectivamente".

Como antecedentes legales expone los siguientes, en resumen:

El artículo 42 del Decreto-ley número 50 de 12 de enero de 1956 (sic) estableció por primera vez "las equivalencias legales entre los grados navales de la Armada Nacional y 'los grados militares del Ejército, así:

"Contralmirante equivale a General.

"Capitán de Navío equivale a Coronel.

"Capitán de Fragata equivale a Mayor.

"Teniente de Navío equivale a Capitán.

"Subteniente de Navío equivale a Teniente.

"Guardiamarina equivale a Subteniente",

El artículo 9° de la Ley 92 de 1948, dentro del escalafón de la Armada Nacional, instituyó nuevas jerarquías navales, así:

"La denominación y jerarquía del personal de la Armada Nacional serán las siguientes... Oficiales de Clases. Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina; Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina. Y en el artículo 108 dispuso: 'El sueldo básico de los Oficiales de Clases, para los Tenientes Primeros y Tenientes de Infantería de Marina, será el que corresponda a los grados de Teniente de Navío y Capitán de Infantería de Marina. Y para el grado de Subteniente de Infantería de Marina, será el que corresponda a los sueldos establecidos para el grado de Teniente de Fragata y Teniente de Infantería de Marina. Los sueldos de los grados establecidos en la presente ley serán los mismos que tenía el personal de las denominaciones equivalentes'

Las denominaciones equivalentes son: Tenientes de Navío y Capitán; Subteniente de Navío y Teniente.

Teniente Primero igual a Teniente de Navío y a Capitán; Teniente Segundo igual a Subteniente de Navío, y éste a Teniente.

De aquí infiere el demandante que el Teniente Primero de Clase equivale o corresponde en el escalafón del Ejército al grado de Capitán, y el Teniente Segundo, al de Teniente; y que estas denominaciones "son jurídicamente iguales y legalmente equivalentes para todos los efectos de la igualdad que la ley estableció al crear tales denominaciones jerárquicas en el escalafón de la Armada Nacional".

Copia los artículos 21 y 24 de la misma Ley 92, que definen, en su orden, el Estado Naval Militar, y enumeran los derechos inherentes a él. Comenta que de tales normas se desprende que al Estado Naval Militar o grado naval militar le es inherente "un conjunto de derechos que conforman una perfecta situación subjetiva, patrimonial, individual y privada que está protegida por el artículo 30 de la Constitución Nacional"; que quien posee "el título de Teniente Primero o Teniente Segundo de la Armada Nacional, como Oficial de Clases, tiene un derecho adquirido con justo título, a la propiedad privada del grado, o a usar su denominación, uniforme, insignas, atribuciones y distintivos propios del grado en función, a ser nombrado en cargos que correspondan jeráquicamente" a estos grados o sus equivalentes de Capitanes o Tenientes; a "recibir los honores propios de tales grados, ejercitar las facultades disciplinarias y finalmente a percibir el sueldo que en la actividad sea establecido en el grado o grados equivalentes de Capitán y Teniente, respectivamente, pues su equivalencia, igualdad jurídica a Capitán y Teniente, les otorga sus mismos derechos y preeminencias. La ley no puede fijar cualquier sueldo sino el que a tal grado corresponda, porque el derecho a percibir el sueldo corresponde a su grado, es uno de los elementos integrativos del status naval militar y, por tanto, de su derecho adquirido".

En las consideraciones sobre inconstitucionalidad del parágrafo acusado, expone la demanda que la norma acusada viola el artículo 169 de la Carta, en razón de que el artículo 1° del Decreto 325 de 1959 reconoce que los sueldos básicos de la Armada Nacional serán los equivalentes de los Oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea y en el parágrafo acusado dispuso que los sueldos de los Tenientes Primeros y Segundos serán los básicos fijados para Tenientes y Subtenientes, respectivamente, cuando el artículo 108 de la Ley 92 de 1948 estableció que al Teniente Primero corresponde sueldo de Capitán y al Teniente Segundo el de Teniente. Al asignarles sueldos de categoría militar inferior, quedaron "convertidos automáticamente en Tenientes y Subtenientes, respectivamente, quienes eran Capitanes y Tenientes, respectivamente".

"Con este procedimiento cambió sustancialmente el Estado Naval Militar de los grados de Tenientes Primeros y Segundos, como Oficiales de Clases, privándolos del derecho de propiedad a ser equivalentes a Capitanes y Tenientes", en su orden, garantizado por el artículo 30 de la Constitución, y del derecho a percibir el sueldo de actividad correspondiente a Capitán y a Teniente, o sea, que se priva a los Tenientes Primeros del grado de Capitán, y a los Tenientes Segundos del grado de Teniente que poseían, lo que entraña una trasgresión del artículo 169 de la Constitución Nacional, que dice: "Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley".

Al señalar el sueldo de Teniente a los Tenientes Primeros y el de Subteniente a los Tenientes Segundos, se les priva del grado militar de Capitán y Teniente, respectivamente, que son los grados equivalentes. Jurídicamente cambió el "status militaris" de Teniente Primero, que era antes de Capitán, por el de Teniente; y el de Teniente Segundo por el de Subteniente, cuando antes era Teniente. Privándolos del derecho de percibir el sueldo equivalente a su propio grado o estado militar, quedan degradados en consecuencia.

El parágrafo acusado viola el artículo 169 de la Constitución, pues se ha desobedecido la prohibición "de privar a los militares de sus grados, pensiones y honores sin arreglo al caso y modo de la ley, sino mediante el abusivo procedimiento de fijar un sueldo de actividad que correspondía a otra categoría inferior. Quedó afecto de inconstitucionalidad el texto del parágrafo acusado y, por tanto, hay lugar a declararlo inexequible".

Copia el texto de la Ley 44 de 1958 por la cual se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República "para fijar asignaciones del personal de las Fuerzas Armadas, determinando los sueldos básicos...

Observa que conforme al ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución, las facultades extraordinarias deben ser precisas y pro tempore como son las de "fijar las asignaciones del personal de las Fuerzas Armadas, con el exacto fin de determinar los sueldos básicos de cada grado, para crear o reunir o refundir primas y subsidios y para reajustar las pensiones de los beneficiarios del personal fallecido en goce de pensión y en uso de buen retiro. Cualquiera otra disposición o mandato que excediera tal límite incurriría en ilegalidad por exceso en el ejercicio de la facultad concedida al Gobierno para dictar la ley que el Gobierno no quiso dictar".

El Ejecutivo no tenía facultad para privar de los grados militares a quienes ya poseían su status naval militar, ni para cambiar y sustituir las equivalencias entre los grados navales militares y los grados del escalafón de Oficiales del Ejército ni para modificar el escalafón naval militar. La tenía sólo para fijar los sueldos básicos de cada grado. Con el parágrafo acusado el Gobierno excedió el poder, hizo uso abusivo de las facultades, porque privó a los Tenientes Primeros del grado de Capitán, que lo eran por equivalencia, y a los Tenientes Segundos, del grado de Teniente que lo eran por la misma razón; los degradó a categorías inmediatamente inferiores de Tenientes y Subtenientes; cambió de plano las equivalencias establecidas por la Ley 92 de 1948 dentro del escalafón naval militar y el escalafón militar del Ejército, modificó el status militar en cuanto al derecho de percibir el sueldo equivalente al grado correspondiente a los Oficiales del Ejército. Este abuso afecta de inconstitucionalidad la norma demandada porque no se ajustó al ordinal 12 de la Carta.

Finalmente, expresa el demandante que, aunque es doctrina que la declaración de inexequibilidad sólo produce efectos desde la fecha de la sentencia, es de anotar que el decreto efecto derechos subjetivos adquiridos con justo título referentes a pensiones que se están liquidando sobre la cuantía de los sueldos fijados en el parágrafo acusado y no sobre los que fijó el artículo 108 de la Ley 92 de 1948, y como tales derechos se refieren a efectos de trabajo protegido por el artículo 17 de la Constitución, la declaración de inexequibilidad debe hacerse sin perjuicio de los derechos pensiónales adquiridos por los Tenientes Primeros y Segundos.

Concepto del Procurador.

El señor Procurador General conceptúa en lo pertinente: "Del estudio cuidadoso del acto acusado a la luz de las disposiciones constitucionales invocadas, no se ve en qué forma el señalamiento de los sueldos corresponidentes a cada grado de cuantos integran la jerarquía militar pueda haber degradado o privado de su grado a determinados Oficiales de la Armada, a la vez que modificado su status militar. El Estado Naval Militar está integrado por una serie de derechos y prerrogativas que taxativamente enumera el artículo 24 de la Ley 92 de 1948, el último de los cuales es £la percepción de sueldos y suplementos que las leyes, decretos y reglamentos determinen para cada caso, grado y situación Así la simple modificación de la cuantía de un sueldo, no permite concluir que ese statutos haya sido alterado, ni variada la equivalencia de un grado con respecto al otro; porque es evidente que los Tenientes Primeros o Tenientes de Navío continuarán equivaliendo a Capitanes y los Tenientes Segundos a Subtenientes de Navío, así perciban un sueldo inferior. Lamentable desde todo punto de vista sería admitir que la jerarquía militar no tiene más significado que el sueldo correspondiente a cada grado.

"En consecuencia tampoco puede hablarse de abuso por parte del Ejecutivo Nacional en el ejercicio de las facultades que le confirió el legislador, habiéndose limitado a ejecutar lo que la misma ley determinó, sin invadir una esfera de actividad que le estuviera prohibida y dentro del término previsto en ella.

"La función de crear empleos y fijar sus respectivas dotaciones es atribución del Congreso, prevista en el artículo 75 de la Constitución Nacional, y por medio de la Ley 44 de 1958 se confirieron facultados extraordinarias al Presidente de la República para señalar las asignaciones del personal de las Fuerzas Armadas determinando los sueldos básico, creando, refundiendo o suprimiendo primas y subsidios, de las que podría hacer uso hasta el 20 de julio de 1959".

Y en cuanto a que el parágrafo acusado es inconstitucional porque se excedió de las facultades que se le dieron al Presidente de la República por la Ley 44 de 1958, observa la Procuraduría que, habiéndose dictado el Decreto 325 en aplicación de dicha ley, que no pugna con los preceptos de la Carta, no tiene objeto la demanda de inexequibilidad. ya que ha sido doctrina sostenida de la Corte que no hay lugar a considerar el pedimento de inconstitucionalidad de un decreto fundado en una ley y acorde con ella, mientras ésta no haya sido declarada inexequible, "pues el acto gubernativo dictado en aplicación y con observancia de la ley se sustenta suficientemente en ella".

Consideraciones de la Corte:

Para fijar la concordancia o desacuerdo que tenga la norma acusada con los preceptos pertinentes de la Carta, es indispensable examinar lo que las leyes orgánicas y reorgánicas de la Armada Nacional han dispuesto sobre los grados, jerarquía y sueldo de los Oficiales de Clases, como son los Tenientes Primeros y Segundos.

Tiénese que, según la Ley 105 de 1936, orgánica de la Armada Nacional, los grados navales y jerarquía de los Oficiales inferiores eran los de Guardiamarinas, y de los subalternos, el Subteniente de Marina y el Teniente de Navío, al cual seguía como Oficial Superior el Capitán de Corbeta; que las equivalencias de los grados navales con los del Ejército eran: Guardiamarina y Subteniente, Subteniente de Navío y Teniente y Teniente de Navío y Capitán.

El Decreto 50 de 1937 dictado, en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por la Ley 6ª de 1936, mantuvo las mismas equivalencias de los grados navales con los del Ejército instituidas en la Ley 105 de 1936, Creó la Infantería de Marina, y estableció los grados de Capitán, Teniente y Subteniente de esa arma con los mismos sueldos asignados a Tenientes de Navío, Subtenientes de Navío y Guardiamarinas.

La Ley 92 de 1948, reorgánica de la Armada Nacional, consagró las siguientes denominaciones y jerarquía para los Oficiales a que se contrae la demanda.

Oficiales subalternos: Teniente de Navío y Capitán de Infantería de Marina. Teniente de Fragata y Teniente de Infantería de Marina, Teniente de Corbeta y Subteniente de Infantería de Marina.

Oficiales de Clases: Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina. Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina (artículo 9°).

El artículo 21 define el Estado Naval Militar como la "situación creada por el conjunto de obligaciones y derechos que las leyes y reglamentos establecen para el personal de la Armada dentro de la jerarquía naval".

El artículo 24 fija los derechos inherentes a dicho Estado Naval, así:

"a) La propiedad del grado mientras no sea privado de él, de acuerdo con las leyes vigentes;

"b) El uso de la denominación, uniforme, insignias, atributos y distintivos propios del grado en función, de conformidad con la reglamentación correspondiente, y siempre que no exista inhabilidad legal para dicho uso;

"c) El cargo que corresponda a dicho grado;

"d) Los honores que el ceremonial marítimo prescribe para el grado y cargo correspondiente;

" e) El ejercicio de las facultades disciplinarias que para el grado y cargo dispongan los reglamentos de la Armada;

"f) La percepción de los sueldos y suplementos que las leyes, decretos y reglamentos determinan para cada caso, grado o situación".

El artículo 108 fijó como sueldo básico para los grados de Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina el correspondiente a los grados de Teniente de Navío y Capitán de Infantería de Marina y para los grados de Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina el que corresponde a los sueldos establecidos para los grados de Teniente de Fragata y Teniente de Infantería de Marina.

La Ley 92 de 1948 suprimió el grado de Guardiamarina, y creó en la Armada el grado de Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina, el de Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina, el de Teniente de Corbeta y Subteniente de Infantería de Marina y el de Teniente de Fragata y Teniente de Infantería de Marina. Quedaron, pues, en el mismo grado y jerarquía: el Teniente Segundo, el Teniente de Corbeta y el Subteniente de Infantería de Marina. El Teniente Primero, el Teniente de Fragata y Teniente de Infantería de Marina. El Teniente de Navío y el Capitán de Infantería de Marina. Hubo, por tanto, una distinción entre los grados de Teniente de Navío, que quedó con su equivalente de Capitán del Ejército; los de Teniente Primero y Segundo de Fragata, equiparados a Teniente de Infantería de Marina; y el de Teniente Segundo y Teniente de Corbeta asimilados a Subteniente de Infantería de Marina.

No obstante haber estatuido esta graduación, el artículo 108 fijó como sueldo básico del Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina, el que corresponde a Teniente de Fragata y Teniente de Infantería de Marina; y el de Teniente Primero, y Teniente de Infantería de Marina el correspondiente a los grados de Teniente de Navío y Capitán de Infantería de Marina. Es decir, que al Teniente Segundo le asignó el sueldo de Teniente, y al Teniente Primero el de Teniente de Navío o Capitán.

En estas condiciones, en uso de las facultades extraordinarias que la Ley 43 de 1958 le confirió al Presidente de la República para fijar las asignaciones del personal de las Fuerzas Armadas determinando los sueldos básicos, se dictó el Decreto 325 de 5 de febrero de 1959, que en el artículo 1° estableció los sueldos básicos mensuales de los Oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y sus equivalentes en la Armada, así: Subteniente $ 900. Teniente $ 1.000; Capitán $ 1.150. Mayor $ 1.250. Teniente Coronel $ 1.350. Coronel $ 1.450. Brigadier General $ 1.550. Mayor General $ 1.650. Teniente General $ 1.850.

Y agregó el parágrafo acusado: "Los Tenientes Primeros (1°s) y Segundos (2°s) de la Armada tendrán los sueldos básicos fijados para Teniente y Subteniente, respectivamente".

Cabe observar que habiendo dispuesto la Ley 105 de 1936 y el Decreto 50 de 1937 las equivalencias entre los grados de Teniente de Navío y Capitán, Subteniente de Navío y Teniente del Ejército y Guardiamarina y Subteniente; y habiendo creado la Ley 92 de 1948 en escalafón ascendente los grados de Teniente de Fragata y Teniente Primero como equivalente a Teniente de Infantería de Marina, y de Teniente Segundo y Teniente de Corbeta con equivalencia a Subteniente de Infantería de Marina, no puede decirse que subsistieran las equivalencias consagradas por la Ley 105 de 1936 y el Decreto 50 de 1937, porque los Tenientes Primeros y Segundos son creación de la Ley 92, y porque expresamente ésta en el artículo 9°, dispone la equivalencia de Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina, y de Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina. El hecho de que la misma Ley 92 les haya asignado a los Tenientes Primeros el sueldo de Teniente de Navío o Capitán del Ejército y a los Tenientes Segundos el señalado para los Tenientes de Fragata o Tenientes de Infantería de Marina, no significa que les haya reconocido el mismo grado y jerarquía, porque tal interpretación iría contra lo que la misma ley dispone en la graduación de Teniente de Navío y Capitán del Ejército, Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina, y Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina, es decir, que el grado y jerarquía que corresponde al Teniente Primero son los mismos de Teniente de Corbeta o Teniente de Infantería de Marina, y al Teniente Segundo el de Subteniente de Infantería de Marina. El primer grado dentro de la escala ascendente es el de Teniente Segundo y Subteniente de Infantería de Marina, y el segundo el de Teniente Primero y Teniente de Infantería de Marina.

Por tal razón, el Decreto 325 de 1959 al fijar a los Teniente Primero y Segundo el sueldo básico de Tenientes y Subtenientes del Ejército, enmendó la desigualdad que la Ley 92 consagró asignando a estos Oficiales el sueldo de Teniente de Navío o Capitán y el de Teniente respectivamente, que no correspondía al grado y jerarquía que la misma ley estableció en el artículo 9° y cumplió lo que el artículo 24 dispuso en cuanto a que el sueldo, como elemento del Estado Naval Militar, es el que las leyes, decretos y reglamentos señalen para cada caso, grado o situación. No se aviene con la justicia distributiva que el Subteniente tenga el sueldo de Teniente, ni éste, el de Capitán, sino que cada Oficial reciba el que corresponde a su grado, situación o Estado Naval Militar.

El parágrafo acusado se conforma con el artículo 76, ordinal 9° de la Carta que autoriza a la ley para crear los empleos que demande el servicio público y fijar sus respectivas asignaciones o sueldos, las cuales en el Ejército, por la gradación y jerarquía establecida por la ley, se han señalado en forma que corresponden al grado de cada Oficial.

Tampoco el parágrafo acusado viola el artículo 169 ibídem, porque la asignación a los Tenientes Primeros y Segundos del mismo sueldo básico de los Tenientes y Subtenientes del Ejército, que son los equivalentes consagrados en la Ley 92 de 1948, no significa la privación de sus grados y honores sino la retribución o sueldo que corresponde a su grado y jerarquía.

La inconstitucionalidad de la norma acusada por el aspecto analizado no tiene asidero alguno.

En cuanto al cargo de inconstitucionalidad del parágrafo acusado, en razón de que el Gobierno se excedió de las facultades que le fueron conferidas por la Ley 44 de 1958, se observa:

El artículo 1° de esta ley autoriza al Presidente de la República "para fijar asignaciones del personal de las Fuerzas Armadas, determinando los sueldos básicos, creando o refundiendo o suprimiendo primas y subsidios, en fin adoptando las demás disposiciones pertinentes, y para reajustar las pensiones de los beneficiarios de Oficiales y Suboficiales muertos en goce de buen retiro. Esta autorización comprende la facultad de abrir los créditos y hacer los traslados presupuéstales que sean necesarios y de ella podrá hacer uso hasta el 20 de julio de 1959".

El demandante no alega la inconstitucionalidad de la Ley 44, sino estima que el Ejecutivo al pagar a los Tenientes Primeros de la Armada el sueldo de Teniente del Ejército, y a los Tenientes Segundos de la misma, el de Subteniente, se excedió en el ejercicio de las facultades concedidas por aquella ley y violó, por lo mismo, el ordinal 12 del artículo 76 de la Carta, que no le permite al Presidente de la República usar de las autorizaciones extraordinarias sino dentro de los límites de precisión contenidos en la ley que las otorga.

Es manifiesto que al señalar el Gobierno a los Tenientes Primeros y Segundos el sueldo de Tenientes y Subtenientes, respectivamente, según la equivalencia que la Ley 92 de 1948 estableció con estos Oficiales del Ejército, y respetando la gradación y jerarquía consagradas por la misma ley, no aparece que el Ejecutivo se haya salido de las facultades que le fueron dadas para fijar los sueldos básicos del personal de las Fuerzas Militares en el cual está el de la Armada Nacional. Visto queda que al determinar estas asignaciones no ha habido desconocimiento alguno del Estado Naval Militar, ya que los Tenientes Primeros y Segundos seguirán gozando de todos los derechos que le confiere el artículo 24 de la Ley 92, y del sueldo que corresponde a su grado y jerarquía.

La doctrina que invoca el señor Procurador, consistente en que "no hay lugar a considerar y decidir el pedimento de inconstitucionalidad de un decreto que tenga como fundamento una ley y que sea acorde con ella, mientras ésta no haya sido declarada inexequible, pues el acto gubernativo dictado en aplicación y con observancia de la ley se sustenta suficientemente en ella", la aplicó la Corte respecto de decretos ordinarios, pero 110 de los dictados en uso de facultades extraordinarias, porque tales decretos, de acuerdo con el artículo 214 de la Carta, pueden ser acusados por sí solos cuando ellos directamente son viola-torios de la Constitución, o conjuntamente con la ley, cuando ésta no se ajusta a las exigencias de los ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Carta. Y si la tacha consiste en que el Gobierno dictó el precepto acusado excediéndose en las facultades, o mejor, sin éstas, la Corte bien puede examinar si hubo esta extralimitación para deducir o no la inexequibilidad. Aspecto diferente sería que la ley de autorizaciones adoleciera de violaciones constitucionales diferentes de las de no haberse sometido a las exigencias de los citados ordinales 11 y 12, entonces sí sería indispensable que la acusación del decreto fuera conjunta con la de la ley.

Son numerosos los fallos de la Corte en los cuales ha decidido sobre la exequibilidad o inexequibilidad de decretos dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias sin haberse abstenido por no haberse demandado la ley que las concede, haciendo sí la observación de que cuando la demanda de inexequibilidad se basa en que la ley en que se funda el decreto no se ajustó al ordinal 12 del artículo 76, es indispensable para que haya pronunciamiento de fondo que la demanda haya abarcado también la ley.

Vale transcribir lo que la Corte dijo en sentencias de 15 y 28 de noviembre de 1947 sobre el particular: "Aparece de aquí que los actos por medio de los cuales el Gobierno hace uso de su potestad en dictar las normas en reemplazo del Congreso deben ceñirse extrictamente a los preceptos constitucionales por un doble aspecto: desde el punto de vista de su contenido material; porque aquellos actos denominados decretos extraordinarios o decreto-leyes, no pueden referirse a materias distintas de las señaladas en el estatuto de las autorizaciones; y porque, igualmente, y como todo ordenamiento obligatorio en derecho, debe estar sujeto al régimen de la superlegalidad, vale decir, que sus prescripciones queden gobernadas en cuanto a su eficacia jurídica por los mandatos superiores de la Constitución Nacional.

"En el primer caso -provisión del decreto fuera de la órbita de las autorizaciones- sobreviene el quebranto a los preceptos constitucionales porque entonces el Gobierno obra sin competencia y, por consiguiente, su acto es sancionable con la inexequibilidad" (G. J., tomo 63, página 330).

A lo cual cabe agregar que si no aparece que el Gobierno haya obrado fuera de las autorizaciones, como ocurre en el caso aquí contemplado, y que si, según queda expuesto, el parágrafo acusado se somete a los mandatos constitucionales, debe declararse su exequibilidad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación declara que el parágrafo del artículo 1 del Decreto 325 de 9 de febrero de 1959, es exequible.

Comuniqúese al Ministerio de Defensa Nacional.

Notifíquese y publíquese en la Gaceta Judicial.

Eduardo Fernández Botero, Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardos o Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Ignacio Gómez Posse, Crótatas Londoño, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L

Secretario.

Salvamento de voto del Magistrado Aníbal Cardoso Gaitán.

Hago extensivo a la presente decisión mi disentimiento manifestado al expedirse los fallos de 16 de noviembre de 1966 y 22 de junio del mes en curso, en cuanto estas providencias limitan la facultad del Congreso para legislar en materia de educación, dando prevalencia a la facultad que el numeral 13 del artículo 120 de la Carta le otorga al Presidente de la República, sobre las atribuciones que el artículo 41 de la misma le confiere al Parlamento.

Fecha ut supra.