300Corte SupremaCorte Suprema30030005367Ignacio Gómez Posse196717/07/1967Ignacio Gómez Posse_1967_17/07/196730005367ESTADO DE SITIO Es manifiesta la falta de conexidad entre las disposiciones acusadas y el restablecimiento del orden público. La Corte ratifica el criterio doctrinal de los fallos de junio 28 de 1956 (G. J. número LXXXIII), de mayo 18 y julio 25 de 1966. - Inexequibilidad total del Decreto 235 de 1966. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena . - Bogotá, D. E., julio 17 de 1967. Magistrado ponente: doctor Ignacio Gómez Posse. 1967
Carlos A. Guzmán BoteroDemanda de inexequibilidad contra los articulos 1, 2, 3 parágrafo, 4 y 5 del decreto 235 de 1966Identificadores30030005368true77444Versión original30005368Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra los articulos 1, 2, 3 parágrafo, 4 y 5 del decreto 235 de 1966


ESTADO DE SITIO

Es manifiesta la falta de conexidad entre las disposiciones acusadas y el restablecimiento del orden público. La Corte ratifica el criterio doctrinal de los fallos de junio 28 de 1956 (G. J. número LXXXIII), de mayo 18 y julio 25 de 1966. - Inexequibilidad total del Decreto 235 de 1966.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., julio 17 de 1967.

Magistrado ponente: doctor Ignacio Gómez Posse.

El doctor Carlos A. Guzmán Botero en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional pide que se declaren inexequibles los artículos 1°, 2°, 3°, el parágrafo del citado artículo 3°, 4° y 5° del Decreto legislativo número 235 de 7 de febrero de 1966, publicado en el Diario Oficial número 31865.

Como hechos fundamentales de la acción señaló lo siguiente:

Por Decreto 0340 de 10 de diciembre de 1957, la llamada Junta Militar de Gobierno, "obrando de conformidad con las disposiciones del artículo 121 de la Constitución Nacional", autorizó al Gobierno Nacional para promover y realizar la fundación de una sociedad, anónima destinada a la construcción y explotación industrial de talleres que tengan como objetivo primordial la reconstrucción, el montaje y reparación de maquinaria y equipo agrícola y de obras públicas.

En los artículos 3°, 4°, 5° y 6° el mencionado Decreto dio las bases orgánicas de la sociedad, le señaló un término de duración de veinte años, un capital inicial de treinta millones de pesos "los que serán suscritos por el Gobierno Nacional, por las entidades oficiales y semioficiales y los particulares que se interesen en hacerlo Por el artículo 5° se declaró que: "El Gobierno Nacional aportará a la Sociedad hasta '1a suma de quince millones de pesos representados en los bienes señalados en las letras a), b) y c) de dicho artículo''.

El Decreto 0340 de 10 de diciembre de 1957, vino a convertirse en ley de la República de acuerdo con lo establecido en la Ley 141 de 1961 (diciembre 10), que adoptó como leyes los Decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde e'1 9 de noviembre de 1949 hasta el 20 de julio de 1958.

El acto acusado dice:

"Artículo 1° Autorízase a la Empresa Colombiana de Aeródromos (ECA), al Fondo Nacional de Caminos Vecinales, al Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea Colombiana y a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia para ceder al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, los derechos y acciones que poseen en Industrias Metálicas Colombianas S. A. INMECO.

"Artículo 2° Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para que, una vez legalizada la cesión de que trata el artículo 1°, traspase al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- el derecho de propiedad sobre sus acciones en INMECO S. A.

"Artículo 3° Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para que, al ceder las acciones que reúna, celebre con el SENA un convenio que permita al Gobierno Nacional obtener servicios para la reparación de sus equipos de obras públicas, como consecuencia de los programas de formación profesional que para este sector desarrolle el SENA y sin que tales labores perturben sus actividades docentes.

"Parágrafo. Los trabajadores del Ministerio y demás organismos integrantes de INMECO recibirán formación profesional en este centro, de acuerdo con las posibilidades del SENA y según lo que sobre el particular se determine en el mismo convenio.

"Artículo 4° Una vez recibida por el SENA la totalidad de las acciones, se liquidará la sociedad anónima INMECO, previo cumplimiento de las disposiciones que rigen esta clase de sociedades".

Entre los considerandos del Decreto demandado se expone:

Que por Decreto 1288 de 1965, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional; que el Gobierno Nacional ha considerado necesario que pasen a poder del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) las propiedades correspondientes a la sociedad anónima INMECO, para que aquella entidad amplíe sus programas de capacitación obrera; que la capacitación de las clases trabajadoras es un factor que contribuye fundamentalmente al afianzamiento de la tranquilidad social del país; que es decisión del Gobierno Nacional brindar por todos los medios la mejor capacitación para los actuales trabajadores dé las empresas y la habilitación de la mano de obra adulta actualmente desempleada, para que se incorpore dentro de la menor brevedad a la productividad nacional; que el Gobierno Nacional considera que es necesidad inaplazable proporcionar a los trabajadores y empleados oficiales un mayor campo de calificación técnica que les permita brindar en mejor forma sus servicios al Estado, o prestarlos eficientemente a la empresa privada, en caso de retiro; que debe lograrse una reducción en los gastos de funcionamiento del sector público para el cumplimiento de los planes de desarrollo nacional, y una mejor utilización del patrimonio oficial; que los accionistas de Industrias Metálicas S. A. han manifestado expresamente al Gobierno Nacional su intención de ceder las acciones que poseen en esta sociedad a favor del Ministerio de Obras Públicas, para que éste a su vez efectúe la cesión a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por considerar que de esa manera pueden continuar prestando mejor servicio sus terrenos, instalaciones y montajes, y atender, además, a la capacitación obrera; que el Decreto 340 de 1957 no permite la cesión de las acciones que el Ministerio posee en INMECO.

El actor entre otros documentos acompaña el certificado expedido por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, en el que consta "que la sociedad denominada Industrias Metálicas Colombianas S. A., domiciliada en esta ciudad, constituida por Escritura pública número 706 de marzo 7 de 1962, otorgada en la Notaría 79 de este Circuito, a la cual le fue concedido permiso definitivo de funcionamiento mediante Resolución número 437 de abril 26 de 1962, se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia",

El demandante declara que:

La simple lectura del articulado, demuestra que con el Decreto en cuestión se rebasaron los poderes excepcionales que al señor Presidente otorga el artículo 121 de la Constitución Nacional, explica las razones de su afirmación y cita doctrinas de la Corte que la respaldan.

Aparte de la invocación del artículo 121, el actor estima como violados otros preceptos constitucionales entre ellos los artículos 12, 30 y numeral 11 del artículo 76 de la Carta.

Corrido el traslado al señor Procurador General de la República, este funcionario es de concepto que se declare la inexequibilidad de todo el contenido del Decreto 235 de 1966, objeto de la demanda, y expresa:

"Debe admitirse que los objetos a que hace referencia la parte considerativa del Decreto legislativo número 235 de 1966 son convenientes: ampliar los programas de capacitación obrera que adelanta el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-; capacitar a las clases trabajadoras para que se incorporen a la productividad nacional; proporcionar a los trabajadores y empleados oficiales un mayor campo de calificación técnica que les permita brindar en mejor forma sus servicios al Estado o prestarlos eficientemente a la empresa privada, en caso de retiro, y lograr una reducción en los gastos de funcionamiento del sector público para el debido cumplimiento de los planes de desarrollo nacional y una mejor utilización del patrimonio oficial, son, a no dudarlo, metas deseables, benéficas para el país, y aun susceptibles de contribuir al afianzamiento de la tranquilidad social del país, de que habla el 3^ de los considerandos del acto acusado. Pero sin perjuicio de reconocer la bondad y conveniencia de los ordenamientos que para el logro de tales objetivos se adoptaron, no alcanza la Procuraduría a advertir que tengan una relación y una conexidad directas con la guarda del orden público o con la necesidad de restablecerlo una vez turbado"

Se considera:

Es doctrina de la Corte, consagrada en diversas sentencias, que al estudiar la acción de inexequibilidad sobre un Decreto legislativo dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias que consagra el artículo 121 de la Carta, es menester precisar si las ordenaciones acusadas tienden o no a restablecer el orden público de la nación perturbado por las causas que han dado origen a la declaratoria de estado de sitio; y por otra parte, si tales medidas tienen el carácter de transitorias, ya que de acuerdo con el estatuto citado de la Carta, levantado el estado de sitio, ellas dejan de regir automáticamente.

Como lo anota la Procuraduría, no se alcanza a precisar ni en las motivaciones, ni en el articulado del Decreto 235 de 1966 que las medidas que allí se dictan sean claramente conducentes al restablecimiento del orden público; se trata de disposiciones de conveniencia a favor de un instituto, cuyos fines sociales son reconocidos como benéficos; pero esta simple consideración no puede estimarse como objetivo que haga necesaria una legislación de emergencia que tienda a restaurar en forma inmediata el imperio de la paz quebrantada por la perturbación; en cuanto a la transitoriedad de las normas acusadas, a ello no se opone el que produzcan efectos o resultados permanentes mientras rijan.

De otra parte no puede aceptarse como constitucional, ha expresado la Corte, una norma legislativa dictada por sólo motivos de conveniencia, si de ella no aparece al propio tiempo que tiende a corregir un estado de perturbación de la normalidad pública. No tratándose de medidas u ordenaciones del carácter que se ha expresado, su expedición debe quedar sometida al imperio de la legislación ordinaria que el Congreso dicte en ejercicio de las funciones normales de la vida democrática de la nación, tanto más cuanto que, como en el caso presente, es manifiesta la falta de conexidad entre las disposiciones del Decreto acusado y el restablecimiento del orden público.

Sobre estos aspectos pueden citarse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte, que consagran el criterio doctrinal ya anotado: junio 28 de 1956 (G. J. número LXXXIII); sentencia de mayo 18 de 1966; 25 de julio de 1966, aún no publicadas en el Organo de la Corporación y que la Corte declara incorporados en su estructura jurisprudencial en el presente fallo.

Para resolver la demanda, es suficiente la consideración de que el Decreto 235 de 1966, no se acomoda a las exigencias del artículo 121 de la Carta.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 214 de la Carta, declara que es inexequible, en su totalidad el Decreto 235 de 7 de febrero de 1966.

Comuníquese al Ministro de Obras Públicas para los fines consiguientes.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente, previas las formalidades legales.

Eduardo Fernández Botero, Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Ignacio Gómez Posse, Crótatas Londoño, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L.

Secretario

Salvamento de voto

Como en ocasiones semejantes me he permitido exponer los motivos de mi disentimiento en forma un poco más amplia, ahora me limito a enunciados, en la siguiente forma:

a) Sobre la materia de la conexidad, a más de ser una cuestión de hecho, ajena a la competencia de la Corte como juez de derecho en materias constitucionales, en la práctica se traduce en decidir sobre la "conveniencia o inconveniencia" del respectivo decreto legislativo, que a más de conllevar un criterio puramente subjetivista, arrebata al Gobierno la resolución de una cuestión netamente administrativa, como la de determinar la conexidad o aptitud de una medida con el restablecimiento del orden público perturbado,

b) En cuanto concierne al contenido del decreto legislativo acusado, para declararlo constitucional si fuere meramente transitoria, o al contrario, inexequible, si fuere sobre materia con aptitud paira una disposición permanente, confunde dos cuestiones perfectamente diferentes, como es el contenido sustancial y estático de la norma con la dinámica formal, porque la transitoriedad de los decretos legislativos no se impone en razón del contenido o materias legisladas, sino en consideración al aspecto formal, esto es, por tratarse de una legislación de emergencia, por expresa disposición del artículo 121 y del numeral 8° del artículo 118 de la Constitución Nacional, y dictada por un "legislador" también de emergencia y con facultades precarias en cuanto al tiempo, mas no respecto a las materias, sobre las cuales ninguna limitación establecen las normas constitucionales citadas (Art. 121 y num. 8° del Art. 118).

c) Por otra parte, los efectos de la legislación de emergencia, dictada según el artículo 121 de la Constitución, no solamente los tiene mientras rijan, sino que se prolongan aun después de su vigencia, porque habrá normas que producen efectos más o menos permanentes o durables, como las obras construidas para el restablecimiento de la paz, o el cumplimiento de contratos celebrados1 con fundamento en decretos legislativos y otras muchas materias similares, como la vigencia de impuestos creados y pignorados para garantizar un empréstito, por ejemplo.

d) En fin, como el decreto propiamente no "legisla" sano que da automaciones a la& distintas entidades que integran la sociedad anónima INMECO, para obtener su liquidación, es una cuestión que compete más propiamente a los accionistas de aquélla, para que, de conformidad con los estatutos y con las normas legales dispongan su disolución, liquidación y partición de su patrimonio, integrado por maquinarias que pertenecen a otros tantos servicios descentralizados del Estado, que administrativamente podrá darles la destinación adecuada, previo acuerdo con los ex accionistas, con la aclaración de que el Ministerio de Obras Públicas, por no ser una persona administrativa, sino un organismo, representa a la misma nación o al Estado.

Fecha ut supra.

Efrén Osejo Peña.