300Corte SupremaCorte Suprema30030005308Ramiro Araújo Grau196728/04/1967Ramiro Araújo Grau_1967_28/04/196730005308ESTADO DE SITIO Un decreto dictado con invocación del artículo 121, sólo puede ser declarado inexequible, bajo la taclia de falta de relaciona con el restablecimiento del orden público, cuando es notoria su inconexidad con éste, y no cuando apenas aparezca dudosa o resalta clara la conexidad. Exequibilidad de los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto legislativo número 697 de 1966. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, 28 de abril de 1967. Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo Grau. 1967
Gustavo Rendón GaviriaDemanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto legislativo número 697 de 1966Identificadores30030005309true77367Versión original30005309Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto legislativo número 697 de 1966


ESTADO DE SITIO

Un decreto dictado con invocación del artículo 121, sólo puede ser declarado inexequible, bajo la taclia de falta de relaciona con el restablecimiento del orden público, cuando es notoria su inconexidad con éste, y no cuando apenas aparezca dudosa o resalta clara la conexidad. Exequibilidad de los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto legislativo número 697 de 1966.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, 28 de abril de 1967.

Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo Grau.

El ciudadano Gustavo Rendón Gaviria ejercitando el derecho consagrado en el artículo 214 de la Constitución Nacional, pide a la Corte que declare la inexequibilidad de los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto legislativo número 697 de 1966, que es del siguiente tenor:

"DECRETO LEGISLATIVO

NUMERO 697 DE 1966

"(marzo 21)

"por el cual se fijan los sueldos de algunos funcionarios de la Justicia Penal Militar, y se establecen sus equivalencias con la justicia ordinaria.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional,

"Considerando:

"Que el Decreto 1288 de 21 de mayo de 1965 declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional;

"Que para el restablecimiento del orden público es factor de esencial importancia que en toda la nación se administre pronta y cumplida justicia, porque de ella depende que se le dé una efectiva garantía a la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que es deber primordial del Estado;

"Que así mismo, es indispensable que los funcionarios vinculados a la administración de justicia tengan salarios equivalentes en las distintas jurisdicciones dentro de sus respectivos cargos, cosa que no acontece actualmente con algún personal de la Justicia Penal Militar y de su Ministerio Público, que devenga sueldos inferiores a los de las categorías equivalentes en la jurisdicción ordinaria;

"Que de conformidad con el Decreto-ley número 1720 de 1960, Ley 4ª de 1962 y Ley 24 de 1963, los sueldos de los Magistrados del Tribunal Superior Militar, personal subalterno y de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Policía Nacional, son equivalentes a los de la Justicia Ordinaria por haber sido nivelados por estos estatutos, sin derecho a primas, bonificaciones y subsidio que para el resto de personal del Ministerio de Defensa Nacional ordenan diferentes disposiciones legales, mandatos que se reiteran en este Decreto para guardar la nivelación referida,

"Decreta:

"Artículo 1º A partir del 1º de marzo de 1966 el personal de la Justicia Penal Militar y de su Ministerio Público que en seguida se detalla, devengará el sueldo que en cada caso se señala, así:

"Procurador Delegado para las Fuerzas Militares el que actualmente devengue.

"Auditores Superiores de Defensa Nacional, el que devenguen los Jueces Superiores de Distrito Judicial.

"Auditores principales de Defensa Nacional y Visitadores de Justicia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, el sueldo de los Jueces Municipales de la clase 'A'

"Jueces de Instrucción Penal Militar y Auditores Auxiliares de Defensa Nacional, el sueldo de los Jueces Municipales de la clase 'B'

"Jefes, de Vigilancia Judicial y Negocios Penales de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Policía Nacional, el que devenguen los Jueces Superiores de Distrito Judicial, sin ser inferiores al que actualmente perciben.

"Artículo 2º Para que la nivelación de los sueldos del personal de la Justicia Penal Militar y de la Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares de Policía Nacional con los de la Justicia Ordinaria continúe en la forma ordenada, reitéranse los ordenamientos del Decreto-ley número 1720 de 1960, Ley 4ª de 1962 y Ley 24 de 1963, en el sentido de que sobre las asignaciones fijadas para este personal, no se liquidarán primas, bonificaciones, ni subsidios adicionales distintos de los que sean comunes a todos los empleados públicos, nacionales.

"Artículo 3º El personal subalterno del Tribunal Superior Militar será de libre nombramiento y remoción del Ministerio de Defensa Nacional.

"Artículo 4º Facúltase al Gobierno para hacer los traslados y demás operaciones presupuéstales que requiera el cumplimiento del presente Decreto.

"Artículo 5º Este Decreto rige a partir del l9 de marzo de 1966 y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Comuníquese y publíquese.

''Dado en Bogotá, D. E., a marzo 21 de 1966

Para el demandante las normas acusadas infringen los siguientes artículos de la Carta: 160, inciso 49; 118, numeral 89; 121, incisos 39 y 49 y 170. Sus razones al respecto las expone en dos capítulos titulados ''Planteamientos de Orden General" y "Disposiciones que se acusan y Fundamentos de la Demanda", desarrollado este último en tres "cargos"; razones todas que el señor Procurador sintetiza con acierto de la siguiente manera:

"El Decreto legislativo número 697 no tiene conexidad con las causas de la perturbación del orden público, por lo cual es contrario al artículo 121 de la Constitución, y, además, contiene ordenamientos que deben ser de carácter permanente, pues modifica códigos, por lo cual carece de la transitoriedad que es característica de los decretos dictados al amparo de la citada norma constitucional

''Partiendo de la base de que los Magistrados del Tribunal Superior Militar hacen parte de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, el demandante asevera que están protegidos por la garantía constitucional de no ver suprimidos ni disminuidos sus sueldos durante el período para el cual fueron designados; agrega que los actuales Magistrados del citado Tribunal Superior fueron nombrados por Decreto 852 de 1965, marzo 31, para el resto del período de cinco años que se inició el 15 de julio de 1963 y hasta el 15 de julio de 1968 tienen derecho a que no se les disminuyan las asignaciones que venían rigiendo cuando se les nombró. Y como para esa fecha del nombramiento estaba vigente la Ley 68 de 1963 que adoptó el plan de clasificación y remuneración para los cargos de los empleados civiles al servicio del Ramo de Guerra, y en su Capítulo 3° detalla las primas y subsidios a que tienen . derecho tales empleados civiles, al disponerse por el artículo 2º del decreto legislativo acusado que sobre las asignaciones fijadas para el personal de la Justicia Penal Militar y de la Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares y Policía Nacional 'no se liquidarán primas, bonificaciones ni subsidios adicionales distintos de los que sean comunes a todos los empleados públicos nacionales', el referido artículo 2º suprime las primas, bonificaciones y subsidios a que el personal de la Justicia Penal Militar y de la Procuraduría Delegada tenía derecho, según los ordenamientos de la Ley 68 de 1963, reafirmados por los artículos 22 y 23 de su Decreto reglamentario número 351 de 1964. Y esta, supresión de primas, etc., que rige a partir del 1° de marzo de 1966 según el artículo 5º del Decreto legislativo número 697 del mismo año, se aplica al personal de Magistrados que tiene derecho adquirido, de conformidad con el artículo 160 de la Constitución, a dichos beneficios adicionales".

"Por lo anterior, estima el doctor Rendón Gaviria que los artículos 2º y 5º acusados violan el artículo 160 de la Carta, en su inciso 4º; este es el cargo fundamental que se contiene en la demanda

"Pero, además, considera también infringido el artículo 121, pues los ordenamientos del decreto legislativo no tienen conexidad con la perturbación ni tienden a remover sus causas, y carecen de la transitoriedad que es característica de los decretos que se dicten al amparo del artículo 121, pues modifican Códigos, como lo es el Sustantivo del Trabajo que en su artículo 127 dice que en el salario se incluyan primas, sobresueldos, etc., que el empleado perciba; por estas mismas razones, y al suspender normas legales anteriores que no son incompatibles con el estado de sitio, se ven afectados el citado artículo 121 y el 118 en su numeral 8º".

"Algunas otras acusaciones se formulan en la demanda; que el decreto suspende los artículos 160 de la Constitución y 13 del Plebiscito del 1° de diciembre de 1957; que deroga el artículo 99 del Código Administrativo, pues reprodujo una norma (artículo 103 del Decreto reglamentario 351 de 1964) anulada por sentencia del Consejo de Estado, y que se deroga igualmente el artículo 327 del Código de Justicia Penal Militar, todo lo cual es contrario a lo que el Gobierno puede hacer en uso de las facultades de excepción que el artículo 121 de la Carta le confiere en tiempo de turbación del orden público''.

Luego de advertir que en concepto anterior había compartido las tesis que expone ahora el demandante, sobre formar parte de la Rama Jurisdiccional los Jueces y Magistrados de la Justicia Penal Militar, el Procurador se extiende en importantes consideraciones para concluir que, a su juicio, la Corte debe declarar la exequibilidad de los preceptos objeto de la demanda.

Se estudian por separado los diversos motivos de la acusación.

Violación de los artículos 118 y 121 de la Carta.

Sostiene el demandante que las normas que acusa no tienen conexidad con el orden público, y que, además, son de carácter permanente, por lo que, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, violan ostensiblemente el artículo 121 de la Carta,

Es jurisprudencia constante de esta Corporación la de que un decreto extraordinario, dictado con invocación del artículo 121 de la Carta, sólo puede ser declarado inexequible, bajo la tacha de falta de relación con el restablecimiento del orden público, cuando es notoria su inconexidad con éste, y no cuando apenas aparezca dudosa o resulte clara la conexidad.

Dadas las funciones propias de la Justicia Penal Militar, especialmente en tiempos de turbación del orden público es innegable que existe conexión entre el restablecimiento de éste y lo atinente a sueldos de los miembros de esa Rama de la Justicia, así como entre dicho restablecimiento y el hecho de que el personal subalterno del Tribunal Superior Militar, sea durante el estado de sitio, de libre nombramiento y remoción del Ministerio de Defensa Nacional, sobre el que gravita de manera muy especial el mantenimiento de la paz pública.

Respecto a que las normas acusadas violen el artículo 121 por contener disposiciones de caracú ter permanente, bastará anotar" para contestar por la negativa, que el artículo 2º no suprimió prestación alguna de que estuvieran disfrutando los funcionarios de la Justicia. Penal Militar, ya que las supresiones a que alude el precepto habían sido hechas Por normas anteriores, limitándose el artículo a indicar cuáles fueron y reiterar su vigencia. Además tanto este artículo como el 3º, sólo regirán durante el estado de sitio, no sólo porque el artículo 5º del Decreto expresamente dice que sus normaciones apenas suspenden las disposiciones legales que le sean contrarias, sino porque así lo dispone terminantemente el propio artículo 121 de la Carta.

Sobre la no permanencia de las normaciones de estado de sitio dijo recientemente la Corte, en sentencia del 8 de abril del cursante año:

"En cuanto al 'carácter intrínsecamente transitorio que debe tener toda norma expedida con fundamento en las facultades del estado de sitio', según reclama la demanda, más bien que un requisito adicional es un elemento de orientación para apreciar el grado de conexidad de tales normas con la emergencia por ellas enfrentada. De ahí que la Corte haya expresado: 'Cuando por decreto se legisla sobre cosas que por su naturaleza exigen reglas de carácter permanente y no soluciones circunstanciales y transitorias, empieza a descubrirse con bastante claridad la incongruencia de la medida legislativa con el restablecimiento del orden público, desde luego que el ostensible propósito de la norma no consiste en resolver situación alguna de emergencia sano qué tiende a regular íntegra y permanentemente la materia como lo haría el Parlamento en ambiente propio de la normalidad constitucional. (Sentencia del 5 de agosto de 1958 '

No violando los preceptos acusados el artículo 121 es obvio que tampoco infringen el. 118.

Violación del artículo 160 de la Carta.

Dice el demandante que el artículo 2º del Decreto 697 viola el 160, inciso 4° de la Carta, por cuanto suprimió el disfrute de primas especiales a los actuales Magistrados del Tribunal Superior Militar, cuyo período de cinco años aún no ha terminado.

Como se dijo, el artículo 2° del Decreto 697 se limitó a reiterar lo que ya estaba ordenado en normas legales anteriores, a saber el Decreto-ley número 1720 de 1960, la Ley 49 de. 1962 y la Ley 24 de 1963, que no han sido objeto de acusación.

De otra parte esas normas ya estaban vigentes cuando en 31 de marzo de 1965 el Gobierno expidió el Decreto 852 del mismo año, por el cual nombró "en propiedad Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, para el resto del período que se inició el 15 de julio de 1963" La Ley 24 de 1963 fue promulgada el 17 de septiembre del mismo año, y en su artículo 9º estableció que "a excepción de la Prima de Navidad, los funcionarios cuyas asignaciones se fijan en la presente ley, no podrán disfrutar de reajustes de salarios o de primas, o de cualquier otra adición que signifique mejoría de asignaciones que sean decretadas en 1963"; pero la supresión de primas y bonificaciones ya había sido ordenada antes, por el Decreto 1720 de 1960, que en el artículo 1º subió a $ 3.000.00 el sueldo de los Magistrados del Tribunal Superior Militar, y cuyo artículo 2º dispuso: "Sobre las asignaciones fijadas en el artículo anterior no se liquidarán ni pagarán primas, bonificaciones ni subsidios adicionales distintos de los que sean comunes a todos los empleados públicos nacionales

No habiendo, pues, sufrido menoscabo en sus emolumentos los actuales Magistrados del Tribunal Superior Militar, por obra del artículo 2º del Decreto 697, es obvio que no viola éste el artículo 160 de la Carta, inciso 4°, como tampoco la infringe el artículo 5º.

No está de más advertir que la declaración de constitucionalidad que ha de hacer la Corte 110 conlleva pronunciamiento alguno sobre la exequibilidad de las normas citadas en el artículo 2º del Decreto 697, puesto que ellas no han sido objeto de acusación.

El demandante trae a colación en su libelo, en apoyo de sus tesis, una sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del artículo 103 del Decreto 351 de 1964, reglamentario de la Ley 68 de 1963. Reza el citado artículo 103:

"La clasificación y asignaciones del personal de la Justicia Penal Militar y de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continúan rigiéndose por los estatutos de dicho personal, Ley 4ª de 1962 y Ley 24 de 1963. En consecuencia, los funcionarios de estas dependencias no perciben la prima de servicios, la prima de actividad, la prima de clima, la prima mensual de alimentación y el subsidio familiar a que tiene derecho el personal clasificado por la Ley 68 de 1963, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto-ley número 1720 de 1960 y el artículo 9° de la Ley 24 de 1963".

Pero la declaración de nulidad de tal precepto la basó el Consejo en la consideración de haberse excedido el Gobierno en el ejercicio de la facultad reglamentaria, y no en la de que la norma violara el artículo 160 de la Carta; por lo cual bien podía ser reproducido, en lo sustancial, en un Decreto legislativo como el 697 de 1966.

Por lo que hace a la alegada infracción del artículo 170 de la Carta, según el cual "de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar, "no se alcanza a ver cómo habría podido resultar vulnerado por las normas acusadas".

En cuanto a las alegaciones del demandante sobre que los textos acusados suspendieron el artículo 160 de la Carta y el 13 del Plebiscito de 1957, y derogaron el artículo 327 del Código de Justicia Penal Militar, la Corte comparte lo sustancial de lo que al respecto expresó el Procurador.

"Tampoco pueden aceptarse alegaciones como la de que el decreto atacado suspende normas constitucionales (artículo 160 y artículo 13 del Plebiscito), pues nadie pretende que un decreto legislativo suspenda una norma constitucional porque la viole. Si la viola, la consecuencia es la inexequibilidad, no la afirmación gratuita de suspensión del principio de la Ley Suprema".

"Por lo demás, el Decreto 697 en su artículo 5° se limita a decir que suspende las disposiciones que le sean contrarias; si se cree que ciertas disposiciones legales (artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 99 del Código Contencioso Administrativo, Ley 68 de 1963, etc.), no son incompatibles con el estado de sitio ni contrarias al Decreto 697, quiere decir que no habrían quedado suspendidas. Fundamentar una acusación de inconstitucionalidad por este aspecto no tiene sentido".

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 2.14 de la Constitución Nacional,

Resuelve:

Son exequibles los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto legislativo número 697 de 1966.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial.

Luis Fernando Paredes, Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade, Samuel Barrientos Res-trepo, Humberto Barrera Domínguez, Flavio Cabrera Dussán, Crótatas Londoño, Gustavo Fajardo Pinzón, Aníbal Cardoso Gaitán, Ignacio Gómez Posse, Eduardo Fernández Botero, Efrén Osejo Peña, Enrique López de la Pava, Carlos Peláez Trujillo, Simón Montero Torres, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Antonio Moreno Mosquera.

Ricardo Ramírez L.

Secretario.