300Corte SupremaCorte Suprema30030005242Humberto Barrera Domínguez196616/12/1966Humberto Barrera Domínguez_1966_16/12/196630005242REFORMA JUDICIAL SUPRESION DE LA CATEGORIA CONSTITUCIONAL DE JUEZ DE CIRCUITO. La Corte decide que en cuanto al aparte a) demandado del punto primero del artículo 1º de la Ley 27 de 1963, estése a lo resuelto en la sentencia de esta Corporación de fecha 28 de Junio de 1965, y declarar inexequible lo demás de la parte acusada en el presente juicio, del artículo 1º de la misma Ley. Doctrina de la Sentencia. Naturaleza de las facultades extraordinarias. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso, por medio de ley, "revestir, pro-tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exige o las conveniencias públicas lo aconsejen". Se ha considerado por los tratadistas que en este caso, antes que una delegación de funciones, el Congreso atribuye al Organo Ejecutivo, con apoyo en la Carta, una competencia que esta última rama del poder público no tendría sin esas facultades extraordinarias. Este criterio ha sido prohijado por la Corte en distintas oportunidades, así: Sentencia de 10 de octubre de 1932 (G.J. t. XXXVIII, p. 274), fallo de 13 de marzo de 1941 (G.J. t. L.p. 695) y sentencia de 21 de abril de 1941 (G.J. t. LI, p. 25). Es cierto que, de acuerdo con el ordinal 2º del artículo 80 de la Constitución Nacional, cuando se trate de expedir códigos en cualquiera de los ramos de la legislación y de reformar sus disposiciones, el Congreso requiere que los respectivos proyectos sean adoptados por las comisiones permanentes de una u otra Cámara, según corresponda, o presentados por los Ministros del Despacho. Pero esta exigencia no está indicada en la Carta en cuanto a la ley por la cual se disponga "revestir, pro-tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen", sean cuales fueren las materias sobre que versen dichas facultades extraordinarias. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., diciembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis. (Magistrado ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez). 1966
Alfonso Isaza MorenoDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 27 de 1963Identificadores30030005243true77292Versión original30005243Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 27 de 1963


REFORMA JUDICIAL

SUPRESION DE LA CATEGORIA CONSTITUCIONAL DE JUEZ DE CIRCUITO.

La Corte decide que en cuanto al aparte a) demandado del punto primero del artículo 1º de la Ley 27 de 1963, estése a lo resuelto en la sentencia de esta Corporación de fecha 28 de Junio de 1965, y declarar inexequible lo demás de la parte acusada en el presente juicio, del artículo 1º de la misma Ley.

Doctrina de la Sentencia.

Naturaleza de las facultades extraordinarias.

De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso, por medio de ley, "revestir, pro-tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exige o las conveniencias públicas lo aconsejen".

Se ha considerado por los tratadistas que en este caso, antes que una delegación de funciones, el Congreso atribuye al Organo Ejecutivo, con apoyo en la Carta, una competencia que esta última rama del poder público no tendría sin esas facultades extraordinarias. Este criterio ha sido prohijado por la Corte en distintas oportunidades, así: Sentencia de 10 de octubre de 1932 (G.J. t. XXXVIII, p. 274), fallo de 13 de marzo de 1941 (G.J. t. L.p. 695) y sentencia de 21 de abril de 1941 (G.J. t. LI, p. 25).

Es cierto que, de acuerdo con el ordinal 2º del artículo 80 de la Constitución Nacional, cuando se trate de expedir códigos en cualquiera de los ramos de la legislación y de reformar sus disposiciones, el Congreso requiere que los respectivos proyectos sean adoptados por las comisiones permanentes de una u otra Cámara, según corresponda, o presentados por los Ministros del Despacho. Pero esta exigencia no está indicada en la Carta en cuanto a la ley por la cual se disponga "revestir, pro-tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen", sean cuales fueren las materias sobre que versen dichas facultades extraordinarias.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., diciembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez).

El doctor Alfonso Isaza Moreno, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicita que sea declarado inexequible el artículo 1º de la Ley 27 de 1963, cuyo texto es el siguiente; en la parte que transcribe el actor y que es objeto de la demanda:

"De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias hasta el 20 de julio de 1964, para los efectos siguientes:

"Primero.-Para reorganizar la Rama Jurisdiccional del Poder Público y el Ministerio Público, en tal virtud, el Presidente de la República podrá:

"a) Atribuir plena competencia a los jueces municipales en materia civil, penal y laboral, limitando la de los jueces superiores al conocimiento de los siguientes delitos, en cuyo juzgamiento debe intervenir el jurado:

"1º-Traición a la Patria;

"2º-Delitos que comprometan la paz, la seguridad exterior o la dignidad de la Nación;

"3º-Piratería, rebelión, sedición, asonada;

"4º-Concusión, cohecho y prevaricato;

"5º-Incendio, inundación y los delitos que envuelven un peligro común;

"6º-Homicidio, aborto, duelo, abandono y exposición de niños, y

"7º-Asociación para delinquir".

Como demostración, señala el actor los siguientes cargos:

a) Que el artículo transcrito 'viola no sólo el artículo 76 de la Constitución que invoca, sino también los artículos 55 y 157 de la misma, porque si es verdad que el Organo Legislativo, en nuestro sistema llamado democrático y representativo, puede revestir al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, éstas son esencialmente pro tempore, esto es, para que se cumplan y se desarrollen dentro de cierto lapso, no como lo han creído erróneamente algunos intérpretes de la Constitución, para que sean dictadas las medidas en cuestión".

b) Que, "además, es indispensable que la necesidad lo exija, como por ejemplo, cuando se trata de una guerra, imponer tributos extraordinarios para en el lapso de tiempo indicado modificar, dentro de los límites constitucionales, la estructura de ciertos organismos, etc. Pero derogar o modificar los códigos, reorganizar los altos órganos o ramas del poder público, suprimir cargos instituidos por el constituyente, como los jueces de circuito, y en una palabra, ejercer las funciones de legislador ordinario, delegando para dictar leyes por tiempo indefinido, esto es, hasta que se deroguen .por el Congreso, es algo que no se concibe dentro de nuestra estructura constitucional actual. Viola, por tanto, la ley acusada los artículos 81 y 76 (ordinal 2º) de la Carta".

Agrega que "suprimir de un tajo el funcionamiento de los jueces de circuito creados por la Constitución equivale a una interferencia inconveniente para las necesidades públicas".

c) Que, "de igual modo, reorganizar el Ministerio Público que hace parte de la rama jurisdiccional es también un hecho de grave inconveniencia para el normal funcionamiento de los poderes públicos".

d) Que siendo la facultad que corresponde al Congreso de expedir los códigos y reformar sus disposiciones, cualquiera que sean las materias, el artículo 1 de la Ley 27 de 1963 viola el numeral 2º del artículo 76 de la Carta.

Añade que "es de toda evidencia que si el Congreso mismo no puede expedir una ley reformando un Código, sino mediante la discusión y aprobación en la respectiva comisión, no puede hacerlo el Organo Ejecutivo, por más que esté asesorado del Consejo de Ministros o de profesores de Derecho. Tradicionalmente se ha aceptado, no sólo en Colombia sino en todo el mundo, que la labor de reformar un código es una obra muy delicada que la ley sobre organización de lo contencioso administrativo le adscribe, en la etapa de su preparación, al Consejo de Estado".

El Procurador designado para reemplazar, por impedimento, al doctor Gustavo Orjuela Hidalgo, luego de un extenso examen de las razones expuestas por el demandante, solicita que se niegue la petición hecha por el doctor Isaza Moreno y se declare que el artículo 1º de la Ley 27 de 1963 es exequible.

Pues bien:

La Corte, en la sentencia de junio 28 de 1965, declaró inexequible parcialmente el aparte a) del efecto primero del artículo 1º de la Ley 27 de 1963, al ocuparse de la demanda presentada por los doctores Samuel Syro y Leopoldo Uprimny, "en cuanto suprime la categoría constitucional de juez de circuito".

Sobre ese particular, se dijo en la parte motiva de dicha providencia lo que pasa a transcribirse:

"En razón de todo lo expuesto, la Corte llega a estas conclusiones:

"Primera.-Es inexequible el aparte a) del efecto primero del artículo 1º de la Ley 27 de 1963, en cuanto faculta al Gobierno para 'atribuir plena competencia a los jueces municipales en materia civil y penal, porque ello conduce a dejar sin funciones a los jueces de circuito; no lo es en lo referente a los jueces municipales en materia laboral, porque el artículo 164 (69 del Acto Legislativo Nº 1 de 1945) previene que 'la ley establecerá y organizará la jurisdicción del trabajo', por lo cual, determinación de las categorías de jueces de trabajo es del resorte del legislador".

En consecuencia, existe sustracción de materia en la siguiente parte del precepto acusado: "Atribuir plena competencia a los jueces municipales en materia civil, penal y laboral", y queda sólo por examinar los cargos en relación con el resto del artículo 1º de la Ley 27 de 1963, en la parte que señala el actor, a saber:

"Primero.-Para reorganizar la Rama Jurisdiccional del Poder Público y el Ministerio Público. En tal virtud, el Presidente de la República podrá: a), limitando la" (competencia) "de los jueces superiores al conocimiento de los siguientes delitos, en cuyo juzgamiento debe intervenir el jurado:

1º-Traición a la Patria. 2º-Delitos que comprometan la paz, la seguridad exterior o la dignidad de la Nación. 3º-Piratería, rebelión, sedición, asonada. 4º-Concusión, cohecho y prevaricato. 5º-Incendio, inundación y los delitos que envuelven un peligro común. 6º-Homicidio, aborto, duelo, abandono y exposición de niños. 7º-Asociación para delinquir".

Se tiene, a este respecto, que es exequible la norma en lo que se acaba de transcribir, por las siguientes razones:

Primera: De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso, por medio de ley, "revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuándo la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen".

Se ha considerado por los tratadistas que en este caso, antes que una delegación de funciones, el Congreso atribuye al Organo Ejecutivo, con apoyo en la Carta, una competencia que esta última rama del poder público no tendría sin esas facultades extraordinarias. Este criterio ha sido prohijado por la Corte en distintas oportunidades, así: Sentencia de 10 de octubre de 1932 (G. J. t. XXXVIII, p. 247), fallo de 13 de marzo de 1941 (G. J. t. L, p. 695) y sentencia de 21 de abril de 1941 (G. J. t. LI, p. 25).

Es cierto que, de acuerdo con el ordinal 2º del artículo 80 de la Constitución Nacional, cuando se trata de expedir códigos en cualquiera de los ramos de la legislación y de reformar sus disposiciones, el Congreso requiere que los respectivos proyectos sean adoptados por las Comisiones Permanentes de una u otra Cámara, según corresponda, o presentados por los Ministros del Despacho. Pero esta exigencia no está indicada en la Carta en cuanto a la ley por la cual se disponga "revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen", sean cuales fueren las materias sobre que versen dichas facultades extraordinarias.

No viola, pues, el precepto acusado el artículo 81 de la Constitución Nacional.

Segunda: No corresponde a la Corte decidir sobre los motivos de necesidad o conveniencia pública que determinaron al Congreso a expedir la Ley 27 de 1963. Es la rama legislativa del poder público el árbitro supremo para definir sobre este particular.

La atribución que a la Corte le confiere el artículo 214 de la Carta es sólo para "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre todas las leyes o decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76, y el artículo 121 de la Constitución Nacional, cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano". Así, pues, en materia de conveniencia o necesidad le está vedado a la Corte definir.

Tercera: La referencia que hace el actor a los artículos 55 y 157 de la Constitución Nacional, para apoyar el cargo de inexequibilidad del precepto demandado, en cuanto suprime los juzgados de circuito, no corresponde ser tomada en cuenta, pues de ello se ocupó la Corte en el aludido fallo de 28 de junio de 1965.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción constitucional que le confiere el artículo 214 de la Carta,

DECIDE:

Primero.-En cuanto al aparte a) del punto primero del artículo 1º de la Ley 27 de 1963, estése a los resuelto en la sentencia de esta Corporación de fecha 28 de junio de 1965.

Segundo.-Declárase exequible lo demás de la parte acusada en el presente juicio, del artículo primero de la misma ley.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y dése cuenta al Gobierno.

Luis Fernando Paredes A.

Ramiro Araújo Gran, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Eduardo Fernández Botero, Ignacio Gómez Posse, Crótatas Londoño, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Liáis Carlos Zambrano; Enrique Arrázola Arrázola (Conjuez).

Ricardo Ramírez. L., Secretario.