300Corte SupremaCorte Suprema30030005226Eduardo Fernández Botero196616/11/1966Eduardo Fernández Botero_1966_16/11/196630005226INSPECCION Y VIGILANCIA UNIVERSITARIA Inexequibilidad de los artículos 1º y 2º del Decreto 252 de 1958 elevados a la categoría de Ley por la 141 de 1961 Extracto de la Doctrina de la Sentencia. "Así las cosas, la materia reglada en los artículos acusados, no es otra que la determinación de un medio para ejercer la potestad constitucional, en cuanto a universidades se refiere, atribuidas al Presidente de la República por el ordinal 13 del artículo 120 de la Ley de Leyes. Como el Presidente no puede realizar en persona todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le asignan, puede señalar los organismos por cuyo conducto se verifica la materialidad de las labores emanadas de esas atribuciones. "Tesis que se confirma con la lectora cuidadosa de los considerandos del decreto que desembocan en la conclusión de que se trataba, no de delegar o renegar de una atribución constitucional, sino de actualizar los sistemas de inspección y vigilancia como se venía reconociendo de tiempo atrás por el Ministerio del Ramo. "Y así se nota a las claras que la materia del decreto es ajena al orden público, o su restablecimiento y que ni siquiera hubo intención de referir a tales bases el contexto del decreto, siendo clarísimo, por el contrario, que se "reglamentó" algo relativo al modo de ejercer la inspección y vigilancia de las universidades, igual que cuando esa función constitucional la ejercía el Gobierno por conducto de la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura del Ministerio de Educación. "Lo anterior significa que la materia de que trata el decreto acusado, norma legal según el artículo 1º de la Ley 141 de 1961, es de competencia exclusiva del Presidente de la República, que no del Congreso. Este no puede determinar el conducto por el cual ejerza el Presidente su privativa facultad de inspección. "Lo que significa que se violó el ordinal 13 del artículo 120 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, los artículos 2°, 55 y 78, ord. 2º de la misma". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena . -Bogotá, D. E. noviembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis. (Magistrado ponente: doctor Eduardo Fernández Botero). 1966
César Castro PerdomoInexequibilidad de los artículos 1º y 2º del Decreto 252 de 1958 elevados a la categoría de Ley por la 141 de 1961Identificadores30030005227true77275Versión original30005227Identificadores

Norma demandada:  Inexequibilidad de los artículos 1º y 2º del Decreto 252 de 1958 elevados a la categoría de Ley por la 141 de 1961


INSPECCION Y VIGILANCIA UNIVERSITARIA

Inexequibilidad de los artículos 1º y 2º del Decreto 252 de 1958 elevados a la categoría de Ley por la 141 de 1961

Extracto de la Doctrina de la Sentencia.

"Así las cosas, la materia reglada en los artículos acusados, no es otra que la determinación de un medio para ejercer la potestad constitucional, en cuanto a universidades se refiere, atribuidas al Presidente de la República por el ordinal 13 del artículo 120 de la Ley de Leyes.

Como el Presidente no puede realizar en persona todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le asignan, puede señalar los organismos por cuyo conducto se verifica la materialidad de las labores emanadas de esas atribuciones.

"Tesis que se confirma con la lectora cuidadosa de los considerandos del decreto que desembocan en la conclusión de que se trataba, no de delegar o renegar de una atribución constitucional, sino de actualizar los sistemas de inspección y vigilancia como se venía reconociendo de tiempo atrás por el Ministerio del Ramo.

"Y así se nota a las claras que la materia del decreto es ajena al orden público, o su restablecimiento y que ni siquiera hubo intención de referir a tales bases el contexto del decreto, siendo clarísimo, por el contrario, que se "reglamentó" algo relativo al modo de ejercer la inspección y vigilancia de las universidades, igual que cuando esa función constitucional la ejercía el Gobierno por conducto de la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura del Ministerio de Educación.

"Lo anterior significa que la materia de que trata el decreto acusado, norma legal según el artículo 1º de la Ley 141 de 1961, es de competencia exclusiva del Presidente de la República, que no del Congreso. Este no puede determinar el conducto por el cual ejerza el Presidente su privativa facultad de inspección.

"Lo que significa que se violó el ordinal 13 del artículo 120 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, los artículos 2°, 55 y 78, ord. 2º de la misma".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, D. E. noviembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: doctor Eduardo Fernández Botero).

El doctor César Castro Perdomo, ciudadano colombiano, demandó la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 141 de 1961 en cuanto adoptó como normas legales los artículos 1º, 2º, 3º,4º, 5º 6º,7º del Decreto Legislativo 0252 de Julio 11 de 1958 de la Junta Militar de Gobierno.

Surtidos los trámites de rigor, para fundamentar la decisión de la Corte, conviene hacer las siguientes consideraciones:

LA DEMANDA

En primer lugar, transcribe las normas acusadas, del siguiente tenor:

"Ley 141 de 1961, artículo l°. Adóptase como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores. Artículo 2º.-Esta ley regirá desde su sanción".

"Decreto Legislativo Número 0252 de 1958 (julio 11)

"Por el cual se reorganiza el régimen de inspección y vigilancia en la Universidad Colombiana.

"La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia",

en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y

"CONSIDERANDO

"Que es necesario actualizar y reorganizar los sistemas de inspección y vigilancia en las universidades;

"Que el Ministerio de Educación Nacional ha reconocido, en diversas oportunidades, la necesidad y conveniencia de dicha reorganización;

"Que el reciente Congreso de Universidades de Popayán ha sugerido fórmulas que consultan los intereses del bien público y los de los claustros de enseñanza superior;

"DECRETA:

"Artículo 1º-La inspección y vigilancia de las universidades que hoy ejerce el Ministerio de Educación Nacional por conducto de la División de Coordinación Universitaria y alta cultura, se realizará, a partir de la vigencia de este Decreto, por el Consejo Nacional de Rectores de que trata el Decreto Nº 252 de julio 11 de 1958.

"Artículo 2º-Las disposiciones que se dicten sobre inspección y vigilancia, serán refrendadas por el Ministerio del ramo o por el jefe de Departamento Administrativo, en su caso, para los fines previstos en la Constitución Nacional.

"Artículo 3º-En el proyecto de ley de apropiaciones y gastos que anualmente se elabore, habrá de incluirse una partida destinada al Fondo Universitario Nacional para el cumplimiento de las funciones que se le adscribe en este Decreto.

"Artículo 4º-Los archivos y dotaciones de la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura pasarán al Fondo Universitario Nacional.

"Artículo 5º-Las medidas que se adopten sobre funcionamiento y aprobación de universidades, facultades, institutos, etc., serán comunicadas al Ministerio de Educación por intermedio de la Asesoría Jurídica, para los fines legales a que haya lugar.

"Artículo 6º-Derógase el Decreto Nº 0019 de 1957 sobre régimen universitario.

"Artículo Transitorio.-Dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la sanción del presente Decreto, el Consejo Nacional de Rectores presentará al Ministro de Educación el proyecto sobre reglamentación y vigilancia de las universidades, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2º.

"Artículo 7°-Este Decreto rige desde su fecha y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Comuníquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 11 de julio de 1958.

"(Fdo.) General Gabriel París G. Presidente de la Junta.

"Mayor general, Deogracias Fonseca; vicealmirante, Rubén Piedrahita A.; brigadier general, Rafael Navas Pardo; brigadier general Luis E. Ordóñez.

"El ministro de Gobierno, mayor general Pioquinto Rengifo; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Sanzde Santamaría; el ministro de Justicia, Rodrigo Noguera Laborde; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Jesús María Marulanda; el ministro de Guerra, brigadier general Alfonso Saiz Montoya; el ministro de Agricultura, Jorge Mejía Solazar: el ministro de Trabajo, Raimundo Emiliani Román; el ministro de Salud Pública, Juan .Pablo Llinás; el ministro de Fomento, Harold H. Eder; el ministro de Minas y Petróleos, Julio César Turbay Ayala; el ministro de Educación Nacional, Alfonso Carvajal Peralta; el ministro de Comunicaciones, brigadier general Alfonso Ahumada R.; el ministro de Obras Públicas, Roberto Salazar Gómez".

"(Es fiel copia tomada del Diario Oficial Nº 29.755 de septiembre 3 de 1958)".

En segundo lugar, el 'impugnador señala como violados el artículo 41 de la Carta Fundamental y el ordinal 13 del artículo 120 del mismo estatuto.

Después de decir que los artículos 1º, 2º, 4º y 5° del decreto legislativo en mención sustraen de la dirección del Gobierno Nacional el régimen de inspección y vigilancia de las universidades colombianas para darle aquellas facultades al Consejo Nacional de Rectores de las universidades y que los artículos 3°, 6° y 7° contienen disposiciones complementarias de la siguiente manera:

"El concepto de la violación consiste que mediante las disposiciones acusadas se entrega una facultad constitucional al Consejo Nacional de Rectores, constituído por las universidades privadas y unas cuantas oficiales, que están en minoría, y conforme a los textos transcritos corresponde privativamente al Estado Colombiano y al Gobierno Nacional especialmente dirigir, reglamentar e inspeccionar la educación pública universitaria, y se ha visto que el Congreso que adoptó como ley aquel decreto legislativo no puede privar de esa manera, de sus prerrogativas constitucionales al señor Presidente de la República.

"El legislador no podía dejar en manos del Consejo Nacional de Rectores la inspección y vigilancia de la educación pública universitaria en los términos de los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo 252 de 1958 adoptado por la Ley 141 de 1961 porque fuera de los anteriores razonamientos en que se ha demostrado que aquella es función privativa del Estado y en especial del Presidente de la República, hay otra razón constitucional que se lo impide y consiste en que la función de inspección y vigilancia en materia educativa es indelegable, porque el Presidente al ejercitarla está cumpliendo una atribución natural que le es propia por ser Presidente de la República y que emana directamente de la Carta Fundamental. Así lo tiene sentado esa H. Corte".

Con el propósito de reforzar sus argumentos, el doctor Castro Perdomo reproduce el texto de una jurisprudencia, de la Corte donde se afirma que el Presidente de la República no necesita autorización especial de la ley para reglamentar la educación; que esta atribución emana directamente de la Constitución y es natural que ella privativa del Presidente, no puede ser delegada por el legislador a ninguna otra autoridad o funcionario.

Ataca también el sistema de refrendación previsto en el decreto acusado diciendo que los poderes que otorga el ordinal 13 del artículo 120 de la Carta son del Presidente, no del Ministro de Educación.

Explica, asimismo, el demandante que no puede argüirse que el mencionado artículo 2° del Decreto 0252 de 1958 -adoptado por la Ley 141 de 1961- fue sustituido por los artículos 3° y 9° del Decreto 1297 de 1964, por que éste no tiene "la virtualidad de dejar insubsistente mandatos del Congreso como el adoptado mediante la Ley 141 de 1961...".

Considera el impugnador que el decreto, al entregar la intervención de las universidades estatales al Consejo Nacional de Rectores, destruye todas las facultades constitucionales del Estado cuya dirección, reglamentación e inspección "debe ejercer -escribe- sin anuencia de nadie, y menos de entidades privadas".

Insiste el doctor Castro Perdomo en la cita de una tesis del Consejo de Estado sobre el alcance del ordinal 31 del artículo 120 de la Constitución, y de otra de la Corte sobre la inexequibilidad de la Ley 87 de 1946, y termina recordando, a través de las comillas, cuál ha sido el pensamiento de reputados tratadistas del Derecho Constitucional colombiano sobre las facultades que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa para "reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional".

EL CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR

Comienza la vista del colaborador expresando que aunque la petición de inexequibilidad la refiere el demandante a los artículos todos del Decreto 0252 de 1958, excepto el transitorio, sus consideraciones sólo atacan los artículos l9 y 2°, ya que omite el análisis de los restantes, por lo cual opina que en relación con los artículos 3°, 4º, 5º, 6º y 7º la demanda no reúne los requisitos perentoriamente exigidos por la Ley 96 de 1936 (artículo 2º).

Afirma luego que si no se estuviera en presencia del fenómeno de sustracción de materia, sería de interés dilucidar dos temas:

Primero: Si el decreto atacado no se dictó .realmente con apoyo en el artículo 121 de la Carta.

Pero le parece inoficioso aclarar el punto planteado, puesto que por "el hecho de que el dictarse el referido decreto se invocara el artículo 121 de la Constitución, como se invocó, y la circunstancia de que la Ley 141 de 1961 adoptó como leyes los decretos legislativos "dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el 9 de noviembre de 1949 y hasta el 20 de julio de 1958", parece que dicho decreto sea de los adoptados como ley.

Segundo: Si el estatuto impugnado se expidió en desarrollo de la potestad que al Presidente de la República asigna el numeral 13 del artículo 120 de la misma y que, en consecuencia, constituiría un reglamento constitucional y no un decreto legislativo.

También le parece inoficioso ese análisis, aunque adelanta que, desde el punto de vista funcional, ese decreto, así concebido, tendría amplio respaldo constitucional, puesto que si fuera de ese carácter la Corte carecería de competencia para examinarlo "Toda vez que no sería de los demandables ante ella sino ante el H. Consejo de Estado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 216 de la Constitución".

Tercero: Dice el señor procurador:

"Si la facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional correspondiera privativamente al señor Presidente de la República como lo sostiene el demandante, sería procedente estudiar -lo que no es del caso hacer por el fenómeno de sustracción de materia- la exequibilidad o inexequibilidad de la Ley 141 en presencia de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 2º, de la Carta. En efecto, estando prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras 'inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes', si lo concerniente a la reglamentación, inspección y vigilancia de la educación fuere de la privativa competencia del Presidente de la República, el legislador no habría podido, sin quebranto de la norma constitucional que acaba de transcribirse, proveer sobre esa materia como a lo menos formalmente lo hizo en la Ley 141 de 1961para adoptar como ley las normas del Decreto 0252 de 1958 que indudablemente se refieren a la inspección y vigilancia de la educación universitaria.

"Pero aun cuando se declarara inconstitucional la Ley 141 en ese punto, subsistiría la necesidad de analizar si no derivando el Decreto 0252 su fuerza y validez de la facultad extraordinaria que otorga al señor Presidente el artículo 121 de la Carta para dictar normas con fuerza de ley para suspender las incompatibles con el estado de sitio, sino del numeral 13 del artículo 120 de la Carta,, que otorga al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa la facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional, el referido Decreto 252 subsistiría, no obstante la inexequibilidad de la ley que dijo adoptarlo".

Esbozados esos temas, repite que se presenta el caso de sustracción de materia.

Y funda esta última tesis en que, para su opinión la Ley 141 de 1981 en cuanto a su relación con el Decreto 0252 de 1958, y éste, quedaron insubsistentes por la derogatoria genérica contenida en el artículo 9° del Decreto N° 1297 de 1964, pues, en su sentir, además, los artículos 1° y 2° del mentado 0252 son contrarios e incompatibles con el 3° del último estatuto.

Saliendo al paso de la objeción -ya prevista por la demanda- de que este decreto no tiene virtualidad para dejar insubsistentes mandatos del Congreso como el adoptado mediante la Ley 141 de 1961, la resuelve diciendo que en el fondo el Decreto 0252 es un reglamento constitucional autónomo, tesis que sustenta con alguna amplitud, no obstante al principio haber repudiado su estudio como ya se tiene dicho.

Concluye afirmando que "Ley y decreto de reglamentación directa tiene la misma virtualidad y deben considerarse de igual categoría, ocupando el primer lugar en la jerarquía de valores después de-la Constitución Nacional".

Para terminar, y después de recalcar que la demanda solo dió argumento contra los artículos 1º y 2º del Decreto 0252 de 1958, conceptúa que la Corte no podrá pronunciarse sobre éstos en virtud del fenómeno de la sustracción de materia; que los artículos 3º a 7º, aún si se estimare que no quedaron derogados por los referidos artículos 3º y 9º del Decreto 1297 de 1964, deben considerarse exequibles en ausencia de toda argumentación sobre ellos, si bien estima que los tales 3º a 7º del Decreto 0252 no son más que un desarrollo o una consecuencia de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del 0252, por lo cual también quedaron insubsistentes.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Las normas del decreto acusado pertenecen a las de un decreto legislativo dictado bajo ese nombre y con invocación del artículo 121 de la Carta. A esos elementos externos, que no a la materia, debe atenerse la Corte para considerarlo, en consecuencia, adoptado como ley por la 141 de 1961, ya que abarca esta normación del legislativo.

Así las cosas, siendo sus disposiciones de categoría de ley formal, no puede aceptarse que el Decreto 1297 de 1964 dictado en uso de la facultad otorgada al Presidente de la República por el ordinal 13 del artículo 120 de la Constitución Nacional, haya derogado o sustituido lo que estatuye el Decreto 0252 de 1958, porque los decretos de reglamento constitucional autónomo no tienen, como lo piensa equivocadamente el señor Procurador, la misma catalogación de la ley formal o de los Decretos-Leyes expedidos en uso de las atribuciones de que trata el ordinal 13 del artículo 76 de la Carta. Son disposiciones administrativas y de materia restringida a los términos del precepto constitucional en que se basan.

No hay, pues, sustracción de materia, y debe decidirse en el fondo sobre la armonía o contradicción de los términos del estatuto acusado con las normas de la Ley de Leyes, si bien esta decisión no puede referirse a los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, del mismo por cuanto el impugnador no dió ninguna razón de la violación habiéndose limitado a decir, en la demanda, que eran un desarrollo de los artículos 1º y 2º.

Para lo cual se considera:

Creado por el 0251 de 1958 el Consejo Nacional de Rectores, por el decreto acusado se le atribuyó la inspección y vigilancia de las universidades d:ciendo que es la misma que en ese momento ejercía el Ministerio de Educación Nacional por conducto de la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura, y agregando que para la validez de las disposiciones que sobre esa materia se dicten (por el mencionado Consejo) se requieren que sean "refrendadas por el ministerio del ramo o por el Jefe del Departamento Administrativo, en su caso, para los fines previstos en la Constitución Nacional".

No es oscuro el sentido de esta normación, el Gobierno Nacional, al expedirla, pretendió ejercer esa misión constitucional por conducto de un órgano especializado que no quedó según las voces mismas del decreto, con otras facultades diversas a las que tenía la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura a través de la cual se ejercía esa función. Tanto es ello así, que, para dar validez a las providencias del Consejo Nacional de Rectores, deberían ser aprobadas por el Ministerio del ramo, y si desapareciese, convertido en un Departamento Administrativo, por éste. Todo ello, reza el final del artículo 2º, "para los fines previstos en la Constitución Nacional", es decir, para conservar en manos del Gobierno, las susodichas inspección y vigilancia.

Así las cosas, la materia reglada en los artículos acusados, no es otra que la determinación de un medio para ejercer la potestad constitucional, en cuanto a universidades se refiere, atribuida al Presidente de la República por el ordinal 13 del artículo 120 de la Ley de Leyes. Como el Presidente no puede realizar en persona todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le asignan, puede señalar los organismos por cuyo conducto se verifica la materialidad de las labores emanadas de esas atribuciones.

Tesis que se confirma con la lectura cuidadosa de los considerandos del decreto que desembocan en la conclusión de que se trataba, no de delegar o renegar de una atribución constitucional, sino de actualizar los sistemas de inspección y vigilancia como se venía reconociendo de tiempo atrás por el Ministerio del ramo.

Y así se nota a las claras que se "reglamentó" algo relativo al modo de ejercer la inspección y vigilancia de las universidades, igual que cuando esa función constitucional la ejercía el Gobierno por conducto de la División de Coordinación Universitaria y Alta Cultura del Ministerio de Educación.

Lo anterior quiere decir que la materia de que trata el decreto acusado, norma legal según el artículo 12 de la Ley 141 de 1961. es de competencia del Presidente de la República, que no del Congreso. Aquel puede idear los medios de ejercer, sobre las universidades su función de inspección y vigilancia, pero ésta invade la órbita de las funciones presidenciales si se le adscribe esa facultad a órgano diverso de la Presidencia.

Lo que significa que se violó el ordinal 13 del artículo 120 de la Constitución Nacional, y en consecuencia, los artículos 2º, 55 y 78, ordinal 2° de la misma.

Ya sobre el alcance de esta normación dijo la Corte en sentencia de diez (10) de octubre de este año:

"En punto a educación pública cabe entender que el ordinal 13 otorga al Presidente facultad discrecional en el más amplio grado, porque nada distinto indica el poder normativo indeterminado que envuelve la atribución de dictar reglamentos sin circunscribirla en forma alguna; pero ese máximo grado de discrecionalidad debe ser referido al ámbito de la actividad administrativa, por cuanto la índole de ésta implica sometimiento a la ley formal que conforme al artículo 76 de la Carta es de la competencia privativa del Congreso. Si la Administración es por su naturaleza un obrar para el bien público, esto es, un ejecutar y desarrollar en la práctica previsiones de carácter abstracto que se entienden convenientes para satisfacer las necesidades de la comunidad, no puede menos que actuar en el marco de la potestad de simple ejecución de la ley, porque es a ésta a la que corresponde determinar los cometidos del Estado y promover y fomentar la actividad adecuada para atenderlos. Es relevante, a este propósito, que el ordinal 13 no da al Presidente facultad para promover y fomentar la educación pública, como quien dice, para tomar la iniciativa respecto de su orientación y de los medios e instrumentos más eficaces para estimularla y difundirla, sino que se limita a autorizarlo para reglamentarla y dirigirla, funciones ambas más propias de la Administración que del legislativo en cuanto suponen un funcionar sobre materia determinada de antemano, y descienden a pormenores de orden práctico en que no suele ni debe ocuparse el legislador.

"Por regla general compete a la Administración reglamentar la actividad tanto interior como exterior del servicio, o sea, todo lo concerniente, en lo interno, a la organización y funcionamiento de él desde el punto de vista técnico, y también por los aspectos económico, social y aún ético, etc., y en lo externo, la regulación de sus relaciones con los particulares desde el punto de vista jurídico; lo que hace dentro del grado de libertad que le permita la norma superior, esto es, con la mayor amplitud, aunque en su órbita propia, cuando la Constitución la inviste de una facultad autónoma, como en el caso del ordinal 13, y en el grado que la ley señale cuando la misma Carta condiciona el ejercicio de la función administrativa a lo que dispongan las leyes, como verbigracia ocurre en los ordinales 5º, 6º,12º, 14º,17º y 18º del artículo 120. A la legislación incumbe, en cambio, lo que por rebasar el concepto de lo administrativo se sustrae a esta especie de actividad, apareciendo como materia propia del derecho objetivo".

Por cuyas razones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación en armonía con el artículo 214 de la Constitución Nacional,

DECIDE

a) Son inexequibles, por inconstitucionales, los artículos 1º y 2º del Decreto 0252 de 1958 elevados a la categoría de ley por la 141 de 1961;

b) No es apta la demanda sobre inexequibilidad de, los artículos 3º,4º, 5º, 6º y 7º, del mismo decreto, por lo cual la Corte se abstiene de proveer a fondo sobre ellos.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y comuníquese al Ministerio de Educación Nacional.

Luís Femando Paredes. Ramiro Araújo Grau, Adán Amaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Aníbal Cardos Gaitán, Flavio Cabrera Dussán Crótatas Londoño, Eduardo Fernández Botero, Gustavo Fajardo Pinzón, Ignacio Gómez Posse, Enripie López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Carlos Peláez Trujillo, Luis Carlos Zambrano, Arturo C. Posada, Julio Roncallo Acosta; Alvaro Pérez Vives, Conjuez.

Ricardo Ramírez L., Secretario.