300Corte SupremaCorte Suprema30030005217Gustavo Fajardo Pinzón196626/10/1966Gustavo Fajardo Pinzón_1966_26/10/196630005217REFORMA JUDICIAL Es inexequible el artículo 7.º del Decreto-ley 1698 de 1964. 1.-Organismos ordinariamente investidos de la función jurisdiccional, el según artículo 58 de la Constitución. 2.-Son distintas las categorías de Juez de Circuito y la de Juez Municipal. 3.-Cotejo de los textos constitucionales que a tales procedimientos se refieren. 4.-Los Jueces Municipales de plena competencia, creados por la Reforma Judicial de 1964, no son los jueces de circuito que contempla el artículo 157 de la carta. 5.-Exclusión del artículo 155 de la Carta en el ejercicio de la judicatura municipal. 1.-Si, el constituyente, al decir en el artículo 58 del Estatuto que "la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia", hizo mediante esa fórmula de carácter general la indicación de los organismos ordinariamente investidos de la función jurisdiccional, no por ello confió al poder legislativo la misión de determinar las calidades indispensables para poder ser magistrado o juez, sino que el propio constituyente reservó para sí ese atributo, que consideró básico en la conformación del órgano jurisdiccional, como puede verse en el título XV de la Carta (artículos 147 a 164). Lo que importa afirmar que el hecho de que la ley pueda crear tribunales y juzgados (Art. 58) y, cual lo enseña el Art. 164 ibidem, organizar la jurisdicción del trabajo y establecer tribunales de comercio, no inviste al legislador de la potestad de desconocer o contrariar las exigencias previstas por el Estatuto para la constitución misma del órgano, como son las relativas a las condiciones que han de llenar los llamados a la administración de justicia. 2.-La Constitución, al determinar en el título sobredicho la estructura de la rama jurisdiccional del poder, señaló como categorías distintas la de juez de circuito y la de juez municipal, colocando a la última en el grado inferior de la jerarquía. La diferencia entre estos dos órdenes de jueces y la inferioridad del municipal con relación al de circuito las determinan, no sólo la diversidad de las denominaciones, que en boca del autor de la Ley de Leyes, austero y preciso en su lenguaje, corresponden a conceptos históricamente distintos, sino la circunstancia decisiva de no ser unos mismos los requisitos imperados por la Carta para ser juez de una u otra categoría, habiendo uno de significativa importancia entre los exigidos para serlo de circuito. 3.-Con sólo cotejar los textos constitucionales que a tales predicamentos se refieren, encuéntrase palmaria la diferencia a que se alude. Reza el artículo 157 que "para ser Juez Superior, de Circuito, de Menores, o Juez especializado, o Juez de Instrucción Criminal, de igual o superior categoría a los indicados, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado titulado y haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de Juez de Circuito o de Juez Municipal". Y a su turno el 158 dice: "Para ser Juez Municipal se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado". Como se ve, en el ordenamiento estatutario para ser juez municipal apenas se necesita tener las tres primeras de las condiciones exigidas para ser juez de circuito, cuya investidura requiere, además haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de juez municipal. Si pues, el llamamiento a este último empleo no exige el haber desempeñado previamente judicatura alguna, y en cambio la vocación a la judicatura de circuito requiere el haber ejercido la municipal durante un año por lo menos, ello por sí solo está demostrando que el constituyente estableció la diferencia entre el orden de los jueces de circuito y el orden de los jueces municipales, haciendo a los últimos de inferior categoría respecto de aquellos, inferioridad que fue una de las implícitamente contempladas en la segunda parte del canon 159, cuando dice que "Las condiciones requeridas para el desempeño de cualquiera de estos cargos habilitan para el ejercicio de los que sea inferiores en categoría". Se reitera, pues, la doctrina sentada por esta Corporación en su sentencia de 28 de junio de 1965, por la cual se declararon inexequibles ciertas disposiciones de la reforma judicial a cuya acusación entonces se atendía, "en cuanto suprimen la categoría constitucional de juez de circuito", pronunciamiento aquel de cuya parte considerativa son los siguientes pasajes. 4.-Precisa, pues, afirmar que los jueces municipales de plena competencia, creados por la reforma judicial de 1964, no son los jueces de circuito que contempla el artículo 157 de la Carta. No los habilita al efecto esa plena competencia, porque, a pesar de ella, se encuentran en el grado inferior de la escala jurisdiccional, siendo así que el orden de los jueces de circuito, tal como lo reconoció la enmienda constitucional de 1945, según venía existiendo desde antes y continuó siéndolo basta ser suprimido por la reforma judicial, no ocupaba ese nivel inferior pues que más abajo estaba el de los jueces municipales, de cuyas providencias conocían los de circuito en segunda instancia; y porque, en el estado actual de la reforma y por su imperativo del sistema que la misma consagra, los jueces municipales de plena competencia no necesitan, para serlo, el haber desempeñado previamente la función jurisdiccional, como sí lo exige el estatuto a, los jueces de circuito (artículo 157), que, para poder serlo, tienen que haber desempeñado durante un año, por lo menos el cargo de juez municipal. 5.-Consecuencia indefectible de todo lo expuesto es la de que, cuando el constituyente en el artículo 155 de sus ordenamientos (2.º del Acto Legislativo N.º 1 de 1947), estatuyó como uno de los requisitos para ser magistrado de Tribunal Superior, en disyuntiva con el ejercicio de la abogacía o la enseñanza de derecho, en los términos que la norma indica, el "haber desempeñado en propiedad, por un periodo no menor de cuatro años, alguno de los cargos de Magistrado de Tribunal de Distrito, Juez Superior o de Circuito, juez especializado de igual o superior categoría, fiscal de tribunal o juzgado superior o Magistrado de Tribunal Administrativo", excluyó de esta enumeración el ejercicio de la judicatura municipal; incluso unius est exclusio alterius: y que, al juez de circuito, lo hizo ciertamente en el sentido con que esta categoría de la escala jerárquica fue consagrada en el hoy canora 157 o sea el artículo 60 del Acto Legislativo Nº 1 de 1945. Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. -Bogotá, D. E., veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y seis. (Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo Pinzón). 1966
Hernando Morales MDemanda de inconstitucionalidad en contra del articulo 7 del Decreto-Ley 1698 de 1964Identificadores30030005218true77266Versión original30005218Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad en contra del articulo 7 del Decreto-Ley 1698 de 1964


REFORMA JUDICIAL

Es inexequible el artículo 7.º del Decreto-ley 1698 de 1964.

1.-Organismos ordinariamente investidos de la función jurisdiccional, el según artículo 58 de la Constitución.

2.-Son distintas las categorías de Juez de Circuito y la de Juez Municipal.

3.-Cotejo de los textos constitucionales que a tales procedimientos se refieren.

4.-Los Jueces Municipales de plena competencia, creados por la Reforma Judicial de 1964, no son los jueces de circuito que contempla el artículo 157 de la carta.

5.-Exclusión del artículo 155 de la Carta en el ejercicio de la judicatura municipal.

1.-Si, el constituyente, al decir en el artículo 58 del Estatuto que "la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia", hizo mediante esa fórmula de carácter general la indicación de los organismos ordinariamente investidos de la función jurisdiccional, no por ello confió al poder legislativo la misión de determinar las calidades indispensables para poder ser magistrado o juez, sino que el propio constituyente reservó para sí ese atributo, que consideró básico en la conformación del órgano jurisdiccional, como puede verse en el título XV de la Carta (artículos 147 a 164).

Lo que importa afirmar que el hecho de que la ley pueda crear tribunales y juzgados (Art. 58) y, cual lo enseña el Art. 164 ibidem, organizar la jurisdicción del trabajo y establecer tribunales de comercio, no inviste al legislador de la potestad de desconocer o contrariar las exigencias previstas por el Estatuto para la constitución misma del órgano, como son las relativas a las condiciones que han de llenar los llamados a la administración de justicia.

2.-La Constitución, al determinar en el título sobredicho la estructura de la rama jurisdiccional del poder, señaló como categorías distintas la de juez de circuito y la de juez municipal, colocando a la última en el grado inferior de la jerarquía.

La diferencia entre estos dos órdenes de jueces y la inferioridad del municipal con relación al de circuito las determinan, no sólo la diversidad de las denominaciones, que en boca del autor de la Ley de Leyes, austero y preciso en su lenguaje, corresponden a conceptos históricamente distintos, sino la circunstancia decisiva de no ser unos mismos los requisitos imperados por la Carta para ser juez de una u otra categoría, habiendo uno de significativa importancia entre los exigidos para serlo de circuito.

3.-Con sólo cotejar los textos constitucionales que a tales predicamentos se refieren, encuéntrase palmaria la diferencia a que se alude.

Reza el artículo 157 que "para ser Juez Superior, de Circuito, de Menores, o Juez especializado, o Juez de Instrucción Criminal, de igual o superior categoría a los indicados, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado titulado y haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de Juez de Circuito o de Juez Municipal". Y a su turno el 158 dice: "Para ser Juez Municipal se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado".

Como se ve, en el ordenamiento estatutario para ser juez municipal apenas se necesita tener las tres primeras de las condiciones exigidas para ser juez de circuito, cuya investidura requiere, además haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de juez municipal. Si pues, el llamamiento a este último empleo no exige el haber desempeñado previamente judicatura alguna, y en cambio la vocación a la judicatura de circuito requiere el haber ejercido la municipal durante un año por lo menos, ello por sí solo está demostrando que el constituyente estableció la diferencia entre el orden de los jueces de circuito y el orden de los jueces municipales, haciendo a los últimos de inferior categoría respecto de aquellos, inferioridad que fue una de las implícitamente contempladas en la segunda parte del canon 159, cuando dice que "Las condiciones requeridas para el desempeño de cualquiera de estos cargos habilitan para el ejercicio de los que sea inferiores en categoría".

Se reitera, pues, la doctrina sentada por esta Corporación en su sentencia de 28 de junio de 1965, por la cual se declararon inexequibles ciertas disposiciones de la reforma judicial a cuya acusación entonces se atendía, "en cuanto suprimen la categoría constitucional de juez de circuito", pronunciamiento aquel de cuya parte considerativa son los siguientes pasajes.

4.-Precisa, pues, afirmar que los jueces municipales de plena competencia, creados por la reforma judicial de 1964, no son los jueces de circuito que contempla el artículo 157 de la Carta. No los habilita al efecto esa plena competencia, porque, a pesar de ella, se encuentran en el grado inferior de la escala jurisdiccional, siendo así que el orden de los jueces de circuito, tal como lo reconoció la enmienda constitucional de 1945, según venía existiendo desde antes y continuó siéndolo basta ser suprimido por la reforma judicial, no ocupaba ese nivel inferior pues que más abajo estaba el de los jueces municipales, de cuyas providencias conocían los de circuito en segunda instancia; y porque, en el estado actual de la reforma y por su imperativo del sistema que la misma consagra, los jueces municipales de plena competencia no necesitan, para serlo, el haber desempeñado previamente la función jurisdiccional, como sí lo exige el estatuto a, los jueces de circuito (artículo 157), que, para poder serlo, tienen que haber desempeñado durante un año, por lo menos el cargo de juez municipal.

5.-Consecuencia indefectible de todo lo expuesto es la de que, cuando el constituyente en el artículo 155 de sus ordenamientos (2.º del Acto Legislativo N.º 1 de 1947), estatuyó como uno de los requisitos para ser magistrado de Tribunal Superior, en disyuntiva con el ejercicio de la abogacía o la enseñanza de derecho, en los términos que la norma indica, el "haber desempeñado en propiedad, por un periodo no menor de cuatro años, alguno de los cargos de Magistrado de Tribunal de Distrito, Juez Superior o de Circuito, juez especializado de igual o superior categoría, fiscal de tribunal o juzgado superior o Magistrado de Tribunal Administrativo", excluyó de esta enumeración el ejercicio de la judicatura municipal; incluso unius est exclusio alterius: y que, al juez de circuito, lo hizo ciertamente en el sentido con que esta categoría de la escala jerárquica fue consagrada en el hoy canora 157 o sea el artículo 60 del Acto Legislativo Nº 1 de 1945.

Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. -Bogotá, D. E., veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo Pinzón).

El ciudadano doctor Hernando Morales M., en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Carta se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia a pedir la declaración de que es inexequible el artículo 7.º del Decreto-Ley 1698 de 1964, que transcribe exactamente, así:

"Para los efectos señalados en el artículo 155 de la Constitución Nacional, el desempeño del cargo de juez municipal de plena competencia se equipara al de juez de circuito".

Argumenta el solicitante que "si la Constitución estableció como requisito para ser magistrado de Tribunal entre otros haber desempeñado en propiedad por un período no menor de cuatro años el cargo de juez de circuito, una ley no puede variar tal exigencia por la de haber desempeñado por dicho lapso el cargo de juez municipal";

que "Los jueces de circuito y los municipales son distintos y pertenecen a diversa categoría, pues los primeros tienen su origen concreto en los artículos 155 y 157 de la Constitución al paso que los segundos están previstos en los artículos 157 y 158 ibidem", preceptos estos que establecen requisitos diferentes para el ejercicio de unos u otros cargos; y

que "La Constitución ha señalado los requisitos para ser magistrado de Tribunal Superior, entre ellos el de haber sido juez de circuito, con lo cual la ley no puede establecer otros, que fue lo que hizo el artículo 7.º del Decreto 1698 de 1964 violando flagrantemente el artículo 155 de la Carta. No se puede confundir jueces previstos en la propia Constitución como diferentes, por lo cual mal puede el legislador equiparar unos a otros, ni autorizar contra la Carta, que el desempeño del cargo de juez municipal equivalga al de circuito para cualquier efecto y mucho menos con el fin de que no se cumpla un requisito taxativo para ser magistrado de tribunal".

Tales los fundamentos de la acusación.

LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO

Por impedimento del Procurador General de la Nación, designose para hacer sus veces en este asunto al procurador delegado en lo civil, quien emitió su parecer en dilatada exposición, en la que, luego de discurrir sobre la administración de justicia como servicio del Estado, la organización de la rama jurisdiccional y las calidades, ya comunes, ya diferenciadas que deben reunir los funcionarios jurisdiccionales de las diferentes categorías, entra a participar de los .conceptos del acusador, en relación con lo cual hace, entre otras consideraciones, las siguientes:

Que "evidentemente, como lo observa el demandante doctor Hernando Morales M., el precepto del artículo 7.º del Decreto N.º 1698 de 1964, al equiparar el desempeño del cargo de juez municipal de plena competencia, en propiedad, al de juez de circuito igualmente en propiedad, para los efectos de lo preceptuado en el artículo 155 de la Constitución, en realidad hace igual o equivalente aquel desempeño que exige reunir solamente las calidades exigidas en el artículo 158, a las requeridas en el artículo 157 de la Carta para ser juez de circuito.

"Como consecuencia de esto, el ejercicio en propiedad del cargo de juez municipal de plena competencia durante cuatro años que requiere el artículo 155 de la misma Carta Fundamental, habilita al funcionario jurisdiccional dicho para ser magistrado del Tribunal Superior de Distrito. Lo cual es en el fondo autorizar. que quien apenas reúne las calidades mínimas para ser juez municipal, por el ejercicio de este cargo en propiedad reúne también las exigencias de otras calidades más altas y estrictas señaladas en la Carta (artículo 157) para desempeñar un cargo de mayor jerarquía; y por este solo ejercicio durante cuatro años, está en capacidad dada por la ley, que no por la Constitución, en un verdadero ascenso en su carrera judicial 'per saltum', para desempeñar el de magistrado de Tribunal Superior de Distrito, contra lo que en forma clara y perentoria estatuye el artículo 155 en relación con el artículo 157 citado del estatuto fundamental.

"El artículo 7.° del Decreto N.º 1698 de 1964, citado, de esta manera exige calidades inferiores para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Distrito que las requeridas por la Constitución, con quebranto innegable de sus artículos 157 y 155".

Luego de lo cual estima que, si bien la norma acusada tiene muy estrecha relación con los artículos l.° a 7.° y 9.° del Decreto-Ley 528 de 1964, que atribuyeron plena competencia, a los jueces municipales en lo penal, civil y laboral, suprimiendo los jueces de circuito o de círculo laboral en estas ramas, no sería admisible la afirmación de que "eliminados estos cargos no hay ascenso del de juez municipal al de magistrado de tribunal superior 'per saltum', sino que hay realmente continuidad en la escala jerárquica", porque a esa afirmación le cerró el paso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 28 de junio de 1965, por la que se declararon inexequibles unas disposiciones de la Ley 27 de 1983 y otras del Decreto-Ley N.º 528 de 1964, en cuanto suprimen la categoría constitucional de juez de circuito.

Y si bien el Gobierno, con el propósito de adaptar las disposiciones sobre organización judicial a lo decidido por la Corte en la sobre dicha sentencia, dictó el Decreto Extraordinario Número 1867 de 1965, por el cual se establecen jueces de circuito civiles y penales en las ciudades dé Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y, además, en cada distrito judicial distinto de los que se acaban de mencionar un juez de circuito, con competencia para conocer de los asuntos que el mismo decreto les señala, sin embargo como este poder de conocimiento de tales jueces de circuito se les limitó y restringió a esos asuntos determinados, y en cambio por virtud de lo dispuesto en los artículos 1.º y 2.º del mismo decreto se dejó a los jueces municipales, tanto de las cabeceras de distrito judicial, como de otras plazas, investidos de la plena competencia para conocer en lo penal y en lo civil, como también quedó viva la plena competencia de los jueces municipales en lo laboral, todo ello quiere decir que, a igual que los jueces de circuito restablecidos por el decreto, los jueces municipales de plena competencia, que hayan ejercido por cuatro años en propiedad este cargo, si reúnen las condiciones de nacionalidad, ciudadanía, edad y titularidad de abogado que señala el artículo 155 del estatuto, pueden ser elegidos para el cargo de magistrado de tribunal superior, separándose de lo dispuesto en esta norma, la que, entre los cargos cuyo desempeño habilita para esa magistratura, no incluye el de juez municipal.

Finalmente, aunque el Ministerio Público opina que la plena competencia que al juez municipal en lo laboral le atribuye el artículo 9º del Decreto 528 de 1964, puede permitir que el ejercicio de esta judicatura en el lapso señalado por la ley, lo habilite para el desempeño del cargo de magistrado de tribunal superior en la sala laboral, atendido el artículo 164 de la Constitución, con todo concluye su concepto, "reconociéndole plenamente la razón al demandante", afirmando que "el precepto del artículo 7.º del Decreto Extraordinario N.º 1698 de 1964, acusado, es inexequible", y rogando a la Corte que así lo declare.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.-Si, el constituyente, al decir en el artículo 58 del estatuto que "La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia", hizo mediante esa fórmula de carácter general la indicación de los organismos ordinariamente investidos de la función jurisdiccional, no por ello confió al poder legislativo la misión de determinar las calidades indispensables para poder ser magistrado o juez, sino que el propio constituyente reservó para sí ese atributo, que consideró básico en la conformación del órgano jurisdiccional, como puede verse en el título XV de la Carta (artículos 147 a 164).

Lo que importa afirmar que el hecho de que la ley pueda crear tribunales y juzgados (artículo 58) y, cual lo enseña el artículo 164 ibidem, organizar- la jurisdicción del trabajo y establecer tribunales de comercio, no inviste al legislador de la potestad de desconocer o contrariar las exigencias previstas por el estatuto para la Constitución misma del órgano, como son las relativas a las condiciones que han de llenar los llamados a la administración de justicia.

2.-La Constitución, al determinar en el título sobredicho la estructura de la rama jurisdiccional del poder, señaló como categorías distintas la de juez de circuito, y la de juez municipal, colocando a la última en el grado inferior de la jerarquía.

La diferencia entre estos dos órdenes de jueces y la inferioridad del municipal con relación al de circuito las determinan, no solo la diversidad de las denominaciones, que en boca del autor de la ley de leyes, austero y preciso en su lenguaje, corresponden a conceptos históricamente distintos, sino la circunstancia decisiva de no ser unos mismos los requisitos imperados por la Carta para ser juez de una u otra categoría, habiendo uno más de significativa importancia entre los exigidos para serlo de circuito.

3.-Con solo cotejar los textos constitucionales que a tales predicamentos se refieren, encuéntrase palmaria la diferencia a que se alude.

Reza el artículo 157 que "Para ser juez superior, de circuito, de menores, o juez especializado, o juez de instrucción criminal de igual o superior categoría a los indicados, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado titulado y haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de juez de circuito o de juez municipal. Ya su turno el 158 dice: "para ser juez municipal se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado".

Como se ve, en el ordenamiento estatutario, para ser juez municipal apenas se necesita tener las tres primeras de las condiciones exigidas para ser juez de circuito, cuya investidura requiere, además, haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de juez municipal. Si, pues, el llamamiento a este último empleo no exige el haber desempeñado previamente judicatura alguna, y en cambio la vocación a la judicatura de circuito requiere el haber ejercido la municipal durante un año por lo menos, ello por sí solo está demostrando que el constituyente estableció la diferencia entre el orden de los jueces de circuito y el orden de los jueces municipales, haciendo a los últimos de inferior categoría respecto de aquellos, inferioridad que fue una de las implícitamente contempladas en la segunda parte del canon 159, cuando dice que "Las condiciones requeridas para el desempeño de cualquiera de estos cargos habilitan para el ejercicio de los que sean inferiores en categoría".

4.-Se reitera, pues, la doctrina sentada por esta corporación en su sentencia de 28 de junio de 1965, por la cual se declararon inexequibles ciertas disposiciones de la reforma judicial a cuya acusación entonces se atendía, "en cuanto suprimen la categoría constitucional de juez de circuito", pronunciamiento aquel de cuya parte considerativa son los siguientes pasajes:

"La reforma constitucional de 1945 designa por su nombre a los jueces inferiores, y da un paso más, de significativa importancia: establece la jerarquía de la rama jurisdiccional, integrada, en orden descendente, en esta forma:

a) Corte Suprema; b) Tribunales; c) Jueces Superiores, de Circuito de Menores, de Instrucción Criminal y especializados, de igual o superior categoría a los indicados, y d) Jueces Municipales.

"La clasificación de jueces, con la especificación indicada, no fue establecida por el constituyente de 1886, sino que vino a serlo por la reforma de 1945. La institución de esta investidura judicial surge con toda claridad y nitidez del contenido de los artículos 155, 157 y 158 de la codificación actual; fue eso lo que se propuso hacer el constituyente de 1945 al señalar las calidades y requisitos que debían llenarse para la designación de los jueces dé cada categoría, la forma de nombramiento y la duración del período. La simple lectura de las deposiciones constitucionales citadas apoya la anterior conclusión.

"Los antecedentes que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional como promotor o iniciador de la reforma de 1945, y los informes de las comisiones de las dos Cámaras del Congreso, ilustran el sentido de las previsiones ya citadas; lo que por medio de ellas se propusieron fue instituir la jerarquía de la rama jurisdiccional, dejando al legislador la facultad de establecer y organizar la carrera judicial, de acuerdo con esa jerarquía…

"Tenía conocimiento el constituyente de 1945 de que existían creados por la ley, Juzgados Superiores, de Circuito, de Instrucción Criminal y Municipales. Sobre esa base los incorporó a la rama jurisdiccional, adicionando la lista anterior con la de jueces de menores; le dió, pues, a la ley vigente, creadora de la judicatura, la categoría de canon constitucional. Ese procedimiento no es inusitado; nuestro derecho público registra numerosos antecedentes: entre otros puede citarse el de la Contrataría General de la República, creada por una Ley de 1923. Posteriormente el estatuto fundamental le dio rango constitucional a la nombrada entidad, institucionalizando la obra del legislador ordinario…

"La reforma de 1945, a diferencia de la Carta de 1886, no se limitó a dejar el encargo de administrar justicia en los grados inferiores de la jerarquía jurisdiccional, a los Juzgados 'que establezca la ley', sino complementó el ordenamiento instituyendo determinadas categorías de jueces, como los de circuito, que el legislador está obligado a respetar en la organización del servicio de justicia. Además, en la reforma no hay una simple mención de funcionaros, como lo afirma el procurador, sino su distribución en grado o escalas, o, en otros términos, la consagración de una jerarquía definida.

"Las anteriores consideraciones llevan a la conclusión de que el legislador no tiene facultades para eliminar las categorías específicas a que se refieren los artículos 155, 157 y 158 de la reforma constitucional de 1945, establecidas por ellos; sus poderes se limitan a aumentar o disminuir el número de los existentes, a variar el territorio de su jurisdicción o modificar su competencia, y aún crear nuevos juzgados o tribunales, si así lo exigen las necesidades del servicio público...".

5.-Precisa, pues, afirmar que los jueces municipales de plena competencia, creados por la reforma judicial de 1964, no son los jueces de circuito que contempla el artículo 157 de la Carta. No los habilita al efecto esa plena competencia, porque, a pesar de ella, se encuentran en el grado inferior de la escala jurisdiccional, siendo así que el orden de los jueces de circuito, tal como lo reconoció la enmienda constitucional de 1945, según venía existiendo desde antes y continuó siéndolo hasta ser suprimido por la reforma judicial, no ocupaba ese nivel inferior, pues que más abajo estaba el de los jueces municipales, de cuyas providencias conocían los de circuito en segunda instancia; y porque, en el estado actual de la reforma y por un imperativo del sistema que la misma consagra, les jueces municipales, de plena competencia no necesitan, para serlo, el haber desempeñado previamente la función jurisdiccional, como sí lo exige el estatuto a los jueces de circuito, (artículo 157), que, para poder serlo, tienen que haber desempeñado durante un año, por lo menos, el cargo de juez municipal.

6.-Consecuencia indefectible de todo lo expuesto es la de que, cuando el constituyente en el artículo 155 de sus ordenamientos (2.° del Acto Legislativo N.º 1 de 1947), estatuyó como uno de los requisitos para ser magistrado de tribunal superior, en disyuntiva con el ejercicio de la abogacía o la enseñanza del derecho, en los términos que la norma indica, el "haber desempeñado en propiedad, por un período no menor de 4 años algunos de los cargos de magistrado de Tribunal de Distrito, juez superior o de circuito, juez especializado de igual o superior categoría, fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, o magistrado de Tribunal Administrativo", excluyó de esta enumeración el ejercicio de la judicatura municipal: Incluso un us est exclusivo alterius; y que, al referirse al juez de circuito, lo hizo ciertamente en el sentido con que esta categoría de la escala jerárquica fue consagrada en el hoy canon 157 o sea el artículo 60 del Acto Legislativo N.º 1 de 1945.

7-Ante lo expuesto, se imponen las siguientes conclusiones:

a) Que, habiendo señalado la Carta los cargos jurisdiccionales y del Ministerio Público cuyo ejercicio habilita para ser magistrado de tribunal superior, no podía el legislador atribuirle semejante eficacia a cargos de inferior categoría a los contemplados por el propio constituyente;

b) Que éste excluyó del elenco de tales cargos habilitantes para el fin dicho, el de juez municipal;

c) Que, no teniendo el cargo de juez municipal de plena competencia creado por la reforma judicial de 1964 la misma categoría que el de juez de circuito previsto por la Constitución en sus artículos 155 y 157, sino una inferior no podía el legislador equiparar el desempeño de aquel con el de éste para los efectos del referido artículo 155;

d) Que lo dicho se predica igualmente de los jueces municipales laborales, por las siguientes razones: porque, si bien la Constitución en su artículo 164 (69 del Acto Legislativo N.º 1 de 1945.) encomendó al legislador el establecer y organizar la jurisdicción del trabajo, no por ello lo facultó para abrogar las condiciones imperadas por el propio constituyente como básicas para poder ser juzgador en los diferentes órdenes de la jerarquía institucional, pues lo contrario quebrantaría la unidad de sistema que tan grave materia reclama; y porque, según el artículo 155, precepto que en el orden de evolución de las instituciones (artículo 2.º del Acto Legislativo N.º 1 de 1947) es posterior al 164 aludido, tratándose de los jueces especializados, el cargo cuyo desempeño capacita para ser magistrado de tribunal es aquel que sea "de igual o superior categoría" al de juez superior o de circuito, pero los jueces municipales laborales establecidos en la reforma judicial no son ni los de circuito que contempló la Constitución, ni los laborales de círculo que existían antes de la reforma y que eran de categoría a los de circuito, sino jueces municipales de las condiciones de que atrás se habló, inferiores en grado a los de circuito y a los cuales no pueden equipararse para los efectos constitucionales; y

e) Que, por todo ello, el precepto acusado es violatorio de los artículos 155 y 157 del estatuto.

RESOLUCION

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción constitucional que le confiere, el artículo 214 de la Carta, DECLARA: Es inexequible el artículo 7.º, del Decreto-Ley N.º 1698 de 16 de Julio de 1964.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese, previa comunicación a quien corresponda.

Luis Fernando Paredes A, Ramiro Araújo Grau, (con salvedad respecto a la motivación); Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso G., Gustavo Fajardo Pinzón, Eduardo Fernández Botero, Ignacio Gómez Posse, Crótatas Londoño, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L., Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO DEL H. MAGISTRADO RAMIRO ARAUJO GRAU RESPECTO A LA MOTIVACION DE LA SENTENCIA QUE ANTECEDE, LA CUAL DECLARA LA INEXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 7.º DEL DECRETO-LEY 1698 DE 1964.

Habiendo sido restablecida la categoría de los jueces de circuito, como consecuencia de la sentencia de la Corte de 28 de Junio de 1965, es obvio que queda sin justificación la equiparación de los jueces municipales a aquellos, que hizo el artículo 7.º del Decreto-Ley 1698 de 1964.

Para la declaración de inexequibilidad de este último precepto no era necesario, por tanto, reiterar la doctrina que expuso la Corte en el fallo antes citado, que firmé con salvamento de voto, junto con 4 colegas.

Como sigo discrepando del mencionado fallo, por las razones expuestas en el aludido salvamento es obvio que no puedo compartir la reiteración de las tesis del mismo que de manera expresa hace la sentencia a que se refieren estas líneas. Mi aceptación de la parte resolutiva de ella, no comporta, pues, adhesión mía a las referidas tesis.

Fecha ut supra.

Ramiro Araújo Grau