300Corte SupremaCorte Suprema30030005184Ramiro Araújo Grau196601/03/1966Ramiro Araújo Grau_1966_01/03/196630005184INEXEQUIBILIDAD DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY 24 DE 1963 EN CUANTO A LOS RECAUDOS DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION QUE SE CAUSEN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUERA DE BOGOTA 1.- La reforma constitucional de 1945, en el inciso 2o. del art. 1° creó el Distrito Especial de Bogotá (art. 199 de la Codificación) y en el inciso 3° dispuso que "sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá la ley determinará la participación que le corresponda a la capital de la República" (art. 200 de la Codificación). Siendo este último inciso parte de la Constitución, es claro que modificó, en cuanto a las rentas departamentales que se causen en la Capital el régimen que sobre protección a los bienes y rentas de los Departamentos habían consagrado los arts. 183 y 184 de la misma Carta, cualquiera sea la extensión exacta de ese régimen. Por consiguiente, en virtud del expresado Acto Legislativo de 1.945 el legislador bien podía, sin el menor riesgo de violar norma alguna superior, disponer que determinada cuota de las rentas departamentales de Cundinamarca pasaran d patrimonio del Distrito Especial, con tal de que se Causaran en éste. 2.-E1 hecho de que la renta de registro hubiera estado asignada a los Departamentos cuando entró a regir el art. 50 del Acto Legislativo No. 3 de 1910 (art. 183 de la Codificación), no es obstáculo constitucional para que como consecuencia del inciso 3o. del art. 1o. del Acto Legislativo de 1.945, el legislador pueda sustraer un porcentaje de las rentas de Cundinamarca causadas en el Distrito Especial de Bogotá, para entregarlas a éste. De manera que, al determinar el parágrafo del art. 7o. de la Ley 24 de 1.963, que "del impuesto sobre anotación y registro que se recaude en el Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Especial de Bogotá, se destinará para éste un treinta por ciento (30 %)", no vulnera los arts. 183 y 184 de la Carta, contrariamente a lo que estima el demandante. En tal precepto no hizo el legislador cosa distinta de ejercer la facultad que le confirió el art. 200 de la Codificación Constitucional, de determinar la participación que le corresponde a Bogotá en las rentas departamentales. Sin que sea lícito sostener, como lo hace el demandante, que tal facultad era para ser usada una sola vez, y que en consecuencia quedó agotada con la expedición del Decreto 3640 de 1.954, en el cual no se incluyó la renta de anotación y registro, pues tal limitación no resulta del texto de la Carta. Por tanto el citado Decreto-Ley 3640 de 1.954, hoy ley de la República, bien podía ser reformado por el Congreso, para proporcionarle más ingresos a la Capital en ejercicio de las atribuciones conferidas por el citado art. 200.de la Constitución. Entre las facultades Constitucionales del Congreso figura la de "interpretan, reformar y derogar las leyes preexistentes" (art. 76, ordinal 1°). No es que, según afirma el señor Procurador, no puedan concebirse leyes no reformables, ya que no hay inconveniente alguno en que el Constituyente así lo disponga con relación a determinada norma, como si, por ejemplo, al redactar el art. 200 de la Carta hubiera dicho que el legislador por una sola vez haría la determinación que dicho precepto contempla; sino que éste no se presta a la interpretación restrictiva que le da el demandante. Si el referido parágrafo el art. 7° de la Ley 24 de 1.963 acusado no infringe los arts. 183 y 1184 de la Carta, sí vulnera, en cambio, aunque no en forma absoluta, el comentado art. 200. En efecto, la autorización que éste dio al legislador fué para determinar la participación que le corresponda a la Capital "sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá", no sobre las que se causen fuera de esta ciudad, como indiscriminadamente estatuye el parágrafo en comento. Por consiguiente es obvio que éste viola el art. 200 de la Carta en cuanto a la renta de registro no causada en Bogotá, sobre lo cual está de acuerdo el señor Procurador.- Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, marzo primero de mil novecientos sesenta y seis. (Magistrado ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau). 1966
Gustavo Heilbron MerlanoDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del art. 79 de la Ley 24 de 1963Identificadores30030005185true77235Versión original30005185Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del art. 79 de la Ley 24 de 1963


INEXEQUIBILIDAD DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY 24 DE 1963 EN CUANTO A LOS RECAUDOS DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION QUE SE CAUSEN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUERA DE BOGOTA

1.- La reforma constitucional de 1945, en el inciso 2o. del art. 1° creó el Distrito Especial de Bogotá (art. 199 de la Codificación) y en el inciso 3° dispuso que "sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá la ley determinará la participación que le corresponda a la capital de la República" (art. 200 de la Codificación). Siendo este último inciso parte de la Constitución, es claro que modificó, en cuanto a las rentas departamentales que se causen en la Capital el régimen que sobre protección a los bienes y rentas de los Departamentos habían consagrado los arts. 183 y 184 de la misma Carta, cualquiera sea la extensión exacta de ese régimen. Por consiguiente, en virtud del expresado Acto Legislativo de 1.945 el legislador bien podía, sin el menor riesgo de violar norma alguna superior, disponer que determinada cuota de las rentas departamentales de Cundinamarca pasaran d patrimonio del Distrito Especial, con tal de que se Causaran en éste.

2.-E1 hecho de que la renta de registro hubiera estado asignada a los Departamentos cuando entró a regir el art. 50 del Acto Legislativo No. 3 de 1910 (art. 183 de la Codificación), no es obstáculo constitucional para que como consecuencia del inciso 3o. del art. 1o. del Acto Legislativo de 1.945, el legislador pueda sustraer un porcentaje de las rentas de Cundinamarca causadas en el Distrito Especial de Bogotá, para entregarlas a éste.

De manera que, al determinar el parágrafo del art. 7o. de la Ley 24 de 1.963, que "del impuesto sobre anotación y registro que se recaude en el Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Especial de Bogotá, se destinará para éste un treinta por ciento (30 %)", no vulnera los arts. 183 y 184 de la Carta, contrariamente a lo que estima el demandante.

En tal precepto no hizo el legislador cosa distinta de ejercer la facultad que le confirió el art. 200 de la Codificación Constitucional, de determinar la participación que le corresponde a Bogotá en las rentas departamentales. Sin que sea lícito sostener, como lo hace el demandante, que tal facultad era para ser usada una sola vez, y que en consecuencia quedó agotada con la expedición del Decreto 3640 de 1.954, en el cual no se incluyó la renta de anotación y registro, pues tal limitación no resulta del texto de la Carta. Por tanto el citado Decreto-Ley 3640 de 1.954, hoy ley de la República, bien podía ser reformado por el Congreso, para proporcionarle más ingresos a la Capital en ejercicio de las atribuciones conferidas por el citado art. 200.de la Constitución. Entre las facultades Constitucionales del Congreso figura la de "interpretan, reformar y derogar las leyes preexistentes" (art. 76, ordinal 1°). No es que, según afirma el señor Procurador, no puedan concebirse leyes no reformables, ya que no hay inconveniente alguno en que el Constituyente así lo disponga con relación a determinada norma, como si, por ejemplo, al redactar el art. 200 de la Carta hubiera dicho que el legislador por una sola vez haría la determinación que dicho precepto contempla; sino que éste no se presta a la interpretación restrictiva que le da el demandante.

Si el referido parágrafo el art. 7° de la Ley 24 de 1.963 acusado no infringe los arts. 183 y 1184 de la Carta, sí vulnera, en cambio, aunque no en forma absoluta, el comentado art. 200.

En efecto, la autorización que éste dio al legislador fué para determinar la participación que le corresponda a la Capital "sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá", no sobre las que se causen fuera de esta ciudad, como indiscriminadamente estatuye el parágrafo en comento. Por consiguiente es obvio que éste viola el art. 200 de la Carta en cuanto a la renta de registro no causada en Bogotá, sobre lo cual está de acuerdo el señor Procurador.-

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, marzo primero de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau).

En ejercicio de la acción pública consagrada por el art. 214 de la Constitución Nacional el doctor Gustavo Heilbron Merlano, ciudadano colombiano, pide a la Corte, en demanda que satisface las exigencias legales, que declare la inexequibilidad del parágrafo del art. 79 de la Ley 24 de 1963.

Esta disposición es del siguiente tenor:

"El impuesto de anotación y registro se seguirá pagando en su totalidad a favor de los Departamentos, Intendencias y Comisarías, en donde estén ubicados los bienes inmuebles objeto de la transacción".

"Parágrafo.-Del impuesto sobre anotación y registro que se recaude en el Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Especial de Bogotá, se destinará a éste un treinta por ciento (30%)"

Como preceptos constitucionales infringidos señala en primer lugar los artículos 183 y 184 de la Codificación que rezan:

"Artículo 183.-Los bienes y rentas de los Departamentos así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales ni municipales".

"Artículo 184.-Los bienes, derechos, valores y acciones que por leyes o por decretos del Gobierno Nacional, o por cualquiera otro título, pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos, continuarán siendo propiedad de los respectivos Departamentos. Exceptúanse los inmuebles que se especifican en el artículo 202 de la Constitución".

Sustentando su pedimento afirma el demandante que la renta del impuesto de Registro constituyó uno de los principales recursos de los antiguos Estados Soberanos, y que el de Cundinamarca la tuvo destinada al sostenimiento de los establecimientos de beneficencia; que la Ley 24 de 1963 no se inspira en motivos de utilidad pública o interés social; y que si bien el legislador estaba autorizado por el art. 200 de la Carta para determinar la participación que le corresponda a la Capital de la República en las rentas departamentales que se causen en ella, tal facultad quedó agotada con la expedición del Decreto-Ley 3640 de 1954, que fijó dicha participación. Como final de la síntesis de sus argumentaciones dice: "Suponiendo que el legislador pueda hacer uso de la facultad contenida en el mencionado art. 200, el parágrafo del art. 7º de la Ley 24 sería igualmente inconstitucional porque fija la participación no solo en lo recaudado en el Distrito sino que la hace extensiva a todo el Departamento". Considera, pues, también infringido el art. 200 de la Carta.

En su vista el señor Procurador General de la Nación conceptúa que es inexequible el parágrafo del art. 7º de la Ley 24 de 1963, pero solo "en cuanto destina para el Distrito Especial de Bogotá la participación en el impuesto sobre anotación y registro que se recaude fuera de Bogotá y dentro del resto del Departamento de Cundinamarca, por infringir los artículos 183 y 200 de la Constitución".

Consideraciones de la Corte:

1. Es por demás claro que para la Constitución el concepto de renta es genérico y engloba el de impuesto. Así en el art. 206 dice que "en tiempo de paz no se podrá establecer contribución o impuesto que no figure en el Presupuesto de rentas;"en el 208 alude a que "el ejecutivo formará anualmente el Presupuesto de Rentas, y junto con el proyecto de Ley de Apropiaciones lo presentará al Congreso…"; en el 210 habla de que "el Congreso establecerá las rentas nacionales y fijará los gastos de la Administración", y que "en cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley respectiva, se expedirá el Presupuesto general de rentas y Ley de Apropiaciones y en el 211 se establece una prohibición respecto al "Presupuesto de gastos y de rentas".

2. Los artículos 183 y 184 de la actual codificación constitucional ya transcritos, corresponden a los artículos 50 y 51, respectivamente, del Acto Legislativo 3 de 1910. En virtud del primero los bienes y rentas de los Departamentos quedan cobijados con la misma protección que a los particulares confiere el artículo 30 de la Carta. Por obra del segundo quedaron dentro del ámbito de esa protección "los bienes, derechos, valores y acciones" que por cualquier título legítimo pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos.

3. El impuesto de registro perteneció a los Estados, y por lo que hace a Cundinamarca, fue, luego de aumentado en el doble, destinado como auxilio del Estado al sostenimiento de los establecimientos de beneficencia, al tenor de los artículos 1º y 2º de la Ley 25 de 1882 de la Asamblea Legislativa de dicho Estado Soberano, según aparece insertada en una "Compilación de Leyes y Ordenanzas de Beneficencia y Asistencia de Cundinamarca", publicada en 1942 en los talleres de la Imprenta del Departamento. En todo caso, la renta en referencia fue expresamente cedida a los nacientes Departamentos por obra del artículo 3º de la Ley 48 de 1887. "El producto de la renta de Registro, organizada por la Ley, se cede a los respectivos Departamentos", dice el artículo. Posteriormente la Ley 1ª de 1908 dispuso que las "rentas y contribuciones de los extinguidos Departamentos ingresarán al Tesoro Nacional". Pero más adelante la Ley 8º de 1909, en su artículo 2º, estableció que "son bienes de los Departamentos los que les pertenecían antes de la vigencia de la Ley 1ª de 1908", con lo que indudablemente quedó restablecido el régimen legal que había hecho del impuesto de registro una renta departamental; y, dicho régimen estaba vigente cuando fue expedido el Acto Legislativo Nº 3 de 1910, que, se repite, confirió a los bienes y rentas de los Departamentos la misma protección que la Constitución otorga a los bienes de los particulares.

4. La reforma constitucional de 1945, en el inciso 29 del artículo 1º, creó el Distrito Especial de Bogotá (artículo 199 de la Codificación) y en el inciso 3 dispuso que "sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá, la ley determinará la participación que le corresponda a la Capital de la República" (artículo 200 de la Codificación). Siendo este último inciso parte de la Constitución, es claro que modificó, en cuanto a las rentas departamentales que se causen en la Capital, el régimen que sobre protección a los bienes y rentas de los Departamentos habían .consagrado los ya vistos artículos 183 y 184 de la misma Carta, cualquiera sea la extensión exacta de ese régimen. Por consiguiente, en virtud del expresado Acto Legislativo de 1945 el legislador bien podía, sin el menor riesgo de violar norma alguna superior, disponer que determinada cuota de las rentas departamentales de Cundinamarca pasaran al patrimonio del Distrito Especial, con tal de que se causaran en éste.

5. Al respecto dice el señor Procurador: "(…) En consecuencia, la ciudad de Bogotá, capital de la República, organizada como un Distrito Especial con base en lo que al efecto dispuso el artículo 199 de la Carta, puede y debe recibir la participación que le señale la y ley en las rentas departamentales causadas en la misma capital de la República: así lo dispone el citado artículo 200".

"(…) De conformidad con estos principios, la ley podrá determinar libremente cualquiera participación-grande o pequeña-sobre tales rentas departamentales causadas en Bogotá, siempre que, como es obvio, se señale un porcentaje y no se prive totalmente de tales rentas a su propietario, que lo es el Departamento".

6. Se tiene, pues, que el hecho de que la renta de registro hubiera estado asignada a los departamentos cuando entró a regir el artículo 50 del Acto Legislativo Nº 3 de 1910 (artículo 183 de la Codificación), no es obstáculo constitucional para que, como consecuencia del inciso 3º del artículo 1º del Acto Legislativo de 1945, el legislador pueda sustraer un porcentaje de las rentas de Cundinamarca causadas en el Distrito Especial de Bogotá, para entregarlas a éste.

De manera que, al determinar el parágrafo del artículo 7º de la Ley 24 de 1963, que "del impuesto sobre anotación y registro que se recaude en el Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Especial de Bogotá, se destinará para éste un treinta por ciento (30%)", no vulnera los artículos 183 y 184 de la Carta, contrariamente a lo que estima el demandante.

7. En tal precepto no hizo el legislador cosa distinta de ejercer la facultad que le confirió el artículo 200 de la Codificación Constitucional, de determinar la participación que le corresponde a Bogotá en las rentas departamentales. Sin que sea lícito sostener, como hace el demandante, que tal facultad era para ser usada una sola vez, y que en consecuencia quedó agotada con la expedición del Decreto-Ley 3640 de 1954, en el cual no se incluyó la renta de anotación y registro, pues tal limitación no resulta del texto de la Carta. Por tanto el citado Decreto-Ley 3640 de 1954, hoy Ley de la República, bien podía ser reformado por el Congreso, para proporcionarle más ingresos a la Capital en ejercicio de las atribuciones conferidas por el citado art. 200 de la Constitución. Entre las facultades constitucionales del Congreso figura la de "interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes" (artículo 76, ordinal 1º). No es que, según afirma el señor Procurador, no puedan concebirse leyes no reformables, ya que no hay inconveniente alguno en que el constituyente así lo disponga con relación a determinada norma, como si, por ejemplo, al redactar el artículo 200 de la Carta hubiera dicho que el legislador por una sola vez haría la determinación que dicho precepto contempla; sino que éste no se presta a la interpretación restrictiva que le da el demandante.

8. Pero si el referido parágrafo del artículo 7º de la Ley 24 de 1963 acusado, no infringe los artículos 183 y 184 de la Carta, sí vulnera, en cambio, aunque no en forma absoluta, el comentado artículo 200.

En efecto, la autorización que éste dio al legislador fue para determinar la participación que le corresponda a la Capital "sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá", no sobre las que se causen fuera de esta ciudad, como indiscriminadamente estatuye el parágrafo en comento. Por consiguiente es obvio que éste viola el artículo 200 de la Carta en cuanto a la renta de registro no causada en Bogotá, sobre lo cual, como se vio, está de acuerdo el señor Procurador.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, declara: es inexequible el parágrafo del artículo 7º de la Ley 24 de 1963 en cuanto a los recaudos del impuesto de registro que se causen en el Departamento de Cundinamarca fuera de Bogotá.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, y dése cuenta al Gobierno.

Luis Carlos Zambrano, Ramiro Araújo Grau, Carlos Delgado Morales, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo. Luis Alberto Bravo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Eduardo Fernández Botero, Ignacio Gómez Posse, Enrique López de la Pava, Primitivo Vergara Crespo, Simón Montero Torres, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Julio Roncallo Acosta, Víctor G. Ricardo.

Ricardo Ramírez, Secretario.