300Corte SupremaCorte Suprema30030005168Ramiro Araújo Grau196516/12/1965Ramiro Araújo Grau_1965_16/12/196530005168EXEQUIBILIBAD DEL ARTICULO 8º DE LA LEY 187 DE 1936 Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre diez y seis de mil novecientos sesenta y cinco. (Magistrado Ponente: Doctor Ramiro Araújo Grau). 1965
César Castro PerdomoDemanda de inexequibilidad del artículo 8º de la Ley 187 de 1936Identificadores30030005169true77219Versión original30005169Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad del artículo 8º de la Ley 187 de 1936


EXEQUIBILIBAD DEL ARTICULO 8º DE LA LEY 187 DE 1936

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre diez y seis de mil novecientos sesenta y cinco.

(Magistrado Ponente: Doctor Ramiro Araújo Grau).

En ejercicio de la acción pública consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano César Castro Perdomo pidió a la Corte la declaración de inexequibilidad del artículo 8º de la Ley 187 de 1936, que reza:

"La elección de Presidente de la República se hará cada cuatro años, el primer domingo de mayo, a partir de 1938".

En su opinión tal artículo vulnera el artículo 114 de la Carta (Art. 26 del A. L. Nº 1 de 1945), que dice:

"El Presidente de la República será elegido en un mismo día por el voto directo de los ciudadanos y para un período de cuatro años, en la forma que determine la ley".

Sustenta su acusación de la manera siguiente:

"A mi juicio la norma acusada viola el artículo constitucional transcrito porque el artículo 114 de la Constitución, vigente desde 1945, ordena que la fecha de elección presidencial, que es una de las formas de tiempo de hacer esa elección, debe señalarse por la Ley posterior a la vigencia de la reforma constitucional de 45, y en consecuencia no podría aplicarse la norma acusada para las futuras elecciones presidenciales, por nó haber sido expedida dentro de la vigencia de la reforma constitucional dé 45".

"En otros términos, si se aplica la Ley 187 de 1936, tal como lo preceptúa el texto de ella, y que señala el primer domingo de mayo para las futuras elecciones presidenciales, se estaría ante una fecha que no es la constitucionalmente autorizada, porque la única posible es aquella que se determine dentro de la vigencia de la reforma constitucional de 45".

"Además el canon constitucional ya citado, al no haber sido desarrollado por el legislador para las futuras elecciones presidenciales, en lo concerniente a la fecha del certamen respectivo, en mi concepto se está violando, por omisión del legislador en cumplir con el mandato imperativo que se desprende del texto constitucional".

"También conviene tener en cuenta que el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945, está redactado en futuro y en presente, no en pretérito, y la fijación del modo, lugar, y fecha de las elecciones presidenciales, debe hacerse para satisfacer el canon constitucional indicado, al menos en presente, es decir, dentro de la vigencia de la reforma constitucional de 45".

"La Reforma Constitucional Plebiscitaria de 1957 dispuso que la Constitucional Política de Colombia, es la de 1886 con las reformas de carácter permanente introducidas hasta el Acto Legislativo número 1 de 1947, y de ahí que el mandato del artículo 114 de la Carta (Art. 26 del Acto Legislativo Nº 1 de 1945) fue ratificado por el constituyente plebiscitario y es ineludible llevar a cabo las futuras elecciones presidenciales bajo los mandatos perentorios de esa norma, entre los cuales está, como ya se ha explicado, el de que el Legislador con posterioridad a la Reforma Constitucional de 1945 está obligado a señalar la fecha de las elecciones presidenciales futuras".

No puede servir para las futuras elecciones presidenciales la Ley 187 de 1936, que fijó el primer domingo de mayo para su realización, puesto que esa fecha no es un desarrollo del artículo i 14 de la Constitución Nacional, que comenzó a regir en 1945".

Al descorrer el traslado que se le dio de la demanda, el señor Procurador expone lo siguiente:

"Ninguno de los argumentos que el actor trae en apoyo de sus tesis puede servir de base para que la H. Corte Suprema de Justicia despache en forma favorable las peticiones de la demanda".

"La Procuraduría expone su opinión sobre el problema planteado, en los siguientes términos:

"Primero. La Ley 187 de 1936 se dictó bajo la vigencia del artículo 25 del Acto Legislativo número 3 de 1910, a cuyo tenor "El Presidente de la República será elegido en un mismo día por el voto directo de los ciudadanos que tienen derecho a sufragar para Representantes, y para un período de cuatro años, en la forma que determine la Ley". Se señaló como fecha inicial del próximo período del Primer Mandatario la del 7 de agosto de 1914, por el artículo A) de las Disposiciones transitorias del mismo Acto Legislativo".

"El actor no sostiene ni insinúa siquiera que la referida Ley 187 hubiera violado, en su tiempo, las normas constitucionales vigentes cuando se expidió. En consecuencia, y no encontrando tampoco la Procuraduría tacha de inexequibilidad por este aspecto al confrontar el artículo 89 de la Ley 187 con los principios y disposiciones constitucionales que regían cuando la Ley fue sancionada, el tema debe desecharse en absoluto".

"Segundo. Como norma de carácter general, el artículo 8º de la Ley 187 de 1936 dispuso qué la elección de Presidente de la República se haría cada cuatro años, el primer domingo del mes de mayo, a partir de 1938".

"Posteriormente y para casos concretos disposiciones legales señalaron fechas distintas para determinadas elecciones presidenciales: así, el artículo 49 de la Ley 89 de 1948 dispuso que la elección del Presidente para el período próximo se haría el primer domingo de junio de 1950; el artículo de la Ley 16 de 1949 señaló para la próxima elección presidencial el último domingo de noviembre del mismo año; y el Decreto Legislativo 148 de 1957 convocó al pueblo colombiano a elecciones presidenciales para el primer domingo de mayo de 1958, coincidiendo en esta forma con el señalamiento que por vía general había hecho desde 1936 el artículo 89 de la Ley 187".

"Entiendo que no se ha dictado una norma general que sustituya para todos los casos el artículo 8º de la Ley 187 de 1936".

"El actor, sin formular cargo de inconstitucionalidad respecto del citado artículo 8º en relación con las normas de la Carta Fundamental que regían cuando dicha Ley se expidió, sostiene que es incompatible con el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945 (artículo 114 de la actual Codificación Constitucional), por cuanto estima que éste impuso al legislador la obligación de señalar el modo, lugar y fecha de las elecciones presidenciales que se realizarán a partir de 1945, es decir, con posterioridad a la vigencia de la nueva norma constitucional; sobre esta base, y advirtiendo que en cuanto a fecha de la elección presidencial el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945 no ha tenido desarrollo, sostiene que el artículo 8º de la Ley 187 de 1936 es inconstitucional por tener la tacha "de no haber sido expedido dentro de la vigencia de la norma constitucional que impuso al legislador la obligación de hacerlo (Art. 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945) ".

"Sinceramente no alcanzo a comprender cómo una norma legal dictada en 1936 pueda haber atacado, desconocido o vulnerado una disposición constitucional que no existía para entonces y que sólo se dicto nueve años después. Hasta donde llegan mis conocimientos entiendo que si bien la Constitución Nacional puede ser atacada por una norma de inferior categoría, parece elemental que para que ese ataque se produzca deba existir la disposición constitucional susceptible de ser violada. Pero lo cierto es que el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 19.45 no existía cuando en 1936 se adoptó por el Congreso la Ley 187 y en estas circunstancias no podía ser infringido".

"Para la Procuraduría se está en presencia de un dilema inexorable:

O el artículo 8º de la Ley 187 de 1936 es compatible con el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945, o dicha norma legal es incompatible con el mencionado principio constitucional".

"En el primer extremo del dilema, la acusación de inconstitucionalidad no podría prosperar; en el segundo, tampoco por cuanto el fenómeno no sería el de inconstitucionalidad declarable por la H. Corte Suprema de Justicia en su misión de guarda de la Constitución que le asigna el artículo 214 de la Carta, sino el de sustracción de materia por cuanto el referido artículo 8º habría quedado derogado".

"En efecto, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, "La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente".

"Si fuere cierto -y sobre ello nada opina la Procuraduría, por no ser pertinente-que el artículo 8º de la Ley 187 de 1930 resultare contrario a la letra o al espíritu del posterior artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945, se tendría que, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, la nueva norma constitucional habría derogado la citada disposición legal preexistente, y habría que desecharla por insubsistente. Si todo ello fuere así -y repito que no es del caso que la Procuraduría opine sobre este punto- la norma legal no sería demandable por estar derogada".

"Y no compete a la H. Corte Suprema de Justicia, en su misión de guarda de la Carta Fundamental que esta misma le asigna en su artículo 214, decidir sobre la vigencia o insubsistencia de las normas legales".

"En consecuencia, en ninguno de los dos extremos del dilema podría prosperar la demanda: en el primero, por cuanto el artículo 8º de la Ley 187 no sería contrario a la Constitución; en el segundo, por cuanto el referido artículo 8º estaría derogado".

"En mi opinión, no puede darse el caso de que la H. Corte Suprema de Justicia, dentro de un juicio de esta naturaleza, se pronuncie en el sentido-de que una disposición legal vino a ser inexequible por incompatibilidad con una norma constitucional adoptada después de dictada y sancionada aquélla. La Ley es constitucional o no lo es; pero no puede convertirse en inconstitucional por la vigencia de un nuevo principio de la Carta Fundamental, por cuanto .si es incompatible con él automáticamente queda derogada por la Constitución que "es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente" (Ley 153 de 1887, artículo 9º).

"Tercero. El doctor Castro Perdomo estima que el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945 "se está violando, por omisión del Legislador en cumplir con el mandato imperativo que se desprende del texto constitucional".

"Si fuere exacto afirmar, como lo hace el demandante, que el referido artículo 26 impuso al legislador la obligación de desarrollarlo mediante Ley que señale el modo, lugar y fecha de las elecciones presidenciales, sería cierto que el Congreso estaría en mora de dictar las normas correspondientes. Pero una omisión de esa naturaleza no podría ser declarada inconstitucional por la H. Corte Suprema de Justicia, toda vez que la facultad de ésta es la de "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre todas las leyes o decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76, y el artículo 121 de la Constitución Nacional, cuando fuere acusado ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano" según lo dice textualmente el artículo 214 de la Carta".

"En consecuencia, se requiere un proyecto de Ley aprobado por las Cámaras y objetado por el Gobierno como inconstitucional, o una Ley del Congreso, o un Decreto emanado del Gobierno en ejercicio de las atribuciones del artículo 76, ordinales 11 o 12, o del artículo 121, para que la H. Corte Suprema pueda decidir sobre su exequibilidad".

"Para el caso, lo acusable sería una Ley, no la ausencia de Ley o la omisión en dictarla. Y si, según el pensamiento del actor, el artículo 114 de la Constitución está violándose por no haber expedido el Congreso la Ley que lo desarrollé, no entiendo qué podría declarar inexequible la H. Corporación ante la cual hablo".

"Cuarto. Por último, el doctor Castro Perdomo considera que el artículo 89 de la Ley 187 de 1936 "es inconstitucional en cuanto se pretenda aplicar para situaciones futuras", con lo cual reitera su aseveración de que las próximas elecciones presidenciales no pueden verificarse en la fecha señalada por el citado artículo 89".

"Tampoco es el caso de entrar al fondo del asunto, toda vez que si fuere cierto que el artículo 89 es contrario al nuevo y posterior principio constitucional contenido en el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 de 1945, estaría derogada aquella norma, de conformidad con lo que enseña el artículo 9º de la Ley 153 de 1887; y si-todo en hipótesis-las próximas elecciones presidenciales se verificaran con aplicación del artículo 8º de la Ley 187 y éste estuviera insubsistente, el problema que surgiría sería el relativo a la validez o invalidez de las elecciones así hechas".

En sentencia de esta fecha, recaída sobre la demanda de inexequibilidad del mismo precepto acusado en la presente, presentada por la doctora Beatriz Cárdenas Acosta, la Corte, tras examinar a espacio los argumentos de la acusación y los del Ministerio Público, declaró exequible el aludido artículo 8º de la Ley 187 de 1936, por lo cual nada distinto puede resolverse al respecto en el presente fallo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, resuelve: estése al pronunciamiento de esta misma fecha a que se ha hecho referencia.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial.

Luis Carlos Zambrano, Adán Arriaga Andrade, Ramiro Araujo Grau, Samuel Barrientos Restrepo, Humberto Barrera Domínguez, Flavio Cabrera Dussán, Luis Alberto Bravo, Gustavo Fajardo Pinzón, Aníbal Cardoso Gaitán, Ignacio Gómez Posse, Eduardo Fernández Botero, Simón Montero Torres, Enrique López de la Pava, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Efrén Osejo Peña, Víctor G. Ricardo, Primitivo Vergara Crespo, Julio Roncallo Acosta.

Ricardo Ramírez L., Secretario.