300Corte SupremaCorte Suprema30030005144Luis Carlos Zambrano196528/08/1965Luis Carlos Zambrano_1965_28/08/196530005144DESIGNACION DE CONSEJEROS DE ESTADO LA CORTE DECLAMA INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICU-LO 21 DEL DECRETO-LEY NUMERO 528 DE 9 DE MARZO DE 1964. Normas y finalidades del sistema de la coptación. - La regla recogida en el inciso 3° de la enmienda constitucional de 1957, no requiere reglamento legal para su operancia. - Tránsito del sistema antiguo al actual. - El sistema de la - coptación es aplicable, sin distinción alguna, para las vacantes que se produzcan a partir de la reforma pues el constituyente prescribió sin limitaciones este régimen al señalar que las vacantes de los Consejeros de Estado las llenará la propia corporación. - Significado del vocablo 'vacante' en su sentido natural y obvio. - Quebranto de la norma contenida en el artículo 12 del Plebiscito por el inciso 29 del artículo 21 del Decreto-Ley número 528 de 9 de marzo de 1964. 1. En virtud de la estructura jurisdiccional instituida por el artículo 12 del Plebiscito, se estableció la organización paritaria de las magistraturas colegiadas a que dicha norma se refiere -tanto en la rama propiamente jurisdiccional como en la de lo Contencioso Administrativo-, la estabilidad de dichos funcionarios mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso, y la designación de aquéllos por la misma Corporación en que se produce la vacante. Ahora bien: las normaciones de la citada enmienda constitucional de 1957, miran a la estructuración de uno de los órganos del Estado y a garantizar su autonomía e independencia frente a las ramas del Poder Público, todo ello en orden a asegurar los fines del Estado. Por lo tanto, el ordenamiento del artículo 12 de la enmienda que dice relación al modo de ser de uno de los órganos del Estado, no puede ser objeto de una regulación legal que contraríe ese precepto de la Carta, aunque el mismo Constituyente hubiera previsto expresamente una vía de reglamentación de lo ordenado por él, pues, aún en este caso, el reglamento debe limitarse a proveer sobre la operancia o efectividad de la norma superior, o sea, a establecer los detalles de aplicación de los principios que ella concreta. La mencionada enmienda plebiscitaria señaló un procedimiento para la designación de Consejeros de Estado por la misma Corporación en que se produce la vacante, por manera que cualquiera regulación legal que estatuya con posterioridad a la reforma constitucional dicha, un sistema diverso de elección para los funcionarios de esa Entidad, contraría en principio esa norma de superior jerarquía. 2. En el caso del artículo 12 del Plebiscito no podría decirse que este precepto ha creado, en cuanto al sistema y organización institucionales allí previstos, una situación de inoperancia o inaplicabilidad de sus normaciones, con base en que el último inciso de ese artículo diga que "la ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial". Porque, el Constituyente no subordinó la eficacia de las reglas contenidas en los incisos 1° y 3° del precepto citado -paridad política y sistema de elección de los Magistrados y Consejeros por coptación- a la reglamentación de la ley, como requisito sustancial o necesario para lograr los fines allí previstos, y, de otra parte, tales disposiciones, en cuanto a la función que debían cumplir, no se establecieron con ningún carácter restrictivo o modal en cuanto a su aplicación. 3. La regla recogida en el aparte o inciso 3° de la enmienda constitucional de 1957 no requiere reglamento legal para su operancia, y por ende, al resultar inobjetable su vigencia actual, dicha disposición reformó las normas anteriores de la Carta en cuanto consagraban un sistema distinto para el lleno de la función allí prevista. Ahora bien: el artículo 136 de la Constitución establecía el sistema de elección de los Consejeros de Estado -principales y suplentes- por las Cámaras Legislativas, de ternas formadas por el Presidente de la República, y la designación de los interinos por el Gobierno Nacional. Ante el silencio del artículo 12 del Plebiscito sobre la forma de efectuar el tránsito del sistema de elección antiguo al actual, o, mejor aún, sobre el modo de integrar por primera vez las Corporaciones a que este precepto se refiere, el Congreso eligió en octubre de 1958 el Consejo de Estado, de temas presentadas por el Presidente de la República, intervención por medio de la cual tanto las Cámaras como el Gobierno agotaron la potestad que les correspondía en la formación de aquella entidad. Así que la designación de Consejeros titulares que entonces se hizo, está indicando que el Gobierno y el Congreso, al proceder a la provisión en propiedad de las vacantes del Consejo, que estaba integrado por solo miembros interinos, ejercitaron el poder legal correspondiente, o sea, 1a. potestad de llenar las vacantes producidas con anterioridad al acto reformatorio de 1957. Por modo que, de esa circunstancia no puede deducirse, como lo pretende la Procuraduría General, la coexistencia jurídica del artículo 136 de la Carta y del ordenamiento establecido en el inciso 3° de la enmienda plebiscitaria, sino solo que la regla última: "las vacantes serán llenadas por la respectiva Corporación", ha de entenderse en el sentido de que el sistema de la coptación es aplicable, sin distinción alguna, para las vacantes que se produzcan a partir de la reforma, una vez agotada, como efectivamente lo fue, la facultad del Congreso y del Gobierno en la formación de aquella entidad mediante la última elección de sus miembros titulares. 4. La atribución actual sobre designación de Consejeros de Estado por la misma Corporación en que se produce la vacante, la predica la comentada enmienda constitucional en forma simple y clara, sin salvedades ni distinciones de ninguna clase en cuanto a la aplicación de esta facultad, por lo que resulta contrario al espíritu de dicha enmienda, que instituyó y consagró plenamente el sistema de la coptación en la forma y con las finalidades antes indicadas, pretender vincular ahora la elección de los nuevos Consejeros de Estado a un régimen constitucional anterior que dejó de tener vigencia por voluntad manifiesta del legislador supremo, pues ello implicaría que la simple disposición de la ley, al aumentar el número de miembros de esa Corporación, tendría a su vez el efecto de restablecer procedimientos normativos anteriores y distintos a los señalados en aquella reforma para la designación de dichos funcionarios, creando así para éstos un status de excepción, diverso al instituido por voluntad popular en el Plebiscito para la provisión de estas vacantes. 5. Aunque el artículo 15 del Código Judicial, traído como argumento por el agente del Ministerio Público, hace referencia a los artículos 5° y 13 ibídem, que respectivamente enumeran los casos de insubsistencia de nombramientos y de pérdida de destinos, a efecto de determinar que tales situaciones "dejan vacante el puesto", ello mismo está indicando que el sobredicho artículo 15, sin definir el concepto de vacancia, apenas hace una aplicación del mismo a los casos que contempla, vale decir sin que tenga que entenderse descartada la ocurrencia del fenómeno en cualquiera otro evento que lo constituya, como sucede precisamente en el de que se trata en este debate, es decir, creación de cargos que, mientras no hayan sido provistos, necesariamente tienen la calidad de vacantes. Además, va contra la presunción de sabiduría en el Constituyente, que prescribió sin limitaciones el régimen de la coptación al señalar que las vacantes de los Consejeros de Estado las llenará la propia Corporación, el que hubiera querido conservar vigente, como lo entiende la Procuraduría General, un texto contrario al sistema constitucional últimamente establecido sobre estructuración de una de las ramas del Poder Público, cual sería el artículo 136 de la Carta, al que son abiertamente opuestos el espíritu y letra de la enmienda. Al desechar y cambiar el Constituyente el antiguo sistema, reglamentando en forma nueva esta materia, y al haberse agotado con la última, elección la facultad que tuvieron las Cámaras y el Gobierno en la formación del Consejo de Estado, resulta que la elección de los nuevos Consejeros queda necesariamente sometida al status plebiscitario, es decir, al sistema de la coptación. Y, como de. otra parte, la aceptación castellana de la voz 'vacante', según el Diccionario de la Lengua, se aplica también "al cargo, empleo o dignidad que está sin proveer", ello indica que esa significación del vocablo en su sentido natural y obvio, fue la que consagró el Constituyente, y que corresponde perfectamente a los fines que inspiraron la reforma. Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena.- Bogotá, agosto veintiocho de mil novecientos sesenta y cinco. (Magistrado Ponente: Doctor Luis Carlos Zambrano). 1965
Hernando MoralesDemanda de inexequibilidad contra el inciso 2 del artículo 21 del decreto 528 de 1964Identificadores30030005145true77187Versión original30005145Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el inciso 2 del artículo 21 del decreto 528 de 1964


DESIGNACION DE CONSEJEROS DE ESTADO

LA CORTE DECLAMA INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICU-LO 21 DEL DECRETO-LEY NUMERO 528 DE 9 DE MARZO DE 1964.

Normas y finalidades del sistema de la coptación. - La regla recogida en el inciso 3° de la enmienda constitucional de 1957, no requiere reglamento legal para su operancia. - Tránsito del sistema antiguo al actual. - El sistema de la - coptación es aplicable, sin distinción alguna, para las vacantes que se produzcan a partir de la reforma pues el constituyente prescribió sin limitaciones este régimen al señalar que las vacantes de los Consejeros de Estado las llenará la propia corporación. - Significado del vocablo 'vacante' en su sentido natural y obvio. - Quebranto de la norma contenida en el artículo 12 del Plebiscito por el inciso 29 del artículo 21 del Decreto-Ley número 528 de 9 de marzo de 1964.

1. En virtud de la estructura jurisdiccional instituida por el artículo 12 del Plebiscito, se estableció la organización paritaria de las magistraturas colegiadas a que dicha norma se refiere -tanto en la rama propiamente jurisdiccional como en la de lo Contencioso Administrativo-, la estabilidad de dichos funcionarios mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso, y la designación de aquéllos por la misma Corporación en que se produce la vacante. Ahora bien: las normaciones de la citada enmienda constitucional de 1957, miran a la estructuración de uno de los órganos del Estado y a garantizar su autonomía e independencia frente a las ramas del Poder Público, todo ello en orden a asegurar los fines del Estado. Por lo tanto, el ordenamiento del artículo 12 de la enmienda que dice relación al modo de ser de uno de los órganos del Estado, no puede ser objeto de una regulación legal que contraríe ese precepto de la Carta, aunque el mismo Constituyente hubiera previsto expresamente una vía de reglamentación de lo ordenado por él, pues, aún en este caso, el reglamento debe limitarse a proveer sobre la operancia o efectividad de la norma superior, o sea, a establecer los detalles de aplicación de los principios que ella concreta.

La mencionada enmienda plebiscitaria señaló un procedimiento para la designación de Consejeros de Estado por la misma Corporación en que se produce la vacante, por manera que cualquiera regulación legal que estatuya con posterioridad a la reforma constitucional dicha, un sistema diverso de elección para los funcionarios de esa Entidad, contraría en principio esa norma de superior jerarquía.

2. En el caso del artículo 12 del Plebiscito no podría decirse que este precepto ha creado, en cuanto al sistema y organización institucionales allí previstos, una situación de inoperancia o inaplicabilidad de sus normaciones, con base en que el último inciso de ese artículo diga que "la ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial". Porque, el Constituyente no subordinó la eficacia de las reglas contenidas en los incisos 1° y 3° del precepto citado -paridad política y sistema de elección de los Magistrados y Consejeros por coptación- a la reglamentación de la ley, como requisito sustancial o necesario para lograr los fines allí previstos, y, de otra parte, tales disposiciones, en cuanto a la función que debían cumplir, no se establecieron con ningún carácter restrictivo o modal en cuanto a su aplicación.

3. La regla recogida en el aparte o inciso 3° de la enmienda constitucional de 1957 no requiere reglamento legal para su operancia, y por ende, al resultar inobjetable su vigencia actual, dicha disposición reformó las normas anteriores de la Carta en cuanto consagraban un sistema distinto para el lleno de la función allí prevista. Ahora bien: el artículo 136 de la Constitución establecía el sistema de elección de los Consejeros de Estado -principales y suplentes- por las Cámaras Legislativas, de ternas formadas por el Presidente de la República, y la designación de los interinos por el Gobierno Nacional. Ante el silencio del artículo 12 del Plebiscito sobre la forma de efectuar el tránsito del sistema de elección antiguo al actual, o, mejor aún, sobre el modo de integrar por primera vez las Corporaciones a que este precepto se refiere, el Congreso eligió en octubre de 1958 el Consejo de Estado, de temas presentadas por el Presidente de la República, intervención por medio de la cual tanto las Cámaras como el Gobierno agotaron la potestad que les correspondía en la formación de aquella entidad. Así que la designación de Consejeros titulares que entonces se hizo, está indicando que el Gobierno y el Congreso, al proceder a la provisión en propiedad de las vacantes del Consejo, que estaba integrado por solo miembros interinos, ejercitaron el poder legal correspondiente, o sea, 1a. potestad de llenar las vacantes producidas con anterioridad al acto reformatorio de 1957. Por modo que, de esa circunstancia no puede deducirse, como lo pretende la Procuraduría General, la coexistencia jurídica del artículo 136 de la Carta y del ordenamiento establecido en el inciso 3° de la enmienda plebiscitaria, sino solo que la regla última: "las vacantes serán llenadas por la respectiva Corporación", ha de entenderse en el sentido de que el sistema de la coptación es aplicable, sin distinción alguna, para las vacantes que se produzcan a partir de la reforma, una vez agotada, como efectivamente lo fue, la facultad del Congreso y del Gobierno en la formación de aquella entidad mediante la última elección de sus miembros titulares.

4. La atribución actual sobre designación de Consejeros de Estado por la misma Corporación en que se produce la vacante, la predica la comentada enmienda constitucional en forma simple y clara, sin salvedades ni distinciones de ninguna clase en cuanto a la aplicación de esta facultad, por lo que resulta contrario al espíritu de dicha enmienda, que instituyó y consagró plenamente el sistema de la coptación en la forma y con las finalidades antes indicadas, pretender vincular ahora la elección de los nuevos Consejeros de Estado a un régimen constitucional anterior que dejó de tener vigencia por voluntad manifiesta del legislador supremo, pues ello implicaría que la simple disposición de la ley, al aumentar el número de miembros de esa Corporación, tendría a su vez el efecto de restablecer procedimientos normativos anteriores y distintos a los señalados en aquella reforma para la designación de dichos funcionarios, creando así para éstos un status de excepción, diverso al instituido por voluntad popular en el Plebiscito para la provisión de estas vacantes.

5. Aunque el artículo 15 del Código Judicial, traído como argumento por el agente del Ministerio Público, hace referencia a los artículos 5° y 13 ibídem, que respectivamente enumeran los casos de insubsistencia de nombramientos y de pérdida de destinos, a efecto de determinar que tales situaciones "dejan vacante el puesto", ello mismo está indicando que el sobredicho artículo 15, sin definir el concepto de vacancia, apenas hace una aplicación del mismo a los casos que contempla, vale decir sin que tenga que entenderse descartada la ocurrencia del fenómeno en cualquiera otro evento que lo constituya, como sucede precisamente en el de que se trata en este debate, es decir, creación de cargos que, mientras no hayan sido provistos, necesariamente tienen la calidad de vacantes.

Además, va contra la presunción de sabiduría en el Constituyente, que prescribió sin limitaciones el régimen de la coptación al señalar que las vacantes de los Consejeros de Estado las llenará la propia Corporación, el que hubiera querido conservar vigente, como lo entiende la Procuraduría General, un texto contrario al sistema constitucional últimamente establecido sobre estructuración de una de las ramas del Poder Público, cual sería el artículo 136 de la Carta, al que son abiertamente opuestos el espíritu y letra de la enmienda. Al desechar y cambiar el Constituyente el antiguo sistema, reglamentando en forma nueva esta materia, y al haberse agotado con la última, elección la facultad que tuvieron las Cámaras y el Gobierno en la formación del Consejo de Estado, resulta que la elección de los nuevos Consejeros queda necesariamente sometida al status plebiscitario, es decir, al sistema de la coptación. Y, como de. otra parte, la aceptación castellana de la voz 'vacante', según el Diccionario de la Lengua, se aplica también "al cargo, empleo o dignidad que está sin proveer", ello indica que esa significación del vocablo en su sentido natural y obvio, fue la que consagró el Constituyente, y que corresponde perfectamente a los fines que inspiraron la reforma.

Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena.- Bogotá, agosto veintiocho de mil novecientos sesenta y cinco.

(Magistrado Ponente: Doctor Luis Carlos Zambrano).

El doctor Hernando Morales, en ejercicio de la acción pública consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional y en escrito que reúne las exigencias establecidas en el artículo 2 de la Ley 96 de 1936, solicitó se declare inexequible el inciso 2° del artículo 21 del Decreto-Ley número 528 de 9 de marzo de 1964.

El citado precepto dice:

"Artículo 21. El Consejo de Estado estará integrado por diez y seis Consejeros y se dividirá en dos Salas denominadas así: Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de Consulta y de Servicio Civil. Además tendrá cuatro Fiscales.

"El Senado y la Cámara de Representantes cligirán los seis nuevos Consejeros de Estado, por mitad, de ternas que le pase el Presidente de la República".

El actor considera que la disposición acusada infringe la norma recogida en el artículo 149 de la Constitución Nacional, artículo 12 del Plebiscito de 1° de diciembre de 1957, por las siguientes razones:

"a) El Plebiscito referido, cuyos preceptos entraron a formar parte de la Constitución, estableció que los Consejeros de Estado permanecerán en sus cargos mientras observen buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso, y que las vacantes de tales cargos las llenará el propio Consejo de Estado, vale decir, que instituyó la coptación para proveerlas.

"b) La coptación comenzó así a operar, sin excepción siquiera para los funcionarios interinos, como lo ha dicho y practicado la Corte en varios casos de sus Magistrados, que quedaron bajo igual status plebiscitario.

"c) Esto implica que cualquier nueva elección de Consejeros debe realizarse por dicho sistema, sin que la ley pueda modificarlo.

"d) La circunstancia de que la norma constitucional hable de 'vacantes', no tiene el alcance de que la creación de nuevas plazas pueda efectuarse como una ley o un decreto-ley lo determinen, sin sujeción a la Constitución, pues la intención del constituyente primario fue entronizar un-régimen de elección para tales funcionarios, que proviniera de la propia corporación.

"e) Lo dicho se confirma con la segunda acepción castellana de la voz 'vacante', que es la que sigue: "Aplícase al cargo, empleo o dignidad que está sin proveer'. No sobra recordar que la voz 'vacancia.', equivale a 'vacante', 2ª acepción, como también lo dice el Diccionario de la Real Academia Española.

"f) Para la interpretación de las palabras que obran en las leyes, y por lo tanto en la Constitución, pues es regla general de derecho, es aplicable el artículo 29 del C. C. que reza: 'Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en ésta su significado legal'.

"g) Y si bien la 'vacancia' en los empleos judiciales está implícitamente definida en el artículo 13 del C. J., así como en el 59 se contemplan los casos de insubsistencia del nombramiento, que igualmente implican 'vacancia' de acuerdo con el artículo 15 ibídem, el evento de creación de nuevos cargos no aparece allí, por lo cual el significa^ do es el que le da su sentido natural y obvio, o sea el transcrito en el literal e).

"h) Así, pues, el procedimiento de elección comprende no solo a los cargos que están sin proveer por faltas absolutas o temporales de quienes los ejercen, sino a toda clase de 'vacancia', o sea a los cargos creados y no provistos, que es lo ocurrido para los seis nuevos Consejeros de Estado, creados por el primer inciso de la norma acusada.

"i) De esta manera, las 'vacantes' de los nuevos cargos de Consejeros de Estado deben llenarse de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, 12 del Plebiscito de 1957 y como el Decreto acusado le es contrario, resulta evidente su inconstitucionalidad".

Recibida La demanda y pasada en traslado al señor Procurador General de la Nación, al referirse al concepto de violación enunciado en el libelo, manifiesta que el artículo 12 del Plebiscito de 1° de diciembre de 1957 no subrogó ni derogó el artículo 149 de la Constitución, integrado por el artículo 50 del Acto Legislativo número l9 de 1945 y la parte vigente del artículo 149 de la Carta de 1886, sino que solo modificó y adicionó la referida norma, todo lo cual puede predicarse, latu sensu, respecto del artículo 136 de la Constitución -36 del Acto Legislativo precitado- únicamente modificando y adicionado, en parte, por el artículo 12 de La reforma constitucional plebiscitaria.

Luego, en apoyo de su tesis, expresa que tanto el Código de Régimen Político y Municipal (artículos 248 y 305) como la Ley 105 de 1931 (artículos 5°, 13 y 15) han determinado, en forma clara y precisa, cómo se produce la 'vacancia' y cuándo debe considerarse 'vacante' un empleo, por lo cual no es acertado acudir al Diccionario de la Real Academia Española para entender el sentido de un vocablo que legalmente está definido. Y dice al respecto:

"Ahora bien: ¿cuáles son las 'vacantes' a que hace referencia el artículo 12 del Plebiscito de 1957

"Es obvio que son las contempladas en la Constitución y las definidas por el legislador. No cabe duda, porque si la Carta Fundamental dice que cuando ocurra falta absoluta de algún Magistrado, por muerte, renuncia aceptada, vacante constitucional o destitución judicial, se procederá a nuevo nombramiento; si el Código de Régimen Político y Municipal contempla esos casos como vacancia y lo mismo hace el Código Judicial, y si el Plebiscito de 1957 agrega que "las vacantes serán llenadas por la respectiva corporación", es innegable que al presentarse cualquiera de esos eventos debe aplicarse el mandato plebiscitario. Así, resulta lógico y jurídico, por ejemplo, que la 'coptation' opere para el nombramiento de funcionarios interinos que deban reemplazar a los titulares de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por licencia concedida, enfermedad o suspensión, porque estos son casos de falta temporal que la ley equipara a vacancia. Pero, como según lo anotado, la creación de nuevas plazas, aún sin proveer los destinos, no produce vacante constitucional ni legal, es forzoso concluir que esas son situaciones especiales que no pueden resolverse con la disposición del artículo 12 del Plebiscito, que se refiere única y exclusivamente a las vacantes, sino con la disposición constitucional que da al Congreso la atribución de elegir mediante ternas elaboradas por el Presidente de la República".

Termina el señor Procurador manifestando que se debe declarar exequible el precepto acusado, o sea, el inciso 29 del artículo 21 del Decreto-Ley 528 de 1964, por razones que resume así:

"a) Las normas constitucionales que expresan: 'La elección de Consejeros de Estado corresponde hacerla a las Cámaras Legislativas, de ternas formadas por el Presidente de la República' (Art. 136), y 'los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por las Cámaras Legislativas de temas que les pasará el Presidente de la República' (Art. 149), no han sido sustituidas ni derogadas, y son aplicables cuando la ley crea nuevas plazas en esas corporaciones.

"b) La norma contenida en el artículo 12 del Plebiscito de l9 de diciembre de 1957 y que dice: 'las vacantes serán llenadas por la respectiva corporación', se refiere a las vacantes constitucionales (Arts. 66, 149 y 160 de la Constitución) y a las vacantes legales (Arts. 248 y 305 del C. de R. P. y M. y 5°, 13 y 15 del C. J.).

"c) El inciso segundo del artículo 21 del Decreto-Ley 528 de 1964, al crear seis plazas más en el Consejo de Estado y al disponer que 'el Senado y la Cámara de Representantes elegirán los seis nuevos Consejeros de Estado, por mitad, de ternas que les pase el Presidente de la República', no infringe los artículos 136 y 149 de la Constitución Nacional, adicionados con el 12 del Plebiscito de 1957, por cuanto no se trata de vacantes que, según el último ordenamiento, deban ser llenadas por la respectiva corporación".

La Corte considera

I. La enmienda constitucional plebiscitaria, de 1° de diciembre de 1957, dispone en su artículo 12:

"La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán paritarios.

"Los Magistrados de la Corte Suprema y los Consejeros de Estado permanecerán en sus cargos mientras observen buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.

"Las vacantes serán llenadas por la respectiva corporación.

"La Ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial".

II. El artículo 136 de la Carta (36 del Acto Legislativo número 1 de 1945) que el señor Procurador solo estima modificado y adicionado por la enmienda plebiscitaria, es del siguiente tenor:

"Habrá un Consejo de Estado integrado por el número de miembros que determine la ley.

"La elección de los Consejeros de Estado corresponde hacerla a las Cámaras Legislativas, de ternas formadas' por el Presidente de la República. En cada terna será incluido uno de los Consejeros principales en ejercicio del cargo.

"Los Consejeros de Estado durarán cuatro años y se renovarán parcialmente cada dos. Cada miembro del Consejo tendrá un suplente, elegido por las Cámaras en la misma forma que los principales. Los suplentes reemplazarán a los principales en los casos de faltas absolutas o temporales.

"Corresponde al Gobierno la designación de Consejeros interinos.

"Los Ministros tienen voz y voto en el Consejo".

La norma anterior contempla tres clases de Consejeros: los principales y los suplentes (que reemplazarán a los principales en los casos de faltas temporales y absolutas), designados unos y otros por las Cámaras, de ternas formadas por el Presidente de la República; y los interinos, cuyo nombramiento corresponde al Gobierno Nacional. Además, en cuanto al deber del Presidente a este respecto, dicha disposición prevé que debía incluir en cada terna el nombre de un Consejero principal en ejercicio del cargo.

III. Dos conceptos o tesis se contraponen en lo atinente a la designación de los Consejeros de Estado, al fijar el alcance o cumplimiento de los anteriores preceptos constitucionales: la del demandante, quien afirma y entiende que en virtud de la enmienda plebiscitaria de 1° de diciembre de 1957, se instituyó el sistema de la coptación, o sea, un nuevo régimen de elección para tales funcionarios, que provenga de la propia corporación, régimen que la ley no puede modificar, puesto que comprende no solo la designación de Consejeros en caso de faltas temporales o absolutas, sino la elección de los nuevos funcionarios creados por el primer inciso de la ley acusada; y la tesis del Procurador General de la Nación, quien sostiene que la norma constitucional según la cual "la elección de los Consejeros de Estado corresponde hacerla a las Cámaras Legislativas, de temas -formadas por el Presidente de la República" (inciso segundo del artículo 136 de la Carta), está vigente y no es incompatible con el ordenamiento contenido en el artículo 12 del Plebiscito de 1957, como, entre otras razones, lo demuestra el hecho de que el Congreso pudo elegir en 1958 a los miembros de esa Corporación, de conformidad con lo dispuesto en aquella norma.

IV. En virtud de la estructura jurisdiccional instituida por el artículo 12 del Plebiscito, se estableció la organización paritaria de las magistraturas colegiadas a que dicha norma se refiere -tanto en la rama propiamente jurisdiccional como en la de lo Contencioso Administrativo-, la estabilidad de dichos funcionarios mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso, y la designación de aquéllos por la misma corporación en que se produce la vacante. Ahora bien: las normaciones de la citada enmienda constitucional de 1957, miran a la estructuración de uno de los órganos del Estado, y a garantizar su autonomía e independencia frente a las ramas del Poder Público, todo ello en orden a asegurar los fines del Estado. Por lo tanto, el ordenamiento del artículo 12 de la enmienda, que dice relación al modo de ser de uno de los órganos del Estado, no puede ser objeto de una regulación legal que contraríe ese precepto de la Carta, aunque el mismo Constituyente hubiera previsto expresamente una vía de reglamentación de lo ordenado por él, pues, aún en este caso, el reglamento debe limitarse a proveer sobre la operancia o efectividad de la norma superior, o sea a establecer los detalles de aplicación de los principios que ella concreta.

V. La mencionada enmienda plebiscitaria señaló un procedimiento para la designación de Consejeros de Estado por la misma corporación en que se produce la vacante, por manera que cualquiera regulación legal que estatuya, con posterioridad a la reforma constitucional dicha, un sistema diverso de elección para los funcionarios de esa entidad, contraría en principio esa norma de superior jerarquía.

VI. En el caso del artículo 12 del Plebiscito no podría decirse que este precepto ha creado, en cuanto al sistema y organización institucionales allí previstos, una situación de inoperancia o inaplicabilidad de sus normaciones, con base en que el último inciso de ese artículo diga que "la ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial". Porque, el constituyente no subordinó la eficacia de las reglas contenidas en los incisos 1° y 3° del precepto citado -paridad política y sistema de elección de los Magistrados y Consejeros por coptación- a la reglamentación de la ley, como requisito substancial o necesario para lograr los fines allí previstos, y, de otra parte, tales disposiciones, en cuanto a la función que debían cumplir, no se establecieron con ningún carácter restrictivo o modal en cuanto a su aplicación.

VII. A este respecto, por ser tesis adoptada y reiterada por la Corte al resolver sobre la entidad o persona a quien corresponde llenar las vacantes de ésta, resulta pertinente acoger en este fallo consideraciones entonces expuestas, que son del siguiente tenor:

"… Desde el punto de vista de la reglamentación, el inciso 3" del artículo 12 de la reforma plebiscitaria suscita las siguientes consideraciones, con base en la doctrina constitucional de los tratadistas de derecho público.

"1° En un Estado de Derecho, todas las leyes, sean formales o materiales, cumplen los fines y desarrollan los principios virtualmente enunciados por la Carta, a los cuales no se pueden oponer. Desde este punto de vista toda legislación es un reglamento legal de la Constitución.

"2° El reglamento legal o la ley reglamentaria de la Constitución, que previamente se establece en ésta mediante las expresiones 'la ley organizará', 'la ley determinará', u otras de tenor semejante, recae sobre la materia de las reservas legales. Esta materia toca con cuestiones que, en sentir del Constituyente, son de tal naturaleza importantes y decisivas para el orden y supervivencia de la comunidad que la regulación, desarrollo y detalle deben quedar reservados exclusivamente al Legislador, para que éste las regule por medio de las leyes formales que sobre el particular expida. Tales textos, por ende, no dan base a que su desarrollo jurídico pueda ser realizado mediante otras leyes en sentido material o mediante la potestad reglamentaria del Ejecutivo.

"3° Los reglamentos legales que establece la Constitución pueden ser de dos clases: a) El reglamento necesario, sin el cual, a pesar de entrar en vigencia, no puede alcanzar viabilidad jurídica ni obrar prácticamente la norma constitucional reglamentable. Ello ocurre en virtud de diversas causas y razones que surgen del propio texto (causas técnicas, disposiciones de complemento, condiciones modales, formas esenciales, circunstancias de tiempo, etc.); b) El reglamento contingente, sin el cual puede obrar prácticamente la norma reglamentable, en razón de que ésta constituye una proposición jurídica completa; se está entonces en presencia de textos cuya realización jurídica obra de plano o per vindicationem, sin que para su operancia práctica sea menester esperar la expedición del reglamento legal.

"4° Uno de estos últimos textos es, sin duda, el inciso 3° del artículo 12 de la reforma plebiscitaria. Su contenido forma una proposición jurídica completa, y su aplicación no puede por ello condicionarse a la expedición del reglamento legal que el mismo artículo preestablece en su última parte, principio que por lo demás la Corte ya admitió desde su Resolución de 4 de Julio de 1958". (Informe aprobado por esta Corporación en sesión plenaria de 2 de abril de 1959. G. J., T. 93, páginas 622 a 624).

VIII. Consecuencia de cuanto se deja expuesto, es la de que la regla recogida en el aparte o inciso tercero de la enmienda constitucional de 1957 no requiere reglamento legal para su operancia y que, por ende, al resultar inobjetable su vigencia actual, dicha disposición reformó las normas anteriores de la Carta en cuanto consagraban un sistema distinto para él lleno de la función allí prevista. Ahora bien: el artículo 136 de la Constitución establecía el sistema de elección de los Consejeros de Estado -principales y suplentes- por las Cámaras Legilativas, de ternas formadas por el Presidente de la República, y la designación de los interinos por el Gobierno Nacional. Ante el silencio del artículo 12 del Plebiscito sobre la forma de efectuar el tránsito del sistema de elección antiguo al actual, o, mejor aún, sobre el modo de integrar por primera vez las corporaciones a que este precepto se refiere, el Congreso eligió en octubre de 1958 el Consejo de Estado, de temas presentadas por el Presidente de la República, intervención por medio de la cual tanto las Cámaras como el Gobierno agotaron la potestad que les correspondía en la formación de aquella entidad. Así que la asignación de Consejeros titulares que entonces se hizo, está indicando que el Gobierno y el Congreso, al proceder a la provisión en propiedad de las vacantes del Consejo, que estaba integrado por solo miembros interinos, ejercitaron el poder legal correspondiente, o sea, la potestad de llenar las vacantes producidas con anterioridad al acto reformatorio de 1957. Por modo que, de esa circunstancia no puede deducirse, como lo pretende la Procuraduría General, la coexistencia jurídica del artículo 136 de la Carta y del ordenamiento establecido en el inciso tercero de la enmienda plebiscitaria, sino solo que la regla última: "las vacantes serán llenadas por la respectiva corporación", ha de entenderse en el sentido de que el sistema de la, coptación es aplicable, sin distinción alguna, para las vacantes que se produzcan a partir de la reforma, una vez agotada, como efectivamente lo fue, la facultad del Congreso y del Gobierno en la formación de aquella entidad mediante la última elección de sus miembros titulares.

IX. La atribución actual sobre designación de Consejeros de Estado por la misma corporación en que se produce la vacante, la predica la comentada enmienda constitucional en forma simple y clara, sin salvedades ni distinciones de ninguna clase en cuanto a la aplicación de esa facultad, por lo que resulta contrario al espíritu de dicha enmienda, que instituyó y consagró plenamente el sistema de la coptación en la forma y con las finalidades antes indicadas, pretender vincular ahora la elección de los nuevos Consejeros de Estado a un régimen constitucional anterior que dejó de tener vigencia por voluntad manifiesta del legislador supremo, pues ello implicaría que la simple disposición de la ley, al aumentar el número de miembros de esa Corporación, tendría a su vez el efecto de restablecer procedimientos normativos anteriores y distintos a los señalados en aquella reforma para la designación de dichos funcionarios, creando así para éstos un status de excepción, diverso al instituido por voluntad popular en el plebiscito para la provisión de estas vacantes.

X. Aunque el artículo 15 del Código Judicial, traído como argumento por el Agente del Ministerio Público, hace referencia a los artículos 59 y 13 ibídem, que respectivamente enumeran los casos de insubsistencia de nombramientos y de pérdida de destinos, a efecto de determinar que tales situaciones "dejan vacante el puesto", ello mismo está indicando que el sobredicho artículo 15, sin definir el concepto de vacancia, apenas hace una aplicación del mismo a los casos que contempla, vale decir sin que tenga que entenderse descartada la ocurrencia del fenómeno en cualquiera otro evento que lo constituya, como sucede precisamente en el de qué se trata en este debate, es decir, creación de cargos que, mientras no hayan sido provistos, necesariamente tienen la calidad de vacantes.

Además, va contra la presunción de sabiduría en el constituyente, que prescribió sin limitaciones el régimen de la coptación al señalar que las vacantes de los Consejeros de Estado las llenará la propia corporación, el que hubiera querido conservar vigente, como lo entiende la Procuraduría General, un texto contrario al sistema constitucional últimamente establecido Sobre estructuración de una de las ramas del Poder Público, cual sería el artículo 136 de la Carta, al que son abiertamente opuestos el espíritu y letra de la enmienda. Al desechar y cambiar el Constituyente el antiguo sistema, reglamentando en forma nueva esta materia, y al haberse agotado con la última elección la facultad que tuvieron las Cámaras y el Gobierno en la formación del Consejo de Estado, resulta que la elección de los nuevos Consejeros queda necesariamente sometida al status plebiscitario, es decir, al sistema de la coptación. Y, como de otra parte, la acepción castellana de la voz 'vacante', según el Diccionario de la Lengua, se aplica también "al cargo, empleo o dignidad que está sin proveer", ello indica que esa significación del vocablo en su sentido natural y obvio, fue la que consagró el Contituyente, y que corresponde perfectamente a los fines que inspiraron la reforma.

De todo lo anterior se sigue, que confrontado el inciso 2° del artículo 21 del Decreto-Ley número 528 de 9 de marzo de 1964 con el artículo 12 del Plebiscito de 1° de diciembre de 1957, surge el quebranto de esta última norma.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y en ejercicio de la facultad constitucional que le confiere el artículo 214 de la Carta, DECLARA INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 21 del Decreto-Ley número 528 de 9 de marzo de 1964.

Publíquese, cópiese, notifíquese y archívese el expediente.

José Hernández Arbeláez, Ramiro Araujo Grau, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, Eduardo Fernández Botero, Ignacio Gómez Posse, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, José Joaquín Rodríguez, Julio Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez, Secretario.