Sentencia de 1965

300Corte SupremaCorte Suprema30030005117Luis Alberto Bravo196528/06/1965Luis Alberto Bravo_1965_28/06/196530005117REFORMA JUDICIAL La Corte declara inexequibles las disposiciones acusadlas (Aparte a- del efecto primero del Art. 1� de la Ley 27 de 1963; Arts. 1�, inciso 1�; 6�, Ord. 7�, y 11 numeral 1� del Decreto Extraordinario N� 528 de 9 de marzo de 1964) en cuanto suprimen la categor�a constitucional de Juez de Circuito; y exequibles, el Ord. 1? del Art. 11 del Decreto-Ley N� 528 de 1964 y tambi�n las dem�s disposiciones de este Decreto, en cuanto se refieren a los Jueces Municipales en materia laboral. 1. En relaci�n con los Jueces, la Carta de 1886 establece dos categor�as: una gen�rica, para cuyo desempe�o el aspirante debe ser versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputaci�n; otra espec�fica, integrada por Jueces Municipales, para cuyo ejercicio es suficiente que el nombrado goce de buena reputaci�n. Conviene observar de una vez que el estatuto en referencia contempla un Juez de rango superior al Municipal. La misma carta se limita a designar los �rganos del Poder Judicial que administran justicia, as�: Corte Suprema, Tribunales Superiores de Distrito, y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la Ley. La reforma constitucional de 1945 designa por su nombre a los jueces inferiores, y da un paso m�s, de significativa importancia: establece la jerarqu�a de la rama jurisdiccional, integrada, en orden descendente, en esta forma: a) Corte Suprema; b) Tribunales Superiores de Distrito; c) Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y especializados, de igual o superior categor�a a los indicados; y d) Jueces Municipales. La clasificaci�n de jueces, con la especificaci�n indicada, no fue establecida por el constituyente de 1886, sino que vino a serlo por la reforma de 1945. La instituci�n de esta investidura judicial surge con toda claridad y nitidez del contenido de los Arts. 155, 157 y 158 de la codificaci�n actual; fue eso lo que se propuso hacer el constituyente de 1945 al se�alar las calidades y requisitos que deb�an llenarse para la designaci�n de los jueces de cada categor�a, la forma de nombramiento y la duraci�n del per�odo. 2. El legislador no tiene facultades para eliminar las categor�as espec�ficas de Jueces a que se refieren los Arts. 155, 157 y 158 de la reforma constitucional de 1945, establecida por ellos; sus poderes se limitan a aumentar o disminuir el n�mero de los existentes, a variar el territorio de su jurisdicci�n o modificar su competencia, y aun a crear nuevos juzgados o tribunales, si as� lo exigen las necesidades del servicio p�blico. Si se admite que es de la incumbencia de la Ley la supresi�n de cualquiera de las categor�as de jueces consagrados por el constituyente, habr�a que aceptar que tendr�a tambi�n la facultad de eliminarlas en su totalidad, dejando como �nicos �rganos de la rama jurisdiccional a la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Distrito; tal conclusi�n no solo ser�a opuesta a las normas ya citadas sino tambi�n al texto mismo del Art. 60 de la Carta de 1886, en cuyo r�gimen, adem�s de la Corte Suprema y Tribunales Superiores de Distrito, deb�an existir necesariamente, como parte integrante del Poder Judicial, Juzgados inferiores establecidos por el legislador. 3. No es valedera la argumentaci�n de la Procuradur�a de que as� como el legislador pudo eliminar en el pasado los jueces de paz, los jueces de tierras y los de prensa y orden p�blico, podr�a hoy suprimir, sin violar la Carta, los Jueces de Circuito. Porque no hay paridad en la situaci�n constitucional de los �ltimos y la de los primeros. Los de Circuito est�n consagrados por la reforma de 1945, conservada en 1947, como categor�a espec�fica constitutiva de un eslab�n primario de la jerarqu�a jurisdiccional, al paso que los dem�s, citados por la vista fiscal, no fueron incorporados por el constituyente a dicha jerarqu�a. 4. En cuanto hace a la supresi�n de los Fiscales de Juzgados de Circuito, ordenada por la Ley 63 de 1905, que el Procurador invoca como antecedente legal y que en su opini�n legitimar�a hoy la eliminaci�n de los Jueces de Circuito, cabe observar que la supresi�n de aquellos Fiscales pudo hacerla el legislador de 1905, sin quebranto de la Constituci�n de 1886, porque �sta no institucionaliz� la categor�a de los nombrados Fiscales. Por medio de su Art. 142 se limit� a disponer que el Ministerio P�blico ser�a ejercido, bajo la suprema direcci�n del Gobierno, por un Procurador General de la Naci�n, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y "por los dem�s Fiscales que designe la Ley". En aquella �poca gozaba el legislador de facultades para decretar la supresi�n de los Fiscales en referencia, de que no habr�a dispuesto si el constituyente los incluye como parte integrante del Ministerio P�blico. 5. Al referirse el Procurador al argumento aducido por los demandantes de que las disposiciones acusadas violan el Art. 162 de la Carta y 12 de la reforma plebiscitaria de 1957, seg�n los cuales la ley debe establecer y organizar la carrera judicial, porque tales disposiciones la destruyen, lo replica diciendo que no han podido ellas producir ese efecto, porque a�n no existe la carrera judicial. A lo cual observa la Corte: Para el caso no interesa investigar si existe o no la carrera judicial, sino si los preceptos materia de la acusaci�n conservan o no las categor�as de jueces instituidas por el constituyente en los art�culos 155, 157 y 158 de la Carta, y se ha visto que una de ellas -la de Jueces de Circuito- desaparece por obra de las normas que la demanda tacha de in-exequibles. Si los c�nones constitucionales primeramente citados no aparecen infringidos de modo directo, su agravio resulta indirectamente, como consecuencia del quebranto de los que establecen la jerarqu�a de la rama jurisdiccional. 6. Carece de trascendencia la circunstancia de que las normas del Decreto-Ley 528 de 1964, objeto de la impugnaci�n, deban regir a partir del 1� de julio de 1965, porque el aplazamiento de su vigencia es cosa distinta de su existencia; en el mundo jur�dico viven esas normas desde su promulgaci�n. 7. No podr�a suponerse en forma alguna la subsistencia de los Juzgados de Circuito en lo civil y en lo penal, frente a las disposiciones acusadas, a virtud de las cuales, seg�n lo expuesto, quedan sin atribuciones, porque a ello ser�a obst�culo insuperable el art�culo 63 del Estatuto Fundamental, seg�n el cual "no habr� en Colombia ning�n empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento". 8. El aparte a) del efecto primero del art�culo 1� de la Ley 27 de 1963, es inexequible en cuanto faculta al Gobierno para "atribuir plena competencia a los jueces municipales" en materia civil y penal, porque ello conduce a dejar sin funciones los jueces de Circuito; no en lo referente a los jueces municipales en materia laboral, porque el art�culo 164 (69 del Acto Legislativo n�mero 1 de 1945) previene que la ley establecer� y organizar� la jurisdicci�n del trabajo�", por lo cual la determinaci�n de las categor�as de jueces de trabajo es del resorte del legislador. 9. El ordinal 7� del art�culo 69 del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, seg�n el cual los jueces municipales en lo civil conocen en primera instancia "de los dem�s asuntos de que hoy conocen los jueces civiles del circuito", es inexequible porque aunque este texto, en s� mismo considerado, est� reducido a atribuir a dichos jueces municipales el conocimiento de irnos negocios, puesto en relaci�n con los dem�s ordinales del nombrado art�culo, del cual se muestra apenas como un corolario, constituyendo todos un ordenamiento indivisible, y con el ordinal Io del art�culo 11 del mismo decreto, implica necesariamente la privaci�n total de funciones a los jueces civiles de circuito y, en tal virtud, los elimina, con violaci�n de las normas constitucionales ya apuntadas. 10. El inciso 1� del art�culo 1� del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, seg�n el cual "los jueces municipales en lo penal conocen en primera instancia de los procesos por delitos cuya competencia no est� atribuida a otra autoridad", es inexequible porque, aunque en primera instancia se limita a atribuir funciones a los jueces, misi�n propia del legislador, ninguna otra autoridad, seg�n el estatuto citado, fuera de los Jueces Superiores y de los �rganos judiciales de los grados m�s altos de la jerarqu�a, dentro de la jurisdicci�n ordinaria, conoce de asuntos penales, lo cual equivale, en el fondo, a privar de toda clase de funciones a los Jueces de Circuito Penal, y, por lo mismo a eliminarlos, vulnerando los sobredichos preceptos constitucionales. 11. No es inexequible el ordinal 1� del art�culo 11 del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, por el cual se establece una regla de competencia. Es facultad de la ley se�alar las atribuciones a los tribunales superiores de distrito y de los juzgados inferiores, de acuerdo con la Constituci�n. La norma del decreto en referencia pudo haberla expedido el legislador, sin eliminar los juzgados de circuito. Que el primero y el segundo grado de los juicios se atribuyan a jueces unipersonales o a jueces colegiados, o que se conf�e el primero a juez singular y el segundo a juez plural, o que los procesos sean vistos en una sola instancia o en dos o m�s, son cuestiones de pol�tica legislativa que al �rgano encargado de la elaboraci�n de las leyes corresponde reglamentar en la forma que estime m�s adecuada, sin quebranto de texto constitucional alguno. Corte Suprema de Justicia. - Sala Pierna. Bogot�, D. E., 28 de junio de 1965. (Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto Bravo). 1965

Norma demandada: �Demanda de inexequibilidad contra el art�culo 1 de la ley 27 de 1963

La Corte declara inexequibles las disposiciones acusadlas (Aparte a- del efecto primero del Art. 1� de la Ley 27 de 1963; Arts. 1�, inciso 1�; 6�, Ord. 7�, y 11 numeral 1� del Decreto Extraordinario N� 528 de 9 de marzo de 1964) en cuanto suprimen la categor�a constitucional de Juez de Circuito; y exequibles, el Ord. 1 del Art. 11 del Decreto-Ley N� 528 de 1964 y tambi�n las dem�s disposiciones de este Decreto, en cuanto se refieren a los Jueces Municipales en materia laboral.

1. En relaci�n con los Jueces, la Carta de 1886 establece dos categor�as: una gen�rica, para cuyo desempe�o el aspirante debe ser versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputaci�n; otra espec�fica, integrada por Jueces Municipales, para cuyo ejercicio es suficiente que el nombrado goce de buena reputaci�n. Conviene observar de una vez que el estatuto en referencia contempla un Juez de rango superior al Municipal.

La misma carta se limita a designar los �rganos del Poder Judicial que administran justicia, as�: Corte Suprema, Tribunales Superiores de Distrito, y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la Ley.

La reforma constitucional de 1945 designa por su nombre a los jueces inferiores, y da un paso m�s, de significativa importancia: establece la jerarqu�a de la rama jurisdiccional, integrada, en orden descendente, en esta forma: a) Corte Suprema; b) Tribunales Superiores de Distrito; c) Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y especializados, de igual o superior categor�a a los indicados; y d) Jueces Municipales.

La clasificaci�n de jueces, con la especificaci�n indicada, no fue establecida por el constituyente de 1886, sino que vino a serlo por la reforma de 1945. La instituci�n de esta investidura judicial surge con toda claridad y nitidez del contenido de los Arts. 155, 157 y 158 de la codificaci�n actual; fue eso lo que se propuso hacer el constituyente de 1945 al se�alar las calidades y requisitos que deb�an llenarse para la designaci�n de los jueces de cada categor�a, la forma de nombramiento y la duraci�n del per�odo.

2. El legislador no tiene facultades para eliminar las categor�as espec�ficas de Jueces a que se refieren los Arts. 155, 157 y 158 de la reforma constitucional de 1945, establecida por ellos; sus poderes se limitan a aumentar o disminuir el n�mero de los existentes, a variar el territorio de su jurisdicci�n o modificar su competencia, y aun a crear nuevos juzgados o tribunales, si as� lo exigen las necesidades del servicio p�blico. Si se admite que es de la incumbencia de la Ley la supresi�n de cualquiera de las categor�as de jueces consagrados por el constituyente, habr�a que aceptar que tendr�a tambi�n la facultad de eliminarlas en su totalidad, dejando como �nicos �rganos de la rama jurisdiccional a la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Distrito; tal conclusi�n no solo ser�a opuesta a las normas ya citadas sino tambi�n al texto mismo del Art. 60 de la Carta de 1886, en cuyo r�gimen, adem�s de la Corte Suprema y Tribunales Superiores de Distrito, deb�an existir necesariamente, como parte integrante del Poder Judicial, Juzgados inferiores establecidos por el legislador.

3. No es valedera la argumentaci�n de la Procuradur�a de que as� como el legislador pudo eliminar en el pasado los jueces de paz, los jueces de tierras y los de prensa y orden p�blico, podr�a hoy suprimir, sin violar la Carta, los Jueces de Circuito. Porque no hay paridad en la situaci�n constitucional de los �ltimos y la de los primeros. Los de Circuito est�n consagrados por la reforma de 1945, conservada en 1947, como categor�a espec�fica constitutiva de un eslab�n primario de la jerarqu�a jurisdiccional, al paso que los dem�s, citados por la vista fiscal, no fueron incorporados por el constituyente a dicha jerarqu�a.

4. En cuanto hace a la supresi�n de los Fiscales de Juzgados de Circuito, ordenada por la Ley 63 de 1905, que el Procurador invoca como antecedente legal y que en su opini�n legitimar�a hoy la eliminaci�n de los Jueces de Circuito, cabe observar que la supresi�n de aquellos Fiscales pudo hacerla el legislador de 1905, sin quebranto de la Constituci�n de 1886, porque �sta no institucionaliz� la categor�a de los nombrados Fiscales. Por medio de su Art. 142 se limit� a disponer que el Ministerio P�blico ser�a ejercido, bajo la suprema direcci�n del Gobierno, por un Procurador General de la Naci�n, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y "por los dem�s Fiscales que designe la Ley". En aquella �poca gozaba el legislador de facultades para decretar la supresi�n de los Fiscales en referencia, de que no habr�a dispuesto si el constituyente los incluye como parte integrante del Ministerio P�blico.

5. Al referirse el Procurador al argumento aducido por los demandantes de que las disposiciones acusadas violan el Art. 162 de la Carta y 12 de la reforma plebiscitaria de 1957, seg�n los cuales la ley debe establecer y organizar la carrera judicial, porque tales disposiciones la destruyen, lo replica diciendo que no han podido ellas producir ese efecto, porque a�n no existe la carrera judicial. A lo cual observa la Corte: Para el caso no interesa investigar si existe o no la carrera judicial, sino si los preceptos materia de la acusaci�n conservan o no las categor�as de jueces instituidas por el constituyente en los art�culos 155, 157 y 158 de la Carta, y se ha visto que una de ellas -la de Jueces de Circuito- desaparece por obra de las normas que la demanda tacha de in-exequibles. Si los c�nones constitucionales primeramente citados no aparecen infringidos de modo directo, su agravio resulta indirectamente, como consecuencia del quebranto de los que establecen la jerarqu�a de la rama jurisdiccional.

6. Carece de trascendencia la circunstancia de que las normas del Decreto-Ley 528 de 1964, objeto de la impugnaci�n, deban regir a partir del 1� de julio de 1965, porque el aplazamiento de su vigencia es cosa distinta de su existencia; en el mundo jur�dico viven esas normas desde su promulgaci�n.

7. No podr�a suponerse en forma alguna la subsistencia de los Juzgados de Circuito en lo civil y en lo penal, frente a las disposiciones acusadas, a virtud de las cuales, seg�n lo expuesto, quedan sin atribuciones, porque a ello ser�a obst�culo insuperable el art�culo 63 del Estatuto Fundamental, seg�n el cual "no habr� en Colombia ning�n empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento".

8. El aparte a) del efecto primero del art�culo 1� de la Ley 27 de 1963, es inexequible en cuanto faculta al Gobierno para "atribuir plena competencia a los jueces municipales" en materia civil y penal, porque ello conduce a dejar sin funciones los jueces de Circuito; no en lo referente a los jueces municipales en materia laboral, porque el art�culo 164 (69 del Acto Legislativo n�mero 1 de 1945) previene que la ley establecer� y organizar� la jurisdicci�n del trabajo�", por lo cual la determinaci�n de las categor�as de jueces de trabajo es del resorte del legislador.

9. El ordinal 7� del art�culo 69 del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, seg�n el cual los jueces municipales en lo civil conocen en primera instancia "de los dem�s asuntos de que hoy conocen los jueces civiles del circuito", es inexequible porque aunque este texto, en s� mismo considerado, est� reducido a atribuir a dichos jueces municipales el conocimiento de irnos negocios, puesto en relaci�n con los dem�s ordinales del nombrado art�culo, del cual se muestra apenas como un corolario, constituyendo todos un ordenamiento indivisible, y con el ordinal Io del art�culo 11 del mismo decreto, implica necesariamente la privaci�n total de funciones a los jueces civiles de circuito y, en tal virtud, los elimina, con violaci�n de las normas constitucionales ya apuntadas.

10. El inciso 1� del art�culo 1� del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, seg�n el cual "los jueces municipales en lo penal conocen en primera instancia de los procesos por delitos cuya competencia no est� atribuida a otra autoridad", es inexequible porque, aunque en primera instancia se limita a atribuir funciones a los jueces, misi�n propia del legislador, ninguna otra autoridad, seg�n el estatuto citado, fuera de los Jueces Superiores y de los �rganos judiciales de los grados m�s altos de la jerarqu�a, dentro de la jurisdicci�n ordinaria, conoce de asuntos penales, lo cual equivale, en el fondo, a privar de toda clase de funciones a los Jueces de Circuito Penal, y, por lo mismo a eliminarlos, vulnerando los sobredichos preceptos constitucionales.

11. No es inexequible el ordinal 1� del art�culo 11 del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, por el cual se establece una regla de competencia. Es facultad de la ley se�alar las atribuciones a los tribunales superiores de distrito y de los juzgados inferiores, de acuerdo con la Constituci�n. La norma del decreto en referencia pudo haberla expedido el legislador, sin eliminar los juzgados de circuito. Que el primero y el segundo grado de los juicios se atribuyan a jueces unipersonales o a jueces colegiados, o que se conf�e el primero a juez singular y el segundo a juez plural, o que los procesos sean vistos en una sola instancia o en dos o m�s, son cuestiones de pol�tica legislativa que al �rgano encargado de la elaboraci�n de las leyes corresponde reglamentar en la forma que estime m�s adecuada, sin quebranto de texto constitucional alguno.

Los doctores Samuel Syro y Leopoldo Uprimny acusan "como inconstitucionales las siguientes disposiciones":

"A) El art�culo 1� "efecto Primero", del literal a) de la Ley 27 de 1963, cuyo texto dice:

"Art�culo 1� De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias hasta el 20 de julio de 1964, para los efectos siguientes:

"Primero. Para organizar la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico. En tal virtud, el Presidente de la Rep�blica podr�:

"a) Atribuir plena competencia a los Jueces Municipales en materia civil, penal y laboral, limitando la de los Jueces Superiores al conocimiento de los siguientes delitos, en cuyo juzgamiento debe intervenir el Jurado: 1��, 2��, 3��, 4��, 5��, 6��, 7��".

"B) El art�culo 1�, inciso 1� del Decreto Extraordinario n�mero 528 de 9 de marzo de 1964, que es del siguiente tenor:

"Art�culo 1�. Los jueces Municipales en lo Penal conocen en primera instancia de los procesos por delitos cuya competencia no est� atribuida a otra autoridad".

"C) El art�culo 6�, ordinal 7�, del mismo Decreto Extraordinario n�mero 528 de 1964, que en su parte pertinente dice as�:

"Art�culo 6� Los Jueces Municipales en lo Civil conocen en primera instancia:�

"7� De los dem�s asuntos de que hoy conocen los Jueces Civiles del Circuito".

"D) El art�culo 11, numeral 1� del citado Decreto Extraordinario n�mero 528 de 1964, cuyo contenido es el siguiente:

"1� De la segunda instancia de los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en primera instancia los Jueces Superiores y los Municipales y de las apelaciones y recursos de hecho que se interpongan en los procesos de competencia de los mismos funcionarios, as� como de las consultas a que hubiere lugar en ellos".

Fundamentos de la demanda. Apoyan los demandantes la solicitud para que se declaren "inconstitucionales" las disposiciones que se acaban de copiar, en las siguientes razones:

"El art�culo 1� "efecto Primero", literal a), de la Ley 27 de 1963, al atribuir plena competencia a los Jueces Municipales en materia civil y penal y al suprimir, por lo mismo, los Juzgados de Circuito, viola el art�culo 155 de la Constituci�n Nacional. Esa norma, que corresponde al art�culo 56 del Acto Legislativo N� 1 de 1945, reformado por el art�culo 2� del Acto Legislativo N� 1 de 1947, establece que los Juzgados del Circuito forman parte integrante de nuestra organizaci�n judicial�".

"La disposici�n que acabamos de transcribir (se refiere al art�culo 155 de la Carta) debe entenderse en armon�a con las primeras palabras del art�culo 162 de la Constituci�n y con las �ltimas del art�culo 12 de la Reforma Constitucional aprobada por el Plebiscito de 1� de diciembre de 1957, normas que consideramos igualmente infringidas, pues en la primera de ellas se ordena que "la ley establecer� la carrera judicial� y en la segunda se repite la ley organizar� la carrera judicial".

Y agregan que "el art�culo acusado viola asimismo los art�culos 162 de la Constituci�n y 12 de la Reforma Constitucional aprobada por el Plebiscito de 1� de diciembre de 1957, en cuanto en �stos se dispuso, en su orden, que la Ley establecer� la carrera judicial� y la Ley� organizar� la carrera judicial, nada de lo cual se hizo en el art�culo 1�, efecto Primero, literal a) de la Ley 27 de 1963, precepto que antes por el contrario destruye la carrera judicial".

"�Los art�culos 1�, inciso 1�; 6�, ordinal 7�, y 11 numeral 1�, del Decreto Extraordinario n�mero 528 de 9 de marzo de 1964, por cuanto no hacen sino desarrollar la norma contenida en el art�culo 1�, efecto Primero, literal a) de la Ley 27 de 1963, son tambi�n violatorios en la misma forma como �sta, de los preceptos constitucionales consagrados en los art�culos 155, 157 y 162 de la Carta y 12 de la Reforma Constitucional aprobada por el Plebiscito de 1� de diciembre de 1957, pues tales disposiciones acusadas, repetimos, suprimen los Juzgados de Circuito y destruyen la carrera judicial".

Concepto de la Procuradur�a. Por impedimento aceptado al se�or Procurador General de la Naci�n, dio concepto, en este caso, el se�or Procurador Primero Delegado en lo Civil.

Comprende �l dos cap�tulos, el segundo de los cuales est� dividido en dos apartes, uno de ellos referente a la organizaci�n judicial y el otro a la carrera judicial.

En el Cap�tulo primero, se habla de la demanda, se indican las disposiciones acusadas y las que los memorialistas consideran violadas, y al mismo tiempo se hace referencia a los fundamentos en que aqu�llos se apoyan para reclamar la inconstitucionalidad de determinadas normas.

El Cap�tulo segundo confiere amplio estudio de la historia constitucional y legal del pa�s, en cuanto ella toca con la organizaci�n judicial, tendiente a demostrar que "la potestad legislativa de organizar las instituciones jurisdiccionales� es indiscutible y que esa organizaci�n comprende, sin duda, la creaci�n, modificaci�n o eliminaci�n de las circunscripciones territoriales correspondientes, o la supresi�n de juzgados", de acuerdo con doctrina de esta Corte (G.J. Tomo XXVI, N9 1370, P�g. 297 y Tomo XXXVIII, N9 1876, P�g. 497), y la opini�n de tratadistas nacionales.

Al entrar al fondo de la cuesti�n, el se�or Procurador hace estas "Observaciones":

"Afirman los demandantes que el literal a) del art�culo 1� de la Ley 27 de 1963 que faculta, en forma extraordinaria, al Presidente de la Rep�blica para atribuir plena competencia a los jueces municipales en materia civil, penal y laboral, es violatorio del art�culo 155 de la Constituci�n Nacional porque suprime los Juzgados de Circuito que forman parte integrante de nuestra organizaci�n judicial.".

"� Como se ve, los doctores Uprimny y Syro creen encontrar en el texto constitucional transcrito el establecimiento de la instituci�n denominada juzgado de circuito como integrante de la organizaci�n judicial, y en consecuencia, la imposibilidad de su supresi�n por parte del legislador.

"Debemos distinguir: Es cierto que los Juzgados de Circuito forman parte integrante de nuestra organizaci�n judicial, pero no por ser creaci�n constitucional sino por disposici�n legal. Como antes vimos, esta instituci�n judicial apareci�, con esa denominaci�n, en la Ley de 26 de junio de 1839 y ha permanecido en la estructura jurisdiccional, a trav�s de las muchas reformas implantadas, por expresa voluntad del legislador y en desarrollo de la clara facultad que el constituyente le ha dado de organizar los tribunales y juzgados".

"... Carece de fundamento, pues, la creencia de que el art�culo 56 del Acto Legislativo de 1945 hubiera establecido los juzgados de Circuito, que ya exist�an, como tambi�n ser�a un error afirmar, por ejemplo, que el art�culo 51 de la misma reforma, sustituido luego por el art�culo 1� del Acto Legislativo de 1947, cre� el empleo de Procurador Delegado, por disponer que cuatro a�os de ejercicio de este cargo habilitan para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

"Al examinar los art�culos 58 y 142 de la Constituci�n Nacional vigente se observa que �sta ha reglamentado lo relativo a la rama jurisdiccional y lo referente al Ministerio P�blico de manera arm�nica. En efecto: dice el art�culo 58: La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley, administran justicia. Y expresa el art�culo 142: El Ministerio P�blico ser� ejercido bajo la suprema direcci�n del Gobierno, por un Procurador General de a Naci�n, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y por los dem�s Fiscales que designe la Ley. Y la misma Constituci�n determina condiciones para ocupar cargos en la rama jurisdiccional en los art�culos 150, 155, 157 y 158, y para desempe�ar empleos dentro del Ministerio P�blico en los art�culos 144 a 146.

"Vemos, pues, que, en forma correlativa, para actuar ante la Corte Suprema de Justicia existe el Procurador General de la Naci�n; para intervenir ante los Tribunales Superiores, los Fiscales correspondientes, y para llevar la vocer�a del Ministerio P�blico ante los Juzgados que establezca la ley, los Fiscales que �sta misma designe.

"Frente a esas normas, podr�a el legislador suprimir la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Naci�n, o los Tribunales Superiores de Distrito y los Fiscales de las mismas entidades Es obvio que la respuesta debe ser negativa. Y, podr�a la ley abolir juzgados, cualquiera sea su denominaci�n, y prescindir, asimismo, de los fiscales respectivos Es claro que la Carta lo faculta y por ello fue posible, constitucionalmente, la supresi�n de los Fiscales de Circuito, ordenada por el art�culo 56 de la Ley 63 de 1905, y no resulta contrario a la Constituci�n que desde entonces no existan tales funcionarios.

"De manera que el legislador est� suficientemente autorizado para prescindir de los Juzgados de Circuito, al realizar una reforma judicial, as� como elimin� en el pasado los jueces de paz, los jueces de prensa y orden p�blico y los jueces de tierras y los fiscales de circuito que hoy no existen a pesar de la menci�n que de ellos hace el art�culo 144 de la Constituci�n; y as� como podr�a, sin duda alguna, descartar tambi�n cualquier juez especializado o de instrucci�n criminal existente, no obstante las referencias consignadas en los art�culos 155 y 157 de la Carta sobre tales funcionarios".

Por �ltimo, se refiere el concepto a la "Carrera Judicial", en los siguientes t�rminos:

"Dicen los demandantes que el art�culo 1�, literal a) de la Ley 27 de 1963 infringe el art�culo 162 de la Constituci�n y el 12 de la reforma aprobada por el Plebiscito de 1957, porque, seg�n ellos, destruye la carrera judicial al atribuir plena competencia a los jueces municipales en lo civil y al suprimir en esta forma los Juzgados Civiles del Circuito.

"A lo anterior se debe responder que la carrera judicial no exist�a cuando se expidi� la Ley 27 de 1963, ni existe en la actualidad, sencillamente porque el legislador no ha cumplido a�n con el mandato constitucional de establecerla como lo dispuso el art�culo 62 del Acto Legislativo de 1945 o de organizar�a como lo orden� el art�culo 12 del Plebiscito de 1957. No se ve, entonces, c�mo puede sostenerse que la Ley 27 de 1963 destruye o suprime lo que no tiene existencia, cuando precisamente ella faculta al Presidente de la Rep�blica, en el literal r) del art�culo 1�, para organizar la carrera judicial. Y carece de valor el argumento de que la supresi�n de los Juzgados de Circuito se oponga al establecimiento de la carrera judicial.

"Agregan los doctores Uprimny y Syro que los art�culos 1�, inciso 1�, 6� ordinal 7�, y 11, numeral 1� del Decreto Extraordinario n�mero 528 de 9 de marzo de 1964, que desarrollan la norma contenida en el art�culo 1� literal a) de la Ley 27 de 1963, son tambi�n violatorios de los preceptos constitucionales consagrados en los art�culos 155, 157 y 162 de la Carta y 12 de la reforma constitucional de 1957, pues tales disposiciones acusadas suprimen los Juzgados de Circuito y destruyen la carrera judicial.

"Aun cuando el Decreto acusado no ha entrado a regir, por disposici�n de su art�culo 71, consideramos que esa Honorable Corte Suprema se pronunciar� sobre �l, pues su decisi�n debe proyectarse sobre el futuro. Y como los ataques se fundan en los mismos argumentos expuestos en relaci�n con la ley de autorizaciones, no es necesario repetir observaciones que llevar�an a id�nticos resultados".

1. Para el debido entendimiento de la cuesti�n que plantea la demanda de inexequibilidad, conviene hacer el examen de los textos constitucionales a que ella se refiere. Para tal fin bastar� tener presente los que se han expedido desde la Carta de 1886 en adelante. De �sta son pertinentes los que se relacionan a continuaci�n:

"Art�culo 60. Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito, y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley�".

"Art�culo 153. Para facilitar a los pueblos la pronta administraci�n de justicia, se dividir� el territorio nacional en Distritos Judiciales, y en cada Distrito habr� un Tribunal Superior, cuya composici�n y atribuciones determinar� la ley".

"Art�culo 154. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener treinta a�os de edad y haber, durante tres a�os por lo menos, desempe�ado funciones judiciales, o ejercido la abogac�a con buen cr�dito, o ense�ado Derecho en un establecimiento p�blico".

"Art�culo 156. La ley organizar� los Juzgados inferiores y determinar� sus atribuciones y duraci�n".

Art�culo 157. Para ser Juez se requiere ser ciudadano en ejercicio, estar versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputaci�n. La segunda de estas calidades no es indispensable respecto de Jueces Municipales".

La reforma constitucional de 1936 conserv�, sin alteraci�n, las normas transcritas de la Carta de 1886.

La de 1945 (Arts. 47 y 55), mantuvo los art�culos 60 y 153 de la Carta de 1886, que en la codificaci�n llevan los n�meros 58 y 152, respectivamente.

La reforma de 1945 modific� y adicion� los art�culos 154 y 157 de la Constituci�n de 1886 por medio de los preceptos que se citan a continuaci�n:

Art�culo 56, sustituido por el 2� del Acto Legislativo n�mero 1 de 1947 (155 de la codificaci�n). Dice su texto:

"Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, tener m�s de treinta a�os de edad y, adem�s, haber desempe�ado en propiedad, por un per�odo no menor de cuatro a�os, alguno de los cargos de Magistrado de Tribunal de Distrito, Juez Superior o de Circuito, Juez especializado de igual o superior categor�a, Fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, o Magistrado de Tribunal Administrativo; o haber ejercido, durante cinco a�os por lo menos, la abogac�a con buen cr�dito, o ense�ado Derecho en un establecimiento p�blico durante el mismo tiempo".

"Para ser Juez Superior, de Circuito, de Menores, o Juez especializado, o Juez de Instrucci�n Criminal, de igual o superior categor�a a los indicados, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado titulado y haber desempe�ado un a�o, por lo menos, el cargo de Juez de Circuito o de Juez Municipal. Los Jueces de que trata este art�culo ser�n elegidos por el Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial en. Sala Plena, para un per�odo de dos a�os".

"Para ser Juez Municipal se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado.

"Los Jueces de que trata este art�culo ser�n elegidos para per�odo de dos a�os por el Tribunal Superior del respectivo Distrito".

"La ley se�alar� la competencia de estos funcionarios y el territorio de su jurisdicci�n, ordenando la agrupaci�n de varias poblaciones cuando lo considere necesario".

2. Entre las normas de la Carta de 1880 y las de las reformas mencionadas, resaltan, entre otras, estas diferencias:

Primeramente, para ser Magistrado de Tribunal Superior de Distrito, la Carta de 1886 exigi� la condici�n de haber desempe�ado funciones judiciales, sin ninguna especificaci�n; para el mismo empleo la reforma requiere un mayor n�mero de requisitos: haber desempe�ado en propiedad, por un per�odo no menor de cuatro a�os, entre otros cargos, el de Juez de Circuito; ser colombiano de nacimiento y abogado titulado.

3. En relaci�n con los Jueces, la Carta de 1886 establece dos categor�as: una gen�rica, para cuyo desempe�o el aspirante debe ser versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputaci�n; otra espec�fica, integrada por Jueces Municipales, para cuyo ejercicio es suficiente que el nombrado goce de buena reputaci�n. Conviene observar de una vez que el estatuto en referencia contempla un Juez de rango superior al Municipal.

La misma Carta se limita a designar los �rganos del Poder Judicial que administran justicia, as�: Corte Suprema, Tribunales Superiores de Distrito, y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley.

La reforma constitucional de 1945 designa por su nombre a los Jueces inferiores, y da un paso m�s, de significativa importancia: establece la jerarqu�a de la rama jurisdiccional, integrada, en orden descendente, en esta forma: a) Corte Suprema; b) Tribunales Superiores de Distrito; c) Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y especializados, de igual o superior categor�a a los indicados; y d) Jueces Municipales.

La clasificaci�n de jueces, con la especificaci�n indicada, no fue establecida por el constituyente de 1886, sino que vino a serlo por la reforma de 1945. La instituci�n de esta investidura judicial surge con toda claridad y nitidez del contenido de los art�culos 155, 157 y 158 de la codificaci�n actual; fue eso lo que se propuso hacer el constituyente de 1945 al se�alar las calidades y requisitos que deb�an llenarse para la designaci�n de los Jueces de cada categor�a, la forma de nombramiento y la duraci�n del per�odo. La simple lectura de las disposiciones constitucionales citadas apoya la anterior conclusi�n.

En los t�rminos anteriores queda desvirtuado el argumento central de la vista fiscal cuando sostiene que si los Juzgados de Circuito son parte integrante de nuestra organizaci�n judicial, ello no se debe a su establecimiento por la Constituci�n sino por la ley, de manera que si �sta puede crearlos tendr�a consecuencialmente la potestad de suprimirlos.

4. Los antecedentes que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional como promotor o iniciador de la reforma de 1945, y los informes de las comisiones de las dos c�maras del Congreso, ilustran el sentido de las previsiones ya citadas; lo que por medio de ellas se propusieron fue instituir la jerarqu�a de la rama jurisdiccional, dejando al legislador la facultad de establecer y organizar la carrera judicial, de acuerdo con esa jerarqu�a.

Es esa la significaci�n que tienen, en concepto de la Sala, los preceptos del art�culo 162 del ordenamiento constitucional vigente y 12 de la reforma plebiscitaria de 1957.

5. La instituci�n de la carrera judicial, sin predeterminaci�n de la jerarqu�a por el propio constituyente, habr�a tropezado con el grave inconveniente de que si no es �ste quien provee sobre la materia y la deja librada al legislador, los estatutos expedidos por la ley no habr�an tenido la misma permanencia, en vista de la facultad de que aqu�l goza para modificarlos. Es m�s f�cil variar la ley que la Constituci�n, ya que para la reforma de �sta deben cumplirse mayor n�mero de formalidades que las previstas por la Carta para la actuaci�n del Congreso en su funci�n legislativa ordinaria.

6. Es razonable suponer, cuando se hace una reforma constitucional, que su autor haya tenido a la vista los preceptos de la Carta hasta entonces vigentes. El ordenamiento constitucional anterior a 1945 reserv� a la ley la facultad de crear los Juzgados inferiores; fue esa la situaci�n que encontr� el constituyente del a�o mencionado. Para �l no fue satisfactoria y por tal motivo consider� conveniente modificarla, y a tal efecto tom� estas medidas: en primer t�rmino, estableci� la jerarqu�a judicial, designando los grados que la integran, calidades y requisitos de los aspirantes al cargo de Juez de las diversas categor�as, la autoridad que deb�a hacer los nombramientos y duraci�n del per�odo; y, segundo, facult� al legislador para reglamentar la carrera judicial.

7. Ten�a conocimiento el constituyente de 1945 de que exist�an, creados por la ley, Juzgados Superiores, de Circuito, de Instrucci�n Criminal y Municipales. Sobre esa base los incorpor� a la rama jurisdiccional, adicionando la lista anterior con la de Jueces de Menores; le dio, pues, a la ley vigente, creadora de la judicatura, la categor�a de c�non constitucional.

Ese procedimiento no es inusitado; nuestro Derecho P�blico registra numerosos antecedentes; entre otros puede citarse el de la Contralor�a General de la Rep�blica, creada por una ley de 1923. Posteriormente el Estatuto Fundamental le dio rango constitucional a la nombrada entidad, institucionalizando la obra del legislador ordinario.

8. El art�culo 58 de la actual Constituci�n, igual al 60 de la Carta de 1886, no puede interpretarse aisladamente sino en armon�a con los art�culos 155, 157 y 158 de la primera, que lo desarrollan. El 58, perteneciente al T�tulo V del Estatuto Fundamental, se concreta, principalmente, como las dem�s normas que lo integran, a indicar cu�les son las ramas del poder p�blico; luego, en t�tulos posteriores, se ocupa, en detalle, de la reglamentaci�n de cada rama y de la asignaci�n de las competencias, limit�ndose, en cuanto a la Corte Suprema, a la determinaci�n de algunas de sus principales funciones (Art. 151), reservando a la ley las dem�s, como las que deben corresponder a los Tribunales y Juzgados. La necesidad de dividir el territorio nacional en zonas, para el mejor ejercicio de la funci�n jurisdiccional, y la distribuci�n de asuntos que son de su resorte, no se presta para su regulaci�n completa en la Carta Pol�tica, aparte de que las conveniencias del servicio p�blico exigen modificaciones frecuentes en la competencia, que a la ley le es m�s f�cil atender. No tiene, pues, el art�culo 58 citado el alcance que le asigna la vista fiscal.

9. La reforma de 1945, a diferencia de la Carta de 1886, no se limit� a dejar el encargo de administrar justicia en los grados inferiores de la jerarqu�a jurisdiccional, a los Juzgados "que establezca la ley", sino que complement� el ordenamiento instituyendo determinadas categor�as de Jueces, como los de Circuito, que el legislador est� obligado a respetar en la organizaci�n del servicio de justicia. Adem�s, en la reforma no hay una simple menci�n de funcionarios, como lo afirma el Procurador, sino su distribuci�n en grados o escalas, o, en otros t�rminos, la consagraci�n de una jerarqu�a definida.

10. Las anteriores consideraciones llevan a la conclusi�n de que el legislador no tiene facultades para eliminar las categor�as espec�ficas de Jueces a que se refieren los art�culos 155, 157 y 158 de la reforma constitucional de 1945, establecidas por ellos; sus poderes se limitan a aumentar o disminuir el n�mero de los existentes, a variar el territorio de su jurisdicci�n o modificar su competencia, y aun a crear nuevos juzgados o tribunales, si as� lo exigen las necesidades del servicio p�blico. Si se admite que es de la incumbencia de la ley la supresi�n de cualquiera de las categor�as de Jueces consagradas por el constituyente, habr�a que aceptar que tendr�a tambi�n la facultad de eliminarlas en su totalidad, dejando como �nicos �rganos de la rama jurisdiccional a la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Distrito; tal conclusi�n no solo ser�a opuesta a las normas ya citadas sino tambi�n al texto mismo del art�culo 60 de la Carta de 1886, en cuyo r�gimen, adem�s de Corte Suprema y Tribunales Superiores de Distrito, deb�an existir necesariamente, como parte integrante del Poder Judicial, Juzgados inferiores establecidos por el legislador.

11. No es valedera la argumentaci�n de la Procuradur�a de que as� como el legislador pudo eliminar en el pasado los jueces de paz, los jueces de tierras y los de prensa y orden p�blico, podr�a hoy suprimir, sin violar la Carta, los Jueces de Circuito. Porque no hay paridad en la situaci�n constitucional de los �ltimos y la, de los primeros. Los de Circuito est�n consagrados por la reforma de 1945, conservada en 1947, como categor�a espec�fica constitutiva de un eslab�n primario de la jerarqu�a jurisdiccional, al paso que los dem�s, citados por la vista fiscal, no fueron incorporados por el constituyente a dicha jerarqu�a.

12. En cuanto hace a la supresi�n de los Fiscales de Juzgados de Circuito, ordenada por la Ley 63 de 1905, que el Procurador invoca como antecedente legal y que en su opini�n legitimar�a hoy la eliminaci�n de los Jueces-de Circuito, cabe observar que la supresi�n de aquellos Fiscales pudo hacerlo el legislador de 1905, sin quebranto de la Constituci�n de 1886, porque �sta no institucionaliz� la categor�a de los nombrados Fiscales. Por medio de su art�culo 142 se limit� a disponer que el Ministerio P�blico ser�a ejercido, bajo la suprema direcci�n del Gobierno, por un Procurador General de la Naci�n, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y "por los dem�s Fiscales que designe la ley". En aquella �poca gozaba el legislador de facultades para decretar la supresi�n de los Fiscales en referencia, de que no habr�a dispuesto si el constituyente los incluye como parte integrante del Ministerio P�blico.

13. No son pertinentes al caso las doctrinas d� la Corte que cita el Procurador, en relaci�n con la potestad legislativa para crear, modificar o eliminar circunscripciones territoriales en materia jurisdiccional, y suprimir Juzgados, y con la tesis de que "las disposiciones legales que organizan y reglamentan un precepto constitucional, no participan de tal calidad, ni dejan de ser solo ley en raz�n de la referida finalidad y alcance", porque, como puede observarse, las materias sobre que tales doctrinas versan, son diferentes de la cuesti�n que se debate en la presente litis, en que no se trata de que las disposiciones que suprimen los Juzgados de Circuito desconozcan requisitos exigidos por otra ley que hubiera sido dictada en desarrollo de la Constituci�n, sino en que las normas acusadas son por s� mismas directamente violatorias de preceptos constitucionales.

14. Ni viene al caso el concepto de uno de los constituyentes de 1886, Jos� Mar�a Samper, al que se acoge el Procurador, seg�n el cual "mal puede la Constituci�n, que es ley fundamental, permanente y destinada a tener larga duraci�n, determinar divisiones territoriales, ni jerarqu�as de jueces, ni atribuciones y procedimientos judiciales", porque esas consideraciones, que pudieron ser conducentes en la pr�stina Carta de 1886, fueron pr�cticamente revaluadas, en lo concerniente a las categor�as de jueces, por la reforma constitucional posterior, que en el punto no pudo desatender una opini�n de tanta autoridad como la de Jos� Vicente Concha, citado por el Procurador, quien, si bien fue de parecer que no es propiamente del resorte de la Ley Suprema determinar los sistemas de organizaci�n del personal de la administraci�n de justicia y la divisi�n de sus jurisdicciones, sin embargo dictamin� "que todo ello puede influir de una manera decisiva sobre la cuesti�n de la autonom�a y autoridad del poder judicial, y que por tal motivo deber�a ser regulada esta materia por disposiciones constitucionales, que el legislador deber�a estar obligado a acatar y obedecer en todo tiempo�".

15. Al referirse el Procurador al argumento aducido por los demandantes de que las disposiciones acusadas violan el art�culo 162 de la Carta y 12 de la reforma plebiscitaria de 1957, seg�n los cuales la ley debe establecer y organizar 1a. carrera judicial, porque tales disposiciones la destruyen, lo replica diciendo que no han podido ellas producir ese efecto, porque a�n no existe la carrera judicial. A lo cual observa la Corte: para el caso no interesa investigar si existe o no la carrera judicial, sino si los preceptos materia de la acusaci�n conservan o no las categor�as de Jueces instituidas por el constituyente en los art�culos 155, 157 y 158 de la Carta, y se ha visto que una de ellas -la de Jueces de Circuito- desaparece por obra de las normas que la demanda tacha de inexequibles. Si los c�nones constitucionales primeramente citados no aparecen infringidos de modo directo, su agravio resulta indirectamente, como consecuencia del quebranto de los que establecen la jerarqu�a de la rama jurisdiccional.

16. Carece de trascendencia la circunstancia de que las normas del Decreto-ley 528 de 1964, objeto de impugnaci�n, deban regir a partir del 1 de julio de 1965, porque el aplazamiento de su vigencia es cosa distinta de su existencia; en el mundo jur�dico viven esas normas desde su promulgaci�n.

17. Finalmente, no podr�a suponerse en forma alguna la subsistencia de los juzgados de circuito en lo civil y en lo penal, frente a las disposiciones acusadas, a virtud de las cuales, seg�n lo expuesto, quedan sin atribuciones, porque a ello ser�a obst�culo insuperable el art�culo 63 del Estatuto Fundamental, seg�n el cual "no habr� en Colombia ning�n empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento".

Primera. Es inexequible el aparte a) del efecto primero del art�culo 1� de la Ley 27 de 1963, en cuanto faculta al Gobierno para "atribuir plena competencia a los jueces municipales" en materia civil y penal, porque ello conduce a dejar sin funciones los jueces de Circuito; no lo es en lo referente a los jueces municipales en materia laboral, porque el art�culo 164 (69 del Acto Legislativo n�mero 1 de 1945) previene que la ley establecer� y organizar� la jurisdicci�n del trabajo...", por lo cual la determinaci�n de las categor�as de jueces de trabajo es del resorte del legislador.

Segunda. Es inexequible el ordinal 7� del Art. 6� del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, seg�n el cual los jueces municipales en lo civil conocen en primera instancia "de los dem�s asuntos que hoy conocen los jueces civiles del circuito", porque aunque este texto, en s� mismo considerado, est� reducido a atribuir a dichos jueces municipales el conocimiento de algunos negocios, puesto en relaci�n con los dem�s ordinales del nombrado art�culo, del cual se muestra apenas como un corolario, constituyendo todos un ordenamiento indivisible, y con el ordinal 1� del art�culo 11 del mismo decreto, implica necesariamente la privaci�n total de funciones a los jueces civiles de circuito y, en tal virtud, los elimina, con violaci�n de las normas constitucionales ya apuntadas.

Tercera. Es inexequible el inciso 1� del Art. 1� del Decreto-Ley n�mero 528 de 1964, seg�n el cual "los jueces municipales en lo penal conocen en primera instancia de los procesos por delitos cuya competencia no est� atribuida a otra autoridad", porque, aunque a primera vista se limita a atribuir funciones a los jueces, misi�n propia del legislador, ninguna otra autoridad, seg�n el estatuto citado, fuera de los Jueces Superiores y de los �rganos judiciales de los grados m�s altos de la jerarqu�a, dentro de la jurisdicci�n ordinaria, conoce de asuntos penales, lo cual equivale, en el fondo, a privar de toda clase de funciones a los Jueces de Circuito Penal, y, por lo mismo a eliminarlos, vulnerando los sobredichos preceptos constitucionales.

Cuarta. No es inexequible el ordinal 1� del Art. 11 del Decreto-Ley ya citado, por el cual se establece una regla de competencia. Es facultad de la ley se�alar las atribuciones de los tribunales superiores de distrito y de los juzgados inferiores, de acuerdo con la Constituci�n. La norma del decreto en referencia pudo haberla expedido el legislador, sin eliminar los juzgados de circuito. Que el primero y el segundo grado de los juicios se atribuyan a jueces unipersonales o a jueces colegiados, o que se conf�e el primero a juez singular y el segundo a juez plural, o que los procesos sean vistos en una sola instancia o en dos o m�s, son cuestiones de pol�tica legislativa que al �rgano encargado de la elaboraci�n de las leyes corresponde reglamentar en la forma que estime m�s adecuada, sin quebranto de texto constitucional alguno.

A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicci�n constitucional que le .confiere el Art. 214 de la Carta, resuelve:

1� Son inexequibles las disposiciones acusadas en cuanto suprimen la categor�a constitucional de Juez de Circuito.

2� Es exequible el ordinal 1� del Art. 11 del Decreto Ley n�mero 528 de 1964, y tambi�n son exequibles las disposiciones del nombrado decreto que la demanda cita, en cuanto se refieren a los Jueces Municipales en materia laboral.

Publ�quese, c�piese, notif�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y d�se cuenta al Presidente de la Rep�blica, al Congreso y al se�or Ministro de Justicia.

Jos� Hern�ndez Arbel�ez, Presidente; Ramiro Ara�jo Grau, con salvamento de voto; Humberto Barrera Dom�nguez, con aclaraci�n; Samuel Barrientos Restrepo, con salvamento de voto; Luis Alberto Bravo; Enrique Coral Velasco; Gustavo Fajardo Pinz�n; Ignacio G�mez Posse; Enrique L�pez de la Pava, con salvamento de voto; Sim�n Montero Torres, con salvamento de voto; Efr�n Osejo Pe�a, con salvamento parcial; Luis Fernando Paredes, con salvamento de voto; Carlos Pel�ez Trujillo; Arturo C. Posada; Gustavo Rend�n Gaviria; Jos� Joaqu�n Rodr�guez; Julio Roncallo Acosta; Primitivo Vergara Crespo; Luis Carlos Zambrano; Rafael Poveda Alfonso, Conjuez.

Como lo manifest� en las oportunidades en que intervine en la discusi�n del proyecto que acoge la mayor�a de la Sala y sin que deje de insistir en el respeto que me merecen las opiniones de los Honorables Magistrados que encuentran inexequible la frase: "atribuir plena competencia a los Jueces Municipales en materia civil, penal", del aparte a), efecto primero, del art�culo 1� de la Ley 27 de 1963, me he separado de ese criterio por los siguientes motivos:

1. Como norma general, la reforma judicial, ajust�ndose en ello a la mejor t�cnica del procedimiento, establece una segunda instancia ante una entidad colegiada, el Tribunal Superior de Distrito, suprimiendo, as�, las instancias de juez unitario a juez unitario. Propicia en esta forma una mejor garant�a de acierto y eficacia en el conocimiento de segundo grado atiende, adem�s, a la escala jer�rquica de triple orden que resulta del art�culo 58 de la Carta, en cuanto a los organismos de la jurisdicci�n: Corte Suprema, Tribunales Superiores y Jueces.

Para esta innovaci�n era indispensable que se estructurara la primera instancia no solo ampliando la competencia de los Jueces Municipales, sino prescindiendo de la segunda instancia ante los Jueces de Circuito. Pero al ocuparse de ello la reforma, seguramente porque los deficientes recursos econ�micos no permitieron crear el n�mero de jueces indispensable y remunerar a todos en igual forma, concentr� de tal manera la competencia de primera instancia, que resulta explicable que se hagan algunos reparos, como la promiscuidad del conocimiento, la �nfima remuneraci�n de los jueces de la clase "C" (pues da cabida a personal apenas pr�ctico, con exclusi�n muy segura de los profesionales de la abogac�a) y la competencia plena.

2. Esta plena competencia no consiste en una facultad exclusiva y excluyente para administrar justicia, que lleve a pensar hasta en esa entelequia del juez �nico -aqu�l que juzga en todas las materias, en todo el territorio nacional y con respecto a todas las personas-, que de manera obligada deje sin funciones a otros organismos del mismo grado de jurisdicci�n. Ella se predica de la capacidad para instruir el sumario y conocer del juicio, en materia penal, y para proferir sentencia y ejecutarla, en la rama civil.

En lo que hace al proceso penal, esa plena competencia -que si lleva a prescindir de un cuerpo especializado de funcionarios de instrucci�n criminal- agrega a la promiscuidad del conocimiento de los Jueces Municipales, otro deber, el de adelantar el sumario, con mengua de su eficacia en la administraci�n de justicia, pues acumula tantas y tan diversas funciones en quienes precisamente son los menos capacitados, en aquellos jueces de la clase "C.". Por su exigua remuneraci�n, es natural que sean simples pr�cticos y no abogados. De otra parte, la mejor t�cnica procesal recomienda que sean funcionarios distintos los que se ocupen del sumario de los que adelanten el juicio, y aconseja que los instructores sean especialistas que cuenten, adem�s, con la colaboraci�n inmediata de expertos en Polic�a Cient�fica y Medicina Legal.

Es obvio que esta competencia plena para adelantar el sumario y conocer del juicio, en materia penal, o para proferir sentencia y ejecutarla, en la rama civil, puede atribuirla el legislador a un solo juez, sin que por ello se oponga a los preceptos de la Carta. Y si as� lo indica la ley, como resulta de la frase: "atribuir plena competencia a los Jueces Municipales en materia civil, penal", tampoco por ello deja sin funciones, ni posibilidad de funci�n alguna, a los Jueces de Circuito, para que se concluya que indirectamente estos funcionarios quedan suprimidos. Esa plena competencia, corresponde insistir, a la luz de la doctrina debe ser entendida como facultad de adelantar tanto el sumario como el juicio, en la rama penal, y de proferir sentencia y ejecutarla, en la rama civil, pero no como poder exclusivo y excluyente para conocer de toda la materia civil y de toda la materia penal.

Acaso, sin embargo, de esa "pierna competencia" de los Jueces Municipales, no puede el legislador estatuir, por raz�n de la materia, una competencia colateral de los Jueces de Circuito para que se ocupen, en lo7 penal, de algunos delitos, y en lo civil, de determinados juicios No est�, por ejemplo, prevista esa competencia colateral con respecto a los Jueces Superiores, por raz�n de la materia, y para los Jueces de Menores, por raz�n de las personas

3. La competencia y los grados de jurisdicci�n los indica la ley, cuando la Constituci�n Nacional no se ocupa expresamente de ella. Y sobre lo segundo, no resulta que la Carta haya previsto una segunda instancia ante los Jueces de Circuito, con respecto a los asuntos que se atribuyan a los Jueces Municipales, ni ning�n orden jer�rquico establece entre ellos (antes bien, unos y otros son designados por los Tribunales Superiores), ni cabe desprenderlo de las simples calidades que deben reunir las personas que desempe�en tales cargos. Si se diera esa supuesta jerarqu�a entre jueces, C�mo explicar que los Jueces Superiores, por caso, no tengan ninguna en relaci�n con los Jueces Municipales Seg�n el art�culo 157 de la Carta, tanto para servir las funciones de Juez de Circuito, como para ocupar el cargo de Juez de Menores, de Juez Superior, de Juez de Instrucci�n Criminal o de Juez especializado de superior o inferior categor�a, se requiere, a m�s de otras calidades, la de "haber desempe�ado un a�o, por lo menos, el cargo de Juez de Circuito o Juez Municipal". Sin embargo, no por ello cabe desprender que aquellos jueces, con respecto a les Jueces Municipales, est�n en segundo grado de jurisdicci�n. Ha sido la ley y no la Constituci�n Nacional la que ha establecido -y �nicamente para los Jueces de Circuito- la facultad de conocer en segunda instancia, de los asuntos atribuidos a los Jueces Municipales. Si esta doble instancia de Juez Municipal a Juez de Circuito no se desprendiera de la ley; si esta hubiera guardado silencio, podr�a, acaso, deducirse de los preceptos de la Constituci�n Nacional Y si esto pudiera hacerse, no resultar�a, entonces, que todos los jueces, con excepci�n de los Municipales, podr�an conocer en segunda instancia de lo que �stos conocen en primera Es evidente que el legislador, en este caso, puede prescindir de esa competencia funcional de los Jueces de Circuito, porque esta facultad fue creaci�n suya y no del constituyente, y atribu�rsela a los Tribunales Superiores, como lo hace la reforma judicial, acomod�ndose, en esta forma, al orden jer�rquico previsto en el art�culo 58 de la Carta y consagrando la revisi�n por un juez plural de las providencias del juez unitario, con beneficio para una mejor tecnificaci�n del proceso. Por ello, la Sala, en esta sentencia, ha declarado exequible el precepto que consagra esta segunda instancia ante los Tribunales Superiores, de los asuntos atribuidos a los Jueces Municipales.

Por lo antes expuesto, muy comedidamente considero que no es inexequible la aludida frase del aparte a), efecto primero, del art�culo 1� de la Ley 57 de 1963.

En lo dem�s, comparto lo resuelto por la mayor�a de la Sala y voto, en consecuencia, afirmativamente el fallo.

Con el debido respeto y comedimiento considero necesario adicionar o salvar parcialmente mi voto, en cuanto a la parte resolutiva de la precedente sentencia, por considerar que la Corte ha debido tambi�n declarar la inexequibilidad del ordinal 1� del art�culo 11 del Decreto-Ley n�mero 528 de 9 de marzo de 1964 como l�gica consecuencia de la declaraci�n de inconstitucionalidad de las normas contenidas en el primer ordinal de la parte resolutiva, como lo intentar� demostrar en la siguiente exposici�n:

La llamada Reforma Judicial, en especial el citado Decreto n�mero 528, en s�ntesis, reorganiz� la administraci�n de justicia ordinaria, as�: adscribi� a los jueces municipales el conocimiento de los negocios de m�nima cuant�a, menor cuant�a y mayor cuant�a, sustituyendo a los jueces de circuito civiles y penales, o sea, los jueces de "plena competencia" se convierten en jueces de circuito y en municipales; y segundo, como secuela de lo anterior, los nuevos tribunales, distintos de los existentes antes, asumen el conocimiento de los negocios atribuidos antes a los antiguos tribunales y a los jueces de circuito, con, evidente quebrantamiento de los art�culos 155, 157, 158 y 159, �ltimo inciso de la Constituci�n, que en el a�o de 1945 elev� a canon constitucional la competencia funcional o jer�rquica de tales jueces(Arts. I9 y 142 C. J.), adem�s de fijar las bases de la carrera judicial, como lo anotan los actores, y que el A. L. N9 1� del citado a�o orden� al legislador organizar.

Para despejar cualquier duda sobre la violaci�n de las disposiciones constitucionales citadas, se hace necesario hacer unas breves y someras consideraciones sobre las distintas clases de competencia de que se hallan investidos los jueces para la decisi�n de los litigios, sin que sobre advertir desde ahora que por el solo hecho de haber sido enunciados los jueces de circuito y municipales en el citado A. L., adquirieron la calidad de organismos constitucionales, dentro de la rama jurisdiccional, que la ley no puede suprimir ni directa ni indirectamente o dej�ndolos sin funciones.

En primer t�rmino, por raz�n de la materia la competencia, en cuanto a la naturaleza o contenido cualitativo, se clasifica en civil, penal, laboral, comercial, administrativa, etc., para la actuaci�n de los juzgados especializados dentro del respectivo grado o categor�a; y luego en cuanto al valor o cuantitativamente la competencia se clasifica en m�nima, menor y mayor cuant�a, como elementos de una escala ascendente o vertical, integrada antes de la reforma, por los jueces municipales, de circuito y Tribunales Superiores, para mencionar solamente los institutos en tela de juicio, dejando a un lado los superiores, de menores, etc. Es claro que, no solamente en el ramo civil, sino en el penal, se da la graduaci�n seg�n la gravedad del delito o la cuant�a cuando se refiere a los consumados contra la propiedad.

Hecha la anterior clasificaci�n, con un solo juez en cada materia o especialidad no puede atender o resolver todos los litigios, se impone la divisi�n del trabajo mediante la adecuada parcelaci�n territorial, que en nuestra legislaci�n comprende los distritos judiciales, los circuitos y los municipios, que el legislador, por expresa autorizaci�n del constituyente (Art. 158) puede agrupar, con el fin de evitar de que existan jueces municipales sin negocios por resolver como consecuencia del escaso n�mero de litigios. A este fen�meno nominan los tratadistas italianos la distribuci�n de la competencia en orden horizontal, para cubrir adecuadamente las necesidades de la pronta y oportuna administraci�n de justicia en todo el territorio nacional.

Adem�s, en forma un tanto excepcional, existe la competencia "por la calidad de las partes" con el fin de establecer un privilegio o fuero en favor de ciertas personas, como sucede con las entidades de derecho p�blico (Estados, departamentos, municipios), o en los procesos previstos, por ejemplo, en el Art. 151 de la Carta y en otros determinados en expresas normas del C. de P. P. como las dictadas en desarrollo de ciertos pactos internacionales; pero estos fueros o competencias "por la calidad de las partes" no destruyen la competencia de grado o jer�rquica, pues �sta, distinta de aquella, fue objeto de especial consagraci�n en la Carta por el constituyente de 1945, como pasa a verse.

Como los asuntos de alguna consideraci�n, cualquiera que sea su naturaleza (civiles, penales, etc.), no pueden quedar definitivamente resueltos mediante una sola sentencia, se ha establecido la doble instancia, o sea la llamada competencia funcional o de grado, que fue, precisamente, la consagrada en el A. L. N� 1� de 1945 en forma jer�rquica o por categor�as, para emplear la misma expresi�n del inciso 2� del Art. 159 de la Carta. Esta competencia funcional o jer�rquica o por categor�as, que se desenvuelve, como la cuantitativa, verticalmente, qued� integrada seg�n el dicho A. L. por los jueces municipales, por los de circuito y por los tribunales superiores, cada uno de los cuales, respecto del anterior en las sucesivas instancias del juicio, ocupa un grado superior; y as�, pues, el de circuito conoce en segunda instancia de los negocios que el municipal ha conocido en primera cuando procede el recurso de alzada; y los tribunales superiores conocen en segunda de los asuntos de mayor cuant�a que los jueces de circuito han resuelto en primera en materia civil, penal, etc., supuesta la calidad de apelables.

Estos tres grados o categor�as juez municipal, juez de circuito y tribunal superior, son los que el legislador no puede suprimir ni fusionar para crear jerarqu�as h�bridas, en primera y en segunda instancia, con los jueces municipales nominados de "plena competencia" y los nuevos tribunales, integrados aquellos con funciones de los antiguos jueces municipales y parte de las de los de circuito; y los tribunales de reciente data con parte de las de los jueces de circuito y de las que compet�an a los antiguos tribunales.

Tan evidente resulta lo anterior que la ley, sin previa reforma constitucional, no podr�a encomendar a la Corte Suprema de Justicia la elecci�n de los jueces de circuito, ni a �stos la designaci�n de los municipales; y a pari, tampoco puede la ley suprimir, refundir o trastocar el orden y precedencia consagrados por los art�culos citados de la Constituci�n, que fijaron la organizaci�n que el constituyente tuvo a bien dar a los tribunales ordinarios de justicia (Art. 1� C. J.).

De lo expuesto se deduce, sin la menor duda, que el numeral 1� del Art. 11 del Decreto N� 528 de 1964, resulta claramente violatorio de los Arts. 155, 157, 158 y el �ltimo inciso del Art. 159 de la Carta, en cuanto tales disposiciones consagraron la competencia funcional de esta rama de la jurisdicci�n ordinaria, que el legislador no pod�a modificar en su orden o graduaci�n, como tampoco suprimir la instituci�n llamada "jueces de circuito" por estar fundada en la Constituci�n, aun cuando pueda, por ser como cuesti�n distinta, se�alar las materias o procesos que, en concreto, deban juzgarse en �nica instancia o en dos, para determinar en esta forma -se repite- la competencia "por la calidad de las partes" (Art. 150 C. J.), es decir, el fuero de que gozan algunas personas como el Estado, los Departamentos, los Municipios y en algunas ocasiones las personas administrativas aut�nomas o descentralizadas.

En resumen, las citadas normas constitucionales se�alaron las bases para una posterior regulaci�n de la carrera judicial; determinaron a los juzgados de circuito y municipales como organismos constitucionales fijando su per�odo, requisitos para su elecci�n o nombramiento y entidad que debe hacerlo y, finalmente, establecieron su jerarqu�a o competencia funcional, dejando las otras, por raz�n del objeto (materia y cuant�a), por raz�n del territorio y por la calidad de las partes, al prudente juicio del legislador que puede modificarlas en el momento y en la forma que estime m�s adecuado para la mejor administraci�n de justicia. Tambi�n puede fijar el n�mero de jueces o juzgados que deben administrar justicia dentro de cada grado y de cada sede territorial, pues el Art. 58 de la Carta atribuy� al legislador la facultad de determinar, seg�n las necesidades, el m�nimo de estos funcionarios, pero sin modificar, sustituir o suprimir las cualidades que se acaban de enumeraran este aparte.

En mi concepto, la declaraci�n de exequibilidad hecha en el fallo respecto del citado numeral 1� del Art. 11, resulta del todo inocua e inoperante, por sustracci�n de materia, al desaparecer, como tienen que desaparecer, los nominados jueces municipales de "plena competencia", para el restablecimiento o continuaci�n del instituto constitucional de jueces de circuito, para quedar los grados como antes: juez municipal, juez de circuito y tribunal superior.

Adem�s, pueden aducirse estas otras consideraciones, que llevan a la conclusi�n de que, v�lida y constitucionalmente, la dicha reforma judicial no podr� operar ni en cuanto a los jueces de plena competencia ni en cuanto concierne a los nuevos tribunales.

En primer t�rmino, si bien la Corte no puede declarar expresamente la inexequibilidad sino de los preceptos legales acusados, nada impide que el fallo, necesariamente, incida en la inoperancia o nulidad de otras disposiciones como ineludible y l�gica consecuencia; y as� sucede con la-sentencia precedente, en la cual, entre otras declaraciones. se hizo la de inexequibilidad del Art. 1� de la Ley 27 de 1963 "en cuanto facult� al Gobierno para atribuir plena competencia a los jueces municipales en materia civil y penal"; por tanto, si el congreso no ten�a facultad para dar tal autorizaci�n o hacer la correspondiente delegaci�n, por violar preceptos sustanciales de la Carta, al ordenar una supresi�n o fusi�n que �l mismo no pod�a decretar, s�guese que todas las normas dictadas por el Gobierno con fundamento en esa fallida autorizaci�n carecen de valor y de fuerza obligatoria aun cuando no hayan sido objeto de expresa declaraci�n de inconstitucionalidad.

Como consecuencia de esta declaraci�n, desaparecen los jueces municipales de plena competencia, que no dictar�n ni autos ni sentencias que puedan subir en apelaci�n, consulta o en virtud del recurso de hecho a los nuevos tribunales, que quedan sin funciones y eliminados por incidencia del fallo.

La declaraci�n de inexequibilidad del ord. 7| del Art. 6� del Decreto-Ley 528 de 1964, impone el restablecimiento o continuaci�n de los jueces de circuito.

Adem�s, ha sido doctrina de la Corte que, declarada inexequible una ley, por el mismo hecho, ipso jure, cesan para lo futuro sus efectos; y en consecuencia, si suspendi� reform� o derog� una anterior, hecha aquella declaraci�n, la antigua norma entra nuevamente en vigencia, porque, desaparecida la causa, tienen necesariamente que desaparecer los efectos, pues no ser�a posible que una norma inconstitucional, dictado el correspondiente fallo, siga produciendo efectos aun cuando se trata de disposiciones no declaradas inexequibles expresamente, pero si conexas con las que han sido objeto de tal declaraci�n.

Por tanto, los tribunales superiores, los jueces de circuito y los municipales deben ser restablecidos o continuar�n actuando de acuerdo con las normas contenidas en el C. de P. C., que en virtud del fallo de inexequibilidad readquieren total vigencia

Como una secuela de todo lo expuesto tambi�n resulta inaplicable en este caso el Art. 160 de la Carta por estar fuera de las hip�tesis all� previstas.

Estamos en desacuerdo con el fallo de inexequibilidad de algunas de las disposiciones de la Ley 27 de 1963 y del Decreto 528 de 1964, acusadas por los doctores Samuel Syro y Leopoldo Uprymny, fallo que fue acogido por mayor�a, despu�s de ser negado el proyecto presentado por uno de los firmantes. Por ello salvamos el voto.

1� El constituyente ha otorgado, en toda �poca, al legislador la facultad de crear juzgados, se�alar su competencia y fijar el territorio de su jurisdicci�n.

En efecto, todas las Constituciones Nacionales, desde la d� 1821 (art�culos 147,149 y 55 numeral 89), y pasando por las de 1830 (art�culos 36, numeral 8�, 109 y 112), de 1832 (art�culos 47, numeral 7�, 130, 139 y 143), las reformas de 1842 y 1843 (art�culos 67, numeral 14 y 123), de 1853 (art�culos 41 y 43), de 1858 (art�culos 29 numeral 11 y 47), de 1863 (art�culo 69), hasta la Carta de 1886 (art�culos 60, 153 y 156) han atribuido al legislador la facultad de crear juzgados, se�alar su competencia y delimitar el territorio de su jurisdicci�n, y por tanto, de suprimirlos o cambiarlos. (Constituciones de Colombia, Pombo y Guerra. Edc. 1951).

"Art�culo 60. Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito, y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley.

"Art�culo 156. La ley organizar� los juzgados inferiores y determinar� sus atribuciones y la duraci�n de los jueces".

Como se ve, son de creaci�n constitucional la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Distrito. Los juzgados deben ser establecidos por la ley, la que los organizar�, les se�alar� funciones e indicar� sus per�odos.

En t�rminos diferentes, pero guardando !a misma idea, la reforma constitucional de 1945 trajo estas disposiciones:

"Art�culo 58. La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y dem�s Tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia.

"La justicia es un servicio p�blico de cargo de la Naci�n" (Art. 47 Acto Legislativo N9 1 de 1945).

"Art�culo 152. El territorio nacional se dividir� en Distritos Judiciales, y en cada uno de ellos habr� un Tribunal Superior, cuya composici�n y atribuciones determinar� la ley". (Art. 55 Acto Legislativo N� 1 de 1945).

De acuerdo con la reforma, son de creaci�n constitucional la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Distrito. Al legislador se dej� la facultad de establecer otros Tribunales y los juzgados indispensables para una pronta administraci�n de justicia. Esta �ltima funci�n es m�s clara todav�a, si se atiende al art�culo 164 de la Constituci�n (Art. 69 del Acto Legislativo N� 1 de 1945), que autoriza al legislador para establecer y organizar la jurisdicci�n del trabajo y crear tribunales de comercio.

La tendencia constitucional, en el sentido de dejar al Congreso la creaci�n de juzgados, de determinar sus funciones y de se�alar el territorio de su jurisdicci�n, ha sido constante, como se acaba de ver.

El se�or Jos� Mar�a Samper ("Derecho P�blico Interno de Colombia", Tomo II, P�g. 382, ed. 1951) explica la raz�n de esta tendencia, en los siguientes t�rminos:

"Si la administraci�n de justicia es una necesidad de toda la rep�blica, es claro que en toda ella deben establecerse los juzgados y tribunales adecuados para aquel servicio; y es, por lo tanto, deber ineludible del legislador el proveer a tan apremiante necesidad, poniendo la justicia al alcance de todos los que la necesitan, seg�n la naturaleza y cuant�a de los negocios y las dem�s circunstancias determinantes de la jurisdicci�n. Mal puede la Constituci�n, que es ley fundamental, permanente y destinada a tener larga duraci�n, determinar divisiones territoriales, ni jerarqu�as de jueces, ni atribuciones ni procedimientos judiciales; materias que son susceptibles de reformas o modificaciones. As�, el presente art�culo se limita, con sobra de raz�n, a disponer que el territorio nacional se divida en distritos judiciales, para facilitar la administraci�n de justicia, que en cada distrito de estos haya un tribunal superior, y que su composici�n y atribuciones ser�n determinadas por la ley".

El legislador, por su parte, hizo uso, en toda �poca, de esta atribuci�n. Sin entrar al examen de todos los estatutos legales sobre la materia (entre otras, las Leyes 11 y 13 de 1825, la de 26 de junio de 1839, que cre� circuitos judiciales en cada providencia, el Decreto 28 de mayo de 1840, que habl� expresamente de los jueces de circuito y autoriz� el establecimiento de jueces letrados en los cantones que as� lo solicitasen, la Ley 61 de 1886, que organiz� el Poder Judicial y el Ministerio P�blico, etc.), siempre estuvo atento el Congreso a crear los jueces que se requer�an para la administraci�n de justicia.

En el art�culo 108 de la Ley 61 de 1886 se dispuso que, "por regla general, habr� en cada distrito judicial tantos juzgados de circuito cuantos en la actualidad conocen ya en asuntos civiles de mayor cuant�a, ya en asuntos criminales, con o sin intervenci�n del jurado, pero distintos de aquellos negocios de que conocen los jueces de los distritos municipales. No se comprenden en los juzgados de circuito aquellos que, en algunos extinguidos Estados, han tenido jurisdicci�n en todo el territorio; pero s� se comprende el que en el circuito de Bogot� ha existido con el nombre de Juzgado Ejecutor en asuntos civiles".

De aquella fecha (1886) hacia ac�, son numerosas las leyes que ha dictado el Congreso, en las que dispone la creaci�n de Tribunales, jueces superiores, jueces de Circuito, jueces municipales, jueces de prensa, jueces de tierras, etc. Algunas tuvieron por objeto la supresi�n de tales creaciones, y fue as� como desaparecieron los jueces de prensa (Ley 105 de 1931 y Decreto 2082 del mismo a�o), los jueces de tierras (Ley 4� de 1943), etc.

La Ley 33 de 1935 autoriz� al Gobierno para verificar una divisi�n judicial y reglamentar el funcionamiento de los juzgados existentes. Con base en ellos, se dict� el Decreto n�mero 1714 de 1936, que, entre otras cosas, elimin� juzgados, de diversas categor�as.

La Ley 75 de 1945 facult� al Presidente de la Rep�blica para se�alar el personal de los juzgados municipales y organizarlos en las Intendencias, Comisar�as y lazaretos. En desarrollo de esta facultad, el Gobierno dict� el Decreto n�mero 672 de 1946.

La Ley 26 de 1946 organiz� la jurisdicci�n del trabajo. Se crearon los Tribunales y juzgados lab�rales.

La Ley 83 de 1946, "org�nica de la defensa del ni�o", cre� la jurisdicci�n de menores.

Lo dicho es suficiente para llegar a la conclusi�n de que, desde el punto de vista hist�rico-jur�dico, el Constituyente puso siempre en manos del legislador la facultad de crear juzgados o de suprimirlos, se�alar su competencia y fijar el territorio de su jurisdicci�n. Y es notorio tambi�n que el legislador ha hecho uso siempre, en forma amplia, de esa atribuci�n.

Por este aspecto, la Ley 27 de 1963 y el Decreto n�mero 528 de 1964 corresponden exactamente a esta tradici�n.

2� Los juzgados de circuito no son de creaci�n constitucional, sino legal, y por consiguiente, puede el legislador aumentar su n�mero, o rebajarlo, o bien suprimirlos.

Dice la demanda que los art�culos 1�, "efecto Primero", literal a) de la Ley 27 de 1963 y los art�culos 1�, inciso 1�, 6�, ordinal 7� y 11, numeral 1� del Decreto Extraordinario n�mero 528 de 1964, violan los art�culos 155, 157 y 162 de la Constituci�n Nacional y el 12 del Plebiscito de 1� de diciembre de 1957, por dos motivos principales:

a) Porque con ellos se suprimen los juzgados del Circuito, que "forman parte integrante de nuestra organizaci�n judicial", al dar o atribuir plena competencia a los jueces municipales.

Los juzgados de circuito forman, en la actualidad, "parte integrante de nuestra organizaci�n judicial", no porque el constituyente hubiera creado esta categor�a de funcionarios judiciales, sino porque ellos, como se explic� atr�s, hab�an sido establecidos anteriormente por el legislador.

Las disposiciones que, en concepto de los demandantes, fueron violadas, no hacen cosa distinta d� reconocer la existencia de tales funcionarios como integrantes del sistema judicial vigente. Pero tal referencia en la Carta, y para exigir una determinada aptitud en quien aspira a una precisa posici�n dentro de la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, no equivale a su creaci�n constitucional, as� como la cita que haga una ley de otra ya derogada, no alcanza a dar nueva vida a la referida (art�culo 14 de la Ley 153 de 1887).

Cuando el constituyente quiso hacer la creaci�n de un funcionario o de una corporaci�n, no dej� campo a la menor duda sobre el particular. Fue as� como indic� que la administraci�n de justicia estar�a a cargo de "la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y los dem�s Tribunales y juzgados que establezca la ley". Y dispuso luego, que el territorio nacional se dividir� en distritos judiciales y que, en cada uno de �stos, habr�a un Tribunal Superior. Por lo dem�s, se dej� al legislador la potestad de crear los tribunales y juzgados que, en cada momento, se requirieran para una pronta y eficaz administraci�n de justicia.

Si el Constituyente del a�o de 1945 hubiera querido institucionalizar los jueces de circuito, los jueces superiores, los jueces de menores, etc., los habr�a incluido con toda claridad y sin dejar campo a la duda, en el art�culo 47 del Acto Legislativo n�mero 1 de ese a�o, que es el 58 de la Codificaci�n Constitucional, al estructurar la Rama Judicial del Poder P�blico. Sin embargo, no lo hizo as�. De donde se desprende que, al citarlos posteriormente, para indicar sus calidades y formas de nombramiento, lejos de institucionalizarlos, los tuvo como creaciones del Legislador. Y ello, para que la Rama Legislativa del Poder P�blico pudiera, en cada caso, atender a las necesidades de la administraci�n de justicia y no quedara colocada dentro de una camisa de fuerza, en materia que no reza exactamente con la organizaci�n estatal.

3� Pero es m�s: ni la Ley 27 de 1963, "por la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, de acuerdo con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional", ni el Decreto n�mero 528 de 9 de marzo de 1964, en sus disposiciones acusadas, suprimen los jueces de circuito, a pesar de que en lo civil se haya dado a los jueces municipales plena competencia para conocer "de los dem�s asuntos de que hoy conocen los jueces de circuito".

4� Se ha dicho, no obstante, que, al dejar sin funciones a los jueces de circuito, lo que es dudoso en lo penal, se han suprimido impl�citamente estos funcionarios. Lo que equivale a confundir las funciones con los �rganos que las cumplen.

No es de recibo alegar que, de acuerdo con el art�culo 63 de la Constituci�n, se han suprimido los jueces de Circuito, pues sus funciones han pasado a los jueces municipales. La instituci�n "jueces de circuito" podr�a subsistir, aunque se les hubiese quitado su competencia actual. Lo que ocurrir�a en tal caso ser�a que no podr�an actuar, mientras el legislador no les atribuyese nueva competencia.

5� Corresponde al legislador se�alar la competencia y los grados de jurisdicci�n, cuando la Constituci�n no los ha fijado expresamente. De ah� que el art�culo 152 de la Carta indique que ser� la Ley la que fije las atribuciones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, y que el art�culo 158 ordene al legislador se�alar "la competencia de estos funcionarios (se refiere a los jueces municipales) y el territorio de su jurisdicci�n".

Se ha admitido, pues, generalmente, y as� lo acepta tambi�n el fallo de la mayor�a, que es la ley la que fija la competencia de los funcionarios judiciales, si la Constituci�n expresamente no la ha se�alado. De tal atribuci�n hizo uso el Ejecutivo, previa extraordinaria autorizaci�n, para dar plena competencia a los jueces municipales. La plena competencia -se ha dicho- no es "una facultad exclusiva y excluyente para administrar justicia, que de manera obligada deje sin funciones a otros organismos del mismo grado de jurisdicci�n. Ella se predica de la capacidad para instruir el sumario y conocer del juicio, en materia penal, y para proferir sentencia y ejecutarla, en materia civil".

No podr�a aceptarse v�lidamente que, al atribuir plena competencia a los jueces municipales, el legislador hubiera quedado inhabilitado para conceder competencia a los jueces de circuito sobre determinadas materias, como la tienen los jueces superiores, los jueces de menores, etc.

Dio el legislador facultades extraordinarias al Ejecutivo para hacer la reforma judicial. En tal virtud, se dict� el Decreto n�mero 528 de 9 de marzo de 1964, que atribuye plena competencia a los jueces municipales para conocer "en primer instancia de los procesos por delitos cuya competencia no est� atribuida a otra autoridad". Con ello no se hizo otra cosa que cumplir el mandato de la Carta (Art. 158), de acuerdo con el cual "la ley se�alar� la competencia de los jueces municipales. Tan cierto es ello que la misma sentencia de la mayor�a ha admitido que la segunda instancia de las providencias que dicten estos funcionarios ha de surtirse ante el Tribunal Superior.

Aunque �stos han de conocer "de los dem�s asuntos de que hoy conocen los jueces civiles de circuito", seg�n el Decreto 528 de 1964, no por ello se sostendr�a que el legislador clausur� toda posibilidad de dar competencia a otros funcionarios de igual o superior categor�a. La facultad legislativa del Congreso no se ha agotado, ni se hab�an agotado tampoco las facultades extraordinarias del Ejecutivo, vigentes hasta el 20 de julio de 1964.

6� La carrera judicial viene siendo organizada a ra�z del Decreto n�mero 1698 de 16 de junio de 1964, dictado en virtud de las autorizaciones que el legislador concedi� al Gobierno. Mal podr�a pensarse que tal carrera queda destruida con la disposici�n que atribuye plena competencia a los jueces municipales, pues tal ordenamiento tiende precisamente a dar vida a una aspiraci�n constante del constituyente y de a naci�n, en el sentido d� llevar a los cargos judiciales a los ciudadanos m�s aptos por su virtud y sus conocimientos, por su amor a la justicia y sus excelentes dotes intelectuales. Si la tacha se funda en que "impl�citamente" se suprimieron los jueces de circuito, con lo cual se interrump�a la carrera judicial, podr�a responderse que los jueces municipales de plena competencia dan la aptitud indispensable para llegar a los Tribunales Superiores, en la misma forma en que la daban los jueces del circuito, seg�n el art�culo 7� del Decreto N� 1698 de 1964. Indica lo anterior que, en este caso, se ha cumplido un simple cambio de nombres.

De donde se desprende que, de acuerdo con la sentencia anterior, bastar�a con que se diera denominaci�n de jueces de Circuito a algunos de los jueces Municipales de plena competencia para que la situaci�n de inconstitucionalidad quedara subsanada.

7� Finalmente, la sentencia, en realidad, declara la inexequibilidad de una disposici�n legal, que no ha sido demandada: el art�culo 109 del Decreto N� 1356 de 9 de junio de 1964. Este s� dispuso la supresi�n de los jueces de circuito. Pero este texto ni siquiera fue mencionado por los doctores Syro y Uprimny. Ni "impl�citamente" podr�a considerarse acusado de inconstitucionalidad, como se ha dicho, porque a la fecha de la demanda, no se hab�a dictado.

Samuel Barrientos Restrepo, Ramiro Ara�jo Grau, Enrique L�pez de la Pava, Sim�n Montero Torres.

La sentencia de la Corte declara in-exequible el aparte a) del efecto primero del art�culo 1� de la Ley 27 de 1963, en cuanto faculta al Gobierno para "atribuir plena competencia a los Jueces Municipales" en materia civil y penal; el inciso 1� del art�culo 1� del Decreto Ley 528 de 1964, seg�n el cual "los Jueces Municipales en lo penal conocen en primera instancia de los procesos por delitos cuya competencia no est� atribuida a otra autoridad"; el ordinal 7� del art�culo 6| del mismo Decreto Ley, seg�n el cual los Jueces Municipales en lo civil conocen en primera instancia "de los dem�s asuntos de que hoy conocen los Jueces Civiles del Circuito". Estima la Corte que las mencionadas normas conducen a dejar sin funciones a los Jueces del Circuito, y por lo mismo, a eliminarlos, con lo cual se vulneran los art�culos 60, 155, 157, 158 y 162 de la Carta, y el art�culo 12 de la reforma constitucional aprobada por el Plebiscito de 1� de diciembre de 1957.

No comparto la opini�n mayoritaria de la Corte, pues, en mi concepto, las normas acusadas no vulneran, directa ni indirectamente, los preceptos de la Constituci�n Nacional.

En pro de la tesis de inexequibilidad sostenida en el fallo, se hacen consideraciones, sin duda, de especial importancia jur�dica. Destaco de ellas las siguientes:

1�) La reforma constitucional de 1945 establece la Jerarqu�a de la rama jurisdiccional en esta forma: "a) Corte Suprema;

b) Tribunales Superiores de Distrito; c) Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y especializados, de igual o superior categor�a a los indicados; y d) Jueces Municipales".

2�) Instituida la Jerarqu�a de la rama jurisdiccional, se dej� al legislador la facultad de establecer y organizar la carrera judicial, de acuerdo con esta Jerarqu�a. Esa es la significaci�n que tienen los preceptos del art�culo 162 del ordenamiento constitucional vigente y 12 de la Reforma Plebiscitaria de 1957.

3�) El Ordenamiento Constitucional anterior a 1945 reserv� a la ley la facultad de crear los Juzgados inferiores. El Constituyente de dicho a�o, modific� esa situaci�n, pues estableci� la Jerarqu�a judicial, design� los grados que la integran y facult� al legislador para reglamentar la carrera judicial. En tal forma elev� a la categor�a de canon constitucional la ley vigente hasta entonces, creadora de la judicatura.

4�) La reforma de 1945 no se limit� a dejar el encargo de administrar justicia en los grados inferiores de la Jerarqu�a jurisdiccional a los juzgados "que establezca la ley", sino que complet� el ordenamiento instituyendo determinadas categor�as de jueces, como los de Circuito, que el legislador est� obligado a respetar en la organizaci�n del servicio de justicia.

Concluye que el legislador no tiene facultad para eliminar las categor�as espec�ficas de Jueces a que se refieren los art�culos 155, 157 y 158 de la Constituci�n.

Dentro del r�gimen constitucional colombiano, no puede remitirse a duda que la materia relativa al se�alamiento de las atribuciones que corresponden a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a los Juzgados inferiores, est� deferida a lo que disponga el legislador.

La anterior afirmaci�n se apoya en las siguientes disposiciones constitucionales: Art. 152. "El territorio nacional se dividir� en Distritos Judiciales, y en cada uno de ellos habr� un Tribunal Superior, cuya composici�n y atribuciones determinar� la ley".

En el art�culo 158, que, luego de se�alar las calidades y requisitos para ser Juez Municipal, de indicar la forma de elecci�n y de fijar su per�odo, agrega: "La ley se�alar� la competencia de estos funcionarios y el territorio de su jurisdicci�n, ordenando la agrupaci�n de varias poblaciones cuando lo considere necesario".

Es indiscutible, igualmente, que las normas acusadas y declaradas inexequibles por el fallo se dirigen, seg�n su contenido, a regular la competencia de varios �rganos jurisdiccionales. El art�culo 1�, efecto primero, aparte a) de la Ley 27 de 1963, por la cual se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica, le faculta para "atribuir plena competencia a los Jueces Municipales en materia civil, penal y laboral... El Presidente hizo uso de esa facultad y distribuy� la competencia en materia civil y penal de los Jueces Municipales, seg�n se dispone en el inciso primero del art�culo 1� del Decreto Extraordinario 528 de 1964 y en el art�culo 69, ordinal 79 del mismo estatuto.

De lo anterior aparece claro y evidente que el legislador, al investir de facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica para reorganizar la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, y, dentro de esa finalidad, al autorizarlo para atribuir plena competencia a los Jueces Municipales en materia civil, penal y laboral, seg�n reza el art�culo 1� de a Ley 27 de 1963, no pudo violar la Constituci�n Nacional, pues, por el contrario, tal proceder resulta acorde con el ejercicio de atribuci�n que le es propia seg�n los art�culos 152 y 158 de la Carta, y de la cual hizo delegaci�n en la Rama Ejecutiva, al revestir, pro tempore, al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, conforme a lo previsto por el ordinal 12 del art�culo 76 del mismo Estatuto fundamental.

Como consecuencia, y por las mismas razones, tambi�n resulta evidente que las normas del Decreto 528 de 1964, por las cuales el Presidente de la Rep�blica atribuy� plena competencia a los Jueces Municipales, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por la Ley 27 de 1963, se atemperan a los preceptos de la Carta Fundamental, principalmente a lo dispuesto en el �ltimo inciso del art�culo 158, en cuanto all� se dispone que la ley se�alar� la competencia de los Jueces Municipales.

Por el aspecto que se deja analizado, surge con toda claridad y nitidez que las normas acusadas y declaradas inexequibles por el fallo, lejos de ser inconstitucionales, se ajustan a lo preceptuado por los art�culos 76 ordinal 12, 152 y 158 de la Carta. Es decir, que tanto el legislador al revestir pro tempore de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica, seg�n aparece de lo dispuesto en la Ley 27 de 1963, como �ste al ejercerlas, dentro de los l�mites asignados, por medio del Decreto 528 de 1964, actuaron en armon�a con normas de la Constituci�n, por lo que, si esto es as�, no puede afirmarse ni predicarse de ellas violaci�n de la misma Carta Fundamental.

Sostiene el fallo que solo a partir de la reforma constitucional de 1945 se instituy� la Jerarqu�a de la Rama Jurisdiccional, afirmaci�n que apoya en los art�culos 155, 157 y 158 de la actual Codificaci�n constitucional.

Me aparto de ese concepto, pues la Jerarqu�a en Rama Jurisdiccional del Poder P�blico existe, como regulaci�n constitucional, desde el Estatuto Fundamental de 1886, que preceptu�, por medio de su art�culo 60, lo siguiente: "Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley� ".

La reforma constitucional de 1945 mantuvo la misma instituci�n jer�rquica, al disponer en el art�culo 47 del Acto Legislativo n�mero 1 de ese ano, que corresponde al 58 en la actual Codificaci�n, lo siguiente: "La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley, administran justicia".

En esas normas es, a mi entender, donde el Constituyente institucionaliz� y determin� la Jerarqu�a jurisdiccional, mediante el se�alamiento de los diversos organismos y categor�as que administran justicia, en el siguiente orden descendente: a) Corte Suprema de Justicia; b) Tribunales Superiores de Distrito y c) los "dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley".

En apoyo de este criterio de interpretaci�n, que permite ubicar el origen y fundamento constitucional de la Jerarqu�a jurisdiccional en el art�culo 58 de la Carta, basta considerar que este precepto hace parte del T�tulo V, destinado a instituir y regular el Poder P�blico y los Organismos por medio de los cuales se ejerce. As�, dicho T�tulo, que es uno de los m�s importantes del Estatuto Fundamental, porque determina y estructura la organizaci�n jur�dico-pol�tica de la Naci�n, principia por establecer, en el art�culo 55, que son Ramas del Poder P�blico la Legislativa, la Ejecutiva y la Jurisdiccional. Instituye como �rganos del Poder P�blico el Congreso, al Gobierno y a los Jueces, con funciones separadas, pero que colaboran arm�nicamente en la realizaci�n de los fines del Estado. Determ�nase luego, en el mismo t�tulo, c�mo se forma el Congreso (Art. 56), y qu� es lo que constituye el Gobierno (Art. 57), para disponer, en seguida, lo relativo a los Jueces que integran la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, y enumerar, como tales, a la Corte Suprema, a los Tribunales Superiores de Distrito y a los dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley.

Con fundamento en esa facultad constitucional, el legislador ha creado, mantenido y suprimido Juzgados que corresponden a distintas denominaciones, tales como Juzgados Superiores, de Circuito, de Menores, de Prensa, de Tierras, de Instrucci�n Criminal, de Trabajo y Municipales, y, desde entonces, en cumplimiento de lo preceptuado inicialmente por el art�culo 156 de la misma Carta de 1886, y luego por los art�culos 58 y 63 de la actual Codificaci�n, ha organizado esos Juzgados inferiores en distintas clasificaciones y ha determinado sus atribuciones y funciones.

La incorporaci�n en la Constituci�n, por las reformas efectuadas en los a�os de-1945 y 1947 (art�culos 155 y 157 de la actual Codificaci�n), de la variedad de Jueces inferiores que, hasta entonces, hab�a creado la ley, entre los cuales se comprende a los Jueces de Circuito, no contradice, desvirt�a ni suprime la facultad conferida por la misma Constituci�n al legislador (Art. 47 del Acto Legislativo N9 1 de 1945 que corresponde al art�culo 58 de la Codificaci�n) para crear los Juzgados que integran el orden inferior de la Jerarqu�a jurisdiccional. Esa incorporaci�n constitucional, meramente enunciativa, se hizo para asegurar los fines y los efectos perseguidos en los citados art�culos 155 y 157 de la Carta, o sea, determinar en el Estatuto Fundamental las calidades y condiciones requeridas para el desempe�o de los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores, de Juez Superior, de Circuito, de Menores o Juez especializado, o Juez de Instrucci�n Criminal, de igual o superior categor�a a los indicados, con el prop�sito de mejorar la administraci�n de justicia, por el aspecto del factor humano que en ella interviene, que la realiza y desempe�a, y para efectos de facilitar se implante la carrera judicial, que la propia Constituci�n ordena establecer, seg�n lo dispuesto por el art�culo 162 (62 del A. L. de 1945) y organizar, seg�n el art�culo 12 de la Reforma Plebiscitaria de 1957.

Que los art�culos 155 y 157 de la Constituci�n no tienen por finalidad establecer la Jerarqu�a judicial, (ya establecida o instituida seg�n el art�culo 58), es cuesti�n que resulta clara y n�tida, si se advierte que en dichas normas para nada se menciona a la Corte Suprema de Justicia, organismo al cual debe corresponder, sin duda alguna, el m�s alto grado, u orden de la Jerarqu�a Jurisdiccional.

Para fijar el recto sentido y entendimiento que debe darse a esas normas constitucionales, precisa tener en cuenta, adem�s de su conexi�n, algo que satisfaga el car�cter de su formaci�n conceptual, y de �ste no puede deducirse el prop�sito del Constituyente, como se pretende en el fallo, de fijar o estatuir, mediante esos preceptos, la descripci�n e interpretaci�n del contenido estructural de la Jerarqu�a jurisdiccional.

La clasificaci�n y denominaci�n de los Juzgados inferiores, dentro de la organizaci�n judicial que encontr� ya creada el constituyente de 1945, obedece a la necesidad de disponer, como en toda organizaci�n, de una nomenclatura que facilite y permita el reparto de competencias, por raz�n de la cuant�a de los negocios, o por la naturaleza de los mismos, o por la calidad de las partes, o por cualquiera otro de los factores que, de ordinario, se tienen en cuenta para distribuir la competencia.

Se afirma en el fallo, que los Jueces de Circuito est�n consagrados, por la reforma de 1945, como categor�a espec�fica constitutiva de un eslab�n primario de la Jerarqu�a Jurisdiccional, por lo que el legislador no tiene facultad para eliminar esos jueces, ni los dem�s que se mencionan en los art�culos 155,157 y 158 deja Carta. Semejante criterio conducir�a a aceptar que el Juez del Circuito u otro de cualquiera denominaci�n que, en cada caso concreto, aplica y actualiza el Poder P�blico que corresponde a la rama Jurisdiccional, constituye el soporte de la organizaci�n jurisdiccional, y no simplemente uno de tantos sujetos de la misma, sin capacidad para paralizar la acci�n del todo.

Finalmente, para- desvirtuar la argumentaci�n contenida en el fallo de que los Juzgados de Circuito no pueden eliminarse de la organizaci�n jurisdiccional1 por el legislador, basta observar que la Constituci�n en ninguna parte ordena que el territorio nacional se divida en Circuitos judiciales y en cada uno de ellos haya uno o m�s Jueces del Circuito, como expresamente s� lo dispone respecto de los Tribunales Superiores seg�n el precepto contenido en el art�culo 152.