300Corte SupremaCorte Suprema30030005099Efrén Osejo Peña196431/10/1964Efrén Osejo Peña_1964_31/10/196430005099VIGILANCIA JUDICIAL. - ENEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTICULOS 1° y 4° DE LA LEY 68 DE 1945. LOS DECRETOS 105 DE 1947 y 1716 DE 1960 EN RELACION CON LA LEY DEMANDADA. - HISTORIA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Obviamente se comprende que de un decreto reglamentario no puede subrogar la propia ley reglamentada. El Decreto 1716 de 1960 tiene el carácter de reglamentario de la Ley 68 de 1945. - Las funciones que la Constitución adscribe a las Ramas del Poder Público o a organismos creados por ella son siempre privativas o exclusivas. Por medio de leyes ordinarias no se puede reformar la Constitución, como lo hacen los artículos 1° y 4° de la Ley 68 de 1945, que asignaron al Ministerio de Justicia las funciones propias del Ministerio Público. El numeral 2° del artículo 119 de la Constitución muy claramente circunscribe la función que allí le señala el Gobierno; lo concerniente a la vigilancia judicial es cuestión extraña a la regulación de la citada norma. Si es cierto que el Ministerio Público se debe ejercer bajo la suprema dirección del Gobierno (Art. 142 de la Carta), ello debe cumplirse por intermedio de la Procuraduría no del Ministerio de Justicia. El Decreto 105 de 1947, reglamentario de la ley acusada y la violación del principio técnico que prohíbe la duplicidad de funciones. La reforma de 1945 dictó las- normas necesarias para asegurarle al Ministerio Público la independencia en el ejercicio de sus atribuciones propias. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala. Plena Bogotá, octubre 31 de 1964. (Magistrado ponente: doctor Efrén Osejo Peña). 1964
Guillermo Rojas VilloriaDemanda de inexequibilidad contra la ley 68 de 1945Identificadores30030005100true77140Versión original30005100Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra la ley 68 de 1945


VIGILANCIA JUDICIAL. - ENEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTICULOS 1° y 4° DE LA LEY 68 DE 1945. LOS DECRETOS 105 DE 1947 y 1716 DE 1960 EN RELACION CON LA LEY DEMANDADA. - HISTORIA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO

Obviamente se comprende que de un decreto reglamentario no puede subrogar la propia ley reglamentada. El Decreto 1716 de 1960 tiene el carácter de reglamentario de la Ley 68 de 1945. - Las funciones que la Constitución adscribe a las Ramas del Poder Público o a organismos creados por ella son siempre privativas o exclusivas. Por medio de leyes ordinarias no se puede reformar la Constitución, como lo hacen los artículos 1° y 4° de la Ley 68 de 1945, que asignaron al Ministerio de Justicia las funciones propias del Ministerio Público. El numeral 2° del artículo 119 de la Constitución muy claramente circunscribe la función que allí le señala el Gobierno; lo concerniente a la vigilancia judicial es cuestión extraña a la regulación de la citada norma. Si es cierto que el Ministerio Público se debe ejercer bajo la suprema dirección del Gobierno (Art. 142 de la Carta), ello debe cumplirse por intermedio de la Procuraduría no del Ministerio de Justicia. El Decreto 105 de 1947, reglamentario de la ley acusada y la violación del principio técnico que prohíbe la duplicidad de funciones. La reforma de 1945 dictó las- normas necesarias para asegurarle al Ministerio Público la independencia en el ejercicio de sus atribuciones propias.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala. Plena

Bogotá, octubre 31 de 1964. (Magistrado ponente: doctor Efrén Osejo Peña).

El doctor Guillermo Rojas Villoría, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214 de la Constitución, solicita la declaración de inexequibilidad de la Ley 68 de 1945, por cuanto considera que viola varias disposiciones constitucionales, principalmente los artículos 55, 143 y 145, conforme a la exposición que hace respecto de cada uno de ellos.

I

MOTIVOS DE LA ACUSACION

El actor considera que algunas de las disposiciones de la ley acusada violan el artículo 55 de la Constitución porque, al conferir al Ministerio de Justicia la vigilancia de la Rama Jurisdiccional, desconocen el principio de la separación de los órganos del Poder Público. Por su importancia, se transcriben los argumentos expuestos en cuanto atañe a los artículos 143 y 145 de la Constitución, que dicen así:

"b) En conformidad con el artículo 143 de la Carta, el constituyente ordenó:

"Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público defender los intereses de la Nación; promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos, y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social'.

"De la norma transcrita se deduce, que al Ministerio Público le adscribió la Constitución, las funciones que la Ley 68 le atribuye al Ministerio de Justicia, con quebrantamiento claro y flagrante de dicho texto constitucional.

"Tanto es esto así, que en favor de tal tesis, invoco como argumento de autoridad, los siguientes conceptos del profesor Francisco de Paula Pérez, consignados en su obra 'Derecho Constitucional Colombiano '.

"La Nación, que como persona jurídica obra en muchos casos al igual de los ciudadanos, requiere para la defensa de sus derechos determinados funcionarios que la representen y lleven su voz ante los tribunales de justicia. Por otra parte, la sociedad tiene interés en que la administración judicial, y en general los demás ramos del servicio público, estén fiscalizados y exista un organismo que procure que cada uno de los servidores del Estado llene a cabalidad sus funciones propias, rindiendo el mayor provecho posible. Al Ministerio Público se le encomiendan estas labores cuya importancia resalta con la simple enunciación'.

"c) En conformidad con el artículo 145 de la Constitución, el constituyente preceptuó:

''Son funciones especiales del Procurador General de la Nación:

"1ª Cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus deberes;

"2ª Acusar ante la Corte Suprema a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a esta corporación;

"3ª Cuidar de que los demás funcionarios del Ministerio Público desempeñen fielmente su encargo, y promover que se les exija la responsabilidad por las faltas que cometan;

"4ª Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia.

"Y las demás que le atribuya la ley.

"Siendo la Procuraduría General de la Nación un organismo creado por la Constitución, sus atribuciones, que de conformidad con la misma le atribuye la ley, no puede el legislador adscribírselas a otro funcionario del Estado, como lo hace la Ley 68 en su artículo 49, sin transgredir el mencionado canon constitucional.

''Por esta razón la ley acusada al quitarle a la Procuraduría General de la Nación las atribuciones conferidas en la misma Constitución y por la ley -en desarrollo, del texto constitucional transcrito- para otorgárselas al Ministerio de Justicia, viola en forma protuberante la referida norma constitucional'(Fs. 13 a 15).

II

SUSTRACCION DE MATERIA

El Procurador General divide su vista o concepto en dos partes: en la primera expone los argumentos que considera procedentes para demostrar que existe la sustracción, pues las normas acusadas "han sido subrogadas y reemplazadas por las correspondientes del Decreto 1716 de 1960, que es el que en el particular hoy rige"; y en la segunda, para el caso de que la Corte no se abstenga de fallar en el fondo, expone las razones que considera adecuadas para deducir la exequibilidad de las disposiciones acusadas.

En consecuencia, se procede a. estudiar la primera parte, previa reproducción textual de los puntos de vista de la Procuraduría:

"En cuanto creó el Ministerio de Justicia, no hay duda. de que la Ley 68 de 1945 está vigente; pero en lo tocante a las funciones y atribuciones de dicho Ministerio (entre las cuales se hallan las de vigilancia y control del Organo Judicial, mencionadas en los artículos l9 y 49 y objeto de la acusación contenida en la demanda que se analiza), está sustituida por las normas del Decreto número 1716 de 1960, 'por el cual se reorganiza el Ministerio de Justicia', Decreto que hoy rige y que fue dictado en uso de las facultades extraordinarias de que se invistió al Presidente de la República por el artículo 26 de la Ley 19 de 1958.

"En efecto, la referida Ley 19 dispuso en su artículo 18 que 'el Gobierno, con el objeto de coordinar los distintos servicios públicos, darles dirección adecuada, y proveer a su más y económico funcionamiento, reorganizará, los Ministerios, Departamentos Administrativos e institutos oficiales o semioficiales dotados de personería jurídica independiente, y hará entre ellos la distribución de los negocios según sus afinidades, conforme al inciso segundo del artículo 132 de la Constitución Nacional', y revistió de facultades extraordinarias hasta el 20 de julio de 1960 al Presidente de la República 'con el preciso y exclusivo objeto de que pueda dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, en cuanto ella exceda el ejercicio de la potestad reglamentaria' (artículo 26).

"E invocando sus facultades legales y las extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958, el señor Presidente dictó el Decreto número 1716 de ,1960 (julio 18), por; el cual reorganizó, el Ministerio de Justicia,

"El artículo 1° del citado Decreto 1716 dice así:

"Artículo 1° Corresponde al Ministerio de Justicia, dé conformidad con la Constitución, las leyes sobre la materia y las normas del presente Estatuto, conocer de los siguientes negocios:

"a) Velar porque en toda la República se administre, pronta y cumplida justicia y prestar a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias;

"b) La vigilancia de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

"El mismo Decreto, a partir de su artículo 26 y hasta el 30, detalla las secciones y funciones de la División de Vigilancia Judicial; y en su artículo 81 deroga las disposiciones que le sean contrarias.

"En estas circunstancias, parece obvio que las normas, hoy acusadas, de la Ley 68 de 1945 relativas a la atribución al Ministerio de Justicia de la vigilancia y control del funcionamiento del organismo judicial, han sido subrogadas y reemplazadas por las correspondientes del Decreto 1716 de 1960, que es el que en el particular hoy rige.

"Se está así, pues, ante el fenómeno de sustracción de materia, que invariablemente ha sido tenido por la honorable Corte Suprema de Justicia como causa de inhibición para hacer cualquier pronunciamiento sobre exequibilidad o inconstitucionalidad de norma legal que ya no esté vigente. En un caso análogo al que hoy se contempla, dijo la honorable Corporación a la cual me dirijo:

"Quiere esto decir muy claramente que se ha sustraído la materia discutible del plano de la discusión y que por este motivo resultaría inoficioso e inoportuno estudiar los fundamentos de la demanda y las razones del Ministerio Público, porque la Corte ha quedado inhabilitada para pronunciarse sobre la inexequibilidad del Decreto 1611 de 1948, por haber sido adoptadas sus disposiciones en una Ley (90 de 1948), no acusada, y en otro Decreto (el 04133 del mismo año) que tampoco ha sido acusado. Aquí, como bien se ve, no se trata de que esas disposiciones continúen produciendo efecto, sino de que lo vigente no es ya el Decreto sino otro organismo distinto, sobre él, cual no se ha presentado demanda en que la Corte tenga que ocuparse. Ha habido desaparecimiento del tema, por incorporación suya en otros estatutos. De manera que si la Corte fallara en cualquier sentido, tendría que hacerlo sobre lo nuevo y no sobre lo sustituido, es decir, que fallaría sin demanda; pero si su fallo se concretara a lo que fue objeto de la solicitud, de hecho dejaría sin acción futura o posible aquello que aún no se ha demandado. Es decir, que también en tan inaceptable supuesto estaría pronunciándose oficiosamente' (Sentencia de abril 1° de 1954 Gaceta Judicial número 2140; Tomo 77, página 339).

"La demanda del doctor Rojas Villoría fue presentada el 27 de septiembre de 1963, y desde el 18 de julio de 1960 estaba en vigencia el Decreto 1716 de dicho año, según lo dispuesto en su artículo 81. Y como este Decreto, de conformidad con lo ya visto, subrogó parcialmente la Ley 68 de 1945 y sustituyó las partes de ésta que son materia de acusación, parece indudable que a la fecha de la demanda había dejado de regir, en lo pertinente, la referida Ley 68 y, como norma hoy inexistente, no puede ser objeto de pronunciamiento en lo relativo a su constitucionalidad o inexequibilidad.

"Si bien es cierto que las normas de la Ley 68 de 1945 que atribuían al Ministerio de Justicia la vigilancia del Organo Judicial fueron sustancialmente reproducidas (haciendo extensiva esa facultad de vigilancia sobre el Ministerio Público) por el Decreto 1716 de 1960, también es verdad que lo que hoy rige sobre la materia no es la Ley 68 -acusada- sino el Decreto 1716 -no acusado-, Y así las cosas, el pronunciamiento de la honorable Corte -en un sentido u otro- traería consigo los inaceptables resultados que señaló en su sentencia que acaba de copiarse.

"Por lo atrás expuesto, el suscrito Procurador General de la Nación estima que la honorable Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de decidir sobre el fondo de la demanda, por sustracción de materia". (Fs. 20 a 24).

III

NORMAS SOBRE VIGILANCIA DE LA RAMA JURISDICCIONAL

Con el fin de elucidar esta cuestión se hace necesario conocer, en orden cronológico, las normas que han regulado la materia y determinar su naturaleza, pues obviamente se comprende que un decreto reglamentario no puede subrogar la propia ley reglamentada; ni dentro de la lógica jurídica, la reproducción de ciertos artículos en un nuevo acto puede considerarse que deroga los promulgados antes.

El actor transcribió íntegramente la ley acusada, subrayando algunos conceptos, frases o pasajes de la mencionada norma, que se inserta a continuación:

"Artículo 1° Créase el Ministerio de Justicia que tendrá a su cargo la vigilancia y control del funcionamiento del Organo Judicial; los establecimientos de detención, pena y medidas de seguridad; la policía judicial y los demás asuntos que le asigne la ley, relacionados con la administración de justicia, la represión y la prevención de la delincuencia y la reforma de la legislación civil y penal.

"Artículo 2° En la prelación de los Ministerios, el de Justicia ocupará el tercer lugar entre el de Relaciones Exteriores y el de Hacienda y Crédito Público.

"Artículo 3° El Presidente de la República organizará el Ministerio de Justicia dentro de los lineamientos generales y de acuerdo con los antecedentes de esta Ley. En consecuencia, queda facultado para trasladar o suprimir los empleos que considere innecesarios en el Ministerio de Gobierno y en la Procuraduría General de la Nación; para crear los que estime indispensables para el regular funcionamiento del nuevo Ministerio y fijar las correspondientes asignaciones.

"Artículo 4° Las atribuciones, facultades y jurisdicción que las leyes confieren a la Procuraduría General de la Nación para la vigilancia del Organo Judicial corresponderá al Ministerio de Justicia.

''Artículo 5° Esta Ley regirá desde su sanción y los gastos que demande su ejecución se incluirán en el Presupuesto de la próxima vigencia. En caso de que no se incluyeren, el Gobierno queda facultado para abrir los créditos adicionales o para hacer los traslados que demande su cumplimiento". (Se subraya). (Fs. 9 y 10).

Esta ley fue reglamentada mediante el Decreto número 0105 de 17 de enero de 1947, "por el cual se reglamenta la Ley 68 de 1945, se organiza el Ministerio de Justicia y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confieren los artículos 132 de la Constitución, 3° de la Ley 68 de 1945, y 12 de la Ley 60 de 1946".

El artículo 1°, en lo conducente dijo: "A partir del 16 del presente mes comenzará a funcionar el Ministerio de Justicia, el cual tendrá a su cargo la organización, protección y vigilancia de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público…" y luego este artículo se refiere a la organización y vigilancia de los establecimientos de detención; a la policía judicial; a la división territorial judicial… etc., etc.

Según el segundo artículo, se encomendó al Ministerio de Justicia la más detallada reglamentación, mediante resoluciones, de las dependencias creadas, como el Gabinete del Ministro, Secretaría, etc.

El artículo 5° se refiere al "Departamento de Vigilancia de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público", para lo cual en el aparte

a) determina el personal y le fija sus asignaciones; en el b) dice: "Tendrá además los siguientes empleos que se trasladan de los actualmente existentes en la Procuraduría General de la Nación: …" etc.

El artículo 7° dice: "En desarrollo del artículo 4° de la Ley 68 de 1945, el Ministerio de Justicia tendrá las siguientes atribuciones en lo relativo a la Rama Jurisdiccional y Ministerio Público" Se refieren ellas a la facultad de pedir informes, practicar visitas, directamente o por medio de empleados subalternos, imponer multas hasta de cien pesos o arresto hasta por 10 días "a toda persona, empleado público o particular, que le desobedezca o falte al debido respeto en ejercicio de sus funciones, en especial de las de vigilancia judicial"; sancionar a los empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público "que en el ejercicio de sus cargos incurrieren en morosidad, negligencia o mala conducta" o en reiteradas irregularidades etc., etc.; y, en fin, le concede la facultad "para ordenar investigaciones de carácter penal cuando de la tramitación de las quejas de que conoce se desprendiere la comisión de posibles hechos delictuosos".

En el artículo 8° se determinan las funciones del Director del Departamento de Vigilancia de la Rama Jurisdiccional, en lo tocante al registro del personal, investigación de las quejas, fiscalización del movimiento de fondos y depósitos de los juzgados, examen de las actas de visita, control de las cauciones prestadas por los jueces y expedición de certificados de buena conducta.

Los artículos 9° al 13, inclusive, detallan una minuciosa reglamentación de las atribuciones de la Dirección de Vigilancia, en relación con el registro del personal, denuncios criminales presentados, control para exigir se hagan los nombramientos en propiedad en personas idóneas y fijación de viáticos a los visitadores cuando practiquen visitas fuera de la capital.

Posteriormente se dicto la Ley 19 de 1958, sobre reforma administrativa, cuyo artículo dispuso:

"La reorganización de la Administración Pública, de acuerdo con las normas de la presente Ley, tiene por objeto asegurar mejor la coordinación' y la continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivos establecidos o que se establezcan por la ley;... evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo". (Subraya la Corte).

El artículo 18 no hace sino referirse a la facultad que corresponde al Presidente según el artículo 132 de la Constitución.

Con el fin de hacer factible la reforma administrativa por medio de decretos expedidos por el Ejecutivo, en el artículo 26 se dijo:

"Con el preciso y exclusivo objeto de que pueda dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, en cuanto ello exceda el ejercicio de la potestad reglamentaria, invístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, de acuerdo con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución, hasta el 20 de julio de 1960. Los decretos que se dicten en uso de estas facultades, serán sometidos previamente a la aprobación del Consejo de Ministros".

El Ejecutivo dictó el Decreto 1716 de 18 de julio de 1960, "por el cual se reorganiza el Ministerio de Justicia" y "en ejercicio de sus facultades legales, y de las extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958, y en desarrollo del Decreto 0550 de 1960, previo concepto del Consejo de Ministros", en el artículo l9 se dijo:

"Corresponde al Ministerio de Justicia, de conformidad con la Constitución, las leyes sobre la materia y las normas del presente Estatuto, conocer de los siguientes negocios:

"a) Velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia y prestar a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias;

"b) La vigilancia de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público".

IV

NATURALEZA DEL DECRETO 1716 DE 1960

Se ha procurado hacer una síntesis lo más completa de los dos decretos, con el fin de comparar en forma objetiva sus disposiciones, para determinar la naturaleza del. Decreto 1716 de 1960, esto es, si realmente, se trata de un decreto-ley, expedido en ejercicio de facultades extraordinarias conforme al numeral 12 del artículo 76 de la Constitución, o simplemente tiene la calidad de un acto reglamentario de las normas legales, en este caso de la Ley 68 de 1945.

El memorado Decreto 1716, respecto de su contenido, fácilmente puede catalogarse como simplemente reglamentario en relación con la vigilancia judicial, porque todas sus disposiciones no tienen otro objeto sino el de hacer operante la facultad conferida al Gobierno por la Ley 68 de 1945, mediante la organización de las distintas secciones, la distribución de sus funciones, etc., etc., todo lo cual compete al Ejecutivo dentro de la facultad normar reglamentaria prevista en el numeral 3° del artículo 120 de la Constitución, que regula la actividad del Presidente "como suprema autoridad administrativa", sin necesidad de ocurrir a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19 de 1958 sobre facultades extraordinarias en función del numeral 12 del artículo 76 de la Constitución.

Por otra parte, creado el Ministerio de Justicia por la Ley 68 de 1945, "la distribución de los negocios, según sus afinidades, dentro de los Ministerios y los Departamentos Administrativos, corresponde al Presidente de la República", según textuales palabras del inciso 2° del artículo 132 de la Constitución, que estima tales disposiciones como simplemente administrativas, pero no legislativas, porque en el primer aparte ordenó que "el número, nomenclatura y procedencia de los distintos Ministerios serán determinados por la ley".

Según lo expuesto hasta aquí resulta del todo evidente que el memorado Decreto número 1716 de 1960 tiene la calidad de reglamentario de acuerdo con las normas en él contenidas y en función con las disposiciones constitucionales antes invocadas; pero esta calidad se hace más evidente, en relación con la vigilancia jurisdiccional, si se tiene en cuenta el propio concepto o parecer de la "Comisión de Reforma Administrativa":

"El proyecto reorgánico conservaba el mismo número de Ministerios y aumentaba el de Departamentos Administrativos, creando el de Servicios Generales.

"Las innovaciones más importantes consistían en la redistribución de las funciones actualmente atendidas por los organismos de la Rama Ejecutiva dentro del mismo número de Ministerios pero mediante la supresión de algunos de los existentes y la organización de nuevos despachos, medida que se consideraba indispensable para agrupar los negocios según sus afinidades.

"No obstante, como por razones que la Comisión entendió cuando fueron, expuestas no fue posible realizar la reforma con el alcance originalmente proyectado, hubo necesidad de entrar a reajustar las propuestas iniciales buscando alcanzar los mismos objetivos perseguidos con la reforma general, conservando la misma orientación pero sin cambiar el número y nomenclatura de los Despachos Ministeriales existentes". (Subraya la Corte).

Más adelante, la citada Comisión enumera cuáles fueron las modificaciones introducidas al Ministerio de Justicia, ninguna, de las cuales atañe a la vigilancia judicial sino a las funciones relacionadas con la corrección y protección de los menores; a la dirección de los establecimientos carcelarios; a la creación de los consejos nacionales para la rehabilitación de los menores y de los presos; a la ampliación de las facultades del Departamento Jurídico para la preparación de reformas en diferentes campos del Derecho Público y Privado y a la creación de la Oficina de Estudios Criminológicos. (Pág. XXVII del informe citado).

No hubo, pues -se repite-, innovación alguna sustancial en lo que concierne a la vigilancia de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, como así se deduce sin lugar a duda alguna de la simple lectura de las disposiciones del Decreto 1716 y de las del Decreto número 0105 de 17 de enero de 1947, ambos reglamentarios de la misma materia, con tanta más razón que la Comisión de Reforma Administrativa", advirtió que no cambió "el número y nomenclatura de los Despachos Ministeriales existentes", esto es, conservó los creados por la ley con su nomenclatura o atribuciones señaladas en las respectivas leyes, como en la 68 de 1945, la cual si se considera vigente en cuanto a la creación del Ministerio de Justicia, también lo está en relación con las atribuciones o funciones adscritas al dicho Ministerio en los artículos 1° y 4° de la citada ley.

Por lo demás, la simple transcripción de las normas legales en los decretos reglamentarios es una costumbre que tiene por finalidad darles unidad y armonía, a la vez que mayor facilidad para el estudio de las normas reglamentarias sin necesidad de consultar los respectivos artículos de la ley; sin embargo, esta modalidad no puede cambiar la verdadera naturaleza del decreto, que no dejará de ser reglamentario por la reproducción de aquellos preceptos.

"En este orden de ideas -dice el Procurador el Decreto, 105 de. 1947, reglamentario de la Ley 68 de 1945, y posteriormente el Decreto 1716 de 1960, dan al Ministerio de Justicia -División de Vigilancia Judicial- las funciones de dirigir y coordinar los trabajos tendientes a velar por la pronta y eficaz administración de justicia, para lo cual el Decreto 1716 señala los medios adecuados de vigilancia y control".

En resumen, el expresado Decreto número 1716 de 1960 tiene el carácter de reglamentario de la Ley 68 de 1945, y, en consecuencia, no modificó la creación del Ministerio de Justicia ni las facultades, atribuciones o funciones adscritas a él en los artículos 19 y 49 de la citada ley, que están por lo mismo vigentes y pueden ser objeto de acusación por inconstitucionalidad.

En lo concerniente a la doctrina contenida en la sentencia proferida por la Sala Plena de la Corte el 1° de abril de 1954, citada por el Procurador General (Tomo 77, pág. 338 de la G. J.), no guarda paridad con la cuestión controvertida en este asunto, primero porque según se deja demostrado, un decreto meramente reglamentario no puede modificar la ley; y segundo, porque el Decreto número 1611 de 14 de mayo de 1948 fue acusado por falta de competencia del Ejecutivo para crear, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución, los impuestos allí enumerados, pero como posteriormente, por el artículo 27 de la Ley 90 de 1946, el Congreso invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para que elevara a la categoría de decretos-leyes varios que tenían la calidad de legislativos, entre los cuales se incluyó el Decreto número 1611 de 1948, como en efecto lo hizo en el Decreto-ley número 04133, "por el cual se adoptan como normas legales unas disposiciones", es claro que la acusación quedó sin piso o fundamento en cuanto a la discutida competencia, pues las nuevas normas (Decreto N° 04133 de 1948) tenían como base constitucional el numeral 12 del artículo 76 de la Carta, en lugar del 121 ib., que no autoriza sino la expedición de decretos legislativos de carácter puramente temporal, mientras dura el estado de sitio.

Por las razones expuestas considera la Corte que no existe en este caso sustracción de materia.

V

CONCEPTO DE FONDO DEL PROCURADOR

En la segunda parte de la vista, el Procurador General estudia los artículos constitucionales que el actor considera violados por la Ley 68 de 1945; y al efecto, desecha la infracción del artículo 55, sobré separación de las Ramas del Poder Público, porque "en opinión de la Procuraduría, el planteamiento es equivocado. En parte alguna de la ley se estatuye que esta vigilancia del Ministerio de Justicia sobre el organismo jurisdiccional envuelva potestad o facultad del Ejecutivo para privar a los Jueces de su independencia, para indicarles o imponerles el sentido de sus decisiones o para revocar, anular, desvirtuar o modificar sus providencias. Si la vigilancia judicial, por el solo hecho de ejercerse, implicara una primacía o preeminencia del vigilante sobre el vigilado, el argumento del demandante sería aplicable no solamente con respecto al Ministerio de Justicia o a cualquier otro organismo de la Rama Ejecutiva sino al Ministerio Público y a todo funcionario o entidad que no formara parte de la Rama Jurisdiccional. En esta forma, solamente los Jueces podrían controlarse y vigilarse entre sí, en caso de que la vigilancia atentara contra la independencia de las ramas del Poder Público. Pero es lo cierto que esta independencia no es absoluta, y precisamente el actor indica que la Constitución Nacional atribuye la vigilancia judicial al Ministerio Público que no es parte integrante de la Rama Jurisdiccional".

Pasa el Procurador a citar algunas disposiciones constitucionales, como el numeral 3° del artículo 119, según las cuales cree que compete al Presidente de la República la vigilancia de la Rama Jurisdicional, y al efecto discurre así:

"Para cumplir con este deber de ordenar la acusación de cualquier funcionario del orden judicial, cuando incurra en infracción de la Constitución o de las leyes o en delitos en el ejercicio de sus funciones, parece elemental que el Ejecutivo deba tener la correlativa facultad de averiguar, por medio de la correspondiente vigilancia, si ha ocurrido la infracción de las normas constitucionales o legales o si ha perpetrado el delito. No podría el Gobierno mandar acusar sin cerciorarse previamente de que hay fundamento para la acusación; y en muchas ocasiones sólo podrá establecerlo mediante el control y la vigilancia de los funcionarios, en cuyo desarrollo y ejercicio puede conocerse la infracción que ha motivado la acusación".

Para hacer un argumento semejante al expuesto, invoca el numeral 2° del artículo 120, en cuanto corresponde al Presidente, como suprema autoridad administrativa, "promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento"; y si ha de velar por su exacto cumplimiento, "ha de tener la facultad de vigilar a quienes han de obedecerlas, para cerciorarse que no las violan…", misión que, en concepto del Procurador, cumple por medio del Ministerio de Justicia según las normas contenidas en los Decretos 105 de 1947 y 1716 de 1960, reglamentarios de la Ley 68 de 1945.

Después de referirse al artículo 55 de la Constitución, según el cual "la total y absoluta independencia y aislamiento de los órganos o ramas del Poder Público ha sido sustituida por la colaboración armónica en la realización de los fines del Estado", procede al estudio de las facultades asignadas a la Procuraduría en los artículos 143 y 145 de la Constitución que estima no son privativas o exclusivas sino que pueden ser compartidas por el Ministerio de Justicia, pues dice:

"Es verdad que, de conformidad con el artículo 143, corresponde a los funcionarios del Ministerio Público supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y ciertamente, también el artículo 145 señala entre las funciones especiales del Procurador General de la Nación la de nonecuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus deberes'. Y de estas atribuciones viene haciendo uso la Procuraduría, así como ha venido cumpliendo los deberes que la ley suprema le señala, sin que haya entendido que la vigilancia judicial asignada al Ministerio de Justicia sea función privativa de dicho Ministerio, ni que se hayan quitado al Ministerio Público sus facultades y atribuciones constitucionales".

Alude a la complejidad de la administración pública y a la imposibilidad en que se halla la Procuraduría para ejercer "en forma exclusiva y privativa esa vigilancia y de control", para concluir: "Por ello, todo indica la necesidad de que, sin despojar al Ministerio Público y al Procurador General de sus funciones constitucionales, otros organismos puedan asumir, dentro de sus respectivas esferas, la vigilancia que en todos los órdenes debe ejercer el Ministerio Público".

Tampoco vé el Procurador cómo el artículo 4° de la Ley 68 de 1945 pueda violar la Constitución, por cuanto solamente se refirió a las facultades legales atribuidas a la Procuraduría, pero no a las constitucionales.

Para ratificar sus tesis, el Procurador afirma en forma escueta:"Ninguna de las obligaciones que el artículo 143 de la Constitución Nacional impone al Ministerio Público compete exclusiva y solamente a éste…"; sin embargo, debe observarse que no se trata de "obligaciones" sino de funciones que los artículos 143 y 145 de la Constitución adscriben al Procurador para determinar su competencia funcional.

En fin, el Procurador continúa en el resto de su exposición reiterando los mismos argumentos, por lo cual se hace innecesario estudiar o examinar cada uno de sus conceptos, pues todos están inspirados en la misma tesis con el objeto de terminar con la solicitud de que se declaren exequibles los artículos de la Ley 68 acusados por el actor.

VI

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1° Antes de analizar la naturaleza de las funciones que la Constitución adscribe al Procurador General, procede poner de manifiesto que, en síntesis, toda la argumentación está edificada sobre la escueta afirmación, sin demostración alguna, de que las atribuciones señaladas en los artículos 143 y 145 de la Carta, no son privativas o exclusivas de la Procuraduría, sino que, mediante una ley, puede compartirlas con otras entidades, como el Ministerio de Justicia; y luego en la interpretación del numeral 39 del artículo 119 y el 2° del artículo 120 de la Constitución, en el sentido de que corresponde al Presidente la vigilancia judicial por conducto del Ministerio de Justicia, con lo cual incide en petición de principio al dar por demostrada la competencia de tal dependencia administrativa para ejercer las dichas funciones en sustitución o a la par con la Procuraduría.

2° De acuerdo con el artículo 142 de la Carta, el Ministerio Público se ejerce bajo la suprema dirección del Gobierno por el Procurador General de la Nación, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y por los demás Fiscales que designe la ley. No discute la vista fiscal que, según el artículo 143 de la Carta, corresponde al Ministerio Público "supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos", expresión que comprende la vigilancia judicial, principio ratificado por el numeral l9 del artículo 145 ib. al imponerle al Procurador el deber de "cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus deberes"; sin embargo, en su opinión, puede compartir el ejercicio de esas facultades con el Ministerio de Justicia.

3° Las funciones que la Constitución adscribe a las Ramas del Poder Público o a organismos creados por ella son siempre privativas y exclusivas; así, no puede atribuir al Ministerio de Hacienda "la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración" que el artículo 5° de la Constitución asigna a la Contraloría; ni disponer que las funciones señaladas al Contralor en el artículo 60 ib., pasen total o parcialmente, al Ministerio de Hacienda o a cualquier otro funcionario Nada de eso le está permitido al Congreso, porque por medio de leyes ordinarias, no puede reformar la Constitución, como sucedería en todos los casos que adscribiera funciones constitucionales a empleados distintos de los señalados en la Carta, como lo hacen los artículos 1° y 4° de la Ley 68 de 1945, que asignaron al Ministerio de Justicia las funciones propias del Ministerio Público detalladas en los artículos 143 y 145 de la Carta, en cuanto atañe a la vigilancia de la Rama Jurisdiccional.

4° Cuando la Constitución organiza un determinado sistema de competencias, por ese hecho se está reservando la potestad de regular la correspondiente materia, pues que al investir de ciertas facultades a las distintas ramas del Poder Público no hace sino despojarse de poderes que primariamente pertenecen al Constituyente, para delegarlos en tales ramas, por lo cual no puede entenderse comprendidas en tal delegación las facultades que ejercita por sí mismo: es claro que si las ejerce directamente es porque las retiene. Y como, por otra parte, la distribución y atribución de funciones que a los organismos del Estado hace la Carta no es sino el desarrollo del principio, fundamental en el estado de derecho, de que éste es un sistema de competencias, y el concepto jurídico de competencia supone las ideas de limitación en el ejercicio de un poder legal, de facultad circunscrita por razón de la materia, el territorio o el funcionario que la usa, de atribución a un órgano o entidad de una cierta aptitud legal para actuar, es obvio que la determinación que de ellas hace la Constitución descarta la posibilidad de que otros órganos o entidades, a los cuáles no están atribuidas, puedan ejercerlas. Por eso son privativas y, por tanto, excluyentes.

5° Pudiera pensarse, sin embargo, que el numeral 2° del artículo 119 de la Constitución confiere al Presidente de la República una función de vigilancia del Organo Jurisdiccional, en cuanto le atribuye la de "velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia, prestando a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias y Con todo, esta norma muy claramente circunscribe la función que señala al Gobierno a proveer lo necesario "para hacer efectivas" las providencias judiciales, esto es, para hacerlas cumplir o ejecutar. El gerundio prestando desempeña en la disposición transcrita el oficio de modificar al verbo velar para denotar la manera como se ejecuta la acción que él expresa; es el gerundio que en frase adverbial tiene precisamente la función de determinar el modo de obrar, Imitándolo o circunscribiéndolo, y para ello fue colocado en la comentada oración. Y como, por lo demás, es regla de hermenéutica constitucional que las normas de la Carta son de interpretación restrictiva, no es posible ampliar el contenido de la del numeral 2° del artículo 119, porque para hacerlo sería menester suprimir toda aquella parte de ella en que limita la función del Presidente a una cierta y determinada forma de obrar.

En síntesis, no se refiere a los deberes que le incumben al Organo Judicial durante la fase de conocimiento o a la posterior ejecución, sino a la colaboración que debe prestarle el Gobierno para que lo dispuesto en las resoluciones judiciales se lleve a efecto. En otros términos, no incide el precepto en la actividad del Organo en ejercicio de sus funciones, ni, por consiguiente, da campo para investigar si las cumple satisfactoriamente. Lo concerniente a la vigilancia judicial es, pues, cuestión extraña a la regulación de la norma citada.

6° Si es cierto que el Ministerio Público se debe ejercer bajo la suprema dirección del Gobierno, no lo es menos que las funciones adscritas a aquél deben dirigirse por el conducto normal previsto en la misma Constitución, o sea, por intermedio de la Procuraduría, no del Ministerio de Justicia, porque, además de tratarse de funciones privativas, la suprema dirección está adscrita, en el primer inciso del artículo 142, al Gobierno, que lo integran el Presidente y el Ministro respectivo; de manera que la ley, bajo el pretexto de esta suprema dirección, no puede adscribir las funciones propias del Ministerio Público, como la vigilancia de la Rama Jurisdiccional, al Gobierno, menos a uno de sus elementos, como el citado Ministerio, además de que resulta contradictorio que el dirigente se convierta en dirigido mediante la apropiación de funciones que pertenecen a otro organismo, en este caso el Ministerio Público.

7° Además, el Decreto número 105 de 1947, reglamentario de la ley acusada, hace más patente la forma como se llevó a efecto, en la práctica, si no la total, sí la parcial privación de las atribuciones juntamente con el traslado de empleados de la Procuraduría al Ministerio de Justicia, según se lee en el aparte b) del artículo 5° del citado decreto; por tanto se observa, como lo admite el propio Procurador, el simultáneo ejercicio de las mismas funciones tanto por parte del Ministerio como de la Procuraduría, sin fundamento alguno en la Carta y contra todo principio técnico que prohíbe la duplicidad de funciones, según lo advierte el artículo 1° de la Ley 19 de 1958 al ordenar que la reorganización de la Administración Pública tendría como una de sus metas, "evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas".

VII

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES DE 1886

1° Corroboran los principios expuestos los antecedentes de las disposiciones constitucionales que regulan las atribuciones del Ministerio Público.

En la sesión del 24 de mayo de 1886, al discutirse el artículo 100 del proyecto de la Constitución, sobre atribuciones de la Cámara de Representantes, el señor Samper propuso una nueva: "Nombrar al Procurador General de la Nación", que sustentó en varias razones, como que tal procedimiento "no ha, producido hasta ahora ningún mal resultado, y por tanto no le encuentro objeto alguno a la innovación".

Además, agregó el señor Samper, la Cámara de Representantes es la cabeza del Ministerio Público y, por tanto, nada más natural que ella haga el nombramiento, pues si lo hace el Presidente, "…tendríamos un Ministerio Público con dos cabezas: la Cámara y el Poder Ejecutivo que haría el nombramiento del Procurador; del mismo empleado que debe acusarlo en los casos que prescriba la ley.

"Esta es una dislocación del Ministerio Público, enteramente ilógica e innecesaria. También hay que tener en cuenta que el nombrado estaría sujeto a influencias de la misma autoridad de quien recibe el nombramiento, y esto no deja de tener en el presente caso graves inconvenientes. Prefiero un Procurador General que tenga la necesaria independencia".

El señor M. A. Caro para oponerse a la iniciativa del señor Samper, dijo:

"Entiendo, señor Presidente, y procuraré brevísimamente poner de manifiesto que el sistema propuesto por la Comisión en el proyecto que se discute, es razonable por ser armónico, y que el sistema adoptado por anteriores Constituciones nuestras, que es el que -ahora aspira a reproducir aquí el honorable señor Samper, no debe llamarse sistema sino confusión de procedimientos.

"Ya traté de explicar, anteayer, tratándose del derecho de gracia, cómo y por qué el Presidente de la República es cabeza del Poder Judicial, y en qué se funda el título que tiene para nombrar los Ministros de los Tribunales de Justicia. Pero basta aquí a mi propósito hacer notar que, por derecho consagrado en todas las Constituciones y de todos conocido, corresponde al Presidente de la República 'velar porque en todo el territorio se administre pronta y entera justicia por los encargados de administrarla'.

"¿Y cómo, por qué medio ejerce el Presidente esta atribución y cumple con este deber Por medio de los funcionarios del Ministerio Público o Ministerio Fiscal. Si él Presidente no nombra y separa libremente estos funcionarios intermedios, si no dispone libremente de este instrumento de ejecución, mal podrá hacer que se administre fiel y cumplidamente justicia en la República".

El señor Ospina Camacho también intervino en el debate, con estas observaciones:

''El Ministerio Público no es otra cosa que un orden de Magistrados encargados de la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado, y debe hacer efectiva la responsabilidad en que incurran los empleados públicos ya por omisión, ya por abuso en el ejercicio de sus funciones; o lo que es lo mismo, el Ministerio Público es uno de los medios establecidos por el Legislador para invigilar la estricta aplicación de las leyes".

Del párrafo transcrito se deduce que el ilustre constituyente entiende que las atribuciones del Ministerio Público, señaladas en el Estatuto Constitucional, son privativas de este "orden de Magistrados", sin que sufra mengua porque esté bajo la dirección del Gobierno, ni su nombramiento lo hubiere hecho libremente el Presidente de la República, bajo la vigencia de los primitivos postulados de la Constitución de 1886.

Cabe observar : si cuando el Presidente tenía la calidad de "cabeza del Poder Judicial", el velar por la pronta y entera administración de justicia, debía llevarse a efecto por conducto del Ministerio Público, a fortiori ocurrirá hoy otro tanto si se tiene en cuenta que posteriores enmiendas constitucionales han suprimido ciertas atribuciones antes ejercidas por el Presidente, para dar paso a un principio más democrático como el consagrado en el artículo 55 de la Constitución y en las disposiciones concordantes.

Conviene destacar que, cualquiera que fuese la opinión del señor Caro como Jefe de la Rama Ejecutiva respecto de las facultades del Presidente de la República en lo atinente a la vigilancia del Organo Jurisdiccional, su criterio como constituyente fue, como resulta de sus intervenciones en los respectivos debates, que tal atribución no podía ser ejercida sino por conducto del Procurador General de la Nación.

2° Normas constitucionales vigentes. Hasta el año de 1945, no obstante las sustanciales reformas de los años de 1910 y de 1936, las normas comentadas sobre atribuciones del Ministerio Público y sus relaciones con la Rama Ejecutiva, permanecieron vigentes en sus principios básicos; mas no sucedió lo propio con la del año de 1945, como pasa a verse en las siguientes disposiciones:

"Artículo 102. Son atribuciones especiales de la Cámara de Representantes:

"1° Elegir al Procurador General de la Nación, de terna presentada por el Presidente de la República En armonía con la norma transcrita, el artículo 119 dispone;

"Corresponde al Presidente de la República, en relación con la Administración de Justicia;

"1° Enviar a la Cámara de Representantes una terna para la elección de Procurador General de la, Nación, y nombrar a los Fiscales de los Tribunales, de listas presentadas por él Procurador General de la Nación".

En el artículo 142 se ordena;

"El Ministerio Público será ejercido bajo la suprema dirección del Gobierno, por un Procurador General de la Nación, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y por los demás Fiscales que designe la ley.

"La Cámara de Representantes tiene determinadas funciones fiscales

"Los funcionarios del Ministerio Público tendrán la misma categoría, remuneración, privilegios y prestaciones que los Magistrados y Jueces ante quienes ejercen su cargo. (Artículo 44 del Acto legislativo número 1 de 1945)".

Si se examinan en conjunto las disposiciones transcritas, fácilmente puede observarse una evolución en cuanto concierne a las relaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, en el sentido de garantizar la independencia de este último organismo.

En la exposición de motivos que se acompañó a la reforma constitucional, por iniciativa del Gobierno Nacional en el año de 1944, que luego llegó a ser el Acto legislativo número 1 de 1945, se lee:

"El Procurador General de la Nación ejerce atribuciones de vigilante y fiscal de los funcionarios públicos, y ha de acusar ante el Congreso y la Corte, a los más altos. Esta función se opone, en parte, con su actual origen, que es el Presidente. La Cámara de Representantes, que ejerce determinadas funciones fiscales, debería intervenir en la elección de Procurador, aunque él Ministerio Público se ejerza bajo la suprema dirección del Gobierno, lo cual no es incompatible con su origen parlamentario".(Archivo del Congreso, pág. 107 de los Antecedentes del A. L. N° 1° de 1945).

Como puede deducirse del aparte copiado, el Ministerio Público ejerce atribuciones de vigilante y fiscal de los funcionarios oficiales, es decir, de todos los funcionarios incluyendo a los que integran la Rama Jurisdiccional; y así como no podría adscribirse, mediante una ley al Ministerio de Gobierno o al de Justicia la función de vigilar y fiscalizar "a los más altos" empleados de la República de la Rama Administrativa, tampoco puede hacer lo propio en relación con la jurisdiccional para atribuirla, como hasta ahora, al Ministerio de Justicia, porque la función de vigilancia y fiscalización quecorresponde al Ministerio Público es indivisible en sí misma, independiente de los empleados o de las personas que sean objeto de su actividad fiscalizadora.

En la página 212 de los antecedentes del Acto legislativo de 1945, se halla el siguiente concepto de la Comisión que estudió, para segundo debate, el proyecto respectivo:

"La organización del Ministerio Público se transforma totalmente mediante una serie de preceptos encaminados a obtener la unidad de acción y la necesaria jerarquía que debe existir entre los funcionarios de diverso grado que componen aquel cuerpo…"

La reforma constitucional del año de 1945, lejos de hacer del Ministerio Público una dependencia del Ejecutivo o una oficina dependiente del Ministerio de Justicia con empleados en "comisión", dictó las normas necesarias para asegurarle su independencia en el ejercicio de sus atribuciones propias, que no puede compartir con la Rama Administrativa ni menos ser despojado de ellas.

En conclusión, no puede remitirse a duda que el artículo primero y el cuarto de la Ley 68 de 1945, posterior al acto reformatorio de la Constitución de aquel año, violan los artículos 143 y 145, en la forma que se determina en la parte resolutiva de este fallo,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena y en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 214 de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Primero. Es inexequible el artículo primero de la Ley 68 de 1945 en cuanto confirió al Ministerio de Justicia "la vigilancia y control del funcionamiento del Organo Judicial", atribuciones inherentes al Ministerio Público.

Segundo. Es, asimismo, inexequible el artículo cuarto de la citada Ley 68 de 1945, en cuanto reputa como meramente legal la función que corresponde al Ministerio Público en relación con la vigilancia y fiscalización de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, atribución que la Constitución le asigna al dicho Organismo en forma privativa y exclusiva.

Comuníquese al Presidente de la República, a los Ministros de Gobierno y de Justicia para los fines consiguientes.

Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente, previas las formalidades legales.

Samuel Barrientos Restrepo, Adán Arriaga Andrade, Ramiro Araújo Grau, con salvamento de voto, Humberto Barrera Domínguez, Luis Alberto Bravo, con salvamento de voto, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José Hernández Arbeláez, con salvamento de voto, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes A., Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Gustavo Rendón Gaviria, José Joaquín Rodríguez, Julio Roncallo Acosta, Julián Uribe Cadavid, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L., Secretario,

SALVAMENTO DE VOTO

del Magistrado doctor huís Alberto Bravo.

Al discutirse el proyecto de sentencia del señor Magistrado doctor Osejo Peña, tuve oportunidad de expresar y sustentar la convicción que profeso de que la facultad de velar porque se administre pronta y cumplida justicia, distinta a la de prestar a los jueces el auxilio necesario para hacer efectivas sus providencias (C. N., 119, 2°) puede llevarla a cabo el Presidente de la República, ya sea por conducto del Procurador General de la Nación o bien por el de un Ministro del Despacho Ejecutivo, conforme lo determine la Ley. Recién expedida la Constitución de 1886 (119, 49) de donde se tomó el texto de la norma actual, y una vez establecido, mediante la Ley 13 de 1890, el Ministerio de Justicia, que subsistió hasta 1894, se atribuyó a éste, por él Decreto 130 de 1892, "lo relativo a la suprema inspección judicial" Luego correspondió esa misión al Ministerio de Gobierno (Ley 40 de ' 1907, artículo 175; Ley 105 de 1931, artículo 185 y Decreto 190 de 1934). Más tarde, creado nuevamente el Ministerio de Justicia en virtud de la Ley 68 de 1945, se le confió la vigilancia de la Rama Jurisdiccional, función que ha venido ejerciendo hasta la fecha, sin que, por otra parte, háyase efectuado un cambio de trascendencia en la estructura funcional del Ministerio Público. Puede decirse que la primera medida de carácter legal tendiente a trasladar al organismo fiscal dicha vigilancia en su totalidad, es la que aparece consignada en el Decreto 1698 del presente año, dictado en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional por la Ley 27 de 1963, que, en lo pertinente, entrará a regir el l9 de julio de 1965, como lo ha dispuesto el propio Gobierno.

Son éstas, en síntesis, las consideraciones que me han llevado a disentir, con el debido respeto, del criterio acogido por la mayoría de la Sala, según el cual la vigilancia judicial pertenece "en forma privativa y exclusiva" al Ministerio Público.

SALVAMENTO DE VOTO

del Magistrado doctor José Hernández Arbeláez.

1. Por imperativo de la Carta incumbe de manera sustancial y privativa al Presidente de la República la vigilancia de la administración de justicia:

a) Porque con precisión específica el artículo 119 le asigna el deber de "velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia, prestando a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias";

b) Porque si por el artículo 145 corresponde al Procurador en forma genérica '' cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus deberes", no puede perderse de vista que de acuerdo con el artículo 142 "el Ministerio Público será ejercido bajo la suprema dirección del Gobierno por un Procurador General de la Nación…";

c) Y porque es obvio, además, que según el artículo 57 el Gobierno está constituido por el Presidente de la República y el Ministro del ramo, en su caso.

2. No puede remitirse a duda que la tarea de "velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia" es la función subordinante para el logro de la ostensible finalidad que la norma persigue con respecto a la actividad jurisdiccional, y no meramente la escueta y muy limitada de prestar los auxilios necesarios a los jueces para hacer efectivas sus providencias. Pues nada valdría para alcanzar justicia pronta y oportuna en toda la República el simple papel de auxiliar a los funcionarios judiciales para hacer cumplir sus providencias tardías e incumplidas, y por lo mismo de eficacia recortada o nugatoria.

Esto parecería significar que cualquiera sea el uso gramatical del gerundio incluido en el texto, cuestión a que atiende la Academia de la

Lengua para dar "limpieza, fijeza y esplendor" al idioma, en el campo jurídico no es admisible que se frustre la finalidad notoria y sustantiva de la norma por ningún género de interpretaciones aferradas a la gramática.

3. Si está a la vista que tanto la vigilancia por la administración de justicia pronta y cumplida, como el cuidado ,de que todos los funcionarios al servicio de la Nación despachen bien sus deberes, son atributos que la Constitución otorga e impone al Gobierno, lo primero .directamente por el artículo 119, y lo segundo por el artículo 142 como, supremo director del Ministerio Público, nunca habrá claridad mayor que el entendimiento de ser cuestión meramente instrumental y administrativa la que procure determinar el mejor modo de conseguir el cumplimiento satisfactorio del fin constitucional antedicho. Y puesto que dentro de la organización del Estado de derecho, la ley desarrolla los principios cardinales sentados en la Carta para asegurar la convivencia pacífica, la grandeza y libertad de los pueblos, no parecerá extraño encontrar instituciones fundamentales de flexibilidad suficiente a satisfacer las cambiantes necesidades de la Nación, sin requerir cambio de las reglas básicas. O sea que, sin contradecir la Constitución, la ley está en capacidad de disponer que la vigilancia judicial se ejerza por el Ministerio de Justicia o por la Procuraduría de la Nación, porque ninguna de las dos formas de actividad opcional quebranta lo ordenado por el constituyente: en la una o en la otra el Presidente cumple el deber privativo de velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia.

4. Lo genérico no borra lo específico. Si la ley manda que la vigilancia judicial vaya a cargo del Ministerio Público, no está en conflicto con la Carta sino en armonía con la facultad que bajo la suprema dirección del Gobierno ha de ejercer el Procurador de la Nación sobre los Jueces, dentro del contenido genérico de funcionarios públicos al servicio de la Nación (145, 1°). Y si ordena la ley que la vigilancia judicial se cumpla por el Ministerio de Justicia, es asimismo exequible, por la potísima razón de que entonces el deber atribuido en forma especial al Presidente de la República, de velar por la pronta y cumplida justicia (119), se satisface directamente por el Gobierno, sin contradicción posible con la actividad genérica del Procurador, desde luego que la especie no pugna con el género, aunque se la tome aparte por razones de procedimiento.

Es así como en ninguna de las dos hipótesis de regulación por el legislador de la vigilancia judicial tendría base plausible la inexequibilidad. Por ello, respetuosamente, salvo mi voto en la sentencia que antecede.

Fecha ut supra.

Me adhiero en lo sustancial, Ramiro Araújo Grau.