300Corte SupremaCorte Suprema30030005091Arturo C. Posada196426/02/1964Arturo C. Posada_1964_26/02/196430005091INEXEQUIBILIDAD DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 2°. DEL DECRETO LEGISLATIVO N°. 2770 DE 23 DE OCTUBRE DE 1.953, EN CUANTO FORMA PARTE DE LA LEY 141 DE 1.961, QUE LE DIO CARACTER DE LEY A DICHO DECRETO. ACUSACION DE DECRETOS LEGISLATIVOS ADOPTADOS. 1. La demando de inconstitucionalidad de los decretos legislativos adoptados como leyes por el artículo 1°. de la ley 141 de 1.961, debe comprender también esta Ley, en la cual quedaron incorporados. 2. Garantías básicas del derecho de propiedad consagradas por la Constitución. La expropiación requiere en todo caso sentencia judicial. El inciso acusado constituye una flagrante violación del artículo 30 de la Carta. 1. La Corte en fallo por el cual declaró exequible el artículo lo. de la ley 2a. de 1,958, consideró que los decretos dictados a partir del 9 de noviembre de 1.949, con invocación del artículo 121 de la Constitución Nacional, quedaron elevados á normas legales por virtud de dicha ley, y que en ésta quedó incorporado el texto de tales decretos. Por las leyes 105 de 1.959 y 79 de 1.960, la vigencia de la ley 2a. se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1.961. Finalmente, la ley 141 de 1.961 dispuso: "Artículo lo. Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el 9 de noviembre de 1.949-hasta el 20 de julio 'de 1.958, en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores", De modo que, adoptados los decretos como leyes indefinidamente por mandato del artículo lo. de la ley 141 de 1.961, hoy son parte de esa ley, y, conforme a repetida doctrina de la Corte, la demanda de inconstitucionalidad de aquéllos debe*comprender también la ley, en la cual quedaron incorporados. 2. Para mejor comprender el alcance de la demanda, debe anotarse que el artículo 1 o. del Decreto 2770 de 1.953 fija la anchura "mínima de las carreteras nacionales. El primer inciso del artículo 2°. dispone que en la construcción, ensanche y variantes de la misma "se reconocerá a los propietarios el valor de los terrenos que sea necesario adquirir para las zonas, se moverán las cercas reconstruyéndolas a "cargo de la obra y se repondrán o indemnizarán previamente los perjuicios que se hayan ocasionado". Y el inciso acusado, en compensación del beneficio que los predios reciben con aquellas obras, establece "un gravamen sobre los inmuebles de que hagan parte las zonas necesarias por las carreteras, igual al valor de la zona ocupada en cada propiedad". El artículo 30 de la Carta consagra como garantías básicas del derecho de propiedad: lo. La de la irretroactividad de la ley, en virtud de la cual aquel derecho y los demás adquiridos con justo título no pueden ser desconocidos por ley posterior, garantía en la cual se basa el atributo de la perpetuidad de la propiedad. 2o. Por razón del interés o utilidad pública, definidos previamente en la, ley, el constituyente autoriza la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, esto es, que no interviniendo la voluntad del dueño* no puede ser privado de sus bienes sino cumpliéndose estas condiciones; y 3o. Para los casos en que las obras realizadas puedan traer una valorización al resto de los inmútales donde ellas se construyen equivalente al valor de las zonas ocupadas, añadió, como evento verdaderamente excepcional, el de que la apropiación sin indemnización se establezca mediante una ley aprobada hoy por el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de una y otra cámara (art. 3o. del plebiscito). Pero ambos casos de expropiación necesitan de la sentencia judicial, para que pueda efectuarse el traslado del dominio del particular al Estado o a las entidades en favor de los cuales se decreta, y para que, siendo el evento, en ella se fije el valor de lo expropiado o indemnización. El inciso acusado, al establecer un gravamen equivalente al valor de las zonas ocupadas por la reconstrucción y ensanche de carreteras, constituye una flagrante violación del artículo 30 de la Carta, en cuanto que prácticamente expropia sin la sentencia judicial y sin la indemnización previa. Con tanto mayor razón cuanto que el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto enjuiciado dispone reconocer a los propietarios el valor de 1° terrenos que sea necesario adquirir, e indemnizarles previamente los perjuicios que se les hayan ocasionado, pero al reclamar el valor del terreno en juicio, se le opondría la excepción de compensación estatuida en el inciso acusado, y sé consumaría así una expropiación sin indemnización y sin las formalidades del juicio, ya que el adelantarlo sería completamente inútil.* La Corte, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 5o. del mismo decreto 2770, que consagró un gravamen equivalente al valor de los terrenos ocupados para la construcción del ferrocarril del Magdalena como compensación del beneficio que dicha obra implicaba para los inmuebles que atraviesa, dijo: "El artículo 5o. del Decreto viola el artículo 30 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada, la que conculca por el medio evidente de tener como indemnizados a los propietarios por la privación de sus tierras con el beneficio que puedan derivar de la ocupación de las mismas. "En efecto, en uno de los incisos del texto citado se establece que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, puede haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. "Ahora bien, no puede afirmarse que en todo caso el valor de las zonas ocupadas por la vía se compense matemáticamente con el solo paso del ferrocarril por las tierras aledañas» ocurrencias habrá en que la tierra valga más que el beneficio, como habrá otras en que el beneficio sea superior al precio de la tierra, pero será verdaderamente fenomenal la la de una perfecta equivalencia entre el daño y el beneficio". (Gaceta Judicial, LXXXI, 574). En confirmación de estas razones citó la Corte las sentencias de 4 de noviembre de 1.927 sobre inexequibilidad del artículo 2o. de la ley 34 de 1.920, como también la de fecha 10 de agosto de 1.954 mediante la cual se declaró inexequible el artículo lo. del Decreto 2460 Bis. (Gaceta Judicial, XXXIV, 114; LXXV1I, 328;. Infiérase también aquí que, estableciendo la norma enjuiciada una compensación entre el valor del terreno ocupado por la construcción y ensanche de carreteras y el beneficio que los inmuebles reciben con éstas, no habría lugar a establecer en concreto los perjuicios sufridos por el dueño de aquéllos, como lo manda el artículo 30 de la Carta, ni tendría objeto el juicio al respecto, porque nada habría que demostrar en él por parte del dueño del terreno segregado, lo cual implica también una infracción del mismo artículo 30 que no autoriza expropiación sino mediante sentencia judicial y del artí culo 26 ibidem que no permite condenar a nadie sino mediante las formas propias de cada Juicio. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Bogotá, febrero veintiséis de mil novecientos sesenta y* cuatro. (Magistrado Ponente: Dr. Arturo C. Posada). 1964
Cesar Castro PerdomoDemanda de inexequibilidad contra el inciso 2 del art. 2 del Decreto 2770 de 1953Identificadores30030005092true77132Versión original30005092Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el inciso 2 del art. 2 del Decreto 2770 de 1953


INEXEQUIBILIDAD DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 2°. DEL DECRETO LEGISLATIVO N°. 2770 DE 23 DE OCTUBRE DE 1.953, EN CUANTO FORMA PARTE DE LA LEY 141 DE 1.961, QUE LE DIO CARACTER DE LEY A DICHO DECRETO. ACUSACION DE DECRETOS LEGISLATIVOS ADOPTADOS.

1. La demando de inconstitucionalidad de los decretos legislativos adoptados como leyes por el artículo 1°. de la ley 141 de 1.961, debe comprender también esta Ley, en la cual quedaron incorporados. 2. Garantías básicas del derecho de propiedad consagradas por la Constitución. La expropiación requiere en todo caso sentencia judicial. El inciso acusado constituye una flagrante violación del artículo 30 de la Carta.

1. La Corte en fallo por el cual declaró exequible el artículo lo. de la ley 2a. de 1,958, consideró que los decretos dictados a partir del 9 de noviembre de 1.949, con invocación del artículo 121 de la Constitución Nacional, quedaron elevados á normas legales por virtud de dicha ley, y que en ésta quedó incorporado el texto de tales decretos.

Por las leyes 105 de 1.959 y 79 de 1.960, la vigencia de la ley 2a. se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1.961.

Finalmente, la ley 141 de 1.961 dispuso: "Artículo lo. Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el 9 de noviembre de 1.949-hasta el 20 de julio 'de 1.958, en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores",

De modo que, adoptados los decretos como leyes indefinidamente por mandato del artículo lo. de la ley 141 de 1.961, hoy son parte de esa ley, y, conforme a repetida doctrina de la Corte, la demanda de inconstitucionalidad de aquéllos debe*comprender también la ley, en la cual quedaron incorporados.

2. Para mejor comprender el alcance de la demanda, debe anotarse que el artículo 1 o. del Decreto 2770 de 1.953 fija la anchura

"mínima de las carreteras nacionales. El primer inciso del artículo 2°. dispone que en la construcción, ensanche y variantes de la misma "se reconocerá a los propietarios el valor de los terrenos que sea necesario adquirir para las zonas, se moverán las cercas reconstruyéndolas a "cargo de la obra y se repondrán o indemnizarán previamente los perjuicios que se hayan ocasionado". Y el inciso acusado, en compensación del beneficio que los predios reciben con aquellas obras, establece "un gravamen sobre los inmuebles de que hagan parte las zonas necesarias por las carreteras, igual al valor de la zona ocupada en cada propiedad".

El artículo 30 de la Carta consagra como garantías básicas del derecho de propiedad: lo. La de la irretroactividad de la ley, en virtud de la cual aquel derecho y los demás adquiridos con justo título no pueden ser desconocidos por ley posterior, garantía en la cual se basa el atributo de la perpetuidad de la propiedad. 2o. Por razón del interés o utilidad pública, definidos previamente en la, ley, el constituyente autoriza la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, esto es, que no interviniendo la voluntad del dueño* no puede ser privado de sus bienes sino cumpliéndose estas condiciones; y 3o. Para los casos en que las obras realizadas puedan traer una valorización al resto de los inmútales donde ellas se construyen equivalente al valor de las zonas ocupadas, añadió, como evento verdaderamente excepcional, el de que la apropiación sin indemnización se establezca mediante una ley aprobada hoy por el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de una y otra cámara (art. 3o. del plebiscito). Pero ambos casos de expropiación necesitan de la sentencia judicial, para que pueda efectuarse el traslado del dominio del particular al Estado o a las entidades en favor de los cuales se decreta, y para que, siendo el evento, en ella se fije el valor de lo expropiado o indemnización.

El inciso acusado, al establecer un gravamen equivalente al valor de las zonas ocupadas por la reconstrucción y ensanche de carreteras, constituye una flagrante violación del artículo 30 de la Carta, en cuanto que prácticamente expropia sin la sentencia judicial y sin la indemnización previa. Con tanto mayor razón cuanto que el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto enjuiciado dispone reconocer a los propietarios el valor de 1° terrenos que sea necesario adquirir, e indemnizarles previamente los perjuicios que se les hayan ocasionado, pero al reclamar el valor del terreno en juicio, se le opondría la excepción de compensación estatuida en el inciso acusado, y sé consumaría así una expropiación sin indemnización y sin las formalidades del juicio, ya que el adelantarlo sería completamente inútil.*

La Corte, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 5o. del mismo decreto 2770, que consagró un gravamen equivalente al valor de los terrenos ocupados para la construcción del ferrocarril del Magdalena como compensación del beneficio que dicha obra implicaba para los inmuebles que atraviesa, dijo: "El artículo 5o. del Decreto viola el artículo 30 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada, la que conculca por el medio evidente de tener como indemnizados a los propietarios por la privación de sus tierras con el beneficio que puedan derivar de la ocupación de las mismas.

"En efecto, en uno de los incisos del texto citado se establece que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, puede haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

"Ahora bien, no puede afirmarse que en todo caso el valor de las zonas ocupadas por la vía se compense matemáticamente con el solo paso del ferrocarril por las tierras aledañas» ocurrencias habrá en que la tierra valga más que el beneficio, como habrá otras en que el beneficio sea superior al precio de la tierra, pero será verdaderamente fenomenal la la de una perfecta equivalencia entre el daño y el beneficio". (Gaceta Judicial, LXXXI, 574).

En confirmación de estas razones citó la Corte las sentencias de 4 de noviembre de 1.927 sobre inexequibilidad del artículo 2o. de la ley 34 de 1.920, como también la de fecha 10 de agosto de 1.954 mediante la cual se declaró inexequible el artículo lo. del Decreto 2460 Bis. (Gaceta Judicial, XXXIV, 114; LXXV1I, 328;.

Infiérase también aquí que, estableciendo la norma enjuiciada una compensación entre el valor del terreno ocupado por la construcción y ensanche de carreteras y el beneficio que los inmuebles reciben con éstas, no habría lugar a establecer en concreto los perjuicios sufridos por el dueño de aquéllos, como lo manda el artículo 30 de la Carta, ni tendría objeto el juicio al respecto, porque nada habría que demostrar en él por parte del dueño del terreno segregado, lo cual implica también una infracción del mismo artículo 30 que no autoriza expropiación sino mediante sentencia judicial y del artí culo 26 ibidem que no permite condenar a nadie sino mediante las formas propias de cada Juicio.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Bogotá, febrero veintiséis de mil novecientos sesenta y* cuatro.

(Magistrado Ponente: Dr. Arturo C. Posada).

El doctor César Castro Perdomo en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional "demanda la declaración de inexequibilidad del inciso 2o. del artículo 2o. del Decreto Legislativo número 2770 de 1.953 (octubre 23) prorrogado indefinidamente mediante la ley 141 de 1.961 (diciembre 16).

"El texto de las normas demandadas es el siguiente:

"Decreto 2770 de 1.953. Artículo 2o

En compensación al beneficio que reciben establécese un gravamen sobre los inmuebles de que hagan parte las zonas necesarias para las carreteras, igual al de la zona ocupada en cada propiedad".

"La ley 141 de-1.961 (diciembre 16).

"Artículo 1o. - Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el nueve (9) de diciembre de mil novecientos cuarenta .y nueve (1.949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos .cincuenta y ocho (1.958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores".

"Artículo 2o. Esta ley regirá desde su sanción".

Considera el demandante que la disposición acusada viola el artículo 30 de la Constitución Nacional, ya que por medio de ella "se dispone que el Estado Colombiano se puede apropiar, sin indemnización previa, sin acuerdo con el dueño, de las zonas necesarias para construcción de carreteras, y que sean de particulares". Agrega el libelo que no otra cosa significa lo preceptuado en la norma acusada, porque con pretexto de un beneficio concedido por la ley, que muchas veces no se produce con motivo de la construcción de una obra pública, "se ha impuesto al propietario del terreno ocupado por la Nación con motivo de la construcción de una carretera una expropiación de hecho, sin fórmula de juicio, y sin indemnización. Claro está que con ocasión de la construcción de carreteras habrá un motivo de utilidad pública, pero no es menos cierto, que la Constitución en su artículo 30 garantiza la propiedad privada, y prevé que cuando hay motivos de utilidad pública o interés social, para poderse apropiar el Estado del inmueble que necesita, debe adelantar expropiación judicial y no apelar a las vías de hecho.

Transcribe de la sentencia que tiene fecha 20 de junio de 1.955 los apartes relacionados con el alcance. de los artículos 30 y 33 de la Carta, de los cuales "se deduce que la Constitución ha querido que a nadie se puede privar de su propiedad por razones de interés público sino con intervención del poder judicial o justicia ordinaria, en el sentido de que sea ésta la que decrete el traslado de la propiedad

y la consiguiente indemnización, lo que además implica que para la Carta cualquier acción que tienda a que se respete por la administración esa propiedad privada, bien sea en forma específica o en su valor (indemnización o pago de ella) debe ser del conocimiento de la justicia".

Presentó con la demanda sendos ejemplares de los números del Diario Oficial en que están publicados el Decreto 2770 y la ley 141 de 1.961.

El señor Procurador General de la Nación descorrió el traslado de la demanda con concepto que desarrolla en dos partes.

En la demanda hay un grave error de técnica "al acusar como inconstitucional la norma contenida en el decreto 2770 de 1.953 prorrogada indefinidamente por la ley 141 de 1.961, en lugar de acusar este último estatuto en cuanto adoptó como disposición legal aquella disposición del citado decreto".

Para sustentar esta tesis, expone que en cuanto el artículo 1o. de la ley 141 de 1.961 adoptó "como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el 9 de noviembre de 1.949 hasta el 20 de julio de 1.958", dichos decretos desaparecieron del panorama jurídico colombiano"; que la norma que hoy rige es el artículo 1o. de la citada ley; y que, por lo tanto, no pueden ser acusadas de inexequibilidad por sustracción de materia las normas de aquellos decretos sino "el artículo 1o. en cuanto convirtió en ley una norma inconstitucional".

Copia el concepto que el mismo Procurador dio en la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 753 de .1.956, en el cual expone dicho pensamiento con la adición de que los decretos todos dictados por el Gobierno con fundamento en el artículo 121 de la Carta "desde 1.949 hasta 1.961" (sic) dejaron de regir desde el 31 de diciembre de 1.960 en virtud de que el decreto 20 de esta última fecha declaró restablecido el orden público en todo el territorio nacional, y "quedó vigente, en cambio, la ley 141 de 1.961", que adoptó las disposiciones de tales decretos como normas legales. Anota que así se manifiesta más

la improcedencia de la demanda de inconstitucionalidad de los decretos que han dejado de regir.

En abundamiento de razones, añade que, si el legislador pretendiera derogar una norma contenida en el decreto acusado, tendría que derogar directamente la ley 141 de 1.961 en cuanto adoptó como ley el referido decreto, y no el decreto mismo, hoy inexistente.

Para el caso de que la Corte estime que se ha demandado el artículo 1o. de la ley 141 de-1.961 en razón de que la demanda dice que el inciso 2o. (demandado) del artículo 2o. del Decreto legislativo 2770 de 1.953 fue adoptado como disposición legal por aquella ley, conceptúa el Procurador que el inciso enjuiciado viola el artículo 30 de la Constitución Nacional.

Al respecto anota que el artículo 1o. del Decreto 2770 fija la anchura mínima para las carreteras nacionales; que el 2o. dispone reconocer a los propietarios el valor de las zonas ocupadas e indemnizar previamente los perjuicios que se hayan ocasionado. Y el inciso 2o. establece en compensación de los beneficios que reciben los inmuebles, un gravamen igual al valor de las zonas ocupadas para las carreteras.

En vía de demostrar la acusación de inconstitucionalidad del inciso 2o. hace una exposición que se puede sintetizar así:

El inciso 3o. del artículo 30 de la Carta autoriza la expropiación mediante sentencia judicial y previa indemnización; y el 4o. faculta a! legislador para señalar en ley aprobada por las dos terceras partes de votos en una y otra Cámara' los casos especiales y concretos en los cuales la expropiación pueda decretarse sin indemnización. Uno y otro evento debe obedecer a motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador.

Al establecer la ley un gravamen igual al valor de la zona ocupada y como compensación del beneficio recibido por la construcción o ampliación de la carretera, se burlaría el artículo 30 de la ley fundamental, porque tal gravamen general "vendría a reemplazar la indispensable intervención de las dos Cámaras en la determinación de los casos en que, por razones de equidad, la expropiación se consuma sin indemnización.

El beneficio que recibe un inmueble por la construcción, ensanche o variante de una carretera puede ser igual, mayor o inferior al valor de la zona ocupada o expropiada. Por tal razón, el legislador no puede disponer en abstracto de ese beneficio sea igual al valor de la zona necesaria para tales obras. Al hacerlo así, se violan derechos adquiridos de los propietarios, cuando el valor de la zona sea superior al beneficio que recibe con la obra.

La forma adoptada por el Decreto 2770 prescinde de la sentencia judicial exigida por el artículo 30 de la Constitución, que tiene por objeto no sólo traspasar la propiedad sino establecer que el monto de la indemnización pueda corresponder "real y efectivamente al valor del bien expropiado u ocupado".

A pesar del gravamen que-la norma acusada establece en compensación del beneficio que recibe el inmueble de que hace parte la zona ocupada, resulta inconstitucional.

Se considera:

La Corte en fallo por el cual declaró exequible el artículo 1o. de la ley 2a. de 1.958, (consideró que los decretos dictados a partir del 9 de noviembre de 1.949), con invocación del artículo 121 de la Constitución Nacional, quedaron elevados a normas legales por virtud de dicha ley, y que en ésta quedó incorporado el texto de tales decretos.

Por las leyes 105 de 1.959 y 79 de 1.960, la vigencia de la ley 2a. se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1.961.

Finalmente, la ley 141 de 1.961 dispuso: "Artículo lo. Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1.949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1.958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores".

De modo que, adoptados los decretos como leyes indefinidamente por mandato del artículo lo. de la ley 141 de 1.961, hoy son partes de esa ley, y, conforme a repetida doctrina de la Corte, la demanda de inconstitucionalidad de aquellos debe comprender también la ley, en la cual quedaron incorporados.

Al respecto el libelo dice: "Demando ante esa Corporación la declaratoria de inexequibilidad del inciso 2o. del artículo 2o. del decreto legislativo número 2770 de 1.953 (noviembre 16)" y transcribe como demandados tanto el inciso 2o. del decreto como el artículo lo. de la ley. Lo cual permite inferir que la demanda comprende la acusación de ambos preceptos, pues distinto hubiera sido enjuiciar solamente la disposición del decreto sin referencia alguna a la norma que lo adoptó indefinidamente como ley, porque entonces sí sería manifiesto que no se había pedido la declaratoria de inconstitucionalidad sino del inciso del decreto.

Estrictamente entre demandar el inciso 2o. del artículo 2o. del decreto 2770 de 1.953, prorrogado indefinidamente por la ley 141 de 1.961, y demandar el artículo lo. de esta ley en cuanto prorrogó la vigencia , o adoptó como norma legal aquel decreto, no hay diferencia sustancial sino simplemente de forma.

Concluyese que la demanda está debidamente presentada, y que debe entrarse al fondo de ella.

Para mejor comprender el alcance de la demanda, debe anotarse que el artículo lo. del decreto 2770 de 1.953 fija la anchura mínima de las carreteras nacionales. El primer inciso del artículo 2o. dispone que en la construcción, ensanche y variantes de la misma "se reconocerá a los propietarios el valor de los terrenos que sea necesario adquirir para la zona, se moverán las cercas reconstruyéndolas a cargo de la obra y se repondrán o indemnizarán previamente los perjuicios que se hayan ocasionado". Y el inciso acusado, en compensación del beneficio que los predios reciben con aquellas obras, establece "un gravamen sobre los inmuebles de que hagan parte las zonas necesarias para las carreteras, igual al valor de la zona ocupada en cada propiedad".

El artículo 30 de la Carta consagra como garantías básicas del derecho de propiedad: lo. La de la irretroactividad de la ley, en virtud, de la cual aquel derecho y los demás adquiridos con justo título no pueden ser desconocidos por ley posterior, garantía en la cual se basa el atributo de la perpetuidad de la propiedad. 2o. Por razón del interés o utilidad pública, definidos previamente en la ley, el constituyente autoriza la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, esto es, que no interviniendo la voluntad del dueño, no puede ser privado de sus bienes sino cumpliéndose estas condiciones; y 3o. Para los casos en que las obras realizadas puedan traer una valorización al resto de los inmuebles donde ellas se construyen equivalente al valor de las zonas ocupadas, añadió como evento verdaderamente excepcional, el de que la apropiación sin indemnización se establezca mediante una ley aprobada hoy con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros d una y otra Cámara. (Art. 3o. del plebiscito) Pero ambos casos de expropiación necesitan de la sentencia judicial, para que pueda efectuarse el traslado del dominio del particular al Estado o de las entidades en favor de las cuales se decreta, y para que, siendo el evento, en ella se fije el valor, de lo expropiado o indemnización.

El inciso acusado, al establecer un gravamen equivalente al valor de las zonas ocupadas por la reconstrucción y ensanche de carreteras, constituye una flagrante violación del artículo 30 de la Carta, en cuanto que prácticamente expropia sin la sentencia judicial y sin la indemnización previa. Con tanto mayor razón cuanto que el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto enjuiciado dispone reconocer a los propietarios el valor de los terrenos que sea necesario adquirir, e indemnizarles previamente los perjuicios que se les hayan ocasionado, pero al reclamar el valor del terreno en juicio, se le opondría la excepción de compensación estatuida en el inciso acusado, y se consumaría así una expropiación sin indemnización y sin las formalidades del juicio, ya que el adelantarlo sería completamente inútil.

La Corte, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 5o. del mismo decreto 2770, que consagró un gravamen equivalente al valor de los terrenos ocupados para la construcción del ferrocarril del Magdalena como compensación del beneficio que dicha obra implicaba para los inmuebles que atraviesa, dijo: "El artículo 5o. del decreto viola el artículo 30 de la Constitución, que garantiza, la propiedad privada la que conculca por el medio evidente de tener como indemnizados

a los propietarios por la privación de sus tierras con el beneficio que puedan derivar de la ocupación de las mismas.

"En efecto, en uno de los incisos del texto citado se establece que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, puede haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

"Ahora bien, no puede afirmarse que en todo caso el valor de las zonas ocupadas por la vía se compense matemáticamente con el soló paso del ferrocarril por las tierras aledañas, ocurrencias habrá en que la tierra valga más que el beneficio, como habrá otras en que el beneficio sea superior al precio de la tierra, pero seria, verdaderamente fenomenal la de una perfecta equivalencia entre el daño y el beneficio". (Q. J. T. 81-574).

En confirmación de estas razones, la Corte cita la sentencia de 4 de noviembre de 1.927 por la cual declaró inexequible el artículo 2o. de la ley 34 de 1.920 en la parte que dice: "Los perjuicios no podrán exceder del veinte por ciento del valor de lo expropiado", en razón de que en esta materia, así como no puede hablarse de perjuicios abstractos o hipotéticos sino de los que efectivamente se han ocasionado, de la misma manera tampoco puede admitirse que con anticipación y como regla general para todos los casos se fije una vez la cuota máxima a los perjuicios porque se establecería "una norma contraria a todos los principios jurídicos que regulan esta materia de la indemnización de perjuicios y que contraria también la garantía de la plena indemnización que consagra el artículo 31 (hoy 30) de la Constitución Nacional". (G. J. T. 34-114).

También trae la sentencia de 10 de agosto de 1.954 mediante la cual se declaró inexequible el artículo 1o. del decreto 2460 bis, "que determina que el avalúo catastral debe tomarse como base única para medir el monto de las indemnizaciones" con la consideración de que debiendo indemnizársele al propietario todo el perjuicio causado con la expropiación sin pagársele más ni concedérsele menos, "si se le paga apenas el avalúo catastral de su

propiedad, se quebranta directamente la norma consagrada en el artículo 31 de la Constitución" y por qué los juicios mismos carecerían de objeto, puesto que en ellos no quedaría nada que discutir entre el Estado y el dueño de la propiedad expropiada, con trasgresión también del artículo 26 de la Carta. (T. 77 pág. 328).

Infiérase también aquí que, estableciendo la norma enjuiciada una compensación en que el valor del terreno ocupado para la construcción y ensanche de carreteras y el beneficio que los inmuebles reciben con éstas, no habría lugar a establecer en concreto los perjuicios sufridos por el dueño de aquellos, como lo manda el artículo 30 de la Carta, ni tendría objeto el juicio al respecto, porque nada habría que demostrar en él por parte del dueño del terreno segregado, lo cual implica también una infracción del mismo artículo 30 que no autoriza expropiación sino mediante sentencia judicial y del artículo 26 ibidem que no permite condenar a nadie sino mediante las formas propias de cada juicio.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, en ejercicio de la atribución constitucional que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional y oído el concepto del Señor Procurador General de la Nación declara Inexequible el inciso 2o, del artículo 2o. del Decreto No, 2770 de 23 de octubre de 1.953, en cuanto es parte de la ley 141 dé 1.961, la cual le dio el mismo carácter de ley a dicho Decreto.

Publíquese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Samuel Barrientos Restrepo, - Humberto Barrera Domínguez. - Enrique Coral Velazco. - Gustavo Fajardo Pinzón. - Enrique López de la Pava. -Efrén Osejo Peña. - Ramiro Araújo Grau. Luis Alberto Bravo. - Roberto de Zubiría - José Hernández Arbeláez. - Simón Montero Torres. - Luis Fernando Paredes- - Carlos Peláez Trujillo.-Gustavo Rendón Gaviria. - Julio Roncallo Acostó. Primitivo Vergara Crespo. - Arturo C. Posada. José Joaquín Rodríguez. - Julián Uribe Cadavid. Luis Carlos Zambrano. - Ricardo Ramírez L., Srio.