300Corte SupremaCorte Suprema30030005083Ramiro Araújo Grau196307/11/1963Ramiro Araújo Grau_1963_07/11/196330005083SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTICULO 7° DEL DECRETO-LEY 1713 DE 1960, DISPOSICION QUE REGULA LA PROFESION DE CONTADORES La disposición acusada se mantiene dentro de los límites de las autorizaciones extraordinarias. La mencionada norma no infringió el artículo 39 de la Carta, sino antes bien, hizo un legítimo desarrollo de sus disposiciones. Es verdad que el precepto constitucional garantiza a toda persona libertad para escoger profesión u oficio, pero no lo es menos que no consagra su ejercicio en términos absolutos. ES artículo 1° de la Ley 19 de 1958, sobre reforma administrativa, dispone: "La reorganización de la Administración Pública, de acuerdo con las normas de la presente ley, tiene por objeto asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivo establecidos o que se establezcan por la ley; la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados; el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos que puedan funcionar más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales; la simplificación y economía en los trámites y procedimientos; evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas, y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo". (Se ha subrayado). Ahora bien, es del todo evidente que el artículo 7| del Decreto 1713 de 1960, objeto de la acusación, tiene como clara finalidad asegurar la mejor prestación del control fiscal que compete a las Contratarías sobre los organismos oficiales sometidos a su vigilancia. Por consiguiente, dicho artículo se mantiene dentro de los límites de las autorizaciones extraordinarias de que fue investido el Gobierno por la nombrada Ley 19 de 1958. En cuanto al cargo de infracción al artículo 39 de la Carta, es suficiente considerar que si bien, como afirma el demandante, tal precepto garantiza a toda persona libertad para escoger profesión u oficio, no lo es menos que no consagra su ejercicio en términos absolutos, ya que, por una parte, confiere al legislador la facultad de exigir títulos de idoneidad y "reglamentar el ejercicio de las profesiones", y, por otra, hace posible una supervigilancia "en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas". Por consiguiente, el Gobierno, investido de manera precisa y pro tempore por el Congreso de la facultad de expedir ordenamientos con carácter legal, al establecer en el precepto acusado una limitación al ejercicio de la profesión de contadores, por un año, y circunscrita exclusivamente a aquellos establecimientos ante los cuales hubieran desempeñado funciones fiscalizadoras como empleados de una Contraloría, no infringió el artículo de la Carta en cita, sino antes bien, hizo un legítimo desarrollo de sus disposiciones. No debe perderse de vista, por lo demás, que durante el aludido amo los contadores no tendrán, por obra del artículo 7° del Decreto 1713 que sé examina, limitación alguna al desarrollo de sus actividades profesionales ante personas o entidades distintas de las allí mencionadas. En suma, el artículo acusado, regulador de la profesión de contadores, no viola norma alguna de la Constitución. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .-Bogotá, 7 de noviembre de 1963. (Magistrado ponente, doctor Ramiro Araújo Grau). 1963
Dolly Aguirre CharryDemanda de inexequibilidad contra el artículo 7 del decreto 1713 de 1960Identificadores30030005084true77125Versión original30005084Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el artículo 7 del decreto 1713 de 1960


SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTICULO 7° DEL DECRETO-LEY 1713 DE 1960, DISPOSICION QUE REGULA LA PROFESION DE CONTADORES

La disposición acusada se mantiene dentro de los límites de las autorizaciones extraordinarias. La mencionada norma no infringió el artículo 39 de la Carta, sino antes bien, hizo un legítimo desarrollo de sus disposiciones. Es verdad que el precepto constitucional garantiza a toda persona libertad para escoger profesión u oficio, pero no lo es menos que no consagra su ejercicio en términos absolutos.

ES artículo 1° de la Ley 19 de 1958, sobre reforma administrativa, dispone: "La reorganización de la Administración Pública, de acuerdo con las normas de la presente ley, tiene por objeto asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivo establecidos o que se establezcan por la ley; la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados; el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos que puedan funcionar más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales; la simplificación y economía en los trámites y procedimientos; evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas, y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo". (Se ha subrayado).

Ahora bien, es del todo evidente que el artículo 7| del Decreto 1713 de 1960, objeto de la acusación, tiene como clara finalidad asegurar la mejor prestación del control fiscal que compete a las Contratarías sobre los organismos oficiales sometidos a su vigilancia. Por consiguiente, dicho artículo se mantiene dentro de los límites de las autorizaciones extraordinarias de que fue investido el Gobierno por la nombrada Ley 19 de 1958.

En cuanto al cargo de infracción al artículo 39 de la Carta, es suficiente considerar que si bien, como afirma el demandante, tal precepto garantiza a toda persona libertad para escoger profesión u oficio, no lo es menos que no consagra su ejercicio en términos absolutos, ya que, por una parte, confiere al legislador la facultad de exigir títulos de idoneidad y "reglamentar el ejercicio de las profesiones", y, por otra, hace posible una supervigilancia "en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas". Por consiguiente, el Gobierno, investido de manera precisa y pro tempore por el Congreso de la facultad de expedir ordenamientos con carácter legal, al establecer en el precepto acusado una limitación al ejercicio de la profesión de contadores, por un año, y circunscrita exclusivamente a aquellos establecimientos ante los cuales hubieran desempeñado funciones fiscalizadoras como empleados de una Contraloría, no infringió el artículo de la Carta en cita, sino antes bien, hizo un legítimo desarrollo de sus disposiciones. No debe perderse de vista, por lo demás, que durante el aludido amo los contadores no tendrán, por obra del artículo 7° del Decreto 1713 que sé examina, limitación alguna al desarrollo de sus actividades profesionales ante personas o entidades distintas de las allí mencionadas. En suma, el artículo acusado, regulador de la profesión de contadores, no viola norma alguna de la Constitución.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, 7 de noviembre de 1963.

(Magistrado ponente, doctor Ramiro Araújo Grau).

En ejercicio de la acción pública consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional, la ciudadana Dolly Aguirre Charry ha pedido a la Corte, en demanda que satisface los requisitos legales, que se declare inexequible el artículo 7° del Decreto-ley 1713 de 1960.

El Decreto en referencia fue dictado el 18 de julio de 1960 por el Presidente de la República "en uso de sus facultades legales y de las extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958, previo concepto favorable del Consejo de Ministros".

La aludida Ley 19 de 1958, en su artículo 26, dispuso:

"Con el preciso y exclusivo objeto de que pueda dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, en cuanto ello exceda el ejercicio de la potestad reglamentaria, invístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, de acuerdo con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución, hasta el día 20 de julio de 1960. Los decretos que se dicten en uso de estas facultades serán sometidos' previamente a la aprobación del Consejo de Ministros".

El texto acusado es del siguiente tenor:

"Los funcionarios de la Contraloría General de la República, o de las Contralorías Departamentales y Municipales, que hayan ejercido el control público de entidades oficiales o semioficiales, o de empresas públicas descentralizadas, no podrán ser nombrados, ni prestar sus servicios en ellas, sino después de un año de producido su retiro del organismo fiscalizador ".

A juicio de la demandante, el citado texto viola los artículos 76 y 39 de la Carta.

Con relación a la primera violación la hace consistir en que el Gobierno se excedió en el uso de las precisas facultades recibidas del legislador, y al respecto afirma: "Las disposiciones de la Ley 19 de 1958 dicen relación a la reforma administrativa con el objeto de asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivo establecidos o que se establezcan por la ley; la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados; el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos que puedan funcionar más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales; la simplificación y economía en los trámites y procedimientos; evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo".

"Por lo tanto el artículo 7° acusado viola también el espíritu y la letra de la Ley 19 de 1958, por cuanto no contribuye a la reorganización de la Administración Pública, ni tiene por objeto asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial, ni sirve a la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados, ni mejora el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquéllos, ni evita la duplicidad de labores o funciones paralelas, ni propicia el ejercicio de un adecuado control administrativo".

"No existe ninguna razón jurídica, moral o de simple conveniencia que apoye la disposición acusada, porque un empleado de la Contraloría de la República, o de una Contraloría Departamental o Municipal, carece de toda influencia, de todo poder decisorio sobre el personal de las entidades que fiscaliza, ya que el nombramiento de aquellas personas ni se origina en él, ni puede considerarse limitado o condicionado por su voluntad en cualquier sentido".

Respecto al ataque al artículo 39 dice: "El artículo 79 acusado viola igualmente el artículo 39 de la Carta, según el cual toda persona es libre de escoger profesión u oficio, porque quien haya ejercido un cargo de control fiscal, por ejemplo Auditor del Ministerio de Gobierno, Auditor del Instituto de Fomento Tabacalero, Contralor Departamental o Contralor Municipal, y que opte por retirarse o sea separado del servicio de la Contraloría General de la República o de la Contraloría Departamental o de la Contraloría Municipal, queda incapacitado por un año para aceptar un cargo en el Ministerio de Gobierno, en el Instituto de Fomento Tabacalero, en el Departamento o en el Municipio, a pesar de que su capacidad, su preparación, su profesión u oficio, su propia vocación y todos los demás factores lo inviten o llamen al servicio en esa actividad lícita, donde nunca ha tenido la menor influencia, ni ha interferido jamás en uno u otro sentido, ni directa ni indirectamente, ni en grande ni en pequeño la marcha regular de las citadas entidades".

Al descorrer el traslado de la demanda, el señor Procurador General de la Nación dio concepto contrario a las pretensiones de la actora.

Consideraciones de la Corte:

El artículo l9 de la Ley 19 de 1958, "sobre reforma administrativa", dispone: "La reorganización de la Administración Pública, de acuerdo con las normas de la presente Ley, tiene por objeto asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivo establecidos o que se establezcan por la ley; la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados; el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos que puedan funcionar más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales; la simplificación y economía en los trámites y procedimientos; evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas, y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo" (se ha subrayado).

Ahora bien, es del te do evidente que el artículo del Decreto 1713 de 1960, objeto de la acusación, tiene como clara finalidad asegurar la mejor prestación del control fiscal que compete a las Contralorías sobre los organismos oficiales sometidos a su vigilancia. Por consiguiente, dicho artículo se mantiene dentro de los límites de las autorizaciones extraordinarias de que fue investido el Gobierno por el Congreso.

En cuanto al cargo de infracción al artículo 39 de la Carta, es suficiente considerar que si bien, como afirma la demandante, tal precepto garantiza a toda persona libertad para escoger profesión u oficio, no lo es menos que 110 consagra su ejercicio en términos absolutos, ya que, por una parte, confiere al legislador la facultad de exigir títulos de idoneidad y "reglamentar el ejercicio de las profesiones", y, por otra, hace posible una supervigilancia "en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas Por consiguiente, el Gobierno, investido de manera precisa y pro témpore por el Congreso de la facultad de expedir ordenamientos con carácter legal, al establecer en el precepto acusado' una limitación al ejercicio de la profesión de contadores, por un año, y circunscrita exclusivamente a aquellos establecimientos ante los cuales hubieran desempeñado funciones fiscalizadoras como empleados de una Contraloría, no infringió el artículo de la Carta en cita, sino antes bien, hizo un legítimo desarrollo de sus disposiciones. No debe perderse de vista, por lo demás, que durante el aludido año los contadores no tendrán, por obra del artículo 7° del Decreto 1713 que se examina, limitación alguna al desarrollo de sus actividades profesionales ante personas o entidades distintas de las allí mencionadas. En suma, el artículo acusado, regulador de la profesión de contadores, no viola norma alguna de la Constitución.

En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, en Sala Plena, en desempeño de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Declárase exequible el artículo 7° del Decreto-ley 1713 de 1960.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Gustavo Rendón. Gaviria, Ramiro Araújo Grau, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Roberto de Zuñiría, Alvaro Díaz-Granados, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R., José Hernández Arbeláez, Enrique López de la, Pava, Simón Montero Torres, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes Arboleda, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Julio Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L. Secretario.