300Corte SupremaCorte Suprema30030005051Samuel Barrientos196315/07/1963Samuel Barrientos_1963_15/07/196330005051EXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 5° DE LA LEY 1ª DE 1961, QUE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LOTERIA EXTRAORDINARIA DE PEREIRA. PRIVILEGIOS, GRACIAS Y BENEFICIOS. FOMENTO DE EMPRESAS DIGNAS DE ESTIMULO 1. No es contraria a la Constitución la norma legal acusada. - 2. Qué se entiende por privilegio. Privilegios constitucionales y privilegios inconstitucionales. Todo privilegio es una gracia, pero no toda gracia puede tenerse como privilegio. Es de la esencia del privilegio constituir una gracia o beneficio exclusivo. No serán privilegios las gracias o beneficios si no operan en forma exclusiva. La Constitución consagra por vía de fomento dos medidas distintas, la concesión de privilegios para los inventos útiles y para las vías de comunicación, de un lado; y, de otro, el otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios por vía directa o indirecta para las empresas útiles y benéficas; [artículos 31 (inciso 3) y 76 (numeral 20) de la Constitución Nacional]. 1963
Luis Carlos PérezDemanda de inexequibilidad contra el artículo 5 de la ley 1 de 1961Identificadores30030005052true77095Versión original30005052Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el artículo 5 de la ley 1 de 1961


EXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 5° DE LA LEY 1ª DE 1961, QUE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LOTERIA EXTRAORDINARIA DE PEREIRA. PRIVILEGIOS, GRACIAS Y BENEFICIOS. FOMENTO DE EMPRESAS DIGNAS DE ESTIMULO

1. No es contraria a la Constitución la norma legal acusada. - 2. Qué se entiende por privilegio. Privilegios constitucionales y privilegios inconstitucionales. Todo privilegio es una gracia, pero no toda gracia puede tenerse como privilegio. Es de la esencia del privilegio constituir una gracia o beneficio exclusivo. No serán privilegios las gracias o beneficios si no operan en forma exclusiva. La Constitución consagra por vía de fomento dos medidas distintas, la concesión de privilegios para los inventos útiles y para las vías de comunicación, de un lado; y, de otro, el otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios por vía directa o indirecta para las empresas útiles y benéficas; [artículos 31 (inciso 3) y 76 (numeral 20) de la Constitución Nacional].

1. Se pide a la Corte que declare inexequible el artículo 5 de la Ley de 1961, "por cuanto implica un privilegio en favor de un Municipio de la República, excluyendo a todos los demás distritos que podrían ser depositarios del derecho reconocido en el citado precepto".

La disposición acusada establece:

(Ley 1ª de 1961). "Artículo 5° Una vez expirado el término para los sorteos extraordinarios que la Lotería del Centenario de Pereira* pueda efectuar según la Ley 142 de 1959, tal Lotería seguirá funcionando bajo la administración de la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira, con el fin de verificar un sorteo anual extraordinario, cuyos productos líquidos serán destinados a las obras y actividades de asistencia social a su cargo. Por tanto, la citada Junta de Beneficencia puede reglamentar los sorteos anuales, con sujeción a todas las leyes y decretos vigentes sobre la materia. Los premios de tal Lotería, y a partir de 1961, quedan amparados por lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Ley, pero la retención se hará para la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira y con destino a las instituciones asistenciales a su cargo".

Considera el demandante que el artículo 5° de la Ley 1° de 1961, que se acaba de copiar, viola el contenido del artículo 31 de la Constitución Nacional, en su inciso 3°, que dice: "Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación".

Consideraciones de la Corte:

En el caso de la Lotería Centenario de Pereira, el legislador ha otorgado una facultad o un permiso a la Junta Municipal de Beneficencia de esa ciudad, para que, anualmente, verifique un sorteo, cuyos productos se destinen a fines de asistencia social.

No quiere ello decir que el mismo legislador quede impedido para otorgar a otro u otros Municipios el mismo derecho o la misma facultad. Podría hacerlo. Y el distrito de Pereira lo tendría reclamación contra tal disposición, aunque con ella se le perjudicase en sus intereses. Y no podría reclamar, porque la facultad que se le concedió no tiene el carácter de exclusividad. Así como se reconoció a los Departamentos el derecho a verificar sorteos por el sistema de las loterías, de la misma suerte podría otorgarse igual derecho a otra u otras entidades, por ejemplo a hospitales, o a Municipios.

El inciso 3° del artículo 31 de la Constitución Nacional prohíbe el otorgamiento de privilegios que no se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación. Pero el numeral 20 del artículo 76 de la Carta permite al legislador "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes". La Beneficencia de Pereira es "empresa útil y benéfica", que, desde luego, deberá someterse, en la reglamentación de los sorteos, "a todas las leyes y decretos vigentes sobre la materia", tal como lo ordena la misma disposición acusada. Y los productos o beneficios se invertirán en el sostenimiento de las instituciones asistenciales a su cargo. Con lo cual se está dando cumplimiento a lo mandado ''en la parte final del numeral 20 del artículo 76 citado.

Como indica el señor Procurador, "la Constitución, con la finalidad de propender por el desarrollo económico del país, consagra por vía de fomento dos medidas distintas: la concesión de privilegios para los inventos útiles y para las vías de comunicación, de un lado; y, de otro, el otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios por vía directa o indirecta para las empresas útiles o benéficas".

No es, por tanto, contraria a la Constitución la norma legal acusada.

Resolución. Es exequible el artículo 5° de la Ley 1ª de 1961.

2. "El privilegio -ha expresado la Corte siguiendo la definición de la Academia- es gracia o prerrogativa que concede el superior, exceptuando o libertando a uno de una carga o gravamen, o concediéndole una exención de que no gozan otros; o también la disposición legal por la cual se otorga a una sola persona -física o moral- un derecho especial, distinto del que confiere la ley común y más o menos permanente".

Se ha dicho con mejor exactitud que existe privilegio cuando a una persona o entidad se da el derecho de aprovechar exclusivamente, por un tiempo determinado, una producción o un procedimiento industrial o científico, no conocidos o no usados antes. En este sentido, cuando se concede una patente de invención, se está otorgando un privilegio, pues la persona que la recibe adquiere el derecho de explotar el invento por tiempo determinado y con exclusión de cualquiera otra persona o entidad. Be la misma suerte, cuando al constructor de una vía pública se da el derecho de explotarla exclusivamente, por un lapso determinado, se está concediendo un privilegio. Es decir, hay privilegio cuando el beneficio otorgado tiende a "desalojar a los demás del simple derecho de brindar su capacidad de trabajo".

Dos clases de privilegios se han señalado: los constitucionales, o sea aquellos que se refieren a "inventos útiles o a vías de comunicación". Y los inconstitucionales, que serían aquellos que se concedieran para otros fines, beneficios exclusivos en favor de persona determinada y por tiempo también determinado. De los primeros son los ejemplos antes vistos; de los segundos podría señalarse la concesión que se hiciera para la explotación de cualquier servicio público, con exclusión de toda otra persona o entidad, como dar ' una persona natural o jurídica la facultad exclusiva de establecer mercados de víveres.

Todo privilegio es, como se ve, una gracia. Pero no toda gracia puede tenerse como privilegio. El legislador, con él ánimo de obtener ventajas para la comunidad, suele conceder a personas y entidades gracias o beneficios, que no serán privilegios, en sentido jurídico, por no operar en forma exclusiva, ya que el mismo legislador conserva la facultad de extenderlos, sin que a la persona primeramente beneficiada pueda considerársela ofendida o perjudicada por este motivo. Así a una empresa de beneficio común se puede eximir del pago de impuestos o gravámenes, pero no quiere decir ello que a otras empresas igualmente benéficas no se pueda otorgar igual estímulo o beneficio.

Con el privilegio se favorece a una persona -natural o jurídica- con exclusión de otra cualquiera; la gracia puede referirse a una persona o a muchas, pues no tiene la característica de exclusividad.

"Resalta de lo dicho que es de la esencia del privilegio constituir una gracia o beneficio exclusivo, que la administración posee y que tiene en sus manos otorgar. Viene a ser un atributo extraordinario o inherente a la existencia y a la misión del Estado, con miras predominantes al beneficio colectivo, y que el Poder Público puede ejercer directamente o por interpuesta persona, pero siempre en persecución del interés social y dentro de la órbita señalada por el derecho político de la Nación". (Gaceta Judicial, XLVI, 296).

El inciso 3° del artículo 31 de la Constitución Nacional prohíbe el otorgamiento de privilegios que no se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación. Pero el numeral 20 del artículo 76 de la Carta permite al legislador "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes".

Como indica el señor Procurador, 'la Constitución, con la finalidad de propender por el desarrollo económico del país, consagra por vía de fomento dos medidas distintas, la concesión de privilegios para les inventos útiles y para las vías de comunicación, de un lado, y, de otro, el otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios por vía directa o indirecta para las empresas útiles y benéficas. Si se pensara que todo estímulo que beneficie directamente a una entidad, es privilegio vedado por la Constitución, jamás podría tener aplicación el fomento de las empresas útiles a que alude el numeral 20 del artículo 76 de la Carta".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, julio quince de mil novecientos sesenta y tres.

(Magistrado ponente, doctor Samuel Barrientos Restrepo).

Vistos:

El doctor Luis Carlos Pérez, "obrando en ejercicio de la acción pública que consagran los artículos 214 de la Constitución Nacional y 30 del Código Judicial", pide a la Corte que, previa audiencia del señor Procurador General de la Nación y siguiendo el procedimiento de la Ley 96 de 1936, declare que es inexequible el artículo 5° de la Ley 1ª de 1961, "por cuanto implica un privilegio en favor de un Municipio de la República, excluyendo a todos los demás distritos que podrían ser depositarios del derecho reconocido en el citado precepto", y que, en consecuencia,

''queda sin efecto la autorización concedida para que el Municipio de Pereira siga verificando a perpetuidad sorteos anuales de la lotería que establece el citado artículo 5° de la Ley 1ª de 1961

La norma acusada.

La disposición acusada establece:

(Ley 1a de 1961). "Artículo 5° Una vez expirado el término para los sorteos extraordinarios que la 'Lotería del Centenario de Pereira* pueda efectuar, según la Ley 142 de 1959, tal Lotería seguirá funcionando bajo la administración de la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira, con el fin de verificar un sorteo anual extraordinario, cuyos productos líquidos serán destinados a las obras y actividades de asistencia social a su cargo. Por tanto, la citada Junta de Beneficencia^ puede reglamentar los sorteos anuales, con sujeción a todas las leyes y decretos vigentes sobre la materia. Los premios de tal Lotería y a partir de 1961, quedan amparados por lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Ley, pero la retención se hará para la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira y con destino a las instituciones asistenciales a su cargo".

Razones de la demanda.

Considera el demandante que el artículo 5° de la Ley 1ª de 1961, que se acaba de copiar, viola el contenido del artículo 31 de la Constitución Nacional, en su inciso 3°, que dice:

"Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación"

Estas son sus razones: que el artículo 5° de la Ley 1ª de 1961 otorga un privilegio en favor del Municipio de Pereira, ya que los demás. Municipios del país no están autorizados para hacer tales sorteos; que los privilegios sólo pueden ser concedidos cuando se refieren a inventos útiles y a vías de comunicación; que el precepto acusado "no busca estimular algún mecanismo nuevo para la producción social ni para la cultura en ninguna de sus manifestaciones, ni para la defensa nacional, ni para el progreso o la seguridad de las personas", ni se refiere a vías públicas, y sí, en cambio, autoriza el funcionamiento de un juego de lotería, sistema bien conocido; que con la disposición comentada se "viola el principio de la igualdad ante la ley, que reconoce el artículo 31 de la Carta"; que el Municipio de Pereira ha sido colocado en mejor situación que los otros distritos del país; que el beneficio otorgado a Pereira por la Ley 142 de 1959 tuvo carácter temporal, y el que se le conceda ahora por el artículo 5® de la Ley 1ª de 1961 es de carácter permanente; que la Ley 64 de 1923 "estableció el monopolio con sentido general y amplio para todos los Departamentos, y por eso la Corte Suprema de Justicia la declaró exequible en su totalidad, cuando fueron acusados como inconstitucionales algunos de sus preceptos"; y, finalmente, que la disposición acusada "no tiene ese sentido general, sino uno muy particular, que es en lo que reside su inconstitucionalidad ".

En apoyo de sus tesis trae el demandante algunas doctrinas de la Corte, que definen el privilegio y señalan las características especiales del mismo.

Concepto de la Procuraduría.

Al descorrer el traslado, el señor Procurador General de la Nación se opone a la declaratoria de inexequibilidad solicitada, porque considera que el artículo 5° de la Ley 1^ de 1961 no otorga privilegio de ninguna clase al Municipio de Pereira, y en cambio, siguiendo el precepto del artículo 76, ordinal 20 de la Constitución Nacional, se propone "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes".

Hace el funcionario "la diferencia entre la gracia, el auxilio o el estímulo, viable de conformidad con el ordinal 20 del artículo 76, y el privilegio". Este -dice- implica exclusividad. "Si se pensara que todo estímulo, que beneficie directamente a una entidad, es privilegio vedado por la Constitución, jamás podría tener aplicación el fomento de las empresas útiles a que alude el numeral 20 del artículo 76 de la Carta".

Consideraciones de la Corte.

El problema planteado puede presentarse en estos términos:

Al permitir el legislador que la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira verifique un sorteo anual extraordinario de la Lotería Centenario de esa ciudad, "cuyos productos líquidos serán destinados a las obras y actividades de asistencia social a su cargo77, concedió un privilegio al Municipio de Pereira, o bien dio un estímulo a dicho Municipio para que pudiera atender debidamente a dichas "instituciones asistenciales".

En otras términos: el artículo 5° de la Ley 1ª de 1961 violó el mandato del artículo 31 de la Carta, o por el contrario, dio aplicación al numeral 20 del artículo 76 de la misma

"El privilegio -ha expresado la Corte siguiendo la definición de la Academia- es gracia o prerrogativa que concede el superior, exceptuando o libertando a uno de una carga o gravamen, o concediéndole una exención de que no gozan otros; o también la disposición legal por la cual se otorga a una sola persona -física o moral- un derecho especial, distinto del que confiere la ley común y más o menos permanente".

Se ha dicho con mejor exactitud que existe privilegio cuando a una persona o entidad se da el derecho de aprovechar exclusivamente, por un tiempo determinado,* una producción o un procedimiento industrial o científico, no conocidos o no usados antes. En este sentido, cuando se concede una patente de invención, se está otorgando un privilegio, pues la persona que la recibe adquiere el derecho de explotar el invento por tiempo determinado y con la exclusión de cualquiera otra persona o entidad. De la misma suerte, cuando al constructor de una vía pública se da el derecho de explotarla exclusivamente, por un lapso determinado, se está concediendo un privilegio. Es decir, hay privilegio cuando el beneficio otorgado tiende a "desalojar a los demás del simple derecho, de brindar su capacidad de trabajo"

Dos clases de privilegios se han señalado: los constitucionales, o sea aquellos que se refieren a "inventos útiles o a vías de comunicación". Y los inconstitucionales, que serían aquellos que se concedieran para otros fines, beneficios exclusivos en favor de persona determinada y por tiempo también determinado. De los primeros son los ejemplos antes vistos; de los segundos podría señalarse la concesión que se hiciera para la explotación de cualquier servicio público, con exclusión de toda otra persona o entidad, como dar a una persona natural o jurídica la facultad exclusiva de establecer mercados de víveres.

Todo privilegio es, como se ve, una gracia. Pero no toda gracia puede tenerse como privilegio. El legislador, con el ánimo de obtener ventajas para la comunidad; suele conceder a personas y entidades gracias o beneficios, que no serán privilegios, en sentido jurídico, por no operar en forma exclusiva, ya que el mismo legislador conserva la facultad de extenderlos, sin que a la persona primeramente beneficiada pueda considerársele ofendida o perjudicada por este motivo.

Así, a una empresa de beneficio común sé puede eximir del pago de impuestos o gravámenes, pero no quiere decir ello que va otras empresas igualmente benéficas no se pueda otorgar igual estímulo o beneficio.

Con el privilegio se favorece a una persona: -natural o jurídica- con exclusión de ' otra cualquiera; la gracia puede referirse a una persona o a muchas, pues no tiene la característica de exclusividad.

"Resalta de lo dicho que es de la esencia del privilegio constituir una gracia o beneficio exclusivo, que la administración posee y que tiene en sus manos otorgar. Viene a ser un atributo extraordinario o inherente a la existencia y a la misión del Estado, con miras predominantes al beneficio colectivo, y que el Poder Público puede ejercer directamente o por interpuesta persona, pero siempre en persecución del interés social y dentro de la órbita señalada por el derecho político de la Nación77. (G. J., T. 46, No. 1934, pág. 296).

Cosa distinta se presenta en el caso de la Lotería Centenario de Pereira. El legislador ha otorgado una facultad o un permiso a la Junta Municipal de Beneficencia de esa ciudad, para que, anualmente, verifique un sorteo, cuyos productos se destinen a fines de asistencia social.

No quiere ello decir que el mismo legislador quede impedido para otorgar a otro u otros Municipios el mismo derecho o la misma facultad.

Podría hacerlo. Y el distrito de Pereira no tendría reclamación contra tal disposición, aunque con ella se le perjudicase en sus intereses. Y no podría reclamar, porque la facultad que se le concedió no tiene el carácter de exclusividad. Así como se reconoció a los Departamentos el derecho a verificar sorteos por el sistema de las loterías, de la misma suerte podría otorgarse igual derecho a otra u otras entidades, por ejemplo a hospitales o a Municipios.

El inciso 3° del artículo 31 de la Constitución Nacional prohíbe el otorgamiento de privilegios, que no se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación. Pero el numeral 20 del artículo 76 de la Carta permite al legislador "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planos y programas correspondientes". La Beneficencia de Pereira es "empresa útil y benéfica", que, desde luego, deberá someterse, en la reglamentación de los sorteos, "a todas las leyes y decretos vigentes sobre la materia", tal como lo ordena la misma disposición acusada. Y los productos o beneficios se invertirán en el sostenimiento de las instituciones asistenciales a su cargo. Con lo cual se está dando cumplimiento a lo mandado en la parte final del numeral 20 del artículo 76 citado.

Como indica el señor Procurador, "la Constitución, con la finalidad de propender por el desarrollo económico del país, consagra por vía de fomento dos medidas distintas: la concesión de privilegios para los inventos útiles y para las vías de comunicación, de un lado, y, de otro, el otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios por vía directa o indirecta para las empresas útiles y benéficas".

El artículo 5° de la Ley 1ª de 1961 no otorga privilegio y, en cambio, para que la Beneficencia pueda atender a las instituciones asistenciales a su cargo, le da una específica facultad, que bien pudiera extenderse posteriormente a otros distritos municipales, pues tal gracia o estímulo no tiene el carácter de exclusividad.

"Si se pensara que todo estímulo -dice el señor Procurador- que beneficie directamente a una entidad, es privilegio vedado por la Constitución, jamás podría tener aplicación el fomento de las empresas titiles a que alude el numeral 20 del artículo 76 de la Carta".

No es, por tanto, contraria a la Constitución la norma legal acusada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Plena-, en desempeño de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Es exequible el artículo 5° de la Ley 1ª de 1961.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Gustavo Rendón Gaviria, Ramiro A r a u j o Grau, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R., José Hernández Arbeláez, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Alejandro Córdoba Medina, Julio Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, Luis Carlos Zambrano, Roberto de Zubiria.

Ricardo Ramírez L.

MOCION DE DUELO

"La Corte Suprema de Justicia deja constancia, en el acta de la sesión de esta fecha, de su profundo pesar por la muerte del señor Santiago Vergara Crespo, distinguido ciudadano cuya vida estuvo consagrada al estudio y al servicio de las clases más necesitadas de la sociedad, y expresa su condolencia al distinguido Magistrado de esta corporación doctor Primitivo Vergara Crespo, así como a los demás familiares del extinto.

"Transcríbase en nota de estilo e insértese en la Gaceta Judicial".

(Proposición aprobada en sesión plenaria de fecha 25 de julio de 1963).

ÍNEXEQUIBILIDAD, LIMITADA AL PASADO, DE LOS ARTICULOS 1° Y 136 DE LA LEY 81 DE 1960, REORGANICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN CUANTO HICIERON APLICABLE EL ARTICULO 23 DE LA MISMA LEY A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS PERCIBIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES DURANTE EL AÑO DE 1960. DERECHOS ADQUIRIDOS. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Ninguna garantía ha recibido de la Constitución el contribuyente colombiano, de que no puedan ser gravados en lo futuro determinados hechos económicos, que antes no lo estaban. En cuanto los artículos l9 y 136 de la Ley 81 de 1960 le dan ciertos efectos retroactivos al 23 de la misma ley, vulneran derechos adquiridos y violan el artículo 30 de la Carta. Ningún inconveniente lógico, jurídico u ontológico se opone a que se haga una declaración de inexequibilidad en cuanto al pasado, cuando ella depende de haberse desconocido un derecho adquirido y por lo mismo pretérito.

Lo que importa destacar es que el propietario de un billete de lotería o de una cédula destinada a sorteos había recibido del legislador, a través del artículo P de la Ley 78 de 1935, la promesa de que los premios que obtuviera en las correspondientes rifas estaban libres del impuesto sobre la renta, por cuanto no engrosarían el acervo de su renta bruta, ni eventualmente el de la líquida gravable. Tenía asegurado que cualquiera que fuera el monto de sus otras rentas, la cuantía de esos premios no sería sumada a ellas. Esos premios tan sólo podrían ser tenidos en cuenta como patrimonio.

La Ley 81 de 1960 quitó a los premios de loterías o rifas esa privilegiada calidad, pues no sólo en su artículo 23 estableció que forman la renta bruta, de las que en últimas resulta la renta líquida gravable, 'los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, cualquiera que sea su origen y siempre que constituyan enriquecimiento", sino que en el artículo 135 deroga expresamente el aludido artículo y de la Ley 78 de 1935. Al respecto obró el legislador dentro de la más estricta legalidad, pues ninguna garantía ha recibido de la Constitución el contribuyente colombiano, de que no puedan ser gravados en lo futuro determinados hechos económicos que antes no lo estaban.

Pero hizo algo más el autor de la Ley 81, y fue disponer en su artículo y que "el impuesto nacional sobre la renta y complementarios de patrimonio y exceso de utilidades, se regirán a partir del año gravable de 1960 por las disposiciones contenidas en la presente Ley", lo que reiteró en el artículo final (136) de esta manera: "Esta ley regirá a partir del año gravable de 1960". En el ordinal 11 del artículo 47 consideró como rentas exentas "las herencias, legados, donaciones, loterías, premios de rifas o apuestas, mientras estén gravados con impuestos especiales"; pero los sorteos de cédulas de capitalización no fueron objeto de gravamen especial alguno.

La mencionada Ley 81 fue sancionada el 22 de diciembre del expresado año de 1960, y promulgada, mediante su inserción en el "Diario Oficial", el 24 del- mismo mes y año. Luego es claro que al aplicarla, en cuanto a la noción de renta que da el artículo 23, a los premios de los sorteos de cédulas efectuados antes de su promulgación, tiene efectos retroactivos, vulnerando el derecho que los propietarios de cédulas habían adquirido durante la legislación vigente a la fecha de los sorteos, a que dichos premios no se tuvieran en cuenta en el cómputo de la renta gravable.

En consecuencia, de todo lo dicho se impone hacer una declaración de inexequibilidad con relación a los artículos V y 136 de la Ley acusadla, por cuanto dieron efecto retroactivo al 23 de la misma respecto a los premios de cédulas de capitalización, vulnerando derechos adquiridos por los propietarios de dichas cédulas, con lo cual los preceptos citados violaron el artículo 30 de la Carta. El artículo 135 en sí mismo no dispone nada hacia el pasado, por lo que es exequible.

Precisamente porque la inexequibilidad depende de haber desconocido un derecho adquirido, lo que supone un suceso pretérito, es por lo que los preceptos acusados sólo son inexequibles en cuanto al pasado, y no por lo que respecta al futuro. Esta inexequibilidad parcial respecto al tiempo resulta de la propia naturaleza de las cosas, y ningún inconveniente lógico, jurídico u ontológico se opone a su reconocimiento.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, 26 de julio de 1963.

(Magistrado ponente, doctor Ramiro Araújo Grau).

El doctor Diógenes Arrieta Arrieta, vecino de Cartagena, ejercitando la acción pública consagrada por el artículo 214 de la Carta, en demanda presentada ante esta corporación pide que se declaren inexequibles los siguientes artículos de la Ley 81 de 1960, reorgánica del impuesto sobre la renta:

El primero, que reza: "E1 impuesto nacional sobre la renta y los complementarios de patrimonio y exceso de utilidades se regirán, a partir del año gravable de 1960 por las disposiciones contenidas en la presente ley".

El 136, que prescribe: "Esta ley regirá a partir del año gravable de 1960".

El 23, limitada la acusación como más adelante se indica, que es del siguiente tenor: "La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, cualquiera que sea su origen, y siempre que constituya enriquecimiento, se sustrae el costo imputable a los ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta".

El 135, que dispone: "Deróganse las siguientes disposiciones: Ley 78 de 1935, artículos 1°, 2°.

Con relación al artículo.23 expresa: "La acusación del artículo. 23. la limito .en cuanto la disposición incluye. En la renta bruta los ingresos extraordinarios, cualquiera que sea su origen, obtenidos durante el año de 1960 ; la acusación del artículo 135 la formulo porque deroga el ordinal 1°, artículo 1° de la Ley 78 de 1935, y esa derogación facilita que sea renta bruta para 1960 los premios obtenidos en las rifas de las cédulas de capitalización de ese año, premios que son ingresos extraordinarios y que en el año de 1960 eran rentas exentas y patrimonio gravable por la Ley 78 de 1935, artículos 1° y 21, respectivamente ; y la acusación contra los artículos l9 y 136 de la Ley 81 de 1960 es porque disponen que la reforma tributaria comienza su vigencia a partir del año gravable de 1960, vulnerando derechos adquiridos por la disposición derogada, pero vigente cuando se adquirieron".

Refiriéndose a la acusación en general agrega: "Limito la acusación de esta demanda de inexequibilidad a sólo el año gravable de 1960, pues a contar del año de 1961 en adelante la ley .toma su cauce constitucional en el punto materia de la acusación, o sean los premios de las rifas".

El artículo de la Constitución que considera infringido es el 30.

Como "consideraciones generales' sustentatorias de la demanda expone las siguientes:

"El inciso primero del artículo l° de la Ley 78 de 1935 exoneraba del impuesto sobre la renta las donaciones, herencias, legados, fideicomisos, loterías o rifas, y en cambio el artículo 21 de la misma Ley las gravaba con impuesto de patrimonio".

"Durante la vigencia de la Ley 78 de 1935 todos esos ingresos extraordinarios fueron considerados rentas exentas y patrimonio gravable, es decir, que dicha Ley los exoneró expresamente del impuesto sobre la renta".

"Con la expedición de la Ley 81 de 1960 aquellos ingresos extraordinarios continuaron siendo rentas exentas si por ley especial estaban sujetos a otros impuestos. Todos ellos, menos las rifas de las cédulas de capitalización, tenían impuestos especiales, por lo cual quedaron exonerados de impuestos de renta para el año gravable de 1960 y siguientes, mientras que las rifas de cédulas que no venían gravadas ese año con impuestos por leyes especiales, constituyen renta bruta por mandato de la nueva ley, sin advertir el legislador que esas rifas de cédulas estaban exoneradas del impuesto sobre la renta, y que sólo gravitaban sobre ellas el impuesto de patrimonio".

"Por regir la ley nueva hacia atrás a contar del l9 de enero de 1960, resultan ahora gravados los premios de las rifas obtenidas durante ese año, Cuando para dicho año quedaron exonerados del tributo de renta y sólo soportaba el de patrimonio".

"La verificación de los sorteos o rifas, la percepción de los valores en que consistieron A premios y su exoneración del impuesto sobre la renta, fueron hechos consumados e irrevocables y actos jurídicos perfectos durante el año gravable de 1960. El gravamen sobre la renta que ahora se les imponga con efectos al año de 1960 vulnera un derecho o un bien patrimonial que los favorecidos habían adquirido con arreglo a la primera disposición de la Ley 78 de 1935. El artículo 23 de la Ley 81 de 1960, que establece el impuesto sobre la renta con relación a tales premios, es abiertamente contraria al artículo 30 de la codificación nacional que prohíbe la retroactividad de las leyes, o sea las que vulneran un derecho. Por esta razón es inexequible el artículo 23 de la Ley 81 de 1960, en cuanto grava los ingresos extraordinarios9 cualquiera que sea su origen, como los premios de rifas, entre los cuales se cuentan los de las cédulas de capitalización, gravamen que hacen posible los artículos l9 y 136 de la misma Ley reorgánica, porque prescribe que ella regirá y es aplicable a contar del año gravable de 1960, y por esta razón son igualmente inexequibles".

"También resulta inexequible el artículo 135 de la nueva ley, porque deroga, con efectos al l9 de enero de 1960, el artículo l9 de la Ley 78 de 1935, pues esta derogación también hace posible el gravamen sobre los premios, no obstante que ya el derecho se había, adquirido por medio de la disposición derogada".

Luego, como "consideraciones particulares" y en distintos capítulos, trata de la diferencia que hay entre no estar gravado y estar exento de impuesto, de los derechos adquiridos y las expectativas, de las rentas exentas y patrimonios gravables, de que los premios de las rifas entraron al patrimonio de los favorecidos, del sentido amplio que debe darse a la noción de derecho adquirido que trae el artículo 30 de la Carta, de las leyes retroactivas y no retrospectivas. Termina, después de referirse a un concepto, que estima equivocado, de la División de Impuestos Nacionales, con una -exposición de jurisprudencia y doctrina sobré la materia de los derechos adquiridos.

En su vista de fondo, adversa a las pretensiones del demandante, y que la Corte estudió detenidamente, el señor Procurador General de la Nación sintetiza de la siguiente manera la cuestión sub judice:

"El problema planteado por la demanda del doctor Diógenes Arrieta Arrieta consiste en saber si es inconstitucional la Ley 81 de 1960 en cuanto establece que los premios de rifas -especialmente de las cédulas de capitalización- antes exentos del impuesto sobre la renta, en virtud de lo dispuesto por la Ley 78 de 1935 -según afirma el demandante-, quedan sujetos a dicho gravamen por ser considerados renta bruta a partir del año gravable de 1960. Piensa el demandante que tales premios, exentos, según él, en la legislación anterior, no pueden ser gravados por la Ley 81 en lo que se refiere al año de 1960, pues así se violan derechos adquiridos de quienes los han obtenido. Tales personas, que habían obtenido premios exentos del impuesto sobre la renta por la legislación vigente a tiempo de efectuarse los respectivos sorteos, tenían derechos adquiridos -estima el demandante- que, en lo referente a 1960, no podían ser vulnerados con la retroactividad, a tal vigencia tributaria, de la Ley 81 citada. Tales sorteos consumaron -agrega el actor- hechos jurídicos concretos que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores. Insiste por lo demás el demandante en distinguir entre no estar gravado y estar expresamente exonerado, caso este último en el cual se es titular de un derecho individual. Las leyes, concluye el demandante, sólo pueden tener efectos retrospectivo cuando no vulneran derechos adquiridos, pero, en el presente caso, la Ley 81 produce efectos retroactivos, puesto que sus normas son aplicables al año gravable de 1960, período durante el cual las personas que obtuvieron premios en rifas adquirieron derechos no vulnerables por disposiciones legales ulteriores".

Consideraciones de la Corte.

Al decir el artículo l9 de la Ley 78 de 1935 que entran a formar la renta bruta, entre otros ingresos, las ''ganancias, beneficios y rentas provenientes de capitales que hayan ingresado al patrimonio, del contribuyente a título de donaciones, herencias, legados, fideicomisos, Loterías o rifas" (se ha subrayado), resulta claro, como acepta el señor Procurador en su vista, que los premios de loterías o rifas no eran ingresos constitutivos de renta, y, por lo tanto, no se sumaban a los ingresos que llegaban a formar la renta bruta y ulteriormente la renta líquida gravable; o lo que es lo mismo, que las sumas de dinero obtenidas a título de tales premios no integraban la base impositiva del impuesto sobre la renta del contribuyente. Es decir, que tales premios, en la práctica, venían a recibir un tratamiento análogo al de las rentas exentas, en cuanto su cuantía no engrosaba, en definitiva, el acervó de la renta líquida gravable. Por esto bien puede hablarse, para los efectos de esta providencia, de que los premios de rifas eran rentas exentas o no gravables, aunque técnicamente sea más apropiado llamarlos ingresos no constitutivos de renta, como anota el señor Procurador. En todo caso lo que importa destacar es que .el propietario de un billete de lotería o de una cédula destinada á sorteos había recibido del legislador la promesa de que los premios que obtuviera en las correspondientes rifas estaban libres del impuesto sobre la renta, por cuanto no engrosarían el acervo de su renta bruta, ni eventualmente el de la líquida gravable. Tenía asegurado que cualquiera que fuera el monto de sus otras rentas, la cuantía de esos premios no sería sumada a ellas. Esos premios tan sólo podrían ser tenidos en cuenta como-patrimonio.

La Ley 81 de 1960 quitó a los premios de loterías o rifas esa privilegiada calidad, pues no sólo en su artículo 23. Estableció que forman la renta bruta, de la que en últimas resulta la renta líquida gravable, "los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, cualquiera que sea su origen, y siempre que constituyan enriquecimiento' sino que en el artículo 135 deroga expresamente el aludido artículo l9 de la Ley 78 de 1935. Al respecto obró el legislador dentro de la más estricta legalidad, pues ninguna garantía tiene recibida de la Constitución el contribuyente colombiano de que no puedan ser gravados en lo futuro determinados hechos económicos que antes no lo estaban. Pero hizo algo más el autor de la Ley 81, y fue disponer en el artículo 1° que '' el impuesto nacional sobre la renta y complementarios de patrimonio y exceso de utilidades se regirán a partir del año gravable de 1960 por las disposiciones contenidas en la presente ley", lo que reiteró en el artículo final (136) de esta manera: "Esta ley regirá a partir del año gravable de 1960". En el ordinal 11del artículo 47 consideró como rentas exentas "las herencias, legados, donaciones, loterías, premios de rifas o apuestas, mientras estén gravados con impuestos especiales"; pero los sorteos de cédulas de capitalización no fueron objeto de gravamen especial alguno.

Ahora bien, la mencionada Ley 81 fue sancionada el 22 de diciembre del expresado año de 1960, y promulgada, mediante su inserción en el "Diario Oficial", el 24 del mismo mes y año. Luego es claro que al aplicarla, en cuanto a la noción de renta que da el artículo 23 a los premios de los sorteos de cédulas efectuados antes de su promulgación, tiene efectos retroactivos, vulnerando el derecho que los propietarios de cédulas habían adquirido durante la legislación vigente a la fecha de los sorteos, a Que dichos premios no se tuvieran en cuenta en el cómputo de la renta gravable.

En consecuencia, de todo lo dicho se impone hacer una declaración de inexequibilidad con relación a los artículos l9 y 136 de la ley acusada, por cuanto dieron efecto retroactivo al 23 de la misma respecto a los premios de cédulas de capitalización, vulnerando derechos adquiridos por los propietarios de dichas cédulas, con lo cual los preceptos citados violaron el artículo 30 de la Carta. El artículo 135 en sí mismo no dispone nada hacia el pasado, por lo que es exequible.

Precisamente porque la inexequibilidad depende de haber desconocido un derecho adquirido, lo que supone un suceso pretérito, es por lo que los preceptos acusados sólo son inexequibles en cuanto al pasado, y no por lo que respecta al futuro. Esta inexequibilidad parcial respecto al tiempo resulta de la propia naturaleza de las cosas, y ningún inconveniente lógico, jurídico u ontológico se opone a su reconocimiento.

En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en desempeño de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Decláranse inexequibles los artículos 1° y 136 de la Ley 81 de 1960, en cuanto hicieron aplicable el 23 de la misma Ley a los ingresos extraordinarios percibidos por los contribuyentes durante el año de 1960.

Comuníquese a quien corresponda.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Gustavo Rendón Gaviria, Ramiro Araújo Grau, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Alejandro Córdoba M., Roberto de Zubiría, José J. Gómez B., Gustavo Fajardo Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén Osejo Peña, Luis Fernando Paredes Arboleda, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Julio Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, Luis Carlos Zambrano. ~

Ricardo Ramírez L., Secretario.