Sentencia de 1961

300Corte SupremaCorte Suprema30030004984Jos� Hern�ndez Arbel�ez196124/07/1961Jos� Hern�ndez Arbel�ez_1961_24/07/196130004984INEXEQUEBILIB AB PARCIAL BEL DECRETO NM2 BE 4 BE JUNIO BE 1959. 1. El art�culo 1� del Decreto, en cuanto a las atribuciones que concede a los Jueces de Instrucci�n Criminal, es violatorio de los art�culos 61 y 26 de la Carta.- 2. Extensi�n y l�mites de las facultades extraordinarias del Gobierno en lo tocante a expedici�n, reforma y suspensi�n de c�digos. - 3. La simplificaci�n o aceleraci�n de los tr�mites procesales (art. 3�) no implica desconocimiento del derecho de defensa del procesado. - 4. En cuanto el art�culo 89 del Decreto desconoce la revocabilidad del mandato judicial, deja de garantizar suficientemente el derecho de defensa.- 5. Inexequibilidad de los incisos b), c) y d) del art�culo 10, por cuanto desconocen el principio de la aplicabilidad preferente de la ley favorable. - 6. No obstante las restricciones procesales establecidas en los art�culos 59 (par�grafo), 69, 79, 14, 15 y 16 del Decreto acusado, subsisten garantizado el derecho de defensa. - 7. En qu� sentido son exequibles y en cu�l inexequibles los art�culos 11, 12 y 13, relacionados con el juzgamiento de menores. - 8. El art�culo 26 del Decreto, sobre captura de delincuentes, no viola el art�culo 23 de la Carta. - 9. Al autorizar recompensas a los particulares que colaboren en la captura de delincuentes, el art�culo 27 del Decreto no quebranta la Constituci�n. ENUNCIACION DE DOCTRINAS 1. No se observa ni defiende la Constituci�n de la Rep�blica con el respeto aparente del texto y desconocimiento intr�nseco del esp�ritu institucional de la norma, sin que el acto alcance a justificarse por la nobleza de intenci�n o la altura de los m�viles. En la paz se encuentra el supuesto necesario al desarrollo de la actividad com�n, p�blica y privada; y corresponde a lo que en principio acontece dentro de la naci�n jur�dicamente organizada. O sea que la paz equivale � la normalidad en la vida institucional de la Rep�blica, y que entonces el ejercicio de la soberan�a se manifiesta por la acci�n separada, no interferida pero arm�nica, de las tres Ramas del Poder P�blico: Ejecutiva Legislativa y Jurisdiccional. As�, no es concebible que persona o corporaci�n alguna ejerza simult�neamente la autoridad pol�tica o civil, y la judicial o la militar. Cuando en caso de guerra exterior o de conmoci�n interior se declara por el Gobierno turbado el orden p�blico, y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella, el r�gimen de derecho no hace quiebra. Apenas se acent�a en el Presidente la necesidad de cumplir su imperativo deber constitucional de "conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado" (7�, 120). Por ello est� capacitado el Presidente de la Rep�blica para dictar "decretos que tengan fuerza legislativa", encaminados �nica y exclusivamente a restablecer cuanto antes el orden p�blico, puesto que alcanzada esta finalidad determinante dejan de regir tales decretos, como con �nfasis notorio lo repite el constituyente (8�, 118; 4�, 121). Que por la declaraci�n de estado de sitio no desaparece la legalidad, est� obviamente prescrito en la Carta. Porque el Gobierno carece de poder para derogar las leyes, y s�lo est� habilitado para suspender "las que sean incompatibles con el estado ole sitio". Esta limitaci�n es de importancia cardinal, puesto que ning�n motivo diferente de la incompatibilidad de ciertas y determinadas normas legales con el estado de sitio puede invocarse leg�timamente por el Gobierno para suspenderlas. No basta que puedan ser perfeccionadas o reemplazadas por otras mejores a juicio del Gobierno. Es necesario que la ruptura del orden p�blico objetivamente se halle en relaci�n inmediata y directa�, por nexo de causalidad eficiente, con ciertas y determinadas leyes que, por lo mismo, son o han llegado a ser el origen del desorden o una valla verdadera para el regreso a la normalidad. Si las circunstancias de hecho -ajenas a la voluntad del Gobierno- tienen tal incidencia que son capaces de impedir la actividad correspondiente a las atribuciones privativas de la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, se dar� en concreto la calamitosa situaci�n excepcional a que sea aplicable el remedio heroico de que una misma persona o corporaci�n pueda ejercer "simult�neamente la autoridad pol�tica y la judicial o la militar'. Este es el verdadero significado y alcance del art�culo 61 dentro del esp�ritu incontrastable de la Carta Fundamental que organiza la paci�n colombiana como rep�blica democr�tica y representativa. Y puesto que el art�culo 61 modifica y altera el principio sustancial de la separaci�n de los poderes p�blicos, ha de verse con toda claridad que el constituyente contempla all� nada m�s que la situaci�n excepcional, angustiosa y extrema de que en los hechos no pueda funcionar conforme a los dictados de la Carta la Rama Jurisdiccional. En conflictos tales, la ejercer�n de emergencia las autoridades pol�ticas o las civiles y militares, desde luego que sin administraci�n de justicia la sociedad no puede subsistir, y no" habr�a otro camino para el retorno a la normalidad. En efecto: casos verdaderamente extremos pueden v imponer que a la autoridad pol�tica se acumule la autoridad militar, y que a ambas as� reunidas se sume la autoridad jurisdiccional conforme al art�culo 61 para salvar en trances singulares el bien inestimable de la paz. Pero esto a la luz del d�a no significa que en la sola declaraci�n de estado de sitio en toda la Rep�blica o parte de ella se encuentre de plano raz�n plausible para que en una misma persona o corporaci�n se re�nan la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar. Porque si a pesar de la turbaci�n del orden p�blico pueden funcionar y funcionan efectivamente las autoridades jurisdiccionales, ning�n motivo circunstancial o de simple conveniencia justifica ante la Constituci�n Nacional que la autoridad pol�tica tome para s� la administraci�n de justicia en cualquiera de sus grados o jerarqu�as. Es claro en absoluto que no por el quebrantamiento de la estructura jur�dica primaria de la naci�n ha de lograrse el fin de mantener o restaurar su imperio, constitutivo precisamente del orden p�blico; el cual puede perturbarse por los gobernados, pero tambi�n y con gravedad mayor por los propios gobernantes. No autoriza, pues, en modo alguno al Gobierno el art�culo 61 de la Constituci�n para suplantar en cualquier grado la actividad jurisdiccional de la Rep�blica con s�lo declarar turbado el orden p�blico y el estado de asedio parcial o total. Es necesario, adem�s, que objetivamente los jueces no puedan cumplir su funci�n privativa de administrar justicia. Si as� no sucede, si en concreto los jueces no est�n en circunstan ejercicio de la atribuci�n constitucional de nombrar jueces por los Tribunales de Distrito Judicial sea en modo alguno contrario al restablecimiento del orden p�blico, o que dichas corporaciones se hayan denegado a cumplir esa funci�n, o que no est�n dispuestas al nombramiento oportuno de tantos jueces cuantos el Gobierno considere necesarios para atender circunstancias de emergencia. Por consiguiente: si en contradicci�n con la estructura fundamental de la Carta, el Gobierno toma para s� atribuciones que a la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico competen aun en estado de sitio, no hay incertidumbre en encontrar que el acto gubernamental, no obstante la notoria rectitud de intenci�n y m�viles patri�ticos que lo inspiran, rebasa los poderes excepcionales que le otorga el art�culo 121 para restablecer el orden p�blico, y viola las normas de la Constituci�n que ordenan el funcionamiento separado de los Poderes P�blicos, aparte del art�culo 26 en la garant�a de defensa ante juez competente, en cuanto a los textos del Decreto legislativo n�mero 12, de 4 de junio de 1959, que otorgan a los llamados Jueces de Instrucci�n Criminal que act�en por comisi�n del Ministerio de Justicia, competencia "para fallar en primera instancia" los procesos que el art�culo 1� enumera y determina. Son, pues, inexequibles las atribuciones que con exceso de los poderes de simple polic�a, se conceden en el referido Decreto legislativo a los Jueces de Instrucci�n Criminal dependientes del Ministerio de Justicia, para administrarla y fallar en materias de competencia privativa de los jueces verdaderos. 2. En cuanto a las facultades que tenga el Gobierno en relaci�n con la suspensi�n o reforma de c�digos cuando act�a en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, se considera lo siguiente: El art�culo 76 de la Carta, en su ordinal 2�, faculta al Congreso para "expedir C�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones"; y el art�culo 80 dispone que los C�digos no pueden ser dictados ni reformados sino en virtud de proyectos adoptados por las respectivas Comisiones Permanentes de una y otra C�mara. El Gobierno est� incapacitado para expedir C�digos en ejercicio de las facultades del art�culo 121, porque se trata por excelencia de leyes de orden general y permanente. Ni por su naturaleza sobresaliente ni por el presupuesto de tiempo para su normal vigencia quedan comprendidos los C�digos en el "�mbito de las facultades de estado de sitio. (LXXXI, 2202, 13). Tampoco puede reformarlos, porque ello envuelve derogaci�n parcial de car�cter definitivo, e inconciliable, por tanto, con la transitoriedad de los mandatos que se dictan en uso de facultades de emergencia. Pero s� est� facultado para suspender leyes comunes y, eventualmente, hasta las leyes codificadas, cuando en concreto aparezca ostensible la necesidad de la medida como instrumento de buen gobierno claramente adecuado a la restauraci�n del orden p�blico. 3. El se�or Procurador General de la Naci�n concept�a que el art�culo 39 del Decreto 12 de 4 de junio de 1959, acusado de inconstitucionalidad, quebranta el art�culo 26 de la Carta, toda vez 'que suprime el auto de proceder. Dice en resumen de su razonamiento: "El art�culo 39 del Decreto dispone perentoriamente que vencido el t�rmino de instrucci�n del sumario (30 d�as) o perfeccionado �ste antes, se cierre la investigaci�n, se pongan los autos a disposicici�n de las partes para la presentaci�n de alegatos y luego se dicte sentencia, viola los principios de derecho atr�s consignados y, comoquiera que �stos aparecen principalmente expresados en el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, aquella disposici�n es tambi�n contraria a dicha norma. Y lo es, vuelve a decirse, por cuanto, sin providencia de calificaci�n que contenga cargos concretos, no hay, no puede haber, juzgamiento, juicio -que presupone controversia- ni defensa. Y no existiendo juzgamiento o juicio la sentencia condenatoria se habr�a dictado sin los presupuestos esenciales que se requieren para su validez". Para la Corte, cuando el art�culo 26 de la Constituci�n estatuye que "nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio", reconoce y consagra en todo tiempo el derecho individual de defensa, pero no se�ala, las formas propias de cada juicio. Es normal el tr�mite plenario por su amplitud a trav�s de numerosas etapas; pero extraordinariamente puede ser conducente y necesario el proceso de actuaci�n acelerada. Lo que importa en esencia es que el acusado sea o�do y vencido en juicio conforme a la ley preexistente al acto que se imputa y por juez competente. Y si en estado de sitio la celeridad procesal es claramente adecuada a reprimir la violencia como causa determinante de la perturbaci�n del orden p�blico, de propio modo que propicio a su imperio antisocial el retardo inherente a la mayor amplitud de defensa dentro de la normalidad, no hay duda de que el Gobierno est� facultado de emergencia por el art�culo 121 para abreviar los tr�mites y suspender, en consecuencia, las disposiciones en contrario dentro de los Departamentos donde rige el estado de asedio. Ahora bien: conforme al sistema del Decreto n�mero 1%, el sindicado tiene audiencia dentro del informativo; el fallo de primera instancia debe concretarle los cargos con mayor precisi�n que si se tratara de auto de proceder; es o�do en segunda instancia, y dentro del �mbito propio del recurso extraordinario es o�do tambi�n en casaci�n. De modo que si los tr�mites se aceleran, no por esta causa se sacrifica o lesiona el derecho de defensa que la Carta asegura a los hombres. 4. Considera la Corte que el art�culo 8� del Decreto n�mero 12 de 4 de junio de 1959, no garantiza suficientemente el derecho de defensa], al disponer que el apoderado que designe el sumariado, actuar� desde la indagatoria "hasta la terminaci�n del proceso", porque todo mandato -con mayor raz�n en el campo penal- es esencialmente revocable, y se atar�a al proceso en forma indefinida al mandatario, aun en aquellos casos en que el poderdante le haya perdido la confianza, a causa de negligencia, procederes indebidos o dolosos o de otros motivos, con grave perjuicio, a no dudarlo, de los intereses de la defensa. 5. La Corte acoge la tesis del se�or Procurador sobre inconstitucionalidad de los apartes b), c) y d) del art�culo 10 del Decreto legislativo n�mero 12 de 1959, que ordenan a los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales, aplicar, en los asuntos de su competencia, las reglas del Decreto n�mero 12. No hay duda de que siendo este Decreto restrictivo y desfavorable en relaci�n con las reglas del C�digo de Procedimiento Penal, sobre la misma materia, no puede aplicarse de preferencia en los procesos a que se contraen aquellos apartes, por mandato expreso del inciso segundo del art�culo 26 de la Carta, el cual, de acuerdo con la doctrina de la Corte, no puede ser suspendido en ning�n tiempo. Tampoco la hay en cuanto el mismo art�culo 26 al hablar de "materia criminal", comprende tanto la ley penal sustantiva como la procedimental, en cuanto �sta se refiere a ciertas garant�as individuales, como el derecho de defensa, sin que el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887, oscurezca este concepto, al preceptuar que 'las leyes concernientes a la sustanciaci�n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores", pues esa disposici�n no se refiere en verdad sino a las reglas precisamente relacionadas con la simple "sustanciaci�n y ritualidad" de los procesos. (V. sentencia de la Corte de 13 de mayo de 1941. LI, 1970, 37). En consecuencia, al disponer los apartes b), c) y d) del art�culo 10, que en los territorios en estado de sitio, los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales apliquen en los asuntos de su competencia, las disposiciones del Decreto n�mero 12, que es ley restrictiva y desfavorable, comparada con la legislaci�n penal procesal preexistente, en lo que ata�e a los procesos iniciados antes, o iniciados despu�s de entrar a regir el" Decreto, pero en este caso por delitos cometidos con anterioridad, los citados incisos del art�culo 10, violan el inciso segundo del art�culo 26 de la Carta, seg�n el cual, en materia criminal, la ley favorable, vigente cuando el delito fue cometido, rige el proceso, con la excepci�n concerniente a las reglas de mera "ritualidad o sustanciaci�n", de que trata el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887. 6. No por ser restrictivas o menos favorables las disposiciones, referentes al procedimiento, contenidas en los art�culos 5� par�grafo), 6�, 7�, 14, 15, 16 y 17 del Decreto legislativo n�mero 12 de 1959, comparadas con las del derecho procesal com�n suspendidas en los Departamentos que a�n se hallan en estado de sitio, se ha de seguir necesariamente el quebranto de la Constituci�n. El derecho de defensa subsiste garantizado, aunque no de modo tan amplio como en la legislaci�n ordinaria. La Constituci�n lo consagra: "Nadie podr� ser juzgado sino conforme a leyes pre-existentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio"; reconoce y consagra el derecho, pero no da la medida exacta de su ejercicio, ni ha determinado cada una de las formas que componen cada uno de los juicios, motivo por el cual le corresponde al Congreso, como antes se expuso. Y en caso de emergencia al Gobierno, en uso de las facultades del art�culo 121 y si bien no puede suprimir el derecho, est� eventualmente facultado para acondicionar su ejercicio a la suprema necesidad de restablecer el orden. No podr� deducirse de los textos acusados, la cancelaci�n de tan elemental como b�sica garant�a ciudadana, sino el empleo de un conjunto de medidas encaminadas a remover obst�culos que dificultan la represi�n de la violencia, medidas claramente adecuadas en �pocas de emergencia, como la presente, cuyos rasgos caracter�sticos denotan escasa madurez pol�tica en la Naci�n, en da�o invaluable para la unidad de acci�n y en perjuicio del desarrollo arm�nico de su potencia cultural y econ�mica. Una prueba palpitante de que se conserva garantizado el derecho de defensa es la de que ya han sido infirmados por la Corte varios fallos proferidos por los Tribunales Superiores en los procesos ventilados seg�n el Decreto n�mero 12. En s�ntesis: las disposiciones del Decreto que la demanda acusa en el cap�tulo en estudio, proven a la reglamentaci�n de un juicio que consta de dos instancias, asistido el procesado por apoderado que nombra libremente; que vela en la etapa sumarial por una instrucci�n recta; alega tanto en la primera como en la segunda instancia; recurre de la sentencia de primer grado para ante el Tribunal Superior; solicita de �ste la pr�ctica de las pruebas que juzgue necesarias a la defensa, y demanda en casaci�n, si fuere el caso. No puede decirse, en verdad, que haya sido destituido de garant�a constitucional quien puede servirse de estos medios para defender su libertad. 7. Seg�n los art�culos 11, 12 y 13 del Decreto legislativo n�mero 12 de 4 de junio de 1959, quedan sometidas las infracciones que cometan los menores de 16 a�os en los Departamentos en estado de sitio, a los Jueces de Instrucci�n Criminal, a los Municipales, de Circuito y Superiores, en los t�rminos y seg�n las reglas del Decreto, pero s�lo podr�n condenar a la medida de seguridad consistente en reclusi�n en, un reformatorio por lapso no inferior a dos a�os. Siguen los Jueces de Menores con la competencia ordinaria para conocer de los dem�s asuntos contemplados en la Ley 83 de 1946, as� como de los procesos pendientes por infracciones penales con arreglo a las disposiciones de la misma Ley 83. Al respecto, la Corte extiende a estas normas la motivaci�n expuesta en esta misma sentencia sobre los art�culos 1, 2o y 3�, y en general toda la que antecede. Y puesto que el art�culo 11 atribuye competencia de juzgamiento a los Jueces de' Instrucci�n Criminal, que no son funcionarios judiciales, es en ello inexequible. Pero en lo que respecta al tr�mite o formas procesales no incide la censura, comoquiera que el derecho de defensa de los menores aparece debidamente garantizado. 8. El art�culo 26 del Decreto n�mero 12 de 1959 faculta a las autoridades militares y de polic�a para capturar y poner a la disposici�n de las autoridades competentes, a las personas de que se tenga noticia que han cometido delitos, o que sean requeridas p�blicamente por la autoridad, o se hayan fugado estando legalmente detenidas, se dediquen al tr�fico il�cito de armas, explosivos y estupefacientes, o se encuentren en evidente estado antisocial. Se acusa este art�culo por violar el 23 de la Carta, ya que las atribuciones que conf�a * a los funcionarios militares y de polic�a, no pueden cumplirse sino a virtud de mandato judicial y por motivos previamente definidos en las leyes. La demanda acusatoria no acent�a el cargo en lo que respecta a la atribuci�n para capturar a quienes sean requeridos p�blicamente por las autoridades, se hayan fugado estando legalmente detenidos, o se dediquen al comercio il�cito de armas, estupefacientes o explosivos. Se concreta la acusaci�n, por consiguiente, en cuanto el art�culo 26 se refiere a la captura de las personas de quienes se tiene noticia que han cometido delitos, o se encuentren en evidente estado antisocial. El art�culo 23 de la Constituci�n Nacional prescribe que "nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes". La Corte, de acuerdo con el se�or Procurador, considera que el precepto acusado no se aparta del ordenamiento constitucional: En primer lugar, �ste no dispone que la orden sea impartida por autoridad judicial sino por "autoridad competente". La autoridad competente la se�ala en tiempo de paz el legislador ordinario, y en tiempo de anormalidad el Gobierno, puesto que como el art�culo 23 de la Constituci�n no determina cu�l es la autoridad competente, no quebranta el Ejecutivo el art�culo citado cuando en ejercicio de las facultades del 121 estatuye que la autoridad militar y la de polic�a pueden detener a los particulares, a pesar de las disposiciones procedimentales y de polic�a que sean contrarias a tal se�alamiento, las que por lo mismo quedan suspendidas. En segundo lugar, el mandamiento -que ha de ser escrito- debe reunir los dem�s requisitos legales, esto es, los se�alados en las leyes de procedimiento o de polic�a. En tercer lugar, si los motivos deben hallarse definidos con antelaci�n en las leyes, eso precisamente hace el art�culo acusado, pues si la Carta no los define, ello concierne ante todo a la ley, y en caso de guerra exterior o conmoci�n interior, a los decretos legislativos de acuerdo con el art�culo 121, sin que sufra quebranto la inviolable disposici�n del art�culo 23 de la Ley Fundamental. 9, Autoriza el art�culo 27 del Decreto n�mero 12 de 1959 a los Gobernadores de los Departamentos en estado de sitio, para que, previa consulta de la cuant�a al Ministerio de Justicia, ofrezcan recompensas en dinero a los particulares que entreguen a los delincuentes requeridos por la autoridad o faciliten su captura, debiendo pagarse tales recompensas con cargo al Tesoro Nacional. No estima la Corte que el texto acusado se halle en pugna con las disposiciones constitucionales que indica la demanda. El art�culo 78, ordinal 5�, de la Carta, somete las gratificaciones a que alude, al requisito de hallarse reconocidas en ley preexistente, la cual, en el presente caso, es el Decreto n�mero 12, dictado en ejercicio de la potestad emanada del art�culo 121, que no se trata de una norma constitucional de aquellas que seg�n la doctrina de la Corte, no pueden suspender su imperio en tiempos de turbaci�n del orden p�blico. No sufren tampoco los art�culos 30, 183 y 189 de la Carta, porque no se afecta el tesoro de los Departamentos sino el Nacional, que menciona el citado ordinal 59 del art�culo 78 ib�dem. Ni el art�culo 23, por �ltimo, porque la disposici�n acusada se refiere a los delincuentes requeridos por la justicia, esto es, contra quienes las autoridades competentes; incluidas las mencionadas en el art�culo 26 del Decreto, hayan dictado auto de detenci�n u ordenado su aprehensi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal. El Gobierno, en vista de la urgent�sima necesidad en que la Naci�n se halla de terminar esta dolorosa etapa de violencia, ha considerado conveniente que la entrega de los delincuentes o la facilitaci�n de su captura, cause una retribuci�n pecuniaria, apenas equitativa, dados los obvios peligros que esa tarea comporta, sin que por ello deje de tener cabal vigencia la facultad del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal. Sobre el alcance del art�culo 23 de la Carta, en relaci�n con el 384 del citado C�digo, la Corte en pleno expuso, en sentencia de 25 de octubre de 1960: "Es cierto que el art�culo 23 de la Carta dispone que 'nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido... sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes*. Pero una cosa es reducir a ' prisi�n o arresto a una persona, o disponer su detenci�n, y algo distinto realizar su captura. Aqu�llas exigen un acto jurisdiccional. En cambio la captura es el mero acto f�sico de aprehensi�n, la cual deber� cumplir cualquiera, cuando se trata del delincuente cogido infraganti o del que cuya 'captura haya sido p�blicamente requerida por la autoridad competente. "Si el delincuente cogido infraganti, de acuerdo con el art�culo 24 de la Constituci�n Nacional, 'puede ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquier persona', es evidente que tambi�n lo puede ser aquel 'malhechor cuya captura haya sido p�blicamente requerida por la autoridad competente, pues en este segundo "caso la formalidad legal a que alude la Carta consiste, precisamente, en ese requerimiento p�blico de la autoridad, para que esa captura se cumpla. Y en este evento, es l�gico que precede a tal requerimiento el acto jurisdiccional que ordena o la detenci�n preventiva, o la prisi�n o el arresto de la persona o personas cuya aprehensi�n pide la autoridad competente". (XCIII, 2230 y 2231, p. 637). Determinado as� el alcance del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal, en sus nexos con el 23 de la Carta, es evidente que el art�culo 27 del Decreto guarda armon�a con la norma constitucional. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .-Bogot�, veinticuatro (24) de julio de mil novecientos sesenta y uno. (Magistrado ponente: doctor Jos� Hern�ndez Arbel�ez). 1961

Norma demandada: �Demanda de inexequibilidad contra 1o, 2o, 3o, 5o (el par�grafo), 6o, 7o, 8o, 10 a 24, 26, 27, 28, 30 y 32 del decreto legislativo n�mero 12 de 4 de junio de 1959

1. El art�culo 1� del Decreto, en cuanto a las atribuciones que concede a los Jueces de Instrucci�n Criminal, es violatorio de los art�culos 61 y 26 de la Carta.- 2. Extensi�n y l�mites de las facultades extraordinarias del Gobierno en lo tocante a expedici�n, reforma y suspensi�n de c�digos. - 3. La simplificaci�n o aceleraci�n de los tr�mites procesales (art. 3�) no implica desconocimiento del derecho de defensa del procesado. - 4. En cuanto el art�culo 89 del Decreto desconoce la revocabilidad del mandato judicial, deja de garantizar suficientemente el derecho de defensa.- 5. Inexequibilidad de los incisos b), c) y d) del art�culo 10, por cuanto desconocen el principio de la aplicabilidad preferente de la ley favorable. - 6. No obstante las restricciones procesales establecidas en los art�culos 59 (par�grafo), 69, 79, 14, 15 y 16 del Decreto acusado, subsisten garantizado el derecho de defensa. - 7. En qu� sentido son exequibles y en cu�l inexequibles los art�culos 11, 12 y 13, relacionados con el juzgamiento de menores. - 8. El art�culo 26 del Decreto, sobre captura de delincuentes, no viola el art�culo 23 de la Carta. - 9. Al autorizar recompensas a los particulares que colaboren en la captura de delincuentes, el art�culo 27 del Decreto no quebranta la Constituci�n.

1. No se observa ni defiende la Constituci�n de la Rep�blica con el respeto aparente del texto y desconocimiento intr�nseco del esp�ritu institucional de la norma, sin que el acto alcance a justificarse por la nobleza de intenci�n o la altura de los m�viles.

En la paz se encuentra el supuesto necesario al desarrollo de la actividad com�n, p�blica y privada; y corresponde a lo que en principio acontece dentro de la naci�n jur�dicamente organizada. O sea que la paz equivale � la normalidad en la vida institucional de la Rep�blica, y que entonces el ejercicio de la soberan�a se manifiesta por la acci�n separada, no interferida pero arm�nica, de las tres Ramas del Poder P�blico: Ejecutiva Legislativa y Jurisdiccional. As�, no es concebible que persona o corporaci�n alguna ejerza simult�neamente la autoridad pol�tica o civil, y la judicial o la militar.

Cuando en caso de guerra exterior o de conmoci�n interior se declara por el Gobierno turbado el orden p�blico, y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella, el r�gimen de derecho no hace quiebra. Apenas se acent�a en el Presidente la necesidad de cumplir su imperativo deber constitucional de "conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado" (7�, 120). Por ello est� capacitado el Presidente de la Rep�blica para dictar "decretos que tengan fuerza legislativa", encaminados �nica y exclusivamente a restablecer cuanto antes el orden p�blico, puesto que alcanzada esta finalidad determinante dejan de regir tales decretos, como con �nfasis notorio lo repite el constituyente (8�, 118; 4�, 121).

Que por la declaraci�n de estado de sitio no desaparece la legalidad, est� obviamente prescrito en la Carta. Porque el Gobierno carece de poder para derogar las leyes, y s�lo est� habilitado para suspender "las que sean incompatibles con el estado ole sitio". Esta limitaci�n es de importancia cardinal, puesto que ning�n motivo diferente de la incompatibilidad de ciertas y determinadas normas legales con el estado de sitio puede invocarse leg�timamente por el Gobierno para suspenderlas. No basta que puedan ser perfeccionadas o reemplazadas por otras mejores a juicio del Gobierno. Es necesario que la ruptura del orden p�blico objetivamente se halle en relaci�n inmediata y directa�, por nexo de causalidad eficiente, con ciertas y determinadas leyes que, por lo mismo, son o han llegado a ser el origen del desorden o una valla verdadera para el regreso a la normalidad.

Si las circunstancias de hecho -ajenas a la voluntad del Gobierno- tienen tal incidencia que son capaces de impedir la actividad correspondiente a las atribuciones privativas de la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, se dar� en concreto la calamitosa situaci�n excepcional a que sea aplicable el remedio heroico de que una misma persona o corporaci�n pueda ejercer "simult�neamente la autoridad pol�tica y la judicial o la militar'.

Este es el verdadero significado y alcance del art�culo 61 dentro del esp�ritu incontrastable de la Carta Fundamental que organiza la paci�n colombiana como rep�blica democr�tica y representativa. Y puesto que el art�culo 61 modifica y altera el principio sustancial de la separaci�n de los poderes p�blicos, ha de verse con toda claridad que el constituyente contempla all� nada m�s que la situaci�n excepcional, angustiosa y extrema de que en los hechos no pueda funcionar conforme a los dictados de la Carta la Rama Jurisdiccional. En conflictos tales, la ejercer�n de emergencia las autoridades pol�ticas o las civiles y militares, desde luego que sin administraci�n de justicia la sociedad no puede subsistir, y no" habr�a otro camino para el retorno a la normalidad.

En efecto: casos verdaderamente extremos pueden v imponer que a la autoridad pol�tica se acumule la autoridad militar, y que a ambas as� reunidas se sume la autoridad jurisdiccional conforme al art�culo 61 para salvar en trances singulares el bien inestimable de la paz. Pero esto a la luz del d�a no significa que en la sola declaraci�n de estado de sitio en toda la Rep�blica o parte de ella se encuentre de plano raz�n plausible para que en una misma persona o corporaci�n se re�nan la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar. Porque si a pesar de la turbaci�n del orden p�blico pueden funcionar y funcionan efectivamente las autoridades jurisdiccionales, ning�n motivo circunstancial o de simple conveniencia justifica ante la Constituci�n Nacional que la autoridad pol�tica tome para s� la administraci�n de justicia en cualquiera de sus grados o jerarqu�as. Es claro en absoluto que no por el quebrantamiento de la estructura jur�dica primaria de la naci�n ha de lograrse el fin de mantener o restaurar su imperio, constitutivo precisamente del orden p�blico; el cual puede perturbarse por los gobernados, pero tambi�n y con gravedad mayor por los propios gobernantes.

No autoriza, pues, en modo alguno al Gobierno el art�culo 61 de la Constituci�n para suplantar en cualquier grado la actividad jurisdiccional de la Rep�blica con s�lo declarar turbado el orden p�blico y el estado de asedio parcial o total. Es necesario, adem�s, que objetivamente los jueces no puedan cumplir su funci�n privativa de administrar justicia. Si as� no sucede, si en concreto los jueces no est�n en circunstan ejercicio de la atribuci�n constitucional de nombrar jueces por los Tribunales de Distrito Judicial sea en modo alguno contrario al restablecimiento del orden p�blico, o que dichas corporaciones se hayan denegado a cumplir esa funci�n, o que no est�n dispuestas al nombramiento oportuno de tantos jueces cuantos el Gobierno considere necesarios para atender circunstancias de emergencia.

Por consiguiente: si en contradicci�n con la estructura fundamental de la Carta, el Gobierno toma para s� atribuciones que a la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico competen aun en estado de sitio, no hay incertidumbre en encontrar que el acto gubernamental, no obstante la notoria rectitud de intenci�n y m�viles patri�ticos que lo inspiran, rebasa los poderes excepcionales que le otorga el art�culo 121 para restablecer el orden p�blico, y viola las normas de la Constituci�n que ordenan el funcionamiento separado de los Poderes P�blicos, aparte del art�culo 26 en la garant�a de defensa ante juez competente, en cuanto a los textos del Decreto legislativo n�mero 12, de 4 de junio de 1959, que otorgan a los llamados Jueces de Instrucci�n Criminal que act�en por comisi�n del Ministerio de Justicia, competencia "para fallar en primera instancia" los procesos que el art�culo 1� enumera y determina.

Son, pues, inexequibles las atribuciones que con exceso de los poderes de simple polic�a, se conceden en el referido Decreto legislativo a los Jueces de Instrucci�n Criminal dependientes del Ministerio de Justicia, para administrarla y fallar en materias de competencia privativa de los jueces verdaderos.

2. En cuanto a las facultades que tenga el Gobierno en relaci�n con la suspensi�n o reforma de c�digos cuando act�a en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, se considera lo siguiente:

El art�culo 76 de la Carta, en su ordinal 2�, faculta al Congreso para "expedir C�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones"; y el art�culo 80 dispone que los C�digos no pueden ser dictados ni reformados sino en virtud de proyectos adoptados por las respectivas Comisiones Permanentes de una y otra C�mara.

El Gobierno est� incapacitado para expedir C�digos en ejercicio de las facultades del art�culo 121, porque se trata por excelencia de leyes de orden general y permanente. Ni por su naturaleza sobresaliente ni por el presupuesto de tiempo para su normal vigencia quedan comprendidos los C�digos en el "�mbito de las facultades de estado de sitio. (LXXXI, 2202, 13).

Tampoco puede reformarlos, porque ello envuelve derogaci�n parcial de car�cter definitivo, e inconciliable, por tanto, con la transitoriedad de los mandatos que se dictan en uso de facultades de emergencia.

Pero s� est� facultado para suspender leyes comunes y, eventualmente, hasta las leyes codificadas, cuando en concreto aparezca ostensible la necesidad de la medida como instrumento de buen gobierno claramente adecuado a la restauraci�n del orden p�blico.

3. El se�or Procurador General de la Naci�n concept�a que el art�culo 39 del Decreto 12 de 4 de junio de 1959, acusado de inconstitucionalidad, quebranta el art�culo 26 de la Carta, toda vez 'que suprime el auto de proceder. Dice en resumen de su razonamiento: "El art�culo 39 del Decreto dispone perentoriamente que vencido el t�rmino de instrucci�n del sumario (30 d�as) o perfeccionado �ste antes, se cierre la investigaci�n, se pongan los autos a disposicici�n de las partes para la presentaci�n de alegatos y luego se dicte sentencia, viola los principios de derecho atr�s consignados y, comoquiera que �stos aparecen principalmente expresados en el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, aquella disposici�n es tambi�n contraria a dicha norma. Y lo es, vuelve a decirse, por cuanto, sin providencia de calificaci�n que contenga cargos concretos, no hay, no puede haber, juzgamiento, juicio -que presupone controversia- ni defensa. Y no existiendo juzgamiento o juicio la sentencia condenatoria se habr�a dictado sin los presupuestos esenciales que se requieren para su validez".

Para la Corte, cuando el art�culo 26 de la Constituci�n estatuye que "nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio", reconoce y consagra en todo tiempo el derecho individual de defensa, pero no se�ala, las formas propias de cada juicio. Es normal el tr�mite plenario por su amplitud a trav�s de numerosas etapas; pero extraordinariamente puede ser conducente y necesario el proceso de actuaci�n acelerada. Lo que importa en esencia es que el acusado sea o�do y vencido en juicio conforme a la ley preexistente al acto que se imputa y por juez competente.

Y si en estado de sitio la celeridad procesal es claramente adecuada a reprimir la violencia como causa determinante de la perturbaci�n del orden p�blico, de propio modo que propicio a su imperio antisocial el retardo inherente a la mayor amplitud de defensa dentro de la normalidad, no hay duda de que el Gobierno est� facultado de emergencia por el art�culo 121 para abreviar los tr�mites y suspender, en consecuencia, las disposiciones en contrario dentro de los Departamentos donde rige el estado de asedio.

Ahora bien: conforme al sistema del Decreto n�mero 1%, el sindicado tiene audiencia dentro del informativo; el fallo de primera instancia debe concretarle los cargos con mayor precisi�n que si se tratara de auto de proceder; es o�do en segunda instancia, y dentro del �mbito propio del recurso extraordinario es o�do tambi�n en casaci�n. De modo que si los tr�mites se aceleran, no por esta causa se sacrifica o lesiona el derecho de defensa que la Carta asegura a los hombres.

4. Considera la Corte que el art�culo 8� del Decreto n�mero 12 de 4 de junio de 1959, no garantiza suficientemente el derecho de defensa], al disponer que el apoderado que designe el sumariado, actuar� desde la indagatoria "hasta la terminaci�n del proceso", porque todo mandato -con mayor raz�n en el campo penal- es esencialmente revocable, y se atar�a al proceso en forma indefinida al mandatario, aun en aquellos casos en que el poderdante le haya perdido la confianza, a causa de negligencia, procederes indebidos o dolosos o de otros motivos, con grave perjuicio, a no dudarlo, de los intereses de la defensa.

5. La Corte acoge la tesis del se�or Procurador sobre inconstitucionalidad de los apartes b), c) y d) del art�culo 10 del Decreto legislativo n�mero 12 de 1959, que ordenan a los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales, aplicar, en los asuntos de su competencia, las reglas del Decreto n�mero 12.

No hay duda de que siendo este Decreto restrictivo y desfavorable en relaci�n con las reglas del C�digo de Procedimiento Penal, sobre la misma materia, no puede aplicarse de preferencia en los procesos a que se contraen aquellos apartes, por mandato expreso del inciso segundo del art�culo 26 de la Carta, el cual, de acuerdo con la doctrina de la Corte, no puede ser suspendido en ning�n tiempo.

Tampoco la hay en cuanto el mismo art�culo 26 al hablar de "materia criminal", comprende tanto la ley penal sustantiva como la procedimental, en cuanto �sta se refiere a ciertas garant�as individuales, como el derecho de defensa, sin que el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887, oscurezca este concepto, al preceptuar que 'las leyes concernientes a la sustanciaci�n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores", pues esa disposici�n no se refiere en verdad sino a las reglas precisamente relacionadas con la simple "sustanciaci�n y ritualidad" de los procesos. (V. sentencia de la Corte de 13 de mayo de 1941. LI, 1970, 37).

En consecuencia, al disponer los apartes b), c) y d) del art�culo 10, que en los territorios en estado de sitio, los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales apliquen en los asuntos de su competencia, las disposiciones del Decreto n�mero 12, que es ley restrictiva y desfavorable, comparada con la legislaci�n penal procesal preexistente, en lo que ata�e a los procesos iniciados antes, o iniciados despu�s de entrar a regir el" Decreto, pero en este caso por delitos cometidos con anterioridad, los citados incisos del art�culo 10, violan el inciso segundo del art�culo 26 de la Carta, seg�n el cual, en materia criminal, la ley favorable, vigente cuando el delito fue cometido, rige el proceso, con la excepci�n concerniente a las reglas de mera "ritualidad o sustanciaci�n", de que trata el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887.

6. No por ser restrictivas o menos favorables las disposiciones, referentes al procedimiento, contenidas en los art�culos 5� par�grafo), 6�, 7�, 14, 15, 16 y 17 del Decreto legislativo n�mero 12 de 1959, comparadas con las del derecho procesal com�n suspendidas en los Departamentos que a�n se hallan en estado de sitio, se ha de seguir necesariamente el quebranto de la Constituci�n. El derecho de defensa subsiste garantizado, aunque no de modo tan amplio como en la legislaci�n ordinaria. La Constituci�n lo consagra: "Nadie podr� ser juzgado sino conforme a leyes pre-existentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio"; reconoce y consagra el derecho, pero no da la medida exacta de su ejercicio, ni ha determinado cada una de las formas que componen cada uno de los juicios, motivo por el cual le corresponde al Congreso, como antes se expuso. Y en caso de emergencia al Gobierno, en uso de las facultades del art�culo 121 y si bien no puede suprimir el derecho, est� eventualmente facultado para acondicionar su ejercicio a la suprema necesidad de restablecer el orden. No podr� deducirse de los textos acusados, la cancelaci�n de tan elemental como b�sica garant�a ciudadana, sino el empleo de un conjunto de medidas encaminadas a remover obst�culos que dificultan la represi�n de la violencia, medidas claramente adecuadas en �pocas de emergencia, como la presente, cuyos rasgos caracter�sticos denotan escasa madurez pol�tica en la Naci�n, en da�o invaluable para la unidad de acci�n y en perjuicio del desarrollo arm�nico de su potencia cultural y econ�mica. Una prueba palpitante de que se conserva garantizado el derecho de defensa es la de que ya han sido infirmados por la Corte varios fallos proferidos por los Tribunales Superiores en los procesos ventilados seg�n el Decreto n�mero 12.

En s�ntesis: las disposiciones del Decreto que la demanda acusa en el cap�tulo en estudio, proven a la reglamentaci�n de un juicio que consta de dos instancias, asistido el procesado por apoderado que nombra libremente; que vela en la etapa sumarial por una instrucci�n recta; alega tanto en la primera como en la segunda instancia; recurre de la sentencia de primer grado para ante el Tribunal Superior; solicita de �ste la pr�ctica de las pruebas que juzgue necesarias a la defensa, y demanda en casaci�n, si fuere el caso. No puede decirse, en verdad, que haya sido destituido de garant�a constitucional quien puede servirse de estos medios para defender su libertad.

7. Seg�n los art�culos 11, 12 y 13 del Decreto legislativo n�mero 12 de 4 de junio de 1959, quedan sometidas las infracciones que cometan los menores de 16 a�os en los Departamentos en estado de sitio, a los Jueces de Instrucci�n Criminal, a los Municipales, de Circuito y Superiores, en los t�rminos y seg�n las reglas del Decreto, pero s�lo podr�n condenar a la medida de seguridad consistente en reclusi�n en, un reformatorio por lapso no inferior a dos a�os. Siguen los Jueces de Menores con la competencia ordinaria para conocer de los dem�s asuntos contemplados en la Ley 83 de 1946, as� como de los procesos pendientes por infracciones penales con arreglo a las disposiciones de la misma Ley 83.

Al respecto, la Corte extiende a estas normas la motivaci�n expuesta en esta misma sentencia sobre los art�culos 1, 2o y 3�, y en general toda la que antecede. Y puesto que el art�culo 11 atribuye competencia de juzgamiento a los Jueces de' Instrucci�n Criminal, que no son funcionarios judiciales, es en ello inexequible. Pero en lo que respecta al tr�mite o formas procesales no incide la censura, comoquiera que el derecho de defensa de los menores aparece debidamente garantizado.

8. El art�culo 26 del Decreto n�mero 12 de 1959 faculta a las autoridades militares y de polic�a para capturar y poner a la disposici�n de las autoridades competentes, a las personas de que se tenga noticia que han cometido delitos, o que sean requeridas p�blicamente por la autoridad, o se hayan fugado estando legalmente detenidas, se dediquen al tr�fico il�cito de armas, explosivos y estupefacientes, o se encuentren en evidente estado antisocial. Se acusa este art�culo por violar el 23 de la Carta, ya que las atribuciones que conf�a * a los funcionarios militares y de polic�a, no pueden cumplirse sino a virtud de mandato judicial y por motivos previamente definidos en las leyes.

La demanda acusatoria no acent�a el cargo en lo que respecta a la atribuci�n para capturar a quienes sean requeridos p�blicamente por las autoridades, se hayan fugado estando legalmente detenidos, o se dediquen al comercio il�cito de armas, estupefacientes o explosivos. Se concreta la acusaci�n, por consiguiente, en cuanto el art�culo 26 se refiere a la captura de las personas de quienes se tiene noticia que han cometido delitos, o se encuentren en evidente estado antisocial.

El art�culo 23 de la Constituci�n Nacional prescribe que "nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes".

La Corte, de acuerdo con el se�or Procurador, considera que el precepto acusado no se aparta del ordenamiento constitucional:

En primer lugar, �ste no dispone que la orden sea impartida por autoridad judicial sino por "autoridad competente". La autoridad competente la se�ala en tiempo de paz el legislador ordinario, y en tiempo de anormalidad el Gobierno, puesto que como el art�culo 23 de la Constituci�n no determina cu�l es la autoridad competente, no quebranta el Ejecutivo el art�culo citado cuando en ejercicio de las facultades del 121 estatuye que la autoridad militar y la de polic�a pueden detener a los particulares, a pesar de las disposiciones procedimentales y de polic�a que sean contrarias a tal se�alamiento, las que por lo mismo quedan suspendidas.

En segundo lugar, el mandamiento -que ha de ser escrito- debe reunir los dem�s requisitos legales, esto es, los se�alados en las leyes de procedimiento o de polic�a.

En tercer lugar, si los motivos deben hallarse definidos con antelaci�n en las leyes, eso precisamente hace el art�culo acusado, pues si la Carta no los define, ello concierne ante todo a la ley, y en caso de guerra exterior o conmoci�n interior, a los decretos legislativos de acuerdo con el art�culo 121, sin que sufra quebranto la inviolable disposici�n del art�culo 23 de la Ley Fundamental.

9, Autoriza el art�culo 27 del Decreto n�mero 12 de 1959 a los Gobernadores de los Departamentos en estado de sitio, para que, previa consulta de la cuant�a al Ministerio de Justicia, ofrezcan recompensas en dinero a los particulares que entreguen a los delincuentes requeridos por la autoridad o faciliten su captura, debiendo pagarse tales recompensas con cargo al Tesoro Nacional.

No estima la Corte que el texto acusado se halle en pugna con las disposiciones constitucionales que indica la demanda.

El art�culo 78, ordinal 5�, de la Carta, somete las gratificaciones a que alude, al requisito de hallarse reconocidas en ley preexistente, la cual, en el presente caso, es el Decreto n�mero 12, dictado en ejercicio de la potestad emanada del art�culo 121, que no se trata de una norma constitucional de aquellas que seg�n la doctrina de la Corte, no pueden suspender su imperio en tiempos de turbaci�n del orden p�blico.

No sufren tampoco los art�culos 30, 183 y 189 de la Carta, porque no se afecta el tesoro de los Departamentos sino el Nacional, que menciona el citado ordinal 59 del art�culo 78 ib�dem.

Ni el art�culo 23, por �ltimo, porque la disposici�n acusada se refiere a los delincuentes requeridos por la justicia, esto es, contra quienes las autoridades competentes; incluidas las mencionadas en el art�culo 26 del Decreto, hayan dictado auto de detenci�n u ordenado su aprehensi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal.

El Gobierno, en vista de la urgent�sima necesidad en que la Naci�n se halla de terminar esta dolorosa etapa de violencia, ha considerado conveniente que la entrega de los delincuentes o la facilitaci�n de su captura, cause una retribuci�n pecuniaria, apenas equitativa, dados los obvios peligros que esa tarea comporta, sin que por ello deje de tener cabal vigencia la facultad del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal.

Sobre el alcance del art�culo 23 de la Carta, en relaci�n con el 384 del citado C�digo, la Corte en pleno expuso, en sentencia de 25 de octubre de 1960:

"Es cierto que el art�culo 23 de la Carta dispone que 'nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido... sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes*. Pero una cosa es reducir a ' prisi�n o arresto a una persona, o disponer su detenci�n, y algo distinto realizar su captura. Aqu�llas exigen un acto jurisdiccional. En cambio la captura es el mero acto f�sico de aprehensi�n, la cual deber� cumplir cualquiera, cuando se trata del delincuente cogido infraganti o del que cuya 'captura haya sido p�blicamente requerida por la autoridad competente.

"Si el delincuente cogido infraganti, de acuerdo con el art�culo 24 de la Constituci�n Nacional, 'puede ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquier persona', es evidente que tambi�n lo puede ser aquel 'malhechor cuya captura haya sido p�blicamente requerida por la autoridad competente, pues en este segundo "caso la formalidad legal a que alude la Carta consiste, precisamente, en ese requerimiento p�blico de la autoridad, para que esa captura se cumpla. Y en este evento, es l�gico que precede a tal requerimiento el acto jurisdiccional que ordena o la detenci�n preventiva, o la prisi�n o el arresto de la persona o personas cuya aprehensi�n pide la autoridad competente". (XCIII, 2230 y 2231, p. 637).

Determinado as� el alcance del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal, en sus nexos con el 23 de la Carta, es evidente que el art�culo 27 del Decreto guarda armon�a con la norma constitucional.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogot�, veinticuatro (24) de julio de mil novecientos sesenta y uno.

Varios ciudadanos, encabezados por el doctor Gilberto Moreno, demandan que la Corte declare inexequibles los art�culos 1�, 2�, 3�, 5� (el par�grafo), 6� 7�, 8�, 10 a 24, 26, 27, 28, 30 y 32 del Decreto legislativo n�mero 12 de 4 de junio de 1959, "por el cual se dictan normas tendientes a procurar la r�pida y eficaz administraci�n de justicia, en lo penal, en los Departamentos en donde subsiste el estado de sitio

Art�culo 1� Los Jueces de Instrucci�n Criminal que act�en por c omisi�n del Ministerio de Justicia (Mi el territorio de los Departamentos en donde subsiste el estado de sitio, son competentes para instruir y fallar en primera instancia los procesos que se adelanten por los siguientes delitos:

2� De las lesiones personales, en los casos de los art�culos 373, 374, 375, 376, 377, 379 del C�digo Penal;

3� Asociaci�n e instigaci�n para delinquir, y de la apolog�a del delito;

5� Del delito de violaci�n de domicilio, contemplado en el art�culo 302 del C�digo Penal;

6� Del delito contra la libertad de trabajo, contemplado en el art�culo 308 del C�digo Penal;

Art�culo 2� La instrucci�n y fallo de los procesos a que se refiere el art�culo anterior, se har� conforme al procedimiento que se establece en los art�culos siguientes.

Art�culo 3� El sumario deber� ser instruido en el t�rmino m�ximo de treinta (30) d�as, vencido el cual, o antes si se hubiere perfeccionado el sumario, el Juez ordenar�, mediante auto de sustanciaci�n, el cierre de la investigaci�n, y pondr� por el t�rmino de tres (3) d�as los autos a disposici�n de las partes para la presentaci�n de alegatos. Vencido dicho t�rmino, el Juez dictar� sentencia dentro de los cinco (5) d�as subsiguientes.

Par�grafo. El auto de detenci�n durante el sumario se regir� por las normas comunes, pero es inapelable. En el caso del art�culo 365 del C�digo de Procedimiento Penal, el t�rmino del emplazamiento ser� de cinco (5) d�as.

Art�culo 6� En los procesos que se adelanten conforme a este Decreto, no habr� lugar a excarcelaci�n, cualquiera que sea el delito. Cuando la sentencia de primera instancia fuere absolutoria, los detenidos quedar�n en libertad bajo fianza mientras el Tribunal no haya confirmado la sentencia.

Art�culo 7� Cuando al fallarse el proceso en primera instancia, no existiere prueba plena para absolver o condenar, se sobreseer� temporalmente, y se ordenar� reabrir la investigaci�n hasta su perfeccionamiento. El sobreseimiento temporal debe consultarse, y no se pondr� en libertad a los detenidos, si los hubiere, mientras no se haya confirmado por el Superior.

Par�grafo. Cuando el Superior confirme un sobreseimiento temporal, determinar� el funcionario que debe perfeccionar el proceso, y fallar lo de nuevo y definitivamente en primera instancia. Si el Superior revocare el sobreseimiento temporal, dictar� la sentencia que deba reemplazarlo.

Art�culo 8� La designaci�n de apoderado se har� conforme al C�digo de Procedimiento Penal, desde el, momento de la indagatoria, y con �l se actuar� hasta la terminaci�n del proceso.

Art�culo 10. En los Departamentos en donde a�n subsiste el estado de sitio, los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales, en los asuntos de su competencia., cuando no se hayan encomendado por comisi�n especial a los Jueces de Instrucci�n Criminal en los t�rminos del presente Decreto, se sujetar�n a las normas siguientes:

a) Si al entrar a regir este Decreto, ya se hubiere proferido auto de proceder, aun cuando no se haya ejecutoriado, el juicio se realizar� seg�n lo establecido en el C�digo de Procedimiento Penal;

b) Si no se hubiere dictado auto de> proceder, se aplicar�n las normas establecidas en este Decreto;

c) A los sumarios en curso se aplicar�n las normas establecidas en| este Decreto;

d) Los procesos que se iniciaren con posterioridad a la vigencia de este Decreto, se regir�n por las normas del mismo;

e) La apelaci�n y la consulta de las providencias de los Jueces Municipales, se surtir�n ante los Jueces de Circuito.

Art�culo 11. Los Jueces de Instrucci�n Criminal, Municipales, de Circuito y Superiores, a que se refiere este Decreto, conocer�n tambi�n si las infracciones de su competencia son cometidas por menores, mediante el mismo procedimiento, pero en la sentencia s�lo podr�n aplicar la medida de seguridad, consistente en la reclusi�n en un Reformatorio por un t�rmino no inferior a dos (2) a�os. En tales casos, si la sentencia no fuere apelada, se consultar� ante la Sala Penal del respectivo Tribunal Superior. Ejecutoriada la sentencia, ser� puesto el menor a �rdenes del Juez de Menores respectivo para el cumplimiento del fallo.

Par�grafo. El Ministerio de Justicia se�alar� los Reformatorios en donde debe cumplirse la reclusi�n.

Par�grafo. En todo caso, la detenci�n de menores, mientras dura el proceso, se cumplir� en lugares distintos de los destinados a la detenci�n de los mayores.

Art�culo 12. Son menores, para los efectos de este Decreto, las personas que no hayan cumplido 16 a�os.

Art�culo 13. La competencia de los Jueces de Menores en los Departamentos en que a�n subsiste el estado de sitio, queda circunscrita, a partir de la vigencia de este Decreto, a los dem�s asuntos a que se refiere la Ley 83 de 1946, pero de los procesos por infracciones penales cometidos por menores, y que estuvieren en curso, conocer�n hasta su terminaci�n, seg�n el procedimiento de la misma Ley.

Art�culo 14. En los procesos que se adelanten, conforme a las normas de este Decreto, las peticiones de cesaci�n de procedimiento s�lo podr�n presentarse dentro del t�rmino para alegar, antes de la sentencia de primera instancia, y se resolver�n en �sta.

Art�culo 15. Durante el sumario no se practicar�n diligencias de careo en ning�n caso. El auto que acepte o rechace la pr�ctica de pruebas en el sumario, es inapelable.

Art�culo 16. Las apelaciones y consultas de las sentencias se surtir�n conforme a las normas del C�digo de Procedimiento Penal.

Art�culo 17. Contra las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores ' del Distrito Judicial, en desarrollo del procedimiento que en este Decreto se establece, habr� lugar al recurso de casaci�n, ante la Sala Penal de la "Corte Suprema de Justicia, conforme a las causales y al procedimiento establecidos en el C�digo de Procedimiento Penal, que fueren pertinentes.

Art�culo 18. El Ministerio P�blico ser� ejercido ante los Jueces de Instrucci�n Criminal de que trata este Decreto, por el respectivo Personero Municipal en los casos en que no intervengan los Fiscales especiales, creados por el Decreto n�mero 0328 de 1958.

Art�culo 19. En todos los procesos en que se aplique el procedimiento establecido en este Decreto, no hay lugar a traslados ni a notificaciones obligatorias al Ministerio P�blico.

Par�grafo. Los Agentes del Ministerio P�blico est�n obligados a intervenir en los procesos penales, y a concurrir al despacho de los Jueces para notificarse oportunamente, enterarse de la marcha de los procesos, pedir pruebas y presentar alegaciones en las oportunidades legales.

En los Tribunales Superiores, el Magistrado ponente se limitar� a dar aviso escrito a los Fiscales de la llegada del negocio, y este aviso se repartir� entre ellos, para determinar la responsabilidad de intervenci�n del Ministerio P�blico.

Art�culo 20. Si se suscitare colisi�n de competencias dentro de los procesos penales de que conozcan los Jueces de Instrucci�n Criminal de que trata este Decreto, deber� dirimirlas el respectivo Tribunal, pero no se suspender� la investigaci�n ni se anular� lo actuado.

Art�culo 21. La acci�n civil para el resarcimiento del da�o o perjuicio causado por el delito, puede ejercerse dentro del proceso penal, o por separado, ante la jurisdicci�n civil competente, a elecci�n del ofendido.

Si quien tenga derecho, conforme a las normas legales, resuelve constituir parte civil dentro del proceso penal, la aceptaci�n de ella se har� por medio de auto, que ser� inapelable.

Art�culo 22. En los procesos que se adelanten, conforme a lo establecido en este Decreto, no podr� alegarse nulidad sino por las siguientes causas:

b) Ilegitimidad de personer�a, en el querellante, cuando el asunto es de aquellos en que no puede procederse de oficio.

Par�grafo. Las nulidades s�lo podr�n alegarse una vez dictada la sentencia de primera instancia, y ante el respectivo Tribunal.

Art�culo 23. Cuando haya lugar a la acumulaci�n de procesos, �sta se har� antes de la sentencia de primera instancia, y se decretar� por medio de auto, que es inapelable.

Art�culo 24. Cuando el proceso se refiere a delitos sometidos a diversas competencias, prevalecer� la competencia para conocer de los Jueces de Instrucci�n Criminal a que se refiere este Decreto, sobre la de los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales; la de los Jueces Superiores sobre la de los Jueces de Circuito y Municipales, y la de los Jueces de Circuito sobre la de los Jueces Municipales.

Art�culo 26. Facilitase a las autoridades militares y de Polic�a para capturar y poner a la disposici�n de las autoridades competentes, a las personas de quienes se tenga noticia que han cometido delitos; a las que est�n requeridas p�blicamente por la autoridad; a las que se hayan fugado, estando legalmente detenidas; a las que se dediquen al tr�fico il�cito de armas, explosivos o estupefacientes, y a las que se encuentren en evidente estado antisocial.

Art�culo 27. Autor�zase a los Gobernadores de los Departamentos en estado de sitio para que, previa consulta de la cuant�a al Ministerio de Justicia, ofrezcan recompensas en dinero a los particulares que entreguen a los delincuentes requeridos por la justicia, o faciliten su captura. Tales recompensas se pagar�n con cargo al Tesoro Nacional.

Art�culo 28. Toda persona que sea designada por la autoridad competente para auxiliar a la justicia en cuestiones t�cnicas, tendr� la obligaci�n de prestar su concurso inmediato y gratuito. La renuencia a prestar el servicio acarrea las consecuencias a que se refiere el inciso 29 del art�culo 257 del C�digo de Procedimiento Penal.

Art�culo 30. Las personas que sean condenadas, de acuerdo con las normas de este Decreto, y por los delitos en �l se�alados o los conexos con ellos, no tendr�n derecho a la condena y libertad condicional, ni al perd�n judicial, ni estar�n cobijados por las rebajas de penas que se decreten en el futuro.

El Gobierno acondicionar� a la mayor brevedad, y con todas las seguridades del caso, una isla mar�tima para que a ella puedan ser enviadas a cumplir su condena las personas que fueren sentenciadas a la pena de presidio o de prisi�n.

Art�culo 32. El Gobierno har� los traslados presupu�stales y apropiar� las partidas que fueren necesarias para el cumplimiento de este Decreto, el cual rige a partir de la fecha de su expedici�n, y suspende todas las disposiciones legales que le sean contrarias.

La acusaci�n afirma que los preceptos copiados violan "los art�culos 22, 55, 58, 78, numeral 2� y 59, numeral 29, 80, numeral 29, 121, T�tulo XV, 183, 187, numeral 29 de la Constituci�n Nacional, C�digo de Procedimiento Civil, C�digo de Procedimiento Penal, �stos como desarrollo de aqu�llos y los dem�s que aqu� citamos y comentamos '7 se lee en la demanda.

El se�or Procurador General de la Naci�n concept�a que las disposiciones acusadas son exequibles, salvo el art�culo 39 y los incisos b), c) y d) del art�culo 10.

La Corte se ocupa por separado de la acusaci�n referente a cada uno de los preceptos que son materia de la demanda.

Seg�n el art�culo 19 del Decreto n�mero 12, de 4 de junio de 1959, los Jueces de Instrucci�n Criminal, cuando act�en por comisi�n del Ministerio de Justicia en los Departamentos donde subsiste el estado de sitio, tienen competencia para instruir y fallar, en primera instancia, los procesos a que haya lugar por las infracciones enumeradas en el mismo texto.'

Estas son, en s�ntesis, las razones en que la acusaci�n basa la inconstitucionalidad de dicho precepto:

a) Que es cuesti�n fundamental de las instituciones del Estado, la forma como la Constituci�n organiza el poder p�blico y dispone su ejercicio; que seg�n el art�culo 29 de la Carta, la soberan�a reside esencial y exclusivamente en la Naci�n y de ella emanan los poderes p�blicos, que se ejercer�n como lo prescribe la misma Ley Fundamental; y agrega: "Para la paz o para la anormalidad; los poderes deben ejercerse en la forma establecida en la Constituci�n, en forma separada, aunque, con colaboraci�n arm�nica. Como lo dice Carlos Schmitt, 'caracter�stica del estado de derecho es que toda la actividad del Estado est� repartida de modo exhaustivo en una suma de competencias claramente delimitadas en la ley', y este estado tiene que subsistir dentro del estado de sitio. Este no autoriza al Gobierno para eludir el sistema de controles inherentes a un Estado organizado"

b) Que el art�culo 55 de la Constituci�n estatuye el principio de la separaci�n de los poderes, que el decreto infringe. "No aceptamos -dice la demanda- que la separaci�n de los poderes pueda impedir el regreso a la normalidad, o que el conocimiento de determinada materia, por una de ellas, pueda ocasionar el desorden p�blico o imposibilitar al Presidente para restablecer el orden. Menos aceptamos la alegaci�n de que la continuaci�n del delito se explica por estar en manos distintas del Presidente la facultad de castigarlo

"El Decreto acusado no tiene explicaci�n alguna sobre su expedici�n Los funcionarios de Instrucci�n deben reunir los mismos requisitos de los Jueces de Circuito. Luego de ellos puede esperarse apenas lo que puede esperarse de los otros, que la designaci�n por el Gobierno no les da categor�a especial ni facultades que no puede dar la ley a los jueces comunes. Lo esencial, pues, de la reforma, si algo en realidad puede esperarse de ella, es el procedimiento m�s r�pido y el Congreso pudo modificarlo ".

c) Que el art�culo 157 de la Carta habla d� los Jueces de Instrucci�n, cuya autoridad se circunscribe a investigar los delitos; el art�culo 60 del C�digo' de Procedimiento Penal enumera los funcionarios de instrucci�n, entre los cuales figuran dichos jueces; el art�culo 38 ib�dem, dispone que �stos sean nombrados por los Tribunales Superiores de Distrito judicial, pero, la Ley 4� de 1943 los puso bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno, habiendo quedado luego bajo la del Despacho de Justicia, al ser creado �ste, pero que no son ellos los Jueces de Instrucci�n de que habla el art�culo 157 de la Carta; y concreta as� esta parte de la impugnaci�n: "Al atribuir el Gobierno a sus jueces de' instrucci�n la funci�n de administrar justicia, est� violando el art�culo 58, puesto que s�lo pueden administrar justicia la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y dem�s Tribunales y Juzgados que establezca la ley. No vale argumentar que los jueces de instrucci�n fueron creados por la Ley 4� de 1943, puesto que en ella no se les da la facultad de administrar justicia y ser� inconstitucional la ley que diera esa facultad a funcionarios dependientes de, un Ministro, porque quebrantar�a* la separaci�n de los poderes".

1. No se observa ni defiende la Constituci�n de la Rep�blica con el respeto aparente del texto y desconocimiento intr�nseco del' esp�ritu institucional de la norma, sin que el acto alcance a justificarse por la nobleza de intenci�n o la altura de los m�viles.

En la paz se encuentra el supuesto necesario al desarrollo de la actividad com�n, p�blica y privada; y corresponde a lo que en principio acontece dentro de la naci�n jur�dicamente organizada. O sea: que la paz equivale a la normalidad en la vida institucional de la Rep�blica, y que entonces el ejercicio de la soberan�a se manifiesta por la acci�n separada, no interferida pero arm�nica, de las tres Ramas del Poder P�blico: Ejecutiva, Legislativa y Jurisdiccional. As�, no es concebible que persona o corporaci�n alguna ejerza simult�neamente la autoridad pol�tica o civil, y la judicial o la militar.

2. Cuando en caso de guerra exterior o de conmoci�n interior se declara por el Gobierno turbado el orden p�blico, y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella, el r�gimen de derecho no hace quiebra. Apenas se acent�a en el Presidente la necesidad de cumplir su imperativo deber constitucional de "conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado''. (7� 120).

Por ello est� capacitado el Presidente de la Rep�blica para dictar "decretos que tengan fuerza legislativa", encaminados �nica y exclusivamente a restablecer cuanto antes el orden p�blico, puesto que alcanzada esta finalidad de terminante, dejan de regir tales decretos, como ' con �nfasis notorio lo repite el constituyente. (80, 118; 49, 121).

3. Que por la declaraci�n del estado de sitio no desaparece la legalidad, est� obviamente prescrito en la Carta. Porque el Gobierno carece de poder para derogar las leyes, y s�lo est� habilitado para suspender "las que sean incompatibles con el estado de sitio".

Esta limitaci�n es de importancia cardinal, puesto que ning�n motivo diferente de la incompatibilidad de ciertas y determinadas normas legales con el estado de sitio puede invocarse leg�timamente por el Gobierno para suspenderlas. No basta que puedan ser perfeccionadas o reemplazadas por otras mejores a juicio del Gobierno. Es necesario que la ruptura del orden p�blico objetivamente se halle en relaci�n inmediata y directa, por nexo de causalidad eficiente, con ciertas y determinadas leyes que, por lo mismo, son o han llegado a ser el origen del desorden o una valla verdadera par� el regreso a la normalidad.

4. Si las circunstancias de hecho -ajenas a la voluntad 'del Gobierno- tienen tal incidencia que son capaces de impedir la actividad correspondiente a las atribuciones privativas de la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, se dar� en concreto la calamitosa situaci�n excepcional a que sea aplicable el remedio heroico de que una misma persona o corporaci�n pueda ejercer "simult�neamente la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar".

Este es el verdadero significado y alcance del art�culo 61 dentro del esp�ritu incontrastable de la Carta Fundamental que organiza la naci�n colombiana como rep�blica democr�tica y representativa. Y puesto que el art�culo 61 modifica y altera el principio sustancial de la separaci�n de los poderes p�blicos, ha de verse con toda claridad que el constituyente contempla all� nada m�s que la situaci�n excepcional, angustiosa y extrema de que en los hechos no pueda funcionar conforme a los dictados de la Carta la Rama Jurisdiccional. En conflictos tales, la ejercer�n de emergencia las autoridades pol�ticas o las civiles y militares, desde luego que sin administraci�n de justicia la sociedad no puede subsistir, y no habr�a otro camino para el retorno � la normalidad.

En efecto: casos verdaderamente extremos pueden imponer que a la autoridad pol�tica se acumule la autoridad militar, y que a ambas as� reunidas se sume la autoridad jurisdiccional conforme al art�culo 61 para salvar en trances singulares el bien inestimable de la paz. Pero esto a la luz del d�a no significa que en la sola declaraci�n de estado de sitio en toda la Rep�blica o parte de ella se encuentre de plano raz�n plausible para que en una misma persona o corporaci�n se re�nan la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar. Porque si a pesar de la turbaci�n del orden p�blico pueden funcionar y funcionan efectivamente las autoridades jurisdiccionales, ning�n motivo circunstancial o de simple conveniencia justifica ante la Constituci�n Nacional que la autoridad pol�tica tome para s� la administraci�n de justicia en cualquiera de sus grados o jerarqu�as. Es claro en absoluto que no por el quebrantamiento de la estructura jur�dica primaria de la naci�n ha de lograrse el fin de mantener o restaurar su imperio, constitutivo precisamente del orden p�blico; el cual puede perturbarse por los gobernados, pero tambi�n y con gravedad mayor por los propios gobernantes.

5. No autoriza, pues, en modo alguno al Gobierno el art�culo 61 de la Constituci�n para suplantar en cualquier grado la actividad jurisdiccional de la Rep�blica con s�lo declarar turbado el orden p�blico y el estado de asedio parcial o total. Es necesario, adem�s, que objetivamente los jueces no puedan cumplir su funci�n privativa de administrar justicia.

Si as� no sucede, si en concreto los jueces no est�n en circunstancias impeditivas del ejercicio de sus atribuciones, resulta vidente el desv�o de poder cuando se confiere a las autoridades pol�ticas la funci�n de administrar justicia, constitucionalmente propia de' los jueces, mientras la perturbaci�n en los hechos no sea d� tal naturaleza grave que est�n en incapacidad actual de ejercerla.

Por consiguiente, la tarea de restaurar el orden p�blico en tales eventualidades supone la remoci�n de los obst�culos de hecho que impidan la actividad jurisdiccional; pero de ning�n modo y en ning�n tiempo la creaci�n de obst�culos de derecho que le cercenen o arrebaten sus atribuciones emanadas directamente de la Constituci�n Nacional.

6. Aparentemente la funci�n falladora acumulada a la actividad instructiva confiere agilidad y presteza a la faena eliminatoria de los estados de violencia perturbadores del orden p�blico. Pueden verse en la medida altas razones encaminadas al logro de la normalidad por el empleo de instrumentos adecuados a la pronta y eficaz lucha contra la delincuencia como garant�a del sosiego p�blico.

Pero el examen institucional de la cuesti�n descubre el espejismo y no permite recibir el sistema profundamente perturbador que suplanta la actividad de los jueces y les arrebata la competencia que de derecho y en los hechos, est�n capacitados para ejercer; que en todo tiempo, y mayormente en casos de emergencia, puede y debe recibir todo el est�mulo natural e indispensable para su oportuno, eficaz y �gil desempe�o, con s�lo proveer por los cauces constitucionales todos los elementos morales y materiales en respaldo de funci�n tan elevada, y todo el personal extraordinario que las circunstancias demanden; que con la justicia haya justicia, para contrarrestar debidamente el peligro de la violencia end�mica, y atender y hacer frente al aumento de los procesos punitivos en curso, cuyos tr�mites, adem�s, pueden hacerse tan r�pidos como lo permita la salvaguardia del derecho de defensa ante jueces competentes.

No lo son en derecho, sino apenas circunstanciales, cuando fuera de los casos extremos que el art�culo 61 contempla, la justicia se administra por funcionarios pol�ticos, comisionados por la autoridad pol�tica, con impacto directo que rompe todas las normas fundamentales que organizan la separaci�n de los poderes p�blicos, no menos que el art�culo 26 de la Carta, garante permanente, aun en las situaciones de m�s profundo desorden, del inalienable derecho de defensa.

No cabr�a demostrar el imposible de que el ejercicio de la atribuci�n constitucional de nombrar jueces por los Tribunales del Distrito Judicial sea en modo alguno contrario al restablecimiento del orden p�blico, o que dichas corporaciones se hayan denegado a cumplir esa funci�n, o que no est�n dispuestas al nombramiento oportuno de tantos jueces cuantos el Gobierno considere necesarios para atender circunstancias de emergencia.

7. Por consiguiente: si en contradicci�n con la estructura fundamental de la Carta,, el Gobierno toma para s� atribuciones que a la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico competen aun en estado de sitio, no hay. incertidumbre en encontrar que el acto gubernamental, no obstante la notoria rectitud de intenci�n y m�viles patri�ticos que lo inspiran, rebasa los poderes excepcionales que le otorga el art�culo 121 para restablecer el orden p�blico y viola las normas de la Constituci�n que ordenan el funcionamiento separado de los poderes p�blicos, aparte del art�culo 26 en la garant�a de defensa ante juez competente, en cuanto a los textos del Decreto legislativo n�mero 12, de 4 de junio de 1959 que otorgan a los llamados Jueces de Instrucci�n Criminal que act�en por comisi�n del Ministerio de Justicia, competencia para "fallar en primera instancia", los procesos que el art�culo l9 enumera y determina.

Son, pues, inexequibles las atribuciones que con exceso de los poderes de simple polic�a, se conceden en el referido Decreto Legislativo a los Jueces de Instrucci�n Criminal dependientes del Ministerio de Justicia, para administrarla y fallar en materias de competencia privativa de los jueces verdaderos.

Atribuida en el art�culo l9 a los Jueces de Instrucci�n Criminal que act�en por comisi�n del Ministerio de Justicia en los Departamentos a�n en estado de sitio, la facultad de fallar en primera instancia los procesos all� determinados, el art�culo 20 dispone que la instrucci�n y fallo se sujetan a las reglas contenidas en el mismo Decreto; y el 3� prescribe los tr�mites que en la primera instancia deben observarse.

"d) El art�culo 76, numeral 29 da al Congreso la facultad de expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n, y reformar sus disposiciones. El Decreto acusado viola esta disposici�n, puesto que modifica los C�digos de Procedimiento Civil y Penal. En estado de sitio el Gobierno puede suspender leyes, pero negamos que pueda suspender c�digos. Aun acept�ndolo, 110 lo faculta para reformarlos, ni puede ir Hasta el extremo de atribuir en las reformas a sus propios funcionarios la jurisdicci�n que corresponde a otra de las Ramas del Poder.

"Tan importante consider� la Constituyente la materia relacionada con el ordinal 2� del art�culo 76 que en su art�culo 80 dispuso que las leyes sobre el particular no podr�an ser dictadas .o reformadas sino en virtud de proyectos adoptados por las respectivas comisiones permanentes de una y otra C�mara. S�lo mediante esta tramitaci�n tienen valor las leyes que expiden o reforman los C�digos y no puede aceptarse que, en virtud del estado de sitio, el Gobierno quede redimido de obligaciones que el constituyente impuso al Congreso, inclusive trat�ndose de su funci�n fundamental que es expedir leyes".

8. El art�culo 76, en su ordinal 2$, faculta al Congreso para "expedir C�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones "; y el art�culo 80 'dispone que los C�digos no pueden ser dictados ni reformados sino en virtud de proyectos adoptados por las respectivas Comisiones Permanentes de una y otra C�mara.

El Gobierno est� incapacitado para expedir C�digos en ejercicio de las facultades del art�culo 121, porque se trata por excelencia de leyes de orden general y permanente. Ni por su naturaleza sobresaliente ni por el presupuesto de tiempo para su normal vigencia quedan comprendidos los C�digos en el �mbito de las facultades de estado de sitio. (LXXXI 2202 13).

Tampoco puede reformarlos, jorque ello envuelve derogaci�n parcial de car�cter definitivo, e inconciliable por tanto con la transitoriedad de los mandatos que se dictan en uso de facultades ' de emergencia.

Pero s� est� capacitado para suspender leyes comunes y, eventualmente, hasta Mas leyes codificadas, cuando en concreto aparezca ostensible la necesidad de la medida como instrumento de, buen' gobierno claramente adecuado a la restauraci�n del orden p�blico.

9. El se�or Procurador General conceptea que el art�culo 39 es inconstitucional por quebranto del art�culo 26 de la Carta, toda vez que suprime el auto de proceder. Dice en resumen de su razonamiento:

"El art�culo 3� del Decreto dispone perentoriamente que vencido el t�rmino de instrucci�n del sumario (30 d�as) o perfeccionada �sta antes, se cierre la investigaci�n, se pongan los autos a disposici�n de las partes para la presentaci�n de alegatos y luego se dicte sentencia, viola los principios de derecho atr�s consignados y, comoquiera que �stos aparecen principalmente expresados en el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, aquella disposici�n es tambi�n contraria a dicha norma. Y lo es, vuelve a decirse, por cuanto, sin providencia de calificaci�n que contenga cargos1 concretos no hay, no puede haber, juzgamiento, juicio -que presupone controversia- ni defensa. Y no existiendo juzgamiento o juicio la sentencia condenatoria se habr�a dictado sin los presupuestos esenciales que se requieren para su validez".

10. Para la Corte, cuando el art�culo 26 de la Constituci�n estatuye que "nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas de cada juicio", reconoce y consagra en todo tiempo el derecho individual de defensa, pero no se�ala las formas propias de cada juicio. Es normal el tr�mite plenario por su amplitud a trav�s de numerosas etapas; pero extraordinariamente puede ser conducente y necesario el proceso de actuaci�n acelerada. Lo que importa en esencia es que el acusado sea o�do y vencido en juicio conforme a ley preexistente al acto que se imputa y por juez competente.

Y si en estado de sitio la celeridad procesal es claramente adecuada a reprimir la violencia como causa determinante de la perturbaci�n del orden p�blico, del propio modo que propicio a su imperio antisocial el retardo inherente a la mayor amplitud de defensa dentro de la normalidad, no hay duda de que el Gobierno est� facultado de emergencia por el art�culo 121 para abreviar los tr�mites y suspender, en consecuencia, las disposiciones en contrario dentro de los Departamentos donde rige el estado de asedio.

Ahora bien: conforme al sistema del Decreto n�mero 12, el sindicado tiene audiencia dentro del informativo; el fallo de primera instancia debe concretarle los cargos con mayor precisi�n" que si se tratara de auto de proceder; es o�do en segunda instancia, y dentro del �mbito propio del recurso extraordinario es o�do tambi�n en capaci�n. De modo que si los tr�mites se aceleran, no por esta causa se sacrifica o lesiona el derecho de defensa que la Carta asegura a los hombres.

11. Considera la Corte que el art�culo 89 no garantiza suficientemente el derecho de defensa, al disponer que el apoderado que designe el sumario, actuar� desde la indagatoria "hasta la terminaci�n del proceso", porque todo mandato -con mayor raz�n en el campo penal- es esencialmente revocable, y se atar�a al procesado en forma indefinida al mandatario, a�n en aquellos casos en que el poderdante le haya perdido la confianza, a causa de negligencia, procederes indebidos o dolosos o de otros motivos, con grave perjuicio, a no dudarlo, de los intereses de la defensa.

12. La Corte acoge la tesis del se�or Procurador sobre inconstitucionalidad de los apartes b), c) y d) del art�culo 10, que ordenan a los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales, aplicar, en los asuntos de su competencia, las reglas del Decreto n�mero 12.

Tampoco la hay en cuanto el mismo art�culo 26 al hablar de "materia criminal", comprende tanto la ley penal sustantiva como la procedimental, en cuanto �sta se refiera a ciertas garant�as individuales, como el derecho de defensa, sin que el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887, oscurezca este concepto, al preceptuar que "las leyes concernientes a la sustanciaci�n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores", pues esta disposici�n no se refiere en verdad sino a las reglas precisamente relacionadas con la simple "sustanciaci�n y ritualidad" de los procesos. (V. sentencia de la Corte de 13 de mayo de 1941. LI. 1970, 37).

En consecuencia, al disponer los apartes b), c) y d) del art�culo 10, que en los territorios en estado de sitio, los Jueces Superiores, de Circuito y Municipales apliquen en los asuntos de su competencia, las disposiciones del Decreto n�mero 12, que es ley restrictiva y desfavorable, comparada con la legislaci�n penal procesal preexistente, en lo que ata�e a los procesos iniciados antes, o iniciados despu�s de entrar a regir el Decreto, pero en este caso por delitos cometidos con anterioridad, los citados incisos del art�culo 10, violan el inciso segundo del art�culo 26 de la Carta, seg�n el cual, en materia criminal, la ley favorable, vigente cuando el delito fue cometido, rige el proceso, con la excepci�n concerniente a las reglas de mera "ritualidad o sustanciaci�n", de que trata el art�culo 40 de la Ley 153 de 1887.

El par�grafo del art�culo 5� dispone que el auto de detenci�n es inapelable; el 69, que no habr� lugar a excarcelaci�n en los procesos a que se refiere el Decreto; el 79, que no se pondr� en libertad a los detenidos si se sobresee temporalmente a su favor, sino cuando, esta decisi�n sea confirmada por el Superior, caso en el cual, �ste deber� designar el funcionario que perfeccione y falle el proceso definitivamente en primera instancia; el 14, que las peticiones de cesaci�n del procedimiento no se podr�n presentar sino dentro del t�rmino para alegar y antes de la sentencia de primera instancia; el 15, que no habr� careos, ni son apelables los autos que decreten o nieguen pruebas; el 16, que las apelaciones y consultas se surtir�n conforme a las normas del C�digo de Procedimiento Penal; el 17, que contra las sentencias que dicten los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en la segunda instancia de estos procesos, hay lugar a recurso de casaci�n ante la Corte Suprema; el 18, que el Ministerio P�blico ser� ejercido por los Personeros Municipales cuando no intervengan los Fiscales especiales creados por el Decreto n�mero 328 de 1958; el 19, que los Agentes del Ministerio P�blico deber�n concurrir a los Juzgados a enterarse de la marcha de los asuntos, notificarse de las providencias, pedir pruebas y alegar ; el 20 y el 24 estatuyen normas sobre competencias y manera de dirimirlas, sin que haya lugar a suspender la investigaci�n ni anular las actuaciones; el 21, que la acci�n de resarcimiento del da�o causado por el delito, podr� ejercerse dentro del proceso, o por separado, a opci�n del ofendido; el 22, que no habr� sino dos causales de nulidad, incompetencia de jurisdicci�n o ilegitimidad de la personer�a del querellante, cuando se trate de asunto en que no pueda procederse de oficio; el 23, que en caso de acumulaci�n de procesos, �sta se verificar� antes de la sentencia de primer grado, y el auto que la ordene ser� inapelable; el 30 dispone que las personas condenadas seg�n las normas del Decreto, no tendr�n derecho a condena y libertad condicionales, ni a perd�n judicial ni rebajas de penas que se decreten en lo futuro; y el 31, que el Gobierno deber� hacer los traslados presupu�stales y las apropiaciones de las partidas necesarias para dar cumplimiento al Decreto.

En lo que se refiere a algunos de estos art�culos los acusantes afirman que est�n en pugna con el art�culo 26 de la Carta.

Respecto de otros se abstuvieron no s�lo de motivar la impugnaci�n sino tambi�n de invocar precepto alguno violado, y no pocos d� ellos son francas garant�as de los derechos del procesado, tales como los art�culos 16, 17, 18, 19 y 21.

13. El grupo de disposiciones acusadas en este cap�tulo se refiere al procedimiento, a las facultades y derechos del procesado, en una palabra, a las formas, respecto de las cuales el art�culo 121, como antes se vio, autoriza al Presidente de la Rep�blica para suspender los preceptos legales incompatibles con la tarea restauradora de la paz, siempre que con ello no se quebrante el art�culo 26 de la Carta. Repite ahora la Corte lo expuesto al examinar la acusaci�n del art�culo 39, en lo atinente a la supresi�n del auto de proceder.

14. No por ser restrictivas o menos favorables las disposiciones del Decreto, comparadas con las del derecho procesal com�n, suspendidas en los Departamentos que a�n se hallan en estado de sitio, se ha de seguir necesariamente el quebranto de la Constituci�n. El derecho de defensa subsiste garantizado, aunque no de modo tan amplio como en la legislaci�n ordinaria. La Constituci�n lo consagra: "Nadie podr� ser juzgado 'sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio"; reconoce y consagra el derecho, pero no da la medida exacta de su ejercicio, ni ha determinado las formas que componen cada uno de los juicios, motivo por el cual ello corresponde al Congreso, como antes se expuso. Y en caso de emergencia al Gobierno, en uso de las facultades del art�culo 121, y si bien no puede suprimir el derecho, est� eventualmente facultado para acondicionar su ejercicio a la suprema necesidad de restablecer el orden. No podr� deducirse de los textos acusados, la cancelaci�n de tan elemental como b�sica garant�a ciudadana, sino el empleo de un conjunto de medidas encaminadas a remover obst�culos que dificultan la represi�n de la violencia, medidas claramente adecuadas en �pocas de emergencia, como la presente, cuyos rasgos caracter�sticos denotan escasa madurez pol�tica en la naci�n, en da�o invaluable para la unidad de acci�n y en perjuicio del desarrollo arm�nico de su potencia cultural y econ�mica. Una prueba palpitante de que se conserva garantizado el derecho de defensa es la de que ya han sido infirmados por la Corte varios fallos proferidos por los Tribunales Superiores en los procesos ventilados seg�n el Decreto n�mero 12.

En s�ntesis: las disposiciones del Decreto consideradas en este cap�tulo, proveen a la reglamentaci�n de un juicio que consta de dos instancias, asistido el procesado por apoderado que nombra libremente; que vela en la etapa sumarial por una instrucci�n recta; alega tanto en la primera como en ,1a segunda instancia; recurre de la sentencia de primer grado para ante el Tribunal Superior; solicita de �ste la pr�ctica de las pruebas que juzgue necesarias a la defensa, y demanda en casaci�n, si fuere el caso. No puede decirse, en verdad, que haya sido destituido de garant�a constitucional quien puede servirse de estos medios para defender su libertad.

15. Seg�n estos preceptos quedan sometidas las infracciones que cometan los menores de diez y seis a�os en los Departamentos en estado de sitio, a los Jueces de Instrucci�n Criminal, a los Municipales, de Circuito y Superiores, en los t�rminos y seg�n las reglas del Decreto, pero s�lo podr�n condenar a la medida de seguridad consistente en reclusi�n en un reformatorio por lapso no inferior a dos a�os. Siguen los Jueces de Menores con la competencia ordinaria para conocer de los dem�s asuntos contemplados en la Ley 83 de 1946, as� como de los procesos pendientes por infracciones penales con arreglo a las disposiciones de la misma Ley 83.

La demanda no motiva el cargo en lo tocante a estas normas, pero al respecto la Corte extiende la motivaci�n expuesta sobre los art�culos 19, y 39, y en general toda la que antecede. Y puesto que el art�culo 11 atribuye competencia de juzgamiento a los Jueces de Instrucci�n Criminal, que no son funcionarios judiciales, es en ello inexequible. Pero en lo que respecta a tr�mites o formas procesales no incide la censura, comoquiera qu� el derecho de defensa de los menores aparece debidamente garantizado.

El art�culo 26 faculta a las autoridades militares y de polic�a para capturar y poner a la disposici�n de las autoridades competentes, a las personas de que se tenga noticia que han cometido delitos, o que sean requeridas p�blicamente por .la autoridad, o se hayan fugado estando legalmente detenidas, se dediquen al tr�fico il�cito de armas, explosivos y estupefacientes, o se encuentren en evidente estado antisocial.

Se acusa este art�culo por violar el 23 de la Carta, ya que >las atribuciones que conf�a a los funcionarios militares y de polic�a, no pueden cumplirse sino a virtud de mandato judicial y por motivos previamente definidos en las leyes.

16. La demanda no acent�a el cargo en lo que respecta a la atribuci�n para capturar a quienes sean requeridos p�blicamente por las autoridades, se hayan fugado estando legalmente detenidos, o se dediquen al comercio il�cito de armas, estupefacientes o explosivos.

Se concreta la acusaci�n, por consiguiente, en cuanto el art�culo 26 se refiere a la captura de las personas de quienes se tiene noticia que han cometido delitos, o se encuentran en evidente estado antisocial.

17. El art�culo 23 de la Constituci�n prescribe que "nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes17.

La Corte, de acuerdo con el se�or Procurador, considera que el precepto acusado no se aparta del ordenamiento constitucional:

En primer lugar, �ste no dispone que la orden sea impartida por autoridad judicial sino por "autoridad competente". La autoridad competente la se�ala en tiempo de paz el legislador ordinario, y en tiempo de anormalidad el Gobierno, puesto que como el art�culo 23 de la Constituci�n no 'determina cu�l es la autoridad competente, no quebranta el Ejecutivo el art�culo citado cuando en ejercicio de las facultades del �21 estatuye que la autoridad militar y la de polic�a pueden detener a los particulares, a pesar de las disposiciones, procedimentales y de polic�a que sean contrarias a tal se�alamiento, las que por lo mismo quedan suspendidas.

En segundo lugar, el mandamiento -que ha de ser escrito- debe, reunir los dem�s requisitos legales, esto es, los se�alados en las leyes de procedimiento o de polic�a.

En tercer lugar, si los motivos deben hallarse definidos con antelaci�n en las leyes, eso precisamente hace el art�culo acusado, pues si la Carta no los define, ello concierne ante todo a la ley, y en caso de guerra exterior o conmoci�n interior, a los Decretos legislativos de acuerdo con el art�culo 121, sin que sufra quebranto la inviolable disposici�n del art�culo 23 de la Ley Fundamental.

Autoriza el art�culo 27 del Decreto, a los Gobernadores de los Departamentos en estado de sitio, para que, previa consulta de la cuant�a al Ministerio de Justicia, ofrezcan recompensas en dinero a los particulares que entreguen a los delincuentes requeridos por la autoridad, o faciliten su captura, debiendo pagarse tales recompensas con cargo al Tesoro Nacional.

Estima la demanda que este precepto viola el citado art�culo 23 de la Carta, porque la captura se har�a por los particulares, esto es, sin el lleno de los requisitos prescritos en dicho texto; el art�culo 78, ordinal 5� de la Constituci�n, que proh�be al Congreso decretar gratificaciones que no est�n destinadas a satisfacer derechos reconocidos en ley preexistente; el art�culo 30, en relaci�n con el 183 de la misma obra, en cuanto los patrimonios departamentales gozan de las mismas garant�as que las propiedades de los particulares; y el 189 ib�dem, seg�n el cual las Asambleas deben votar anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos del respectivo Departamento, de acuerdo con las normas que establezca la ley.

18. No estima la Corte que el texto acusado se halle en pugna con los mencionados art�culos de la Constituci�n.

El art�culo 78, ordinal 5� somete las gratificaciones a que alude, al requisito de hallarse reconocidas en la ley preexistente, la cual, en el presente caso, es el Decreto n�mero 12, dictado en ejercicio de la potestad emanada del art�culo 121, ya que no se trata de una norma constitucional de aquellas que, seg�n la doctrina de la Corte, no puedan suspender su imperio en tiempos de turbaci�n del orden p�blico.

No sufren tampoco los art�culos 30, 183 y 189 de la Carta, porque no se afecta el Tesoro de los Departamentos sino el Nacional, que menciona el citado ordinal 5� del art�culo 78 ib�dem.

Ni el art�culo 23, por �ltimo, parque la disposici�n acusada se refiere a los delincuentes requeridos por la justicia, esto es, contra quienes las autoridades competentes, incluidas las mencionadas en el art�culo 26 del Decreto, hayan dictado auto de detenci�n u ordenado su aprehensi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal.

19. El Gobierno, en vista de la .urgent�sima necesidad en que la Naci�n se halla de terminar esta dolorosa etapa de violencia, ha considerado conveniente que la entrega de los delincuentes o la facilitaci�n de su captura, cause una retribuci�n pecuniaria, apenas equitativa, dados los obvios peligros que esa tarea comporta, sin que por ello deje de tener cabal vigencia la facultad del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal.

Sobre el alcance del art�culo 23 de la Carta, en relaci�n con el 384 del citado C�digo, la Corte en pleno, expuso en sentencia de 25 de octubre de 1960:

"Es cierto que el art�culo 23 de la Carta dispone que 'nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes. Pero una cosa es reducir a prisi�n o arresto a una persona, o disponer su detenci�n, y algo distinto realizar su captura. Aqu�llas exigen un acto jurisdiccional. En cambio, la captura es el mero acto f�sico de aprehensi�n, la cual deber� cumplir cualquiera, cuando se trata del delincuente cogido in flagrante, o del que su 'captura haya sido p�blicamente requerida por la autoridad competente.

"Si el delincuente cogido infraganti, de acuerdo con el art�culo 24 de la Constituci�n Nacional, 'puede ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquier persona7, es evidente que tambi�n lo puede ser aquel 'malhechor cuya captura haya sido p�blicamente requerida por la autoridad competente7, pues en este segundo caso la formalidad legal a que alude la Carta, consiste, precisamente, en ese requerimiento p�blico de la autoridad, para que esa captura se cumpla. Y en este evento, es l�gico que procede a tal requerimiento el acto jurisdiccional que ordena, o la detenci�n preventiva o la prisi�n o el arresto de la persona o personas cuya aprehensi�n pide la autoridad competente7 7 (XCIII22302231637).

Determinado as� el alcance del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Penal, en sus nexos con el 23 de la .Carta, es evidente que el art�culo 27 del Decreto guarda armon�a con la norma constitucional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, en ejercicio de la jurisdicci�n constitucional de que est� investida por el art�culo 214 de la Carta Fundamental de la Naci�n,

Primero. Son inexequibles por inconstitucionales, los art�culos 1�, 2�, 3� 11 y 24 del Decreto legislativo n�mero 12, de 4 de junio de 1959, en cuanto atribuyen competencia para fallar en primera instancia a los Jueces de Instrucci�n Criminal que act�en por comisi�n del Ministerio de Justicia, a saber:

c) En el art�culo 39 el vocablo "Juez" en cuanto signifique Juez de Instrucci�n Criminal comisionado por el Ministerio de Justicia.

d) El art�culo 11 en las palabras "de Instrucci�n Criminal "y" a que se refiere este Decreto 7 7 y e) El art�culo 24 en la expresi�n "para conocer de los Jueces de Instrucci�n Criminal a que se refiere este Decreto, sobre la de los Jueces Superiores de Circuito y Municipales; la"

Segundo. Son inexequibles por inconstitucionales en el mismo Decreto legislativo n�mero 12, de 4 de junio de 1959, el art�culo 8� en la expresi�n "y con �l se actuar� hasta la terminaci�n del proceso"; el art�culo 10 en cuanto dice: "cuando no se hayan encomendado por comisi�n especial a los Jueces de Instrucci�n Criminal en los t�rminos del presente Decreto, "y los incisos b) y c), como tambi�n el d) en cuanto se trate de procesos originados en hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.

Tercero. Son exequibles en todo lo dem�s, los relacionados art�culos 1�, 2�, 3�, 10, 11 y 24, lo mismo que son exequibles en su integridad el par�grafo del art�culo 59 y los art�culos 6�, 7�, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 y 32 del Decreto legislativo n�mero 12, de 4 de junio de 1959.

Publ�quese, notif�quese, comun�quese a quien corresponde, c�piese e ins�rtese en la Gaceta Judicial.

Carlos Pel�ez Trujillo; Angel Mart�n V�squez, con salvamento de voto; Ramiro Ara�jo Grau, con salvamento de voto; Humberto Barrera Dom�nguez; Luis Alberto Bravo; Enrique Coral Velasco; Roberto de Zubir�a; Gustavo Fajardo Pinz�n; Jos� J. G�mez R con salvamento de voto; Enrique L�pez de la Pava; Sim�n Montero Torres; Efr�n Osejo Pe�a, con salvamento de voto; Luis Fernando Paredes, con salvamento de voto; Arturo C. Posada, con salvamento de voto; Gustavo Rend�n Gaviria; Jos� Joaqu�n Rodr�guez, con salvamento de voto; Julio Roncallo Acosta, con salvamento de voto; Primitivo Vergara Crespo; Luis Carlos Zambrano, con salvamento de voto; Jos� Hern�ndez Arbel�ez.

De los Magistrados doctores Ramiro Ara�jo Grau, Jos� J. G�mez R., Luis Fernando Paredes A., Arturo C. Posada, Jos� Joaqu�n Rodr�guez, Julio Roncallo Acosta, Angel Mart�n V�squez y Luis Carlos Zambrano.

El presente salvamento versa sobre la declaraci�n de inexequibilidad del art�culo 1� del Decreto Legislativo n�mero 12 de junio de 1959, contenida en la sentencia. Lo que de aqu�l se predique en las consideraciones que en seguida se exponen, debe estimarse aplicable a las dem�s normas que por su incidencia en dicho art�culo puedan cobijadas por la resoluci�n mayoritaria de la Corte.

La inconstitucionalidad de los art�culos 8� y 10, incisos b), c) y d) del nombrado estatuto, sostenida en el proyecto primitivo elaborado por el Magistrado a quien por reparto correspondi� el asunto, fue votada un�nimemente.

La citada disposici�n del Decreto, confiere competencia a los Jueces de Instrucci�n Criminal para conocer en primera instancia, por comisi�n del Ministerio de Justicia, de los delitos que ella enumera, cometidos en territorio de los Departamentos que a�n se encuentran en estado de sitio. Su contenido lleva forzosamente al estudio del art�culo 61 de la Constituci�n Nacional, inexplicablemente olvidado por la acusaci�n. La sentencia, como era de rigor, lo examina, pero lo hace para darle al ordenamiento una inteligencia extra�a a su recto y cabal entendimiento. La comparaci�n entre las razones que motivan el salvamento, y las que sustentan la sentencia, permitir� apreciar si la anterior afirmaci�n resulta valedera.

Para la debida comprensi�n de la materia a que el Decreto se refiere, interesa conocer el texto del art�culo 61 de la Carta, que a la letra dice: "Ninguna persona o corporaci�n podr� ejercer simult�neamente, en tiempo de paz, la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar".

La sentencia no desconoce el anterior precepto ni lo habr�a podido desconocer sin borrarlo de la Ley Fundamental. Tampoco discute la excepci�n que fluye l�gicamente de sus t�rminos, esto es, que en tiempo de anormalidad s� puede una persona o corporaci�n ejercer simult�neamente la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar. Pero, al valorar los hechos, los considera insuficientes para generar constitucionalmente la medida consagrada en el art�culo l9 del Decreto en referencia.

1. En nuestro Derecho P�blico no se controvierte el sentido del art�culo 61 de la Carta, que en verdad es' una excepci�n al principio de la separaci�n de los poderes, s�lo aplicable en tiempo de turbaci�n del orden p�blico y por circunstancias de suma gravedad.

La f�rmula de este precepto es la misma que figur� como art�culo 59 en el primitivo proyecto de Constituci�n Nacional aprobado en 1886; no aparece con antecedentes en la historia de dicho texto, y no obstante las diversas reformas constitucionales que se han sucedido en el curso de los a�os, no se ha intentado siquiera modificarlo, sin duda por haber sido considerado como instrumento de extremo valor en �pocas excepcionales de emergencia, en las cuales el Gobierno debe hacer frente a m�ltiples escollos imprevistos, perturbadores del sosiego p�blico.

Los tratadistas de Derecho Constitucional Colombiano han sostenido uniformemente la presencia en el art�culo 61, de una clara excepci�n al principio de la separaci�n de los poderes, que sigue orientando la vida de los pueblos democr�ticos. As�, don Jos� Mar�a Samper ("Derecho P�blico Interno de Colombia" tomo II, p�gina 115, 1� edici�n 1886); el doctor Tulio Enrique Tasc�n ("Derecho Constitucional Colombiano" p�gina 133, 2� edici�n); el doctor Francisco de Paula P�rez ("Derecho Constitucional Colombiano" tomo II, p�gina 22, edici�n de la Biblioteca de Autores Colombianos), y el doctor Alvaro Copete Lizarralde ("Lecciones de Derecho Constitucional Colombiano", p�gina 211, edici�n 1957).

2. Es, precisamente, el art�culo 61 de la Carta, una de las disposiciones que citan los fallos de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, de abril 19 de 1955 (LXXX 21534) y junio 28 de 1956 (LXXXIII 216931), al hacer referencia a las normas constitucionales que "por declaraci�n expresa del Estatuto rigen para tiempo de paz, y limitan por tanto, la acci�n del legislativo, pero que pueden afectarse eh tiempo de guerra o anormalidad, por los decretos legislativos del Gobierno". La primera de dichas sentencias reza que "se pueden ejercer simult�neamente la autoridad pol�tica o civil y la judicial y la militar (art�culo 61) " y agrega que "en tiempo de guerra el Gobierno impone contribuciones (art�culo 43); puede hacer expropiaciones sin previa indemnizaci�n, decretadas por autoridades que no pertenezcan aja Rama Judicial (art�culo 73); suspender la libertad de prensa (art�culo 42); prohibir la circulaci�n de impresos por los correos (art�culo 38) ; ejercer simult�neamente la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar (art�culo 61)". (Subrayamos nosotros).

De manera que en la jurisprudencia como en la doctrina de los autores, el texto aludido viene figurando entre aquellos que en situaciones de emergencia facultan al Gobierno para hacer uso de ciertas medidas de car�cter extraordinario, como la de congregar en unos mismos empleados p�blicos la autoridad civil y la jurisdiccional.

3. En estado de sitio se ha aplicado el art�culo 61 de la Carta, como es de p�blico conocimiento, en cuanto a la reuni�n en manos de la autoridad militar, la autoridad pol�tica o civil, una de las dos hip�tesis que la previsi�n establece. La medida, en los casos numerosos en que ha tenido ejecuci�n, ha sido considerada como instrumento adecuado para el restablecimiento del orden, e ignoramos que haya merecido censuras del Organo Legislativo o de tratadistas de nuestro derecho p�blico. S�lo ahora, por primera vez, tiene ocurrencia la segunda hip�tesis de la norma, esto es, la asunci�n por la autoridad pol�tica o civil de la funci�n judicial. No alcanzamos a comprender que un mismo precepto se libre de la cr�tica, cuando una de sus reglas tiene aplicaci�n y que sea reprobado cuando la� circunstancias de hecho reclaman el imperio de la otra. Inspiradas ambas en la misma finalidad -la restauraci�n de la paz- no pueden recibir tratamiento distinto sin agravio de la l�gica.

4. Debe saberse, ante todo, en qu� forma el Gobierno revestido de la potestad extraordinaria del art�culo 121, llev� a la pr�ctica la excepci�n que para tiempos de emergencia prev� el art�culo 61 de la Carta.

El art�culo l9 del Decreto n�mero 12 circunscribe la facultad falladora de los Jueces de Instrucci�n, as�:

a) A las infracciones taxativamente mencionadas en la disposici�n, sin duda las m�s frecuentes en los territorios devastados por la violencia y de las cuales depende precisamente tan deplorable situaci�n. En consecuencia, los otros delitos est�n por fuera de la posibilidad de que su conocimiento, en la primera instancia, sea encomendada a dichos Jueces.

b) Los Jueces de Instrucci�n no podr�n conocer de tales infracciones, sino por comisi�n que el Gobierno les confiera, de acuerdo con las circunstancias, en el momento oportuno, de forma que pueda lograrse una investigaci�n eficaz en el menor tiempo posible y la impunidad no contribuya a mantener tan alarmante estado de cosas. Por donde aparece la funci�n falladora de que se trata, como medida complementaria de la justicia com�n, ya que aparte de no referirse a toda especie de infracciones, s�lo se ejerce en los sitios y en las oportunidades que el Gobierno se�ale en mira a los apremios de la misma violencia.

c) Se limita a la primera instancia; de suerte que en los casos en que les corresponda actuar, esta funci�n en nada afecta la segunda instancia de los mismos procesos, ni el recurso de casaci�n, que contin�an ventil�ndose conforme al derecho com�n, ante los Tribunales Superiores y la Corte Suprema.

5. Conviene observar que el art�culo l9 del Decreto no despoja a los Jueces comunes de su funci�n judicial ni elimina la Rama Jurisdiccional en los Departamentos en estado de sitio, como s� lo estima la sentencia a juzgar por algunas de sus apreciaciones. �

Autoriza el art�culo 61 de la Carta para que la autoridad ejecutiva asuma la funci�n judicial en los dos grados y aun en los recursos extraordinarios, respecto de los delitos que relaciona el art�culo l9 del Decreto. Sin embargo, lleva �ste a la pr�ctica con mesura la facultad establecida en la norma constitucional, pues se limita a atribuir a los Jueces de Instrucci�n una tarea complementaria limitada al primer grado, plenamente justificada dentro de una �poca excepcional, sin par en la historia del pa�s.

"6. Para el control que corresponde a esta corporaci�n, de acuerdo con el art�culo 214 de la Carta, las sentencias de 28 de junio de 1956 (LXXXIII, 2169, 21) y 5 de agosto de 1958 (LXXXVIII, 2199. 2200. 485), adoptan el criterio de la conexidad entre las medidas o disposiciones del Decreto de emergencia y el fin �nico de restaurar la paz, de modo que si el nexo es evidente, el Decreto es exequible, o inexequible en caso contrario, y exequible, adem�s, si es dudosa la relaci�n, ya que el Presidente, por ser responsable directo del mantenimiento del orden p�blico, es quien puede conocer mejor las circunstancias de hecho generadoras de las f�rmulas de emergencia.

De manera que ante todo hay que tratarle la conexidad entre la medida adoptada por el Decreto y el restablecimiento del orden p�blico, ya que, partiendo de la base del art�culo 61 de la Carta, que permite la concurrencia de la autoridad civil y la judicial en unos mismos funcionarios, es indispensable saber si la conexidad de que hablan las sentencias arriba citadas, existe ahora, ya que en caso afirmativo, el Decreto ser r�a constitucional.

7. Las sentencias mencionadas de 28 de junio de 1956 y 5 de agosto de 1958 plantean la tesis de la conexidad que deben guardar las medidas con el restablecimiento del orden con apoyo en algunas consideraciones relativas al deber primordial del Presidente de la Naci�n de conservar el orden p�blico, y a la misi�n de la Corte, de cooperar con la Rama Ejecutiva en dicha tarea b�sica. Y es que la conexidad es la esencia del ejercicio del art�culo 121.

Por la conexidad entre la medida y la restauraci�n del orden, se justifica el uso de la potestad extraordinaria; por la conexidad las medidas deben ser transitorias, ya que la recuperaci�n de la paz no las permite permanentes; por la conexidad se suspenden las leyes contrarias a ese objetivo de volver a la paz, pero no se derogan porque la derogaci�n es fen�meno de car�cter perpetuo el estado de sitio es provisorio; por la conexidad fenecen los decretos al ser �ste levantado, ya que entonces carecen de finalidad; y por lo mismo, el Presidente y sus Ministros deben responder ante el Congreso por las medidas inconexas que hubiesen tomado durante el estado de emergencia.

Ahora bien: consagrada la excepci�n del art�culo 61, hay duda acaso acerca de la conexidad entre el acto de revestir de funciones judiciales a los Jueces de Instrucci�n, para conocer durante , el estado de sitio, en primera instancia, de unos delitos, en los casos en que para ello sean comisionados, en vista de las manifestaciones y el giro de.la violencia.

La afirmativa no admite duda. La conexidad es cosa de hecho, porque resulta de relacionar la medida con la necesidad de restablecer el orden, y para esto es menester conocer el desorden, los hechos en qu� consiste, su alcance e intensidad, porque s�lo conociendo el mal se puede prescribir el remedio.

8. Hay medidas que en s� llevan la conexidad, la relaci�n de necesidad con la restauraci�n del orden. Otras pueden o no .tenerla, v. gr. un empr�stito, cuya inversi�n admite diversos objetos m�s, el investir a algunas autoridades civiles, de competencia para conocer de determinadas infracciones, en primer grado, cuando en el territorio hab�a Jueces comunes, est� denunciando que los hechos eran tan graves que fue indispensable recurrir a la excepci�n consagrada en el art�culo 61. Y en realidad, jam�s pudieron ser m�s graves, como es de conocimiento p�blico, al punto de que el Gobierno -conocedor directo de ellos- estim� necesario apelar a tan extremo recurso para contribuir a restablecer la tranquilidad en aquellas regiones" ya devastadas y en peligro de arruinarse m�s a�n en el n�mero y en la moral de sus gentes y en la capacidad productiva de sus tierras; que las autoridades judiciales, por id�neas que fuesen -que lo son en verdad- no alcanzaban a investigar y fallar r�pidamente los numeros�simos il�citos que a todo instante se comet�an, por lo cual hab�a que atribuir a funcionarios de instrucci�n no vinculados a una determinada competencia territorial, facultad para juzgar en primera instancia, ciertos delitos y en determinados casos, y no por el af�n de arrebatar a los Jueces ordinarios su competencia, o de sustituir un �rgano jurisdiccional por otro �rgano jurisdiccional, quiz� menos competente y tal vez m�s costoso; ni por mero ensayo dictatorial de un Gobierno respetuoso de las instituciones. Esta medida no admite interpretaciones diversas ni sentidos o finalidades que no se encaminen a demostrar que la aplicaci�n del art�culo 61, con apoyo en el 121, no pod�a obedecer sino a una imperativa, ineludible e inmensa necesidad de restablecer el orden perturbado en aquellos Departamentos de manera jam�s conocida en la Naci�n.

No puede, en consecuencia, ponerse en duda la relaci�n de conexidad con el estado de sitio, entre el restablecimiento del orden p�blico y la disposici�n del art�culo l9 del Decreto.

"Si las circunstancias de hecho -ajenas a la voluntad del Gobierno- tienen tal incidencia que son capaces de impedir la actividad correspondiente a las atribuciones privativas de la Rama Jurisdiccional del Poder P�blico, se dar� en concreto la calamitosa situaci�n excepcional a que sea aplicable el remedio heroico de que una misma persona o corporaci�n pueda ejercer 'simult�neamente la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar.

"Este es el verdadero significado y alcance del art�culo 61 dentro del esp�ritu incontrastable de la Carta Fundamental que organiza la Naci�n colombiana como Rep�blica democr�tica y representativa. Y puesto que el art�culo 61 modifica y altera el principio sustancial de la separaci�n de los poderes p�blicos, ha de verse con toda claridad que el Constituyente contempla all� nada m�s que la situaci�n excepcional, angustiosa y extrema de que en los hechos no pueda funcionar conforme a los dictados de la Carta la Rama Jurisdiccional. En conflictos tales, la ejercer�n de emergencia las autoridades pol�ticas o las civiles y militares, desde luego que sin administraci�n de justicia la sociedad no puede subsistir, y no habr�a otro camino para el retorno a la normalidad.

"En efecto: Casos verdaderamente extremos pueden imponer que a la autoridad pol�tica se acumule la autoridad militar y que a ambas as� reunidas se sume la autoridad jurisdiccional conforme al art�culo 61, para salvar en trances singulares el bien inestimable de la paz. Pero esto a la luz del d�a no significa que en la sola declaraci�n de estado de sitio en toda la Rep�blica o parte de ella se encuentre de plano raz�n plausible para que en una misma persona o corporaci�n se re�nan la autoridad pol�tica o civil y la judicial o la militar. Porque si a pesar de la turbaci�n del orden p�blico pueden funcionar y funcionan efectivamente las autoridades jurisdiccionales, ning�n motivo circunstancial o de simple conveniencia justifica ante la Constituci�n Nacional que la autoridad pol�tica tome para s� la administraci�n de justicia en cualquiera de sus grados o jerarqu�as.

"No autoriza pues en modo alguno al Gobierno el art�culo 61 de la Constituci�n para suplantar cualquier grado de actividad jurisdiccional le la Rep�blica con s�lo declarar turbado el orden p�blico y el estado de asedio parcial o total. Es necesario, adem�s, que objetivamente los Jueces no puedan cumplir su funci�n privativa Te administrar justicia.

"Si as� no sucede, ni en concreto los Jueces no est�n en circunstancias impeditivas del ejercicio de sus atribuciones, resulta evidente el desv�o de poder cuando se confiere a las autoridades pol�ticas la funci�n de administrar justicia, constitucionalmente propia de los Jueces, mientras la turbaci�n en los hechos no sea de tal naturaleza grave que est�n en incapacidad actual de ejercerla".

a) Que puede haber casos en que sea necesario acumular las dos autoridades civil y judicial, de acuerdo con el art�culo 61 de la Carta;

b) Que no basta la declaraci�n de estado de sitio para poder hacer uso de la excepci�n que comporta el art�culo 61 del mismo texto, y

c) Que si a pesar de la turbaci�n del orden p�blico pueden funcionar las autoridades jurisdiccionales, no hay raz�n para que la autoridad civil asuma la administraci�n de justicia en cualquiera de sus grados o jerarqu�as.

11. A) Ciertamente no basta -y jam�s afirmar�amos lo contrario- la declaraci�n de turbaci�n del orden p�blico, para que el Ejecutivo pueda hacer uso del instrumento del art�culo 61. Mas, no es este el caso de ahora, porque al lado de aquella declaraci�n han concurrido circunstancias de hecho de notoriedad p�blica, nunca vividas en otros tiempos, suficientes para justificar el art�culo l�1 del Decreto. No podr�an jam�s parangonarse los hechos que en �pocas pasadas dieron lugar a la referida declaraci�n, con estos de ahora, por vez primera presenciados y sufridos en suelo colombiano.

B) De acuerdo con la sentencia, no es posible la aplicaci�n del art�culo 61 del Estatuto, mientras puedan funcionar y est�n funcionando las autoridades jurisdiccionales.

El supuesto de la sentencia pertenece a la quimera, de dif�cil ocurrencia en el mundo de los hechos.

En efecto, si la autoridad judicial no puede funcionar, la consecuencia que de all� se desprende es la de que, en la zona afectada por el estado de sitio, tampoco est� en capacidad de actuar ninguna otra autoridad del Estado, distinta de la militar.

Se trata entonces de un fen�meno de imposibilidad f�sica. En cuanto a la justicia se refiere, la paralizaci�n del Organo Jurisdiccional por la causa anotada es hecho que la doctrina procesal denomina suspensi�n y lo registra como crisis del procedimiento.

En el curso de los debates se hizo m�rito de las leyes francesas de 1791 y 1878, reglamentarias del estado de sitio. Habla la primera de plazas y puestos militares en estado de paz, y de plazas y puestos militares en estado de guerra. En las primeras act�an los funcionarios civiles y judiciales; en las segundas toda la autoridad de aqu�llos pasa al comandante militar, el cual la ejerce bajo su responsabilidad personal.

Algunos autores distinguen entre Ley Marcial y Estado de Sitio. Seg�n ellos en el primer sistema hay suspensi�n del imperio del derecho; en el segundo, se suprimen determinados derechos individuales, como los relativos a la libertad de palabra y de reuni�n, y al juzgamiento ante tribunal ordinario.

La diferencia entre los dos sistemas, dice Cari J. Fiedrich, citado por Carlos S�nchez Viamonte ("Ley Marcial y Estado de Sitio en el Derecho Argentino", p�gina XVII), se encuentra en su origen hist�rico, porque la ley marcial corresponde al r�gimen ingl�s del common law y el estado de sitio de la legislaci�n francesa, al derecho romano. "El concepto de ley marcial s�lo es comprensible en funci�n del imperio del derecho (rule of law), al que reemplaza. All� donde se considera este imperio como m�dula del sistema jur�dico, porque �l garantiza una estabilidad calculable de las relaciones jur�dicas, una situaci�n extraordinaria (emergency) es esencialmente un estado de cosas que amenaza la continuidad del mantenimiento de ese imperio del derecho. La prueba m�s decisiva de tal perturbaci�n estriba en el hecho de que est�n cerrados los Tribunales y no pueden continuar desempe�ando sus funciones. La Corte Suprema norteamericana ha considerado que �sta es la condici�n indispensable para la aplicaci�n de la ley marcial".

La ley marcial del r�gimen ingl�s y el estado de sitio del sistema franc�s, aunque tienen consecuencias distintas, en el terreno de la realidad no se distinguen; se caracterizan por la ocurrencia de un mismo hecho, a saber: asedio de una plaza por el enemigo que la ataca para apoderarse de ella.

En nuestro derecho p�blico (art�culo 121 de la Carta) la declaraci�n relativa a la perturbaci�n del orden p�blico conlleva el uso de las facultades aceptadas por el Derecho de Gentes. No hace, pues, separaci�n alguna entre ley marcialy estado de sitio. Para que se produzca el estado de sitio no es indispensable que las zonas del territorio nacional afectadas por �l se hallen aisladas del resto del pa�s, sometidas a la acci�n b�lica del enemigo. Dicho estado se produce con independencia de tal circunstancia de excepcional gravedad.

La sentencia no admite la aplicaci�n del art�culo 61 de la Carta sino en el caso extremo de que el Organo Judicial no pueda actuar, esto es, concibe el estado de sitio en forma id�ntica al que la instituci�n tiene en Inglaterra y Francia.

No se presta el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional para ver en �l un estado de sitio igual al de los dos pa�ses citados, ni da pie el art�culo 61 para pensar que su aplicaci�n requiere la presencia de hechos que impidan la acci�n de toda autoridad p�blica distinta de la militar. Recurrir a sistemas for�neos para acomodar a ellos situaciones previstas y reglamentadas por la ley fundamental de modo distinto, no es criterio de interpretaci�n aceptable en doctrina y jurisprudencia.

C) El art�culo 61 -dice la sentencia- modifica el principio sustancial de la separaci�n de los poderes p�blicos, por lo cual ha de verse con, toda claridad que el constituyente contempla all� nada m�s que la situaci�n excepcional de que en los hechos no pueda funcionar la Rama Jurisdiccional.

Resalta la inconsistencia del argumento. El art�culo 121 afecta tambi�n el principio sobre separaci�n de poderes en lo concerniente al Organo Legislativo, pues el constituyente autoriza que atribuciones de aqu�l pasen al Ejecutivo en calidad de legislador extraordinario. Sin embargo, durante el estado de sitio, si �ste obedece a guerra exterior, el Gobierno debe convocar al Congreso para que se re�na, pudiendo hacerlo por derecho propio si aqu�l no lo convoca. M�s a�n: seg�n la �ltima reforma constitucional de 1960 (A. L. n�mero 1�), declarado el estado de sitio, tenga por causa la guerra exterior o la conmoci�n interior, el Congreso debe permanecer reunido por todo el tiempo que ese estado se mantenga.

La separaci�n de funciones entre los tres Organos del Poder P�blico no admite el deslinde que d�* ellas hace la sentencia, pues la norma que la consagra (art�culo 55 de la Carta), dice bien claro que no obstante la separaci�n, los tres Organos "colaboran arm�nicamente en la realizaci�n de los fines del Estado".

Fin esencial del Estado es la conservaci�n de la paz. Todos los dem�s, cualquiera que sea su importancia, se subordinan a ese bien supremo. Alterada la paz, la totalidad de los derechos civiles y las garant�as sociales que los tutelan corren el peligro de naufragar en el desorden.

El Estatuto Supremo'(art�culo 1207�) conf�a al Presidente de la Rep�blica, cabeza de la Rama Ejecutiva, el encargo de conservar el orden p�blico y restablecerlo donde fuere turbado. Para obtener ese fin, el citado art�culo 55 impone a los otros dos Organos un deber de colaboraci�n. El que corresponde al Organo Judicial no es autonf�tico como el que presta el Legislativo. El de �ste se produce como consecuencia de la declaraci�n de estado de sitio; el de aqu�l cuando es requerido para que se pronuncie sobre la exequibilidad de decretos legislativos expedidos por el Gobierno en uso de las facultades del art�culo 121. Llega entonces el momento para que la Corte, en ejercicio de la jurisdicci�n constitucional, preste la cooperaci�n que le exige el art�culo 55.

El Decreto acusado, en su art�culo 1� conf�a a funcionarios del Organo Ejecutivo atribuciones que ordinariamente corresponden al Judicial. Es la hip�tesis del art�culo 61 de la Carta.

La Corte no tiene facultad para juzgar la conveniencia y utilidad de la medida y, por consiguiente, para dictaminar si en las zonas afectadas por la violencia basta la actuaci�n d$ los Jueces comunes, sin necesidad de apelar a recursos como los que establece el Decreto n�mero 12. Su actividad al respecto se reduce a investigar si la providencia oficial tiene o no relaci�n con la turbaci�n del orden p�blico y, adem�s, si es o no congruente con el fin que se propone.

Sobre el particular debemos decir que en ning�n caso como el que contempla el Decreto es tan evidente la relaci�n de causalidad entre la medida del Decreto y el restablecimiento del orden p�blico. Su objetivo es reprimir la violencia en las zonas afectadas por el estado de sitio.

No se debe perder de vista que al Gobierno corresponde la tutela del orden p�blico, obligaci�n que exige el uso de los poderes necesarios para restablecerlo cuando se altere. Por tanto, quien tiene tan elevado encargo, debe disponer de los medios adecuados para su cumplimiento. El constituyente no ha colocado al Ejecutivo en el dilema de violar la Constituci�n o dejar que la Naci�n perezca. En cuanto a las relaciones entre el Organo Ejecutivo y el Judicial, previo la colisi�n entre los dos y la resolvi� decidiendo que el segundo deb�a permitir la ingerencia del primero, en beneficio de la paz. La legitimidad del Decreto acusado, en su art�culo 1�, no descansa en simples suposiciones, sino en norma expresa de la Ley Fundamental.

Si en estado de sitio no es posible que confluyan en manos del Ejecutivo atribuciones que en �poca de paz corresponden a la Rama Judicial, el art�culo 61 de aqu�lla no podr�a tener jam�s aplicaci�n. La posici�n de la norma en la Carta no es insular, desconectada de los dem�s preceptos que la integran, de manera especial los relacionados con el estado de sitio. El ordenamiento es normativo de una situaci�n de emergencia, destinado a operar dentro de ella. Por tanto, no ser�a l�gico privarlo de efectos cuando esa situaci�n se presenta y no lo puede desconocer la Corte en ejercicio de la jurisdicci�n constitucional sin faltar a sus deberes.

D) Si la sentencia afirma que "es necesario, adem�s, que objetivamente los Jueces no puedan cumplir su funci�n primordial de administrar justicia", para poder apelar al art�culo 61, preguntamos: �cumplir parcialmente esa funci�n primordial, es cumplirla como es debido � Porque el servicio de dispensar la justicia, m�s que cualquiera otro, debe ser cabal,, pleno, en relaci�n con todos los casos que lo demandan, como en la sustancia y la oportunidad de sus decisiones, m�xime si ese servicio est� ligado, como en la situaci�n confrontada por el Decreto, a la restauraci�n de la paz.

Cuando esa falta de cumplimiento cabal ocurre en la vida ordinaria, en tiempos de sosiego p�blico, es cosa siempre sensible; pero, es aberrante cuando sucede en �pocas de anormalidad, y �sta tiene su origen precisamente en una delincuencia vand�lica, que no respeta nada; que lleva la sevicia a extremos infamantes; que mide sus fuerzas con las del Ej�rcito y la Polic�a; que domina regiones enteras, en donde logra organizarse; que asalta, incendia, extermina familias sin miramiento alguno por los ni�os, mujeres y ancianos; entonces, no puede decirse que el Organo Judicial administra justicia como lo demanda este alt�simo servicio, abarcando �ntegramente el conocimiento de los inn�meros cr�menes, investig�ndolos con premura en los propios sitios de su perpetraci�n, de modo que la labor de la Rama Jurisdiccional sea una contribuci�n efectiva a la magna tarea de restablecer la paz en aquellas comarcas.

Para actuar con la rapidez que la gravedad de los hechos exige, la jurisdicci�n ordinaria no resultaba eficaz, a juicio del Gobierno, al menos en la fase de conocimiento en primera instancia.

Puede decirse, por tanto, que objetivamente los Jueces comunes cumpl�an all� plenamente su funci�n primordial de administrar justicia No. Y por ello fue indispensable que el Ejecutivo complementase su tarea, distribuyendo a los Jueces de Instrucci�n parte de ella, a fin de contribuir, en el campo de la Rama Jurisdiccional, a la realizaci�n de la justicia y la restauraci�n de la paz.

E) No vale arg�ir -como lo afirma la sentencia- que con un decreto que hubiese creado m�s plazas de Jueces y ordenado nombrarlos a los Tribunales, habr�a podido obtenerse el mismo resultado. Sin duda ello 'habr�a sido constitucional, con apoyo en el art�culo 121, simplemente; como es constitucional el art�culo 19 del Decreto, con fundamento en el 61. Pero, de dos recursos igualmente constitucionales, cu�l es el inexequible

En una palabra, si hay conexidad entre las circunstancias de hecho, entre la necesidad de restablecer el orden p�blico y la medida, y ya se ha visto que la hay evidente; y si, adem�s, la Corte permite que en �pocas de turbaci�n del orden p�blico puede investirse a los funcionarios civiles, de potestad judicial, el decreto que confiere atribuciones jurisdiccionales a determinadas autoridades civiles, para conocer en primera instancia de ciertas infracciones -las de m�s ocurrencia en las zonas afectadas- y en los casos que sea menester a juicio del Gobierno, seg�n los requerimientos de la violencia, no hay duda de que est� dentro de la Constituci�n.

El Magistrado doctor Jos� J. G�mez R., a quien le fue repartida la demanda de inconstitucionalidad del Decreto n�mero 12 de 4 de junio de 1959, present� a la consideraci�n de la honorable Corte en Pleno, el proyecto de sentencia que la corporaci�n, despu�s de numerosas sesiones, neg� por mayor�a, en lo que respecta al art�culo 1�, texto fundamental del Decreto, habiendo correspondido la redacci�n del nuevo proyecto al honorable Magistrado, doctor Jos� Hern�ndez Arbel�ez, el que fue adoptado luego por la expresada mayor�a.

Ramiro Araujo Gran, Jos� J. G�mez R., Luis Fernando Paredes A., Arturo G. Posada, Jos� Joaqu�n Rodr�guez, Julio Roncallo Acosta, Angel Mart�n V�squez, Litis Carlos Zambrano.

Para cumplir con el deber impuesto por el art�culo 16 y el numeral 7Q del art�culo 120, en ejercicio de las facultades concedidas por el art�culo 121, en armon�a con el 61, todos de la Constituci�n, el Gobierno dict� el Decreto n�mero 12 de 4 de junio de 1959, por medio del cual invisti� de competencia a los Jueces de Instrucci�n Criminal para dictar sentencia de primer grado, en los delitos enumerados en los once numerales del art�culo 1� del mismo Decreto, seg�n el procedimiento sumario all� indicado, que ser�a' aplicado tambi�n, en su caso, por los Jueces de ' Circuito en lo Penal y por los Superiores, en los Departamentos en estado de sitio, como consecuencia de la violencia a�n imperante en extensas zonas de sus respectivos territorios.

Varios ciudadanos, en ejercicio de la acci�n conferida por el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, demandaron ante la Corte numerosos art�culos del Decreto antes mencionado, solicitud que la mayor�a de la Corte acepta en parte, o sea, en cuanto inviste a los Jueces de Instrucci�n Criminal de la facultad de dictar sentencias de primer grado en aquellos delitos, como tambi�n en cuanto ata�e al procedimiento sumario que deban observar los Jueces comunes.

Por no compartir los puntos de vista de la mayor�a, me permito salvar mi voto por las razones que expongo a continuaci�n en la forma m�s breve posible.

Desde que el Presidente, con las formalidades prescritas en el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, declara en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella, adquiere la competencia suficiente para dictar decretos legislativos con la doble finalidad de suspender las disposiciones legales incompatibles con el estado de sitio y de legislar sobre las materias necesarias para el restablecimiento del orden p�blico, pues sus facultades no pueden considerarse puramente negativas, como suspender leyes, sino que debe dictar los ordenamientos necesarios para llenar a cabalidad con los deberes que le competen, previstos en los art�culos 16, 120, 121, etc. de la Carta.

Si por la declaraci�n del estado de sitio, total o parcial, el Presidente se halla1 investido de facultades legislativas, el art�culo 55 de la Constituci�n Nacional, sobre separaci�n de las Ramas del Poder P�blico, deja de operar en toda su intensidad, en cuanto la Ejecutiva adquiere o asume funciones legislativas, como as� lo reconoce u ordena el numeral 8� del art�culo 118 de la Carta, pues all� se lee: ' ' Corresponde al Presidente de la Rep�blica, en relaci�n con el Congreso: 8� Dictar, en los casos y con las formalidades prescritas en el art�culo 121, decretos que tengan fuerza legislativa, que dejar�n de regir al restablecimiento del orden p�blico".

Si el art�culo 55 de la Constituci�n Nacional ipso jure, resulta afectado por la declaraci�n de estado de sitio, otras disposiciones de la Carta, por lo menos en potencia, est�n sujetas a una posible suspensi�n, cuando as� lo impongan las circunstancias de hecho, discrecionalmente valoradas o apreciadas por el Gobierno, responsable del restablecimiento del orden p�blico perturbado, sin necesidad de la generosa, pero inadecuada colaboraci�n de la Corte Suprema, bajo el pretexto de cumplir la misi�n conferida por el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, que no le da competencia para subrogarse en. las facultades propias y exclusivas del Ejecutivo, menos a�n en el caso de juzgar la exequibilidad de los decretos legislativos, dictados en funci�n del art�culo 121 para hacer frente a una situaci�n anormal (art�culo 20 de la Constituci�n Nacional).

Entre las disposiciones constitucionales que, indirectamente, resultan afectadas por la declaraci�n de estado de sitio, adem�s de otras, pueden mencionarse las siguientes: 30, en relaci�n con el 33 ib�dem; 38, 42, 43, 46, 55, etc.; pero a�n m�s, el Gobierno, en ejercicio de la atribuci�n legislativa que adquiere en el caso del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional tiene facultades de las cuales carece aun el mismo Congreso, como se deduce el �ltimo inciso del art�culo 205,y del art�culo 206 de la Carta.

El art�culo 42, por ejemplo, predica que la prensa es libre en tiempo de paz; en consecuencia, el Gobierno, declarado el estado de sitio y cuando las circunstancias de hecho as� lo impongan, puede restringir, reglamentar y limitar este derecho; pero esta decisi�n no puede estar sujeta, en cuanto a los elementos de hecho, a posterior revisi�n de autoridad alguna, porque los actos de gobierno son funciones privativas del Ejecutivo.

El Gobierno, en armon�a con el inciso 1� del art�culo 58 de la Constituci�n Nacional y, en especial, del art�culo 61 ib�dem, si as� lo exigen las circunstancias de hecho apreciadas por �l, no por la Corte, puede confiar la administraci�n de justicia a funcionarios administrativos; porque el Gobierno investido de facultades legislativas, seg�n el art�culo 121 puede dictar decretos con fuerza de leyes (numeral 89, art. 118 ib.) ; y por tanto, si resuelve establecer Jueces de Instrucci�n con competencia funcional para dictar sentencias de primer grado, habr�a que considerarlos como Juzgados establecidos por la ley para administrar justicia, seg�n el inciso l9 del art�culo 58 citado. �

Por otra parte, el art�culo 61 de la Constituci�n Nacional para dar completa eficacia al art�culo 55 ib�dem, en tiempos normales o de paz, prohibi� la acumulaci�n en una misma persona de "autoridad pol�tica o civil y la judicial o militar"; pero esta prohibici�n no fue absoluta, sino simplemente relativa, porque expresamente se refiere a los tiempos normales o de paz; de manera que cuando este supuesto no se cumple, y, por el contrario, toda la Rep�blica o parte de ella est� en estado de sitio, deja de operar la dicha prohibici�n, con el fin de dejar al prudente criterio del Gobierno, de acuerdo con las exigencias de los acontecimientos, acumular estas autoridades en una misma persona, para lograr en forma m�s efectiva y pronta el restablecimiento del orden p�blico, primordial deber del Ejecutivo.

Por tanto, el art�culo 61 citado no puede interpretarse con el estrecho criterio exeg�tico, para considerar que establece una regla y una excepci�n, sino simplemente como un juicio de relaci�n, seg�n el cual, cumplido un supuesto, la normalidad o paz, opera la prohibici�n; en caso contrario, si la Rep�blica o parte de ella est� en estado de sitio, deja de tener aplicaci�n porque le falta el supuesto o condici�n determinante; y dejar� de operar cuando as� lo estime conveniente el Gobierno, en vista de los sucesos de orden p�blico.

Determinar, en fin, qu� leyes son incompatibles con el estado de sitio, presupone el conocimiento exacto de la situaci�n de hecho, la cual a su vez impone al Gobierno el ejercer su facultad discrecional, con el objeto de procurar el restablecimiento del orden p�blico perturbado.

La Corte Suprema, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, solamente puede decidir sobre los puntos de puro derecho, en cuanto las normas acusadas violen directamente alg�n precepto constitucional, sin que le sea l�cito considerar elementos de hecho, sujetos a la facultad discrecional del Congreso o del Ejecutivo en su caso.

El control jurisdiccional de las leyes, de los decretos extraordinarios o de los decretos legislativos, seg�n los preceptos de la Constituci�n, se lleva a efecto por acusaci�n promovida por cualquier ciudadano (art�culo 214), o bien, en cada caso particular, por preferencia de las normas constitucionales sobre las de la ley que fueren incompatibles con aqu�lla, a juicio del juzgador que conoce del respectivo pleito.

En el primer caso, la jurisdicci�n es privativa d� la Corte Suprema de Justicia, que en tales casos pronuncia una sentencia erga omnes con valor absoluto, mediante el procedimiento previsto en la Ley 96 de 1936. En el segundo, la declaraci�n solamente tiene valor relativo, porque simplemente se deja de aplicar la ley o decreto calificados de inconstitucionales en el caso concreto y dentro del juicio en el cual se ha invocado la excepci�n de inexequibilidad del precepto.

Cuando la Corte Suprema conoce de un juicio sobre inexequibilidad de una ley o decreto, para decidir la cuesti�n, solamente le es l�cito considerar los puntos de derecho, no los de hecho, por las siguientes razones:

a) Decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de una norma, contenida en una ley o decreto, corresponde a los poderes discrecionales del Congreso o del Ejecutivo, que no pueden estar sujetos a juzgamiento desde que se trata de poderes que no est�n ni pueden estar regulados.

Si una ley dictada por el Congreso, no puede ser declarada inconstitucional por inconveniente, la misma raz�n existe para que se decida lo propio respecto de un decreto extraordinario o legislativo.

b) Si cada Rama del Poder P�blico debe actuar dentro de su competencia, las cuestiones de hecho sobre conveniencia o inconveniencia o respecto de incompatibilidades, le est� confiada a quien tiene la atribuci�n de expedir la correspondiente norma o acto, sin que le sea l�cito a la Rama Jurisdiccional declarar una inexequibilidad por razones de inconveniencia, o porque existen otros medios mejores, o porque los medios propuestos o decretados se prestan a posibles abusos, pues si procede en otra forma, si emite juicio o juzga sobre tales elementos, invade ajenas atribuciones y viola los preceptos constitucionales que fijan la competencia de cada Rama.

c) Los anteriores conceptos cobran especial importancia si se tiene en cuenta que la Ley 96 de 1936, en cuanto fija el procedimiento para el ejercicio de la acci�n p�blica del art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, no se�al� un t�rmino para aducir pruebas, necesario e indispensable para establecer o demostrar los hechos conducentes, porque seg�n la t�cnica probatoria, el juez no puede dar por ciertos sino los acreditados en forma eficiente en el procedo, sin que el personal conocimiento de ellos pueda servir de fundamento al fallo, conocimiento que cambiar�a de un juez a otro, aun dentro de un mismo cuerpo colegiado, seg�n la informaci�n personal de que disponga cada uno.

d) Los art�culos 86 y siguientes de la Constituci�n Nacional reglamentan el veto del Gobierno a los proyectos de ley del Congreso, los cuales puede objetar por inconvenientes o por motivos de inconstitucionalidad; en el primer caso, la colisi�n de apreciaciones se resuelve en favor del Congreso, seg�n lo previsto en el art�culo 88; pero si el veto tiene por fundamento la inexequibilidad, el art�culo 90 en armon�a con el art�culo 214 de la Carta, deja la resoluci�n del problema, como punto de derecho, al fallo de la Corte, que no podr�a entrar a decidir sobre cuestiones de hecho sujetas al poder discrecional de las otras dos Ramas del Poder P�blico; y lo que ocurre en este caso, por las mismas razones, sucede en los dem�s enumerados en el art�culo 214.

El control jurisdiccional de las leyes por motivos constitucionales, naci� de la jurisprudencia o doctrina de la Suprema Corte de los 'Estados Unidos de Norte Am�rica, que lleg� a la conclusi�n de que, en caso de incompatibilidad entre la Constituci�n federal con alguna ley general o particular de alg�n Estado, deb�an aplicarse de preferencia los preceptos de aqu�lla, en el caso particular sometido a juicio, porque all� no existe una norma semejante al art�culo 214 de la Constituci�n Nacional..

No obstante la diferencia anotada, como se ver� a continuaci�n, las doctrinas de la Suprema Corte estado unense, ratifican los principios expuestos antes.

"Si alguien -dice la nota de presentaci�n del editor- se halla especialmente autorizado para hablar de La Suprema Corte de los Estados Unidos, pieza fundamental en el delicado mecanismo constitucional de la gran democracia del norte, es Charles Evans Hughes, el anciano jurista norteamericano que la presidi� desde 1930 a 1941"

Con esta somera informaci�n paso a copiar algunos apartes de su obra denominada "La Suprema Corte de Estados Unidos", con pr�logo del mejicano Antonio Carrillo Fl�rez y traducci�n de Roberto Molina Pasquel y Vicente Herrero.

Como remate del aparte titulado "Introducci�n. Fundamentos", el autor deduce cuatro principios que confirma con la cita de los casos resueltos.

"Primero. Desde el comienzo, la Corte se limit� a su tarea judicial de resolver pleitos reales. Esta era la intenci�n constitucional que establec�a expresamente que la Corte conocer�a de casos y controversias (p�g. 46).

Este principio de la jurisprudencia americana tiene aplicaci�n en cuanto se trata de invocar el art�culo 214 de nuestra Carta, o sea, la inconstitucionalidad del precepto por v�a de excepci�n en un proceso.

''Segundo. Un segundo principio es el de que la Corte no debe entender de cuestiones que sean consideradas como de naturaleza puramente pol�tica y no judicial"(p�g. 49).

"Tercero. La Corte no debe entrar a decidir cuestiones sobre validez constitucional de la legislaci�n, a menos que estas cuestiones se planteen y tengan que ser necesariamente resueltas. La Corte considera que en el caso en que una ley es razonablemente susceptible de dos interpretaciones distintas, una de las cuales la har�a inconstitucional y la otra v�lida, es su deber adoptar la interpretaci�n que deja a salvo su constitucionalidad. Como corolario, si la ley es susceptible de dos interpretaciones, una de las cuales elude el planteamiento de una cuesti�n constitucional dudosa, en tanto que otra obliga a plantearla, la Corte se pronunciar� por la primera de ellas" (p�g. 51).

"Cuarto. Otro principio establecido es el que la Suprema Corte no se ocupa de revisar cuestiones de pol�tica legislativa. Nos encontramos aqu� con uno de los supuestos optimistas que hacen practicable nuestro sistema de Gobierno. Los Tribunales consideran que, en su esfera, el legislativo se halla en posesi�n de todos los conocimientos �tiles, y es el depositario de la sabidur�a. Mientras act�a dentro de los l�mites del poder legislativo, los hechos del proceso legislativo no son objeto de consideraci�n judicial.

"Cuando la Corte se enfrenta con el problema de si un acto legislativo es arbitrario y rebasa los l�mites de la raz�n que se considera impl�cita en la concepci�n fundamental del debido proceso jur�dico, o de la igual protecci�n de las leyes, puede ser dif�cil trazar la l�nea divisoria entre lo que se considera como completamente irrazonable y lo que se estime imprudente. Es indudablemente cierto que aquellos hombres que poseen la convicci�n arraigada de que la legislaci�n es imprudente f�cilmente pueden pasar a sostener que la ley es enteramente irrazonable. Pero la distinci�n existe, sin embargo, y el juez escrupuloso la tiene siempre en cuenta. El juez reconoce que antes de traspasar los l�mites constitucionales existe un amplio margen de discreci�n legislativa, lo que le obliga a no permitir que le dominen sus opiniones acerca del ejercicio adecuado de esa discreci�n. El juez trabaja con un esp�ritu objetivo. Si se arguyera que es imposible lograr un dominio de s� mismo de tal magnitud y que las apreciaciones pol�ticas y econ�micas han de influir incluso en el juez m�s escrupuloso, reflej�ndose en la sentencia, aunque sea de modo inconsciente, se puede contestar diciendo que los jueces est�n sosteniendo continuamente la validez de ciertas leyes que, de ser legisladores, condenar�an seg�n todas las probabilidades..." (p�g. 53).

Luego agrega: "�l corolario de este principio es que la Corte no inquiere los motivos del Congreso o del poder legislativo del Estado. Como dijo el Magistrado Brand�is al exponer la opini�n de la Suprema Corte que sostuvo la validez de la ley de prohibici�n de bebidas alcoh�licas en tiempo de guerra: 'Ning�n principio de nuestra Constituci�n est� tan firmemente establecido como el de que, al resolver sobre la validez de una ley, esta Corte no puede inquirir los motivos tenidos en cuenta por el Congreso para dictarla" (p�g. 53).

''Se podr�a afirmar con raz�n sobrada noneque un gobierno investido de tan amplios poderes, de cuyo debido ejercicio dependen de modo vital la felicidad y la prosperidad de la Naci�n, tiene tambi�n que estar investido de medios amplios para su ejecuci�n A un gobierno que tiene el derecho de hacer una ley y al que se ha impuesto la tarea de llevarla a cabo debe permit�rsele seleccionar los medios para ello de acuerdo con los dictados de la raz�n; la Constituci�n no dejaba 'al razonamiento general ' el derecho del Congreso a emplear los medios necesarios. Autoriz� al Congreso para hacer todas las leyes que fueran necesarias y apropiadas para el ejercicio de los poderes que le est�n expresamente concedidos. El Magistrado Presidente estimaba que la palabra 'necesariamente' no implicaba 'una necesidad f�sica absoluta Esta palabra no quer�a decir, con frecuencia, sino lo 'conveniente, �til o esencial para otro; y despu�s de muchos ejemplos, el Presidente llegaba a formular su principio fundamental: 'Si el fin es leg�timo y est� en el �mbito de la Constituci�n, todos los medios que sean apropiados o que se adapten evidentemente a ese fin, que no est�n prohibidos, sino que concuerden con la letra y con el esp�ritu de la Constituci�n, ser�n constitucionales." (p�gs. 102-103).

"Tambi�n se sostuvo la constitucionalidad de lo hecho por el Congreso al tomar posesi�n y control de las l�neas telegr�ficas y telef�nicas, y la Suprema Corte decidi� que tanto la cuesti�n de si el ejercicio del poder conferido al Presidente por el Congreso en la resoluci�n conjunta de 16 de julio de 1918 estaba justificado por las condiciones de aquella �poca, como la de si hab�a actuado por motivos adecuados, eran cuestiones relativas a los poderes discrecionales del Ejecutivo y su conocimiento no correspond�a a los Tribunales" (p�g. 108).

Seg�n los apartes transcritos, para decidir sobre la constitucionalidad de una norma, a la Corte le est� vedado inmiscuirse en la consideraci�n de los m�viles o motivos que determinaron al Congreso o al Ejecutivo, en el caso del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, para dictarla, porque la apreciaci�n de hechos est� reservada a quien tiene competencia para expedirla, como ocurre con la conveniencia o inconveniencia, compatibilidad o incompatibilidad y la conexidad o inconexidad de la norma expedida, m�xime si se trata de resolver problemas de una situaci�n anormal, cuando parte del territorio nacional est� sometido al estado de sitio o ley marcial.

Pueden expedirse decretos legislativos notoriamente convenientes y conexos para el restablecimiento del orden p�blico y, sin embargo, ser manifiestamente inconstitucionales, como si ahora, para reprimir los atroces y reiterados genocidios, el Gobierno dictara un decreto por medio del cual estableciera la pena de muerte para estos horrendos delitos, que no carecen de objetividad o realidad.

Y es que la inconstitucionalidad de una norma no surge del juicio o confrontaci�n con los hechos, sino con los preceptos escritos de la Constituci�n, que el juzgador no puede deformar ni derogar o modificar mediante el establecimiento de condiciones o supuestos no exigidos o no previstos por el Constituyente.

Para la cabal y exacta aplicaci�n del art�culo 61 de la Constituci�n Nacional basta que est� vigente el estado de sitio en la regi�n en donde se aplicar� el Decreto acusado, porque, declarado el estado de sitio, ipso jure desaparece la prohibici�n relativa all� contenida, sin que sea menester invocar incompatibilidad con determinada norma, pues el Gobierno, en ejercicio de las facultades conferidas por el art�culo 121 de la Carta, no est� obligado a una labor puramente negativa, como la de suspender leyes incompatibles, sino que, por propia iniciativa, puede dictar las medidas que, a su juicio, contribuyan a restablecer el orden p�blico perturbado por el bandolerismo, por ejemplo, investir a los Jueces de Instrucci�n de la facultad de fallar en primera instancia los procesos descritos en el art�culo l9 del Decreto n�mero 12.

Si a la Corte le est� permitido, seg�n el art�culo 214 de la Carta, indagar e investigar los motivos de hecho que determinaron la expedici�n del Decreto n�mero 12, en esta hip�tesis, no tengo inconveniente alguno en suscribir el brillante salvamento de voto de mis ilustrados colegas que disienten de la opini�n de los se�ores Magistrados mayoritarios, cuyos aparentes argumentos contestan con maciza l�gica y con elevado esp�ritu jur�dico; sin embargo no parece del todo impertinente hacer menci�n de algunos conceptos de la exposici�n de la mayor�a, que no encuentro claros.

As�, por ejemplo, sostiene que el Gobierno en ejercicio d� las facultades conferidas por el art�culo 121 de la Carta, solamente puede suspender las leves, para lo cual "es necesario que la ruptura del orden p�blico objetivamente se halle en relaci�n inmediata y directa, por el nexo de causalidad eficiente', con ciertas y terminantes leyes que, por lo mismo, son o han llegado a ser el origen del desorden o una valla verdadera para el regreso a la normalidad", seg�n textuales palabras del fallo, las cuales forman el argumento capital de toda la exposici�n de la mayor�a.

Si la ley, por esencia, es "rationis ordinatio, ad bonum comniune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata", no se comprende c�mo pueda llegar a ser por "relaci�n inmediata y directa, por nexo de causalidad eficiente", "el origen del desorden o una ralla verdadera para el regreso a la normalidad" seg�n se lee en el p�rrafo copiado; y tampoco puede admitirse que el constituyente presuma o suponga al legislador tan poco responsable de sus actos, como para expedir leyes que atentan, como causa eficiente, contra el orden p�blico.

Si la tesis de la mayor�a fuera exacta o admisible, es claro que los actuales actos de violencia, o m�s exactamente, los numerosos y repetidos genocidios, no tienen como causa eficiente, inmediata y directa, ninguna ley, menos todav�a las que regulan la actual organizaci�n judicial; sin embargo, otra cosa es que se hayan llegado a ser inoperantes e ineficaces para la pronta y oportuna sanci�n de los genocidas, deficiencias que el Gobierno, con fundamento en los art�culos 61 y 121 de la Constituci�n Nacional ha querido enmendar o corregir, mediante el decreto acusado.

Adem�s, tampoco es exacto que el art�culo 121, tomado en su integridad, sin parcelarlo, solamente conceda facultad al Gobierno para suspender las leyes, pues, declarado el estado de sitio, "el Gobierno tendr� adem�s de las facultades legales, las que conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes rigen para la guerra entre naciones".

"Los decretos que dentro de estos l�mites dicte el Presidente, tendr�n car�cter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros", que el numeral 8� del art�culo 118 ratifica o confirma.

"El Gobierno -contin�a el inciso 39 del art�culo 121- no puede derogar las leyes por medio de los decretos. Sus facultades se limitan a la suspensi�n de las que sean incompatibles con el estado de sitio".

Si se estudia en su conjunto el art�culo 121, en armon�a con el numeral 8� del art�culo 118, se llega a la l�gica conclusi�n de que el Gobierno, en ejercicio de las facultades de estado de sitio, tiene estas atribuciones:

a) Dictar decretos con fuerza legislativa, sobre materias que estime convenientes o necesarias para el restablecimiento del orden p�blico, por ejemplo el decreto acusado.

b) Suspender las leyes que, a su juicio, resulten incompatibles "con el estado de sitio99, aun cuando no sean la causa eficiente, directa e inmediata de la turbaci�n del orden p�blico.

Por tanto, no es exacta la gratuita afirmaci�n contenida en el concepto mayoritario de que las atribuciones del Gobierno, en ejercicio de las facultades del art�culo 121, se reduce a la modesta tarea de suspender las leyes incompatibles, facultad puramente ilusoria, porque, a la postre, ser� la Corte la llamada a decidir sobre esta cuesti�n de hecho, como lo confirma la suerte corrida por el Decreto acusado.

Afortunados los sindicados de tan horrendos genocidios que, a modo de "un derecho adquirido", han hallado eficaz amparo en el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, a la vez que sus v�ctimas en vano claman por la vigencia del art�culo 16 del mismo C�digo, que impone a las autoridades, inclusive a la Corte, el deber de proteger su derecho natural a la vida, siquiera con medidas tan modestas como las tomadas en el frustrado Decreto n�mero 12 de 1959, no tanto como una gracia o merced o por mera nobleza, sino con fundamento en un derecho inalienable.

El Decreto legislativo n�mero 3519 de 1949 dispuso que se requer�an las tres cuartas partes de los votos de la Sala Plena de la Corte, para declarar la inexequibilidad de los decretos legislativos acusados por motivos de inconstitucionalidad* y en consecuencia, suspendi� el art�culo 50 del C�digo Judicial, en cuanto all� exige solamente la mayor�a absoluta para la aprobaci�n de la parte resolutiva y simplemente la relativa para la motiva.

En providencia de fecha 15 de julio del a�o en curso, la Corte en Sala Plena y en forma un�nime, acept� vigencia del Decreto citado, en virtud de las Leyes 2� de 1958, 105 de 1959 y 79 de 1960; por tanto, mientras no se declare inexequible de conformidad con el art�culo 214 de la Carta, previo el procedimiento de la Ley 96 de 1936, la mayor�a all� exigida para la declaraci�n de inexequibilidad resulta del todo obligatoria para la Corte, que no puede declararlo inconstitucional de plano, sin juicio previo .domo acci�n o como excepci�n,, menos a�n para, que la irregular decisi�n produzca efectos reglamentarios � objetivos, seg�n as� lo expuse, por escrito, al referirme al informe presentado sobre esta festinada materia.

En consecuencia, para declarar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas se requieren, como m�nimo, quince votos y no solamente once, que resultan insuficientes para una v�lida sentencia,

ACLARACION DE SENTENCIAS. JURISDICCION CONSTITUCIONAL DE LA CORTE. MAYORIA REQUERIDA PARA DECIDIR

Aplicaci�n del art�culo 50 del C�digo Judicial al dictar la sentencia que decidi� sobre la demanda de inexequibilidad formulada contra el Decreto 12 de 1959. Decretos extraordinarios elevados a la categor�a de normas legales por virtud de la Ley 2� de 1958. Sustracci�n de materia para resolver sobre demandas de inexequibilidad de tales Decretos. Sentencia inhibitoria y no de m�rito la que decidi� sobre la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 3519 de 1949, limitativo de la jurisdicci�n constitucional de la Corte. Por sustracci�n de materia no prospera la aclaraci�n pedida.

Sobre la solicitud de aclaraci�n formulada por el se�or Procurador General con ocasi�n de la sentencia proferida por la Sala Plena de la Corte con fecha 24 de julio de 1961, por medio de la cual fueron declarados inexequibles algunos art�culos del Decreto extraordinario n�mero 12 de 1959 y constitucionales otras normas del mismo Decreto, se considera:

No por impl�cito es menos claro el entendimiento de que la Corte, por el voto de las diez y nueve-ventiavas partes de los miembros que la integran aplic� el art�culo 50 del C�digo Judicial vigente cuando fue adoptada por mayor�a absoluta la referida sentencia.

Aparece apenas la opini�n de uno de los Magistrados en el sentido de que fuese necesaria la mayor�a de tres cuartas partes para aprobar el fallo en menci�n. Y es ostensible que ning�n camino, menos a�n si es indirecto o circunstancial, puede ser de recibo para trocar la mayor�a de las diecinueve ventiavas en minor�a frente al voto disidente, incapaz en absoluto de darle viabilidad al recurso de aclaraci�n que el art�culo 482 del C�digo Judicial establece para los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda. Primeramente, porque como lo reconoce el se�or Procurador, no es dable se�alar concepto o frase alguna que en el referido fallo ofrezca razonablemente verdadero motivo de duda. Y en segundo t�rmino, porque como las sentencias ejecutoriadas deben cumplirse, tales frases o conceptos dudosos han de figurar en la resoluci�n por cumplir que no en la parte motiva del fallo.

Por mayor�a de doce Magistrados sobre veinte, la Corte decidi� el 11 de agosto de 1959 (XCI. 22152216. 357) que la Ley 2* de 1958 hab�a elevado a la categor�a de normas legales el contenido de' los decretos legislativos dictados por varios Gobiernos a partir del 9 de noviembre de 1949 con invocaci�n del art�culo 121 de la Carta. De donde por virtud de esa cl�usula general se produjo de plano sustracci�n de materia para las demandas de inexequibilidad de los dichos decretos legislativos en su car�cter de tales, o sea con abstracci�n de la Ley 2� de 1958 y sus continuadoras 105 de 1959 y 79 de 1960.

Es entonces de palmar evidencia que la sustracci�n de materia declarada por la Corte el 15 de julio de 1961 con respecto al Decreto legislativo 3519 de 1949, no es otra cosa que providencia inhibitoria. Lo cual justa y sencillamente significa ausencia de pronunciamiento de m�rito sobre el fondo mismo de la vigencia o insubsistencia, constitucionalidad o inexequibilidad de aquella medida del Gobierno, limitativa de la jurisdicci�n constitucional de la Corte Suprema de Justicia frente a los decretos de estado de sitio y, por medio de uno de esos mismos decretos de car�cter legislativo.

No se plante� en la demanda contra el Decreto legislativo 12 de 1959 cuesti�n alguna sobre la vigencia o validez del Decreto legislativo 3519 de 1949, y el recurso de aclaraci�n de la sentencia no es v�a id�nea para convertirlo en objeto acumulado del pronunciamiento. No es demanda en debida forma como presupuesto necesario de la acci�n de inexequibilidad.

Pero as� como es manifiesto el prop�sito del Gobierno de hacer ejecutar las sentencias judiciales como concreta expresi�n de la Carta Fundamental y leyes de la Rep�blica en los casos particulares que fueron la sujeta materia del juzgamiento� es igualmente manifiesto en 1a Corte el obedecimiento a la Constituci�n y leyes nacionales, del mismo modo que la aplicaci�n del art�culo 50 del C�digo Judicial por mayor�a no de las tres cuartas partes sino de las diecinueve ventiavas partes de sus miembros integrantes de la corporaci�n.

A todas luces no es el caso del recurso de aclaraci�n. Pero los motivos expuestos parecer�an conducentes a disipar la inquietud a que alude el se�or Procurador General. En consecuencia, por sustracci�n de materia, no procede la aclaraci�n solicitada.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena-Bogot�, veintitr�s (23) da agosto de mil novecientos sesenta y uno.

1. No por impl�cito es menos claro el entendimiento de que la Corte, por el voto de las diecinueve veinteavas partes de los miembros que la integran aplic� el art�culo 50 del C�digo Judicial vigente cuando fue adoptada por mayor�a absoluta la sentencia que antecede. Es obvio por dem�s que de otra manera no habr�a sido publicada.

Aparece apenas la opini�n del Magistrado doctor Efr�n Osejo Pe�a en el sentido de que fuese necesaria la mayor�a de tres cuartas partes para aprobar el fallo en menci�n. Y es ostensible que ning�n camino, menos a�n si es indirecto o circunstancial, puede ser de recibo para trocar la mayor�a de las diecinueve veinteavas en minor�a frente al voto disidente del Magistrado doctor Osejo Pe�a, incapaz en absoluto de darle viabilidad al recurso de aclaraci�n que el art�culo 482 del C�digo Judicial establece para los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda. Primeramente, porque como lo reconoce el se�or Procurador, no es dable se�alar concepto o frase alguna que en el referido fallo ofrezca razonablemente verdadero motivo de duda. Y en segundo t�rmino, porque como las sentencias ejecutoriadas deben cumplirse, tales frases o conceptos dudosos han de figurar en la resoluci�n por cumplir, que no en la parte motiva del fallo.

2� Por mayor�a de doce Magistrados sobre veinte, la Corte decidi� el 11 de agosto de 1959 (XCI, 22152216. 357) que la Ley 2� de 1958 hab�a elevado a la categor�a de normas legales el contenido de los Decretos legislativos dictados por varios Gobiernos a partir del 9 de noviembre de 1949 con invocaci�n del art�culo 121 de la Carta. De donde por virtud de esa cl�usula general se produjo de plano sustracci�n de materia para las demandas de inexequibilidad de los dichos Decretos legislativos en su car�cter de tales, o sea con abstracci�n de la Ley 2� de 1958 y sus continuadoras 105 de 1959 y 79 de 1960.

Es entonces de palmar evidencia que la sustracci�n de materia declarada por la Corte el 15 de julio de 1961 con respecto al Decreto legislativo 3519 de 1949, bajo ponencia del propio Magistrado doctor Osejo Pe�a, no es otra cosa que providencia inhibitoria. Lo cual justa y sencillamente significa ausencia de pronunciamiento de m�rito sobre el fondo mismo de la vigencia o insubsistencia, constitucionalidad o inexequibilidad de aquella medida del Gobierno, limitativa de la jurisdicci�n constitucional de la Corte Suprema de Justicia frente a los decretos de estado de sitio y por medio de uno de esos mismos decretos de car�cter legislativo.

3. No se plante� en la demanda contra el Decreto legislativo 12 de 1959 cuesti�n alguna sobre la vigencia o validez del Decreto legislativo 3519 de 1949, y el recurso de aclaraci�n de la sentencia no es v�a id�nea para convertirlo en objeto acumulado del pronunciamiento. No es demanda en debida forma como presupuesto necesario de la acci�n de inexequibilidad.

Pero as� como es manifiesto el prop�sito del Gobierno de hacer ejecutar las sentencias judiciales como concreta expresi�n de la Carta Fundamental y leyes de la Rep�blica en los casos particulares que fueron la sujeta materia del juzgamiento, es del mismo modo manifiesto en la Corte el obedecimiento a la Constituci�n y leyes nacionales, del mismo modo que la aplicaci�n del art�culo 50 del C�digo Judicial por mayor�a no de las tres cuartas sino de las diecinueve veinteavas partes de los miembros integrantes de la corporaci�n.

4. A todas luces no es el caso del recurso de aclaraci�n. Pero los motivos expuestos parecer�an conducentes a disipar la inquietud a que alude el se�or Procurador General.

En consecuencia: por sustracci�n de materia no procede la aclaraci�n solicitada.

Publ�quese, notif�quese, comun�quese a quien corresponde, cop�ese e ins�rtese en la Gaceta Judicial.

Carlos Pel�ez Trujillo, Angel Martin V�squez, Ramiro Ara�jo Grau, Humberto Barrera Dom�nguez, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Roberto de Zubir�a, Gustavo Fajardo Pinz�n, Ignacio G�mez Posse, Enrique L�pez de la Pava, Sim�n Montero Torres, Efr�n Osejo Pe�a (con salvamento de voto); Luis Fernando Paredes, Arturo C. Posada, Gustavo Rend�n Ga�ir�a, Jos� Joaqu�n Rodr�guez, Julio Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo> Luis Carlos Zambrano, Jos� Hern�ndez Arbel�ez.

I. Prelaci�n de normas legales. Personas debidamente informadas sobre estas materias podr�n decir si la providencia precedente, en la forma y en el fondo, est� a tono con la seriedad y jerarqu�a de la Corte Suprema, como tambi�n si da satisfactoria respuesta a la comedida demanda de aclaraci�n que, a petici�n del Gobierno, present� el se�or Procurador General de la Naci�n, con el fin de establecer cu�les son las disposiciones constitucionales que violan las Leyes 2� de 1958, 105 de 1959 y 79 de 1960 en cuanto exigen, mediante el prohijamiento del Decreto n�mero 3519 de 1949, las tres cuartas partes de los votos de la Sala Plena de la Corte, para la declaraci�n de inexequibilidad de los decretos legislativos acusados por motivos de inconstitucionalidad ; y por qu� da especial prelaci�n al art�culo 50 del C�digo Judicial, que tiene igual categor�a, como norma legal, a la de las citadas Leyes, las cuales, como disposiciones relativas a un asunto especial prefiere a la que tenga car�cter general", seg�n lo ense�a �l numeral 1� del art�culo 45 de la Ley 57 de 1887 ; y en caso de incompatibilidad, como posteriores, deben prevalecer sobre el memorado art�culo 50 del C�digo Judicial, pues, conforme al art�culo 29 de la Ley 153 de 1887 : "la ley posterior prevalece sobre la anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicar� la ley posterior".

II. Decretos legislativos elevados a categor�a de leyes. Seg�n la sentencia de fecha 11 de agosto de 1959, proferida en un juicio adelantado en forma regular, para decidir sobre la exequibilidad de la Ley 2� de 1958, la Sala Plena de la Corte, por mayor�a de votos, decidi� que los decretos legislativos no reg�an como tales, sino en su nueva categor�a de normas legales, como se dice en este aparte del fallo mencionado:

"No es de recibo la alegaci�n del demandante sobre que las disposiciones que siendo inconstitucionales en su origen por haberse dictado fuera de los l�mites del inciso 1� del art�culo 121 contin�an si�ndolo, y la ley que las elevara a leyes ser�a opuesta a la Constituci�n, porque de acuerdo con el pensamiento de la Corte la vigencia de los decretos no fue extendida despu�s del restablecimiento del orden p�blico, sino que su contenido qued� incorporado por referencia al texto de la Ley 2� de 1958, y el Congreso no puede incidir en desviaci�n del art�culo 121 de la Ley de Leyes. Desde luego, si los decretos legislativos pueden incurrir en otras infracciones a la Carta, como han desaparecido en tal car�cter es claro que no podr�an en la pr�ctica ser objeto de juicio de inexequibilidad por carencia de materia, que la produjo el Congreso al incluir su contenido en una ley, as� como se habr�a configurado respecto a cualquier ley por su derogatoria o en relaci�n con decretos legislativos al restablecerse el orden p�blico. Mas debe advertirse que si cualesquiera de los preceptos de tales decretos atenta contra normas constitucionales diversas al art�culo 121, ya como parte integrante de la Ley 2� de 1958 puede ser demandado con apoyo en el art�culo 214 de la Constituci�n, sin que en el momento actual la Corte deba investigar todas y cada una de dichas normas a fin de descubrir su posible inconstitucionalidad, pues la Ley 96 de 1936 establece, como ya se dijo, que la Corte debe proceder al examen correspondiente no solo por el aspecto que se�ala el acusador ni en relaci�n con las disposiciones de la Carta por aqu�l se�aladas, mas no dispone que la acci�n de inexequibilidad comprenda los art�culos de la ley que no han sido acusados" (G. J. Tomo XCI, p�gs. 360 a 361).

Seg�n el aparte transcrito, %se deducen, con fuerza d� verdad legal o de cosa juzgada, las siguientes conclusiones:

a) Los decretos legislativos adquirieron la categor�a de leyes regulares expedidas por el Congreso;

b) En el supuesto de que alguno de los decretos legislativos se hubiese proferido con "desviaci�n del art�culo 121 de la Ley de Leyes'', tal vicio no incide en la nueva norma expedida por el Congreso con fundamento, no en el art�culo 121, sino en el 76 de la Carta;

c) Si alg�n decreto legislativo se ha dictado con violaci�n de otra disposici�n constitucional, distinta a la del memorado art�culo 121, la ley no lo redime o sanea del vicio, sino que "puede ser demandado con apoyo en el art�culo 214 de la Constituci�n".III-Las Leyes 2� de 1958, 105 de 1959 y 79 de 1960 no violan ning�n precepto constitucional sobre mayor�as. Ni el art�culo 214, ni el 215, ni ninguno otro de la Constituci�n regula o se�ala la mayor�a necesaria para la declaraci�n de inexequibilidad de los decretos legislativos; por tanto, no existe fundamento alguno para calificar como violatorias de la Carta las leyes que elevaron a tal categor�a el Decreto legislativo n�mero 3519 de 1949, porque hasta su expedici�n s�lo por analog�a se aplicaba el principio consagrado por el art�culo 50 del C�digo Judicial, que no tiene la calidad de precepto constitucional, sino que se dict� como norma v�lida en los juicios civiles entre particulares, regulados por el C�digo de Procedimiento Civil.

En los cuerpos colegiados, como la Corte y los Tribunales, la manifestaci�n de voluntad resulta de la suma de las opiniones individuales, por regla general; pero como en, forma excepcional ocurren puntos de vista distintos, opiniones encontradas e interpretaciones opuestas, para salvar la dificultad, la ley determina las mayor�as necesarias para dar eficacia y valor a una determinada suma de opiniones o declaraci�n de voluntad, como la mayor�a absoluta, la relativa, las dos terceras partes, etc.; pero que siempre resulta como un cercenamiento del respectivo cuerpo colegiado, porque en lugar de ser todos los que deciden, lo hace la mitad m�s uno, las dos terceras partes, etc.

Por tanto, cuando la Constituci�n conf�a a la Corte Suprema su guarda e integridad, no entiende conferirle tal atribuci�n a la mayor�a absoluta, sino a la totalidad de los Magistrados que la integran, pero por excepci�n, para salvar dificultades con los votos disidentes, le atribuye eficacia a una mayor�a, que la Constituci�n no ha determinado y, por esto, se aplicaba por analog�a el art�culo 50 del C�digo Judicial, norma legal ahora parcialmente subrogada por las leyes citadas que, por una parte, legislan sobre un punto no definido por la Constituci�n; y por otra, tienden a buscar la mayor suma de opiniones para mejor acierto en decisiones tan importantes.

Tampoco debe suponerse que la Corte solamente llena su misi�n de guardar la Constituci�n cuando declara inexequible una norma acusada, sino que tambi�n la cumple cuando, por el contrario, hace la declaraci�n de exequibilidad del decreto o ley infundadamente acusados; y que una declaraci�n u otra se tome por mayor�a absoluta o por las dos terceras partes, etc., en nada modifica ni le resta competencia a la Corte para conocer de los negocios a ella atribuidos por la Carta, Tampoco puede considerarse que la mayor�a absoluta, la mitad m�s uno, constituye una regla general dentro de los preceptos de la Carta, pues varias de sus disposiciones, como el inciso �ltimo del art�culo 88, se�alan o exigen la mayor�a especial ; y as�, en la disposici�n citada, se lee: "las decisiones en la Comisi�n o en la C�mara respectiva deber�n ser adoptadas por las dos terceras partes de los votos de los miembros que componen una y otra".

A�n m�s, seg�n el art�culo 3� del Plebiscito de 1� de diciembre de 1957, en las corporaciones p�blicas de elecci�n popular, "la mayor�a para todos los efectos legales, ser� de los dos tercios de los votos "por tanto, la exigencia de mayor�as especiales para casos importantes no es ajena a los preceptos constitucionales vigentes, que descartan como regla general la simple mayor�a absoluta.

IV-Aplicabilidad del art�culo 215 de la Carta. Seg�n lo expuesto, las Leyes 2� de 1958, 105 de 19�9 y 79 de 1960 no violan ni directa ni indirectamente ning�n precepto constitucional; pero si as� fuera, para declarar la inexequibilidad de tales preceptos habr�a que ocurrir a lo dispuesto en