300Corte SupremaCorte Suprema30030004718Jorge Sanabria195812/09/1958Jorge Sanabria_1958_12/09/195830004718SI EN EL PAIS SURGIEREN GRAVES PERTURBACIONES QUE AFECTEN LA PAZ PUBLICA JUSTIFICABLE ES ENTONCES EL ESTADO DE SITIO Y LA ADOPCION POR EL GOBIERNO DE MEDIDAS LEGISLATIVAS EXTRAORDINARIAS PROPIAS PARA CONTENER O CONJURAR LA PERTURBACION, Y LOS DECRETOS QUE ASI EXPIDA, DE ORDEN POLITICO, ECONOMICO O SOCIAL, DEBERAN TENER SIEMPRE UN NEXO CAUSAL ENTRE LAS LEYES QUE SE SUSPENDEN Y LA URGENTE NECESIDAD DE QUE TAL SUSPENSION OBEDEZCA AL FIN EXCLUSIVO DEL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PUES SI NO LO TUVIEREN EXTRALIMITARIA EL GOBIERNO LAS FACULTADES QUE EL ARTICULO 121 LE CONFIERE Y ABUSARIA EN FORMA OSTENSIBLE DEL PODER. - NOCION DE ORDEN PUBLICO. - SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO 1° DEL. ARTICULO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 124 DE 1954 Cuestión fundamental previa al estudio de la demanda de inconstitucionalidad de un Decreto, es saber si el Gobierno pudo dictar o de la disposición acusada, en uso de las facultades; conferidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional. Cuando el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros y audiencia del Consejo de Estado declara turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella, es decir, cuando hace uso de la facultad prevista en aquella norma constitucional, no puede de ninguna manera apartarse de las condiciones esenciales que fijan esa facultad, consistentes en la existencia de una situación de violencia, interna o externa, la necesidad y obligación del restablecimiento de la paz por parte de la potestad pública, y la facultad de tomar las medidas necesarias para ese restablecimiento. En desarrollo de tales condiciones la Corte ha sostenido, en sentencia de 28 de junio de 1956, que "el régimen de facultades extraordinarias reconocidas por la Constitución al Presidente de la República en caso de guerra exterior o de conmoción interior, no es una excepción al estado de derecho", y hoy sostiene, en ratificación de tal concepto, que el estado de sitio hace parte de tal régimen de derecho, pues es una de sus partes integrantes. Esto es, que el Gobierno, en estado de sitio, queda sometido a un régimen de derecho vigente, en el cual existen morunas jurídicas esenciales de orden público que no puede derogar ni suspender, y normas jurídicas no esenciales de ese orden -llamadas instrumentales- que si puede suspender, siempre que la medida que adopte sirva para restablecer el orden jurídico perturbado o en trance de ser perturbado. Así pues, para el ejercicio adecuado de las facultades del articulo 121 se necesita una alteración del orden público, ya por conmoción interna o externa, que los decretos expedidos por el Gobierno se refieran concretamente a ese estado de alteración de la paz pública y se encaminen al restablecimiento de ésta exclusivamente, y que no tengan por fin la indefinida continuidad del estado de sitio, ni traten do crear nuevas causas de alteración o de Intranquilidad. "La noción de orden público no está referida hoy a una mecánica concepción del orden policíaco de ¡a Nación, sino que abarca también un determinado orden económico, un determinado orden social y m determinado orden político y moral". Asá lo ha expresado la Corte en sintética interpretación de la sentencia de 28 de junio de 1956, mencionada, con lo cual esta entidad no hace sino ponerse a tono con los avances del derecho, pues hoy, como lo anota el jurisconsulto de Vareilles Sommieres en sus críticas dirigidas a la teoría clásica del orden público, esta expresión tiene varios sentidos, a saber: "En el lenguaje corriente, literario, significa la paz pública, la seguridad que se opone al desorden, es decir, al tumulto violento; En el lenguaje filosófico, el orden público es, en un pueblo, la disposición racional de las cosas, el orden los hombres, en sus bienes, en sus instituciones. Y en lenguaje practico y jurídico, el orden público designa el bien público, el bien común". Si pues en el país surgieren graves perturbaciones que afecten la paz pública así entienda, justificable es entonces el estado de sitio y la adopción por el Gobierno de medidas legislativas extraordinarias propias para contener o conjurar la perturbación, y los decretos que se expida, de orden político, económico o social, deberán tener siempre un NEXO CAUSAL entre las leyes que se suspenden y la urgente necesidad de que tal suspensión obedezca al fin exclusivo del restablecimiento del orden público, pues si no lo tuvieren extralimitaría el Gobierno las facultades que el artículo 121 le confiere y bastaría en forma ostensible del poder. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.- Bogotá, septiembre doce (.12) de mil novecientos cincuenta y ocho. (Magistrado ponente: Dr. Jorge Sanabria). 1958
Alfonso Isaza MorenoDemanda de inexequibilidad contra el artículo 13 del decreto 124 de 1954Identificadores30030004719true76705Versión original30004719Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el artículo 13 del decreto 124 de 1954


SI EN EL PAIS SURGIEREN GRAVES PERTURBACIONES QUE AFECTEN LA PAZ PUBLICA JUSTIFICABLE ES ENTONCES EL ESTADO DE SITIO Y LA ADOPCION POR EL GOBIERNO DE MEDIDAS LEGISLATIVAS EXTRAORDINARIAS PROPIAS PARA CONTENER O CONJURAR LA PERTURBACION, Y LOS DECRETOS QUE ASI EXPIDA, DE ORDEN POLITICO, ECONOMICO O SOCIAL, DEBERAN TENER SIEMPRE UN NEXO CAUSAL ENTRE LAS LEYES QUE SE SUSPENDEN Y LA URGENTE NECESIDAD DE QUE TAL SUSPENSION OBEDEZCA AL FIN EXCLUSIVO DEL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PUES SI NO LO TUVIEREN EXTRALIMITARIA EL GOBIERNO LAS FACULTADES QUE EL ARTICULO 121 LE CONFIERE Y ABUSARIA EN FORMA OSTENSIBLE DEL PODER. - NOCION DE ORDEN PUBLICO. - SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO 1° DEL. ARTICULO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 124 DE 1954

Cuestión fundamental previa al estudio de la demanda de inconstitucionalidad de un Decreto, es saber si el Gobierno pudo dictar o de la disposición acusada, en uso de las facultades; conferidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Cuando el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros y audiencia del Consejo de Estado declara turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella, es decir, cuando hace uso de la facultad prevista en aquella norma constitucional, no puede de ninguna manera apartarse de las condiciones esenciales que fijan esa facultad, consistentes en la existencia de una situación de violencia, interna o externa, la necesidad y obligación del restablecimiento de la paz por parte de la potestad pública, y la facultad de tomar las medidas necesarias para ese restablecimiento.

En desarrollo de tales condiciones la Corte ha sostenido, en sentencia de 28 de junio de 1956, que "el régimen de facultades extraordinarias reconocidas por la Constitución al Presidente de la República en caso de guerra exterior o de conmoción interior, no es una excepción al estado de derecho", y hoy sostiene, en ratificación de tal concepto, que el estado de sitio hace parte de tal régimen de derecho, pues es una de sus partes integrantes. Esto es, que el Gobierno, en estado de sitio, queda sometido a un régimen de derecho vigente, en el cual existen morunas jurídicas esenciales de orden público que no puede derogar ni suspender, y normas jurídicas no esenciales de ese orden -llamadas instrumentales- que si puede suspender, siempre que la medida que adopte sirva para restablecer el orden jurídico perturbado o en trance de ser perturbado.

Así pues, para el ejercicio adecuado de las facultades del articulo 121 se necesita una alteración del orden público, ya por conmoción interna o externa, que los decretos expedidos por el Gobierno se refieran concretamente a ese estado de alteración de la paz pública y se encaminen al restablecimiento de ésta exclusivamente, y que no tengan por fin la indefinida continuidad del estado de sitio, ni traten do crear nuevas causas de alteración o de Intranquilidad.

"La noción de orden público no está referida hoy a una mecánica concepción del orden policíaco de ¡a Nación, sino que abarca también un determinado orden económico, un determinado orden social y m determinado orden político y moral". Asá lo ha expresado la Corte en sintética interpretación de la sentencia de 28 de junio de 1956, mencionada, con lo cual esta entidad no hace sino ponerse a tono con los avances del derecho, pues hoy, como lo anota el jurisconsulto de Vareilles Sommieres en sus críticas dirigidas a la teoría clásica del orden público, esta expresión tiene varios sentidos, a saber: "En el lenguaje corriente, literario, significa la paz pública, la seguridad que se opone al desorden, es decir, al tumulto violento; En el lenguaje filosófico, el orden público es, en un pueblo, la disposición racional de las cosas, el orden los hombres, en sus bienes, en sus instituciones. Y en lenguaje practico y jurídico, el orden público designa el bien público, el bien común". Si pues en el país surgieren graves perturbaciones que afecten la paz pública así entienda, justificable es entonces el estado de sitio y la adopción por el Gobierno de medidas legislativas extraordinarias propias para contener o conjurar la perturbación, y los decretos que se expida, de orden político, económico o social, deberán tener siempre un NEXO CAUSAL entre las leyes que se suspenden y la urgente necesidad de que tal suspensión obedezca al fin exclusivo del restablecimiento del orden público, pues si no lo tuvieren extralimitaría el Gobierno las facultades que el artículo 121 le confiere y bastaría en forma ostensible del poder.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.- Bogotá, septiembre doce (.12) de mil novecientos cincuenta y ocho.

(Magistrado ponente: Dr. Jorge Sanabria).

El doctor Alfonso Isaza Moreno, en uso del derecho consagrado en el artículo 214 de la Constitución Nacional, acusa ante la Corte de inconstitucional el artículo 13 del Decreto número 124 de enero 20 dé 1954 "por el cual se señalan las funciones del Consejo Nacional de Práctica Profesional, se modifica el Decreto número 279 de 1953 y se dictan otras disposiciones".

La disposición acusada dispone:

"Queda absolutamente prohibida la enseñanza particular de la odontología, la farmacia y ramos auxiliares fuera de las Universidades e Institutos reconocidos por el Estado".

El texto constitucional que se considera violado, estatuye:

"Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá, sin embargo, la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura, y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos.

"La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado, y obligatoria en el grado que señale la ley".

Y las razones por las cuales el demandante considera que la norma acusada viola el texto constitucional preinserto, las sintetiza así:

Que en toda garantía reconocida por la Constitución hay una facultad y una limitación, porque no hay derechos absolutos dentro del Estado; que la libertad de enseñanza incluye el derecho de enseñar, el derecho de aprender y el de escoger su maestro, derecho este último que implica la diversidad de los organismos y la igualdad de sus prerrogativas; que la limitación radica en "la suprema inspección y vigilancia de los institutos públicos y privados", pero que ninguna inspección llega hasta la prohibición, y que el fin de la garantía, su .función teleológica es alcanzar la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos.

Por último, el demandante cita en apoyo de las' razones anteriores conceptos del tratadista George Burdeau, según los cuales, acepta éste la intervención del Estado en la enseñanza, no sólo por motivos de orden público, encaminados a evitar que los miembros de la comunidad puedan ser desviados con la difusión de doctrinas perturbadoras de su patrimonio institucional, sino porque en la formación de los técnicos y de los profesionales en general necesita verificar en interés de la colectividad, la competencia y aptitudes de aquéllos, a fin de que los títulos expedidos correspondan a las calidades exigidas por las leyes, decretos y demás reglamentos que desarrollan la garantía constitucional, relacionada con la libertad de enseñar. Además, según el mismo tratadista, como función primordial del Estado es la de promover la cultura, su intervención también se dirige a estimular el espíritu investigativo, a introducir e incrementar el desarrollo de técnicas nuevas, orientando los correspondientes estudios de acuerdo con el progreso tanto interior como exterior del país. Y tal intervención se legitima por el hecho de que no siendo la cultura un privilegio reservado sólo a unos, ya por riqueza o religión, entonces, la escuela verdaderamente abierta a todos no puede ser si no una escuela de Estado, que no está ligada a ninguna creencia filosófica o religiosa particular.

Dispuesto y dado el traslado legal de la anterior demanda al Procurador General de la Nación, éste, en extenso y documentado escrito solicita se niegue la inconstitucionalidad de la norma acusada y sé pronuncia, en su lugar, la declaración de ser ella exequible.

Cuestión fundamental previa al estudio de la demanda es saber si él Gobierno pudo dictar o no en el Decreto Legislativo número 124 citado la disposición acusada, en uso de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Cuando el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y audiencia del Consejo de Estado declara turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella, es decir, cuando hace uso de la facultad prevista en aquella norma constitucional, no puede de ninguna manera apartarse de las condiciones esenciales que fijan esa facultad, consistentes en la existencia de una situación de violencia, interna o externa, la necesidad y obligación del restablecimiento de la paz por parte de la potestad pública, y la facultad de tomar las medidas necesarias para ese restablecimiento.

En desarrollo de tales condiciones la Corte ha sostenido, en sentencia de 28 de junio de 1956, que "el régimen de facultades extraordinarias reconocidas por la Constitución al Presidente de la República en caso de guerra exterior o de conmoción interior, no es una excepción al estado de derecho", y hoy sostiene, en ratificación dé tal concepto, que el estado de sitio hace parte de un régimen de derecho, pues es una de sus partes integrantes. Esto es, que el Gobierno, en estado de sitio, queda sometido a un régimen de derecho vigente, en el cual existen normas jurídicas esenciales de orden público que no puede derogar ni suspender, y normas jurídicas no esenciales de ese orden -llamadas instrumentales- que sí puede suspender, siempre que la medida que adopte sirva para restablecer el orden jurídico perturbado o en trance de ser perturbado.

Así pues, para el ejercicio adecuado de las facultades del artículo 121 se necesita una alteración del orden público, ya por conmoción interna o extensa, que los decretos expedidos por el Gobierno se refieran concretamente a ese estado de alteración de la paz pública y sé encaminen al restablecimiento de ésta exclusivamente, y que no tengan por fin la indefinida continuidad del estado de sitio ni traten dé crear nuevas causas de alteración o de intranquilidad.

"La noción de orden público no está referida hoy a una mecánica concepción del orden policíaco de la Nación, sino que abarca también un determinado orden económico, un determinado orden social y un determinado orden político y moral" Así lo ha expresado la Corte en sintética interpretación de la sentencia de 28 de junio de 1956, mencionada, con lo cual esta entidad no hace sino ponerse a tono con los avances del derecho, pues hoy, como lo anota el jurisconsulto de Vareilles Sommieres en sus críticas dirigidas a la teoría clásica del orden público, esta expresión tiene varios sentidos, a saber: "En el lenguaje corriente, literario, significa la paz pública, la seguridad que se opone al desorden, es decir, al tumulto violento. En el lenguaje filosófico, el orden público es, en un pueblo, la disposición racional de las cosas, el orden entre los hombres, en sus bienes, en sus instituciones. Y en el lenguaje práctico y jurídico, el orden público designa el bien público, el bien común". Si pues en el país surgieren graves perturbaciones que afecten la paz pública, así entendida, justificable es entonces el estado de sitio y la adopción por el Gobierno de medidas legislativas extraordinarias propias para contener o conjurar la perturbación, y los decretos que así expida, de orden político, económico o social, deberán tener siempre un NEXO CAUSAL entre las leyes que se suspenden y la urgente necesidad de que tal suspensión obedezca al fin exclusivo del restablecimiento del orden público, pues si no lo tuvieren, extralimitaría el Gobierno las facultades que el artículo 121 le confiere y abusaría en forma ostensible del poder.

Para la Corte, el inciso primero del artículo 13 del Decreto acusado no prohíbe en forma absoluta la enseñanza particular de la odontología, la farmacia y ramos auxiliares, sino cuando ella se da fuera de las Universidades e Institutos reconocidos por el Estado. Esto es lo que en síntesis consagra dicho inciso, el qué interpreta de manera fiel el artículo 41 de la Carta, pues si éste garantiza la libertad de enseñanza, no lo hace sin embargo en forma general y absoluta sino sometida a la inspección y vigilancia del Estado, a fin de que los institutos docentes, públicos y privados, procuren llenar cumplidamento los fines sociales de la cultura, así como la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos.

Quiere expresar lo anterior que si el artículo 13 acusado hubiera sido dictado por el Congreso dentro de un régimen normal de derecho, es decir por el órgano constitucional encargado de expedir las leyes, no podría atacarse evidentemente de inconstitucional, Pero habiéndose expedido por el Gobierno en uso de facultades que no le estaban conferidas por la Carta, esto es, so pretexto de reglamentar materias que ningún nexo causal ostentan con la urgente necesidad de restablecer el orden público, ese artículo es por tal aspecto inconstitucional y debe así declararlo la Corte.

En tal virtud, la Corte Suprema, de Justicia, en ejercicio de la facultad que le da el artículo 214 de la Carta, DECLARA INEXEQUIBLE el inciso primero del artículo 13 del Decreto Legislativo número 124 de enero 20 de 1954.

Publíquese, notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y dése aviso a los Ministros de Gobierno y de Educación Nacional.

Roberto Goenaga, Presidente.-Antonio Vicente Arenas-Luis Alberto Bravo-Gabriel Carreño Mallarino-AIfredo Cock Arango-Samuel De Sola Roncallo-Roberto De Zubiría-Ignacio Escallón- José Hernández Arbeláez-Ricardo Jordán Jiménez-Héctor Martínez Guerra-Luis Eduardo Mejía-Simón Montero-Pedro Pacheco Osorio-Julio Pardo Dávila-Luis Fernando Paredes- Arturo C. Posada-Jorge Sanabria-Arturo Valencia Zea-Jorge Vélez García-Jorge Soto Soto, Secretario,