300Corte SupremaCorte Suprema30030004670Jorge Sanabria195811/06/1958Jorge Sanabria_1958_11/06/195830004670SE INHIBE LA CORTE DE CONOCER, POR CARECER DE COMPETENCIA, DE LA DEMANDA SOBRE NULIDAD DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS (NUMEROS 2392 DE 1957, 0012 Y 0119 DE 1958), POR LOS CUALES EL GOBIERNO NACIONAL NOM-ERO CONSEJEROS DE ESTADO EN INTERINIDAD. - DISTINCION ENTRE LOS TERMINOS "ELECCION" Y "NOMBRAMIENTO" Según el artículo 189 de la Ley 167 de 1941 (C. C. A.), "el Consejo de Estado conoce privativamente y en una sola instancia de los juicios contra LAS ELECCIONES do Presidente de la República, Senadores y Representantes a la Cámara. E igualmente conoce de los juicios que se susciten con motivo de las elecciones O NOMBRAMIENTOS hechos por el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, EL GOBIERNO o POR CUALQUIERA AUTORIDAD, FUNCIONARIO o corporación del orden nacional". (Los subrayados son de la Sala). Y según el artículo 190 ibidem "la Corte Suprema de Justicia conoce en Sala Plena y era una sola instancia de las demandas relativas A LA ELECCION de Designados a la Presidencia de la República, DE CONSEJEROS DE ESTADO y de Magistrados de los Tribunales Administrativos". (Los subrayados de este artículo también son d® la Sala). Es decir, el legislador de 1941, al dictar las normas transcritas, hizo clara distinción entro los términos ELECCION y NOMBRAMIENTO, los que no deben confundirse en su verdadera acepción gramatical, con la sola finalidad de pretender atribuirle a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento de una acción que corresponde privativamente, según la Ley, al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el caso de autos al Consejo de Estado. Según el diccionario de la Academia de la Lengua, "ELECCION implica acción y' efecto de elegir, deliberación y libertad para obrar, como, por ejemplo, el nombramiento de una persona, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc." Y "nombrar" es 'elegir" o señalar a uno para un cargo, empleo u otra cosa", siendo "nombramiento", por tanto, "la acción y efecto de nombrar". De ahí porqué el artículo 190 citado, únicamente dé competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de las demandas relativas A LA ELECCION de los empleados que ella cita, esto es, de las personas que deben ser nombradas por medio de votos dados por los miembros de cuerpos beliberantes, y el articulo 189 extienda al Consejo de Estado esa competencia, no solo para conocer de las demandas que se refieren a elecciones verificadas por cuerpos deliberantes sino a NOMBRAMIENTOS hechos por el Gobierno, como los de Consejeros de Estado, en defecto de las Cámaras Legislativas. Lo expuesto encuentra apoyo en los mandatos de los artículos 62 y 67 de la Ley 167 de 1941, que respectivamente dicen: "Artículo 62. - Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales Administrativos, según las reglas de competencia señaladas en los dos anteriores Capítulos, los decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad. "Cuando un acto de carácter particular ha sido proferido por un funcionario, empleado o persona administrativa del orden nacional^ y con él se viola un reglamento ejecutivo, habrá lugar a recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa". "Artículo 67.-La persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o reconocido por una norma de carácter civil o administrativo podrá pedir que además de la anulación del acto se le restablezca en su derecho. "La misma acción tendrá todo aquel que se hubiere hecho parte en el juicio y demostrado su derecho". Cuando las pretensiones de la demanda se dirigen concretamente a obtener la nulidad de los Decretos Ejecutivos por los cuales el Gobierno Nacional nombró Consejeros de Estado en interinidad -Decretos que constituyen normas de carácter administrativo- por motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad, y el restablecimiento del derecho en el cual se cree lesionado el demandante, para la Sala Plena es incontrovertible -a tenor de las disposiciones legales comentadas- su incompetencia para conocer de ella, porque es al Consejo de Estado y no a la Corte, a quien la ley atribuye competencia privativa para conocer de la acción de plena jurisdicción, como claramente se deduce de las disposiciones transcritas, en armonía con el artículo 34, numeral 10°, de la Ley 167 de 1941, y el artículo 11° del Decreto Legislativo 4120 de 1949. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, junio once de mil novecientos cincuenta y ocho. (Magistrado Ponente: Dr. Jorge Sanabria) 1958
Rafael MarriagaDemanda de inexequibilidad contra decretos ejecutivos 2392 de 1957, 12 de 1958 y 119 de 1958Identificadores30030004671true76652Versión original30004671Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra decretos ejecutivos 2392 de 1957, 12 de 1958 y 119 de 1958


SE INHIBE LA CORTE DE CONOCER, POR CARECER DE COMPETENCIA, DE LA DEMANDA SOBRE NULIDAD DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS (NUMEROS 2392 DE 1957, 0012 Y 0119 DE 1958), POR LOS CUALES EL GOBIERNO NACIONAL NOM-ERO CONSEJEROS DE ESTADO EN INTERINIDAD. - DISTINCION ENTRE LOS TERMINOS "ELECCION" Y "NOMBRAMIENTO"

Según el artículo 189 de la Ley 167 de 1941 (C. C. A.), "el Consejo de Estado conoce privativamente y en una sola instancia de los juicios contra LAS ELECCIONES do Presidente de la República, Senadores y Representantes a la Cámara. E igualmente conoce de los juicios que se susciten con motivo de las elecciones O NOMBRAMIENTOS hechos por el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, EL GOBIERNO o POR CUALQUIERA AUTORIDAD, FUNCIONARIO o corporación del orden nacional". (Los subrayados son de la Sala). Y según el artículo 190 ibidem "la Corte Suprema de Justicia conoce en Sala Plena y era una sola instancia de las demandas relativas A LA ELECCION de Designados a la Presidencia de la República, DE CONSEJEROS DE ESTADO y de Magistrados de los Tribunales Administrativos". (Los subrayados de este artículo también son d® la Sala). Es decir, el legislador de 1941, al dictar las normas transcritas, hizo clara distinción entro los términos ELECCION y NOMBRAMIENTO, los que no deben confundirse en su verdadera acepción gramatical, con la sola finalidad de pretender atribuirle a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento de una acción que corresponde privativamente, según la Ley, al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el caso de autos al Consejo de Estado. Según el diccionario de la Academia de la Lengua, "ELECCION implica acción y' efecto de elegir, deliberación y libertad para obrar, como, por ejemplo, el nombramiento de una persona, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc." Y "nombrar" es 'elegir" o señalar a uno para un cargo, empleo u otra cosa", siendo "nombramiento", por tanto, "la acción y efecto de nombrar". De ahí porqué el artículo 190 citado, únicamente dé competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de las demandas relativas A LA ELECCION de los empleados que ella cita, esto es, de las personas que deben ser nombradas por medio de votos dados por los miembros de cuerpos beliberantes, y el articulo 189 extienda al Consejo de Estado esa competencia, no solo para conocer de las demandas que se refieren a elecciones verificadas por cuerpos deliberantes sino a NOMBRAMIENTOS hechos por el Gobierno, como los de Consejeros de Estado, en defecto de las Cámaras Legislativas.

Lo expuesto encuentra apoyo en los mandatos de los artículos 62 y 67 de la Ley 167 de 1941, que respectivamente dicen:

"Artículo 62. - Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales Administrativos, según las reglas de competencia señaladas en los dos anteriores Capítulos, los decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.

"Cuando un acto de carácter particular ha sido proferido por un funcionario, empleado o persona administrativa del orden nacional^ y con él se viola un reglamento ejecutivo, habrá lugar a recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

"Artículo 67.-La persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o reconocido por una norma de carácter civil o administrativo podrá pedir que además de la anulación del acto se le restablezca en su derecho.

"La misma acción tendrá todo aquel que se hubiere hecho parte en el juicio y demostrado su derecho".

Cuando las pretensiones de la demanda se dirigen concretamente a obtener la nulidad de los Decretos Ejecutivos por los cuales el Gobierno Nacional nombró Consejeros de Estado en interinidad -Decretos que constituyen normas de carácter administrativo- por motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad, y el restablecimiento del derecho en el cual se cree lesionado el demandante, para la Sala Plena es incontrovertible -a tenor de las disposiciones legales comentadas- su incompetencia para conocer de ella, porque es al Consejo de Estado y no a la Corte, a quien la ley atribuye competencia privativa para conocer de la acción de plena jurisdicción, como claramente se deduce de las disposiciones transcritas, en armonía con el artículo 34, numeral 10°, de la Ley 167 de 1941, y el artículo 11° del Decreto Legislativo 4120 de 1949.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, junio once de mil novecientos cincuenta y ocho.

(Magistrado Ponente: Dr. Jorge Sanabria)

El doctor Rafael Marriaga, por medio de apoderado y en memorial dirigido a la Corte Plena, solicita:

"a) La nulidad de los Decretos Ejecutivos números 2392 de 1957, noviembre 30; 0012 de 1958, enero 10, y 0119 de 1958, enero 24, e igualmente contra el oficio número 1424, de fecha 21 de enero de 1958, suscrito por el Ministro de Justicia, y dirigido al señor Presidente del Consejo de Estado; esto es de los actos administrativos antes referidos, y en cuanto y por cuanto ellos causaron la desinvestidura del doctor Rafael Marriaga en el cargo de Consejero de Estado; la nulidad de los nombramientos o del nombramiento allí efectuados y que fueren conducentes declarar nulos COMO MEDIO para el establecimiento del derecho violado, es decir, su restitución en tal empleo, que con TITULARIDAD SUFICIENTE venía desempeñando, y el pago de los sueldos y demás expensas por él dejadas de percibir, hasta cuando aquel hecho -el reintegro- se realice;

"b) O los solos sueldos y expensas, si cuándo La sentencia que deba finalizar este proceso ya estuvieren reemplazados constitucionalmente también los Consejeros designados por los actos administrativos acusados y hasta la fecha en, que el Magistrado que sea elegido en la forma prevista por la Carta Política reemplace a su vez al Consejero que desposeyó al doctor Marriaga, mediante la posesión, en debida forma, del cargo.

"c) Los perjuicios morales -objetivados y no objetivables- sufridos por el doctor Marriaga por causa y con ocasión de los actos demandados; y

"d) Finalmente, la declaración jurisdiccional de que dicho lapso se considera ininterrumpido para todos los efectos legales, tales como para prestaciones sociales"

Como disposiciones violadas por los actos acusados cita el demandante los artículos 136 y 160 de la Constitución Nacional; 8 de la Ley 167 de 1941; 68, t numeral 11, y 249 del Código de Régimen Político y Municipal, y como comprobantes acompaña copias debidamente autenticadas de los Decretos Ejecutivos que demanda;

Expresa que la competencia de la Corte Suprema en Sala Plena para conocer de esta demanda surge del artículo 190 de la Ley 167 de 1941 (Código de lo Contencioso Administrativo), que reza: "La Corte Suprema de' Justicia conoce en Sala Plena y en una sola instancia de las demandas relativas a la elección de Designados a la Presidencia de la República, DE CONSEJEROS DE ESTADO y de Magistrados de los Tribunales Administrativos".

Y, por último, dice:

"Yo considero que la disposición transcrita se refiere exclusivamente a la acción ELECTORAL establecida en el Capítulo XX de la referida Ley -la que es pública- y no a la de PLENA JURISDICCION, consagrada por vía general en los artículos 67 y 68 ibidem- que solo compete al perjudicado por un acto administrativo y para el restablecimiento del derecho que se le haya violado, cual es la situación de esta demanda. Mas mi poderdante quiere presentar su caso también 'ante la Corte Suprema de Justicia en previsión de que el Consejo de Estado, donde cursa actualmente otra demanda análoga, se declare incompetente para conocerlo, no obstante lo preceptuado en el artículo 34, numeral. 10, del C. C. A. en armonía con el artículo undécimo del Decreto Legislativo 4120 de 1949".

Del contexto de la demanda anterior se desprende en forma ostensible la incompetencia de la Corte Suprema en Sala Plena para conocer de la acción propuesta, y un somero examen de los artículos 189 y 190 de la Ley 167 de 1941 (C. C. A;), en armonía con los artículos 62 y 67 de la misma Ley, llevan a la Sala a aquella conclusión. En efecto, según el artículo 189, "el Consejo de Estado conoce privativamente y en una sola instancia de los juicios contra las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Representantes a la Cámara. E igualmente conoce de los juicios que se susciten con motivo de las elecciones o1 nombramientos hechos por el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario o corporación del orden nacional". (Los subrayados son de la Sala). Y según el artículo 190 "la Corte Suprema de Justicia conoce en Sala Plena y en una sola instancia de las demandas relativas a la elección de Designados a la Presidencia de la República, de Consejeros de Estado y de Magistrados de los Tribunales Administrativos". (Los subrayados de este artículo también son de' la Sala). Es decir, el legislador de 1941, al dictar las normas transcritas, hizo clara distinción entre los términos elección y nombramiento, los que el demandante confunde en su verdadera acepción gramatical, con la sola finalidad de pretender atribuirle a la Sala Pieria de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de una acción que corresponde privativamente, según la ley, al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el caso de autos al Consejo de Estado, Según el diccionario de la Academia de la Lengua, "elección" implica acción y efecto de elegir, deliberación y libertad para obrar, como, por ejemplo, el nombramiento de una persona, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc.". Y "nombrar" es "elegir o señalar a uno para un cargo, empleo u otra cosa", siendo "nombramiento", por tanto, "la acción y efecto de nombrar". De ahí porqué el artículo 190 citado únicamente dé competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de las demandas relativas a la elección de los empleados que ella cita, esto es, de las personas que deben ser nombradas por medio de votos dados por los miembros de cuerpos deliberantes, y el artículo 189 extienda al Consejo de Estado esa competencia, no solo para conocer de las demandas que se refieren a elecciones verificadas por cuerpos deliberantes sino a nombramientos hechos por el Gobierno, como los de Consejeros de Estado, en defecto de las Cámaras Legislativas.

Lo expuesto encuentra apoyo en los mandatos de los artículos 62 y 67 de la Ley 167 de 1941, que respectivamente dicen:

"Artículo 62. Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales Administrativos, según las reglas de competencia señaladas en los dos anteriores Capítulos, los decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad".

"Cuando un acto de carácter particular ha sido proferido por Un funcionario, empleado o persona administrativa del orden nacional, y con él se viola un reglamento ejecutivo, habrá lugar a recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

"Artículo 67. La persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o reconocido por una norma de carácter civil o administrativo podrá pedir que además de la anulación del acto se le restablezca enderecho.

"La misma acción tendrá todo aquel que se hubiere hecho parte en el juicio y demostrado su derecho".

Siendo pues, evidente que las pretensiones del demandante se dirigen concretamente a obtener la nulidad de los Decretos Ejecutivos por los cuales el Gobierno Nacional nombró Consejeros de Estado en interinidad -Decretos que constituyen normas de carácter administrativo- por motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad, y el restablecimiento del derecho en el cual se cree lesionado aquel, para la Sala Plena es incontrovertible -al tenor de las disposiciones legales comentadas- su incompetencia para conocer de la demanda propuesta por el ex-Consejero de Estado, doctor Rafael Marriaga, porque es al Consejo de Estado y no a la Corte, a quien la ley atribuye competenticia privativa para conocer de la acción de plena jurisdicción, como claramente se deduce de las disposiciones transcritas, en armonía con el artículo 34, numeral 10 , de la Ley 167 de 1941, y el artículo undécimo del Decreto Legislativo 4120 de 1949. Así lo reconoce el apoderado del demandante cuando en su libelo dice:

Mas mi poderdante quiere presentar su caso también ante la Corte Suprema de Justicia en previsión de que el Consejo de Estado, donde cursa actualmente otra demanda análoga, se declare incompetente para conocerlo, no obstante lo preceptuado en el artículo 34, numeral 10 del C. C. A., en armonía con el artículo undécimo del Decreto Legislativo 4120 de 1949".

Por las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se INHIBE de conocer de la referida demanda.

Notifíquese, e insértese en la GACETA JUDICIAL.

Roberto Goenaga, Presidente. - Alfredo Cock Arango-Antonio Vicente Arenas - Luis Alberto Bravo-Gabriel Carreño Mallarmo - Samuel de Sola Roncallo- Roberto de Zubiría-Ignacio Escallón-José Hernández Arbeláez-Benjamín Iragorri Diez-Ricardo Jordán Jiménez - Armando Latorre Rizo - Héctor Martínez Guerra - Luis Eduardo Mejía J. - Pedro Pacheco Osorio-Luis [Fernando Paredes-Arturo C. Posada-Jorge Sanabria-Arturo Valencia Zea-Jorge Vélez García. El Secretario, Jorge Soto Soto.