300Corte SupremaCorte Suprema30030004662Gabriel Carreño Mallarino195830/01/1958Gabriel Carreño Mallarino_1958_30/01/195830004662EXEQUIBILIDAD DE LA LEY APROBATORIA DE UN TRATADO PUBLICO.-NO HAY QUE CONFUNDIRLAS, EN LO ATA ÑEDERO A SU VIGENCIA, CON LAS LEYES COMUNES. - EL MODO COMO SE CELEBRAN LOS -TRATADOS PUBLICOS ES SEMEJANTE PESO NO IGUAL AL TRAMITE Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE DESECHO PRIVADO. - CUANDO UNA LEY APROBATORIA DE UN TRATADO PUBLICO HA QUEDADO RATIFICADA INDIRECTA PERO EQUIVOCAMENTE EN UN ACTO LEGISLATIVO, NO PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL. 1.-El modo como se celebran los traslados públicos es semejante pero no igual al trámite y perfeccionamiento de contratos de derecho privado. En esta materia, las particulares interesadlos, ejerciendo su capacidad legal tratara sobre el asunto que desean resolver, y puestos de acuerdo acerca de .las respectivas cláusulas, llenan las formalidades legales, y el contrato queda perfecto. Eso es todo. En el terreno de las relaciones interpersonales la capacidad de las altas partes, para vincularse en un tratado está, según normas de las correspondientes constataciones, sujeta a ciertas regias ineludibles, las cuales se explican por la diferencia que hay entre las personas .naturales o jurídicas de derecho privado y las grandes entidades de derecho público. Tales normas vienen a ser verdaderos cauces canales necesarios para que la personalidad de los estados se manifieste con la necesaria eficacia. De estado a estado varían esos cauces constitucionales. En Colombia los tratados públicos los negocia la rama ejecutiva, pare necesitan para su validez y perfeccionamiento la aprobación del Congreso. 2.-Una ley aprobatoria de tan tratado público, no puede considerarse como acto jurídico PERFECTO Y COMPLETO RATIONE MATERIAE sino en chanto su contenido haya sido aprobado por la otra parte contratante de acuerdo con sus normas constitucionales. No es admisible la teoría de que esta clase da tratados o mejor de proyectos de tratados da lugar a aprobación o improbación, paro no a reformas; y que lo único viable es sustituir por completo en un nuevo pacto el proyecto de tratado. Las leyes colombianas que aprueban tratados públicos deben, como cualesquiera otras leyes, estar bien avenidas .con los cánones de la Constitución; pero no hay que confundirlas en lo atañedero a su vigencia con las leyes comunes cuyo campo de acción -salvo algunos casos de derecho internacional privado- no puede exceder los límites del territorio de la república. 3.-Cuando una ley aprobatoria de un tratado público ha quedado ratificada indirecta pero inequívocamente en un acto legislativo, no puede declararse inconstitucional. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena - Bogotá, enero treinta de mil novecientos cincuenta y ocho. (Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Carreño Mallarino) Vistos: 1958
Germán Molina CallejasDemanda de inexequibilidad contra la ley 56 de 1921Identificadores30030004663true76644Versión original30004663Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra la ley 56 de 1921


EXEQUIBILIDAD DE LA LEY APROBATORIA DE UN TRATADO PUBLICO.-NO HAY QUE CONFUNDIRLAS, EN LO ATA ÑEDERO A SU VIGENCIA, CON LAS LEYES COMUNES. - EL MODO COMO SE CELEBRAN LOS -TRATADOS PUBLICOS ES SEMEJANTE PESO NO IGUAL AL TRAMITE Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE DESECHO PRIVADO. - CUANDO UNA LEY APROBATORIA DE UN TRATADO PUBLICO HA QUEDADO RATIFICADA INDIRECTA PERO EQUIVOCAMENTE EN UN ACTO LEGISLATIVO, NO PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL.

1.-El modo como se celebran los traslados públicos es semejante pero no igual al trámite y perfeccionamiento de contratos de derecho privado.

En esta materia, las particulares interesadlos, ejerciendo su capacidad legal tratara sobre el asunto que desean resolver, y puestos de acuerdo acerca de .las respectivas cláusulas, llenan las formalidades legales, y el contrato queda perfecto. Eso es todo.

En el terreno de las relaciones interpersonales la capacidad de las altas partes, para vincularse en un tratado está, según normas de las correspondientes constataciones, sujeta a ciertas regias ineludibles, las cuales se explican por la diferencia que hay entre las personas .naturales o jurídicas de derecho privado y las grandes entidades de derecho público. Tales normas vienen a ser verdaderos cauces canales necesarios para que la personalidad de los estados se manifieste con la necesaria eficacia. De estado a estado varían esos cauces constitucionales.

En Colombia los tratados públicos los negocia la rama ejecutiva, pare necesitan para su validez y perfeccionamiento la aprobación del Congreso.

2.-Una ley aprobatoria de tan tratado público, no puede considerarse como acto jurídico PERFECTO Y COMPLETO RATIONE MATERIAE sino en chanto su contenido haya sido aprobado por la otra parte contratante de acuerdo con sus normas constitucionales.

No es admisible la teoría de que esta clase da tratados o mejor de proyectos de tratados da lugar a aprobación o improbación, paro no a reformas; y que lo único viable es sustituir por completo en un nuevo pacto el proyecto de tratado.

Las leyes colombianas que aprueban tratados públicos deben, como cualesquiera otras leyes, estar bien avenidas .con los cánones de la Constitución; pero no hay que confundirlas en lo atañedero a su vigencia con las leyes comunes cuyo campo de acción -salvo algunos casos de derecho internacional privado- no puede exceder los límites del territorio de la república.

3.-Cuando una ley aprobatoria de un tratado público ha quedado ratificada indirecta pero inequívocamente en un acto legislativo, no puede declararse inconstitucional.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena - Bogotá, enero treinta de mil novecientos cincuenta y ocho.

(Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Carreño Mallarino)

Vistos:

En escrito de 21 de febrero de 1955, fechado en Ginebra (Valle), el doctor Germán Molina Callejas solicitó, en ejercicio de la acción popular del artículo 214 de la Constitución que se declarase por la Corte Suprema de Justicia la inexequibilidad de la ley 56 de 1921 que modificó la número 14 de 1914. Aquella contiene el texto definitivo del tratado Colombo-norteamericano en virtud del cual las altas partas contratantes resolvieron que Colombia fuese indemnizada por la separación de Panamá y adoptaron, de común acuerdo otras normas de carácter internacional.

Las disposiciones que en el cuerpo de la demanda se citan como violadas en la referida ley 56 son las contenidas en los artículos 34 del acto legislativo número 3 de 1910 y 76 y 78 de la Constitución de 1886. Más adelante, aunque en forma indirecta cita el doctor Molina Callejas el artículo del mencionado acto legislativo reformatorio de la Carta.

El modo como se celebran los tratados públicos es semejante pero no igual al trámite y perfeccionamiento de contratos de derecho privado.

En esta materia, los particulares interesados, ejerciendo su capacidad legal tratan sobre el asunto que desean resolver, y puestos de acuerdo acerca de las respectivas cláusulas, llenan las formalidades legales, y el contrato queda perfecto. Eso es todo.

En el terreno de las relaciones internacionales la capacidad de las altas partes, para vincularse en un tratado está, según normas de las correspondientes constituciones, sujeta a ciertas reglas ineludibles, las cuales se explican por la diferencia que hay entre las personas naturales o jurídicas de derecho privado y las grandes entidades de derecho público. Tales normas .vienen a ser verdaderos cauces o canales necesarios para que la personalidad de los estados se manifieste con la necesaria eficacia. De estado a estado varían esos cauces constitucionales.

En Colombia los tratados públicos los negocia la rama ejecutiva, pero necesitan para su validez y perfeccionamiento la aprobación del Congreso. En los EE. UU. esa aprobación debe impartirla el Senado.

En el caso del tratado del 6 de abril de 1914 lo que ocurrió se explica sin dificultad: los dos países quisieron ponerle término a las desavenencias procedentes de los deplorables sucesos del año de 1903.

En 1914 se optó por este segundo camino; se redactó el proyecto de acuerdo, y se sometió a la consideración del Congreso colombiano el cual lo aprobó por la ley 14 de dicho año.

Pero el Senado americano modificó, al serle sometido el asunto, algunas de las cláusulas: es decir no aceptó el proyecto de tratado in integrum, sino parcialmente.

Desde el punto de vista del mero derecho internacional positivo sería temerario afirmar que el Senado de Washington no podía proponer modificaciones a un texto que todavía no era a la sazón ley para las altas partes contratantes.

Volvió pues el tratado con sus modificaciones al estudio del Congreso colombiano en el año de 1921, y la ley 56 de ese año aprobó el texto definitivo sin reparos de ninguna naturaleza.

La ley de 1914, por versar sobre un tratado público, no podía considerarse como acto jurídico perfecto y completo ratione materiae sino en cuanto su contenido fuese aprobado por la otra parte contratante de acuerdo con sus normas constitucionales.

El demandante sostiene la teoría de que esta clase de tratados, o mejor de proyectos de tratados da lugar a aprobación o improbación, pero no a reformas; y que lo único viable era sustituir por completo en un nuevo pacto el proyecto de 1914.

Las leyes colombianas que aprueban tratados públicos deben, cómo cualesquiera otras leyes, estar bien avenidas con los cánones de la Constitución; pero no hay que confundirlas en lo atañedero a su vigencia con las leyes comunes cuyo campo de acción -salvo algunos casos de derecho internacional privado- no puede exceder los límites del territorio de la república.

Por más que se apure el análisis de las disposiciones que en la demanda se citan como infringidas, y por mucho que se ahonde en el examen sutil de los hechos o antecedentes del caso, no se llega a advertir violación alguna, ni de fondo ni de forma de la Constitución colombiana por parte de la ley 56 de 1921.

Por último, no podría declararse inconstitucional la referida ley 56 de 1921, porque ella vino a quedar ratificada indirecta pero inequívocamente por el artículo 1° del acto legislativo de 1936 que puso al día los límites de la república.

En atención a las razones expuestas y no a otras que figuran en el dictamen del señor Procurador General de la Nación y en diversos lugares del expediente, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- en uso de la atribución que le concede el artículo 214 de la Carta y oído el concepto del Ministerio Publico, niega las peticiones de la demanda y en consecuencia declara que la ley 56 de 1921 es exequible.

Notifíquese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y archívese.

Roberto Goenaga - Antonio Vicente Arenas. Luis Alberto Bravo-Gabriel Carreño Mallarino. Alfredo Cock Arango-Samuel de Sola Roncallo. Roberto de Zubiría-Ignacio Escallón-José Hernández Arbeláez - Benjamín Iragorri Diez - Ricardo Jordán Jiménez - Armando Latorre Rizo. Héctor Martínez Guerra-Luis E. Mejía J.-Pedro Pacheco Osorio - Luis Fernando Paredes - Arturo C. Posada-Jorge Sanabria-Arturo Valencia Zea-Jorge Vélez García-Jorge Soto Soto, Secretario.

Digitó: CC52.507.183