300Corte SupremaCorte Suprema30030004622Daniel Anzola Escobar195722/02/1957Daniel Anzola Escobar_1957_22/02/195730004622NORMAS CREADORAS DE SITUACION ES JURIDICAS GENERALES Y NORMAS CREADORAS DE SITUACIONES JURIDICAS INDIVIDUALES. - CONDICION ES TATUTARIA DEL EMPLEADO PUBLICO. - APLICACION DE LA LEY NUEVA Y DERECHOS ADQUIRIDOS 1.- Es principio universal de Derecho, que la norma erendora de situaciones jurídicas generales, impersonales o abstractas, es esencialmente modificable por el legislador. De otra manera no podría concebirse un orden jurídico con su necesario dinamismo, dentro de un Estado de derecho. Si los ordenamientos legales DE CARACTER GENERAL no fueran susceptibles de transformación, de reforma, el estancamiento de la creación jurídica perra frente de destrucción de ese orden. No debe confundirse la situación impersonal que crea la norma de carácter general, con el derecho subjetivo que se origina en favor del asociado al condicionar su situación personal a ese orden legal abstracto. La primera es modificable, el segundo, generalmente, no lo es. 2.-La organización de la función pública, en lo relativo a los derechos del funcionario no tiene fundamento convencional sino que es estatutario. El vínculo que une a la Administración con el empleado no nace de un contrato, salvo excepciones, sino de un estatuto de derecho público de carácter general. Siendo así, ese estatuto que regula los derechos del funcionario, en forma impersonal, es esencialmente modificable por parte del legislador. Cosa distinta acontece con derechos adquiridos por el empleado al condicionar su situación personal el mandato general, pues, éstos serán susceptibles de modificación sólo por excepción. Por motivos de interés público. 3.-Aquellas personas que condicionaron su situación objetiva a la anterior, y que conforme a ella adquirieren los derechos allí prescritos, en nada les afecta el mandato de la nueva ley, ya que en su protección y amparo no sólo surge el artículo 23 de la Carta sino el 23 de la ley 153 de 1887 desarrollo de la norma fundamental. Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios Constitucionales.-Bogotá, veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y siete. (Magistrado Ponente: Dr. Daniel Anzola Escobar) 1957
Guillermo Neira MatéusDemanda de inexequibilidad contra el artículo 7 de la ley 137 de 1948Identificadores30030004623true76593Versión original30004623Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el artículo 7 de la ley 137 de 1948


NORMAS CREADORAS DE SITUACION ES JURIDICAS GENERALES Y NORMAS CREADORAS DE SITUACIONES JURIDICAS INDIVIDUALES. - CONDICION ES TATUTARIA DEL EMPLEADO PUBLICO. - APLICACION DE LA LEY NUEVA Y DERECHOS ADQUIRIDOS

1.- Es principio universal de Derecho, que la norma erendora de situaciones jurídicas generales, impersonales o abstractas, es esencialmente modificable por el legislador. De otra manera no podría concebirse un orden jurídico con su necesario dinamismo, dentro de un Estado de derecho. Si los ordenamientos legales DE CARACTER GENERAL no fueran susceptibles de transformación, de reforma, el estancamiento de la creación jurídica perra frente de destrucción de ese orden.

No debe confundirse la situación impersonal que crea la norma de carácter general, con el derecho subjetivo que se origina en favor del asociado al condicionar su situación personal a ese orden legal abstracto. La primera es modificable, el segundo, generalmente, no lo es.

2.-La organización de la función pública, en lo relativo a los derechos del funcionario no tiene fundamento convencional sino que es estatutario. El vínculo que une a la Administración con el empleado no nace de un contrato, salvo excepciones, sino de un estatuto de derecho público de carácter general.

Siendo así, ese estatuto que regula los derechos del funcionario, en forma impersonal, es esencialmente modificable por parte del legislador. Cosa distinta acontece con derechos adquiridos por el empleado al condicionar su situación personal el mandato general, pues, éstos serán susceptibles de modificación sólo por excepción. Por motivos de interés público.

3.-Aquellas personas que condicionaron su situación objetiva a la anterior, y que conforme a ella adquirieren los derechos allí prescritos, en nada les afecta el mandato de la nueva ley, ya que en su protección y amparo no sólo surge el artículo 23 de la Carta sino el 23 de la ley 153 de 1887 desarrollo de la norma fundamental.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios Constitucionales.-Bogotá, veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y siete.

(Magistrado Ponente: Dr. Daniel Anzola Escobar)

El doctor Guillermo Neira Matéus, haciendo uso del derecho consagrado por los artículos 45 y 214 de la Constitución Nacional, demanda ante la Corte Suprema de Justicia la declaración de inexequibilidad del artículo 7° de la ley 137 de 1948 por estimarlo violatorio de la norma establecida en el artículo 30 de la Carta.

A la solicitud acompañó un número del Diario Oficial de fecha 28 de diciembre de 1948, en el que corre publicada la ley cuyo artículo 7° se demanda de inexequibilidad.

El texto de la disposición acusada (artículo 7°, ley 137 de 1948-diciembre 23), es el siguiente: "El retiro voluntario de las Fuerzas Militares para los oficiales hasta el grado de Mayor o similares inclusive, sólo podrá solicitarse cuando el interesado haya servido por lo menos tres años en cada grado".

El demandante funda la violación de la norma superior por la que es materia de la acusación, en el hecho de que ésta "vulnera y desconoce los derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, de quienes con anterioridad habían adquirido las condiciones necesarias para obtener el derecho a una pensión de retiro". Se refiere el actor, concretamente, a aquellos aviadores militares o civiles, amparados por el artículo 1° de la ley 6ª de 1936.

Expresa la disposición: "Los colombianos que hayan servido a la República como aviadores militares o civiles durante un lapso mayor de ocho años y que estén incorporados en el Ejército, tendrán derecho a una pensión de retiro igual al ochenta por ciento por sueldo que estén devengando en el momento en que se les conceda retiro, el cual no podrá decretarse sino por las cusas que determine el Gobierno en el Decreto Reglamentario de esta ley".

El actor, luego de citar los conceptos de distintos tratadistas relativos a lo que filosóficamente puede entenderse por "derechos adquiridos" y de traer a colación doctrinas de la Corte Suprema y del H. Consejo de Estado, puntualiza su criterio en los siguientes apartes:

"Se tiene, pues, que los aviadores colombianos que hayan servido por más de ocho años, tienen derecho a una pensión de retiro igual al ochenta por ciento del sueldo que estén devengando en el momento del retiro.

El artículo 7° de la ley 137 de 1948, que se acusa en esta demanda, al exigir que el retiro de las Fuerzas Militares para los oficiales hasta el grado de Mayor o similar, sólo podrá solicitarse cuando el interesado haya servido POR LO MENOS 'TRES AÑOS EN CADA GRADO, no hace otra cosa que alargar el tiempo necesario para obtener el retiro, esto es: hacer más gravosa la situación de los oficiales del Ejército que ya tienen cumplido su tiempo de servicio para ese mismo retiro, lo que vale tanto como decir, que este artículo 7° de la ley 137 de 1948 vulnera y desconoce el derecho adquirido que tiene el oficial para retirarse por el solo hecho de haber cumplido el tiempo de servicio; para el caso de los aviadores los ocho años de servicio que previene el artículo 1° de la ley 6ª de 1936; por tanto este artículo 7° de la ley 137 citada, quebranta y viola de manera flagrante la norma constitucional contenida en el artículo 30 de la Carta Fundamental, disposición que consagra el amparo de los derechos adquiridos contra las leyes posteriores que quieran desconocerlos o vulnerarlos. Los derechos de los oficiales que hayan cumplido su tiempo de servicio no pueden ser violados por leyes que hayan venido con posterioridad".

Y agrega luego: "Respecto del artículo 7° de la ley 137 de 1948, debe tenerse en cuenta lo siguiente: o ese artículo es abiertamente inconstitucional como lo creemos, por desconocer y vulnerar derechos adquiridos, como queda estudiado, o al menos ese artículo 7° no podría aplicarle a los oficiales del Ejército que con anterioridad habían cumplido su tiempo de servicio para el retiro, porque esa ley 137 no podría tener efecto retroactivo".

Concepto del señor Procurador

Al descorrer el correspondiente traslado, el señor Procurador General de la Nación expresa:

"No habiéndose presentado el contenido del decreto reglamentario de la ley 6ª de 1936, es imposible afirmar si en realidad el artículo acusado modificó desfavorablemente para los aviadores militares las condiciones Exigidas para tener derecho al sueldo de retiro decretado por el artículo 1° de dicha ley.

"Sin embargo, es indudable que el legislador tiene competencia permanente para modificar las leyes anteriores, en todos sus ramos, y sería absurdo que el estatuto de los funcionarios públicos señalado por la ley, no pudiera esta misma modificarlo en todo momento.

"Bien sabido es que en nuestro derecho está consagrada firmemente la doctrina de que el vínculo que une al funcionario con la Administración, no es contractual, sino de servicio público. Que la situación jurídica del funcionario es general, abstracta, reglamentaria, en oposición a la que crea un contrato, que es particular, concreta, y por consiguiente, no modificable por leyes o reglamentos. Desde luego es posible que el funcionario dentro de su situación reglamentaria, vaya adquiriendo situaciones concretas, que se convierten en inmodificables, es decir en derechos adquiridos.

"Quiere decir lo anterior que aunque el legislador conserve su competencia para modificar en cualquier momento las situaciones jurídicas generales, reglamentarias, las leyes respectivas no podrán aplicarse con perjuicio de las situaciones jurídicas concretas, que se hayan adquirido conforme a la legislación anterior, porque dicha aplicación se haría con detrimento de los derechos adquiridos que nuestra Constitución hace inviolables.

"Por lo expuesto, si es verdad que en el momento de entrar a regir la disposición acusada había algunos aviadores militares que tuviesen adquirido un derecho a pensión por haber cumplido los requisitos señalados en la ley 6ª de 1936 y su decreto reglamentario, que no les hubiera siclo todavía reconocido o declarado, podrían alegar ante la entidad competente, la aplicación de la ley 6ª, en oposición a la ley posterior que, siendo constitucional, es incapaz jurídicamente de hacerse valer con perjuicio de los derechos adquiridos.

"El propio demandante acepta este modo de entender el problema cuando expresa, después de repetir que el artículo acusado es inconstitucional: "O al menos ese artículo 7° no podría aplicarse a los oficiales del Ejército que con anterioridad habían cumplido su tiempo de servicio para el retiro, porque esa ley 137 no podría tener efecto retroactivo'"

Consideraciones de la Corte

Es principio universal de Derecho, que la norma creadora de situaciones jurídicas generales, impersonales o abstractas, es esencialmente modificable por el legislador. De otra manera no podría concebirse un orden jurídico con su necesario dinamismo, dentro de un Estado de derecho. Si los ordenamientos legales de carácter general no fueran susceptibles de transformación, de reforma, el estancamiento de la creación jurídica sería fuente de destrucción de ese orden.

No debe confundirse la situación impersonal que crea la norma de carácter general, con el derecho subjetivo que se origina en favor del asociado al condicionar su situación personal a ese orden legal abstracto. La primera es modificable, el segundo, generalmente, no lo es.

Como bien lo anota el señor Procurador, la organización de la función pública, en lo relativo a los derechos del funcionario no tienen fundamento convencional sino que es estatutario. El vínculo que une a la Administración con el empleado no nace de un contrato, salvo excepciones, sino de un estatuto de derecho público de carácter general.

Siendo así, ese estatuto que regula los derechos del funcionario, en forma impersonal, es esencialmente modificable por parte del legislador. Cosa distinta acontece con los derechos adquiridos por el empleado al condicionar su situación personal al mandato general, pues, éstos serán susceptibles de modificación sólo por excepción. Por motivos de interés público.

El artículo 1° de la ley 6ª de 1936 contiene un mandato de carácter abstrato reformable, consiguientemente por parte del Congreso, como así lo hizo al proferir el artículo 7° de la ley 137 de 1948. Actuó el legislador al proceder en la forma en que lo hizo con base en sus facultades constitucionales.

Sería inconstitucional la disposición acusada, si su efecto hubiera entrado expresamente a modificar o desconocer situaciones concretas, vale decir, derechos adquiridos. Pero a más de que de la sola lectura del texto impugnado evidencia que ese no es su resultado, en apoyo de esos derechos adquiridos que se dicen vulnerados, está lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 183 de 1887 que determina la forma de aplicación en el tiempo de la nueva ley, con relación a ellos. Esta norma se inspira, precisamente en la disposición constitucional citada.

Con base en lo que viene expuesto, aquellas personas que condicionaron su situación objetiva a la ley 6ª de 1936, y que conforme a ella adquirieron los derechos allí prescritos, en nada les afecta el mandato de la nueva ley, ya que en su protección y amparo no sólo surge el artículo 23 de la Carta sino el 28 de la ley 153 de 1887 desarrollo de la norma fundamental.

Esta interpretación, la única posible jurídicamente, la acepta el propio demandante al expresar en su escrito: "o al menos ese artículo 7° no podría aplicarse a los Oficiales del Ejército que con anterioridad habían cumplido su tiempo de servicio para el retiro, porque esa ley 137 no podría tener efecto retroactivo".

Lo anterior es suficiente para que la Corte en ejercicio de la función encomendada por el artículo 214 de la Constitución Nacional, estime, y así lo declare, que es exequible el artículo 7° de la ley 137 de 1948.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Constitucionales, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, y en ejercicio de la función constitucional consagrada en el artículo 214 de la Carta, resuelve:

Es exequible el artículo séptimo (7°) de la ley 137 de 1948, sobre condiciones para el retiro voluntario de las Fuerzas Armadas.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL, háganse las comunicaciones del caso y archívese el expediente.

Enrique Arámbula Durán - Daniel Anzola Escobar - Abelardo Gómez Naranjo - Juan M. Pachón Padilla - Camilo Rincón Lara - Sergio Antonio Ruano - Luis Sandoval Valcárcel-Domingo Sarasty Montenegro - Jorge García Merlano, Secretario.