Sentencia de 1956

300Corte SupremaCorte Suprema30030004566Manuel Barrera Parra195628/06/1956Manuel Barrera Parra_1956_28/06/195630004566CONTROL JURISDICCIONAL DE LA CORTE SOBRE LA CONSTITUCIONALI-DAD DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS DICTADOS POR EL GOBIERNO EN ESTADO DE SITIO 1 - Despu�s de la expedici�n del Acto Legislativo N�mero 1� de 1945, cuyo, art�culo 53 es el 214 de la codificaci�n constitucional vigente, es indudable que a la Corte Suprema de Justicia le corresponde en ejercicio de su jurisdicci�n constitucional, como guardi�n de la integridad de la Carta, decidir definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias de que queda investido por la declaraci�n del estado de sitio en la Rep�blica a causa de guerra exterior o de conmoci�n interna. La norma citada someti� expresamente a la jurisdicci�n constitucional de la Corte los decretos dictados en ejercicio de las atribuciones de que trata el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, cuando fueren acusados ante ella por cualquier ciudadano como violatorios del Estatuto Fundamental. En los antecedentes de la reforma constitucional de 1945 aparece muy claro el prop�sito del constituyente en el sentido de estatuir como nueva garant�a en defensa de los derechos individuales y sociales y de la organizaci�n del Estado, la acci�n p�blica de inexequibilidad contra los decretos legislativos dictados por el Ejecutivo en estado de sitio, complement�ndose as� la responsabilidad pol�tica del Gobierno por el indebido ejercicio de las facultades extraordinarias del art�culo 121 de la Carta, con el control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de tales decretos, que por declaraci�n expresa del art�culo 214 son acusables por demanda de cualquier ciudadano. 2 - En un r�gimen de derecho no se concibe actividad alguna del Gobierno que pueda ejercerse arbitrariamente, sin sujeci�n a normas constitucionales o legales, pues cualesquiera que sean la gravedad y urgencia de las situaciones que se presenten, los funcionarios del Estado s�lo podr�n enfrentarlas por los medios tomados del derecho preexistente y en ning�n caso arrogarse poderes discrecionales que sobrepasen los que se derivan del orden jur�dico constituido en la naci�n. Caracter�stica del Estado de Derecho, afirma Cari Schmitt, es que toda la actividad del Estado est� repartida de modo exhaustivo en una suma de competencias claramente delimitadas en la ley. Un problema como el de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno en estado de sitio es, al fin y al cabo, una cuesti�n de competencia de los funcionarios del Estado, o sea, saber hasta d�nde pueden extenderse o cu�les son sus l�mites dentro del contenido de la norma que las confiere. Por eso la Carta dice que "los poderes p�blicos se ejercer�n en los t�rminos que esta Constituci�n establece" (art. 2�); que las autoridades "est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida," honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (art. 16); que los funcionarios del Estado son responsables "por extralimitaci�n de funciones o por omisi�n en el ejercicio de �stas" (art. 20); que "no habr� en Colombia ning�n empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento" (art. 63); que "el Presidente de la Rep�blica o quien haga sus veces ser� responsable por sus actos u omisiones que violen la Constituci�n o las leyes" (art. 130), y en fin, tambi�n determina en sus textos, los deberes y atribuciones de las ramas del poder p�blico. El r�gimen de las facultades extraordinarias concedidas por la Constituci�n al Presidente de la '.Rep�blica en caso de guerra exterior o conmoci�n interna no es una excepci�n al Estado de Derecho. Es verdad que seg�n el art�culo 120 de la Carta, "corresponde al Presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio nacional, el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado" (ord. 7�), y que el art�culo 121 del mismo Estatuto otorga al Presidente la facultad de declarar que se ha turbado el orden p�blico y adoptar las medidas enderezadas a su restablecimiento. Pero estos poderes aun cuando son muy amplios, no son absolutos, como que est�n limitados por los propios ordenamientos .de la Constituci�n Nacional. Y as� el Gobierno podr�a extralimitarse en el ejercicio de los poderes extraordinarios del estado de sitio, ya por quebrantar los principios consagrados en el art�culo 121, ya por menoscabar los preceptos que garantizan en todo tiempo derechos individuales y sociales, y consagran la organizaci�n del Estado. 3 - No corresponde a �a Corte pronunciarse sobre si realmente han existido los hechos constitutivos de la conmoci�n interna que hayan motivado la declaraci�n del estado de sitio, o sobre si han cesado las circunstancias perturbadoras del orden p�blico en tal medida que se imponga el levantamiento de aquel estado. Es posible que el Gobierno extralimite el uso de sus poderes en uno u otro caso, pero no es la Corte sino el Congreso quien puede juzgar sobre la conducta del Presidente de la Rep�blica y sus Ministros. Por esto, la reiterada doctrina de la Corte ha dicho que de lo dispuesto en el art�culo 121 de la Constituci�n, en concordancia con el 122, se deduce que el decreto por el cual el Presidente con sus Ministros declara turbado el orden p�blico, no cae, por su naturaleza bajo el control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, sino cuando no haya sido firmado por el �Presidente y todos los Ministros, o carezca del dictamen del Consejo de Estado, sin que sea necesario que �ste se haya proferido favorablemente (Sala Plena, junio 12 de 1945, T. LIX, Nos. 2019-2021. p�g. 31; diciembre 2 de 1948, Nos. 2068-2069, p�g. 298). Y de igual modo, esta corporaci�n ha declarado que al Gobierno corresponde decidir acerca del mantenimiento del estado de sitio o de su levantamiento, y que la determinaci�n del Ejecutivo al respecto no puede ser materia de una decisi�n de la Corte (Sala Plena, diciembre 2 de 1948. T. LXV, Nos. 2068-2069, p�g. 298). 4 - Seg�n la constante jurisprudencia de la Corte, la Constituci�n en el ordinal 5� del art�culo 118 y en el art�culo 121 autoriza al Gobierno, durante la turbaci�n del orden p�blico, para dictar decretos legislativos, dentro de los l�mites se�alados en la propia Carta. "Los decretos que expida el Gobierno en las circunstancias dif�ciles que los hicieron necesarios, sin quebrantar las normas estatutarias de obligatorio imperio en todo tiempo, con el requisito de su generalidad, si se acomodan adem�s a la necesidad de conservar o restablecer el orden, llevan, por esas condiciones b�sicas, esenciales y �nicas contempladas en la Carta, el sello de su legitimidad constitucional". "Para la emergencia de la turbaci�n del orden p�blico pueden los decretos estatuir sobre lo no reglamentado y suspender las reglamentaciones incompatibles con el estado de sitio" (Sala Plena, junio 12 de 1945, T. LIX Nos. 2019-2021 p�g. 38). "E1 Presidente de la �Rep�blica tiene facultades legislativas extraordinarias durante la perturbaci�n declarada del orden p�blico, pero con las limitaciones consagradas en la propia Carta, una de las cuales es la de que el Gobierno s�lo puede suspender, no derogar, las leyes contrarias a los decretos legislativos que dicte en ejercicio del art�culo 121. La legislaci�n extraordinaria deja de regir al restablecerse el orden p�blico y las leyes ordinarias suspendidas recuperan su plena vigencia" (Sala Plena, noviembre 23 de 1955. T. LXXXI Nos. 2160-2161. p�g. 596). 5 - "Establece el art�culo 120 de la Constituci�n que corresponde al Presidente de la Rep�blica conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado, y el art�culo 121 le otorga la facultad de declarar que aqu�l se ha alterado y de adoptar las medidas ordenadas a su restablecimiento. Los dos preceptos se hallan �ntimamente vinculados, porque al deber que la Constituci�n le impone al Presidente de conservar el orden y de restablecerlo, deb�a corresponder la potestad de aplicar los medios conducentes al cumplimiento de esa obligaci�n. La paz p�blica descansa, conforme al Estatuto Fundamental, en la actitud vigilante del Jefe del Estado para evitar que se altere, o en su acci�n en�rgica y fuerte, si preciso fuere, para que vuelva la normalidad. Tan ponderoso encargo corre parejas con el ejercicio prudente de los medios excepcionales que la Carta le da al Presidente a fin de que llene la m�s delicada y alta de sus funciones como suprema autoridad administrativa, Los poderes presidenciales en el estado de sitio son muy amplios y han de entenderse con ese car�cter otorgados para que la misi�n que corresponde al primer Mandatario de la naci�n se cumpla sin dificultad, pudiendo adoptar disposiciones que no competen de ordinario al Jefe del Estado sino que por su �ndole legislativa pertenecen al Congreso. El Presidente de la Rep�blica suple la acci�n de �ste y ejercita la suya propia con el fin indicado de la guarda del orden. "Las facultades extraordinarias en estado de sitio pueden llegar a afectar los derechos individuales y sociales en forma m�s sensible que si lo hiciera el Congreso. Hay sin embargo preceptos constitucionales de obligatorio imperio en todo tiempo, a cuyo cumplimiento no puede sustraerse el Presidente cuando expide decretos de car�cter legislativo. No existe un poder absoluto en el Jefe del Estado sobre la adopci�n de normas de car�cter legislativo. Sus atribuciones, que se reconocen muy amplias, no alcanzan hasta destruir los preceptos, de obligatorio cumplimiento por el Presidente, que consagran derechos individuales, garant�as sociales, o estructuran las instituciones. "Surgen pues los poderes presidenciales en el estado de emergencia, de la relaci�n en que han de hallarse dos mandatos, o grupos de tales, consagrados en la Constituci�n: el que otorga al Presidente facultades extraordinarias dirigidas a la guarda del orden p�blico, y el que garantiza los derechos individuales y sociales y consagra la organizaci�n del Estado". (Sala Plena, abril 19 de 1955, T. LXXX, No 2153, p�gs. 3 y 4). 6 - La doctrina de la Corte ha expresado que los decretos legislativos dictados por �l Presidente de la Rep�blica durante el estado de sitio, deben acomodarse a la necesidad de conservar o restablecer el orden p�blico. Lo que significa que la funci�n legislativa extraordinaria del Gobierno se halla limitada a dictar los ordenamientos transitorios que tengan conexidad con la conservaci�n o el restablecimiento de la normalidad. Ya se ha visto que por previsi�n expresa del art�culo 121, tales decretos s�lo pueden suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio. Reiterando su constante doctrina al respecto, dijo la Corte con el voto un�nime de sus Magistrados: "Es noci�n irrevocablemente incorporada en el derecho pol�tico nacional y en la doctrina de la Constituci�n, que �sta no deja de regir en todo su imperio por la declaratoria del estado de sitio, as� como la no menos trascendental de que la investidura de excepci�n que el C�digo Supremo otorga al Presidente de la Rep�blica en tal evento, s�lo lo autoriza para dictar las medidas tendientes a conjurar los peligros de las conmociones sociales inherentes a aquel estado o, como con toda exactitud prove�a el Estatuto de 1886, 'para defender los derechos de la naci�n o reprimir el alzamiento" (Sala Plena, julio 9 de 1948, T. LXV Nos. 2066-2067, p�g. 12). 7 - La Constituci�n de 1886 adopt� como sistema de gobierno el r�gimen presidencial, estructurando un Ejecutivo unitario, fuerte y responsable, dotado de todos los medios adecuados para afianzar la unidad nacional, mantener la paz interna y externa, amparar los derechos civiles y procurar el progreso arm�nico del pa�s. Dentro de este sistema era secuela natural que en la distribuci�n de las funciones estatales, la defensa del orden p�blico en todo el territorio nacional se confiase al Presidente, con plenitud de poderes para mantener la paz p�blica y restaurar la normalidad cuando quiera que fuere turbada. Y as� se estableci� en la Constituci�n, cuyos ordenamientos ense�an que la guarda del orden p�blico es funci�n esencialmente ejecutiva, atribuida al Jefe del Estado. Las normas que regulan los poderes presidenciales en estado de sitio, y las que confieren a la Corte Suprema de Justicia la atribuci�n de decidir definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos legislativos que el Gobierno dicte en tiempo de turbaci�n del orden p�blico, no han de tomarse separadamente. Unas y otras forman parte integrante del Estatuto Fundamental de la Naci�n, que puntualiza las reglas para el funcionamiento arm�nico de las dos ramas del poder. Debe rendirse cumplido acatamiento a la integridad de la Carta. Y de esta suerte, los preceptos de los art�culos 118 -ordinal 8�, 120 ordinal 7� y -121, tocantes con los poderes extraordinarios del Presidente de la Rep�blica como supremo guardi�n del orden p�blico en todo el territorio nacional, y el precepto del art�culo 214 atinente al control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos como guardi�n de la integridad de la Carta, Unan de cumplirse sin rec�proco menoscabo. Ni el Presidente de la Rep�blica puede verse restringido en el ejercicio leg�timo de los poderes extraordinarios concedidos para el restablecimiento de la normalidad, ni la Corte Suprema de Justicia puede permanecer indiferente e inactiva por lo que ata�e a su deber de decidir sobre la exequibilidad de los decretos legislativos que fueren acusados ante ella como violatorios de la Ley Fundamental. Al ejercer tal atribuci�n, la Corte habr� de colocarse en el plano elevado de la autonom�a que constitucionalmente le corresponde, pero sin invadir la que se reconoce asimismo al primer mandatario dentro de nuestro sistema de gobierno presidencial. En el estado de sitio, determinado por la anormalidad p�blica que lo hace necesario, es imperativo categ�rico, emanado de la Constituci�n, que la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la Rep�blica colaboren arm�nicamente hacia la realizaci�n de un fin alt�simo y com�n a ambas ramas del poder p�blico, a saber, el restablecimiento de la paz y la tranquilidad de la naci�n. As� se cumplir� en este caso� el primordial principio del derecho p�blico moderno, acogido en el art�culo 55 del C�digo Supremo, seg�n el cual las ramas del poder p�blico "tienen funciones separadas, pero colaboran arm�nicamente en la realizaci�n de los fines del Estado". De la doctrina constitucional que viene expuesta, fluyen orientaciones que deben inspirar el criterio de la Corte en los fallos sobre exequibilidad de los decretos legislativos dictados en estado de sitio, a saber: a) no estorbar la acci�n del Ejecutivo, como supremo guardi�n del orden p�blico, dirigida al cumplimiento de sus ponderosos deberes y al ejercicio de sus facultades extraordinarias para la restauraci�n de la paz y la seguridad social; b) impedir el quebranto de las garant�as b�sicas que la Constituci�n mantiene para todo tiempo, en lo tocante a la organizaci�n del Estado, y a los derechos individuales y sociales; c) cuidar de que los decretos legislativos que se sometan al juicio de la Corte cumplan la finalidad de contribuir al restablecimiento del orden p�blico. 8 - En la interpretaci�n de los preceptos de la Carta Fundamental ha de buscarse la realizaci�n de los fines perseguidos por el Constituyente y dar cabida, en lo razonable y en lo necesario, a las .nuevas concepciones que desarrollen y vivifiquen las normas escritas y los principios que las informan, adaptando las instituciones a la realidad de los hechos actuales. El Constituyente del siglo pasado no previo ni pudo prever la complejidad de los trastornos pol�ticos, sociales y econ�micos de nuestros d�as, pero el int�rprete debe encontrar en sus ordenamientos los medios adecuados para salvar las dif�ciles emergencias a que se enfrenta el gobernante de hoy, como que la Constituci�n ha sido expedida "con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz", seg�n lo expres� sabiamente su pre�mbulo. Con este criterio, es dable admitir que graves perturbaciones de orden pol�tico, social o econ�mico, que pongan en peligro la paz p�blica, justifican el estado de sitio y la adopci�n de medidas propias a tal emergencia, en la misma forma como fue autorizado este r�gimen excepcional para las �pocas anormales de conmoci�n interna por alzamiento o insurrecci�n. En todo caso, desde luego, el trastorno pol�tico, social o econ�mico debe ser de tanta entidad que comprometa la .paz p�blica. Y de .consiguiente, las medidas legislativas, extraordinarias que el Gobierno dicte entonces para conjurar la perturbaci�n del orden p�blico, en ejercicio de los poderes del art�culo se extienden leg�timamente a las causas pol�ticas, sociales y econ�micas que hayan originado o mantengan la anormalidad, para atacarlas y destruirlas en cuanto fuere necesario para el pronto restablecimiento de la paz. 9 - La necesidad de que, a un mismo tiempo, se ejerzan por el Presidente y por la Corte facultades calificadoras acerca de la conexidad de un decreto o de una ley con la guarda del orden p�blico, sin que se produzca por ello una colisi�n de competencias sobre la materia objeto de la soberana determinaci�n de cada rama del poder, indica como natural premisa de una momia procedente, la consideraci�n de estas hip�tesis: 1� En la aplicaci�n de los preceptos pertinentes de la Carta hay casos de manifiesta y clara congruencia de la que se suspende o se dicta, con la guarda del orden p�blico; 2� Hay casos asimismo en que la norma nueva o la que se suspende no guarda, en forma clara y evidente, ninguna relaci�n con el orden p�blico; y 3� Hay casos dudosos, en los cuales no es manifiesta la conexidad del acto legislativo con el orden p�blico. A estas situaciones distintas, que pueden ofrecerse al juicio de la Corte, ha de corresponder una posici�n tambi�n diferente, que consulte la naturaleza propia del fen�meno en cada caso contemplado. Para la primera hip�tesis, la declaraci�n de exequibilidad se impone como necesaria consecuencia. Para la segunda, es indudable, con fundamento an�logo, que la inexequibilidad debe ser proferida. En los casos dudosos, cuando la vinculaci�n del ordenamiento de car�cter legislativo, con el orden p�blico, no es clara u ostensible, la prudencia del fallador constitucional le exige decidirse por la exequibilidad, para evitar que pueda perturbarse el cabal cumplimiento del mandato de la Carta, que entrega al Presidente de la Rep�blica la suprema responsabilidad del orden, finalidad que debe prevalecer, apreciada por el primer Magistrado, frente a la duda del juzgador respecto a la conexidad del acto del Gobierno con la guarda del orden p�blico. Si se presenta la duda sobre tal relaci�n, es natural que haga se resuelva con la declaraci�n de exequibilidad que haga la Corte, despu�s de comprobar o deducir que no es claro y evidente el que la norma-acusada no se vincule a la guarda del orden p�blico. Debiendo la Corte Suprema de Justicia pronunciarse respecto a la constitucionalidad de un decreto legislativo acusado, hall�ndose obligada a cooperar arm�nicamente con el Presidente de la Rep�blica a la conservaci�n o restablecimiento de la normalidad, y no estando cierta de la inconexi�n de aqu�l con el orden p�blico, ha de proferir su decisi�n, por el aspecto de que se trata, en sentido favorable a la vigencia del acto del Ejecutivo. En otros t�rminos: si la norma del Decreto es clara y manifiestamente dirigida a la guarda del orden, se acomoda a las exigencias del Estatuto; si manifiesta y evidentemente no tiene relaci�n con dicho objeto, la contrar�a o quebranta. En los casos dudosos, cuando tal relaci�n no es ostensible, la calificaci�n del Presidente sobre la conexidad de la disposici�n con la guarda del orden p�blico, debe prevalecer. 10 - Al fijar la Corte en el presente fallo su criterio respecto al modo de ejercer sus atribuciones en los puntos que aqu� se han examinado, cumple la corporaci�n el deber de guardi�n de la integridad de la Carta, y como int�rprete aut�ntico de las normas y principios de la Ley Fundamental, seg�n encargo del propio Constituyente, sienta una doctrina jur�dica de obligatoria aplicaci�n, a falta de disposiciones concretas del Estatuto. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Bogot�, veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y seis. (Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra) 1956

Norma demandada: �Demanda de inexequibilidad contra el decreto 3664 de 1950

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA CORTE SOBRE LA CONSTITUCIONALI-DAD DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS DICTADOS POR EL GOBIERNO EN ESTADO DE SITIO

1 - Despu�s de la expedici�n del Acto Legislativo N�mero 1� de 1945, cuyo, art�culo 53 es el 214 de la codificaci�n constitucional vigente, es indudable que a la Corte Suprema de Justicia le corresponde en ejercicio de su jurisdicci�n constitucional, como guardi�n de la integridad de la Carta, decidir definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias de que queda investido por la declaraci�n del estado de sitio en la Rep�blica a causa de guerra exterior o de conmoci�n interna. La norma citada someti� expresamente a la jurisdicci�n constitucional de la Corte los decretos dictados en ejercicio de las atribuciones de que trata el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, cuando fueren acusados ante ella por cualquier ciudadano como violatorios del Estatuto Fundamental. En los antecedentes de la reforma constitucional de 1945 aparece muy claro el prop�sito del constituyente en el sentido de estatuir como nueva garant�a en defensa de los derechos individuales y sociales y de la organizaci�n del Estado, la acci�n p�blica de inexequibilidad contra los decretos legislativos dictados por el Ejecutivo en estado de sitio, complement�ndose as� la responsabilidad pol�tica del Gobierno por el indebido ejercicio de las facultades extraordinarias del art�culo 121 de la Carta, con el control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de tales decretos, que por declaraci�n expresa del art�culo 214 son acusables por demanda de cualquier ciudadano.

2 - En un r�gimen de derecho no se concibe actividad alguna del Gobierno que pueda ejercerse arbitrariamente, sin sujeci�n a normas constitucionales o legales, pues cualesquiera que sean la gravedad y urgencia de las situaciones que se presenten, los funcionarios del Estado s�lo podr�n enfrentarlas por los medios tomados del derecho preexistente y en ning�n caso arrogarse poderes discrecionales que sobrepasen los que se derivan del orden jur�dico constituido en la naci�n. Caracter�stica del Estado de Derecho, afirma Cari Schmitt, es que toda la actividad del Estado est� repartida de modo exhaustivo en una suma de competencias claramente delimitadas en la ley. Un problema como el de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno en estado de sitio es, al fin y al cabo, una cuesti�n de competencia de los funcionarios del Estado, o sea, saber hasta d�nde pueden extenderse o cu�les son sus l�mites dentro del contenido de la norma que las confiere. Por eso la Carta dice que "los poderes p�blicos se ejercer�n en los t�rminos que esta Constituci�n establece" (art. 2�); que las autoridades "est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida," honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (art. 16); que los funcionarios del Estado son responsables "por extralimitaci�n de funciones o por omisi�n en el ejercicio de �stas" (art. 20); que "no habr� en Colombia ning�n empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento" (art. 63); que "el Presidente de la Rep�blica o quien haga sus veces ser� responsable por sus actos u omisiones que violen la Constituci�n o las leyes" (art. 130), y en fin, tambi�n determina en sus textos, los deberes y atribuciones de las ramas del poder p�blico. El r�gimen de las facultades extraordinarias concedidas por la Constituci�n al Presidente de la '.Rep�blica en caso de guerra exterior o conmoci�n interna no es una excepci�n al Estado de Derecho. Es verdad que seg�n el art�culo 120 de la Carta, "corresponde al Presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio nacional, el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado" (ord. 7�), y que el art�culo 121 del mismo Estatuto otorga al Presidente la facultad de declarar que se ha turbado el orden p�blico y adoptar las medidas enderezadas a su restablecimiento. Pero estos poderes aun cuando son muy amplios, no son absolutos, como que est�n limitados por los propios ordenamientos .de la Constituci�n Nacional. Y as� el Gobierno podr�a extralimitarse en el ejercicio de los poderes extraordinarios del estado de sitio, ya por quebrantar los principios consagrados en el art�culo 121, ya por menoscabar los preceptos que garantizan en todo tiempo derechos individuales y sociales, y consagran la organizaci�n del Estado.

3 - No corresponde a �a Corte pronunciarse sobre si realmente han existido los hechos constitutivos de la conmoci�n interna que hayan motivado la declaraci�n del estado de sitio, o sobre si han cesado las circunstancias perturbadoras del orden p�blico en tal medida que se imponga el levantamiento de aquel estado. Es posible que el Gobierno extralimite el uso de sus poderes en uno u otro caso, pero no es la Corte sino el Congreso quien puede juzgar sobre la conducta del Presidente de la Rep�blica y sus Ministros. Por esto, la reiterada doctrina de la Corte ha dicho que de lo dispuesto en el art�culo 121 de la Constituci�n, en concordancia con el 122, se deduce que el decreto por el cual el Presidente con sus Ministros declara turbado el orden p�blico, no cae, por su naturaleza bajo el control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, sino cuando no haya sido firmado por el �Presidente y todos los Ministros, o carezca del dictamen del Consejo de Estado, sin que sea necesario que �ste se haya proferido favorablemente (Sala Plena, junio 12 de 1945, T. LIX, Nos. 2019-2021. p�g. 31; diciembre 2 de 1948, Nos. 2068-2069, p�g. 298). Y de igual modo, esta corporaci�n ha declarado que al Gobierno corresponde decidir acerca del mantenimiento del estado de sitio o de su levantamiento, y que la determinaci�n del Ejecutivo al respecto no puede ser materia de una decisi�n de la Corte (Sala Plena, diciembre 2 de 1948. T. LXV, Nos. 2068-2069, p�g. 298).

4 - Seg�n la constante jurisprudencia de la Corte, la Constituci�n en el ordinal 5� del art�culo 118 y en el art�culo 121 autoriza al Gobierno, durante la turbaci�n del orden p�blico, para dictar decretos legislativos, dentro de los l�mites se�alados en la propia Carta. "Los decretos que expida el Gobierno en las circunstancias dif�ciles que los hicieron necesarios, sin quebrantar las normas estatutarias de obligatorio imperio en todo tiempo, con el requisito de su generalidad, si se acomodan adem�s a la necesidad de conservar o restablecer el orden, llevan, por esas condiciones b�sicas, esenciales y �nicas contempladas en la Carta, el sello de su legitimidad constitucional". "Para la emergencia de la turbaci�n del orden p�blico pueden los decretos estatuir sobre lo no reglamentado y suspender las reglamentaciones incompatibles con el estado de sitio" (Sala Plena, junio 12 de 1945, T. LIX Nos. 2019-2021 p�g. 38). "E1 Presidente de la �Rep�blica tiene facultades legislativas extraordinarias durante la perturbaci�n declarada del orden p�blico, pero con las limitaciones consagradas en la propia Carta, una de las cuales es la de que el Gobierno s�lo puede suspender, no derogar, las leyes contrarias a los decretos legislativos que dicte en ejercicio del art�culo 121. La legislaci�n extraordinaria deja de regir al restablecerse el orden p�blico y las leyes ordinarias suspendidas recuperan su plena vigencia" (Sala Plena, noviembre 23 de 1955. T. LXXXI Nos. 2160-2161. p�g. 596).

5 - "Establece el art�culo 120 de la Constituci�n que corresponde al Presidente de la Rep�blica conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado, y el art�culo 121 le otorga la facultad de declarar que aqu�l se ha alterado y de adoptar las medidas ordenadas a su restablecimiento. Los dos preceptos se hallan �ntimamente vinculados, porque al deber que la Constituci�n le impone al Presidente de conservar el orden y de restablecerlo, deb�a corresponder la potestad de aplicar los medios conducentes al cumplimiento de esa obligaci�n. La paz p�blica descansa, conforme al Estatuto Fundamental, en la actitud vigilante del Jefe del Estado para evitar que se altere, o en su acci�n en�rgica y fuerte, si preciso fuere, para que vuelva la normalidad. Tan ponderoso encargo corre parejas con el ejercicio prudente de los medios excepcionales que la Carta le da al Presidente a fin de que llene la m�s delicada y alta de sus funciones como suprema autoridad administrativa, Los poderes presidenciales en el estado de sitio son muy amplios y han de entenderse con ese car�cter otorgados para que la misi�n que corresponde al primer Mandatario de la naci�n se cumpla sin dificultad, pudiendo adoptar disposiciones que no competen de ordinario al Jefe del Estado sino que por su �ndole legislativa pertenecen al Congreso. El Presidente de la Rep�blica suple la acci�n de �ste y ejercita la suya propia con el fin indicado de la guarda del orden. "Las facultades extraordinarias en estado de sitio pueden llegar a afectar los derechos individuales y sociales en forma m�s sensible que si lo hiciera el Congreso. Hay sin embargo preceptos constitucionales de obligatorio imperio en todo tiempo, a cuyo cumplimiento no puede sustraerse el Presidente cuando expide decretos de car�cter legislativo. No existe un poder absoluto en el Jefe del Estado sobre la adopci�n de normas de car�cter legislativo. Sus atribuciones, que se reconocen muy amplias, no alcanzan hasta destruir los preceptos, de obligatorio cumplimiento por el Presidente, que consagran derechos individuales, garant�as sociales, o estructuran las instituciones. "Surgen pues los poderes presidenciales en el estado de emergencia, de la relaci�n en que han de hallarse dos mandatos, o grupos de tales, consagrados en la Constituci�n: el que otorga al Presidente facultades extraordinarias dirigidas a la guarda del orden p�blico, y el que garantiza los derechos individuales y sociales y consagra la organizaci�n del Estado". (Sala Plena, abril 19 de 1955, T. LXXX, No 2153, p�gs. 3 y 4).

6 - La doctrina de la Corte ha expresado que los decretos legislativos dictados por �l Presidente de la Rep�blica durante el estado de sitio, deben acomodarse a la necesidad de conservar o restablecer el orden p�blico. Lo que significa que la funci�n legislativa extraordinaria del Gobierno se halla limitada a dictar los ordenamientos transitorios que tengan conexidad con la conservaci�n o el restablecimiento de la normalidad. Ya se ha visto que por previsi�n expresa del art�culo 121, tales decretos s�lo pueden suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio. Reiterando su constante doctrina al respecto, dijo la Corte con el voto un�nime de sus Magistrados: "Es noci�n irrevocablemente incorporada en el derecho pol�tico nacional y en la doctrina de la Constituci�n, que �sta no deja de regir en todo su imperio por la declaratoria del estado de sitio, as� como la no menos trascendental de que la investidura de excepci�n que el C�digo Supremo otorga al Presidente de la Rep�blica en tal evento, s�lo lo autoriza para dictar las medidas tendientes a conjurar los peligros de las conmociones sociales inherentes a aquel estado o, como con toda exactitud prove�a el Estatuto de 1886, 'para defender los derechos de la naci�n o reprimir el alzamiento" (Sala Plena, julio 9 de 1948, T. LXV Nos. 2066-2067, p�g. 12).

7 - La Constituci�n de 1886 adopt� como sistema de gobierno el r�gimen presidencial, estructurando un Ejecutivo unitario, fuerte y responsable, dotado de todos los medios adecuados para afianzar la unidad nacional, mantener la paz interna y externa, amparar los derechos civiles y procurar el progreso arm�nico del pa�s. Dentro de este sistema era secuela natural que en la distribuci�n de las funciones estatales, la defensa del orden p�blico en todo el territorio nacional se confiase al Presidente, con plenitud de poderes para mantener la paz p�blica y restaurar la normalidad cuando quiera que fuere turbada. Y as� se estableci� en la Constituci�n, cuyos ordenamientos ense�an que la guarda del orden p�blico es funci�n esencialmente ejecutiva, atribuida al Jefe del Estado. Las normas que regulan los poderes presidenciales en estado de sitio, y las que confieren a la Corte Suprema de Justicia la atribuci�n de decidir definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos legislativos que el Gobierno dicte en tiempo de turbaci�n del orden p�blico, no han de tomarse separadamente. Unas y otras forman parte integrante del Estatuto Fundamental de la Naci�n, que puntualiza las reglas para el funcionamiento arm�nico de las dos ramas del poder. Debe rendirse cumplido acatamiento a la integridad de la Carta. Y de esta suerte, los preceptos de los art�culos 118 -ordinal 8�, 120 ordinal 7� y -121, tocantes con los poderes extraordinarios del Presidente de la Rep�blica como supremo guardi�n del orden p�blico en todo el territorio nacional, y el precepto del art�culo 214 atinente al control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos como guardi�n de la integridad de la Carta, Unan de cumplirse sin rec�proco menoscabo. Ni el Presidente de la Rep�blica puede verse restringido en el ejercicio leg�timo de los poderes extraordinarios concedidos para el restablecimiento de la normalidad, ni la Corte Suprema de Justicia puede permanecer indiferente e inactiva por lo que ata�e a su deber de decidir sobre la exequibilidad de los decretos legislativos que fueren acusados ante ella como violatorios de la Ley Fundamental. Al ejercer tal atribuci�n, la Corte habr� de colocarse en el plano elevado de la autonom�a que constitucionalmente le corresponde, pero sin invadir la que se reconoce asimismo al primer mandatario dentro de nuestro sistema de gobierno presidencial. En el estado de sitio, determinado por la anormalidad p�blica que lo hace necesario, es imperativo categ�rico, emanado de la Constituci�n, que la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la Rep�blica colaboren arm�nicamente hacia la realizaci�n de un fin alt�simo y com�n a ambas ramas del poder p�blico, a saber, el restablecimiento de la paz y la tranquilidad de la naci�n. As� se cumplir� en este caso� el primordial principio del derecho p�blico moderno, acogido en el art�culo 55 del C�digo Supremo, seg�n el cual las ramas del poder p�blico "tienen funciones separadas, pero colaboran arm�nicamente en la realizaci�n de los fines del Estado". De la doctrina constitucional que viene expuesta, fluyen orientaciones que deben inspirar el criterio de la Corte en los fallos sobre exequibilidad de los decretos legislativos dictados en estado de sitio, a saber: a) no estorbar la acci�n del Ejecutivo, como supremo guardi�n del orden p�blico, dirigida al cumplimiento de sus ponderosos deberes y al ejercicio de sus facultades extraordinarias para la restauraci�n de la paz y la seguridad social; b) impedir el quebranto de las garant�as b�sicas que la Constituci�n mantiene para todo tiempo, en lo tocante a la organizaci�n del Estado, y a los derechos individuales y sociales; c) cuidar de que los decretos legislativos que se sometan al juicio de la Corte cumplan la finalidad de contribuir al restablecimiento del orden p�blico.

8 - En la interpretaci�n de los preceptos de la Carta Fundamental ha de buscarse la realizaci�n de los fines perseguidos por el Constituyente y dar cabida, en lo razonable y en lo necesario, a las .nuevas concepciones que desarrollen y vivifiquen las normas escritas y los principios que las informan, adaptando las instituciones a la realidad de los hechos actuales. El Constituyente del siglo pasado no previo ni pudo prever la complejidad de los trastornos pol�ticos, sociales y econ�micos de nuestros d�as, pero el int�rprete debe encontrar en sus ordenamientos los medios adecuados para salvar las dif�ciles emergencias a que se enfrenta el gobernante de hoy, como que la Constituci�n ha sido expedida "con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz", seg�n lo expres� sabiamente su pre�mbulo. Con este criterio, es dable admitir que graves perturbaciones de orden pol�tico, social o econ�mico, que pongan en peligro la paz p�blica, justifican el estado de sitio y la adopci�n de medidas propias a tal emergencia, en la misma forma como fue autorizado este r�gimen excepcional para las �pocas anormales de conmoci�n interna por alzamiento o insurrecci�n. En todo caso, desde luego, el trastorno pol�tico, social o econ�mico debe ser de tanta entidad que comprometa la .paz p�blica. Y de .consiguiente, las medidas legislativas, extraordinarias que el Gobierno dicte entonces para conjurar la perturbaci�n del orden p�blico, en ejercicio de los poderes del art�culo se extienden leg�timamente a las causas pol�ticas, sociales y econ�micas que hayan originado o mantengan la anormalidad, para atacarlas y destruirlas en cuanto fuere necesario para el pronto restablecimiento de la paz.

9 - La necesidad de que, a un mismo tiempo, se ejerzan por el Presidente y por la Corte facultades calificadoras acerca de la conexidad de un decreto o de una ley con la guarda del orden p�blico, sin que se produzca por ello una colisi�n de competencias sobre la materia objeto de la soberana determinaci�n de cada rama del poder, indica como natural premisa de una momia procedente, la consideraci�n de estas hip�tesis: 1� En la aplicaci�n de los preceptos pertinentes de la Carta hay casos de manifiesta y clara congruencia de la que se suspende o se dicta, con la guarda del orden p�blico; 2� Hay casos asimismo en que la norma nueva o la que se suspende no guarda, en forma clara y evidente, ninguna relaci�n con el orden p�blico; y 3� Hay casos dudosos, en los cuales no es manifiesta la conexidad del acto legislativo con el orden p�blico. A estas situaciones distintas, que pueden ofrecerse al juicio de la Corte, ha de corresponder una posici�n tambi�n diferente, que consulte la naturaleza propia del fen�meno en cada caso contemplado.

Para la primera hip�tesis, la declaraci�n de exequibilidad se impone como necesaria consecuencia. Para la segunda, es indudable, con fundamento an�logo, que la inexequibilidad debe ser proferida. En los casos dudosos, cuando la vinculaci�n del ordenamiento de car�cter legislativo, con el orden p�blico, no es clara u ostensible, la prudencia del fallador constitucional le exige decidirse por la exequibilidad, para evitar que pueda perturbarse el cabal cumplimiento del mandato de la Carta, que entrega al Presidente de la Rep�blica la suprema responsabilidad del orden, finalidad que debe prevalecer, apreciada por el primer Magistrado, frente a la duda del juzgador respecto a la conexidad del acto del Gobierno con la guarda del orden p�blico. Si se presenta la duda sobre tal relaci�n, es natural que haga se resuelva con la declaraci�n de exequibilidad que haga la Corte, despu�s de comprobar o deducir que no es claro y evidente el que la norma-acusada no se vincule a la guarda del orden p�blico. Debiendo la Corte Suprema de Justicia pronunciarse respecto a la constitucionalidad de un decreto legislativo acusado, hall�ndose obligada a cooperar arm�nicamente con el Presidente de la Rep�blica a la conservaci�n o restablecimiento de la normalidad, y no estando cierta de la inconexi�n de aqu�l con el orden p�blico, ha de proferir su decisi�n, por el aspecto de que se trata, en sentido favorable a la vigencia del acto del Ejecutivo. En otros t�rminos: si la norma del Decreto es clara y manifiestamente dirigida a la guarda del orden, se acomoda a las exigencias del Estatuto; si manifiesta y evidentemente no tiene relaci�n con dicho objeto, la contrar�a o quebranta. En los casos dudosos, cuando tal relaci�n no es ostensible, la calificaci�n del Presidente sobre la conexidad de la disposici�n con la guarda del orden p�blico, debe prevalecer.

10 - Al fijar la Corte en el presente fallo su criterio respecto al modo de ejercer sus atribuciones en los puntos que aqu� se han examinado, cumple la corporaci�n el deber de guardi�n de la integridad de la Carta, y como int�rprete aut�ntico de las normas y principios de la Ley Fundamental, seg�n encargo del propio Constituyente, sienta una doctrina jur�dica de obligatoria aplicaci�n, a falta de disposiciones concretas del Estatuto.

Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Bogot�, veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y seis.

El ciudadano Luis Enrique Carvajal, en ejercicio de la acci�n popular consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, por medio de libelo presentado el 27 de septiembre de 1954 pide a la Corte se declare inexequible el Decreto Legislativo N�mero 003664 de 1950 (diciembre 12), por el cual se determinan los d�as de vacancia judicial.

El texto del acto acusado aparece inserto en el n�mero 27.492 del "Diario Oficial", correspondiente al 22 de diciembre de 1950, y es del siguiente tenor:

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, y

Que por Decreto 3518 del 9 de noviembre de 1949 se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que el lapso de vacaciones judiciales se�alado en la parte final del inciso 1� del art�culo 181 de la Ley 105 d� 1931, es mucho m�s largo que el que fijan otras leyes para las vacaciones de los dem�s empleados p�blicos, sin que ello tenga justificaci�n, y

Que toda medida tendiente a intensificar el servicio de la justicia contribuir� en forma eficaz al restablecimiento del orden p�blico,

Art�culo 1� - A partir de la fecha del presente Decreto, los d�as de vacancia judicial, incluyendo la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa y la del Trabajo, ser�n los siguientes: los de fiesta nacional, los domingos, los de fiesta cat�lica de guardar, los de la Semana Santa y los comprendidos en el lapso del 20 de diciembre al 10 de enero, inclusive.

Art�culo 2� - Quedan suspendidas las disposiciones legales contrarias al presente Decreto.

El Ministro de Gobierno, Domingo Sarasty - El Ministro de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho de Guerra, Gonzalo Restrepo Jaramillo - El Ministro de Justicia, Guillermo Amaya Ram�rez - El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Rafael Delgado Barreneche. - El Ministro de Agricultura y Ganader�a, Alejandro Angel Escobar - El Ministro del Trabajo, Alfredo Ara�jo Grau. - El Ministro de Higiene, Alonso Carvajal Peralta - El Ministro de Minas y Petr�leos, encargado del Despacho de Comercio e Industrias, Manuel Carvajal Sinisterra. - El Ministro de Educaci�n Nacional, Antonio Alvarez Restrepo - El Ministro de Correos y Tel�grafos, Jos� Tom�s Angulo. - El Ministro de Obras P�blicas, Jorge Leyva".

El escrito o memorial de demanda es bastante defectuoso, confuso y carente de t�cnica, pero la Sala ha considerado con un criterio de amplitud que llena las exigencias m�nimas se�aladas en el art�culo 2de la Ley 96 de 1936.

El demandante considera que el decreto acusado es inexequible, porque fue dictado por el Presidente de la Rep�blica "en extralimitaci�n de sus facultades constitucionales".

El actor critica el considerando del decreto demandado, seg�n el cual "el lapso de vacaciones judiciales se�alado en la parte final del inciso 1� del art�culo 181 de la Ley 105 de 1931, es mucho m�s largo que el que fijan otras leyes para las vacaciones de los dem�s empleados p�blicos, sin que ello tenga justificaci�n". El demandante observa que el lapso se�alado en el C�digo Judicial para las vacaciones judiciales, es de 30 d�as comunes en el a�o y as� no aparece mucho m�s largo que el fijado para los dem�s servidores del Estado que es de 15 d�as h�biles. Por otra parte, las vacaciones judiciales durante un mes cada a�o se justifican, porque ellas no se lo son para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional sino para los abogados en ejercicio.

El decreto va contra una ley que reglamenta una materia que solo a ella corresponde.

Como fundamento del decreto acusado se expone en su �ltimo considerando que "toda medida tendiente a intensificar el servicio de la justicia contribuir� en forma eficaz al restablecimiento del orden p�blico". Pero esto acusa la falta de las dem�s medidas sustantivas que no se han tomado encaminadas a tal fin. El considerando aludido excluye la idea de que el decreto se expidiera para defender los derechos de la Naci�n o reprimir el alzamiento". El acto acusado excede los l�mites de las atribuciones que corresponden al Presidente de la Rep�blica en estado de sitio en raz�n de guerra exterior o conmoci�n interior, pues conforme a la Constituci�n aqu�l solo tiene "adem�s de las facultades legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones". Y los fundamentos del decreto demandado excluyen el concepto de que la ley suspendida "sea incompatible con el estado de sitio".

La demanda se extiende en consideraciones enderezadas a demostrar la conveniencia de que se mantenga el lapso se�alado en la ley para el descanso anual de funcionarios y empleados judiciales.

Seg�n la demanda, "el derecho est� expresa y suficientemente determinado en los art�culos 76, 121 y 214 y dem�s de la Constituci�n Nacional a�n en vigencia". Debe entenderse que en sentir del demandante los dos primeros preceptos son los violados por el decreto acusado, ya que el �ltimo s�lo indicar�a la competencia de la Corte.

El se�or Procurador General de la Naci�n se pronuncia por la constitucionalidad del decreto legislativo demandado.

En oportunidad el se�or Procurador se opuso a la admisi�n de la demanda por no reunir en su concepto las exigencias formales determinadas en la ley, concepto del cual se apart� la Corte.

El se�or Procurador en su vista y al emitir concepto de fondo sobre el presente negocio, se opone a las pretensiones del demandante y expone las razones que en seguida se transcriben:

"En su deshilvanada demanda, el Sr. Carvajal, manifiesta que 'El Derecho est� expresa y suficientemente determinado en los art�culos 76, 121 y 214 y dem�s de la Constituci�n Nacional aun en vigencia', lo que hace deducir al H. Magistrado Ponente que 'en sentir del demandante tal acto (el decreto acusado) viola los art�culos 76 y 121 de la Carta all� citados, por extralimitaci�n en las atribuciones legislativas extraordinarias del Presidente de la Rep�blica en caso de turbaci�n del orden p�blico, por no aparecer en concepto del mismo demandante, que la ley suspendida sobre vacaciones judiciales sea incompatible con el estado de sitio'.

"Con respecto a la violaci�n del art�culo 76 de la Carta, el demandante en parte alguna la sustenta, pues no expresa que el Presidente de la Rep�blica hubiera asumido indebidamente o con extralimitaci�n de sus atribuciones legislativas, alguna de las qu� en los 24 numerales se�ala como del Congreso del art�culo 76 citado.

"Pero aceptando que la intenci�n del demandante hubiera sido �sta, tal argumento carece de valor, toda vez que estando turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional, el Presidente de la Rep�blica, tiene adem�s de las facultades legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones.

"En ejercicio de estas facultades puede dictar decretos, que son de obligatoria observancia, siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

"Por medio de los decretos referidos, el Gobierno puede suspender y no derogar, las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio.

"El Presidente hizo uso de esta atribuci�n, suspendiendo y reemplazando el art�culo 181 del C. J. es decir que ejerci� las facultades de Legislador, no pudiendo haber violado, el art�culo 76 que se�ala cu�les son las atribuciones del Congreso cuando est� reunido y en tiempo de paz o de normalidad y desde tal punto de vista no puede afirmarse que el Presidente al ejercer una facultad constitucional, como legislador y en receso del Congreso, en virtud del estado de sitio, hubiera violado otro precepto constitucional, que le confiere determinados poderes a1 �rgano legislativo, para el tiempo de paz.

"Por lo que hace a la violaci�n del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, en cuanto que ni la medida fuera conveniente para el restablecimiento del orden p�blico, ni la disposici�n suspendida incompatible con el estado de sitio, vuelve la Procuradur�a General a afirmar la tesis, sostenida en muy diversas ocasiones tanto por el suscrito como por varios de sus distinguidos antecesores, de que la H. Corte no tiene .competencia para decidir, cu�ndo una disposici�n que se suspende y subroga. por un decreto legislativo, es incompatible con el estado de sitio, apreciaci�n que la Constituci�n deja privativamente al Presidente de la Rep�blica como tutelador supremo del orden, a fin de que con toda amplitud y libertad pueda tomar todas las medidas y determinaciones qu� estime convenientes al restablecimiento del orden con el �nico l�mite del Derecho de Gentes, y de cuyo uso o abuso debe dar cuenta ante el Congreso en la oportunidad se�alada por la Carta o sea una vez levantado el estado de sitio.

"En el caso presente, el Ejecutivo dio, a�n cuando no estaba obligado a ello, una poderosa raz�n para dictar la norma materia de la acusaci�n y fue la de que 'toda medida '(como la que se adopt�;) tendiente a; intensificar el servicio, de la justicia contribuir�, en forma eficaz al establecimiento del orden p�blico'. Premisa evidente a todas luces, pues, todo lo que afecte desfavorablemente la justicia, afecta tambi�n el orden p�blico y dificulta su restablecimiento y todo cuanto vaya en bien de la justicia, de su eficacia, de su prontitud al administrarla, redunda, asimismo, en beneficio del orden p�blico y de su r�pido establecimiento".

Termina el se�or Procurador solicitando a la Corte se declar� exequible el Decreto Legislativo 3664 de 12 de diciembre de 1950.

En el .present� negocio, pomo en otros en que se ha planteado el mismo tema, el se�or Procurador General de la Naci�n sostiene que la Corte Suprema de Justicia carece de facultad para decidir cu�ndo una disposici�n legal suspendida por un decreto legislativo, es incompatible con el estado de sitio, pues esta decisi�n es una prerrogativa que la Constituci�n en su art�culo 121 concede exclusivamente al Presidente de la Rep�blica, cuya responsabilidad con la de los Ministros que la autorizan, por la posible inconstitucionalidad, s�lo puede deducirse por el Congreso.

Afirma el alto funcionario que esta tesis ha sido constantemente defendida por sus antecesores en la Procuradur�a General de la Naci�n, al trav�s de reiterados conceptos.

Para el mejor esclarecimiento de la cuesti�n, la Corte considera conveniente transcribir apartes de algunos de tales conceptos. As�:

a) En vista fiscal del 22 de septiembre de 1944 sobre la demanda de inexequibilidad de algunos art�culos del Decreto Legislativo 1900 del mismo a�o, el Procurador doctor Rafael Escall�n dijo:

"El �nico que est� en capacidad de determinar qu� disposiciones legales son incompatibles con el estado de sitio, es el Gobierno, ya que �l es precisamente el encargado de velar por el mantenimiento del orden y de la tranquilidad social. Ser�a inoperante, lo dispuesto en el art�culo 117 (120 de la codificaci�n actual), si otro cualquiera de los Organos del Poder P�blico tuviera la facultad de entorpecer la actuaci�n del Gobierno" (Rafael Escall�n, "Doctrinas de la Procuradur�a General de la Naci�n", 1945 N� 265. p�g., 144);

b) En concepto del Procurador doctor Rafael Qui�ones Neira en las demandas de inexequibilidad de los Decretos Legislativos N�meros 1611 y 1403 de 1948, expuso dicho funcionario:

"Expreso una vez m�s mi concepto d� que es solamente el Presidente de la Rep�blica junto con todos sus Ministros a quienes corresponde definir qu� leyes o disposiciones de ellas son incompatibles con el estado de sitio, y que la H. Corte Suprema de Justicia y el Procurador carecen de elementos de juicio para declarar con certidumbre, fundados sobre multitud de hechos y circunstancias que el Gobierno s� puede conocer, si ciertamente pugna con el estado de sitio o con la necesidad de restablecer el orden p�blico, una determinada disposici�n legal" (Eduardo Pi�eros y Pi�eros, "Suspensi�n de leyes en estado de sitio", Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. N� 170, p�g. 12);

c) Y en vista del Procurador doctor Luis F. Reyes Lla�a sobre la demanda de inexequibilidad del Decreto Legislativo n�mero 2460 Bis de 1952, se afirm�:

"Sobre este aspecto de la presente acci�n nada nuevo puede agregar el suscrito Procurador a la doctrina constante de este Despacho sustentada en repetidas ocasiones y acogida invariablemente por la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema, seg�n la cual �sta carece de facultades para definir si una norma legal determinada es o no incompatible con el estado de sitio, porque ese problema traspasa los naturales l�mites de la misi�n eminentemente jur�dica que le asigna el art�culo 214 de la Carta. Y porque siendo el Presidente de la Rep�blica quien de acuerdo con la Constituci�n es el �nico responsable de la conservaci�n del orden p�blico, resultar�a contradictorio que hubiera alguien con la atribuci�n de juzgar si un ordenamiento legal impide o no el restablecimiento d� ese orden, y si un mandato con car�cter legislativo es o no conducente a tal restablecimiento, y al respecto la Constituci�n establece la responsabilidad del Presidente y sus Ministros por la suspensi�n de las leyes dentro del estado de sitio, como consecuencia de que es el mismo Gobierno el que tiene que expedir las medidas encaminadas a restablecer el orden p�blico". (Eduardo Pi�eros y Pi�eros, estudio citado. p�gs. 11 y 12).

Se advierte que antes de ahora la Corte no se hab�a pronunciado especialmente sobre el punto preciso a que se refieren los conceptos de la Procuradur�a General de la Naci�n. Bien es cierto que en sentencia del 12 de junio de 1945 (T. LIX, Nos. 2019-2021, p�g. 39), se dijo de manera incidental, en relaci�n con los decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones del art�culo 121 de la Carta, que hay "una modalidad especial e importante que condiciona la legitimidad constitucional de los decretos legislativos a qu� se hace menci�n, y es la que mira al juicio, que parece reservado al Congreso, respecto a la conveniencia y necesidad de las medidas adoptadas por los decretos de que se trata. Para juzgar sobre este �ltimo punto es natural que el Gobierno, una vez terminado el estado de sitio, presente al Congreso la explicaci�n de sus actos, lo que permitir� a �ste conocerlos en sus causas y por sus finalidades. El juez natural del Presidente y de los Ministros, ante quien ellos explican su conducta, est� capacitado especialmente para apreciar la relaci�n en que se hallan las disposiciones de los decretos con el deber del Presidente de velar por la conservaci�n o el restablecimiento del orden". Mas agreg� en seguida el mismo fall�: "Lo que no es �bice al deber general que tiene la Corte Suprema de Justicia, por raz�n de sus funciones, de velar por la guarda de la integridad de la Constituci�n y decidir respecto a la exequibilidad de los decretos legislativos. S�lo que al hacerlo deber� tener en cuenta que el imperio com�n de la Carta se halla entonces condicionado, por la emergencia de la turbaci�n del orden, al r�gimen de las facultades extraordinarias de que durante �l queda investido el Presidente de la Rep�blica. Hay, como lo expres� el se�or Caro, dos �rdenes de legalidad constitucional, cuya guarda le compete a la Corte: La Constituci�n no cesa de regir en ning�n tiempo; ella establece dos �rdenes de legalidad: a la de la paz reemplaza constitucionalmente, llegado el caso, la legalidad marcial, una verdadera legalidad' (Antecedentes, obra citada)".

De tales conceptos, transcritos adem�s en fallo de 1� de diciembre de 1951 (T. LXX. Nos. 2107-2108, p�g. 722), la Procuradur�a deduce que hay una jurisprudencia constante de la Corte sobre el punto concreto que en el presente negocio se le ha sometido, a saber, la carencia de facultades de la Corte para pronunciarse sobre la conexidad de los decretos legislativos con el restablecimiento del orden p�blico.

La Corte en la presente oportunidad precisa y aclara tales conceptos y fija concretamente su pensamiento sobre la cuesti�n referida, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

Despu�s de la expedici�n del Acto Legislativo n�mero 1� de 1945, cuyo art�culo 53 es el 214 de la codificaci�n constitucional vigente, es indudable que a la Corte Suprema de Justicia le corresponde en ejercicio de su jurisdicci�n constitucional, como guardiana de la integridad de la Carta, decidir definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias de que queda investido por la declaraci�n del estado de sitio en la Rep�blica a causa de guerra exterior o de conmoci�n interna. La norma citada someti� expresamente a la jurisdicci�n constitucional de la Corte los decretos dictados en ejercicio de las atribuciones de que trata el art�culo 121 de la Constitucional Nacional, cuando fueren acusados ante ella por cualquier ciudadano como violatorios del estatuto fundamental.

Antes del a�o de 1945, no obstante que el art�culo 41 del Acto Legislativo N�mero 3 de 1910 hab�a confiado a la Corte "la guarda de la integridad de la Constituci�n" y que a rengl�n seguido la facultaba para decidir sobre la exequibilidad de "todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales", no era perfectamente claro, para algunos ex�getas, que los decretos extraordinarios dictados por el gobierno en estado de sitio estuvieran sometidos a la jurisdicci�n constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Factores de tal perplejidad pudieron ser acaso, algunos pronunciamientos de la Carta sobre el r�gimen del estado de sitio. Como la expresi�n del art�culo 121 al conferir obligatoriedad a tales decretos; la prescripci�n de que �stos s�lo dejar�an de regir cuando hubiera cesado la guerra exterior o se hubiera reprimido el alzamiento; la consagraci�n de la responsabilidad en que incurrir�an el Presidente de la Rep�blica, sus ministros y dem�s funcionarios, por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en dicha norma, y la obligaci�n impuesta al Gobierno de convocar el Congreso, una vez restablecido el orden p�blico, y pasarle una exposici�n motivada de sus providencias.

En los antecedentes de la reforma constitucional de 1945 aparece muy claro, el prop�sito del Constituyente en el sentido de estatuir como nueva garant�a en defensa de los derechos individuales y sociales y de la organizaci�n del Estado, la acci�n p�blica de inexequibilidad contra los decretos legislativos dictados por el Ejecutivo en estado de sitio, complement�ndose as� la responsabilidad pol�tica del Gobierno por el indebido ejercicio de las facultades extraordinarias del art�culo 121 de la Carta, con el control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de tales decretos, que por declaraci�n expresa del art�culo 214 son acusables por demanda de cualquier ciudadano.

Y as� es como la Corte Suprema de Justicia, guardi�n de la integridad de la Constituci�n Nacional, en ejercicio de la atribuci�n conferida en el art�culo 214, ha venido conociendo y fallando sobre demandas de inexequibilidad contra decretos legislativos promulgados por el Gobierno durante las situaciones de emergencia de los �ltimos a�os.

En un r�gimen de derecho no se concibe actividad alguna del Gobierno que pueda ejercerse arbitrariamente, sin sujeci�n a normas constitucionales o legales, pues cualesquiera que; sean la gravedad y urgencia de las situaciones que se presenten, los funcionarios del Estado s�lo podr�n enfrentarlas por los medios tomados del derecho preexistente y en ning�n caso arrogarse poderes discrecionales que sobrepasen los que se derivan del arden jur�dico constituido en la naci�n. Caracter�stica, del Estado de Derecho, afirma Cari Schmitt, es que toda la actividad del Estado este repartida de modo exhaustivo en una suma de competencias claramente delimitadas en la ley. Un problema como el de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno en estado de sitio es, al fin y al cabo, una cuesti�n de competencia de los funcionarios del Estado, o sea, saber hasta d�nde pueden extenderse o cu�les son sus l�mites dentro del contenido de la norma que las confiere.

Por eso la Carta dice, que "los poderes p�blicos se ejercer�n en los t�rminos que, esta Constituci�n establece" (art 2�); que las autoridades "est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes,, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (art. 16); que los funcionarios del Estado son responsables "por extralimitaci�n de funciones o por omisi�n en el ejercicio de �stas" (art. 20); que no habr� en Colombia ning�n empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento" (art. 63); que "el Presidente de la Rep�blica o quien haga sus veces ser� responsable por sus actos u omisiones que violen la Constituci�n o las leyes" (art. 130), y en fin, tambi�n determina en sus textos, los deberes y atribuciones de las ramas del poder p�blico.

El r�gimen de las facultades, extraordinarias concedidas por la Constituci�n al Presidente de la Rep�blica en caso de guerra exterior o conmoci�n interna no es una excepci�n al Estado de Derecho. Es verdad que seg�n el art�culo 120 de la Carta, "'corresponde al Presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio nacional, el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado" (ord. 7�), y que el art�culo 121 del mismo Estatuto otorga al Presidente la facultad de declarar que se ha turbado el orden p�blico y adoptar las medidas enderezadas a su restablecimiento. Pero estos poderes aun cuando son muy amplios, no son absolutos, como que est�n limitados por los propios ordenamientos de la Constituci�n Nacional. Y as� el Gobierno podr�a extralimitarse en el ejercicio de los poderes extraordinarios del estado de sitio, ya por quebrantar los principios consagrados en el art�culo 121, ya por menoscabar los preceptos que garantizan en todo tiempo derechos individuales y sociales, y consagran la organizaci�n del Estado.

No corresponde a la Corte pronunciarse sobre si realmente han existido los hechos constitutivos de la conmoci�n interna que hayan motivado la declaraci�n del estado de sitio, o sobre si han cesado las circunstancias perturbadoras del orden p�blico en tal medida que se imponga el levantamiento de aqu�l estado. Es posible que el Gobierno extralimite el uso de sus poderes en uno u otro caso, pero no es la Corte sino el Congreso quien puede juzgar sobre la conducta del Presidente de la Rep�blica y sus Ministros.

Por esto, la reiterada doctrina de la Corte ha dicho que de lo dispuesto en el art�culo 121 de la Constituci�n, en concordancia con el 122, se deduce que el decreto por el cual el Presidente con sus Ministros declara turbado el orden p�blico, no cae, por su naturaleza bajo el control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, sino cuando no haya sido firmado por el Presidente y todos los Ministros, o carezca del dictamen del Consejo de Estado, sin que sea necesario que �ste se haya proferido favorablemente (Sala Plena, junio 12 de 1945. T. LIX, Nos. 2019-2021, p�g. 31; diciembre 2 de 1948 Nos. 2068-2069, p�g. 298).

Y de igual modo, esta corporaci�n ha declarado que al Gobierno corresponde decidir acerca del mantenimiento del estado de sitio o de su levantamiento, y que la determinaci�n del Ejecutivo al respecto no puede ser materia de una decisi�n de la Corte (Sala Plena, diciembre 2 de 1948, T. LXV Nos. 2068-2069, p�g. 298).

Seg�n la constante jurisprudencia de la Corte, la Constituci�n en el ordinal 5� del art�culo 118 y en el art�culo 121 autoriza al Gobierno, durante la turbaci�n del orden p�blico, para dictar decretos legislativos, dentro de los l�mites se�alados en la propia Carta. "Los decretos que expida el Gobierno en las circunstancias dif�ciles que los hicieron necesarios, sin quebrantar las normas estatutarias de obligatorio imperio en todo tiempo, con el requisito de su generalidad, si se acomodan adem�s a la necesidad de conservar o restablecer el orden, llevan, por esas condiciones b�sicas, esenciales y �nicas contempladas en la Carta, el sello de su legitimidad constitucional". "Para la emergencia de la turbaci�n del orden p�blico pueden los decretos estatuir sobre lo no reglamentado y suspender las reglamentaciones incompatibles con el estado de sitio" (Sala Plena, junio 12 de 1945, T. LIX, Nos. 2019-2021, p�g. 38). "El Presidente de la Rep�blica tiene facultades legislativas extraordinarias durante la perturbaci�n declarada del orden p�blico, pero con las limitaciones consagradas en la propia Carta, una de las cuales es la de que el Gobierno s�lo puede suspender, no derogar, las leyes contrarias a los decretos legislativos que dicte en ejercicio del art�culo 121. La legislaci�n extraordinaria deja de regir al restablecerse el orden p�blico y las leyes ordinarias suspendidas recuperan su plena vigencia" (Sala Plena, noviembre 23 de 1955. T. LXXXI Nos. 2160-2161 p�g. 596).

"Establece el art�culo 120 de la Constituci�n que corresponde al Presidente de la Rep�blica conservar en todo el territorio el orden p�blico, y restablecerlo donde fuere turbado, y el art�culo 121 le otorga la facultad de declarar que aqu�l se ha alterado y de adoptar las medidas ordenadas a su restablecimiento. Los dos preceptos se hallan �ntimamente vinculados, porque al deber que la Constituci�n le impone al Presidente de conservar el orden y de restablecerlo, deb�a corresponder la potestad de aplicar los medios conducentes al cumplimiento de esa obligaci�n. La paz p�blica descansa, conforme al estatuto fundamental, en la actitud vigilante del Jefe del Estado para evitar que se altere, o en su acci�n en�rgica y fuerte, si preciso fuere, para que vuelva la normalidad. Tan ponderoso encargo corre parejas con el ejercicio prudente de los medios excepcionales que la Carta le da al Presidente a fin de que llene la m�s delicada y alta de sus funciones como suprema autoridad administrativa. Los poderes presidenciales en el estado de sitio son muy amplios y han de entenderse con ese car�cter otorgados para que la misi�n que corresponde al primer Mandatario de la naci�n se cumpla sin dificultad, pudiendo adoptar disposiciones que no competen de ordinario al Jefe del Estado sino que por su �ndole legislativa pertenecen al Congreso. El Presidente de la Rep�blica suple la acci�n de �ste y ejercita la suya propia con el fin indicado de la guarda del orden.

"Las facultades extraordinarias en estado de sitio pueden llegar a afectar los derechos individuales y sociales en forma m�s sensible que si lo hiciera el Congreso. Hay sin embargo preceptos constitucionales de obligatorio imperio en todo tiempo, a cuyo cumplimiento no puede sustraerse el Presidente cuando expide decretos de car�cter legislativo. No existe un poder .absoluto en el Jefe del Estado sobre la adopci�n de normas de car�cter legislativo. Sus atribuciones, que se reconocen muy amplias, no alcanzan hasta destruir los preceptos, de obligatorio cumplimiento por el Presidente, que consagran derechos individuales, garant�as sociales, o estructuran las instituciones.

"Surgen pues los poderes presidenciales en el estado de emergencia, de la relaci�n en que han de hallarse dos mandatos, o grupos de tales, consagrados en la Constituci�n: el que otorga al Presidente facultades extraordinarias dirigidas a la guarda del orden p�blico, y el que garantiza los derechos individuales y sociales y consagra la organizaci�n del Estado". (Sala Plena, abril 19 de 1955. T. LXXX, N� 2153, p�gs. 3 y 4).

En la misma sentencia se han se�alado las siguientes pautas doctrinarias que fijan el �mbito de los poderes presidenciales en estado de sitio, por lo tocante a los derechos individuales y garant�as sociales, a saber:

a) Hay disposiciones de obligatoria aplicaci�n en todo tiempo, por mandato expreso de la Carta, que no podr�an dejar de cumplirse a�n en caso de guerra o anormalidad (art�culos 28 y 33);

b) Hay normas que por declaraci�n expresa del Estatuto rigen para tiempo de paz y limitan, por tanto, la acci�n del legislativo ordinario, pero que pueden afectarse en tiempos de guerra o anormalidad por los decretos legislativos del Gobierno (art�culos 43, 73, 42, 38 y 61);

c) Hay otros preceptos de la Constituci�n cuyo imperio ha de limitarse por virtud de la alteraci�n del orden; no ya por as� inferirse de los t�rminos de los ordenamientos, sino como un corolario obligado de la situaci�n de hecho y de derecho en que se encuentra colocado el Presidente de la Rep�blica cuando sobreviene la turbaci�n del orden p�blico (art�culos 18, 23 y 46);

d) Por �ltimo, hay otras normas de la ley suprema que por su naturaleza, extra�a a implicaciones sobre el orden p�blico, rigen en todo tiempo como derechos individuales y garant�as sociales (art�culos 22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 - 34 37 - 39 - 41 - 44 - 49 y 53).

La doctrina de la Corte ha expresado que los decretos legislativos dictados por el Presidente de la Rep�blica durante el estado de sitio, deben acomodarse a la necesidad de conservar o restablecer el orden p�blico. Lo que significa que la funci�n legislativa extraordinaria del Gobierno se halla limitada a dictar los ordenamientos transitorios que tengan conexidad con la conservaci�n o el restablecimiento de la normalidad. Ya se ha visto que por previsi�n expresa del art�culo 121, tales decretos s�lo pueden suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio.

Reiterando su constante doctrina al respecto, dijo la Corte con el voto un�nime de sus Magistrados:

"Es noci�n irrevocablemente incorporada en el derecho pol�tico nacional y en la doctrina de la Constituci�n, que �sta no deja de regir, en todo su imperio por la declaratoria del estado de sitio, as� como la no menos trascendental de que la investidura de excepci�n que el C�digo Supremo otorga al Presidente de la Rep�blica en tal evento, s�lo lo autoriza para dictar las medidas tendientes a conjurar los peligros de las conmociones sociales inherentes a aquel estado o, como con toda exactitud preve�a el Estatuto de 1886, 'para defender los derechos d� la naci�n o reprimir el alzamiento'.

"En estas circunstancias el Presidente de la Rep�blica ejerce las facultades que le hayan conferido las leyes y, en su defecto, las que le da el Derecho de Gentes, dictando decretos de car�cter legislativo, pero en manera alguna para disponer libremente de la hacienda nacional ni de las vidas e intereses de los ciudadanos, sino con dos �nicos fines leg�timos, cuales son defender los derechos de la naci�n en guerra exterior y restablecer el orden interior si hubiese sido perturbado'.

"Y en el siguiente pasaje es mucho m�s expl�cito el pensamiento de aquel autorizado int�rprete:

"H�se inventado recientemente una f�rmula lac�nica que sirve para cortar toda dificultad, y con lo cual se pretende justificar todo abuso oficial. Se dice que en tiempo de guerra los derechos individuales y el imperio de la ley quedan suspendidos y autorizado el Gobierno para hacer cuanto le plazca por medio de decretos. No se concibe interpretaci�n m�s imprudente por lo absurda, ni m�s alarmante por lo b�rbara, de la disposici�n constitucional' " (Sala Plena, julio 9 de 1948. T. LXV Nos. 2066-2067. p�g. 12).

La Constituci�n de 1886 adopt� como sistema de gobierno el r�gimen presidencial, estructurando un Ejecutivo unitario, fuerte y responsable, dotado de todos los medios adecuados para afianzar la unidad nacional, mantener la paz interna y externa, amparar los derechos civiles y procurar el progreso arm�nico del pa�s.

Dentro de este sistema era secuela natural que en la distribuci�n de las funciones estatales, la defensa del orden p�blico en todo el territorio nacional se confiase al Presidente, con plenitud de poderes para mantener la paz p�blica y restaurar la normalidad cuando quiera que fuere turbada. Y as� se estableci� en la Constituci�n, cuyos ordenamientos ense�an que la guarda del orden p�blico es funci�n esencialmente ejecutiva, atribuida al Jefe del Estado.

Las normas que regulan los poderes presidenciales en estado de sitio, y las que confieren a la Corte Suprema de Justicia la atribuci�n de decidir definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos legislativos que el Gobierno dicte en tiempo de turbaci�n del orden p�blico, no han de tomarse separadamente. Unas y otras forman parte integrante' del Estatuto Fundamental de la Naci�n, que puntualiza las reglas para el funcionamiento arm�nico de las dos ramas del poder. Debe rendirse cumplido acatamiento a la integridad de la Carta. Y de esta suerte, los preceptos de los art�culos 118 -ordinal 8�, 120 ordinal 7� y 121, tocantes con los poderes extraordinarios del Presidente de la Rep�blica como supremo guardi�n del orden p�blico en todo el territorio nacional, y el precepto del art�culo 214 atinente al control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos como guardi�n de la integridad de la Carta, han de cumplirse sin rec�proco menoscabo. Ni el Presidente de la Rep�blica puede verse restringido en el ejercicio leg�timo de los poderes extraordinarios concedidos para el restablecimiento de la normalidad, ni la Corte Suprema de Justicia puede permanecer indiferente e inactiva por lo que ata�e a su deber de decidir sobre la exequibilidad de los decretos legislativos que fueren acusados ante ella como violatorios de la Ley Fundamental. Al ejercer tal atribuci�n, la Corte habr� de colocarse en el plano elevado de la autonom�a que constitucionalmente le corresponde, pero sin invadir la que se reconoce asimismo al primer mandatario dentro de nuestro sistema de gobierno presidencial.

En el estado de sitio, determinado por la anormalidad p�blica que lo hace necesario, es imperativo categ�rico, emanado de la Constituci�n, que la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la Rep�blica colaboren arm�nicamente hacia la realizaci�n de un fin alt�simo y com�n a ambas ramas del poder p�blico, a saber, el restablecimiento de la paz y la tranquilidad de la naci�n. As� se cumplir� en este caso, el primordial principio del derecho p�blico moderno, acogido en el art�culo 55 del C�digo Supremo, seg�n el cual las ramas del poder p�blico "tienen funciones separadas, pero colaboran arm�nicamente en la realizaci�n de los fines del Estado". La organizaci�n del Estado, afirma el constitucionalista Carr� de Malberg, "es compleja: precisa de la instituci�n de �rganos m�ltiples, provistos de competencias diversas; las consideraciones debidas a la libertad p�blica exigen, como lo han demostrado Montesquieu, que el ejercicio de la potestad estatal 110 dependa exclusivamente de la voluntad d� una sola y misma autoridad. Pero por encima de estas necesidades, domina un princio capital que forma el punto culminante del sistema estatal moderno: el principio de la unidad del Estado. Esta unidad s�lo puede salvaguardarse con una condici�n: es necesario que, entre la multiplicidad de las autoridades y la especializaci�n de las competencias, la organizaci�n del Estado se combine de modo que produzca en �l una voluntad unitaria y esto implica que las voluntades y actividades de los �rganos estatales deben estar ligadas y coordinadas entre s� de tal modo que converjan hacia un fin com�n y hacia resultados id�nticos" (Carr� de Malberg, "Teor�a General del Estado", N� 279 p�g. 764).

De la doctrina constitucional que viene expuesta, fluyen orientaciones que deben inspirar el criterio de la Corte en los fallos sobre exequibilidad de los decretos legislativos dictados en estado de sitio, a saber: a) no estorbar la acci�n del Ejecutivo, como supremo guardi�n del orden p�blico, dirigida al cumplimiento de sus ponderosos deberes y al ejercicio de sus facultades extraordinarias para la restauraci�n de la paz y la seguridad social; b) impedir el quebranto de las garant�as b�sicas que la Constituci�n mantiene para todo tiempo, en lo tocante a la organizaci�n del Estado, y a los derechos individuales y sociales; c) cuidar de que los decretos legislativos que se sometan al juicio de la Corte cumplan la finalidad de contribuir al restablecimiento del orden p�blico.

Si la norma que se suspende o se dicta por medio de un decreto legislativo ha de guardar conexidad con el orden p�blico, seg�n queda expuesto, para el cabal examen de este �ltimo punto conviene precisar el concepto de orden p�blico en la Constituci�n.

El art�culo 121 expresa que "en caso de guerra exterior o de conmoci�n interior podr� el Presidente con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden p�blico y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella", y que "el Gobierno declarar� restablecido el orden p�blico tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento". Cabe advertir que las expresiones "conmoci�n interior" y "alzamiento" se usan aqu� indistintamente, pero indican un mismo fen�meno: la perturbaci�n' interior. O sea que la conmoci�n interior o el alzamiento determinan una alteraci�n de la normalidad que puede dar origen a la declaraci�n presidencial de que el orden p�blico se ha perturbado. En la mente de los constituyentes de 1886 debi� tenerse en cuenta el alzamiento o la guerra civil, y la conmoci�n que por tal causa ven�a afectando en el siglo pasado la estabilidad de las instituciones en la Naci�n. En el art�culo 119 del Proyecto del Consejo de Delegatarios de tal a�o, se dec�a que en caso de invasi�n extranjera o de conmoci�n interior "y siempre que la paz y la seguridad p�blica peligren", podr� el Presidente de la Rep�blica, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden p�blico. Este antecedente ilustra el significado de la expresi�n "orden p�blico" en el estatuto: se quer�a dar medios eficaces al Ejecutivo para debelar los movimientos subversivos que pod�an ir del mot�n y la sedici�n a la guerra civil, males de la �poca. En 1910 volvi� a decirse que la "conmoci�n interna', a m�s de la guerra exterior, era causa para declarar turbado el orden p�blico y en estado de sitio la Rep�blica.

En el art�culo 28 de la Carta se se�ala de manera indirecta el- significado de la expresi�n "orden p�blico". "Aun en tiempo de paz -reza el texto de dicho art�culo- y habiendo graves motivos para temer perturbaci�n del orden p�blico, pueden, ser aprehendidas las personas contra quienes haya graves indicios de que atenten contra la paz p�blica". Seg�n lo aqu� prescrito, el orden se perturba cuando se atenta contra la paz, o dicho de otra manera, la perturbaci�n del orden se produce por los atentados contra ella. Graves motivos para tener perturbaci�n del orden p�blico es correlativo a graves indicios de que se atenta contra la paz p�blica. Se relacionan claramente en el lenguaje del Constituyente las expresiones "orden p�blico" y "paz p�blica".

Respecto al sentido de las normas constitucionales de 1886 y 1910, en cuanto a los poderes extraordinarios del Presidente de la Rep�blica en estado de sitio, cabe hacer algunas consideraciones atinentes al concepto de orden p�blico. En el a�o primeramente mencionado se quiso conceder al Ejecutivo atribuciones bastantes para conjurar los peligros de la guerra civil y para debelar la insurrecci�n. Este era el problema que ten�an a la vista los constituyentes de 1886, a ra�z de luchas intestinas de rebeldes contra la autoridad leg�tima y entre las secciones que compon�an la naci�n. La unidad pol�tica, objetivo cardinal de la reforma, exig�a dotar al Jefe del Estado de ampl�simas atribuciones para mantenerla y defenderla eficazmente y para garantizar el orden en toda la Naci�n. No contempl� el Constituyente de entonces, aspectos sociales y econ�micos que en el transcurso de los tiempos habr�an de influir poderosamente en los trastornos d� la normalidad p�blica. La reforma de 1910 conserv� en lo fundamental los ordenamientos que en la materia hab�a consagrado la de 1886, concret� mejor las facultades del Ejecutivo y limit� el efecto de las mismas. Fue, pues, muy claro el pensamiento del Constituyente en 1886 y 1910 al expedir las normas sobre estado de sitio, en el sentido de dotar al Presidente de la Rep�blica de los medios adecuados para defender la paz p�blica, perturbada por la subversi�n.

En la interpretaci�n de los preceptos de la Carta Fundamental ha de buscarse la realizaci�n de los fines perseguidos por el Constituyente y dar cabida, en lo razonable y en lo necesario, a las nuevas concepciones que desarrollen y vivifiquen las normas escritas y los principios que las informan, adaptando las instituciones a la realidad de los hechos actuales. El Constituyente del siglo pasado no previo ni pudo prever la complejidad de los trastornos pol�ticos, sociales y econ�micos de nuestros d�as, pero el int�rprete debe encontrar en sus ordenamientos los medios adecuados para salvar las dif�ciles emergencias a que se enfrenta el gobernante de hoy, como que la Constituci�n ha sido expedida "con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz", seg�n lo expres� sabiamente su pre�mbulo. Con este criterio, es dable admitir que graves perturbaciones de orden pol�tico, social o econ�mico, que pongan en peligro la paz p�blica, justifican el estado de sitio y la adopci�n de medidas propias a tal emergencia, en la misma forma como fue autorizado este r�gimen excepcional para las �pocas anormales de conmoci�n interna por alzamiento o insurrecci�n. En todo caso, desde luego, el trastorno pol�tico, social o econ�mico debe ser de tanta entidad que comprometa la paz p�blica. Y de consiguiente, las medidas legislativas extraordinarias que el Gobierno dicte entonces para conjurar la perturbaci�n del orden p�blico, en ejercicio de los poderes del art�culo 121, se extienden leg�timamente a las causas pol�ticas, sociales y econ�micas que hayan originado o mantengan la anormalidad, para atacarlas y destruirlas en cuanto fuere necesario para el pronto restablecimiento de la paz.

Con este concepto integral del orden p�blico -pol�tico, social y econ�mico- el Ejecutivo hizo uso de las atribuciones legislativas extraordinarias del estado de sitio, a ra�z tanto del 10 de julio de 1944 como del 9 de abril de 1948. Y las C�maras de estos a�os, informadas por el Gobierno sobre el uso de tales atribuciones para conjurar la perturbaci�n del orden p�blico en sus causas pol�ticas, sociales y econ�micas, no s�lo se abstuvieron de deducir responsabilidad al Presidente y sus Ministros sino que convirtieron en leyes permanentes no pocos de los decretos expedidos con tal criterio. De lo cual parece inferirse l�gicamente que el Congreso, juez del Gobierno y legislador ordinario, ha compartido esta interpretaci�n de la Carta.

En el a�o de 1948 los Ministros de Gobierno y de Justicia, doctores Dar�o Echand�a y Samuel Arango Reyes defend�an esta doctrina constitucional, con las siguientes palabras:

"Que no es muy probable que el constituyente de 1886 alcanzara a prever todos los fen�menos d� orden econ�mico y social que podr�an ocurrir con el decurso de los a�os, pues ello equivaldr�a a suponer en �l una facultad extraordinaria, o, filos�ficamente hablando, el d�n de la clarividencia. En Francia puede decirse que siguen rigiendo disposiciones del C�digo de Napole�n, y en la interpretaci�n extensiva de esas leyes se encuentran comprendidos todos los fen�menos de �ndole social y econ�mica, sin que por esto pueda afirmarse que Napole�n previo o tuvo la facultad extraordinaria e intuitiva de adivinar lo que podr�a ocurrir en el futuro con el transcurso de decenios. Lo qu� sucede es que en el derecho contempor�neo el concepto jur�dico de orden p�blico ha sido enriquecido con los conceptos de orden social y orden econ�mico. De consiguiente, la tesis exacta es la analizada por el se�or Presidente de la Rep�blica, cuando concept�a que las causas que pueden considerarse como integrantes del orden p�blico no son solamente pol�ticas sino de car�cter social y econ�mico. As�, por tanto el Gobierno dentro del estado de emergencia tiene la facultad de dictar todas las providencias de car�cter social y econ�mico qu� se relacionen especialmente con el restablecimiento de la normalidad, en virtud de las autorizaciones extraordinarias que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n" (Concepto transcrito por el Presidente de la Rep�blica en carta-respuesta del 9 de abril de 1950 dirigida a varios ciudadanos).

Por �ltimo, la doctrina constitucional expuesta sobre el concepto de orden p�blico, es la defendida por el Procurador General de la Naci�n, quien afirma que en caso de perturbaci�n de la normalidad por conmoci�n interior, hay que examinar las causas a que �sta puede haber obedecido, o que hubieren contribuido a ella, las cuales pueden ser sociales, econ�micas, pol�ticas etc. "De ah� que las facultades de que est� investido el Gobierno en caso de turbaci�n del orden p�blico, no deben entenderse en estricto sentido de las orientadas a reprimir el alzamiento o conmoci�n interior, �nicamente, sino de todas aquellas que contribuyan al restablecimiento del orden, eliminando o modificando las situaciones que la originaron" (Eduardo Pi�eros y Pi�eros, estudio citado, p�gs. 16 y 17).

La necesidad de que, a un mismo tiempo, se ejerzan por el Presidente y por la Cort� facultades calificadoras acerca de la conexidad d� un decreto o de una ley con la guarda del orden p�blico, sin que se produzca por ello una colisi�n de competencias sobre la materia objeto de la soberana determinaci�n de cada rama del poder, indica como natural premisa de una norma procedente, la consideraci�n de �stas hip�tesis: 1^ En la aplicaci�n de los preceptos pertinentes de la Carta hay casos de manifiesta y clara congruencia de la norma que se suspende o se dicta, con la guarda del orden p�blico; 2� Hay casos asimismo en que la norma nueva o la que se suspende no guarda, en forma clara y evidente, ninguna relaci�n con el orden p�blico; y 3� Hay casos dudosos, en los cuales no es manifiesta la conexidad del acto legislativo con el orden p�blico. A estas situaciones distintas, que pueden ofrecerse al juicio d� la Corte, ha de corresponder una posici�n tambi�n diferente, que consulte la naturaleza propia del fen�meno en cada caso contemplado. Para la primera hip�tesis, la declaraci�n de exequibilidad se impone como necesaria consecuencia. Para la segunda, es indudable, con fundamento an�logo, que la inexequibilidad debe ser proferida. En los casos dudosos, cuando la vinculaci�n del ordenamiento de car�cter legislativo, con el orden p�blico, no es clara u ostensible, la prudencia del fallador constitucional le exige decidirse por la exequibilidad, para evitar que pueda perturbarse el cabal cumplimiento del mandato de la Carta, que entrega al Presidente de la Rep�blica la suprema responsabilidad del orden, finalidad que debe prevalecer, apreciada por el primer Magistrado, frente a la duda del juzgador respecto a la conexidad del acto del Gobierno con la guarda del orden p�blico. Si se presenta la duda sobre tal relaci�n, es natural que ella se resuelva con la declaraci�n de exequibilidad que haga la Corte, despu�s de comprobar o deducir que no es claro y evidente el que la norma acusada no se vincule a la guarda del orden p�blico. Debiendo la Corte Suprema de Justicia pronunciarse respecto a la constitucionalidad de un decreto legislativo acusado, hall�ndose obligada a cooperar arm�nicamente con el Presidente de la Rep�blica a la conservaci�n o restablecimiento de la normalidad, y no estando cierta d� la inconexi�n de aqu�l con el orden p�blico, ha de proferir su decisi�n, por el aspecto de que se trata, en sentido favorable a la vigencia del acto del Ejecutivo.

En otros t�rminos: Si la norma del decreto es clara y manifiestamente dirigida a la guarda del orden, se acomoda a las exigencias del Estatuto; si manifiesta y evidentemente no tiene relaci�n con dicho objeto, lo contrar�a o quebranta. En los casos dudosos, cuando tal relaci�n no es ostensible, la calificaci�n del Presidente sobre la conexidad de la disposici�n con la guarda del orden p�blico, debe prevalecer.

Al fijar la Corte en el presente fallo su criterio respecto al modo de ejercer sus atribuciones en los puntos que aqu� se han examinado, cumple la corporaci�n el deber de guardi�n de la integridad de la Carta, y como int�rprete aut�ntico de las normas y principios de la Ley Fundamental, seg�n encargo del propio . Constituyente, sienta una doctrina jur�dica de obligatoria aplicaci�n, a falta de disposiciones concretas del Estatuto.

Tienen importancia del punto de vista doctrinal las conclusiones de la Comisi�n de Estudios Constitucionales de 1954, sobre el tan debatido tema de los poderes presidenciales en estado de sitio, pues en varios de los aspectos primordiales de la cuesti�n hay una completa coincidencia que la Corte considera conveniente destacar.

"En caso de guerra exterior o de conmoci�n interior que alteren la paz y la seguridad social, podr� el Presidente, con la firma de todos los Ministros y previo concepto del Consejo de Estado, declarar turbado el orden p�blico y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella. Mediante tal declaraci�n, el Gobierno tendr�, adem�s de las facultades que le confiere la ley, las que conforme al derecho de gentes y a las normas de la moral cristiana rigen para la guerra entre naciones.

"Los decretos que dentro de estos l�mites dicte el Presidente tendr�n car�cter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

"El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensi�n de las que sean incompatibles con el estado de sitio, y a s�lo expedir decretos legislativos en las materias que conciernan al restablecimiento del orden.

"El Gobierno declarar� restablecido el orden p�blico tan pronto como haya terminado la guerra exterior, se haya reprimido el alzamiento o haya cesado la perturbaci�n de la paz; y dejar�n de regir los decretos de car�cter legislativo que haya dictado.

"Ser�n responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden p�blico sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoci�n interna; y lo ser�n tambi�n, lo mismo que los dem�s funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercido de las facultades concebidas en el presente art�culo.

"Restablecido el orden p�blico, el Gobierno convocar� el Congreso y le pasar� una exposici�n motivada de sus providencias.

"En caso de guerra exterior el Gobierno convocar� el Congreso por el mismo decreto en que declarare turbado el orden p�blico, para dentro de los quince d�as siguientes, y si no lo convocare podr� el Congreso reunirse por derecho propio".

En la exposici�n de Motivos de la Reforma, la Subcomisi�n integrada por el Ministro de Justicia y el Procurador General de la Naci�n y por los doctores Alvaro Copete Lizarralde, Jos� Gabriel de la Vega, Gonzalo Gait�n y Carlos Holgu�n Holgu�n, dijo lo siguiente:

"El art�culo 121 se mantiene esencialmente igual al vigente. Su estudio dio ocasi�n a numerosas discusiones en el seno de la Subcomisi�n, la cual, despu�s de varios d�as de estudio, encontr� que sus disposiciones son, por una parte, tan rigurosas que si el Gobierno se mantiene fiel a su esp�ritu no habr� peligro alguno para las instituciones ni para las garant�as civiles, y, al propio tiempo, tan amplias, que en ning�n caso dejar�n al Presidente sin las facultades necesarias para mantener el orden p�blico.

"Es evidente que la amplitud formal del texto permite que se viole su esp�ritu y su finalidad misma, especialmente por el aspecto que las disposiciones que se suspenden o las providencias que se adopten no tengan relaci�n alguna con el restablecimiento de la normalidad perturbada. Pero ello no es imputable a la redacci�n de la norma, ya que es esencial a toda regla de derecho que pueda ser infringida. Por otro lado, las limitaciones con que se pretende circunscribir la acci�n del Presidente, para evitar arbitrariedades, llevar�an a un casuismo excesivo y seguramente incompleto, pues no son previsibles, de antemano, las modalidades que puede llegar a asumir una guerra exterior o una conmoci�n interna, ni la urgencia de los remedios que sean indispensables para impedir el hundimiento de la Naci�n. En ning�n caso deber� ponerse a los gobernantes en el tr�gico dilema de violar la Constituci�n y las leyes o salvar la Rep�blica. Por ello, como sabiamente lo pensaron los constituyentes de 1886, precisa conceder al Gobierno, en los supremos estados de emergencia, todas aquellas atribuciones que le permitan restablecer el orden, dentro de una legalidad marcial, que asegure el m�nimo respeto debido a la persona humana.

"Aunque no fuera jur�dicamente indispensable -pues el art�culo original as� debe entenderse-. consider� la Subcomisi�n importante poner �nfasis en la idea de que los decretos extraordinarios que se dicten durante el estado de sitio deben referirse necesariamente al restablecimiento del orden. Por �sto, al disponer que las facultades del Presidente se limiten a suspender las disposiciones incompatibles con el estado de sitio, agreg� la frase 'y a s�lo proveer en las materias que conciernen al restablecimiento de dicho orden'. Se subraya as� la finalidad propia de la norma, para evitar torcidas interpretaciones, y al propio tiempo se provee expresamente a la facultad, que estaba meramente impl�cita en la redacci�n original, seg�n la cual el Gobierno no s�lo puede suspender ciertas normas sino dictar las providencias que deban reemplazarlas.

"En el proyecto de los honorables Comisionados, doctores P�rez. Serna y Bernal Jim�nez, se propone restringir las facultades presidenciales a la suspensi�n de las meras leyes ordinarias que sean incompatibles con el estado de sitio, con la evidente intenci�n de excluir la posible suspensi�n de normas constitucionales. Sobre este punto, existen discrepancias entre los int�rpretes d� la Carta vigente, pues cuando el art�culo habla de que pueden suspenderse las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio, se preguntan si la Carta se refiere s�lo a las leyes ordinarias, dictadas por el Congreso, o si aquella expresi�n comprende tambi�n las leyes constitucionales.

"En esta materia existen normas constitucionales que rigen siempre, aun en tiempo de anormalidad, y que constituyen lo que se ha denominado la legalidad marcial. Son aquellas que expresamente indican que su vigencia opera 'aun en tiempo de guerra' o que establecen prohibiciones que no pueden suspenderse 'en ning�n caso'. Existen otras disposiciones que, a la inversa, y por propio mandato constitucional, solamente se aplican 'en tiempo de paz'. Es claro que estas �ltimas, no solamente pueden suspenderse durante la turbaci�n del orden p�blico, sino que puede afirmarse, dejan de regir autom�ticamente en estado de sitio.

"Pero existen muchas otras disposiciones, la mayor�a de las de la Carta, cuya redacci�n no indica que deben aplicarse a�n en tiempo de guerra, ni tampoco limitan su vigor al tiempo de paz. Respecto de �stas, se plantea el problema de su posible suspensi�n cuando sean incompatibles con el estado de sitio.

"Vuestra Subcomisi�n al analizar el problema ha observado que muchas disposiciones cuya vigencia no se limita a las �pocas normales, evidentemente pueden y aun deben ser suspendidas en caso de guerra exterior o de conmoci�n interior. As� ocurre con la garant�a del derecho, de huelga o con la inviolabilidad de la correspondencia. Si se admite la tesis de que no puede suspenderse ninguna norma constitucional, salvo las que se han dictado s�lo para tiempo de paz, ser�a inexequible todo decreto que prohibiera las huelgas en tiempo de guerra, ya que no valdr�a decir que corresponde a la ley regular su ejercicio, pues ello no autorizar�a para invalidar una garant�a constitucional. Tampoco podr�a establecerse, ni en caso de guerra exterior, censura a la correspondencia. Lo propio puede afirmarse de muchas otras disposiciones del T�tulo III y de la organizaci�n misma del Estado.

"No ha querido la Subcomisi�n indicar expresamente que el Presidente tenga la facultad de suspender las disposiciones constitucionales, pues ello podr�a equivaler a una invitaci�n a que lo hiciera sin ninguna restricci�n ni responsabilidad. Corresponder�, pues, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o del Tribunal a que se conf�a la guarda de la integridad de la Constituci�n, establecer si el Gobierno se ha excedido en la facultad de suspender normas incompatibles con el estado de sitio. Especialmente tocar� a la misma Corte, cuando juzgue al Presidente o a los Ministros, deducir la responsabilidad que les incumba por infracci�n de la Constituci�n o por abuso en el ejercicio de sus atribuciones" (Eduardo Ruiz Mart�nez. "Apuntamientos a un Proyecto de Reforma Constitucional", 1956. Tomo I, p�gs. 288 y 289).

Anota la Corte, con referencia a la �ltima parte de la transcripci�n precedente, que si es verdad, como ella lo ha dicho y lo afirma la Subcomisi�n de Estudios Constitucionales, que hay normas del Estatuto que rigen en todo tiempo y otras que no se aplican en caso de guerra exterior o de conmoci�n interna, ello no significa propiamente que los preceptos de la Carta puedan ser suspendidos, como las leyes, por el Presidente de la Rep�blica, sino que aqu�llos que no son de obligatorio imperio en �poca de anormalidad, ceden autom�ticamente frente al cumplimiento de las disposiciones concretas que el Gobierno adopta, dentro de las facultades del art�culo 121, para la guarda o el restablecimiento del orden.

La Corte deja constancia de que en la anterior exposici�n doctrinal se recogen y refunden' los estudios presentados en diferentes ocasiones ante la Sala Plena por los Magistrados An�bal Cardo-so Gait�n, Luis Enrique Cuervo, Jes�s Estrada Monsalve y Agust�n G�mez Prada.

Examinada ampliamente la doctrina que suscitan la presente demanda y la vista del se�or Procurador General de la Naci�n respecto a las facultades de la Corte para calificar la conexidad o inconexidad de un decreto legislativo con la guarda del orden p�blico, la Sala Plena hace las siguientes consideraciones sobre el caso que ahora tiene a su conocimiento:

Seg�n la parte final del inciso 1� del art�culo 181 de la Ley 105 de 1931, entre los d�as de vacancia judicial se comprende el lapso de veinte de diciembre al veinte de enero inclusive.

Normalmente corresponde al Congreso se�alar por medio de una ley ordinaria las vacaciones anuales de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional del poder p�blico, conforme a lo dispuesto en el art�culo 76, ordinal 2� de la Constituci�n.

El Decreto N� 3664 de 1950, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias del art�culo 121 de la Carta, reduce el lapso de dichas vacaciones al t�rmino comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, para lo cual se declaran suspendidas las disposiciones legales contrarias. O sea, que por medio del decreto legislativo citado se adopt� una norma transitoria para reglamentar las vacaciones anuales de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, y se suspendi� al mismo tiempo, en lo pertinente, la disposici�n del art�culo 181 del C�digo Judicial.

En los considerandos del decreto acusado se afirma, como fundamento de �ste, que "toda medida tendiente a intensificar el servicio de la justicia contribuir� al restablecimiento del orden p�blico".

Para el demandante el decreto acusado no guarda relaci�n alguna con el restablecimiento del orden p�blico, pues �l no fue dictado "para defender los derechos de la Naci�n o reprimir el alzamiento". Y los fundamentos del decreto, en su sentir, excluyen el concepto de que la ley suspendida "sea incompatible con el estado de sitio".

En cambio, para el se�or Procurador General de la Naci�n es premisa evidente a todas luces que "todo lo que afecte desfavorablemente la justicia, afecta tambi�n el orden p�blico y dificulta su restablecimiento y todo cuanto vaya en bien de la justicia, de su eficacia, de su prontitud al administrarla, redunda, asimismo, en beneficio del orden p�blico y de su r�pido restablecimiento".

Aplicando la doctrina antes expuesta, la Corte considera que en el presente caso no aparece, en forma clara y evidente, falta de conexi�n de la norma acusada con el restablecimiento del orden p�blico. Durante una �poca de anormalidad por conmoci�n interna, es previsible que para la restauraci�n d� la paz y la tranquilidad social sea necesario intensificar el trabajo de los funcionarios encargados de administrar justicia, a fin de que los delitos sean investigados y sancionados eficazmente y de que todos los derechos tengan oportuna protecci�n de parte del Estado. Y por lo dem�s, parece natural que en �poca de anormalidad pueda exigirse' por el Gobierno, supremo guardi�n del orden p�blico, mayor contribuci�n personal de los servidores del Estado para un rendimiento extraordinario en todas sus labores.

Comprendida la noci�n de orden p�blico en la forma antes explicada, la calificaci�n del Ejecutivo sobre la conexidad del decreto acusado con la guarda del orden, debe prevalecer y, en consecuencia la Corte habr� de resolver favorablemente a su constitucionalidad.

Como es obvio, no incumbe a la Corte pronunciarse sobre la conveniencia o inconveniencia de la norma transitoria adoptada respecto de vacaciones judiciales, y por ende, son improcedentes los razonamientos del demandante al respecto.

Por las consideraciones hechas no aparece que el Decreto N�mero 003664 de 1950 haya violado los art�culos 76 y 121 de la Constituci�n.

Ni encuentra la Corte que por otros aspectos el acto demandado infrinja los ordenamientos de la Ley Fundamental.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, o�do el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n, y en ejercicio de la jurisdicci�n constitucional consagrada en el art�culo 214 de la Carta, resuelve:

Es exequible el Decreto n�mero 003664 de 1950 (diciembre 12) por el cual se determinan los d�as de vacancia judicial.

Publ�quese, c�piese, notif�quese, ins�rtese en la GACETA JUDICIAL, comun�quese a los se�ores Ministro de Gobierno y de Justicia, y arch�vese el expediente.

Luis Felipe Latorre U.-Manuel Barrera Parra. Manuel Buenahora-An�bal Cardoso Gait�n-Jes�s Estrada Monsalve-Roberto Goenaga-Agust�n G�mez Prada-Ignacio G�mez Posse-Jos� J. G�mez R.-Jos� Hern�ndez Arbel�ez - Ricardo Jord�n Jim�nez - Julio Pardo D�vila - Camilo Rinc�n Lara-Jos� Joaqu�n Rodr�guez - Octavio Laserna Villegas, Conjuez. - Ernesto Melendro Lugo, Secretario.