300Corte SupremaCorte Suprema30030004558Julio Pardo Dávila195605/06/1956Julio Pardo Dávila_1956_05/06/195630004558LA CORTE RESUELVE QUE NO ES EL CASO DE DECIDIR SOBRE LA DEMANDA DE INEXEQUIBIL1DAD DEL DECRETO 2996 DE 1950 POR CUANTO LAS DISPOSICIONES ACUSADAS NO SE ENCUENTRAN VIGENTES En el caso del Decreto 2996 de septiembre 26 de 1950, aparece que las disposiciones acusadas no rigen en la actualidad. En efecto, según lo dice el mismo decreto, el llamamiento a ejercer la Presidencia de la República allí previsto, tendrá lugar "por cuanto en la actualidad se halla vacante la designatura, y mientras el Congreso en pleno no haga la elección de Designado", es decir, que cuando el Congreso haga la elección de Designado, las disposiciones del Decreto, obviamente, dejarán de regir. Es bien sabido que el Congreso, en sesión de 30 de octubre de 1951 hizo la elección de Designado, según el Acta publicada en el número 3 de los Anales del Congreso. Además, esta materia fue reglamentada por el Acto Legislativo Nº 1 de 1954 que rige para el actual período presidencial. Luego no se contempla en la actualidad el capo de conflicto entre una norma constitucional y la disposición de carácter legal acusada, porque ésta no tiene vigencia hoy, y en la actualidad no existe materia sobre la cual pueda fallarse, de acuerdo con constante doctrina de la Corte. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena-Bogotá, junio cinco de mil novecientos cincuenta y seis. (Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila) 1956
Hermenegildo Bonilla GómezDemanda de inexequibilidad contra los artículos 1 y 2 del decreto 2996 de 1950Identificadores30030004559true76524Versión original30004559Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra los artículos 1 y 2 del decreto 2996 de 1950


LA CORTE RESUELVE QUE NO ES EL CASO DE DECIDIR SOBRE LA DEMANDA DE INEXEQUIBIL1DAD DEL DECRETO 2996 DE 1950 POR CUANTO LAS DISPOSICIONES ACUSADAS NO SE ENCUENTRAN VIGENTES

En el caso del Decreto 2996 de septiembre 26 de 1950, aparece que las disposiciones acusadas no rigen en la actualidad. En efecto, según lo dice el mismo decreto, el llamamiento a ejercer la Presidencia de la República allí previsto, tendrá lugar "por cuanto en la actualidad se halla vacante la designatura, y mientras el Congreso en pleno no haga la elección de Designado", es decir, que cuando el Congreso haga la elección de Designado, las disposiciones del Decreto, obviamente, dejarán de regir. Es bien sabido que el Congreso, en sesión de 30 de octubre de 1951 hizo la elección de Designado, según el Acta publicada en el número 3 de los Anales del Congreso. Además, esta materia fue reglamentada por el Acto Legislativo Nº 1 de 1954 que rige para el actual período presidencial.

Luego no se contempla en la actualidad el capo de conflicto entre una norma constitucional y la disposición de carácter legal acusada, porque ésta no tiene vigencia hoy, y en la actualidad no existe materia sobre la cual pueda fallarse, de acuerdo con constante doctrina de la Corte.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena-Bogotá, junio cinco de mil novecientos cincuenta y seis.

(Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila)

El abogado Hermenegildo Bonilla Gómez, en ejercicio de la facultad consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional pidió, por demanda incoada el 4 de julio de 1952, que la Corte "se sirva declarar que son inexequibles los artículos 1° y 2° del decreto número 2996 de 26 de septiembre de 1950", pues considera que el citado decreto legislativo infringió los artículos 124, 125, 130 y 218 de la Carta.

El decreto legislativo número 2996 de 1950, aparece publicado en el Diario Oficial número 27422 de 27 de septiembre de 1950, lleva la firma del Presidente de la República y la de todos los Ministros, y dice así, en la parte pertinente:

"Artículo 1°-Por cuanto en la actualidad se halla vacante la Designatura, y mientras el Congreso en pleno no haga elección de Designado, en caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la República, ejercerán la Presidencia, de conformidad con lo que al respecto dispone el artículo 125 de la Constitución Nacional, los siguientes funcionarios en su orden: Ministro de Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Justicia, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Guerra, Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministro del Trabajo, Ministro de Higiene, Ministro de Comercio e Industrias, Ministro de Minas y Petróleos, Ministro de Educación, Ministro de Correos y Telégrafos, Ministro de Obras Públicas, Gobernador de Cundinamarca, Gobernador del Tolima, Gobernador de Boyacá, Gobernador de Caldas, Gobernador del Huila, Gobernador de Antioquia, Gobernador de Santander, Gobernador del Valle del Cauca, Gobernador del Chocó, Gobernador del Cauca, Gobernador del Norte de Santander, Gobernador de Nariño, Gobernador de Bolívar, Gobernador del Atlántico, Gobernador del Magdalena.

"Artículo 2°-Quedan suspendidas las disposiciones contrarias al presente decreto, el cual entrará a regir desde la fecha de su expedición.

"Comuníquese y publíquese.-Dado en Bogotá, a 26 de septiembre de 1950".

Relaciona el demandante diez y seis hechos para concluir que el decreto acusado viola las disposiciones constitucionales que relaciona en la demanda, y las razones que da pueden resumirse así:

Que el Congreso Nacional, en agosto de 1949, reunido en pleno, eligió el Designado para ejercer la Presidencia de la República por un período de dos años, conforme a las normas establecidas por el Acto Legislativo número 1° de 1945; que el 26 de septiembre de 1950, "el Ejecutivo Nacional en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 121 de la Carta, profirió el decreto extraordinario número 2996, declarando la vacante de la Designatura" que dentro de tales circunstancias no existía ninguna vacante, puesto que el período de dos años citado, no se había vencido, partiendo del día de la elección del Designado, agosto de 1949, "ni el Congreso al hacer esa elección dijo que era para el resto del período en curso"; que el artículo 121 de la Carta no faculta al ejecutivo para derogar ni suspender sus disposiciones, sino únicamente para suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio; que con el decreto extraordinario número 2996 acusado, se suspendieron los efectos del artículo 124 del Estatuto constitucional, y hubo marcada extralimitación de funciones.

El señor Procurador ad hoc, hizo un detenido estudio sobre la materia a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes a la época en que rindió su concepto, y concluye diciendo: "Por todo lo anterior considero que son inexequibles los artículos 1° y 2° del decreto extraordinario número 2996 de 1950 (septiembre 26) y así debe declararlo la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia".

El concepto del señor Procurador fue presentado el 25 de marzo de 1953.

Se considera:

A la Corte le confía la Constitución la guarda y la integridad de la Carta fundamental, siempre que se presenten conflictos entre las disposiciones de ésta y las normas de carácter legal; en tales casos la Corte debe resolver si realmente la ley viola los principios consagrados por la Constitución, para declarar entonces que aquélla es inexequible y que por lo tanto no puede regir. Pero es claro que el fallo de la Corte ha de referirse a normas legales vigentes al tiempo de su pronunciamiento, pues éste "tiene interés en orden a la vigencia de las leyes en el futuro". (Sentencia de 15 de marzo de 1955, Sala Plena, GACETA JUDICIAL número 2151, pág. 653) y en sentencia de tres de marzo del mismo año, se dijo:

"La Corte ha mantenido en forma constante la jurisprudencia 'de que no es el caso de decidir sobre exequibilidad o inexequibilidad de disposiciones acusadas que en el momento del fallo hayan dejado de regir, porque la Corte ha considerado que en tal evento no existe materia sobre la cual debe producirse el fallo'". (G. J. número 2151, pág. 644).

En el caso que se estudia, aparece que las disposiciones del decreto acusado no rigen en la actualidad. En efecto: según lo dice el mismo decreto, el llamamiento a ejercer la Presidencia de la República allí previsto, tendrá lugar "por cuanto en la actualidad se halla vacante la designatura, y mientras el Congreso en pleno no haga elección de Designado", es decir que cuando el Congreso en pleno haga la elección de Designado, las disposiciones del Decreto, obviamente, dejarán de regir. Es bien sabido que el Congreso en pleno, en sesión del día 30 de octubre de 1951 hizo la elección de Designado, según aparece del Acta publicada en los Anales del Congreso número 3, luego por ese hecho y desde la misma fecha, ya no tenía vigencia el decreto acusado.

Además, esta materia fue reglamentada por el Acto Legislativo número 1° de 1954, que dispuso en su artículo 5°:

"Durante el próximo período presidencial, mientras no se elija nuevo Designado, o cuando el período de éste haya concluido, en caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la República, lo reemplazará en el ejercicio de su cargo el Ministro o Gobernador a quien corresponda sucederlo, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución, y de acuerdo con el orden de precedencia indicado en el artículo 73 del Código de Régimen Político y Municipal y las disposiciones que lo adicionan y reforman; pero si la falta fuere absoluta, la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá por derecho propio, dentro del término de treinta (30) días a partir de dicha falta, en la fecha que señale el Presidente de la Corporación, con el objeto de elegir el ciudadano que haya de ejercer la Presidencia de la República por el resto del período. En todo caso se entenderá como falta absoluta del Presidente, toda aquella que exceda de un año. Para efectos de la disposición anterior, suspéndese el artículo 127 de la Constitución".

Este acto legislativo tiene fecha 30 de julio de 1954, y rige desde esa fecha.

De suerte que durante el actual período presidencial, que según la Constitución es de cuatro años y que se vence el 7 de agosto de 1958, rigen, para el caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la República, no las normas del Decreto Legislativo número 2996 de 1950, que dejó de regir, sino las disposiciones del artículo 5° del Acto Legislativo número 1° de 1954. ,

Luego no se contempla en la actualidad el caso de conflicto entre una norma constitucional y la disposición de carácter legal acusada, porque ésta no tiene vigencia hoy, y en tal virtud no existe materia sobre la cual pueda fallarse, de acuerdo con la constante doctrina de la Corte, la que no se considera que debe variarse, no obstante las respetables opiniones del señor Procurador ad hoc, contenidas en el concepto que obra en el expediente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

RESUELVE:

No es el caso de decidir sobro la demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo número 2996 de 26 de septiembre de 1950, propuesta por el abogado Hermenegildo Bonilla Gómez, pues las disposiciones acusadas no se encuentran vigentes.

Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en la GACETA JUDICIAL.

Luis Felipe Latorre - Manuel Barrera Parra.Manuel Buenahora - Aníbal Cardoso Gaitán. - Jesús Estrada Monsalve - Roberto Goenaga-Ignacio Gómez Posse-Agustín Gómez Prada-José J. Gómez R.-José Hernández Arbeláez-Ricardo Jordán Jiménez - Julio Pardo Dávila - Camilo Rincón Lara-José Joaquín Rodríguez-Luis Zafra-Juan Samper Sordo, Conjuez-El Secretario, Ernesto Melendro L.