300Corte SupremaCorte Suprema30030004550José Hernández Arbeláez195629/05/1956José Hernández Arbeláez_1956_29/05/195630004550ACUSACION POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 3120 DE 1950. - LA DECISION DE INEXEQUIBILIDAD NO PROCEDE CONTRA UNA NORMA QUE SUBORDINA SU VIGENCIA A OTRA QUE v HA QUEDADO SIN EFECTO Aparece que por su artículo 1° el Decreto Legislativo 3120 de 1950 subordinó su propia vigencia a la del Decreto Legislativo 2207, por el cual se dispuso que continuara aplazada la reunión del Congreso Nacional hasta fecha determinada por "el Gobierno", cuando la situación del país lo permitiese. Estuvo previsto pues que si el Decreto 2207 dejaba de regir, habría de perder necesariamente toda su vigencia el Decreto 3120 acusado. Y como en virtud de lo dispuesto por los Decretos legislativos 2182 y 2278 de 1951 se reunió el Congreso el 30 de octubre de ese mismo año, quedó sin efecto el Decreto 2207 y, en consecuencia, el que es objeto de la demanda ocurrió la mismo suerte. Dejó desde entonces de pertenecer al régimen legal vigente, y no hay materia sobre la cual pudiera dictarse fallo alguno sobre Inexequibilidad. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena - Bogotá, mayo veintinueve de mil novecientos cincuenta y seis. (Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez) 1956
Luis Pallares AlvarezDemanda de inexequibilidad contra el Decreto 3120 de 1950Identificadores30030004551true76516Versión original30004551Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el Decreto 3120 de 1950


ACUSACION POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 3120 DE 1950. - LA DECISION DE INEXEQUIBILIDAD NO PROCEDE CONTRA UNA NORMA QUE SUBORDINA SU VIGENCIA A OTRA QUE v HA QUEDADO SIN EFECTO

Aparece que por su artículo 1° el Decreto Legislativo 3120 de 1950 subordinó su propia vigencia a la del Decreto Legislativo 2207, por el cual se dispuso que continuara aplazada la reunión del Congreso Nacional hasta fecha determinada por "el Gobierno", cuando la situación del país lo permitiese. Estuvo previsto pues que si el Decreto 2207 dejaba de regir, habría de perder necesariamente toda su vigencia el Decreto 3120 acusado. Y como en virtud de lo dispuesto por los Decretos legislativos 2182 y 2278 de 1951 se reunió el Congreso el 30 de octubre de ese mismo año, quedó sin efecto el Decreto 2207 y, en consecuencia, el que es objeto de la demanda ocurrió la mismo suerte. Dejó desde entonces de pertenecer al régimen legal vigente, y no hay materia sobre la cual pudiera dictarse fallo alguno sobre Inexequibilidad.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena - Bogotá, mayo veintinueve de mil novecientos cincuenta y seis.

(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez)

El ciudadano Luis Pallares Alvarez en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional pide que la Corte declare inexequible el Decreto Legislativo 3120 de 11 de octubre de 1950, "por el cual se suspenden algunas disposiciones relativas al personal subalterno del Congreso y se dictan otras normas sobre la materia".

Sostiene que el acto acusado quebranta el artículo 103 de la Carta, por cuanto este precepto atribuye de manera privativa al Senado y a la Cámara de Representantes la facultad de nombrar sus respectipos empleados subalternos. Lo cual indica, en concepto del demandante, que la Rama ejecutiva extralimitó sus funciones al designar los empleados de que se trata por medio del Decreto que es objeto de su demanda.

Alega también que fue desconocido el artículo 121 de la Constitución, porque esta norma sólo autoriza al Gobierno para suspender la vigencia de las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio, cosa que, en su sentir, no ocurre con las normas relativas al personal subalterno de las Cámaras.

El señor Procurador General de la Nación conceptúa, que el Decreto en cuestión no contraría ningún texto constitucional y es, por consiguiente, exequible.

Se considera:

Aparece que por su artículo 1° el Decreto acusado subordinó su propia vigencia a la del Decreto Legislativo 2207 de 1950, por el cual se dispuso que continuara aplazada la reunión del Congreso Nacional hasta fecha determinada por "el Gobierno", cuando la situación del país lo permitiese. Estuvo previsto pues que si el Decreto 2207 dejaba de regir, habría de perder necesariamente toda su vigencia el Decreto 3120 acusado. Y como en virtud de lo dispuesto por los Decretos Legislativos 2182 y 2278 de 1951 se reunió el Congreso el 30 de octubre de ese mismo año, quedó sin efecto el Decreto 2207 y, en consecuencia, el que es objeto de la demanda corrió la misma suerte. Dejó desde entonces de pertenecer al régimen legal vigente, y no hay materia sobre la cual pudiera dictarse fallo alguno sobre inexequibilidad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción constitucional consagrada en el artículo 214 de la Carta, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, DECIDE que no es el caso de pronunciamiento alguno sobre el acto acusado,

Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la GACETA JUDICIAL.

Luis Felipe Latorre - Manuel Barrera Parra.Manuel Buenahora-Aníbal Cardoso Gaitán-Jesús Estrada Monsalve-Roberto Goenaga-Ignacio Gómez Posse-Agustín Gómez Prada-José J. Gómez R.-José Hernández Arbeláez-Ricardo Jordán Jiménez-Julio Pardo Dávila-Camilo Rincón Lara-José Joaquín Rodríguez-Luis Zafra.Gustavo Fajardo Pinzón, Conjuez.-Ernesto Melendro Lugo, Secretario.