300Corte SupremaCorte Suprema30030004302Ricardo Hinestrosa Daza194610/06/1946Ricardo Hinestrosa Daza_1946_10/06/194630004302SE ABSTIENE LA CORTE DE DECIDIR SOBRE LA DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 10 DEL DECRETO 2184 DE 1945 POR NO SER DE SU COMPETENCIA De la demanda de inconstitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno no permanecieron dentro del conocimiento de la Corte sino los proferidos en ejercicio de las atribuciones a que alude el artículo 214 de la Constitución Nacional. El conocimiento de demandas de inconstitucionalidad de los demás corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 216 de la misma Constitución. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, junio diez de mil novecientos cuarenta y seis. (Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza) 1946
Nicolás GuerreroDemanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 2184 de 1945 en su artículo 10Identificadores30030004303true76256Versión original30004303Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 2184 de 1945 en su artículo 10


SE ABSTIENE LA CORTE DE DECIDIR SOBRE LA DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 10 DEL DECRETO 2184 DE 1945 POR NO SER DE SU COMPETENCIA

De la demanda de inconstitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno no permanecieron dentro del conocimiento de la Corte sino los proferidos en ejercicio de las atribuciones a que alude el artículo 214 de la Constitución Nacional. El conocimiento de demandas de inconstitucionalidad de los demás corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 216 de la misma Constitución.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, junio diez de mil novecientos cuarenta y seis.

(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza)

El señor Nicolás Guerrero en escrito fechado en Ocaña pidió, poniendo de presente su calidad de Registrador de ese Circuito, se declarara inexequible el Decreto número 2184 de 1945 en su artículo 10.

No habiéndose dado curso a esa solicitud por carecer de los requisitos exigidos en la Ley 96 de 1936, el señor Edmundo Alarcón, en nombre propio y como apoderado de Guerrero, reemplazó aquel memorial por la demanda de 6 de febrero último, la que, por tanto, es la sujeta materia de este fallo.

La Ley 40) de 1932 dispone que desde su vigencia "no habrá más que un Circuito de 'Registro por cada Circuito Judicial", y en su artículo 2° que "En la cabecera de cada Circuito de Registro, que será la del correspondiente Circuito Judicial, habrá una Oficina de Registro a cargo de un Registrador".

La Ley 66 de 1944 creó (artículo 4º) el Circuito Civil de Convención, compuesto de ese Municipio, su cabecera, y los de El Carmen, Teorama y San Calixto, advirtiendo que dejan de formar parte del Circuito Civil de Ocaña, y dispuso asimismo (artículo 5º) que en la cabecera del dicho Circuito Civil de Convención habrá un juez.

El Decreto número 2184 de 4 de septiembre de 1945 (Diario Oficial número 25.933, de 11 de ese mes), "por el cual se reglamenta la Ley 66 de 1944", según su epígrafe, dicen en su artículo 10: "De acuerdo con los artículos 1° y 2° de la Ley 40 de 1932, en la cabecera del Circuito Civil de Convención habrá una Oficina de Registro a cargo de un Registrador".

Este artículo es el acusado.

Como es de ley, lo primero a que debe atender el sentenciador es a su capacidad de tal, a cerciorarse de su competencia para pronunciar la decisión que de él se solicita, a fin de cumplir este deber en caso afirmativo o el de abstenerse de decidir y aun de conocer del asunto mismo en el evento de que esa indagación le indique que carece de tal potestad.

Esto último es lo que sucede ahora.

En efecto: desde que el Acto Legislativo número 3 de 1910 confió a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la Constitución y estableció al efecto la demanda de inexequibilidad, ocurrieron serios motivos de duda, en lo atinente a decretos, sobre si todos indistintamente daban lugar a esa demanda o podían ser materia de ésta. Esa duda quedó disipada y prevenidas las aludidas discusiones con la distinción establecida por nuestra Carta en la reforma del año pasado, porque en su artículo 216 dice: "Corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76 y el artículo 121 de esta Constitución".

De la inconstitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno no permanecieron dentro del conocimiento de la Corte sino los dictados en ejercicio de esas atribuciones (artículo 214, ibídem).

Tan perentoria clasificación y distinción hace ver que la Corte se halla ahora al frente de una demanda erróneamente dirigida a ella, puesto que el decreto en cuestión, no habiéndose dictado en ejercicio de aquellas atribuciones, corresponde a los contemplados en el citado artículo 216, es decir, a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y no a la Corte.

El señor Procurador General de la Nación al evacuar el traslado de la demanda abunda en las mismas reflexiones y, por ende, concluye manifestando que esta Corporación no es competente para conocer de este asunto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, oído el señor Procurador General de la Nación, se abstiene de decidir sobre inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto número 2184 de 4 de septiembre de 1945, por no ,ser de su competencia.

Publíquese y notifíquese.

Comuníquese al señor Ministro de Gobierno y al de Hacienda y Crédito Público.

Aníbal Cardoso Gaitán - Germán Alvarado- Francisco Bruno - Pedro Castillo Pineda-Víctor Cock-Agustín Gómez Prada-Jorge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Hinestrosa Daza - Ricardo Jordán Jiménez - Ramón Miranda - José Antonio Montalvo-Hernán Salamanca-Domingo Sarasty M.-Eleuterio Serna R.-Arturo Tapias Pilonieta. Manuel José Vargas-Pedro León Rincón, Srio.