300Corte SupremaCorte Suprema30030004246Fulgencio Lequerica Vélez194302/09/1943Fulgencio Lequerica Vélez_1943_02/09/194330004246Competencia positiva provocada por la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de la demanda de inexequibilidad de los Decretos extraordinarios ejecutivos números 1570 de 1942 y 260 de 1943. 1. La demanda de inexequibilidad de las leyes o de los decretos ejecutivos no puede ser instaurada sino ante la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de guardián de la Constitución Nacional, En consecuencia, no puede conocer de esa clase de demandas el Consejo de Estado. 2. Por el mero hecho de haber sido incorporados en el Título preliminar del Código Civil los artículos 38 y 40 de la Constitución Nacional, no puede sostenerse que han dejado de pertenecer a ésta para adquirir el carácter de "preceptos primordiales" del Código Civil. Versando el Titulo III de la Carta sobre los derechos civiles de que el individuo está investido y sobre las garantías sociales que le otorga el Estatuto, para el desenvolvimiento de su personalidad y de sus actividades, al incorporar tales textos en el Código, Civil sólo se quiso darles actualidad dinámica inmediata en las relaciones jurídicas que normalmente se desarrollan entre los asociados, pero sin que perdieran su categoría de ley de leyes y de norma extraordinaria en la estructuración del Estado colombiano. Se les dio fuerza y operancia de ley civil, sin perder por esto su categoría inicial y su origen constitucional. A pesar de haberse injertado en nuestro sistema normativo ordinario conservan su condición esencial de preceptos superiores, en forma tal que su violación y desconocimiento lesionan en su integridad a la Constitución. De manera que su guarda y defensa le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 149 del Estatuto Fundamental. Viene a corroborar esta conclusión la misma redacción del precepto constitucional que ordenó su incorporación al Código Civil. AI efecto, el artículo 49 de la Carta, que hace parte integrante del Título III, estatuye lo siguiente: "Las disposiciones del presente Título se incorporarán en el Código Civil como Título preliminar y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución." De tal manera que conservan incólume su categoría de estructura superior del Estado y no han de perderla porque figuren en el Código; por eso no pueden alterarse sino en virtud de reforma constitucional, y como consecuencia obligada corresponde su defensa a este alto Tribunal. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, septiembre dos de mil novecientos cuarenta y tres. (Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez). 1943
Olegario MedinaIdentificadores30030004247true76203Versión original30004247Identificadores

Competencia positiva provocada por la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de la demanda de inexequibilidad de los Decretos extraordinarios ejecutivos números 1570 de 1942 y 260 de 1943.

1. La demanda de inexequibilidad de las leyes o de los decretos ejecutivos no puede ser instaurada sino ante la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de guardián de la Constitución Nacional, En consecuencia, no puede conocer de esa clase de demandas el Consejo de Estado.

2. Por el mero hecho de haber sido incorporados en el Título preliminar del Código Civil los artículos 38 y 40 de la Constitución Nacional, no puede sostenerse que han dejado de pertenecer a ésta para adquirir el carácter de "preceptos primordiales" del Código Civil. Versando el Titulo III de la Carta sobre los derechos civiles de que el individuo está investido y sobre las garantías sociales que le otorga el Estatuto, para el desenvolvimiento de su personalidad y de sus actividades, al incorporar tales textos en el Código, Civil sólo se quiso darles actualidad dinámica inmediata en las relaciones jurídicas que normalmente se desarrollan entre los asociados, pero sin que perdieran su categoría de ley de leyes y de norma extraordinaria en la estructuración del Estado colombiano. Se les dio fuerza y operancia de ley civil, sin perder por esto su categoría inicial y su origen constitucional. A pesar de haberse injertado en nuestro sistema normativo ordinario conservan su condición esencial de preceptos superiores, en forma tal que su violación y desconocimiento lesionan en su integridad a la Constitución. De manera que su guarda y defensa le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 149 del Estatuto Fundamental. Viene a corroborar esta conclusión la misma redacción del precepto constitucional que ordenó su incorporación al Código Civil. AI efecto, el artículo 49 de la Carta, que hace parte integrante del Título III, estatuye lo siguiente: "Las disposiciones del presente Título se incorporarán en el Código Civil como Título preliminar y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución." De tal manera que conservan incólume su categoría de estructura superior del Estado y no han de perderla porque figuren en el Código; por eso no pueden alterarse sino en virtud de reforma constitucional, y como consecuencia obligada corresponde su defensa a este alto Tribunal.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, septiembre dos de mil novecientos cuarenta y tres.

(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez).

Con fundamento en el artículo 149 de la Constitución Nacional, el doctor Olegario Medina presenta demanda ante esta Corte solicitando la declaración de inexequibilidad, por considerarlos inconstitucionales, de varios artículos de los Decretos extraordinarios números 1570 de 1942 y 260 de 1943.

Corrido el oportuno traslado al señor Procurador General de la Nación, dicho funcionario se abstiene por el momento de emitir concepto de fondo, y en su lugar solicita de la Sala Plena que se sirva provocar al Consejo de Estado competencia positiva en este negocio. Alega como razón o motivo de esta petición que ante aquella alta corporación, cabeza de la jurisdicción contencioso-administrativa, el mismo doctor Olegario Medina presentó otra demanda suplicando la nulidad por ilegalidad de los dos Decretos extraordinarios antes citados. Y agrega el señor Procurador, como argumento a favor de su petición, que basta leer la demanda presentada por el doctor Medina ante el honorable Consejo de Estado para convencerse que es idéntica en sus fundamentos a la que hoy cursa ante esta Corte, y que los razonamientos alegados ante aquella corporación son casi todos por motivos de inconstitucionalidad.

Para cumplir lo preceptuado en el artículo 416 del Código Judicial, acompaña el Jefe, del Ministerio Público copias de la demanda presentada ante el Consejo de Estado y del auto fechado el 25 de febrero del año en curso, en el cual el Consejero doctor Carreño Mallarino admitió la demanda precitada, fijó el negocio en lista y decretó la suspensión provisional de los artículos 8º, 9º y 89 del Decreto número 1570 de 1942 y artículos 2º y 3º del Decreto número 260 de 1943.

Para resolver la anterior petición se considera:

A.) Las dos demandas versan o se refieren a unos mismos actos del Organo Ejecutivo, como se deduce de la simple lectura de las partes petitorias, y tienden a dejar sin validez ni eficacia obligatoria a los Decretos extraordinarios números 1570 de 1942 y 260 de 1943. La única diferencia, meramente formal, es la de que en el libelo de que conoce esta Corte ¡se suplica la declaratoria de inexequibilidad y en la demanda que cursa ante el Consejo de Estado se pide la nulidad por ilegalidad. Diferencia, por lo demás, justificable si se tiene en consideración la finalidad de las dos acciones intentadas. Lo que pretende la Corte al hacer esta preliminar observación es hacer resaltar la identidad de los dos actos acusados como premisa para deducir sus conclusiones.

B) En el capítulo segundo de la demanda presentada ante el Consejo de Estado el demandante ataca el Decreto número 1570 como contrario a la Constitución. Es tan clara y manifiesta la intención del actor de arruinar la vigencia de los Decretos acusados por ese concepto primordial y dominante de inconstitucionalidad, que dicho capítulo lo bautiza con esta definición titular: "a) El Decreto-ley 1570 va contra la letra de la Constitución." Y luego, al desarrollar su acusación ante el Consejo de Estado, dice textualmente esto: "Pero como en el presente caso no se trata ni de guerra exterior ni de conmoción interior, el Decreto que acuso es violatorio del ordinal 8º del artículo 113 y del artículo 117 de la Constitución vigente. Viola expresamente estas disposiciones el artículo 91 de ese Decreto-ley." (Subraya la Corte). De manera que la razón o fundamento alegado ante el Consejo de Estado es en su forma de inexequibilidad y no de ilegalidad, propiamente dicha, de tales actos.

C) También se ataca el mencionado Decreto como violatorio de los artículos 38 y 40 de la Carta, en el aparte posterior, que denomina "Capitis deminutio". En este acápite así se expresa la demanda ante el Consejo de Estado: "De consiguiente, los artículos 8º y 9º y los demás que paralizan el ejercicio del empleo público y privado, el ejercicio de la profesión y hasta el trabajo mismo del obrero y jornalero, constituyen la más escandalosa violación de las dos disposiciones constitucionales citadas." (Artículos 38 y 40). Podrá verse que en esta parte de la demanda se pretende pedir la declaratoria de nulidad por ilegalidad del mencionado Decreto, pero por motivos claros y definidos de inexequibilidad y por considerarlos violatorios de la Carta.

D) La demanda que cursa ante el Consejo de Estado contiene como argumento básico que el Decreto 1570 debe ser declarado nulo por cuanto implica la "creación de un impuesto", con lo cual infringe los artículos 72, 73 y ordinal 2º del 96, todos de la Constitución Nacional. Aparece claro el pensamiento del demandante de que el Decreto sea declarado inexequible, pero aspira a conseguir ese resultado por la vía inconducente de una declaración de nulidad por ilegalidad, que haga el Consejo de Estado. Lo que sirve de único fundamento a este cargo de la demanda es que el Decreto acusado viola tres preceptos de la Carta Fundamental, sin que se alegue razón alguna de violación de una ley de autorizaciones por extralimitación de facultades.

E) El señor Consejero ponente, en su auto de admisión de la demanda, aspira a justificar su resolución con el argumento de que el artículo 40 de la Constitución es ante todo un precepto legal porque "este artículo, además de formar parte de la Constitución, tiene fuerza de ley y figura en el artículo preliminar del Código Civil, por ministerio del artículo 49 de la misma Carta y del artículo 7º de la Ley 153 de 1887." Concluye el Consejero ponente que esa norma, "como precepto primordial del Código Civil, es decir, como ley sustantiva y norma superior, ha sido violado ostensiblemente por los textos arriba transcritos del Decreto 1570". Son expresiones textuales del auto precitado.

Lamenta muy atentamente la Corte tener que separarse de esa apreciación y de la consiguiente conclusión deducida por el Consejo de Estado, por las razones que pasan a expresarse:

1ª El demandante argumenta para pedir la nulidad por ilegalidad del Decreto acusado que se violaron los artículos 72, 73, 96, 113 y 117 de la Carta, preceptos éstos que no figuran en el Título III de la Constitución y que no están incorporados en el Código Civil. Se está alegando allá infracciones de normas superiores del Estatuto, cuya guarda compete de manera exclusiva a esta Corte, en virtud, de jurisdicción especial y extraordinaria concedida por el constituyente colombiano. Siendo tan clara y manifiesta la intención y el fundamento que se presentan en la demanda de que conoce el Consejo de Estado, es evidente que sólo esta Corte tiene competencia para decidir de esas acusaciones, que son en el fondo de inexequibilidad.

2ª Muy atentamente se aparta esta Sala Plena del concepto del señor Consejero ponente de que los artículos 38 y 40 de la Constitución deben ser considerados y aceptados "como preceptos primordiales" del Código Civil, por el mero hecho de que se hubiera ordenado su incorporación a la citada obra. Considera la Corte que en esto hay un error de apreciación que no comparte. Versando el Titulo III de la Carta sobre los derechos civiles de que el individuo está investido, y sobre las garantías sociales que le otorga el Estatuto para el desenvolvimiento de su personalidad y de sus actividades, al incorporar tales textos al Código Civil sólo se quiso darles actualidad dinámica inmediata en las relaciones jurídicas que normalmente se desarrollan entre los asociados, pero sin que perdieran su categoría de ley de leyes y de norma extraordinaria en la estructuración del Estado colombiano. Se les dio fuerza y operancia de ley civil, sin perder por esto su categoría inicial y su origen constitucional. A pesar de haberse injertado en nuestro sistema normativo ordinario, conservan su condición esencial de preceptos superiores, en forma tal que su violación y desconocimiento lesionan en .su integridad a la Constitución. De manera que su guarda y defensa le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 149 del Estatuto Fundamental.

Viene a corroborar esta conclusión la misma redacción del precepto constitucional que ordenó su incorporación al Código Civil. Al efecto, el artículo 49 de la Carta, que hace parte integrante del Título III, estatuye lo siguiente: "Las disposiciones del presente Título se incorporarán en el Código Civil como Título preliminar y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución" De tal manera que conservan incólume su categoría de estructura superior del Estado y no han de perderla porque figuren en el Código; por eso no pueden alterarse sino en virtud de reforma constitucional, y como consecuencia obligada corresponde su defensa a este alto Tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, reunida en Sala Plena y en atención a la solicitud que le hace el señor Procurador General de la Nación, como parte de este negocio, dándoles aplicación a los artículos 415 y 416 del Código Judicial, resuelve provocar competencia positiva al honorable Consejo de Estado, a fin de que se abstenga de seguir conociendo y remita a esta corporación la demanda presentada por el doctor Olegario Medina, en la que solicita la declaratoria de nulidad por ilegalidad de los Decretos números 1570 de 1941 y 260 de 1943.

En consecuencia, líbrese despacho inhibitorio al Consejo de Estado, acompañando copias de la solicitud elevada por el Procurador, de la demanda de inexequibilidad presentada ante esta Corte por el doctor Medina y de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Isaías Cepeda, Campo Elías Aguirre, Daniel Anzola, José M. Blanco Núñez, Francisco Bruno, Aníbal Cardoso Gaitán, Liborio Escallón, Ricardo Hinestrosa Daza, Fulgencio Lequerica Vélez-Con salvamento de voto, José Antonio Montalvo-Hernán Salamanca, Arturo Tapias Pilonieta.-Pedro León Rincón, Secretario.