300Corte SupremaCorte Suprema30030004238Liborio Escallón194331/08/1943Liborio Escallón_1943_31/08/194330004238Artículo 258 de la Ley 167 de 1941, acusado corno inconstitucional La norma acusada como inexequible, o sea el artículo 258 de la Ley 167 de 1941, pugna con la del artículo 148 de la (Constitución Nacional, numeral 3º, por cuanto somete la caducidad de un contrato a la decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa, desconociendo por lo tanto el principio del numeral 3° ya citado, porque la declaración de caducidad de un pacto bilateral, en un negocio en que tenga parte la Nación, constituye una cuestión contenciosa atribuida para su resolución a la Corte Suprema, por imperio constitucional. Y si esto es así, dentro del terreno de la ley positiva dictada por el constituyente, también lo es en el de los principios generales en que se inspira la norma aludida, y en el de la distinta naturaleza y fines que distinguen y separan las dos jurisdicciones: la ordinaria judicial y la contencioso-administrativa. No tiene, pues, el legislador facultad para dictar una norma legal, como la acusada, que contraría una constitucional, que es la del artículo 148, numeral 3º, pues esa facultad sólo compete al constituyente. Por otra parte, el artículo acusado no puede interpretarse sino en el sentido de que la controversia sobre la resolución de un contrato, la decisión final sobre ese extremo, asunto contencioso por su naturaleza, y emanado de contratos celebrados entre la Nación y los particulares, corresponde al Consejo de Estado, contrariando la norma 3ªcomo se ha visto, del artículo 148 del Estatuto. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, agosto treinta y uno de mil novecientos cuarenta y tres. (Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón). 1943
Carlos H. ParejaDemanda de inexequibilidad contra el artículo 258 de la Ley 167 de 1941, sobre organización de la jurisdicción contencioso-administrativa.Identificadores30030004239true76195Versión original30004239Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el artículo 258 de la Ley 167 de 1941, sobre organización de la jurisdicción contencioso-administrativa.


Artículo 258 de la Ley 167 de 1941, acusado corno inconstitucional

La norma acusada como inexequible, o sea el artículo 258 de la Ley 167 de 1941, pugna con la del artículo 148 de la (Constitución Nacional, numeral 3º, por cuanto somete la caducidad de un contrato a la decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa, desconociendo por lo tanto el principio del numeral 3° ya citado, porque la declaración de caducidad de un pacto bilateral, en un negocio en que tenga parte la Nación, constituye una cuestión contenciosa atribuida para su resolución a la Corte Suprema, por imperio constitucional. Y si esto es así, dentro del terreno de la ley positiva dictada por el constituyente, también lo es en el de los principios generales en que se inspira la norma aludida, y en el de la distinta naturaleza y fines que distinguen y separan las dos jurisdicciones: la ordinaria judicial y la contencioso-administrativa. No tiene, pues, el legislador facultad para dictar una norma legal, como la acusada, que contraría una constitucional, que es la del artículo 148, numeral 3º, pues esa facultad sólo compete al constituyente. Por otra parte, el artículo acusado no puede interpretarse sino en el sentido de que la controversia sobre la resolución de un contrato, la decisión final sobre ese extremo, asunto contencioso por su naturaleza, y emanado de contratos celebrados entre la Nación y los particulares, corresponde al Consejo de Estado, contrariando la norma 3ªcomo se ha visto, del artículo 148 del Estatuto.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, agosto treinta y uno de mil novecientos cuarenta y tres.

(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).

El doctor Carlos H. Pareja, en ejercicio del derecho que reconoce el artículo 149 de la Constitución demandó la inexequibilidad del artículo 258 de la Ley 167 de 1941, sobre organización de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Admitida la demanda y surtido el correspondiente traslado al señor Procurador de la Nación, éste lo contestó propugnando la inexequibilidad demandada.

Es el caso de resolver sobre el asunto y a ello procede la Corte.

El artículo 258 demandado es de este tenor:

Dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la decisión de la reposición, si se ha hecho uso de este recurso, o dentro del mismo término, contado desde la notificación de la declaración de caducidad, podrá ocurrirse en demanda ante el Consejo de Estado contra la resolución.

"Esta demanda se tramita y decide por el procedimiento del Capítulo XV.

"El mismo principio se aplica cuando se demanda la resolución que se dicte sobre imposición de multas señaladas en contratos en que la Administración es parte."

El demandante afirma que la norma anterior es contraria y pugna con la regla 3º del artículo 148 de la Constitución, que dice así:

"Son atribuciones de la Corte Suprema:

"3ª Conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación o que constituyan litigio entre dos o más Departamentos";

Considera la Corte:

Las atribuciones y jurisdicción de la Corte, provienen: o de la Constitución o de las leyes. Como atribución especial encaminada a mantener la integridad de la Constitución se halla el artículo 149 de la Carta, y como facultades jurisdiccionales, de origen constitucional, se encuentra el artículo 148 de la misma.

Pero además de las facultades a que se refieren las dos normas estatales que acaban de citarse, tiene la Corte la jurisdicción y atribuciones que le confieren las leyes, por autorización expresa del constituyente; por eso reza el artículo 148 citado, en lo pertinente: "Son atribuciones de la Corte Suprema las demás que le señalan las leyes", y así lo dice el constituyente después de haber asignado a la Corte seis atribuciones en la precitada norma.

Las atribuciones de origen constitucional, como es obvio, no pueden ser modificadas o suprimidas sino por un acto constitucional, las que provienen de la ley, las que tienen el carácter de legales, se varían, sustituyen o modifican por otra ley.

Por el numeral 3° del artículo 148 de la Carta, la Corte conoce de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación o que constituyan un litigio entre dos o más Departamentos. Ha querido el constituyente en esta norma radicar exclusivamente en el Organo Judicial, la competencia jurisdiccional para ventilar, conocer y decidir todas las acciones de carácter contractual en que esté interesada la Nación o que constituyan un litigio entre dos o más Departamentos.

La jurisdicción contencioso-administrativa, bajo cuyo radio de acción no cae por su naturaleza y por lo general la decisión de negocios meramente contractuales, no es apta para conocer de ellos, por lo mismo que existe otro organismo, el Judicial, cuya naturaleza y casi es la de decidir sobre las cuestiones, de derecho privado sometidas al régimen contractual.

La jurisdicción de lo contencioso conoce de los actos de la Administración, pero no de las controversias suscitadas entre los particulares por la interpretación o cumplimiento de un pacto contractual. Las atribuciones contenidas en los Capítulos 5º, 6º y 7º de la Ley 167 de 1941 corroboran lo anterior y destacan la doctrina que acaba de exponerse, que, por otra parte, emana no sólo de los principios generales que distinguen las dos jurisdicciones, la judicial y la contenciosa, sino de la misma Constitución (artículo 148, numeral 3º, ya citado).

La norma acusada como inexequible, o sea el artículo 258 de la precitada Ley 167 de 1941, pugna con la norma constitucional, numeral 3º del artículo 148 de la Carta, por cuanto somete la caducidad de un contrato a la decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa, desconociendo por lo tanto el principio del numeral 3º de la Carta, ya citado, porque la declaración de caducidad de un pacto bilateral, en un negocio en que tenga parte la Nación, constituye una cuestión contenciosa, atribuida para su resolución a la Corte Suprema, por imperio constitucional. Y si esto es así, dentro del terreno de la ley positiva dictada por el constituyente, también lo es en el de los principios generales en que se inspira la norma aludida, y en el de la distinta naturaleza y fines, que distinguen y separan las dos jurisdicciones: la ordinaria judicial y la contencioso-administrativa.

No tiene, pues, el legislador facultad para dictar una norma legal, como la acusada, que contraría una constitucional, la norma 3ª del artículo 148, facultad que sólo compete al constituyente.

Por otra parte, el artículo acusado no puede interpretarse sino en el sentido de que la controversia sobre la resolución de un contrato, la decisión final sobre ese extremo, asunto contencioso por su naturaleza, y emanado de contratos celebrados entre la Nación y los particulares, corresponde al Consejo de Estado, contrariando la norma 3ª, como se ha visto, del artículo 148 del Estatuto.

En efecto: el artículo acusado forma parte del Capítulo XXI de la Ley 167 de 1941, en donde se trata de los contratos de la Administración, celebrados con los particulares, se dan las normas para su existencia jurídica, se señala la tramitación a que están sometidos antes de ser aprobados definitivamente, se estatuye la inserción de ciertas cláusulas y se le da poder al Gobierno para declararlos caducados.

Contra esa resolución de caducidad, que equivale a la terminación de un pacto bilateral, el artículo acusado concede un recurso ante el Consejo de Estado para que ante esa corporación se ventile el asunto de fondo, un asunto contencioso, integrado por varios factores, de derecho y de hecho, cuyo planeamiento, trámites, pruebas y discusión, constituye un asunto de naturaleza contenciosa, atañedera al cumplimiento o no cumplimiento de un contrato, asunto que es de competencia privativa del Organo Judicial.

No puede interpretarse el artículo 258 en el sentido de que el legislador ha querido conceder un recurso administrativo, además del que consagra la regla 3ª del artículo 148 de la Carta, porque si por una parte el texto de tal artículo se opone a esa interpretación, per la otra no es de presumir que el legislador haya querido someter a una situación más gravosa a las partes, sometiéndolas primero a un juicio, con todos los trámites del caso ante lo contencioso para luego someterlas de nuevo a la jurisdicción de la Corte, donde se ventila y decide el mismo asunto que se ventiló y decidió ante el Consejo de Estado. Por eso hay que concluir que el artículo 258 acusado reemplaza el numeral 3º del artículo 148 de la Carta, lo cual es inconstitucional, como se deja demostrado.

Cree oportuno observar y subraya la Corte que el numeral 39 del artículo 148 citado se refiere en su primera parte a los negocios que celebra la Nación, como persona jurídica, con los particulares, negocios en los cuales surge o existe una relación contractual y sinalagmática de derecho privado, y de ahí que, como queda expresado, las controversias que puedan suscitarse al respecto caen bajo la jurisdicción privativa de la Corte, de acuerdo con dicha norma constitucional, que no puede ser modificada por la ley.

No sucede lo mismo en tratándose de relaciones de derecho entre la Nación, como persona del Estado, y los particulares, porque entonces, procediendo aquélla unilateralmente, el vínculo contractual no existe, y la relación que surge entonces entre el Estado y los particulares no es de derecho privado contractual. Tal acaece, entre otros casos, que pueden citarse por vía de ejemplo, en los de la jurisdicción coactiva, en los de imposición de tributos, etc., en los cuales, se repite, la relación de derecho entre el Estado y los particulares no puede provenir de un pacto, no es contractual, sino que se deriva de la soberanía y del propio poder del Estado, que impone unilateralmente normas legales a los ciudadanos y habitantes del territorio.

Las controversias que a ese respecto se susciten no caen bajo el imperio, bajo la jurisdicción privativa a que se refiere el numeral 3º del artículo 148 de la Constitución, y no habiendo otra norma constitucional al respecto, se concluye que en esos casos es el legislador, por medio de una ley, como es obvio, el que tiene el poder para fijar, variar y modificar esa jurisdicción.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución que le concede el artículo 149 de la Constitución, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, y de acuerdo con él, DECLARA INEXEQUIBLE el artículo 258 de la Ley 167 de 1941.

Comuníquese lo resuelto en este fallo al Ministerio de Gobierno y al Consejo de Estado.

Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta Judicial.

Isaías Cepeda, Campo Elías Aguirre, Daniel Anzola, José M. Blanco Núñez, Francisco Bruno, Aníbal Cardoso Gaitán, Liborio Escallón, Fulgencio Lequerica Vélez, José Antonio Montalvo, Hernán Salamanca, Arturo Tapias Pilonieta.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.