300Corte SupremaCorte Suprema30030003922Enrique A. Becerra193310/03/1933Enrique A. Becerra_1933_10/03/193330003922Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, marzo diez de mil novecientos treinta y tres. (Magistrado ponente, doctor Enrique A Becerra). 1933
Carlos H. ParejaDemanda de inconstitucionalidad parcial contra los articulos 2 y 6 del Decreto 945 de 1931 2 y 16 de Decreto 1031 de 1931 y el artículo único del Decreto 1116 de 1931Identificadores30030003923true75833Versión original30003923Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los articulos 2 y 6 del Decreto 945 de 1931 2 y 16 de Decreto 1031 de 1931 y el artículo único del Decreto 1116 de 1931


Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, marzo diez de mil novecientos treinta y tres.

(Magistrado ponente, doctor Enrique A Becerra).

El doctor Carlos H. Pareja, en libelo de fecha veintiuno de enero de mil novecientos treinta y dos, fundado en la disposición del artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, y en ejercicio de la acción allí consagrada, pide que con audiencia del señor Procurador General de la Nación "se declaren inexequibles, por ser inconstitucionales, los artículos 2.° y 6.° (apartes c) y d), y 13 (aparte d), del Decreto ejecutivo número 945 de 1931 (mayo 29), 'sobre impuesto de canalización'; 2.° y 16 del Decreto 1031 (junio 15), por el cual se adiciona y se modifica el número 945 de 29 de mayo del año en curso (1931), sobre impuesto de canalización,' y artículo único del Decreto número 1116 de 1931 (junio 30), 'por el- cual se aplaza la vigencia de algunas disposiciones (impuesto de canalización),' por cuanto a virtud de ellos se ha cobrado en la República, desde el quince de julio de mil novecientos treinta y uno, el impuesto indirecto llamado antiguamente fluvial, y hoy de canalización, sin esperar a que transcurrieran seis (6) meses desde su establecimiento, como lo ordena expresamente el artículo 69 del Acto legislativo número 3 de 1910, que es la disposición fundamental que hace inexequibles aquellas disposiciones ejecutivas, por estar ellas en contradicción con ésta."

Para probar su acción el demandante acompañó, debidamente autenticados, los Diarios Oficiales números 21704, 21718 y 21728, en donde aparecen publicados los decretos acusados, e hizo el siguiente comentario:

"El artículo 69 del Acto legislativo número 3 de 1910, dice:

'Ninguna contribución indirecta ni aumento de impuesto de esta clase empezará a cobrarse sino seis meses después de promulgada la ley que establezca la contribución o el aumento.'

"Para proceder con método, hagamos una historia del impuesto fluvial, llamado hoy de canalización (artículo 1.° del Decreto 945 de 1931).

"El artículo 4.° de la Ley 61 de 1878 creó el impuesto directo llamado fluvial, por el cual se grava a razón de cuarenta centavos ($ 0-40) los cien (100) kilogramos de toda carga que, de subida y bajada, conduzcan los buques de vapor que transiten entre los puertos de Barranquilla y Caracolí o Bodegas de Bogotá. Y el artículo 6.° de esta misma Ley facultó expresamente al Poder Ejecutivo para reglamentarla dentro del perentorio término de treinta (30) días después de su sanción, y para fijar la época desde la cual debe principiarse la recaudación, es decir, el cobro del impuesto.

"Más tarde, el artículo 5.° de la Ley 19 de 1879 derogó el 4.° de la 61 de 1878, y por el 2.° de la 19 citada, estableció que desde su sanción se empezarla a cobrar un impuesto de cuarenta centavos ($ 0-40) por cada carga que pasara de ciento veinticinco (125) kilogramos, y que de subida condujeran los buques de vapor que transitaran entre los puertos de Barranquilla o Cartagena y Caracolí o Bodegas de Bogotá u otros puntos intermedios. Según esta disposición quedó reformada propiamente la contenida en el artículo 49 de la Ley 61 de 1878, en el sentido de disminuir el gravamen por tonelada, y de hacerlo efectivo solamente a la carga que subiera el río Magdalena, excluyendo la de bajada, y que se transportara entre los puertos de Barranquilla y Cartagena, y no únicamente de Barraquilla y Caracolí o Bodegas de Bogotá, haciendo extensivo su cobro, además, a la carga que se movilizara de subida, claro está, entre los puertos intermedios.

"En 1881, la Ley 32, en su artículo 1.°, elevó a cincuenta centavos ($ 0-50) el impuesto fijado por el artículo 2.° de la Ley 19 de 1879, extendiendo su cobro a la carga de bajada, y no ya sólo a la que se movilizara en buques de vapor, sino también a la transportada en otra clase de embarcaciones. Incorpora, además, el puerto terminal de Santa Marta.

"Vino luego la Ley 77 de 1887, cuyo artículo 1.° reformó el gravamen establecido anteriormente, en el sentido de reducirlo a veinte centavos ($ 0-20) por cada carga de ciento veinticinco (125) kilogramos que bajara para la exportación, con algunas excepciones, y ordenó que se continuara cobrando el impuesto de cincuenta centavos ($ 0-50) por cada carga de mercancías extranjeras de ciento veinticinco (125) kilogramos de peso. Aclaró definitivamente que el impuesto, tal como lo fijaba, debía hacerse efectivo únicamente sobre la carga destinada a la exportación que bajara el río Magdalena y sobre la extranjera que se movilizara por dicha vía fluvial. El artículo 2.° de la misma Ley 77 ordenó el cobro del impuesto desde la publicación de la Ley, y que las mercancías estaban obligadas a pagarlo una sola vez.

"Por último, la Ley 33 de 1915 hizo extensivo el impuesto fluvial (el determinado por la Ley 77 de 1887), a todas las vías donde se halle establecido o que se establezca el servicio de navegación, exceptuando los víveres de producción nacional y los materiales destinados a los hospitales y empresas declaradas de utilidad pública.

"Ese impuesto de un peso con sesenta centavos ($ 1-60) sobre cada tonelada de carga de exportación, y de cuatro pesos ($4) sobre cada tonelada de mercancía extranjera o de importación, se vino haciendo efectivo en todos los ríos de la Nación, hasta que la Ley 4.ª de 1931 facultó, por el inciso b) de su artículo 29, para reducir o aumentar el impuesto fluvial que gravara los artículos enumerados en dicha Ley 4.ª, y que no son otros que los alimenticios, comprendidos en los numerales 1.° a 57, inclusive, del artículo 1.° de la Ley 62 de 1931. La misma Ley 4.ª mencionada, por el inciso e) del artículo 2- citado, autorizó al Gobierno Nacional para hacer uso de la autorización establecida en el inciso b), de acuerdo con la prerrogativa, que le otorga la parte final del artículo 1.° del Acto legislativo número 24 de 1898. Parece que el legislativo quiso autorizar expresamente al Gobierno, aunque en forma confusa y discutible, por esta disposición del inciso e), para que el aumento o disminución que sobre impuesto fluvial decretara sobre las mercancías de que trata la Ley 4.ª de 1931, entrara en vigencia cuando el Ejecutivo ordenara, sin sujeción a los preceptos constitucionales en vigor.

"Posteriormente, la Ley 41 de 1931, en su artículo 3.°, autorizó al Gobierno Nacional para fijar el impuesto fluvial en forma equitativa, pudiendo eximir de ese gravamen los artículos de producción nacional, inclusive las maderas. Virtualmente lo autorizó para fijar su cuantía, según la clase de mercancía que gravara, a su prudente arbitrio; lo facultó para señalar las exenciones convenientes, siempre que éstas hicieran referencias a artículos de producción nacional y a las maderas.

"La Ley 62 de 1931 confirmó por segunda vez, en su artículo 49, las autorizaciones otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley 4.ª de 1931, exclusivamente en lo tocante a los artículos enumerados en dicha Ley 4.ª.

"Ahora bien: si el artículo 3.° de la Ley 41 de 1931 facultó al Ejecutivo para fijar equitativamente la cuantía del gravamen del impuesto fluvial, según la clase de mercancías que gravara, y para determinar exenciones, no dijo nada en absoluto con respecto a la época de vigencia de las modificaciones que en virtud de esas autorizaciones hiciera, quedando tales modificaciones sujetas al precepto constitucional que reza el artículo 69 del Acto legislativo número 3 de 1910, cuando tales modificaciones implicaran un aumento de impuesto o un nuevo impuesto.

"En desarrollo de la Ley 41 de 1931, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto número 945 de 1931, por el cual se modifican radicalmente las leyes existentes sobre impuesto fluvial en lo que respecta a la .cuantía del gravamen, a la clase de mercancía que gravara, al procedimiento del recaudo, a las demás circunstancias que su reglamentación exigía y a la época de su vigencia.

"Efectivamente, por el artículo 6.° del Decreto citado (945 de 1931), clasificó la mercancía extranjera o de importación que se internara al país, haciendo uso de una vía fluvial o de canalización diferente, y de acuerdo con la enumeración del arancel aduanero establecido por la Ley 62 de 1931 y las demás providencias que lo modifican. El primer grupo, aparte a), del artículo 6% antes mencionado, comprende los artículos alimenticios y de primera necesidad, los cuales pagan a razón de un peso con cincuenta centavos ($ 1-50) por tonelada, y hace la enumeración respectiva de los artículos que abarca; el segundo grupo, aparte b), del mismo artículo 6.°, enumera las materias primas y artículos indispensables para la industria, los cuales grava a razón de tres pesos ($3) la tonelada; el grupo tercero, aparte c), del tal artículo 6.°, clasifica y enumera los artículos para el comercio corriente, que no se consideran de lujo, y los somete a un impuesto de seis pesos ($ 6) la tonelada, y, finalmente, el cuarto grupo, aparte d), del tan repetido artículo 6.°, obliga a pagar doce pesos ($ 12) la tonelada a los artículos que considera de lujo, y cuya lista exhibe.

"Los dos primeros apartes a) y b), o los dos primeros grupos, sufren una rebaja del impuesto fluvial o de canalización, puesto que la Ley 77 de 1837, artículo 1.°, ordenaba continuar cobrando el impuesto de cincuenta centavos ($ 0-50) por cada carga de mercancía extranjera de ciento veinticinco (125) kilogramos, o sea cuatro pesos ($ 4) por cada tonelada de mil (1,000) kilogramos, que había fijado el artículo 1.° de la Ley 32 de 1881, y que era el mismo que se hacía efectivo hasta el momento de entrar en vigencia el Decreto número 945 de 3 931, en referencia. Los dos últimos grupos, apartes c) y d), por el contrario, sufrieron un aumento o alza, ya que pagaban el gravamen de cuatro pesos ($ 4) por tonelada de mil (1,000) kilogramos, establecido por las mencionadas Leyes 32 de 1881 y 77 de 1887, hasta poner en vigor lo resuelto por el Decreto número 945 de 1931, tantas veces citado.

"Además por el artículo 13 de este Decreto número 945 de 1931, aparte d), se fijó el día primero de julio de mil novecientos treinta y uno para empezar a regir las tasas señaladas en los apartes c) y d) del artículo 69 del mencionado Decreto número 1031 de 1931, y más tarde aplazada por el artículo único del Decreto número 1116 de 1931, para el quince de julio del año próximo pasado, que fue cuando comenzó a regir en todo su rigor.

"De lo anteriormente expuesto, se desprende la siguiente conclusión;

"Los gravámenes de seis pesos ($ 6) y de doce pesos ($ 12) por tonelada, establecidos por el Poder Ejecutivo en los apartes c) y d) del artículo 6.° del Decreto número 945 de 1931 para las mercancías allí enumeradas, por cuanto constituyen un aumento del antiguo impuesto fluvial, no podían cobrarse sino seis meses después de promulgada la Ley (en este caso del Decreto número 945 de 1931), que estableció dichos gravámenes. Siendo así que el Decreto número 945 de 1931 fue promulgado el día veintinueve de mayo de mil novecientos treinta y uno, sólo el veintinueve de noviembre siguiente pudieron comenzar a cobrarse esos gravámenes constitucionalmente, de donde se desprende que en el tiempo intermedio fue inconstitucional el cobro efectuado, y el Decreto no pudo producir efectos en ese tiempo. Para que el Ejecutivo hubiera podido efectuar tales cobros antes del veintinueve de noviembre, habría sido necesario que dispusiera de 'precisas facultades extraordinarias' que le permitieran poner en vigor los aumentos de gravámenes decretados dentro de lo exceptuado por el artículo 69 del Acto legislativo número 3 de 1910. Careciendo de esas facultades, la inexequibilidad de las disposiciones acusadas queda fuera de duda.

"En consecuencia, os pido que declaréis inexequibles, y sin ningún valor ni efecto, al menos en el espacio de tiempo comprendido entre el veintinueve de mayo y el veintinueve de noviembre de mil novecientos treinta y uno, las disposiciones acusadas y a que me he referido al comienzo de esta demanda."

Para resolver lo que se estima constitucional, la Corte, después de oír el parecer adverso a la inexequibilidad, emitido por el señor Procurador General de la Nación, avanza las siguientes consideraciones:

De acuerdo con el artículo 3.° de la Ley 41 de 1931, que rige desde la sanción de la misma, el legislativo autorizó al Gobierno "para que fije el impuesto fluvial en forma equitativa, pudiéndose eximir de ese gravamen a los artículos de producción nacional, inclusive las maderas," quedando autorizado también el Gobierno para "exonerar del pago del impuesto de introducción, a las tuberías y maquinarias para acueducto, cuando estas obras sean de propiedad municipal."

Mediante los Decretos números 945, 1031 y 1116 de 1931, el Ejecutivo Nacional, ejercitando la autorización que el legislador le había conferido, reglamentó la percepción del impuesto fluvial, llamado también de canalización; y por obra de reformas sucesivas, tales Decretos sólo vinieron a tener aplicación, respecto de las tasas fijadas, desde el primero de julio de mil novecientos treinta y uno, según las disposiciones de los artículos 2.° del Decreto 945, numeral d); del artículo 13 del mismo Decreto, y el articulo 16 del Decreto 1031 citado; tasas que, según lo demuestra el actor, unas veces aumentan el impuesto fijado por la ley anterior, y otras lo disminuyen en relación con la misma ley.

Ahora bien: si como el demandante lo reconoce, "para que el Ejecutivo hubiera podido efectuar tales cobros antes del veintinueve de noviembre, habría sido necesario que dispusiera de precisas facultades extraordinarias, que le permitieran poner en vigor los aumentos de gravámenes decretados dentro de lo exceptuado por el artículo 69 del Acto legislativo número 3 de 1910," se hace preciso averiguar si el Ejecutivo careció o nó de tales facultades, para determinar si es el caso de adecuar la interpretación al criterio del demandante, o si la decisión debe serle contraria.

La disposición del artículo 69, como se ha visto, cuando se refiere a la efectividad de los impuestos o contribuciones indirectas, no autoriza el cobro de su aumento sino seis meses después de promulgada la ley que lo establece. Así también la disminución y el alza del impuesto especial de aduanas están sujetos a las normas determinadas por el artículo 1.° del Acto legislativo del Congreso, Ley 24 de 1838, cuyo segundo inciso declara que esta disposición y la del artículo 204 de la Constitución que está sustituido, según lo reconoce el mismo actor, por el 69 del Acto legislativo número 3 de 1910, "no limitan las facultades extraordinarias del Gobierno, cuando de ellas está investido."

La Ley 4.ª de 1931 (8 de enero), publicada en el Diario Oficial, de fecha nueve de enero de mil novecientos treinta y uno, y que empezó a regir, por consiguiente, de acuerdo con las normas generales, el diez de marzo del mismo año, dice:

"Artículo 2.° De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 10 del artículo 76 de la Constitución, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias:

"a) Para reducir o aumentar en las Aduanas de la República los derechos de aduana sobre los artículos expresados en la presente Ley.

"b) Para reducir o aumentar los impuestos de tonelaje y fluvial sobre los mismos artículos y sobre los de igual naturaleza que se produzcan en el país.

"c) Para reducir o aumentar los precios de transportes de los artículos mencionados, en las empresas oficiales de transportes, y para recabar de los particulares las mismas medidas, cuando lo juzgue conveniente.

"d) Para que tome las medidas y decrete las providencias que considere convenientes a fin de evitar el monopolio o el acaparamiento de víveres.

"e) Para hacer uso de las facultades extraordinarias que por esta Ley se le confieren, de acuerdo con la prerrogativa que le otorga la parte final del artículo 1.° del Acto legislativo número 24 de 1898.

"Parágrafo. El Gobierno, para hacer uso de las autorizaciones otorgadas por la presente Ley, oirá el concepto de la Comisión de Aduanas, creada por el artículo 4.° de la misma.

"Artículo 3.° De las facultades concedidas en la presente Ley, y de la adicional 'de reformar o derogar los decretos, podrá hacer uso el Presidente de la República hasta el veinte de julio de mil novecientos treinta y uno.

"El Gobierno pasará al Congreso; en los primeros diez días de sus sesiones ordinarias, una exposición motivada de las providencias que dicte, y un proyecto de ley comprensivo de todas las supresiones, rebajas y aumentos que hubiere decretado en relación con los impuestos a que esta Ley se refiere, a fin de que el Congreso, sobre estas bases, pueda fijar el arancel definitivo."

Según los términos de estas disposiciones, dictadas de acuerdo con la norma del artículo 76, numeral 10, de la Constitución, se trata de verdaderas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Presidente de la República, con toda precisión respecto de la materia a que ellas se refieren, esto es, para reducir o .aumentar los impuestos de tonelaje y fluvial sobre los productos que se introduzcan por las Aduanas de la República, mencionados en el artículo 1.° de la Ley 4.ª citada, o que se produzcan en el país; y por el carácter temporal que tales facultades tienen, desde luégo que el legislador señaló la época en que podría hacer uso de ellas, esto es, hasta el veinte de julio de mil novecientos treinta y uno.

Además, obsérvese que la misma Ley hizo referencia a la prerrogativa que otorga la parte final del artículo 1.° del Acto legislativo número 24 de 1898, es decir, que por obra de las facultades extraordinarias de que se investía al Gobierno, él puede decretar aquellos aumentos o disminuciones de los impuestos de tonelaje fluvial ya mencionados, antes de transcurridos los seis meses después de promulgada la ley que los establezca. Y precisamente, en ejercicio de esta atribución, fue por lo que el Presidente de la República dictó los decretos acusados, fijando las tasas de los impuestos de que se trata, y señalando la fecha desde la cual debieran hacerse efectivos; decretos que rigen desde la fecha en ellos indicada y que fueron expedidos antes del veinte de julio de mil novecientos treinta y uno, fecha- hasta la cual duró el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas. De manera que no es por obra de la disposición del artículo 3.° de la Ley 41 de 1931, como el Gobierno pudo hacer la fijación de las tasas de que aquí se trata, sino por virtud de las facultades extraordinarias conferidas por los artículos 2.° y 3.° de la Ley 4.ª del mismo año; pudiendo concluirse que aquella disposición, la del artículo 3- de la Ley 41 citada, pudo ser innecesaria para los fines que el legislador se propuso, y de consiguiente, no es en ella en donde tales decretos encuentran su fundamento constitucional.

En un caso semejante, la Corte, según sentencia de fecha treinta de septiembre de mil novecientos veintinueve, publicada en el número 1822 de la Gaceta Judicial, dijo:

"A todo lo anterior, la Corte observa:

"Es verdad que el artículo 205 de la Constitución Nacional fue sustituido por el artículo 1.° del Acto legislativo de 1898, pero únicamente en lo que establecía el inciso 1.° de aquella disposición, pues el inciso 2.°, que se refería tanto al mismo artículo 205 como al 204 de la Constitución, quedó exactamente como estaba en el artículo 205, y que dice:

'Esta disposición y la del artículo 204 de la Constitución, no limitan las facultades extraordinarias del Gobierno cuando de ellas está investido.'

"De modo que desde la vigencia del Acto legislativo de 1898 rigió el principio constitucional de que las variaciones en la Tarifa de Aduanas se harían efectivas en la forma y tiempo que indica el inciso 1.° del artículo 1.° del Acto legislativo, salvo cuando el Gobierno está investido por el Congreso de facultades extraordinarias, y en que, por consiguiente, pudiera disponer que tales va- -ilaciones se comenzaran a hacer efectivas en forma y tiempo distintos, porque entonces no le obligaba la limitación consagrada en el inciso 1.° de dicho Acto legislativo.

"En mil novecientos cinco fue expresamente derogado el artículo 204 de la Constitución por el Acto legislativo número 4 del mismo año, quedando así en vigor tanto para las contribuciones indirectas como para la materia especial de las variaciones en la Tarifa de Aduanas, el precepto consignado en todo el artículo único del Acto legislativo de 1398, porque en lo tocante a las contribuciones indirectas en general no se estableció principio distinto del que consagraba el expresado artículo 204 de la Constitución.

"En mil novecientos diez, el Acto legislativo número 3, y en su artículo 69, restableció el principio consagrado en el artículo 204 de la Constitución para las contribuciones indirectas, pero no derogó el Acto legislativo de 1898, lo que se comprueba leyendo el artículo e de las disposiciones transitorias de aquel Acto legislativo, que dice:

'Quedan derogadas las disposiciones de la Constitución Nacional de cinco de agosto de mil ochocientos ochenta y seis, que sean contrarias al presente Acto legislativo, y todos los actos legislativos expedidos por la Asamblea Nacional anteriores al presente.'

"No menciona esta disposición transitoria entre las que deroga el Acto legislativo de 1898, que por otra parte, no fue expedido por la Asamblea Nacional sino por el Congreso de ese año; luego tal Acto legislativo está vigente, y así lo ha declarado la Corte en varios fallos, entre otros, en el que figura publicado en los números 1189 y 1190 de la Gaceta Judicial (año. xxiii).

"Estando, pues, vigente el Acto legislativo o Ley 24 de 1898, en él pudo apoyarse el Congreso para otorgar al Gobierno la facultad extraordinaria de poner en vigencia impuestos indirectos antes del tiempo que señala el inciso 1" del mismo Acto legislativo, y antes también del tiempo que fija el artículo 69 del Acto legislativo número 3 de 1910.

"Ahora, como esto es lo que declara por tiempo limitado y sobre materia también determinada el artículo 12 de la Ley 106 bis, tal disposición, lejos de ser inexequible, se ajusta a lo establecido en el inciso 2.° del artículo 1.° del expresado Acto legislativo de 1898, en relación con el numeral 10 del artículo 76 de la Constitución Nacional."

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, reunida en pleno, de acuerdo con las conclusiones del señor Procurador General de la Nación y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara que no son inexequibles, como contrarias a la Constitución, las disposiciones de los artículos 2.°, 6.° (apartes c) y d), y 13 (aparte d), del Decreto ejecutivo número 945 de 1931 (mayo 29), "sobre impuesto de canalización"; 2.° y 16 del Decreto número 1031 (junio 15), "por el cual se adiciona y modifica el número 945, de 29 de mayo del año en curso (1931), sobre impuesto de canalización," y artículo único del Decreto número 1116 de 1931 (junio 30), "por el cual se aplaza la vigencia de algunas disposiciones" (impuesto de canalización) .

Cópiese, publíquese y notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial; remítase copia de este fallo al señor Ministro de Gobierno, y archívense las diligencias.

PARMENIO CARDENAS-Francisco Tafur A.-Enrique A, Becerra-José Migue! Arango-Ignacio González Torres-José Joaquín Hernández-Germán B>. Jiménez-Julio Luzardo Fortoul-Juan E. Martínez-Tancredo Nannetti-Luis F. Rosales-Juan C. Trujillo Arroyo-Augusto N. Samper, Secretario.

Digitó: CC52.507.183